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Zayira Jordán no es un error: es un síntoma. Un síntoma de la rendición de lo público al lenguaje de la rentabilidad, de la conversión de las universidades en franquicias, y de la tragedia de vivir en una colonia donde las decisiones se toman en nombre de la eficiencia, no de la justicia. Por Eliseo R. Colón Zayas Presiente FPS21 En tiempos en que el sistema neoliberal global se tambalea —con crisis financieras cíclicas, un retroceso en las libertades académicas, y un recrudecimiento de políticas autoritarias bajo administraciones como la de Trump— la Universidad de Puerto Rico, supuestamente bastión de pensamiento crítico y justicia social recibe a una presidenta que parece recién graduada de un bootcamp de tecnocracia gerencial: Zayira Jordán. Esa es la Zayira Jordán que muestra sus garras depredadoras del sistema universitario en la entrevista con la redacción del periódico Metro.PR . ( https://www.metro.pr/noticias/2025/08/07/presidenta-de-la-upr-deja-abierta-la-posibilidad-de-cierres-de-programas/ ) Zayira Jordan, presidenta UPR (Foto: CPI) Su idea de universidad no es un proyecto emancipador, ni una apuesta por el conocimiento como bien público, ni siquiera una defensa básica de la autonomía universitaria. Para Jordán, la universidad es un centro de servicios modulares, donde la creatividad consiste en convertir programas académicos en certificados “no conducentes a grado” y en aplaudir a la Junta de Supervisión Fiscal por darle 18 milloncitos para tumbar una torre residencial. Según sus declaraciones, la Universidad de Puerto Rico es: · Un servicio al cliente que se debe medir por la demanda del mercado laboral. · Una empresa de certificaciones que responde a las “nuevas necesidades del siglo XXI” (traducción: flexibilidad, bajos costos y ninguna inversión en pensamiento crítico). · Una red de centros de capacitación “ágiles” que producen eficiencias y no molestias gremiales, huelgas ni pensamiento incómodo. Es decir, educación reducida a empleabilidad inmediata, conocimiento reducido a destrezas técnicas, y ciudadanía reducida a docilidad productiva. Todo aderezado con significantes vacíos como “armonización”, “eficiencia” y “ajuste”. En el mejor estilo de los 'think tanks' neoliberales, la presidenta: · Evalúa cerrar programas académicos si no alcanzan matrícula suficiente. ¿Humanidades? ¿Ciencias básicas? ¿Filosofía? Demasiado onerosas si no producen retornos cuantificables. · Prefiere cursos y certificados cortos, como si el conocimiento pudiera despacharse en paquetes de Amazon Prime. · Aplica criterios de eficiencia empresarial para evaluar recintos, programas, y hasta profesores. “Todos los rectores están bajo evaluación y pueden ser removidos en cualquier momento”, dice, como quien limpia personal en una planta de ensamblaje. · Ve la diversidad institucional como un problema, afirmando que “cada recinto opera como si fuera una entidad separada”. Lo que otros ven como pluralidad de saberes, Jordán lo interpreta como caos. Su solución: centralización, homogeneización y control vertical. Zayira Jordán no plantea una defensa activa ante el peligro real que representa la política federal contra fondos para investigaciones sobre cambio climático, equidad de género o justicia racial. Su solución: "hay que ser creativos", es decir, someterse al marco ideológico que impone el capital político. Reformular proyectos, cambiar el lenguaje para no ofender sensibilidades conservadoras, y buscar en fundaciones privadas lo que ya no se puede pedir al Estado. Es decir, camuflar la universidad para que parezca “neutral” y “apolítica”, mientras se desmantela en silencio su razón de ser. Cuando se le señala su falta de trayectoria académica internacional —o el hecho de que su perfil se parece más al de una ejecutiva de logística que al de una líder universitaria— responde con altivez casi mística: “Yo sé quién soy y estoy donde debo estar”. ¡Qué reconfortante! Para liderar el sistema universitario público más importante del país, basta con creérselo fuerte y decirlo con voz firme. Ya no hace falta publicar, ni debatir ideas, ni tener visión filosófica. Sólo convicción… y el aval de la Gobernadora. La demolición posible de la residencia Torre Norte se convierte en la metáfora perfecta de esta gestión: implosión institucional camuflada como renovación. No importa que el edificio sirva para dar hogar a estudiantes de bajos recursos. Lo que cuenta es si conviene o no en el Excel de la Junta. “Si no se puede rehabilitar, se tumba”, dice Jordán. Lo mismo aplica, en realidad, a programas, ideas, profesores, historia y sentido crítico. En la era Trump, donde la verdad es moldeable y la educación es enemiga del poder, Zayira Jordán no es un error: es un síntoma. Un síntoma de la rendición de lo público al lenguaje de la rentabilidad, de la conversión de las universidades en franquicias, y de la tragedia de vivir en una colonia donde las decisiones se toman en nombre de la eficiencia, no de la justicia. Su proyecto es claro: una universidad dócil, domesticada, obediente, sin historia, sin protesta, sin pensamiento crítico. Una universidad sin universidad.

Una carta descubierta por Bonita Radio trae información que cuestiona las “manos limpias” del ente fiscal impuesto por el Congreso al aprobar la Ley Promesa en el 2016 Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El 31 de agosto del 2020, la entonces directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko le dijo mediante carta a la ingeniera Ingrid Vila y al director de finanzas del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), Tom Sanzillo, que esa entidad revisó el contrato de gas metano firmado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con New Fortress en marzo del 2019 y aunque detectaron que algunos trámites del "RFP podrían haber afectado la competencia" lo aprobaron por considerarlos razonables. La afirmación de Jaresko en el 2020 es problemática para sostener la posición oficial de la Junta del 2025, por voz del director ejecutivo Robert Mujica, quien afirma desde hace dos semanas que esa entidad no pasó juicio sobre el contrato de alquiler - otorgado por Anthony Maceira Zayas en el 2018 - para liberarse de responsabilidad de que no sabían del conflicto de New Fortress operando las facilidades en propiedad del gobierno y que utilizaria para vender el gas metano. La semana pasada, Mujica dijo que la Junta "ha profundizado las preocupaciones relacionadas con los términos del contrato propuesto,  la competencia del mercado , inconsistencias con la solicitud de propuestas (RFP, en inglés) y otra documentación, e inconsistencias con el plan fiscal de la  AEE . Estas discusiones han generado más preguntas que respuestas”. Sin embargo, esas preocupaciones no estuvieron en el radar de la Junta que presidía el cuñado de Pedro Pierluisi, José Carrión III y en la que participaba un ex presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), bajo la administración de Luis Fortuño y otro de la administración de 1986 de Rafael Hernández Colón, José Ramón González. Ambos también fueron ejecutivos del extinto Banco Santander, institución que fungió como agente fiscal y asesor financiero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus agencias. "También concluimos que aunque algunos aspectos del proceso de RFP podrían haber perjudicado la competencia, estas características eran razonables bajo las circunstancias y no teníamos conocimiento de ningún perjuicio al proceso de adquisición competitivo para las necesidades de este proyecto", lee la misiva sin detallar cuales era “esos aspectos”.  