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El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Recursos Humanos Federal, tienen desde el 2023 información de uno de los contratistas que hoy es parte de los que se alega favorece la secretaría de la gobernación en La Fortaleza y que acumula $16.1M en contratos con la actual administración Esta investigación es auspiciada por Fundacion Periodismo Siglo 21 Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Agentes del Negociado Federal de Investigaciones y de la Oficina del Inspector General Federal del Departamento de Recursos Humanos Federal (OIG-HHS, por sus siglas en inglés), tienen información, desde el 2023 y el 2024, respectivamente, de un alegado patrón que se dio en la Administración para el Cuidado Integral de la Niñez (ACUDEN) con contratistas allegados a la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) que incluye a JJ Investment, corporación que recibió un pago por adelantado por servicios no prestados. A ambas agencias anti corrupción llegó información de que en contrataciones con fondos de la American Rescue Plan del 2019 (ARPPA), se incluía material promocional de la agencia y el compra de anuncios en vallas publicitarias sin que se tuviera evidencia de que se utilizaron para fines públicos. La información en poder de las autoridades federales, se asegura que incluyó por lo menos siete transacciones con fondos federales que involucró a contratistas donantes del PNP, entre ellos JJ Investment, que actúa como agencia de publicidad y organizadora de eventos, propiedad de José José Pabón Castrodad. Pabón Castrodad ha aportado $37,450 desde el 2019, de los cuales $33,900 se dieron entre el 2021 y el 2025 al PNP; al ex gobernador, Pedro Pierluisi; la gobernadora, Jenniffer González; al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y al alcalde de San Juan, Miguel Romero. Llama la atención que entre el 2019 y el 2021, Pabón Castrodad aportó donativos de $100 y solo uno de $500. Los donativos a partir del 2022, se dieron desde $1,000 hasta el máximo permitido por ley en un año, de $3,300. Entretanto, JJ Investment, una de las que se alega tiene contratos en agencias públicas por instrucciones del secretario de la gobernación, Francisco Domenech, recibió sobre $208K en fondos federales en el 2023 como pago por adelantado de un trabajo que realizaría en ACUDEN, mientras era el jefe Roberto Pagán Santiago, hoy contratista de la actual administración de gobierno a través de una corporación que creó a dos meses de las pasadas elecciones del 2024. Las denuncias del ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, de que La Fortaleza pidió que se le diera a JJ Investment un contrato que ya había sido adjudicado a DG Media en esa agencia, ponen de manifiesto que los amigos del contratista también pulularon en la administración del ex gobernador, Pedro Pierluisi. Una investigación de Bonita Radio publicada en enero de este año, trajo el resultado de una auditoría de los fondos federales en ACUDEN y que realizó de un auditor externo, que descubrió que Pagán Santiago autorizó un desembolso de $208,883.33 a pesar de que la Directora de Finanzas, Doris Jiménez, se negó a hacer el desembolso al contratista por ser contrario a la reglamentación federal. Jiménez tiene una demanda federal desde el año pasado luego de que alega sufrió un patrón de represalias en la agencia donde labora desde el 2015 como empleada de carrera y Directora de la División de Finanzas, cuando denunció las transacciones irregulares en el pago a contratistas, todos allegados al partido de gobierno. Bonita Radio cojfirmo que el contratista al que se le pagó por adelantado, fue JJ Investment y que el FBI tiene esa información desde noviembre del 2023, que coloca a la administración de Pagán Santiago - bajo la secretaría de Ciení Rodríguez Troche - aprobando y pagando a manos llenas contratos que era enmendados para aumentarse, extender vigencia o reagrupar las cifras y asignar otras cuentas o fuentes de pago. Tres meses más tarde, en específico en febrero del 2024, el agente a cargo del OIG de HHS en PR, José L. Soto, tuvo información sobre ese caso y otras seis transacciones con fondos ARPA, habidas en el pago de contratos entre los que figuraban también los que se otorgaron a Ecoval, la firma de la que se alega era dueño el hoy ex director de COR3, Eduardo Soria. Mientras Soria fue jefe de COR3 hasta el pasado mes de junio, Ecoval mantuvo contratos con el gobierno de Jenniffer González, que venían desde la administración Pierluisi, entre ellos dos con ACUDEN que tuvieron enmiendas entre el 2023 y el 2024. Las enmiendas se dieron en el contrato 2024-664 "para efectos de desglosar la nueva distribución para el uso del remanente de los fondos previamente delegados". El contrato del 2024-608 se enmendó "con el objetivo de extender el término de vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre de 2024, y para asignar fondos de una cuenta vigente para cubrir el remanente de los pagos por los servicios acordados bajo el Contrato durante su extensión. Los fondos asignados a través de dicha enmienda A al Contrato no constituyeron una asignación de fondos adicionales a los asignados bajo el contrato original, si no que fue la cantidad obligada bajo la nueva cifra de cuenta identificada para realizar los pagos por los servicios pendientes". Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicada el martes reconfirmó que en el caso de JJ Investment, los contratos fueron avalados por el entonces administrador de ACUDEN, Pagán Santiago y que "en al menos tres ocasiones, Pagán Santiago solicitó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que le permitiera la contratación directa de JJ Investment sin pasar por el proceso de competencia que impone la Orden Ejecutiva para contratos de servicios por más de $250,000. La OGP lo aprobó todas las veces". LLama la atención que en febrero del 2024, el contrato de JJ Investment, 241-2024-000586 - con vigencia de septiembre del 2023 a septiembre del 2024, se enmendó en febrero del 2024 para darle continuidad a los servicios de campaña de publicidad de tres programas federales, a saber, Head Start/Early Head Start y Child Care and Development Fund y recalcular los costos de producción y el pago de pautas en medios. Foto del perfil de LinkedIn de Raymond Cruz Hernandez La pesquisa periodística del CPI establece además que el contacto de JJ Investment en algunos de los contratos que tienen con el actual gobierno es Raymond Cruz Hernández, un ex recaudador de fondos del ex gobernador, Ricardo Rosselló Nevárez, que fue director político de su campaña del 2016 y se convirtió en su Director de la Oficina del Gobernador en La Fortaleza. Cruz Hernández tiene en su perfil de la red de network profesional, Linkedin, que trabajó en JJ Investiment entre el 2014-2016.

