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Cuando el membrete se convierte en garrote: la Procuradora contra el Fotoperiodista Eliseo R. Colón Zayas Presdente FPS21 No, no estamos en una pieza de teatro barato. La carta de Astrid Piñeiro Vázquez, procuradora, al fotoperiodista Juan Acosta, es la representación barroca del patriarcado con traje y pulso institucional que cerró la semana del 17 al 22 de agosto. Fue semana donde el poder no ha dialogado, ha amenazado con palabras convertidas en arma de disciplinamiento, en línea con el libreto colonial de autoridad viril, aunque se vista de falda. La Procuradora de las Mujeres firma una carta usando el membrete como escudo y la cortesía como cuchillo. Aquel periodista que hizo una pregunta incómoda a la gobernadora, nada fuera del libre ejercicio del periodismo, fue convertido en víctima culpa: se le exigió una disculpa pública o declarar bajo juramento en 24 horas. El mecanismo es sutil, pero letal: confiesa, pide perdón y, de paso, no vuelvas a preguntar así. Este no es un ultimátum descarnado, sino una violencia elegante. Nada estalla en la sala de redacción; lo que se rompe es el umbral del escrutinio público. La pregunta legítima es refractada por una burocracia que, con voz maternal, impone silencio como si fuera cuidado. A pesar de estar firmada por una mujer, esta carta habla con el eco omnímodo del poder patriarcal. Adquiere la gramática del castigo: usted falló en preguntar; no hay espacio para la duda, solo para la sumisión. La protección solicitada no es para víctimas reales, sino para preservar la inmutabilidad de un discurso institucional que no tolera fisuras. Y mientras todo esto ocurre a golpe de membrete, la conversación se desvirtúa. Lo importante ya no es el trasfondo de la querella, ni la transparencia del proceso, sino la moralidad del vocero incómodo que ose interpelar. Desplazar el foco de análisis es el triunfo de quien teme las preguntas. En resumen, la carta es violencia. Pero es violencia vestida de gala, ministrada en letras escolares, diseñada para disciplinar sin romper platos. Porque no es necesario aplastar tazas cuando puedes gritar: arrodíllate y confiesa. Y aunque quien firma tiene ovarios, su voz es el eco del padre que no admite cuestionamientos. Cuando el Estado democrático se resquebraja, deja de ser ágora y se transforma en un vodevil de poder, protagonizado por cortesanos enloquecidos que, como los fervientes seguidores de Trump, maquillan su autoritarismo con retórica populista—y en Puerto Rico ese papel lo interpreta la gobernadora, con aplausos y juramentos públicos fingidos. La gobernadora y sus allegados encarnan esa reverencia grotesca al poder. Porque, al final, una democracia herida no es la que amenaza al periodista curador de sombras, sino aquella que se asfixia por la complicidad de quienes deberían mantenerla respirando.

Por Eliseo Colón Presidente FPS21 La semana arrancó con el estruendo de platos rompiéndose contra el suelo de una cocina fajardeña: una chef, harta de los apagones de LUMA —empresa de moda en el odio colectivo— se desboca, grita “¡Esto no es justo, pueblo de Puerto Rico!”, y lanza vajilla al piso como un acto simbólico (y literal) de resistencia. Es la primera escena de esta tragicomedia necropolítica: una mujer criada a la sombra del bipartidismo, que ha votado por quienes ahora la ponen a oscuras, decidiendo darle un saludo físico a la cocina antes que más silencio neoliberal. A este acto inaugural le siguió el clásico espectáculo de madre e hija esposadas, “protagonistas” de una novela de crimen que ni Netflix se atrevería a producir. Los medios, siempre dispuestos a convertir preguntas en lapidaciones, convirtieron los micrófonos en antorchas inquisitoriales. El periodismo pasa de informar a entretenerse con la exposición pública del daño. Gobernadora, Jenniffer González Colón Foto: Juan Costa Luego, la senadora ultracatólica, gran sermoneadora de la moral femenina —que culpa a las mujeres de sus propias desgracias—, se ve acorralada por una querella de maltrato contra su actual compañero. Ironías políticas del destino: esta vez ella no sermonea, se encalla en su prédica. Y su exesposo, cual narrador omnisciente, sale al ruedo a “aclarar” lo que ni el Estado ni ella pueden explicar sin hacer agua. Y como acto final, la gobernadora —muy seria ella— abandona toda compostura institucional en una conferencia de prensa para desatar una andanada verbal contra un periodista que le osa preguntar por la filtración. El poder no dialoga: amenaza. Esa palabra convertida en arma de disciplinamiento, tan en línea con el libreto colonial de autoridad viril, aunque se vista de falda. Lo que debía ser un espacio de rendición de cuentas se volvió un ring, con el poder mostrando los dientes y recordando que aquí la palabra del Estado no informa: intimida. Pero lo verdaderamente sustancial no está en los chismes o en los gritos, sino en lo que subyace: esas performances de feminidad violenta —a veces reaccionaria, otras, desesperada— no brotan del vacío. Son síntomas del patriarcado criollo, del machismo heredado de la cultura de plantación. De la cultura del bichote en los caseríos, de la normalización del alcoholismo masculino como tabla de socialidad, hasta el comportamiento de esos legisladores hombres en el Capitolio, empeñados en exhibir su poder macharrán tumbando voces y justificando silencios. Las mujeres, entonces, quedan atrapadas en el espejo del deseo ajeno, obligadas a desempeñar papeles: santas, brujas, víctimas o verdugos, pero nunca sujetas plenas. El hilo que atraviesa toda la semana es la violencia —no solo física, sino simbólica, institucional—. El periodismo turba, la senadora víctima de su propia moral, la gobernadora caricatura autoritaria, y la chef, explosiva voz que lanza platos como si fueran proyectiles de dignidad. Todas actúan —o reaccionan— en un guion patriarcal que condenan y al mismo tiempo perpetúan. En esta república del espectáculo necropolítico, nadie escapa del libreto. Aquí las cosas no mejoran: se escenifican. Y lo que importa no es quién tiene la razón, sino quién logra generar escándalo con más estilo… y más vajilla rota.