La carta de Jaresko deja claro que esa Junta sabía donde se haría el trasbordo de gas pues el contrato que revisó y aprobó en febrero del 2019, al aludir a las facilidades que utilizaría NFE en el Puerto San Juan como el "punto de entrega" del combustible que sería vendido por la empresa e incluir los planos de la 'propiedad del vendedor" y del 'comprador' en la Bahía de Puerto Nuevo. La carta fue enviada a la Ingeniera y al oficial de IEEFA en contestación a una cursada por ellos, ante lo que descubrieron en medio del exámen de documentos que el entonces director ejecutivo de la AEE, José Ortiz no había querido hacer públicos.  De ese análisis IEEFA produjo un informe de donde planteó el monopolio de NFE con el contrato de gas metano y sus preocupaciones por la información que se dio al contratista sobre lo que planificaba el gobierno para gasificar las unidades 5 y 6, de San Juan y Costa Sur, respectivamente, antes de iniciar el procedimiento de RFP.  La carta de la Junta, por voz de Jaresko, parece desmentir la aseveración de su sucesor Mujica cuando también establece que: "Nuestra revisión del contrato NFE se basó en cinco fuentes de información: (a) el propio contrato NFE propuesto; (b) los documentos de licitación RFP publicados por la AEE; (c) la documentación de evaluación RFP y selección desarrollada por la AEE; (d) ciertas cartas de la AEE en respuesta a preguntas de la Junta de Supervisión sobre el proceso de adquisición y el contrato; e información proporcionada durante reuniones en persona entre la AEE y el personal de la Junta de Supervisión".  Los miembros de la Junta, después de aprobarse promesa en el 2016 eran en el 2020, Andrew G. Biggs, Carlos M. García, Arthur J. González, JR González, Ana J. Matosantos y David A. Skeel, Jr. Era presidida por Carrión III. En esa misiva también la Junta dejó claro que “A la luz del gran número de contratos que recibe “nuestra revisión se centró en los materiales expuestos anteriormente, y no implicó una investigación a fondo de hechos o circunstancias que puedan haber ocurrido fuera de la vista del público”.  Asimismo, Jaresko despachó el tema de que NFE construyó las facilidades sin permiso de la Comisión Federal Reguladora de Energía con un “nuestro proceso de revisión de contratos no está diseñado para descubrir asuntos de permisos como éste, y tales asuntos no forman parte de los criterios empleados para determinar la consistencia del contrato propuesto con el plan fiscal aplicable, de conformidad con PROMESA”.  La Directora Ejecutiva insistió en que “ A base de los hechos y materiales que se nos presentaron en febrero de 2019, la Junta de Supervisión concluyó que los términos de precios de combustible de los contratos de la NFE eran justos y consistentes con el plan fiscal de la AEE a la luz de varias circunstancias relevantes, incluyendo la ausencia de disposiciones de «take-or-pay» y el caso de quiebra pendiente del Título III de la AEE”.  Sobre la información traída por IEEFA en cuanto a la información que pudo haber tenido NFE del interior de la AEE que le dieron ventaja sobre otros competidores, la Junta dijo en el 2020 que “No tenemos conocimiento previo de estas alegaciones de, ni tenemos conocimiento de ninguna información que las corrobore. Por lo tanto, en este momento no estamos dispuestos a rescindir la aprobación del contrato con NFE basándonos en las alegaciones infundadas de que figuran en su informe. No obstante, evaluaremos cualquier hecho e información nuevos que puedan surgir en relación con el contrato”. Concluyeron que “la Junta de Supervisión no tiene intención de iniciar o emprender una investigación en este momento, pero, en consonancia con nuestra práctica anterior, cooperaremos plenamente con cualquier investigación de las autoridades competentes”.  El Departamento de Justicia entonces era dirigido por Wanda Vázquez Garcéd hasta que se convirtió en la Gobernadora Sucesoral por la renuncia del gobernador Rosselló Nevares. Ni ella, ni sus sucesoras en el puesto, ni las autoridades federales activaron una pesquisa sobre los alegatos de IEEFA en su informe.  Bonita Radio intentó desde el 17 de julio obtener sin éxito una entrevista con el director ejecutivo Mujica. Ayer de su oficina de prensa contestaron que “debido a contratiempos en la agenda del director ejecutivo” no estaría disponible para entrevista. Refirieron las preguntas que envió este medio a los documentos que ha producido Mujica desde que el nueve de julio escribió al Zar de Energia, Josué Colón y le indicó que tenía preocupaciones de monopolio sobre la contratación de venta de gas con NFE.  Otra carta del 22 de julio establece que el contrato de la AP del 2018 nunca pasó por la Junta pero no hacen referencia a la carta de Jaresko en el 2020.  ¿Por qué la Junta no contesta? Hoy en Esto es lo último, a las 11 por  YouTube  traemos más información y análisis.  Documentos: Carta Natalie Jaresko 31 de agosto 2020 Contrato cinco de marzo del 2019 compra de Gas Metano

El análisis de documentos en poder de Bonita Radio evidencia cómo la primera reunión para discutir la viabilidad de utilizar muelles para la gasificación de las centrales Costa Sur y San se hizo en el gobierno de Luis Fortuño y fue la de Alejandro García Padilla la que ordenó el estudio que justificó el proyecto Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El seis de septiembre del 2019, el presidente de New Fortress Energy le juró a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que "que no existe conflicto de intereses por razón de relaciones familiares, comerciales o económicas, o cualquier otra razón entre ellos y la AEE, sus funcionarios. empleados y agentes", para firmar un contrato que supondría venderle gas metano para la conversión de las unidades cinco (Costa Sur) y seis (San Juan) de generación de energía. A pesar de que pudo haber cometido perjurio, ese delito está prescrito desde el 2024. Brannen ElMcmurray, presidente de New Fortress y de Genera PR hasta el 2024. Una certificación firmada por el Secretario indicando el nombre y dirección de los directores y funcionarios de la corporación, fue incluida en el contrato que se firmó un año y cuatro meses después de que New Fortress Energy, firmara otro con la Autoridad de Puertos para viabilizar un terminal o microfacilidad de gasificación. El secretario de la corporación NFE que firmó el documento fue Brannen McElmurray, quien en septiembre del pasado año comparecía al Congreso de Estados Unidos donde rendía cuentas como presidente de la privatizadora de producción de energía en la Isla, Genera PR. NFE es la matriz de GeneraPR. ¿Esa declaración jurada constituye perjurio?. A juicio de dos fuentes independientes, abogados allegados a procesos de privatización de la energía en PR, sí. Una de las fuentes, desde la AEE, confirmó a Bonita Radio que en efecto, NFE "no pasa un análisis de perjurio al hacer esa afirmación". El contrato con la AP "es una fuente económica, una relación comercial con el gobierno que a través de una filial suya, Genera PR, es el suplidor que le vende gas a la Autoridad. De ahí el monopolio. Eso se alertó desde el primer momento". 