El veterano baloncelista y ex dirigente del Equipo Nacional, Flor Meléndez, es uno de los demandantes de las comunidades circundantes a donde se instalaron dos asfalteras portátiles que tiran al aire dióxido de fósforo y su construcción en el Mogote Santa Ana ha provocado deslizamientos del terreno. Alegan la segunda no tiene permiso. Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Un grupo de 11 residentes de comunidades aledañas a DB Asphalt en Bayamón presentó una demanda contra el alcalde Ramón Luis Rivera, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) municipal y estatal, dos ingenieros y tres corporaciones, para exigir la anulación de los permisos de la asfaltera y la demolición de una segunda estructura de almacenamiento. Los demandantes alegan que la planta opera ilegalmente al pie de la reserva Julio Monagas y exponen riesgos por emisiones de contaminantes en la zona. Los demandantes, el primero en la lista, el ex dirigente del equipo nacional de baloncesto masculino de Puerto Rico, Flor Meléndez, alegan que por la operación de la asfaltera desde el 2023, "han sufrido, sufren y que están en riesgo inmediato e inminente de sufrir daños a vida, salud y o seguridad de ellos y sus propiedades, y su medioambiente, por la planta dosificadora de asfalto, portátil; porque, con su construcción y operación, afectaron estructuralmente el Mogote Santa Ana" Las súplicas al foro judicial, por voz del licenciado Jesús Morales Irizarry, representando a la Practica Legal Compensada de la Corporación de Servicios Legales, es que se (1) declare inconstitucionales disposiciones de tres leyes especiales con relacion al ambiente (2) declare “HA LUGAR” al interdicto estatutario que se solicita, ordenando la revocación del (de los) permiso(s) de construcción de la facilidades de producción de hormigón asfáltico objeto de esta acción y la paralización del uso de la dosificadora de asfalto en esa finca por violación al debido proceso de ley y los daños que sufren a la salud y seguridad de los Demandantes y su medio ambiente y (3) ordene la demolición -efectivamente, traslado, porque es portátil- de la construcción del segundo silo porque el mismo no cuenta con los debidos permisos para su construcción y uso, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda". Los demandantes llamaron la atención que "en octubre de 2024, la EPA propuso determinar, finalmente" que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no cumplió con convenio firmado en el 2018 (“Failure to Attain”) "y se encuentra en el proceso de determinar cuál será el proceder para lograr el cumplimiento con los niveles de contaminación del barrio, y áreas aledañas. Además, "los Co-Demadantes alegan que la actividad de la asfaltera ha contaminado el pozo de agua potable de la AAA, a poco más de 300 metros de la planta, y del Río Bayamón, a menos de un kilómetro de la misma planta, por los polvos fugitivos y otros contaminantes de la última; y que no se tomaron en consideración para la aprobación de los permisos". Bayamón ha sido uno de los municipios afectados por las recientes averías de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y mientras el Alcalde novoprogresista ha insistido en la negligencia de la agencia pública, tiene a la asfaltera contaminando el agua que se sirve en el municipio, según las alegaciones de vecinos del sector Juan Sánchez. Entretanto, los demandantes alegaron que están afectados por el efecto nocivo de la asfaltera al aire, "en un área que ya excede los límites de Material Particulado (PM por sus siglas en inglés) de dióxido de azufre (SO₂) permitidos por los estándares de calidad del aire y limitación de emisiones (“Air Quality and Emission Limitations”) del Clean Air Act", que incluso mantiene pendiente un caso pendiente po. adjuicar por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés)/ Uno de los expertos que trabajó la evaluación ambiental para la asfaltera resulta ser el ingeniero químico, Alejandro Pinto Flores, quien hoy corre para vice presidente del Colegio de Ingenieros de PR en la próxima Convención a celebrarse del 13 y 16 de agosto próximo. . Las acciones concretas que ha producido la construcción desde el 2023, se extienden pero no se limitan, al fuerte olor que describen como “brea”; vehículos y propiedades se cubren de cenizas desde que comenzó la operación de la planta dosificadora de asfalto en su vecindad y sus casas por dentro, se llenan de cenizas que estos identifican como provenientes de la asfaltera -lo que no sucedía antes que se instalara la asfaltera y que daña el interior de sus residencias". La demandada establece que el mogote Santa Ana está "expresamente protegido por la Ley Núm. 180; la Ley Núm. 292, de protección de la fisiografía cársica, y por la Ley Núm. 111, porque el mogote Santa Ana contiene cuevas identificadas y la asfaltera ubica en parte sobre la Franja de Amortiguamiento de la Zona Restringida (APE-RC)". Vecinos de las comunidades aledañas, incluidas las urbanizaciones, Villa España, River Park , Vista Bella, Sierra Bayamón, Bayamón Gardens y el condominio Riverside Plaza, entre otros, solicitan un Interdicto Estatutario para que se revoque el permiso. En el escrito de 37 páginas se alega que, "por información y creencia, esta planta portátil fue instalada inicialmente en el Barrio Guaraguao del Municipio de Guaynabo, y luego desmontada y trasladada a su ubicación actual; como parte de una facilidad que ubica parcialmente sobre la falda del Mogote Santa Ana del Parque Julio Enrique Monagas en Bayamón". Los ingenieros, José C. Marquez Dávila y José Cabiya, quienes tuvieron a su cargo las obras de construcción, figuran como demandados, así como Industrial Investment, de los ingenieros José L. y Jorge Ortiz Serrano, ambos dueños de DB Asphalt entidad que inició los procesos de permisos ante la Oficina de Permisos del Municipio y promovió la construcción. Alegan los demandantes que la información que ofreció DB Asphalt en su Memorial Explicativo para obtener el permiso de construcción y, luego, de uso expresa, mediante el mecanismo de certificación de permiso por ingeniero, que la dosificadora de asfalto era un uso permitido en Distrito de Calificación Industrial Pesado (I-P). "Sin embargo, la dosificadora de asfalto no es un uso permitido en dicha clasificación I-P, ni siquiera por vía de excepción, ya que es un uso expreso para Distrito de Calificación para Industria Especializada (I-E), véase, expresamente, “Dosificadora de hormigón o asfalto” (énfasis suplido) en la Tabla 6.59 (de “Usos permitidos en Distrito I-E”) en la sec. 6.1.14.2, Reglamento Conjunto de 2020 (DEROGADO), pero que estaba vigente al momento de otorgar el permiso, y cuya sección se mantiene intacta, sustantivamente, en el Reglamento Conjunto de 2023, vigente". Ante esto, plantean que "la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Bayamón violó el debido proceso de ley al autorizar como un permiso ministerial bajo el supuesto erróneo de ser un uso permitido. La Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Bayamón se excedió en sus facultades delegadas al conceder un permiso que está, a todas luces, en contravención del Reglamento Conjunto; incumpliendo con sus disposiciones sustantivas", sostiene la petición de Interdicto en sus páginas nueve y diez de la demanda. Sobre una segunda planta y posterior a la obtención del permiso antes indicado, en el 2025 "hubo una construcción de una segunda dosificadora de asfalto portátil en los mismos predios, que hoy día está en operación y funcionamiento. Pero, según la investigación y documentación de los demandantes "esta segunda dosificadora, colocada visiblemente al lado de la anterior aprobada, no cuenta con ningún permiso de construcción para su erección, ni un permiso de uso para su funcionamiento". A las 8AM más información y análisis en Noticias con cafe.