Por Eliseo R. Colón Zayas Presidente Fundación Periodismo Siglo 21 El 15 de agosto cayó este año como suelen caer los días grandes de calendario: con procesión, incienso y solemnidad. No, perdón, aconteció con anunció de huracán - ¡Erin, Erin!. Por ello, en vez de vírgenes asumiéndose a los cielos, tuvimos nombramientos ascendiendo a los cargos, cual santos de yeso subidos a un altar improvisado en La Fortaleza. Y yo que pensaba que la Asunción era solo cosa de parroquias… ¡ilusos de nosotros! El santoral político también celebra su propia liturgia. 'Selfie' de la Gobernadora con el secretario de Estado de Estados Unidos, el republicano, Marco Rubio. (Foto: Del FB de Jenniffer González) De hecho, nuestra gobernadora —que se precia de ser muy capillita— bien podría haber hilado el relato bíblico con su calendario partidista: primero la Anunciación de sus intenciones, hecha con fanfarria y titulares; luego la Asunción de sus elegidos a los cielos de la nómina pública; y finalmente la Ascensión de cada uno de ellos, elevados a los cargos sin tocar jamás la realidad del trabajo. Un tríptico mariano traducido a clave política, digno de cualquier sermón con coro y órgano. Ese día, como si se tratara de una misa mayor en honor a la Asunción de la Virgen María, la gobernadora Jenniffer González sacó de su manga una ristra de nombramientos. Los noticieros se llenaron de nombres propios y cargos pomposos: comisionados, directores, juntas, superintendentes. Y mientras en las cada vez menos iglesias se rezaba el credo mariano, en el palacio de gobierno se rezaba el credo partidista: “Creo en el nombramiento, aunque no en la experiencia; creo en el selfie con sonrisa, aunque no en la capacidad técnica; creo en los asesores, que harán el milagro de trabajar por el ungido.” Tome usted al flamante superintendente de la Policía, Joseph González. Nadie niega su pedigrí federal. Ex-FBI, hombre de traje bien planchado y mirada de foto oficial. Todo en él grita “profesionalismo”. Pero no se confunda: su ascensión no fue menos política que la de cualquier exsenadora reciclada en una oficina comunitaria. Porque en la misa de la política, incluso los técnicos son oficiantes del rito partidista. Su nombramiento tranquiliza a Washington más que a la esquina de Santurce, y ese ya es mérito suficiente para canonizarlo en el santoral de la gobernadora. Pasemos al otro milagro del día: PRIDCO resucitado con Roberto Lefranc Fortuño, hombre de experiencia más política que industrial. ¿Y qué importa? Allí, aterriza el señor Lefranc Fortuño, cuya experiencia industrial rivaliza, por supuesto, con la de cualquier ingeniero en nómina de General Motors… es decir, ninguna. Pero tranquilos, porque la varita mágica del político hace milagros: basta con ponerlo en la silla, y la industria florecerá como por decreto como quien planifica una boda. Y cuando alguien pregunte por detalles técnicos, permisos, evaluaciones de mercado, el nuevo director, excabildero de la estadidad, no se inmutará: para eso están tras bastidores los asesores, esa raza mística de consultores, exfuncionarios y cuñados iluminados que, a golpe de factura, redactan el plan de desarrollo económico mientras el director posa para la cámara. Lo mismo ocurre con la exsenadora Karen Riquelme en ODSEC: bastará con contratar a consultores que repitan mantras rimbombantes de “empoderamiento” y “resiliencia” como letanías neoliberales, y asunto resuelto. ¡Ay, qué decir de la pobre ODSEC, entregada a las manos de Riquelme, que de seguro confunde desarrollo comunitario con repartir banderitas en una caravana política? No importa: también habrá asesores que redacten proyectos con las mismas palabras rimbombantes —empoderamiento, resiliencia, a la que añaden, sostenibilidad, como para colgárselas en medallas en conferencias que nadie lee. La Junta de la AAA (Javier Bayón Torres y Rafael E. López Soler) y la de la UPR (Julio A. Cabral Corrada) tampoco se quedan atrás. Allí tenemos a dos abogados en la AAA y a un financiero en la UPR que, si bien saben firmar resoluciones y posar con toga académica, de agua y de universidad entienden tanto como este servidor de mecánica cuántica (y no es que yo sepa mucho de mecánica cuántica, pero al menos he hojeado un librito de divulgación). Lo suyo será contratar expertos que les traduzcan el argot técnico mientras ellos hacen lo verdaderamente importante: levantar la mano en votación y, lo más importante de todo, seguir instrucciones del partido. Porque he aquí la verdad que todos saben, pero nadie dice en el micrófono oficial: en Puerto Rico los llamados "nombramientos técnicos" son tan políticos como el más descarado premio de consolación. El abogado puesto en la Comisión de Derechos Civiles, Andrés Córdova Phelps, aunque tenga libros y discursos donde define el concepto de verdad con gran conservadurismo jurídico y político, está allí no por su defensa apasionada de las libertades ya que para él la verdad no representa la justicia sino la estabilidad social, sino porque su voz, amplificada en la prensa, conviene al régimen. La Comisionada de Seguros, Suzette Del Valle Lecároz aunque conozca los entresijos del mercado, debe su silla menos a su erudición que a la bendición divina del partido que gobierna. Y no me malinterprete, lector paciente (o impaciente, que ya debe estar buscando café mientras lee estas digresiones): no niego que algunos tienen talento. Lo que digo es que ese talento es irrelevante. Porque, al final, el sistema está diseñado para que gobierne la política —esa vieja ramera— y que el trabajo real lo hagan los asesores, como frailes escribanos, ocultos tras bambalinas. Al final, el 15 de agosto quedará inscrito no sólo como Día de la Asunción, sino también como día de la Gran Ascensión Partidista: cuando políticos, exsenadores, exfuncionarios y tecnócratas medio reciclados suben a sus puestos por la gracia del poder, mientras los verdaderos trabajadores del gobierno —los asesores— permanecen invisibles, como ángeles custodios que hacen todo y no salen en la foto. Y yo, que soy un pobre observador de este teatro, me permito una digresión: ¡qué gran semejanza hay entre la Virgen subiendo al cielo sin tocar el suelo y el político que asciende a un cargo sin tocar nunca la realidad del trabajo! Ambos se elevan, ambos son aplaudidos, y ambos dependen de la fe tonta de sus seguidores.