311 paginas de pliegos obtenidos por la organziación Cambio en el 2019, tras la demanda que solicitó la información relacionada a la propuesta de NFE para contratar con la AEE y venderle gas metano para gasificar las unidades cinco y seis, descubre además cómo fue en medio de la administración de Luis Fortuño que el gobierno comenzó a hablar de esa posibilidad. L A RUTA DE LA PRIVATIZACIÓN Y EL MONOPOLIO Antes de que se destruyera el sistema eléctrico de PR por el azote del huracán María, el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) diseñaba la privatización de la AEE con un monopolio de producción de energía con combustible fósil, gas metano, que se moviera con barcazas en el puerto de San Juan y el del Partido Popular Democrático, haría el estudio para justificarlo. Los protagonistas del diseño coexisten desde la administración de Fortuño y su Via Verde. Todo cuadra. Fortuño primero rechazaba privilegiar el gas para la producción de energía pero luego la abrazó. El cambia cambia de posiciones, se dio entre el 2009 y el 2012. Posiciones de Fortuño sobre gasoductos. (Gráfica END) Tres años antes del huracán María, precisamente mientras era Fortuño Gobernador, el gobierno tuvo una una "una reunión inicial con el equipo multidisciplinario de Galway (Energy Advisors) y los oficiales de la AEE" para discutir los requisitos del proyecto. En el 2017, cuando ya había salido del gobierno, Fortuño se hizo socio del bufete de abogados Steptoe en Maryland, que tiene clientes de la industria del gas. Intervino en las negociaciones del SeaOne para hacer kicrofacilidades en muelles flotantes en Salinas y así falsificar la Central Aguirre. Fortuño perdió las elecciones y la administración de García Padilla otorgó un contrato a Galway con cuatro enmiendas por unos $770K para Evaluación de Opciones de Importación y Entrega de GNL y Gas Natural para Plantas del Noreste de la Isla". El estudio se entregó en el verano del 2015. La administración de García Padilla preparó el camino con el estudio de Galway que incluso menciona los espacios viables en el Puerto de San Juan para hacer el terminal de transbordo de gas. Ex gobernadora García Padilla en actividad en Costa Sur en el 2013. En la administración de Ricardo Rosselló Neváres, Anthony Maceira Zayas firmó el contrato con New Fortress como director de la Autoridad de Puertos el tres de mayo del 2018, para desarrollar un terminal de transbordo de gas con el compromiso gubernamental de que se convertirían en el monopolio que es hoy. Esa actividad monopolística quedó evidenciada la semana pasada cuando, bajo amenaza y movimientos de que se llevarían del Puerto de San Juan el tanquero que suple el gas, el gobierno de Jenniffer González firmó un contrato de emergencia para comprarle el combustible fósil en momentos en que Palo Seco y San Juan se apagaron. El contrato con la AEE para la gasificación de las Unidades cinco y seis, se firmó en septiembre del 2019 pero no hay registro de ello en la Oficina del Contralor. Solo existe un contrato de marzo del 2024 firmado por el Oficial Financiero, Christopher Guinta. Llama la atención que existe otro del 24 de enero del 2023 con Genera, privatizadora de la producción de energía, firmado por Guinta también como CFO. El diseño del monopolio es tal, que la posibilidad de que haya otros suplidores interesados, se limita o "sencillamente no entran", toda vez que el costo de la operación se encarece ante el hecho de que NFE no acepta que las facilidades que desarrollaron en el Puerto de San Juan sean utilizadas por otros competidores por lo que tendrían que entrar barcazas por otros muelles, como Yabucoa. Conéctate a Noticias con café a las 8AM en Youtube y sigue el desarrollo de esta investigación.

La prestigiosa revista financiera Forbes publicó la lista de universidades que más dependen de ingresos de Becas Pell y que podrían perder hasta un 55 por ciento de sus ingresos según el análisis de lo que recibieron en el año escolar 2022-23 Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Ocho recintos de la Universidad Interamericana y seis de la Universidad de Puerto Rico están contenidos en una lista de 36 instituciones que tienen las de perder ante el impacto negativo que deja la legislación presupuestaria One Big Beautiful Bill que firmó el presidente estadounidense, Donald Trump y que supone un duro golpe a instituciones y comunidades alertado por la congresista Nydia Velázquez y negado por la gobernadora, Jenniffer González Colón. La revista Forbes, en su edición del pasado 25 de junio, trajo el listado de 36 instituciones algunas con ingresos de hasta un 55 proveniente de las Becas Pell y de las cuales 25 son de PR. En el listado se encuentran ocho recintos de la Inter, 5 de la UPR; cuatro del Sistema Universitario Ana G Méndez; Univeridad del Sagrado Corazón; Universidad Católica Pontificia de Ponce; Caribbean University en Ponce; el Colegio Universitario de San Juan( la Universidad Adventista de Mayagüez y la Escuela de Artes Plásticas en San Juan. Listado publicado por Forbes 25/6/2025 La política de las becas Pell hasta el pasado cuatro de julio, otorgaba hasta $7.395 a 7,4 millones de estudiantes que en el curso escolar 2025-26, tuvo un costo de $38k millones según la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO). El presupuesto 2026-2027 recorta la beca máxima a $5.710, una disminución de 23% que alegan necesario para combatir la inflación. El pasado seis de julio, la congresista por Nueva York, Velázquez, destacó que los recortes provocarán que los estudiantes que cursen entre 12 y 14 créditos verían reducida su beca Pell en 1.479 dólares. Los beneficiarios de la beca Pell que trabajen menos de medio tiempo perderían su beca por completo y se reducirá la asignación Federal de Estudio y Trabajó en un 80%”. Congresista Velázquez en vista de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara el 16 de julio 25. Por su parte, la gobernadora restó importancia al impacto de la medida en PR y aseguró, incluso a través de comunicaciones en redes sociales de la Oficina de PR en Washington, que las becas Pell se mantienen bajo los mismos parámetros, con la creación de un nuevo programa de ayuda federal para carreras de dos años. Gobernadora González Colón El listado de Forbes establece que hay universidades que en el año escolar 2022-2023 tenían hasta 84 por ciento de su estudiantado de bachillerato recibiendo Becas Pell. La más que ha recibió dinero ese año fue la Universidad del Turabo con sobre $34M. Al cierre de esta edición fue imposible contactar a oficiales de la Universidad Interamericana para una reacción a este asunto. Tampoco contestaron a la nota de Forbes. A las 8, en Noticias con cafe, tendremos más información y análisis.