Con la aprobación de un proyecto de la administración del alcalde penepé en San Juan, Miguel Romero, la legislatura Municipal cedió el poder de fiscalización a su gobierno en momentos en que pretenden enajenar hasta por 90 años el Parque del Tercer Milenio en El Escambrón Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Legislatura Municipal de San Juan se dispone a aprobar un proyecto del alcalde, Miguel Romero, que tiene el efecto de enajenar por 90 años el Parque del Tercer Milenio en el área de El Escambrón, sin celebrar vistas públicas, sin subasta y adjudicándolo a una corporación privada que hoy tiene contratos con el Municipio y con el Departamento de Seguridad Pública. Una corporación identificada como Smart Parking LLC, sería la agraciada según el Proyecto de Administración Núm. 55. La empresa tiene registro en el Departamento de Estado desde el 12 de junio de 2015, a nombre de Marino De León Taveras. Llama la atención que el empresario y hoy "embajador" del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Miguel Cabral Veras, inscribió una corporación con el nombre de Smart Parking System el 24 de septiembre del 2014 y la misma fue disuelta mediante resolución, el 19 de marzo del 2015. Cabral Veras, hoy Director Ejecutivo de la Comisión Mixta Bilateral República Dominicana - Puerto Rico, bajo el mencionado Ministerio, es un donante activo de Romero y del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Con ese último se reunió en agosto del año pasado en el Capitolio. Bonita Radio preguntó a la oficial de prensa del municipio si Cabral Veras guarda alguna relación con el proyecto de estacionamento del Parque del Tercer Milenio y al cierre de esta edición no habían contestado. Reunion de Cabral Veras (primero de izquierda a derecha) con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y una delegación de la República Dominicana. Foto: Del muro de FB, TRS. La empresa American Parking, en la que es socio Miguel con su hermano Rolando, firmó un contrato en el 2024 con el Municipio precisamente por el predio de estacionamiento que opera en el predio de El Escambrón por unos $800 Mil en cinco años. Entretanto, a la aprobación de la construcción de un estacionamiento de 950 plazas en el Parque del Tercer Milenio le antecede el Proyecto de Ordenanza 43 que pone de manifiesto el poder absoluto con que se está operando en la Alcaldía de Romero, quien se especula es uno de los candidatos a retar a la incumbente del PNP en la gobernación, Jenniffer González Colón. El plan de construir el estacionamiento en el Parque cuya titularidad fue traspasada por el gobierno de Estados Unidos al municipio en el 2011, se da luego de que el pasado 24 de junio, la mayoría del PNP en la LMSJ diera el visto bueno al PO 43 que delegó en un Comité la otorgación de decretos o incentivos contributivos para proyectos que diz que contribuirán al desarrollo económico sin que pasen por el análisis, evaluación y fiscalización del poder legislativo. La plancha a favor de la administración municipal se verifica cuando el proyecto aprobado establece que todos los miembros del Comité serán nombrados por el Alcalde Romero. Hoy el sistema democrático de balance de poderes, que opera entre el Ejecutivo y el Legislativo Municipal, cuenta con la intervención de las minorías del Partido Victoria Ciudadana y del Partido Popular Democrático (PPD). El proyecto 43 o “REGLAMENTO DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD CAPITAL” fue aprobado en la sesión del pasado 17 de junio - el mimso día en que recibió un Informe Positivo de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto que preside, Ada Clemente - con el voto en contra de la minoría. Fue radicado el 21 de abril de este año. Legisladora Municipal, Ada Clemente La pieza legislativa establece que el Comité que recomendará al Alcalde los proyectos "será presidido por el Director del Departamento (de Desarrollo Económico) y contará con dos (2) miembros en propiedad adicionales y un (1) miembro alterno", todos designados por el Alcalde. Estos servirán en tal capacidad de manera ad honorem. "El miembro alterno podrá sustituir a cualquiera de los miembros en propiedad en caso de ausencia o inhibición y contará con los mismos derechos de participación y voto mientras actúe como sustituto" ENAJENACIÓN DE PATRIMONIO SIN VISTAS PÚBLICAS Y SIN EXPLICACIONES Esta es la segunda ocasión en que el alcalde novo progresista de San Juan intenta enajenar predios de El Escambrón. La primera vez fue en el cuatrienio pasado cuando llegó a suscribir un contrato de 30 años con el empresario de la Ley 60, Ezray Eshay, dueño de El Normandie, que incluía un estacionamiento soterrado y un pabellón de eventos. Hoy y en un proyecto que a todas luces iría a beneficiar al Normandie, la LMSJ aprobaría un informe positivo del Proyecto O55 para construir un estacionamiento a favor de la empresa Smart Parking LLC, del también donante del PNP, De León Tavares. El pasado viernes 26 de junio, la legisladora municipal por el PPD, Ingrid Colberg, solicitó a la Presidenta de la Legislatura, Gloria I. Escudero Morales que sobre ese proyecto entregue: 1. Escritura pública número 12 de 15 de julio de 2011, mediante la cual el Municipio adquirió la parcela de la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico, incluyendo cualquier restricción de uso, condición, reversión o limitación que dicha escritura imponga sobre el destino del bien; 2. Estudio de Título reciente; 3. Justificación específica y documenta da para eximir el Proyecto del requisito de subasta pública, incluyendo el fundamento legal por el cual se entiende que la transacción propuesta encaja en alguno de los nueve supuestos taxativamente enumerados en los incisos (a) al (i) del Artículo 2.021 del Código Municipal, o, alternativamente, el fundamento por el cual se entiende que el Artículo 2.030 puede invocarse para crear una excepción adicional a esa lista cerrada, y evidencia de si se evaluaron alternativas o propuestas competidoras; 4. Identificación gráfica en mapa o plano georeferenciado del área total del Parque, que distinga con claridad: (a) la porción que constituye bien de dominio público; (b) la porción que constituye bien de uso público municipal; y (c) la porción que forma parte de la zona marítimo-terrestre, conforme al deslinde correspondiente del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales", entre un total de 12 documentos que acrediten que el municipio tiene entre otras, la autoridad legal para enajenar el terreno una propiedad pública. Además, Colberg solicitó que "convoque y celebre Vistas Públicas sobre esta medida antes de rendir su informe, por entender que el asunto reviste un alto interés público que no puede atenderse adecuadamente mediante la sola evaluación interna de la Comisión". Por su parte, las legisladores de MVC plantearon mediante comunicado de prensa que “lo que está en juego trasciende un estacionamiento. Estamos hablando del futuro del litoral sanjuanero, del acceso equitativo a nuestros espacios públicos y de la responsabilidad que tiene el gobierno municipal de proteger un patrimonio que pertenece a toda la ciudadanía. El desarrollo no puede servir de excusa para privatizar lo que es de todos”. La Oficina Legal del Municipio, por voz de su directora, Vanessa Jimenez Cuevas, emitió una opinión de dos páginas en la que justifica que no se celebre subasta para el proyecto, alegando que "el derecho de superficie dispuesto en la Ordenanza se autoriza sin sujeción al requisito de subasta en consideración al interés público que representa el mejoramiento de las facilidades, proveer de áreas adecuadas y suficientes de estacionamiento a los visitantes, mejorar la seguridad en el exterior de las instalaciones eliminado o reduciendo la congestion vehicular, fomentar la actividad económica de la zona a traves de la recreación ambiental y eco-amigable de manera responsable y al ahorro por concepto de mantenimiento que este representan al Municipio dentro del área propuesta". La Abogada cita el artículo 971 del Código Civil del 2020. El presidente de Smart Parking, De León Taveras firmó un contrato por $15K entre el 12 y el 15 de junio con el municipio de San Juan. El documento no está publicado en la página de la Oficina del Contralor. Además, tiene otro por $150mil - entre agosto 2025 y julio 2026 - para administrar el estacionamiento del edificio de LUMA Energy en Santurce y otro con el Departamento de Seguridad Pública por $345 Mil entre agosto del 2025 y julio del 2027, para proveerle 150 estacionamientos a los empleados de esa agencia en el número 576 de la avenida Arterial B de Hato Rey. A las 8Am en Noticias con Café habrá más información y análisis sobre esta historia.