Por Eliseo Colón Presidente FPS21 La presidenta Zayira Jordán dio el miércoles 13 de agosto la bienvenida al nuevo año académico de la Universidad de Puerto Rico con un mensaje cargado de dulzura institucional y frases prefabricadas que harían ponerse colorao  a cualquier redactor de Hallmark. Dice creer “profundamente” en los estudiantes, en sus luchas, en sus ojos, en sus cargas invisibles… y hasta en sus esperanzas. Todo muy tierno. Pero tras la retórica melosa, lo que realmente propone no es una universidad, sino un centro de formación acelerada para empleos de comida rápida, aderezado con palabrería gerencial y vacíos de contenido académico. Porque no nos engañemos: para Zayira Jordán, la universidad no es un espacio para el pensamiento crítico, la investigación, la disidencia intelectual o el cultivo del saber. Es un campo de entrenamiento para producir mano de obra dócil, útil y —sobre todo— barata. Su proyecto se resume en dos obsesiones: eficiencia operativa  y certificados cortos no conducentes a grado . Es decir, la universidad como un Instituto de Belleza Neocolonial , en el que te alisan la conciencia, te pintan de emprendedor y te certifican en resiliencia emocional ante la precariedad. Nada de eso de “saberes inútiles”, como la literatura, la filosofía, la teoría crítica o las ciencias puras. ¿Para qué queremos pensar si podemos rendirnos al mercado? ¿Para qué cuestionar si podemos armonizar? En el modelo Zayira Jordán, pensar demasiado podría costarte el semestre. La verdadera excelencia es ser obediente, ágil, y rentable. Su visión gerencial, más propia de una cadena de franquicias de comida express que de una universidad pública, responde perfectamente a los mandatos del peor neoliberalismo colonial. Un sistema que nos quiere productivos, pero no pensantes; certificados, pero no educados; adaptables, pero no incómodos. Y todo esto con la bendición de la Junta de Control Fiscal y en perfecta consonancia con el evangelio del capital humano que dictan los arquitectos de la austeridad. Zayira Jordán ni siquiera propone una universidad para producir think tanks  neoliberales con aspiraciones de hegemonía cultural. ¡No! Lo que Zayira Jordán presenta ni siquiera servirá para alimentar el próximo Heritage Foundation del Caribe. Su modelo no da para formar élites, sino apenas reponedores de góndolas de supermercado con diploma. En otras palabras: una universidad tan vaciada de contenido que no moleste al amo, tan dócil que ni siquiera se atreva a llamarse “pública” sin pedir perdón primero. Así que bienvenidos, estudiantes, a su nuevo hogar: una universidad sin investigación, sin pensamiento crítico, sin autonomía. Un campus con más saberes PowerPoint  que pensamiento, más métricas que humanidad, más austeridad que sueños. Y recuerden: esta es su universidad…doña Zayira Jordán tiene que cumplir y entregar los Key Performance Indicators  del próximo informe trimestral.

Por Eliseo R. Colón Zayas ¡Hay cumpleaños!… y luego está el cumpleaños de la Gobernadora como su único plan de gobierno. Es un acontecimiento donde la política se disfraza de fiesta y la fiesta se enmascara de política. Estamos ante el carnaval neoliberal del poder, es decir, en un doble juego tan transparente que hasta uno tiene que quitarse las gafas para verlo mejor. La cita, por supuesto, no fue en cualquier salón parroquial con bizcocho de tres leches y sillas plegables. No. Esto fue en el Caribe Hilton, con invitación dorada que gritaba glamour y que, de paso, te recordaba que la entrada costaba un módico donativo de $2,500. Porque el goce ideológico nunca es gratis. Siempre hay que pagar por el privilegio de aplaudir. Desde el inicio, la escenografía se ocupó de borrar cualquier límite entre campaña y cumpleaños: pantallas LED con el logo “Jenniffer Gobernadora”, nombre monumental iluminado como si estuviéramos en Las Vegas, bailarinas aladas vestidas de oro sosteniendo candelabros humanos. Un carnaval barroco donde el exceso visual no es decoración: es el mensaje. El dorado no es un color, es un argumento donde cada selfie de la Gobernadora repite: “¡El Estado soy yo… y mi bizcocho de campaña!” Selfies, abrazos, besos en la mejilla… cada gesto calculado para transmitir cercanía, pero enmarcado en un espacio saturado de símbolos de poder. La Gobernadora al centro, siempre bañada por focos, flanqueada por aliados, y rodeada de un público que sabe que está allí para ser parte de una foto, no de un programa de gobierno. Porque aquí no se habla de política: se encarna . Y llegó el momento del bizcocho: un monumento comestible de varios pisos con el logo de campaña incrustado. El clímax del evento. El bizcocho con el logo fue el objeto imposible de alcanzar, pero siempre perseguido por los asistentes de la noche, como la tan prometida stadity . Ese trofeo dulce que nadie necesitó probar para sentir que, aunque fuera por un segundo, había tocado el centro mismo del poder… disfrazado de merengue. Entre confeti y flashes, la masa celebra no un cumpleaños, sino la ratificación de un liderazgo que se alimenta de espectáculo. Estamos ante la obscenidad suplementaria del poder, ese lado festivo y excesivo que, lejos de ocultarse, se exhibe para reforzar la autoridad. Aquí, la fiesta no acompaña a la política. La FIESTA e s la política. El acto privado se transforma en evento público, en demostración de fuerza, en feria electoral con barra libre de afecto. En el fondo, la noche no celebraba los 49 años de vida de la Gobernadora de la Generación X, sino la eternidad del modelo en que vivimos: uno donde la ideología se sirve con champán, el apoyo se mide en selfies y la democracia se adorna con lentejuelas doradas. Un carnaval donde todos sabemos que estamos en campaña, pero hacemos como que estamos de fiestabarroca. Y así, entre música, luces y donativos, el país se va quedando sin bizcocho… pero con un montón de fotos para Facebook e Instagram.

Zayira Jordán no es un error: es un síntoma. Un síntoma de la rendición de lo público al lenguaje de la rentabilidad, de la conversión de las universidades en franquicias, y de la tragedia de vivir en una colonia donde las decisiones se toman en nombre de la eficiencia, no de la justicia. Por Eliseo R. Colón Zayas Presiente FPS21 En tiempos en que el sistema neoliberal global se tambalea —con crisis financieras cíclicas, un retroceso en las libertades académicas, y un recrudecimiento de políticas autoritarias bajo administraciones como la de Trump— la Universidad de Puerto Rico, supuestamente bastión de pensamiento crítico y justicia social recibe a una presidenta que parece recién graduada de un bootcamp de tecnocracia gerencial: Zayira Jordán. Esa es la Zayira Jordán que muestra sus garras depredadoras del sistema universitario en la entrevista con la redacción del periódico Metro.PR . ( https://www.metro.pr/noticias/2025/08/07/presidenta-de-la-upr-deja-abierta-la-posibilidad-de-cierres-de-programas/ ) Zayira Jordan, presidenta UPR (Foto: CPI) Su idea de universidad no es un proyecto emancipador, ni una apuesta por el conocimiento como bien público, ni siquiera una defensa básica de la autonomía universitaria. Para Jordán, la universidad es un centro de servicios modulares, donde la creatividad consiste en convertir programas académicos en certificados “no conducentes a grado” y en aplaudir a la Junta de Supervisión Fiscal por darle 18 milloncitos para tumbar una torre residencial. Según sus declaraciones, la Universidad de Puerto Rico es: · Un servicio al cliente que se debe medir por la demanda del mercado laboral. · Una empresa de certificaciones que responde a las “nuevas necesidades del siglo XXI” (traducción: flexibilidad, bajos costos y ninguna inversión en pensamiento crítico). · Una red de centros de capacitación “ágiles” que producen eficiencias y no molestias gremiales, huelgas ni pensamiento incómodo. Es decir, educación reducida a empleabilidad inmediata, conocimiento reducido a destrezas técnicas, y ciudadanía reducida a docilidad productiva. Todo aderezado con significantes vacíos como “armonización”, “eficiencia” y “ajuste”. En el mejor estilo de los 'think