El ingeniero José Ortiz Vázquez, junto al Zar de Energía, Josué Colón sabían desde el 2018 cuál era el contrato de NFE que condicionaba el de alquiler de construcción de facilidades de transbordo de gas metano en el Puerto de San Juan, a la venta del combustible para regasificar las unidades 5 y 6 de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) lo que en efecto se dio en el 2019. Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio A la gobernadora Jenniffer González Colón la persiguen fotos, titulares y los nombramientos que ha hecho y que ponen en duda que no sepa nada del monopolio que la administración de su gobierno en el 2018 junto a Ricardo Rosselló Neváres, diseñaron para favorecer a New Fortress Energy, una empresa con problemas económicos desde la fecha en que se le adjudicó un contrato de $1,5K millones con José Ortiz Vázquez, a la cabeza de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Los ingenieros José Ortíz y Josué Colón, ex director ejecutivo de la AEE y el actual Zar de Energía y quien sustituyó al primero a la cabeza de la corporación pública, hoy privatizada por LUMA Energy Y Genera PR. A cuatro días de haber firmado el contrato con NFE en marzo del 2019 para desarrollar la operación de venta de gas con la AEE, la entonces Comisionada, González Colón celebraba en San Juan una cumbre en la que se planteó convertir a PR en un 'hub' de gas licuado. Uno de los entusiastas de gas metano desde la administración del gobernador, Luis Fortuño Burset, es el hoy Zar de Energía, ingeniero Josué Colón. El también servidor público con mayor acceso a la Gobernadora en materia de energía, Colón, es el único que ha dicho públicamente que NFE está en violación al contrato que suscribió con el gobierno de PR en el 2019 para utilizar las instalaciones que alquiló desde mayo del 2018 a la AP y en las que desarrolló el terminal de regasificación. Incluso, ha cuestionado la veracidad de las aseveraciones de la Junta de Control Fiscal que hoy alega que nunca vio en el 2018 el contrato que suscribió NFE con la AP. "Pues entonces ese contrato está en violación a la Ley Promesa (que establece que todos los contratos de más de $10M tienen que ser aprobados por la Junta de Control Fiscal)". Por su parte, el ingeniero Ortiz Vázquez, con un cuestionado historial de conflicto de intereses desde que asumió cargos en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la AEE, - trabajó en CSA, empresa que contrata con ambas corporaciones públicas - desde la administración Fortuño Burset y Pedro Pierluisi en el 2009, se sienta hoy como miembro del Comité para la Transformación Energética que González Colón nombró a un mes de ganar las elecciones de noviembre del 2024. La Gobernadora nombró a Ortiz y al Zar en diciembre junto a un grupo de contratistas y donantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) a ese Comite de trabajo, donde el tema de la generación de energía se atiende privilegiando el gas metano como combustible fósil para diz que estabilizar el sistema. Ortiz Vázquez tuvo que ser llevado al foro judicial por el Instituto de Economía, Energía y Análisis Financiero (IEEFA) y la organización sin fines de lucro sobre el tema energético, Cambio, para que hiciera pública toda la información relativa al contrato de NFE que comenzó a negociarse en el 2018 y fue firmado el cinco de marzo del 2019. El inicio de labores de construcción se dio el 15 de marzo del 2019 en una actividad en la que participó el gobernador entonces, Rosselló Neváres; el director de la AEE, ingeniero Ortiz Vázquez; el director de la Autoridad de Puertos, Maceira Zayas y el representante PNP, José Torres Zamora. Inauguración de trabajos NFE en muelle de San Juan. Es precisamente de esa información que IEEFA descubre y denuncia que la AEE le estaba dando información privilegiada a NFE en momentos en que se suponía que un contrato de $20 mil millones pasara por un proceso de subasta. El informe de la entidad no gubernamental establece que "La AEE y su asesor financiero, Filsinger Energy Partners (FEP), se reunieron en repetidas ocasiones con representantes de New Fortress Energy a principios de 2018 para discutir el proyecto antes de que la Autoridad emitiera una solicitud de propuestas (conocida como RFP en inglés). La AEE y sus asesores recibieron una propuesta no solicitada de NFE a finales de 2017/principios de 2018, la revisaron, se reunieron con NFE, recibieron una propuesta revisada y redactaron la solicitud de propuestas en abril de 2018". Lo que ya habría ocurrido el cinco de marzo fue que la AP, categóricamente Maceira Zayas, había otorgado un contrato a NFE para "la construcción de los muelles A, B y C; así como de la conversión a gas natural de las unidades 5 y 6 de la Central San Juan, como un primer paso para la transformación energética de Puerto Rico". Esas eran las palabras utilizadas por el gobierno Rosselló Neváres-González Colón, alegando que "concluida la conversión, los clientes verán en sus facturas una reducción de 1.3 centavos en el costo por kilovatio hora". El documento también establece que "Durante este período, la AEE y NFE suscribieron un acuerdo de confidencialidad que proporcionó a NFE un conocimiento especializado del proyecto. En mayo de 2018, el personal de la AEE se enteró de los planes para ofrecer la propuesta de manera competitiva. El jefe de la División de Ingeniería y Servicios Técnicos de la AEE expresó su preocupación por la ventaja que tenía NFE". Además, "Durante el proceso de RFP, la AEE no le informó a los posibles licitadores que NFE tenía contratos de arrendamiento en propiedades estratégicamente importantes. Del mismo modo, la AEE no informó a otros licitadores del largo tracto de comunicaciones que tenía con NFE". Maceira Zayas en su oficina de Puertos 2018 En agosto del 2018, el entonces director de Puertos, Maceira Zayas, endosaba el proyecto de New Fortress en el Puerto de San Juan representándole a la AEE que "durante su mandato como inquilino de la PRPA, NFEnergia LLC ha solicitado y recibido con éxito la aprobación de una evaluación medioambiental para el desarrollo de la instalación de manipulación de micro combustibles. Además, NFEnergía LLC ha solicitado y recibido en los permisos necesarios para la reducción de plomo y amianto y la demolición de dos almacenes de que estaban situados en los muelles A y B en preparación para dicho desarrollo. Además, NFEnergía LLC ha pagado su alquiler puntualmente y ha demostrado ser un inquilino responsable". Carta endoso proyecto director de Puertos, Maceira Zayas Todo lo que ha dicho IEEFA sobre NFE y el contrato monopolístico hecho a la medida de esa empresa, no encontró cuestionamiento por parte de la entonces Comisionada Residente quien si hacía conferencias de prensa para plantear su apoyo a la privatización y al Plan de Modernización del Sistema Eléctrico, que vio la luz el 24 de octubre de 2019 por parte de la entonces gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garced y el director de la AEE, Ortiz Vázquez. Ese plan sería pagadero con fondos federales que González Colón se adjudicó en conseguir a pesar de que fueron asignaciones del Congreso donde tiene voz pero no voto. Presentación del Plan de Modernización del Sistema Eléctrico en octubre del 2019. Foto: END De hecho, en la página 62 del mencionada plan, se establece sin cortapizas que el plan a futuro "propone una cantidad sustancial de sistemas de energía solar y de almacenamiento de energía en baterías para el periodo del 2019 al 2028. Además, se proyecta expandir el uso de gas más allá de las plantas de EcoEléctrica y Costa Sur32. Las unidades 5 y 6 de San Juan (440 MW) se convertirán a gas natural. Para apoyar esta iniciativa, la AEE negoció con New Fortress Energy para la construcción y operación de una instalación de importación de LNG a mediana escala y para que acometa la conversión de las unidades generatrices. Este contrato se entiende que será por un término de 5 años". En el programa de gobierno del PNP en el 2020, suscrito por la entonces candidata a la Comisaría, González Colón, también se habla del amarre del contrato de NFE con el desarrollo de las instalaciones del Puerto a la gasificación de las unidades cinco y seis de San Juan.