Un Memorando en Oposición a Certiorari en un caso que data del 2025 y que tiene como abogados al ex gobernador Luis Fortuño Burset y a dos ex jueces del Tribunal Supremo, deja caer que puede haber imputaciones éticas contra los últimos dos toda vez que participaron de decisiones relativas al pleito Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El ex juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton y el ex juez asociado, Edgardo Rivera García, estarían siendo señalados por conducta anti ética luego de que participaran como miembros de Alto Foro en un pleito que data del 2005 y ahora funjan con otros siete abogados que incluye al ex gobernador, Luis Fortuño, en la fase de apelación de la cuantía de daños e intereses adjudicados por temeridad. La alusión a posible conducta anti ética de ambos ex Jueces, uno retirado desde el 2014 (Hernández Denton) y Rivera García, el tres de enero del 2025, se da en el contexto de una revisión de sentencia del Tribunal de Apelaciones que solicita Ramón Cacho Pérez en el caso contra el empresario ponceño, Robert J. Hatton Gotay, que se dio en abril de este año y que tuvo el efecto de rebajarle unos $15M de una sentencia que suma sobre $40M por un probado patrón de engaño en un contrato de negocios. El caso fue radicado en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce en el 2005 ante el juez Pedro J. Polanco y resuelto en su totalidad tras la adjudicación de daños, en verano del 2025, por la jueza Lynette Ortiz. Las vistas para adjudicar daños se dieron entre enero del 2023 y junio del 2024, con desfile de prueba pericial que incluyó a la economista Heidi Calero, por parte del demandante. La controversia de fondo y que fue resuelta a favor de Cacho Pérez, versó sobre "las reclamaciones que consistieron en que el Sr. Hatton forzó a Cacho a celebrar un contrato simulado llamado "Stock Option Agreement" suscrito el 23 de julio de 2003 para encubrir un préstamo con intereses usureros, quien dolosamente incumplió con sus obligaciones, apoderándose de una finca causando daños y perjuicios". El caso atendido por el juez Polanco entre el 2005 y el 2009 dejó una sentencia de diciembre del 2009 en la que se planteó que: "El Tribunal quedó plenamente convencido de que se trata aquí, de un esquema doloso (engaño, fraude, mala fe) concebido con anticipación a la contratación y llevado a cabo con extraordinario éxito. Claramente viene el demandado a responder por todos los daños derivados de su conducta". Cacho Pérez radicó una Petición de Certiorari el pasado 12 de junio y el pasado jueves 18, la defensa de Hatton Gotay, por voz del licenciado Ramon Rosario Cortés, descubrió en parte lo que intimaron parece ser la interposición de una queja contra los Ex Jueces. Ambos letrados, Hernández Denton, hoy de 82 años y Rivera García de 71, comparecen al caso después de julio del 2025 cuando bajó la sentencia con la adjudicación de daños. Rivera García es hoy 'special counsel' del bufete MZLS, del cabildero del Partido Nuevo Progresista (PNP) y contratista del Senado, Anthony Maceira Zayas. En la página 14 del escrito en Oposición, la defensa de Hatton Gotay alegó que Cacho Pérez "recurre a ataques laterales contra los abogados de Hatton", para fundamentar el pedido de que se restituyan los daños por temeridad. El caso ha tenido intervenciones de los foros apelativos en por lo menos nueve ocasiones, dos de ellas ante el Tribunal Supremo, en las que intervinieron tanto Hernández Denton como Rivera García, según la defensa hoy de Cacho Pérez, el licenciado Juan Medina. ANTECEDENTE DE 'PERSONALITIES' JUDICIALES Asimismo, las alegaciones de Hatton Gotay sobre a lo que alega vienen los ex jueces del Supremo no son nuevas. En el 2011, en medio de un caso criminal contra Cacho Pérez y su padre, Ramón Cacho Tossas, por los mismos hechos alegados en la demanda, el abogado de los acusados, Eric Quetglas, llamó la atención de que fueron imputados de delito tras recibirse la sentencia a su favor. Al inicio del caso en el 2005, representaron a Cacho Pérez, Quetglas y el ex gobernador, Rafael Hernández Colón. El primero dijo a El Nuevo Día, "me sentaron al ex gobernador, Carlos Romero Barceló. Y trajeron al ex juez del Supremo que se retiró, Efrain Rivera Pérez". Aqúi las expresiones de Quetlas a END en un pasillo del Tribunal de Ponce. El caso fue archivado. En defensa de Hatton Gotay, pasó el ex gobernador Romero Barceló y el ex juez del Supremo, Rivera Pérez (RIP), quien llegó a una vista, dos semanas más tarde de que renunciara a su posición de Juez Asociado en julio del 2010 y siete meses más tarde de que bajara la primera sentencia en el 2009 y que fue ratificada por el TA en el 2011. ALEGACIONES CONTRA LOS EX JUECES HD Y RG "Los autos demuestran que la parte apelada contrato los servicios legales de dos (2) exjueces del Tribunal Supremo luego de conocer la determinación de la Resolución/Sentencia del 15 de julio de 2025. La representación legal de los recurridos tiene pleno conocimiento de la intervención como jueces de dos (2) de sus abogados, pero al parecer le restan importancia que se trata de un asunto muy serio y delicado que no debería tomarse livianamente porque pone en riesgo la credibilidad e integridad de nuestro ordenamiento jurídico y la justicia", lee la Petición de Certiorari de Cacho Pérez. Añade que en el caso Cacho Perez v. Hatton, 195 DPR 1 (2016), relacionado a los embargos preventivos que se concedieron como remedio provisional en aseguramiento de sentencia la Sentencia dictada fue suscrita por el entonces Juez Asociado, Hon. Edgardo Rivera García, "casualmente ahora abogado de la parte recurrida en el presente caso. Además, fue un caso atendido por el pleno del Tribunal Supremo que incluyó al entonces Juez Presidente Hon. Federico Hernández Denton, quien ahora también figura como representante legal de la parte recurrida. Hasta de los abogados se puede determinar proceder temerario". La intervención de Hernández Denton se alega se dio en el 2009. "El simple hecho que formen parte de la representación legal de la parte recurrida demuestra una actitud temeraria que provoca una continuación de la litigación y gastos innecesarios para que sean descalificados. La situación se agrava cuando aun