tanks' neoliberales, la presidenta: · Evalúa cerrar programas académicos si no alcanzan matrícula suficiente. ¿Humanidades? ¿Ciencias básicas? ¿Filosofía? Demasiado onerosas si no producen retornos cuantificables. · Prefiere cursos y certificados cortos, como si el conocimiento pudiera despacharse en paquetes de Amazon Prime. · Aplica criterios de eficiencia empresarial para evaluar recintos, programas, y hasta profesores. “Todos los rectores están bajo evaluación y pueden ser removidos en cualquier momento”, dice, como quien limpia personal en una planta de ensamblaje. · Ve la diversidad institucional como un problema, afirmando que “cada recinto opera como si fuera una entidad separada”. Lo que otros ven como pluralidad de saberes, Jordán lo interpreta como caos. Su solución: centralización, homogeneización y control vertical. Zayira Jordán no plantea una defensa activa ante el peligro real que representa la política federal contra fondos para investigaciones sobre cambio climático, equidad de género o justicia racial. Su solución: "hay que ser creativos", es decir, someterse al marco ideológico que impone el capital político. Reformular proyectos, cambiar el lenguaje para no ofender sensibilidades conservadoras, y buscar en fundaciones privadas lo que ya no se puede pedir al Estado. Es decir, camuflar la universidad para que parezca “neutral” y “apolítica”, mientras se desmantela en silencio su razón de ser. Cuando se le señala su falta de trayectoria académica internacional —o el hecho de que su perfil se parece más al de una ejecutiva de logística que al de una líder universitaria— responde con altivez casi mística: “Yo sé quién soy y estoy donde debo estar”. ¡Qué reconfortante! Para liderar el sistema universitario público más importante del país, basta con creérselo fuerte y decirlo con voz firme. Ya no hace falta publicar, ni debatir ideas, ni tener visión filosófica. Sólo convicción… y el aval de la Gobernadora. La demolición posible de la residencia Torre Norte se convierte en la metáfora perfecta de esta gestión: implosión institucional camuflada como renovación. No importa que el edificio sirva para dar hogar a estudiantes de bajos recursos. Lo que cuenta es si conviene o no en el Excel de la Junta. “Si no se puede rehabilitar, se tumba”, dice Jordán. Lo mismo aplica, en realidad, a programas, ideas, profesores, historia y sentido crítico. En la era Trump, donde la verdad es moldeable y la educación es enemiga del poder, Zayira Jordán no es un error: es un síntoma. Un síntoma de la rendición de lo público al lenguaje de la rentabilidad, de la conversión de las universidades en franquicias, y de la tragedia de vivir en una colonia donde las decisiones se toman en nombre de la eficiencia, no de la justicia. Su proyecto es claro: una universidad dócil, domesticada, obediente, sin historia, sin protesta, sin pensamiento crítico. Una universidad sin universidad.

Una carta descubierta por Bonita Radio trae información que cuestiona las “manos limpias” del ente fiscal impuesto por el Congreso al aprobar la Ley Promesa en el 2016 Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El 31 de agosto del 2020, la entonces directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko le dijo mediante carta a la ingeniera Ingrid Vila y al director de finanzas del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), Tom Sanzillo, que esa entidad revisó el contrato de gas metano firmado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con New Fortress en marzo del 2019 y aunque detectaron que algunos trámites del "RFP podrían haber afectado la competencia" lo aprobaron por considerarlos razonables. La afirmación de Jaresko en el 2020 es problemática para sostener la posición oficial de la Junta del 2025, por voz del director ejecutivo Robert Mujica, quien afirma desde hace dos semanas que esa entidad no pasó juicio sobre el contrato de alquiler - otorgado por Anthony Maceira Zayas en el 2018 - para liberarse de responsabilidad de que no sabían del conflicto de New Fortress operando las facilidades en propiedad del gobierno y que utilizaria para vender el gas metano. La semana pasada, Mujica dijo que la Junta "ha profundizado las preocupaciones relacionadas con los términos del contrato propuesto,  la competencia del mercado , inconsistencias con la solicitud de propuestas (RFP, en inglés) y otra documentación, e inconsistencias con el plan fiscal de la  AEE . Estas discusiones han generado más preguntas que respuestas”. Sin embargo, esas preocupaciones no estuvieron en el radar de la Junta que presidía el cuñado de Pedro Pierluisi, José Carrión III y en la que participaba un ex presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), bajo la administración de Luis Fortuño y otro de la administración de 1986 de Rafael Hernández Colón, José Ramón González. Ambos también fueron ejecutivos del extinto Banco Santander, institución que fungió como agente fiscal y asesor financiero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus agencias. "También concluimos que aunque algunos aspectos del proceso de RFP podrían haber perjudicado la competencia, estas características eran razonables bajo las circunstancias y no teníamos conocimiento de ningún perjuicio al proceso de adquisición competitivo para las necesidades de este proyecto", lee la misiva sin detallar cuales era “esos aspectos”.  La carta de Jaresko deja claro que esa Junta sabía donde se haría el trasbordo de gas pues el contrato que revisó y aprobó en febrero del 2019, al aludir a las facilidades que utilizaría NFE en el Puerto San Juan como el "punto de entrega" del combustible que sería vendido por la empresa e incluir los planos de la 'propiedad del vendedor" y del 'comprador' en la Bahía de Puerto Nuevo. La carta fue enviada a la Ingeniera y al oficial de IEEFA en contestación a una cursada por ellos, ante lo que descubrieron en medio del exámen de documentos que el entonces director ejecutivo de la AEE, José Ortiz no había querido hacer públicos.  De ese análisis IEEFA produjo un informe de donde planteó el monopolio de NFE con el contrato de gas metano y sus preocupaciones por la información que se dio al contratista sobre lo que planificaba el gobierno para gasificar las unidades 5 y 6, de San Juan y Costa Sur, respectivamente, antes de iniciar el procedimiento de RFP.  La carta de la Junta, por voz de Jaresko, parece desmentir la aseveración de su sucesor Mujica cuando también establece que: "Nuestra revisión del contrato NFE se basó en cinco fuentes de información: (a) el propio contrato NFE propuesto; (b) los documentos de licitación RFP publicados por la AEE; (c) la documentación de evaluación RFP y selección desarrollada por la AEE; (d) ciertas cartas de la AEE en respuesta a preguntas de la Junta de Supervisión sobre el proceso de adquisición y el contrato; e información proporcionada durante reuniones en persona entre la AEE y el personal de la Junta de Supervisión".  Los miembros de la Junta, después de aprobarse promesa en el 2016 eran en el 2020, Andrew G. Biggs, Carlos M. García, Arthur J. González, JR González, Ana J. Matosantos y David A. Skeel, Jr. Era presidida por Carrión III. En esa misiva también la Junta dejó claro que “A la luz del gran número de contratos que recibe “nuestra revisión se centró en los materiales expuestos anteriormente, y no implicó una investigación a fondo de hechos o circunstancias que puedan haber ocurrido fuera de la vista del público”.  Asimismo, Jaresko despachó el tema de que NFE construyó las facilidades sin permiso de la Comisión Federal Reguladora de Energía con un “nuestro proceso de revisión de contratos no está diseñado para descubrir asuntos de permisos como éste, y tales asuntos no forman parte de los criterios empleados para determinar la consistencia del contrato propuesto con el plan fiscal aplicable, de conformidad con PROMESA”.  La Directora Ejecutiva insistió en que “ A base de los hechos y materiales que se nos presentaron en febrero de 2019, la Junta de Supervisión concluyó que los términos de precios de combustible de los contratos de la NFE eran justos y consistentes con el plan fiscal de la AEE a la luz de varias circunstancias relevantes, incluyendo la ausencia de disposiciones de «take-or-pay» y el caso de quiebra pendiente del Título III de la AEE”.  