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La 'exclusiva' que la coordinadora de la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA), Verónica Ferraiuoli, promovió el lunes en una gira de medios que trajo el dato de que un 90 porciento de los reglamentos de agencias públicas no se han revisado, está en la esfera pública desde mayo, cuando fue revelado por un Informe de la Oficina del Inspector General que incluye la metodología que utilizó el personal de esa agencia para hacer el análisis. El Informe OIG-IE-25-035 fue publicado por esa oficina el 28 de mayo de 2025 y evidenció el incumplimiento con las secciones 1.6 y 2.19 de la Ley Núm. 38-2017 (Ley del Inspector General), que establecen la obligación de actualizar y revisar periódicamente los reglamentos. La evaluación realizada de la reglamentación vigente reflejó que el 90% no había sido revisada. De 2,986 reglamentos presentados y publicados en el Registro Electrónico de Reglamentos del Departamento de Estado 2,700 llevaban más de 5 años sin ser revisados. El informe de la oficina que dirige la Inspectora, Ivelisse Torres Rivera y que también firma el Jefe de Pre Intervención y Exámanes, Pablo González Flores, establece como método que "el estudio cubrió la evaluación de la información recibida de las entidades hasta noviembre de 2024. Además, tomó en consideración la política pública promulgada en las Órdenes Ejecutivas OE-2025- 023 y OE-2025-009, aprobadas el 2 de mayo de 2025 y 4 de febrero de 2025, respectivamente, por la Gobernadora de Puerto Rico Jenniffer A. Gonzalez Colón" y especifica que "tomó en consideración la Orden Administrativa Número OA-IDEA-2025-002, aprobada el 12 de marzo de 2025" y se verificó el cumplimiento con las normativas por parte de 873 entidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico bajo jurisdicción de la OIG. El documento de la OIG de 191 páginas - 129 de anejos - está escrito en español. El de IDEA, que anunció el viernes pasado, la también directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones, Ferraiuoli Hornedo, tiene 57 páginas y está escrito en inglés. La agencia explicó que para realizar la evaluación siguió como metodología "requerimiento de información; carta a la gerencia; revisión de documentos y evaluación del registro electrónico de reglamentos del Departamento de Estado con relación al tiempo de vigencia de los reglamentos. Las áreas analizadas en cuanto a reglamentos fueron compras, subastas, propiedad y equipo, flota de vehículos, junta de directores, pre intervención de facturas y manejo de documentos fiscales; información de seguridad cibernética, servicios de la entidad, recursos humanos de carrera, expertise y criterios de eligibilidad y recursos humanos de confianza. El estudio de OIG reveló que hasta 44 entidades presentaban normativas internas que no habían sido revisadas en un período razonable, 15 afectando 327 normativas internas dentro de las 86 entidades evaluadas.16 Además, 35 entidades carecían de normativa en una o más áreas operacionales fundamentales, lo que comprometida la eficacia de sus procesos administrativos y el cumplimiento con los principios de sana administración pública. La OIG armoniza en su Informe las nuevas políticas de la actual administración de gobierno como es la creación de IDEA, a imagen y semejanza de la agencia “DOGE” creada por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump. Entretanto, el primer informe de IDEA, con fecha del 27 de junio, no establece metodología y repite el hallazgo del 90 porciento de los reglamentos que no han sido revisados. De las 57 páginas, por lo menos 37 son anejos que incluyen las ordenes ejecutivas relativas a IDEA y un listado de agencias públicas con sus oficiales a cargo. El informe trae como nuevo las diez agencias con más reglamentos sin revisar y las 19 agencias que tienen reglamentos que han sido enmendados en dos ocasiones. "El estudio reveló que hasta 44 entidades presentaban normativas internas que no habían sido revisadas en un período razonable, 15 afectando 327 normativas internas dentro de las 86 entidades evaluadas.16 Además, 35 entidades carecían de normativa en una o más áreas operacionales fundamentales, lo que comprometía la eficacia de sus procesos administrativos y el cumplimiento con los principios de sana administración pública", lee el informe. de IDEA que no establece metodología y en su lugar lee: "Un análisis del repositorio normativo del Departamento de Estado de P.R. reveló las siguientes conclusiones". Como nuevo, el Informe Núm. 1 de IDEA trae además 'iniciativas' a saber; Integración de las Bases de Datos De La Administración con la ampliación del Sistema Ideal y la Ampliación y Colaboración con el PRITS en la Integración de la Inteligencia Artificial en los Procesos de Administración; Colaboración con la Legislatura; Colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Junta de Planificación de PR y la Oficina de Gestión de Permisos. A las 8AM en Noticias con Café traemos más información y análisis sobre esta historia.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La citación de la ex secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia es consecuencia de una pesquisa que se inició en la Oficina de Ética Gubernamental sobre la orden administrativa que busca dar concesión a los caseteros de La Parguera y que ella dejó cuando se fue de la agencia en diciembre y su sucesor firmó tan pronto fue designado el nueve de enero de este año. La orden, cuestionada incluso en el proceso de confirmación del hoy Secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez en el Senado, archivaría procesos sobre violaciones al Reglamento 4860 que reglamenta todo lo que tiene que ver con la #zmt y el #bdp y por lo que son querellados los suegros se la gobernadora, Jenniffer González Colón, José del Carmen Vargas e Irma Llavona por una construcción en La Parguera en Lajas. Caseta suegros de la Gobernadora en Parguera. En septiembre de 2023, el DRNA inició querella administrativa contra el matrimonio, que conllevarían multas de hasta $25,000  por causarle daños a la zona en medio de una rehabilitación de una caseta y extensión de su huella. Fuentes de entero crédito aseguraron a Bonita Radio que Rodriguez Vega sería entrevistada en la OEG en mayo y la citación fue cancelada ante el hecho de que “Justicia se llevó el caso” y dejó fuera a la agencia anti corrupción. El referido a Ética lo hizo en enero el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, cuando solicitó a Justicia que emitiera una opinión legal sobre la orden administrativa. Fue imposible conseguir al director de la OEG, Luis Pérez Vargas, para obtener una reacción sobre la investigación toda vez que se encontraba en un compromiso personal, dijo su portavoz de prensa. Por la OEG ya desfilaron como testigos por lo menos, dos empleados de carrera del DRNA, a saber, la abogada principal, Mildred Sotomayor Bourbon y el director de la Oficina de Examinadores, Samuel Acosta. También fue citado y compareció el secretario auxiliar de Conservación y Biodiversidad, Farel Velázquez Cancelar. Licenciada Mildred Sotomayor Bourbon Otro que fue citado a la OEG, fue el ex secretario interino de la agencia, Roberto Méndez Martínez, quien tuvo en sus manos el proyecto de orden administrativa. Su citación también fue cancelada por la OEG. Al centro, Robert Méndez Martínez y a su derecha, Samuel Acosta Méndez Martínez tuvo ante sí el escrito de orden cuando sustituyó a la Secretaria Rodríguez Vega mientras estaba en maternidad. A su llegada, Rodríguez Vega nunca la firmó y completó su término como Secretaria en diciembre del 2024. Se alega que quien redactó la orden fue el director de Examinadores y activista de la campaña de Jenniffer González, Acosta. Acosta en la Asamblea del PNP en agosto del 2024. Al día de hoy el enigma es por qué se cita a Rodríguez Vega si la orden administrativa fue firmada por Quíles Pérez en su primera gestión a su llegada al gobierno de González Colón. De hecho, la propia Gobernadora dijo el pasado mes de enero que la orden ya estaba redactada cuando su designado llegó a la agencia y alegó que Rodríguez Vega no la puso en vigor porque “iba en contra de la persecución” que supuestamente tenía contra sus suegros porque ella retó a Pedro Pierluisi a la gobernación. La Division Legal del DRNA planteó en su día que la orden era contraria a las disposiciones que cobijan y protegen una Reserva Natural como La Parguera, entre otros el Reglamento 4860. A las 11 en Esto es lo último más información y análisis sobre esta historia.