teniendo el conocimiento que actuaron como Jueces en el presente caso, aceptan ser abogados de la parte que favorecieron mediante el caso 195 DPR 1 (2016) y han omitido el reclamo de la parte apelada solicitando su renuncia. Causa mucha sospecha que dicho caso fue uno de los utilizados en su apelación ante el TA para alegar que no existe temeridad porque le dieron la razón". PRUEBA DE INTERVENCIÓN DE RIVERA GARCÍA Bonita Radio constató que en mayo del 2016, Rivera García suscribió la decisión del TS en cuanto a los planteamientos procesales relacionados a la doctrina de la Ley del Caso (principio procesal que establece que las determinaciones de derecho y conclusiones de hecho emitidas por un tribunal apelativo en un caso particular constituyen la norma vinculante para ese mismo procedimiento. Obliga tanto al foro de instancia como al propio tribunal apelativo si la controversia regresa a su consideración) y a los relativo a un embargo preventivo para aseguramiento de sentencia. En su opinión, Rivera García ordenó se devolviera el caso al TPI de Ponce para la fase de adjudicación de daños. En su oposición de 20 páginas a la Petición de Certiorari, Rosario Cortés, hace silencio sobre esa sentencia que fue emitida el 16 de mayo del 2016. Entretanto, en la página 16 a la 18, Rosario Cortés trae un asunto ético que tuvo Cacho Pérez por no mantenerse al día en cuanto al Programa de Educación Jurídica Contínua lo que le valió el desaforo. "La parte recurrida no invoca ese historial para convertir este recurso en un incidente disciplinario ni para desplazar el análisis jurídico. Lo invoca porque Cacho Pérez abrió esa puerta al pretender que la comparecencia profesional de los abogados contrarios tenga algún valor probatorio en la controversia de temeridad". La discusión sobre los méritos de la controversia, si deben restituirse la suma de la sentencia por concepto de temeridad, le toma a Rosario Cortés, unos cinco pliegos que incluyen justificar el retraso del caso por los huracanes que pasaron por la Isla en los últimos 15 años; los peritos que llevó Hatton a la vista de daños que incluyó geólogos, economía y calidad de arena. Planteó además que si "Cacho entendía que existía algún asunto ético, conflicto o fundamento de descalificación, tenía que plantearlo con el vehículo procesal correspondientes, con la prueba y el remedio adecuados". En su petición de Certiorari, en 71 páginas, la defensa de Cacho Pérez reconstruye el juicio y las intervenciones de apelación incluso las ocasiones en que los demandados cuestionaron las regrabaciones de procedimientos aprobadas por el Tribunal.

Esto no se puede monopolizar con reglas básicas de participación que se reducen al poder del presidente de la comisión investigadora, que coincide con el autor de la medida y que pudiera coincidir con el principal adversario político del autor. Por Ariel Nazario Abogado Ex Secretario del Senado Y Secretario Ejecutivo Comisión Investigadora Caso Cerro Maravilla El poder de investigación es amplio, pero no absoluto. Debemos tener presente que las cámaras legislativas, además de su principal función, legislar, y , sus amplios poderes de investigación y su capacidad hasta para definir lo que es o no conducta aceptable, - la conducta que te puede llevar a la cárcel - no tiene una responsabilidad adjudicativa. Esa función – con buenas o malas consecuencias – fue delegada por los constituyentes en el Poder Judicial. Recordemos que la forma republicana de gobierno y, en consecuencia, los principios de la separación de poderes de nuestra constitución están condicionados por los términos de la ley federal que autorizó la adopción de la Constitución del ELA; que, aunque ambas tienen rasgos del propio proceso parlamentario clásico, constituyen una fórmula de gobierno única. La nuestra por ambición ideológica, y por razones culturales, con más ambiciones sociales como lo es el derecho a la educación pública y otras aspiraciones contenidas en la Carta Magna. La naturaleza política de la controversia. El proceso anunciado por el Senado que preside Thomas Rivera Schatz contiene cortes político-partidistas que no se pueden esconder. Incluso, en el ambiente político la autoridad senatorial ha calificado a algunos protagonistas de los muchos incidentes que las agencias investigadoras con tanto cuidado insisten en compartir la responsabilidad y con “mucho gusto” esperarán porque el o la otra, opine primero. Es decir, se reparte el plato y al final tienes una presa desmembrada y nadie dándole organización estructurada al asunto. Por lo tanto, tiene que hacerse un esfuerzo por darle precisión e identificación puntual de los objetivos a investigarse. Por tal razón, me parece que el Senado no tiene que adherirse al contenido de una primera resolución autorizante. En 1981 - en el proceso de investigación de los asesinatos del Cerro Maravilla - hubo unas tres resoluciones, dos de las cuáles fueron la primera de naturaleza urgente tratando de asegurar la entrega de evidencia, y la segundo, dándole una estructura con mayor sentido jurídico, como base de todo lo que ocurrió después. Habiendo expresiones previas que inciden sobre posibles – justificados o injustificados – prejuicios político-partidistas hacia testigos obvios de un proceso investigativo como lo es el de corrupción en el principal organismo promotor y motor del desarrollo económico del país, hay que desprenderse del coraje o sentido de caciquismo que convence a un legislador que puede decir y regañar a un funcionario público sin ninguna otra razón que no sea el objetivo político. Las minorías legislativas Hay que tener honradez histórica. El Senado controlado por el PPD en 1981-1985 específicamente, y sus asesores, estuvimos en desacuerdo con la solicitud que eventualmente termina con la decisión de Silva Iglesia v. Hernández Agosto (cita omitida). De ahí se abrió el camino que garantiza el acceso a las minorías más de lo que nos imaginamos. Incluso algunos sostenemos que sus implicaciones pueden ser mayores si consideramos, como tantos lo hacen, que nuestra constitución es una de avanzada. Incluso la garantía a la representación minoritaria para impedir el absolutismo de las mayorías siempre la hemos visto como muestra de este tipo de