Sobre la información traída por IEEFA en cuanto a la información que pudo haber tenido NFE del interior de la AEE que le dieron ventaja sobre otros competidores, la Junta dijo en el 2020 que “No tenemos conocimiento previo de estas alegaciones de, ni tenemos conocimiento de ninguna información que las corrobore. Por lo tanto, en este momento no estamos dispuestos a rescindir la aprobación del contrato con NFE basándonos en las alegaciones infundadas de que figuran en su informe. No obstante, evaluaremos cualquier hecho e información nuevos que puedan surgir en relación con el contrato”. Concluyeron que “la Junta de Supervisión no tiene intención de iniciar o emprender una investigación en este momento, pero, en consonancia con nuestra práctica anterior, cooperaremos plenamente con cualquier investigación de las autoridades competentes”.  El Departamento de Justicia entonces era dirigido por Wanda Vázquez Garcéd hasta que se convirtió en la Gobernadora Sucesoral por la renuncia del gobernador Rosselló Nevares. Ni ella, ni sus sucesoras en el puesto, ni las autoridades federales activaron una pesquisa sobre los alegatos de IEEFA en su informe.  Bonita Radio intentó desde el 17 de julio obtener sin éxito una entrevista con el director ejecutivo Mujica. Ayer de su oficina de prensa contestaron que “debido a contratiempos en la agenda del director ejecutivo” no estaría disponible para entrevista. Refirieron las preguntas que envió este medio a los documentos que ha producido Mujica desde que el nueve de julio escribió al Zar de Energia, Josué Colón y le indicó que tenía preocupaciones de monopolio sobre la contratación de venta de gas con NFE.  Otra carta del 22 de julio establece que el contrato de la AP del 2018 nunca pasó por la Junta pero no hacen referencia a la carta de Jaresko en el 2020.  ¿Por qué la Junta no contesta? Hoy en Esto es lo último, a las 11 por  YouTube  traemos más información y análisis.  Documentos: Carta Natalie Jaresko 31 de agosto 2020 Contrato cinco de marzo del 2019 compra de Gas Metano

El análisis de documentos en poder de Bonita Radio evidencia cómo la primera reunión para discutir la viabilidad de utilizar muelles para la gasificación de las centrales Costa Sur y San se hizo en el gobierno de Luis Fortuño y fue la de Alejandro García Padilla la que ordenó el estudio que justificó el proyecto Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El seis de septiembre del 2019, el presidente de New Fortress Energy le juró a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que "que no existe conflicto de intereses por razón de relaciones familiares, comerciales o económicas, o cualquier otra razón entre ellos y la AEE, sus funcionarios. empleados y agentes", para firmar un contrato que supondría venderle gas metano para la conversión de las unidades cinco (Costa Sur) y seis (San Juan) de generación de energía. A pesar de que pudo haber cometido perjurio, ese delito está prescrito desde el 2024. Brannen ElMcmurray, presidente de New Fortress y de Genera PR hasta el 2024. Una certificación firmada por el Secretario indicando el nombre y dirección de los directores y funcionarios de la corporación, fue incluida en el contrato que se firmó un año y cuatro meses después de que New Fortress Energy, firmara otro con la Autoridad de Puertos para viabilizar un terminal o microfacilidad de gasificación. El secretario de la corporación NFE que firmó el documento fue Brannen McElmurray, quien en septiembre del pasado año comparecía al Congreso de Estados Unidos donde rendía cuentas como presidente de la privatizadora de producción de energía en la Isla, Genera PR. NFE es la matriz de GeneraPR. ¿Esa declaración jurada constituye perjurio?. A juicio de dos fuentes independientes, abogados allegados a procesos de privatización de la energía en PR, sí. Una de las fuentes, desde la AEE, confirmó a Bonita Radio que en efecto, NFE "no pasa un análisis de perjurio al hacer esa afirmación". El contrato con la AP "es una fuente económica, una relación comercial con el gobierno que a través de una filial suya, Genera PR, es el suplidor que le vende gas a la Autoridad. De ahí el monopolio. Eso se alertó desde el primer momento". 311 paginas de pliegos obtenidos por la organziación Cambio en el 2019, tras la demanda que solicitó la información relacionada a la propuesta de NFE para contratar con la AEE y venderle gas metano para gasificar las unidades cinco y seis, descubre además cómo fue en medio de la administración de Luis Fortuño que el gobierno comenzó a hablar de esa posibilidad. L A RUTA DE LA PRIVATIZACIÓN Y EL MONOPOLIO Antes de que se destruyera el sistema eléctrico de PR por el azote del huracán María, el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) diseñaba la privatización de la AEE con un monopolio de producción de energía con combustible fósil, gas metano, que se moviera con barcazas en el puerto de San Juan y el del Partido Popular Democrático, haría el estudio para justificarlo. Los protagonistas del diseño coexisten desde la administración de Fortuño y su Via Verde. Todo cuadra. Fortuño primero rechazaba privilegiar el gas para la producción de energía pero luego la abrazó. El cambia cambia de posiciones, se dio entre el 2009 y el 2012. Posiciones de Fortuño sobre gasoductos. (Gráfica END) Tres años antes del huracán María, precisamente mientras era Fortuño Gobernador, el gobierno tuvo una una "una reunión inicial con el equipo multidisciplinario de Galway (Energy Advisors) y los oficiales de la AEE" para discutir los requisitos del proyecto. En el 2017, cuando ya había salido del gobierno, Fortuño se hizo socio del bufete de abogados Steptoe en Maryland, que tiene clientes de la industria del gas. Intervino en las negociaciones del SeaOne para hacer kicrofacilidades en muelles flotantes en Salinas y así falsificar la Central Aguirre. Fortuño perdió las elecciones y la administración de García Padilla otorgó un contrato a Galway con cuatro enmiendas por unos $770K para Evaluación de Opciones de Importación y Entrega de GNL y Gas Natural para Plantas del Noreste de la Isla". El estudio se entregó en el verano del 2015. La administración de García Padilla preparó el camino con el estudio de Galway que incluso menciona los espacios viables en el Puerto de San Juan para hacer el terminal de transbordo de gas. Ex gobernadora García Padilla en actividad en Costa Sur en el 2013. En la administración de Ricardo Rosselló Neváres, Anthony Maceira Zayas firmó el contrato con New Fortress como director de la Autoridad de Puertos el tres de mayo del 2018, para desarrollar un terminal de transbordo de gas con el compromiso gubernamental de que se convertirían en el monopolio que es hoy. Esa actividad monopolística quedó evidenciada la semana pasada cuando, bajo amenaza y movimientos de que se llevarían del Puerto de San Juan el tanquero que suple el gas, el gobierno de Jenniffer González firmó un contrato de emergencia para comprarle el combustible fósil en momentos en que Palo Seco y San Juan se apagaron. El contrato con la AEE para la gasificación de las Unidades cinco y seis, se firmó en septiembre del 2019 pero no hay registro de ello en la Oficina del Contralor. Solo existe un contrato de marzo del 2024 firmado por el Oficial Financiero, Christopher Guinta. Llama la atención que existe otro del 24 de enero del 2023 con Genera, privatizadora de la producción de energía, firmado por Guinta también como CFO. El diseño del monopolio es tal, que la posibilidad de que haya otros suplidores interesados, se limita o "sencillamente no entran", toda vez que el costo de la operación se encarece ante el hecho de que NFE no acepta que las facilidades que desarrollaron en el Puerto de San Juan sean utilizadas por otros competidores por lo que tendrían que entrar barcazas por otros muelles, como Yabucoa. Conéctate a Noticias con café a las 8AM en Youtube y sigue el desarrollo de esta investigación.