La transacción con la Fiscalia de Distrito de San Juan, que también supone acuerdos para los dos co acusados, hace colapsar la acusación de Gran Jurado que bajó en agosto del 2022 Por Carmen Enid Acevedo De Bonita Radio La acusación federal que un día se dijo que estaba sustentada por 27 testigos, incluidos ex empleados de La Fortaleza de la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garced, se hizo sal y agua luego de que tanto la ex secretaria del Departamento de Justicia; el banquero venezolano, Julio Herrera Velutini y el ex agente federal, Mark Rossini, llegaron a un acuerdo de culpabilidad que para ella podría suponer entre 12 y seis meses de cárcel por un solo cargo menos grave que radicará directamente la fiscalía que dirige en PR, Stephen Muldrow. Wanda Vázquez Garced. Foto: Juan Costa La defensa de los tres acusados tenía hasta ayer lunes 16 para informarle a la jueza, Silvia Carreño Coll, si llegaron a algún acuerdo con los fiscales, Nicholas Cannon y Seth Erbe, quienes desde Washington y San Juan, respectivamente, presentaron las acusaciones contra el trío en agosto del 2022 y que incluían tres delitos, a saber: conspiración, soborno y fraude electrónico en el contexto de la campaña primarista y de las elecciones generales del 2020. Este desenlace pone fin a la expectativa pública sobre el financiamiento de las campañas del 2020, en medio de la pandemia del COVID 19 - desde que en Mayo del 2022, Bonita Radio trajo en exclusiva la trama de las investigaciones que tenía ante sí la fiscalía desde la Unidad de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington en conjunto con Puerto Rico. Todo sobre el financiamiento de las campañas del PNP y el PPD en el 2020, en materia de los SuperPac que se crearon bajo la ley electoral de Estados Unidos con instrumentos en Puerto Rico a través de la creación de organizaciones sin fines de lucro . El hilo conductor entre los partidos era el donante venezolano, Herrera Velutini. El pasado 27 de mayo este medio adelantó que el cambio en las conversaciones entre fiscales y abogados para finiquitar el proceso, tenía el rostro del licenciado Christopher Kise, un republicano y ex Procurador General de Justicia cuando la actual secretaria del Departamento de Justicia, Pam Bondi, era lo propio pero en el estado de la Florida. Christopher Kise fue uno de los abogados del presidente Donald Trump en el caso que este enfrentó en Nueva York. Ayer, l a defensa de los imputados notificó al foro judicial pasadas las cinco de la tarde que las partes se harán culpables de un pliego acusatorio por un solo cargo y solicitaron una vista en la que "se le leerá la acusación y harán alegación de culpa" por la misma. Fuentes de Bonita Radio aseguraron que Vázquez Garced se hará culpable de un cargo que supone que acepta que tuvo una promesa de contribución política de hasta $25K de parte de Herrera Velutini pero a su Comité de Campaña para la primaria con Pedro Pierluisi Urrutia. Esto implicaría que no obtuvo ni en el ofrecimiento, beneficio alguno del dinero que ilegalmente daría el banquero venezolano. La acusación alegaba que Herrera Velutini le pagó una encuesta a Vázquez Garcés para conocer sus oportunidades de convertirse en la candidata del PNP. Esa alegación supuestamente se sustentaría en parte con la cooperación del funcionario de una empresa inglesa que fue idnetificado por las autoridades del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). El pago de la encuesta habría sido a cambio de sacar del medio al entonces director de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner. El entonces funcionario público fue despedido el seis de marzo del 2020 aunque trascendió que renunció a su posición. A los extremos, Mark Rossini y Julio Herrera Velutini. Al centro, Vazquez Garced. Joyner participaba junto al ex gobernador, Ricardo Rosselló Neváres y la entonces directora de Bancredito, Frances Diaz Fossé, de actividades de la industria donde también estaba Herrera Velutini. Díaz Fosse se convirtió en testigo del caso junto a su compañero y asesor de la campaña de Vazquez Garced, John Blakeman Ortiz. George Joyner. Entretanto, se aleg el banquero venezolano, aceptará que en efecto hizo la promesa de pago aunque se desconoce si esa alegación estará apegada a su participación en la conspiración para llenar un Super Pac y así apoyar los esfuerzos de Vázquez Garced para correr a la gobernación y más tarde del que resultó ganador de la primaria, Pedro Pierluisi Urrutia. Herrera Velutini hizo aportaciones al Super Pac de Salvemos a Puerto Rico en octubre del 2020 y en agosto del 2021. Donativo de Bancredito Holding a Super Pac, Salvemos a PR que lleno las arcas de la campaña de Pierluisi en el 2020. Esa operación de recaudación de fondos a través de organizaciones sin fines de lucro creadas aquí en la Isla, fue la que abortó el testigo de la fiscalía, Joseph "Joey" Fuentes Fernández, sin que tuviera mayores repercusiones para él y los presuntos implicados entre ellos, allegados al gobernador Pierluisi, quien es un amigo íntimo del cooperador. Como parte del descubrimiento de prueba del caso contra el trío que incluye a Vázquez Garced, la fiscalía alegó que tenía evidencia de la conspiración a través de mensajes de correos electrónicos de los acusados en cuentas de Yahoo, Apple y Google donde intercambiaban información con los testigos y convictos por el caso, John Blakeman Ortiz y su compañera, Frances Díaz Fossé. Además serian testigos de esas comunicaciones, la ex secretaria de la gobernación, Lilian Sánchez Pérez y la ayudante de la entonces gobernadora, Marisol Blasco Montaña que también se comunicaron con el también testigo, Fahad Ghaffar. A las 11 en Esto es lo Último por Youtube , traeremos más información y análisis.