esfuerzo por promover una mayor participación de las minorías en el proceso político. Las implicaciones legislativas de la R. del S. 91 de 1981 (cita omitida) fueron muchísimas, no solo en el aspecto de mejoramiento de los procesos de investigación científica forense, la conducta de funcionarios públicos, el encubrimiento político, y el drama, que nunca está fuera de la realidad humana, produjeron reformas y le dieron un empuje al compromiso del país con la justicia y contra el abuso de todo tipo. Las implicaciones sobre la libertad de información, sobre la institucionalización de un proceso uniforme de acceso a la información balanceando el mínimo de legitimación activa que debe estar presente en controversias entre ramas de gobierno. Una causa de país Por lo tanto, creo que esta investigación anunciada debiera ser eventualmente una investigación bajo la Regla 14 del Reglamento del Senado. R. del S. 255 de 30 de junio de 2025, según enmendada, páginas 57-64. Lo anterior implica que los asuntos que se han planteado no son propiedad de un partido político, o un problema interno del partido de gobierno. Tampoco puede una investigación que ahora no solo involucra el uso partidista violando la ley de adjudicaciones de dinero y bienes públicos, sino también de acusaciones de intentos por manipular el principal proyecto económico del país para favorecer a aliados de la naturaleza que sea, en contra de normas básicas de buena administración pública. Esto no se puede monopolizar con reglas básicas de participación que se reducen al poder del presidente de la comisión investigadora, que coincide con el autor de la medida, que pudiera coincidir con el principal adversario político del autor. La Regla 14 impide que todo se convierta en un entretenimiento, en solo drama. Va a permitir que se den circunstancias para que sea el país completo el que aclare dudas mediante esta investigación, se rindan cuentas y de ser necesario, se propongan reformas serias que garanticen una gobernanza responsable. Y más que nada, siempre recordando que el Senado tiene una única función adjudicativa muy importante y de consecuencias específicas, el juicio político. Reza el artículo III, sección 21 de la Constitución de Puerto Rico: "La Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de iniciar procesos de residencia y con la concurrencia de dos terceras partes del número total de sus miembros formular acusación. El Senado tendrá el poder exclusivo de juzgar y dictar sentencia en todo proceso de residencia; y al reunirse para tal fin los Senadores actuarán a nombre del pueblo y lo harán bajo juramento o afirmación. No se pronunciará fallo condenatorio en un juicio de residencia sin la concurrencia de tres cuartas partes del número total que componen los miembros del Senado, y la sentencia se limitará a la separación del cargo. La persona residenciada quedará expuesta y sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo conforme a la Ley. Serán causas de residencia la traición, el soborno, otros delitos graves y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación. El Juez Presidente del Tribunal Supremo presidirá todo juicio de residencia del Gobernador". La mesa está servida. Habrá que ver si el Legislativo se comporta a la altura del orden Constitucional y democrático.

Por Rodrigo Otero Goyco Bonita Radio El martes, 5 de mayo de 2026, es una fecha que quedará grabada en la memoria de los puertorriqueños que conocieron la figura de José “Piculín” Ortiz. La sorprendente y dolorosa noticia de que el “Concord Boricua” había fallecido acaparó la atención de los medios de comunicación locales e internacionales, y se convirtió en tema de conversación durante todo el día y la semana. Parecía que todo el país estaba pendiente a las publicaciones y anécdotas sobre la vida y los momentos del “gran Picu”. Excepto La Fortaleza y el gobierno de Jenniffer González. Piculín fue un ídolo en Grecia, donde jugó en la década del 90. (Foto: Ismael Fernández) La reacción inicial de La Fortaleza se limitó a declarar un día de duelo. Pocas horas después, tras recibir críticas, la gobernadora extendió el duelo a tres días. Esta respuesta tardía y la falta de un mensaje de condolencia en nombre del pueblo de Puerto Rico no deberían sorprendernos. Los precedentes de González Colón sobre quién merece reconocimiento no siempre coinciden con el sentir de la mayoría de los puertorriqueños. Tan reciente como en diciembre del año pasado, la gobernadora decretó dos días de duelo por el fallecimiento de Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, una orquesta que por más de seis décadas ha sido embajadora de la cultura musical del país. Dos días. Las críticas no se hicieron esperar. Tres meses antes, González Colón había decretado cinco días de duelo por la muerte de Charlie Kirk, quien fue asesinado el 10 de septiembre en Orem, Utah, mientras hablaba ante una multitud en la Universidad Utah Valley. Cinco días para un hombre sin vínculo alguno con Puerto Rico, salvo compartir con la gobernadora afinidad política y su respaldo al gobierno de Donald Trump. Sin embargo, las diferencias entre los decretos de duelo por Piculín e Ithier, en comparación con el de Kirk, no representan el peor precedente de la hoy gobernadora de Puerto Rico. En 2006, cuando era representante a la Cámara por el Partido Nuevo Progresista, González Colón rindió homenaje a Julio “Julito” Labatut Escarra, un exiliado cubano vinculado en investigaciones del FBI por su participación en el asesinato de Carlos Muñiz Varela, joven cubano y líder del movimiento independentista en Puerto Rico, donde vivió desde su niñez. Labatut murió el 16 de agosto de 2007 en Florida, poco más de un año después del homenaje que la entonces representante le ofreció en el Capitolio. Tras su muerte, González Colón declaró: “Julito Labatut fue un luchador incansable de la liberación del pueblo cubano y de la estadidad para Puerto Rico. Hizo de nuestra Isla su segunda patria, destacándose exitosamente en el ambiente comercial, artístico, político y filantrópico”. Esa es la historia. Lo que ha sucedido en los últimos tres días, o mejor dicho, lo que ha dejado de suceder, es otra evidencia de la desconexión de la Gobernadora con el país.