La prestigiosa revista financiera Forbes publicó la lista de universidades que más dependen de ingresos de Becas Pell y que podrían perder hasta un 55 por ciento de sus ingresos según el análisis de lo que recibieron en el año escolar 2022-23 Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Ocho recintos de la Universidad Interamericana y seis de la Universidad de Puerto Rico están contenidos en una lista de 36 instituciones que tienen las de perder ante el impacto negativo que deja la legislación presupuestaria One Big Beautiful Bill que firmó el presidente estadounidense, Donald Trump y que supone un duro golpe a instituciones y comunidades alertado por la congresista Nydia Velázquez y negado por la gobernadora, Jenniffer González Colón. La revista Forbes, en su edición del pasado 25 de junio, trajo el listado de 36 instituciones algunas con ingresos de hasta un 55 proveniente de las Becas Pell y de las cuales 25 son de PR. En el listado se encuentran ocho recintos de la Inter, 5 de la UPR; cuatro del Sistema Universitario Ana G Méndez; Univeridad del Sagrado Corazón; Universidad Católica Pontificia de Ponce; Caribbean University en Ponce; el Colegio Universitario de San Juan( la Universidad Adventista de Mayagüez y la Escuela de Artes Plásticas en San Juan. Listado publicado por Forbes 25/6/2025 La política de las becas Pell hasta el pasado cuatro de julio, otorgaba hasta $7.395 a 7,4 millones de estudiantes que en el curso escolar 2025-26, tuvo un costo de $38k millones según la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO). El presupuesto 2026-2027 recorta la beca máxima a $5.710, una disminución de 23% que alegan necesario para combatir la inflación. El pasado seis de julio, la congresista por Nueva York, Velázquez, destacó que los recortes provocarán que los estudiantes que cursen entre 12 y 14 créditos verían reducida su beca Pell en 1.479 dólares. Los beneficiarios de la beca Pell que trabajen menos de medio tiempo perderían su beca por completo y se reducirá la asignación Federal de Estudio y Trabajó en un 80%”. Congresista Velázquez en vista de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara el 16 de julio 25. Por su parte, la gobernadora restó importancia al impacto de la medida en PR y aseguró, incluso a través de comunicaciones en redes sociales de la Oficina de PR en Washington, que las becas Pell se mantienen bajo los mismos parámetros, con la creación de un nuevo programa de ayuda federal para carreras de dos años. Gobernadora González Colón El listado de Forbes establece que hay universidades que en el año escolar 2022-2023 tenían hasta 84 por ciento de su estudiantado de bachillerato recibiendo Becas Pell. La más que ha recibió dinero ese año fue la Universidad del Turabo con sobre $34M. Al cierre de esta edición fue imposible contactar a oficiales de la Universidad Interamericana para una reacción a este asunto. Tampoco contestaron a la nota de Forbes. A las 8, en Noticias con cafe, tendremos más información y análisis.

El ingeniero José Ortiz Vázquez, junto al Zar de Energía, Josué Colón sabían desde el 2018 cuál era el contrato de NFE que condicionaba el de alquiler de construcción de facilidades de transbordo de gas metano en el Puerto de San Juan, a la venta del combustible para regasificar las unidades 5 y 6 de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) lo que en efecto se dio en el 2019. Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio A la gobernadora Jenniffer González Colón la persiguen fotos, titulares y los nombramientos que ha hecho y que ponen en duda que no sepa nada del monopolio que la administración de su gobierno en el 2018 junto a Ricardo Rosselló Neváres, diseñaron para favorecer a New Fortress Energy, una empresa con problemas económicos desde la fecha en que se le adjudicó un contrato de $1,5K millones con José Ortiz Vázquez, a la cabeza de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Los ingenieros José Ortíz y Josué Colón, ex director ejecutivo de la AEE y el actual Zar de Energía y quien sustituyó al primero a la cabeza de la corporación pública, hoy privatizada por LUMA Energy Y Genera PR. A cuatro días de haber firmado el contrato con NFE en marzo del 2019 para desarrollar la operación de venta de gas con la AEE, la entonces Comisionada, González Colón celebraba en San Juan una cumbre en la que se planteó convertir a PR en un 'hub' de gas licuado. Uno de los entusiastas de gas metano desde la administración del gobernador, Luis Fortuño Burset, es el hoy Zar de Energía, ingeniero Josué Colón. El también servidor público con mayor acceso a la Gobernadora en materia de energía, Colón, es el único que ha dicho públicamente que NFE está en violación al contrato que suscribió con el gobierno de PR en el 2019 para utilizar las instalaciones que alquiló desde mayo del 2018 a la AP y en las que desarrolló el terminal de regasificación. Incluso, ha cuestionado la veracidad de las aseveraciones de la Junta de Control Fiscal que hoy alega que nunca vio en el 2018 el contrato que suscribió NFE con la AP. "Pues entonces ese contrato está en violación a la Ley Promesa (que establece que todos los contratos de más de $10M tienen que ser aprobados por la Junta de Control Fiscal)". Por su parte, el ingeniero Ortiz Vázquez, con un cuestionado historial de conflicto de intereses desde que asumió cargos en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la AEE, - trabajó en CSA, empresa que contrata con ambas corporaciones públicas - desde la administración Fortuño Burset y Pedro Pierluisi en el 2009, se sienta hoy como miembro del Comité para la Transformación Energética que González Colón nombró a un mes de ganar las elecciones de noviembre del 2024. La Gobernadora nombró a Ortiz y al Zar en diciembre junto a un grupo de contratistas y donantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) a ese Comite de trabajo, donde el tema de la generación de energía se atiende privilegiando el gas metano como combustible fósil para diz que estabilizar el sistema. Ortiz Vázquez tuvo que ser llevado al foro judicial por el Instituto de Economía, Energía y Análisis Financiero (IEEFA) y la organización sin fines de lucro sobre el tema energético, Cambio, para que hiciera pública toda la información relativa al contrato de NFE que comenzó a negociarse en el 2018 y fue firmado el cinco de marzo del 2019. El inicio de labores de construcción se dio el 15 de marzo del 2019 en una actividad en la que participó el gobernador entonces, Rosselló Neváres; el director de la AEE, ingeniero Ortiz Vázquez; el director de la Autoridad de