Hasta la hija de la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto está en la nómina de confianza por $5,504 al mes. Repite el hijo del representante, Gabriel Rodríguez Aguiló Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio En la nómina de confianza del Departamento de Educación está la hija de la alcaldesa de Canóvanas, el hijo de Gabriel Rodríguez Aguiló, así como funcionarios que dieron la luz de alerta de una investigación que sacó al hoy senador, Héctor J. Sánchez Alvarez de esa agencia y lo mantiene bajo pesquisa de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por trucar con los procesos para favorecer a una maestra de Aguada y hoy representante por el Distrito 18. El grupo de 75 "buenos penepés" en Educación lo completan unos 56 empleados con destaque en el Senado (11) y en la Cámara de Representantes (15) hasta el próximo 30 de junio y que se espera que sean extendidos más allá del próximo año. En el Senado está en destaque la ex candidata en primarias del PNP, Leyda Cruz Berríos y Lilliam Rodríguez Laboy que repiten de la pasado nómina de confianza. Están en destaque maestros de inglés, directores y de Educación Especial, entre otros. También hay destaque en otras agencias y municipios. "Esa es la gente (los de confianza) que hacen el trabajo electoral en los municipios, en los distritos", dijo una fuente de entero crédito sobre como el PNP organiza la plantilla de confianza en la agencia de educación pública, con salarios de entre $3,734 hasta $10,884. En una investigación y depuración hecha por Bonita Radio de la lista de 75 empleados de confianza reportados por la nueva administración del DE bajo el secretario, Eliezer Ramos Parés, se encontró a la hija de la Alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, Pamela Osorio Soto, quien fue Primera Dama de ese municipio en el 2020, más tarde trabajó en CJ Painting y en el 2023 fue supervisora de seguridad interna del DE. El hijo de Rodriguez Aguiló, Joshua Rodríguez Rodríguez, repite como empleado de la Oficina de Comunicaciones, con un salario de $5,464 mensuales. En total, en la actual nómina de confianza repiten 19 empleados que estuvieron en la administración de Yanira Raíces Vega. Llama la atención que funge como secretaria auxiliar de Recursos Humanos, Frances Pelet Roman, una de las personas que estaba en el renglón de confianza de Ramos Parés en el 2023 cuando se ejecutó el fraude por el que se investiga a Sanchez Álvarez en torno el Certamen de Maestro del año en el 2022. Foto captura Video La Fortaleza De hecho, la lista bajó de 90 que tenía Yanira Raíces Vega como secretaria de los dos últimos años de la administración de Pedro Pierluisi Urrutia, hasta 75 o 15 menos. Junto a Pelet Román - funcionaria en DE desde la administración de Luis Fortuño en el 2011 - sí repite en la lista de confianza, Félix Pérez Rivera, quien fuera el director de la Oficina de Política Pública de la agencia, cuando se suscitó el fraude en el mencionado Certamen y quien estuvo con Raíces Vega a partir de verano del 2023. "O los quieren bien cerca o son realmente personas de total confianza del Secretario, pero obivio también son PNP", dijo sobre esos nombramientos, una fuente con información que sabe cómo se engendra una plantilla de comisionados de barrio del PNP en la agencia con más presupuesto del gobierno de Puerto Rico además del Departamento de la Familia. Pelet Roman fue la Jefa de Recursos Humanos cuando el senador por Carolina, Sánchez Alvarez, un allegado al hoy presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, fue referido a investigación por solicitarle a un panel de jurados que favorecieran a los maestros de Aguada y Naranjito que estaban alineados con la política pública del entonces Gobernador. El Fiscal Especial Independiente lo exoneró. Queda viva una queja ante la OEG. Odalys González y Héctor Joaquín Sanchez en el 2021. Ella es Representante hoy yen el 2022, fue la maestra del año en el Certamen amañado. EL "alineamiento" alegado de los maestros era por su activismo en el PNP y en el caso de González González ya fungía como una candidata al Distrito 18 de la Cámara de Representantes lo que en efecto ganó en el 2024. De acuerdo a investigaciones que hizo del tema el Centro de Periodismo Investigativo, Pelet Roman fue despedida por instrucciones de La Fortaleza de Pierluisi luego de que la Secretaría de Asuntos Legales emitió 13 declaraciones juradas que dieron cuenta de cómo Sánchez Álvarez propuso desde el inicio que se escogiera a Odalys González González de Aguada y maestra de Estudios Sociales y al maestro de Educación Especial en Naranjito, Bryan Rivera Medina. En el caso de Pérez Rivera emitió declaración jurada indicando que recibió una llamada de un ayudante especial quien pidió que subieran a la Oficina del Secretario, en el segundo piso de la sede del DE en Hato Rey. Se le indicó que sólo debían acudir los cuatro miembros del jurado que eran empleados del DE en el nivel central, según su declaración jurada. Allí recibieron instrucciones por voz de Sánchez Alvarez quien estaba reunido con los siete superintendentes regionales de la agencia. Sánchez Álvarez brinca de agencia en agencia, haciendo lo que es parte de su trabajo en el PNP de los últimos 15 años. "Es un busca fondos para el partido". De hecho, su vinculación a la hermana de Pierluisi, Caridad, quien fungió como directora ejecutiva de la Oficina del Gobernador, se dice que le valió su salida a Ramos Parés en verano del 2023. Sánchez Álvarez y Caridad Pierluisi en verano 2024 Entretanto, otro dato que sobresale de la lista de empleados de confianza que también estaban en la de Raíces Vega es que se mantienen activos aportando políticamente al PNP. La secretaria de Administración; Yullymar Octaviani Vega aportó $3,850 entre el 2022 y el 2024; Janice M Claudio, Ayudante Esp. I de Asuntos Legales y Política Pública, $2,047. 46, entre el 2019 y el 24; la Secretaria de Asuntos Académicos, Beverly Morro Vega, $750, entre 2022 y 2023; Irving E Otero Narváez, Ayudante Esp. en Secretaría Auxiliar de Asuntos Legales, $950 entre el 2019 y el 2024 y José Velázquez Quíles, Ayudante Secretario II, en la Oficina de Apelación del Sistema de Educación.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La mujer dominicana de 47 años que fue a buscar información para poner un negocio en la playa de Cabo Rojo y en cambio un guardia municipal le llamó a las autoridades de Inmigración federal, está en una carpa de detencion en El Paso, Texas, en espera de que la procesen por delitos que hasta hoy se desconocen. Aracelis Terrero Mota se encuentra en una “carpa de procesamiento” en Texas luego de que en Cabo Rojo el guardia José Toro la delatara ante agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a pesar de que tiene una Visa bajo la Ley de Protección de Violencia Doméstica (VAWA, por su siglas en inglés). Fuentes de entero crédito dejaron saber a Bonita Radio que la mujer estaba en proceso de finiquitar su status migratorio recibiendo “green card” o permiso de residencia cuando llegó a las oficinas de la Alcaldía de Cabo Rojo a conocer los pormenores de los permisos para poner un negocio de venta de helado en la playa de ese ayuntamiento. Toro, un allegado al acalle PNP de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, llamó a los agentes de ICE quienes la detuvieron y la sacaron de la Isla hacia una de las carpas de procesamiento del Centro de Detención de El Paso. El abogado de Terrero Mota, identificado como Angel Robles, se comunicó con abogados de la Liga Americana de Derechos Civiles y se espera que esa organización vaya por los derechos de la mujer en una petición de Habeas Corpus por entender que está ilegalmente detenida. El caso de Terrero Mota es uno de sobre 550 que han procesado las autoridades de ICE, una agencia dentro de la Agencia de Seguridad Nacional que en la Isla dirige la agente Rebecca González. La semana pasada, el país se enteró de que el gobierno de Jenniffer González, entregó a ICE las identificaciones de licencia de conducir que le son otorgadas bajo una Ley del 2013 aún cuando no tuvieran status migratorio definido. La Gobernadora y el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), ingeniero Edwin González, alegaron que la entregaron por mediar un “subpoena” o citación federal. Sin embargo, Bonita Radio solicitó copia del documento, y el ingeniero Edwin González negó su entrega, alegando mediante declaraciones escritas que “ese tipo de solicitudes supone un manejo confidencial y riguroso de la información como parte de nuestras responsabilidades legales”. Gobernadora González Colón en la Fortaleza el viernes cuando habló del tema de las deportaciones de dominicanos. La gobernadora González Colón no quiso el viernes contestar sobre el alegado documento legal que llegó al DTOP y refirió las preguntas al Ingeniero González. Además, desmintió a su Secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, sobre que supo desde enero que su gobierno entrega información sobre personas con status migratorio no definido para que las agencias federales persigan su búsqueda y captura para ser deportados. A las 8AM en Noticias con café tendremos más información y análisis sobre esta historia.