La querella presentada ante el FEI por el ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico y que incluye las alegadas actuaciones de Francisco Domenech y Norberto Almodóvar Vélez, aneja el informe de la investigación sobre los hechos que se le imputan al primero y que fueron referidos ya a esa agencia por parte del Departamento de Justicia. Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La abogada que investigó las actuaciones del ex secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) y de su ayudante, en relación a la intervención en el proceso de contratación de un proveedor de publicidad por alegadas instrucciones del secretario de la gobernación, Francisco Domenech, mantiene un contrato con la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) donde se presentó el martes una querella contra el funcionario de La Fortaleza. La ex jueza Eloína Torres Cancel firma el Informe Confidencial sobre Proceso del Professional Media Developer Services RFP DDEC-OGPE-2026-06, uno de los documentos que anejó en su querella al FEI el ex secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, quien le imputa a Domenech haber intervenido desde La Fortaleza para favorecer al contratista de gobierno JJ Investment versus DG Media. Esta última había obtenido la mejor puntuación en el Comité de Evaluación de la agencia. La querella de 23 páginas incluye como anejo el mencionado Informe de 55, producto de una pesquisa que encomendó el abogado principal y jefe de la División Legal deL DDEC, Luis B. Méndez del Nido a la corporación HRML LLC en marzo de este año . Negrón Reichard quiere que el FEI investigue la conducta de Domenech con relación a ciertos hechos presenciados y atendidos por el suscribiente, en su capacidad de Secretario" del DDEC, "entre los meses de marzo y mayo de 2026, sobre alegadas irregularidades en ese proceso de contratación pública. La presidenta del FEI, Ygrí Rivera, quien firma el contrato de Torres Cancel, dijo ayer que no necesariamente Negrón Reichard podía radicar la querella directamente, pero que evaluarían el expediente. En su querella, Negrón Reichard plantea que también se investiguen "los eventos subsiguientes derivados de la denuncia que sobre dichas irregularidades hizo ante la Gobernadora de Puerto Rico y el Secretario de Ia Gobernación, al igual que ante el público y la prensa" y sobre todo en el contexto del referido que ya hizo el Departamento de Justicia de los investigados internamente en el DDEC, Norberto Almodóvar Vélez y su ayudante y ex jefa de Recursos Humanos, Charlene Neuman. Torres Cancel tiene un contrato con el FEI que fue enmendado el pasado mes de diciembre del 2025 hasta para el 30 de junio de este año. Se especifica en la contratación que sus tareas serán: Asistir en los procesos administrativos e internos de Ia Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD): Redacción de ponencias y opiniones legales según solicitados por la Primera Parte; Desarrollo de reglamentos, políticas y normas inspiradas en Ia misión y visión de la agencia fiscalizadora; Otros trabajos legales o do asesoramiento según le sea solicitado por la administración de la OPFEI y Realizar cualquier otra encomienda que Ia agencia considere necesaria para los objetivos institucionales. Los hechos alegados fueron investigados por Torres Cancel como parte HMRL, una empresa del ex director de la Oficina de Ética Gubernamental, Hiram Morales Lugo, quien contrata con DDEC para, entre otros trabajos, realizar "investigaciones internas, litigación y representación legal en asuntos de recursos humanos". Bonita Radio intentó obtener respuestas sobre lo que puede suponer un conflicto entre las dos contrataciones, a través del licenciado Morales Lugo, pero este no contestó llamadas ni mensajes a su correo electrónico. En su escrito, la también contratista del FEI plantea que "la evaluación fue solicitada originalmente con el propósito de determinar si, en el proceso de evaluación y adjudicación de las propuestas objeto de examen, existían irregularidades de carácter administrativo en contravención a la normativa aplicable. No obstante, como resultado del análisis preliminar de los testimonios y la documentación examinada, así como de la evaluación de los hechos que surgen del expediente administrativo, se advierte que la conducta observada con toda probabilidad trasciende el ámbito estrictamente procesal de la contratación gubernamental, pudiendo constituir, posibles violaciones de naturaleza penal, civil y administrativas". "En particular, los hechos evaluados podrían implicar la infracción de disposiciones contenidas en el Código Penal de Puerto Rico, así como de normas de carácter ético administrativo y estatutario, incluyendo aquellas establecidas en la citada Ley Orgánica de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico, el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico y el Reglamento de Personal del DDEC". "La conducta desplegada por los funcionarios involucrados, según surge del expediente de esta gestión, refleja posibles incumplimientos con la regulación federal de adquisición de bienes y servicios mediante contratación, que facilita las fuentes económicas a través de fondos federales y permiten realizar proyectos para adelantar el desarrollo económico de Puerto Rico". En lo que se refiere a la prueba evaluada Torres Colón detalló las entrevistas que hizo a dos empleadas de la agencia que traen información sobre la intervención de Almodóvar Vélez en el asunto del contrato que se disputaban DGMedia y JJ Investment Group y que el primero resultó favorecido por el Comité de Evaluación del DDEC . "Luego de evaluada la totalidad de la prueba testimonial, concluimos que los testimonios ofrecidos por Marisabel Rodríguez Hernández y Lissette Rodriguez Tomasini merecen entero crédito. sus declaraciones resultan consistentes entre si y no fueron controvertidos por ninguna otra prueba testimonial u objetiva. Además, encuentran apoyo en los documentos examinados y en los actos posteriores atribuibles a Norberto Almodóvar Vélez y a Charlene Neuman Rivera", destacó para recomendar el referido de la investigación. Sobre la querella de Negrón Reichard, la ex jueza y presidenta del Panel del FEI, Rivera, dijo añadió que “hay que evaluar los documentos que él presentó ayer también. Evaluadas las dos cosas, hay que ver en derecho qué corresponde hacer. Yo no puedo anticipar ahora mismo absolutamente nada, solo que lo vamos a evaluar. El principio general que dice la ley es el que yo le dije (que un ciudadano no puede presentar una querella ante el PFEI). Pero, estos documentos (la querella contra Domenech) hay que evaluarlos, no podemos descartarlos sin evaluarlos”.