Puertos, Maceira Zayas y el representante PNP, José Torres Zamora. Inauguración de trabajos NFE en muelle de San Juan. Es precisamente de esa información que IEEFA descubre y denuncia que la AEE le estaba dando información privilegiada a NFE en momentos en que se suponía que un contrato de $20 mil millones pasara por un proceso de subasta. El informe de la entidad no gubernamental establece que "La AEE y su asesor financiero, Filsinger Energy Partners (FEP), se reunieron en repetidas ocasiones con representantes de New Fortress Energy a principios de 2018 para discutir el proyecto antes de que la Autoridad emitiera una solicitud de propuestas (conocida como RFP en inglés). La AEE y sus asesores recibieron una propuesta no solicitada de NFE a finales de 2017/principios de 2018, la revisaron, se reunieron con NFE, recibieron una propuesta revisada y redactaron la solicitud de propuestas en abril de 2018". Lo que ya habría ocurrido el cinco de marzo fue que la AP, categóricamente Maceira Zayas, había otorgado un contrato a NFE para "la construcción de los muelles A, B y C; así como de la conversión a gas natural de las unidades 5 y 6 de la Central San Juan, como un primer paso para la transformación energética de Puerto Rico". Esas eran las palabras utilizadas por el gobierno Rosselló Neváres-González Colón, alegando que "concluida la conversión, los clientes verán en sus facturas una reducción de 1.3 centavos en el costo por kilovatio hora". El documento también establece que "Durante este período, la AEE y NFE suscribieron un acuerdo de confidencialidad que proporcionó a NFE un conocimiento especializado del proyecto. En mayo de 2018, el personal de la AEE se enteró de los planes para ofrecer la propuesta de manera competitiva. El jefe de la División de Ingeniería y Servicios Técnicos de la AEE expresó su preocupación por la ventaja que tenía NFE". Además, "Durante el proceso de RFP, la AEE no le informó a los posibles licitadores que NFE tenía contratos de arrendamiento en propiedades estratégicamente importantes. Del mismo modo, la AEE no informó a otros licitadores del largo tracto de comunicaciones que tenía con NFE". Maceira Zayas en su oficina de Puertos 2018 En agosto del 2018, el entonces director de Puertos, Maceira Zayas, endosaba el proyecto de New Fortress en el Puerto de San Juan representándole a la AEE que "durante su mandato como inquilino de la PRPA, NFEnergia LLC ha solicitado y recibido con éxito la aprobación de una evaluación medioambiental para el desarrollo de la instalación de manipulación de micro combustibles. Además, NFEnergía LLC ha solicitado y recibido en los permisos necesarios para la reducción de plomo y amianto y la demolición de dos almacenes de que estaban situados en los muelles A y B en preparación para dicho desarrollo. Además, NFEnergía LLC ha pagado su alquiler puntualmente y ha demostrado ser un inquilino responsable". Carta endoso proyecto director de Puertos, Maceira Zayas Todo lo que ha dicho IEEFA sobre NFE y el contrato monopolístico hecho a la medida de esa empresa, no encontró cuestionamiento por parte de la entonces Comisionada Residente quien si hacía conferencias de prensa para plantear su apoyo a la privatización y al Plan de Modernización del Sistema Eléctrico, que vio la luz el 24 de octubre de 2019 por parte de la entonces gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garced y el director de la AEE, Ortiz Vázquez. Ese plan sería pagadero con fondos federales que González Colón se adjudicó en conseguir a pesar de que fueron asignaciones del Congreso donde tiene voz pero no voto. Presentación del Plan de Modernización del Sistema Eléctrico en octubre del 2019. Foto: END De hecho, en la página 62 del mencionada plan, se establece sin cortapizas que el plan a futuro "propone una cantidad sustancial de sistemas de energía solar y de almacenamiento de energía en baterías para el periodo del 2019 al 2028. Además, se proyecta expandir el uso de gas más allá de las plantas de EcoEléctrica y Costa Sur32. Las unidades 5 y 6 de San Juan (440 MW) se convertirán a gas natural. Para apoyar esta iniciativa, la AEE negoció con New Fortress Energy para la construcción y operación de una instalación de importación de LNG a mediana escala y para que acometa la conversión de las unidades generatrices. Este contrato se entiende que será por un término de 5 años". En el programa de gobierno del PNP en el 2020, suscrito por la entonces candidata a la Comisaría, González Colón, también se habla del amarre del contrato de NFE con el desarrollo de las instalaciones del Puerto a la gasificación de las unidades cinco y seis de San Juan.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La 'exclusiva' que la coordinadora de la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA), Verónica Ferraiuoli, promovió el lunes en una gira de medios que trajo el dato de que un 90 porciento de los reglamentos de agencias públicas no se han revisado, está en la esfera pública desde mayo, cuando fue revelado por un Informe de la Oficina del Inspector General que incluye la metodología que utilizó el personal de esa agencia para hacer el análisis. El Informe OIG-IE-25-035 fue publicado por esa oficina el 28 de mayo de 2025 y evidenció el incumplimiento con las secciones 1.6 y 2.19 de la Ley Núm. 38-2017 (Ley del Inspector General), que establecen la obligación de actualizar y revisar periódicamente los reglamentos. La evaluación realizada de la reglamentación vigente reflejó que el 90% no había sido revisada. De 2,986 reglamentos presentados y publicados en el Registro Electrónico de Reglamentos del Departamento de Estado 2,700 llevaban más de 5 años sin ser revisados. El informe de la oficina que dirige la Inspectora, Ivelisse Torres Rivera y que también firma el Jefe de Pre Intervención y Exámanes, Pablo González Flores, establece como método que "el estudio cubrió la evaluación de la información recibida de las entidades hasta noviembre de 2024. Además, tomó en consideración la política pública promulgada en las Órdenes Ejecutivas OE-2025- 023 y OE-2025-009, aprobadas el 2 de mayo de 2025 y 4 de febrero de 2025, respectivamente, por la Gobernadora de Puerto Rico Jenniffer A. Gonzalez Colón" y especifica que "tomó en consideración la Orden Administrativa Número OA-IDEA-2025-002, aprobada el 12 de marzo de 2025" y se verificó el cumplimiento con las normativas por parte de 873 entidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico bajo jurisdicción de la OIG. El documento de la OIG de 191 páginas - 129 de anejos - está escrito en español. El de IDEA, que anunció el viernes pasado, la también directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones, Ferraiuoli Hornedo, tiene 57 páginas y está escrito en inglés. La agencia explicó que para realizar la evaluación siguió como metodología "requerimiento de información; carta a la gerencia; revisión de documentos y evaluación del registro electrónico de reglamentos del Departamento de Estado con relación al tiempo de vigencia de los reglamentos. Las áreas analizadas en cuanto a reglamentos fueron compras, subastas, propiedad y equipo, flota de vehículos, junta de directores, pre intervención de facturas y manejo de documentos fiscales; información de seguridad cibernética, servicios de la entidad, recursos humanos de carrera, expertise y criterios de eligibilidad y recursos humanos de confianza. El estudio de OIG reveló que hasta 44 entidades presentaban normativas internas que no habían sido revisadas en un período razonable, 15 afectando 327 normativas internas dentro de las 86 entidades evaluadas.16 Además, 35 entidades carecían de normativa en una o más áreas operacionales fundamentales, lo que comprometida la eficacia de sus procesos administrativos y el cumplimiento con los principios de sana administración pública. La OIG armoniza en su Informe las nuevas políticas de la actual administración de gobierno como es la creación de IDEA, a imagen y semejanza de la agencia “DOGE” creada por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump. Entretanto, el primer informe de IDEA, con fecha del 27 de junio, no establece metodología y repite el hallazgo del 90 porciento de los reglamentos que no han sido revisados. De las 57 páginas, por lo menos 37 son anejos que incluyen las ordenes ejecutivas relativas a IDEA y un listado de agencias públicas con sus oficiales a cargo. El informe trae como nuevo las diez agencias con más reglamentos sin revisar y las 19 agencias que tienen reglamentos que han sido enmendados en dos ocasiones. "El estudio reveló que hasta 44 entidades presentaban normativas internas que no habían sido revisadas en un período razonable, 15 afectando 327 normativas internas dentro de las 86 entidades evaluadas.16 Además, 35 entidades carecían de normativa en una o más áreas operacionales fundamentales, lo que comprometía la eficacia de sus procesos administrativos y el cumplimiento con los principios de sana administración pública", lee el informe. de IDEA que no establece metodología y en su lugar lee: "Un análisis del repositorio normativo del Departamento de Estado de P.R. reveló las siguientes conclusiones". Como nuevo, el Informe Núm. 1 de IDEA trae además 'iniciativas' a saber; Integración de las Bases de Datos De La Administración con la ampliación del Sistema Ideal y la Ampliación y Colaboración con el PRITS en la Integración de la Inteligencia Artificial en los Procesos de Administración; Colaboración con la Legislatura; Colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Junta de Planificación de PR y la Oficina de Gestión de Permisos. A las 8AM en Noticias con Café traemos más información y análisis sobre esta historia.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La citación de la ex secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia es consecuencia de una pesquisa que se inició en la Oficina de Ética Gubernamental sobre la orden administrativa que busca dar concesión a los caseteros de La Parguera y que ella dejó cuando se fue de la agencia en diciembre y su sucesor firmó tan pronto fue designado el nueve de enero de este año. La orden, cuestionada incluso en el proceso de confirmación del hoy Secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez en el Senado, archivaría procesos sobre violaciones al Reglamento 4860 que reglamenta todo lo que tiene que ver con la #zmt y el #bdp y por lo que son querellados los suegros se la gobernadora, Jenniffer González Colón, José del Carmen Vargas e Irma Llavona por una construcción en La Parguera en Lajas. Caseta suegros de la Gobernadora en Parguera. En septiembre de 2023, el DRNA inició querella administrativa contra el matrimonio, que conllevarían multas de hasta $25,000  por causarle daños a la zona en medio de una rehabilitación de una caseta y extensión de su huella. Fuentes de entero crédito aseguraron a Bonita Radio que Rodriguez Vega sería entrevistada en la OEG en mayo y la citación fue cancelada ante el hecho de que “Justicia se llevó el caso” y dejó fuera a la agencia anti corrupción. El referido a Ética lo hizo en enero el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, cuando solicitó a Justicia que emitiera una opinión legal sobre la orden administrativa. Fue imposible conseguir al director de la OEG, Luis Pérez Vargas, para obtener una reacción sobre la investigación toda vez que se encontraba en un compromiso personal, dijo su portavoz de prensa. Por la OEG ya desfilaron como testigos por lo menos, dos empleados de carrera del DRNA, a saber, la abogada principal, Mildred Sotomayor Bourbon y el director de la Oficina de Examinadores, Samuel Acosta. También fue citado y compareció el secretario auxiliar de Conservación y Biodiversidad, Farel Velázquez Cancelar. Licenciada Mildred Sotomayor Bourbon Otro que fue citado a la OEG, fue el ex secretario interino de la agencia, Roberto Méndez Martínez, quien tuvo en sus manos el proyecto de orden administrativa. Su citación también fue cancelada por la OEG. Al centro, Robert Méndez Martínez y a su derecha, Samuel Acosta Méndez Martínez tuvo ante sí el escrito de orden cuando sustituyó a la Secretaria Rodríguez Vega mientras estaba en maternidad. A su llegada, Rodríguez Vega nunca la firmó y completó su término como Secretaria en diciembre del 2024. Se alega que quien redactó la orden fue el director de Examinadores y activista de la campaña de Jenniffer González, Acosta. Acosta en la Asamblea del PNP en agosto del 2024. Al día de hoy el enigma es por qué se cita a Rodríguez Vega si la orden administrativa fue firmada por Quíles Pérez en su primera gestión a su llegada al gobierno de González Colón. De hecho, la propia Gobernadora dijo el pasado mes de enero que la orden ya estaba redactada cuando su designado llegó a la agencia y alegó que Rodríguez Vega no la puso en vigor porque “iba en contra de la persecución” que supuestamente tenía contra sus suegros porque ella retó a Pedro Pierluisi a la gobernación. La Division Legal del DRNA planteó en su día que la orden era contraria a las disposiciones que cobijan y protegen una Reserva Natural como La Parguera, entre otros el Reglamento 4860. A las 11 en Esto es lo último más información y análisis sobre esta historia.