No está claro si la representación legal del tercer co acusado, Mark Rossini, comparecerá a una reunión en la Capital Federal y el registro del caso no descubre quien representará en la cumbre a la Secretaria de Justicia de la administración de Donald Trump, Pam Bondi Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El próximo jueves en la mañana, en un salón de conferencias del edificio del Departamento de Justicia de la avenida Pennsylvania en Washington DC, "liderato" de esa agencia se reunirá con el fiscal de Distrito de San Juan, Stephen Muldrow y, entre otros, el licenciado Christopher Kise, abogado del banquero venezolano, Julio Herrera Velutini a discutir el futuro del caso. Kise fue parte prominente del equipo legal que representó al presidente, Donald Trump en uno de sus casos ante la justicia en el 2024 en Nueva York. Además de Kise, un ex Procurador General de Florida durante la administración del gobernador, Jeff Bush en Florida, otros tres defensores de los acusados, Wanda Vázquez Garced y Herrera Vellutini, estarán en la reunión que fue dada a conocer por la Fiscalía Federal en una moción denominada “Informe conjunto y petición de prórroga" el pasado jueves para que se retrasara el calendario del caso. Kise parece ser el abogado en mejor posición frente a las autoridades de Justicia Federal. Fue Procurador General cuando Bondi era secretaria de Justicia del estado de la Florida y el actual sub secretario de Justicia, Todd Blanche, fue su compañero de labores en el equipo de defensa del caso de Trump en Nueva York. La ex gobernadora ducesoral y el banquero venezolano con residencia en Londres y Nueva York, junto a Mark Rossini, ex agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), están procesados desde el 2023 por conspiración y soborno en torno a los esfuerzos de recaudación de fondos de la primera para ser candidata a la gobernación en el 2020 si lograba salir victoriosa en la primaria contra Pedro Pierluisi. Los ex fiscales federales, Sonia Torres y Luis Plaza Mariotta, abogados de Herrera Velutini y Vázquez Garced, respectivamente, Kise y su compañera en el equipo legal, también de Florida, Lilly Ann Sanchez, se sentarán con funcionarios de Justicia a discutir el caso que la jueza Silvia Carreño Coll tiene para juicio el próximo 25 de agosto. Presidente Trump y Christopher Kise a su derecha. Fuentes de entero crédito aseguraron a Bonita Radio que los dos ex fiscales, en el caso de Plaza Mariotta. nominado a justicia por la administración de Ronald Reagan, "también van para DC " a participar de la reunión que el fiscal Muldrow y el jefe de la División Criminal en PR, Seth Erbe, anunciaron en una moción el pasado jueves que "las partes han acordado entablar conversaciones de buena fe para resolver este caso en interés de la Justicia". De izquierda a derecha, el licenciado Plaza Mariotta, Ignacio Fernández y Peter John Porrata, equippo legal de Vázquez Garced. Aunque la Fiscalía quizo que la información no quedara para el récord público del caso, la jueza Carreño Coll no accedió a sellar la moción por lo que se encuentra pública en el número 864 del registro digital del caso. Licenciadas Sonia Torres y Lily Ann Sanchez, abogadas de Herrera Velutini En esa moción, que solicitaba a Carreño Coll mover 30 días la fecha limite para radicar mociones con antelación a juicio así como la fecha de inicio del proceso, se hace la representación de que las partes - fiscales y defensa - conversarían en esa reunión que supo Radio es el jueves 29 a las diez de la mañana, para disponer del caso, nombrando a los tres acusados. Pero, no se establece quienes participarán de la reunión. Bonita Radio no pudo corroborar quien, si Michael Nadler, Lydia Lizarribar o Juan Michelen, equipo de defensa de Rossini, asistirán a la reunión. Si si se constató que participarán Kise, Torres y Sánchez, por parte de Herrera Velutini. Torres fue fiscal nombrada por el ex presidente George W. Bush y destacada en San Juan bajo la administración de Guillermo Gil Bonar. Las conversaciones entre las partes para “disponer del caso” pueden haber comenzado en abril de este año, según se sospecha de una revisión del registro electrónico del caso. Llama la atención que una primera moción del 18 de abril pasado, tiene como título también "Informe Conjunto y Petición de Prórroga". Esa si estuvo sellada hasta el 22 de de mayo, cuando la Fiscalía volvió a radicar otra con el mismo título y no corrió la misma suerte de permanecer oculta al ojo público. En esta ocasión, la Jueza la hizo pública y sólo accedió a cambiar la fecha de la vista con antelación a juicio y dejó vivo el calendario de la radicación de mociones dispositivas para el 16 de junio y un mes más tarde, las réplicas. A las 11AM en Esto es lo último por Youtube ampliaremos esta historia con más información y análisis.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El informe de auditoría que la Oficina del Contralor reveló ayer sobre $34 millones en contratos pagados ilegalmente en la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), trae nuevamente a una la corporación del activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ramón A. Pabón García, asesor hoy del secretario del Departamento de Salud y quien mantiene contratos de sobre $185K con otras entidades gubernamentales municipios. Ramon A. Pabón García Esta es la segunda ocasión en que un ente gubernamental de corrupción emite auditorías que involucran a Pabón García en manejos ilegales con sus contrataciones de gobierno. La primer fue la Oficina de la Inspectora General la semana pasada. Esta vez el Informe OC-25-76, intervención de auditoría a la ASES entre junio 2016 y 2022 - establece que el primero de agosto del 2018, se contrató "a una firma de relaciones públicas por $91,800 el cual estuvo vigente hasta el 30 de junio del 2018". Aunque el informe no menciona el nombre del contratista ni de la corporación, Bonita Radio investigó los registros de la OC y dio con el contrato a nombre de Tacticas Inc., una empresa de relaciones públicas inscrita por Pabón García en el Departamento de Estado desde el 2014. El dos de mayo del 2018 los servicios excedieron el importe máximo del contrato. "aún así la ASES permitió que el contratista siguiera prestando los servicios". El 31 de mayo se enmendó el contrato para aumentar la cantidad del contrato por $25 mil y poder pagar los servicios sin contrato". Página cinco del Informe de Auditoría OC-25-76 El contratista presentó una factura de $13 mil por los servicios de mayo que incluyeron una cantidad de $10,300, la que se pagó el 15 de junio del 2018". El primer señalamiento que involucra a Pabón García y a su corporación Health Strategy Services, fue la semana pasada cuando el Informe de auditoría de la Oficina de la Inspectora General (OIG) sobre el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), planteó que se pagaron servicios sin formalizar contratos. En esa auditoría se reveló - luego de ser traído opor el Centro de Periodismo Investigativo en febfero - que "el DCR pagó $114,100 por servicios profesionales a la empresa Health Strategy Consulting mediante órdenes de compra, sin formalizar un contrato. "Además de los servicios que adquirió mediante órdenes de compra en 2020 y 2021, entre 2017 y 2022, el DCR le otorgó cinco contratos a la empresa Health Strategy Consulting, que sumaban $416,000, para servir de enlace y asegurar el cumplimiento del contrato entre la agencia y los proveedores de servicios de salud en las cárceles", se establece en el informe del OIG. Una tercera corporación de Pabón García, Alogi, Inc. tiene contratos con los municipios de Canóvanas y Vega Alta. está inscrita por el mismo contratista desde septiembre del 2020 cuando ha tenido contratos con las alcaldesas, Lorna Soto y María Vega, respectivamente. Pabón García y la alcaldesa PNP de Canóvanas, Lorna Soto.