No está claro si la petición de información busca dilucidar además cómo se vendieron dos parcelas de la Autoridad del Distrito de Convenciones a un ex oficial del gobierno de Luis Fortuño sin pasar por el proceso de subasta lo que fue cuestionado públicamente un año más tarde de la transacción sin ninguna consecuencia Esta investigación es auspiciada por Fundacion Periodismo Siglo 21 Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Una nueva petición de información del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz parece querer descubrir el tracto que siguió el decreto contributivo del proyecto de lujo en el Distrito de Convenciones, Opus Miramar, cuyo desarrollador es un fondo de capital con incentivos otorgados desde octubre del 2022 y cliente de Politank, la corporación que fundó el secretario de la gobernación, Francisco Domenech. La solicitud de información del Senado - a petición del Presidente - salió ayer del correo electrónico de la Secretaría del Senado, Jenniffer Martínez Heyer hacia el del secretario interino del Departamento de Desarrollo Económico, Roberto Lefranc Fortuño, y establece que el Oficial del DDEC tiene cinco días para entregar lo que tenga sobre incentivos económicos otorgados a Opus Miramar o cualquier entidad afiliada al proyecto. El proyecto residencial comenzó a desarrollarse el pasado mes de abril en las parcelas E1 y E2 del Distrito que fueron vendidas sin subasta en la administración del también gobernador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi y cuya transacción se finiquitó en diciembre del 2025. Tras obtener la carta, Bonita Radio logró establecer en registros públicos que el inversionista de la entidad dueña del proyecto, Opus Group LLC es el fondo de capital privado, Centuria Opportunity Fund, una corporación registrada en el Departamento de Estado desde febrero del 2021 y que tiene un decreto contributivo desde el 31 de marzo del 2022. Así consta en el registro en línea del DDEC. Asimismo, un sujeto identificado como Loyd W. Douglas, que figura en el registro de la corporación Development North Tower, también tiene dos decretos, uno del 2016 y otro de febrero del 2022. Centuria aparece listada en el Registro de Cabilderos del Departamento de Justicia como cliente de Politank, firma de cabilderos hoy presidida por Manuel Torres Nieves y que mantiene como socio al ex presidente del Senado, Kenneth MCclintock. Una primera fase de Opus Miramar se desarrolla como una torre residencial con 40 unidades de vivienda y 125 estacionamientos. La segunda fase constaría de un proyecto turístico de lujo de 160 llaves, con 224 espacios para estacionar vehículos y una tercera fase, constaría de una segunda torre residencial, que tendría 24 unidades de vivienda “boutique” y 64 estacionamientos. Entretanto, la petición de información 26-089 no está listada en las peticiones de la página web del Senado, con fecha de ayer. Contiene además otros cinco exigencias de información, a saber: Copia certificada de toda comunicación relacionada al proyecto Opus Miramar o a las entidades vinculadas al mismo, recibida o emitida por esa dependencia desde el 2 de enero de 2023 hasta la fecha, ya sea de los proponentes, desarrolladores, representantes autorizados, cabilderos, abogados, contadores públicos autorizados (CPA), consultores o cualquier otra persona que haya gestionado, comparecido o intervenido en relación con dicho proyecto. Copia certificada de toda comunicación entre funcionarios o personal de La Fortaleza y funcionarios o personal del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio relacionada al proyecto Opus Miramar o a las entidades vinculadas al mismo, desde el 2 de enero de 2025 hasta la fecha. Bitácora completa de reuniones, conferencias, vistas o cualquier tipo de comparecencia, presencial o virtual, en las que se haya discutido, evaluado, presentado o tramitado cualquier asunto relacionado al proyecto Opus Miramar o a las entidades vinculadas, incluyendo la fecha, los participantes, el propósito y cualquier minuta o registro de lo discutido. Si se ha otorgado, denegado o se encuentra pendiente alguna solicitud de decreto, enmienda, extensión, transferencia o cualquier otro beneficio contributivo relacionado al proyecto o sus entidades afiliadas, y el estado de dicho trámite. Identificación de toda persona natural o jurídica que haya comparecido o comunicado ante esa dependencia en representación o en interés del proyecto Opus Miramar, en cualquier capacidad, desde el 2 de enero de 2023 hasta la fecha. Este medio constató que las parcelas propiedad del Distrito de Convenciones fueron vendidas a través de un contrato otorgado el 27 de octubre de 2022 por la entonces directora del Centro de Convenciones de la Administración Pierluisi, Mariela Vallines. El contrato está firmado por uno de los socios de Opus Group LLC, Jan Maduro, quien fuera director de Asuntos Energéticos de la administración de Luis Fortuño Burset entre 2009 y 2012. La transacción se dio sin subasta con la anuencia de la Junta de Gobierno del Distrito, lo que según dijo Vallines a El Nuevo Día en el 2023 está facultado por ley. La actual directora ejecutiva del Distrito de Convenciones posa con el arquitecto Segundo Cardona (segundo de izquierda a derecha) y el licenciado Jan Maduro (en guayabera), socios de Opus Group. En enero de este año, la actual directora del Distrito, la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo, comparece como tal firmando un contrato por $6M con Opus Miramar Development North Tower y su presidente, el arquitecto Segundo Cardona - en una transacción cuyo contrato no figura público en el registro de contratos de la Oficina del Contralor (OC). En la OC hay dos contratos con Opus Group LLC. Uno del 2022 y una “Enmienda de Contrato de Compraventa Reformulado y Modificado” - con fecha del 29 de agosto de 2024 - que da cuenta de la existencia de un pleito civil sobre la titularidad de las parcelas por existir un contrato de compraventa anterior que data del 2017 y a favor de 3rd Millenium Surgery. Mariela Vallines en el 2022 cuando era directora ejecutiva de la ADC. Foto: END La enmienda del 2024 específica que: “CONSIDERANDO que, a fecha de hoy, (i) el inmueble sigue estando sujeto a gravámenes y cargas que deben liberarse antes de la transmisión de la titularidad al comprador, salvo en los casos en que el comprador renuncie a ello en virtud del presente contrato, (ii) los derechos sobre el inmueble están sujetos a un litigio en curso relativo a un derecho de arrendamiento entre 3rd Millennium Surgery Center, LLC (3rd Millennium) y el Vendedor en el asunto SJ2022CV07541 ante el Tribunal de Primera Instancia, que debe resolverse definitivamente a favor del Vendedor antes de la transmisión del título de propiedad al Comprador, salvo en la medida en que el Comprador renuncie a ello en virtud del presente, y (iii) las Partes han acordado modificar y reformular el Acuerdo para confirmar su vigencia continuada y el compromiso de la Autoridad de emprender todas las acciones necesarias para transferir y transmitir la Propiedad libre de gravámenes y cargas, una vez que el litigio en curso sobre las reclamaciones de arrendamiento por parte de 3rd Millennium Surgery Center, LLC en el caso SJ-2022–CV07541 se resuelva a favor del Vendedor, salvo en la medida en que el Comprador renuncie a ello en virtud del presente”. El contrato firmado por el entonces director de la ADC, Víctor Suárez y Héctor López Pumarejo en nombre de 3rd Millennium, estableció el precio de compraventa en $6M si la transacción se daba en los primeros cinco años del contrato. Si no, tendría que utilizarse una tasación a precio del momento en que se diera la compraventa. A las 8Am, en Noticias con café, traemos más información y análisis de esta historia.

# El megaproyecto Esencia en Cabo Rojo: Un llamado a la acción ## La oposición académica y social al megaproyecto Por Rosa Seguí Abogada Recientemente, el cuerpo académico de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) se unió a las decenas de organizaciones que se oponen a la construcción del megaproyecto Esencia, en Cabo Rojo. Este ambicioso proyecto pretende destruir los recursos naturales para construir una ciudad privada y exclusiva que albergaría 1,132 residencias, valoradas entre $2 y $20 millones, así como 520 unidades de hotel, dos campos de golf y múltiples edificaciones. Según el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la Compañía de Turismo aprobó alrededor de $498 millones en créditos contributivos, además de una exención de 10 años en impuestos estatales y municipales a Cabo Rojo Land Acquisition LLC. Estos créditos y exenciones multimillonarias se otorgaron a pesar de que el desarrollo es predominantemente residencial y no turístico. El cuerpo académico de la PUCPR aprobó de forma unánime una moción de rechazo al megaproyecto. Entre las razones para el rechazo se encuentra que el megaproyecto propone alterar 1,549 cuerdas de bosque costero en el barrio Boquerón, a pesar de que cerca del 40 por ciento de los terrenos están catalogados como Suelo Rústico Especialmente Protegido–Ecológico y colindan con dos reservas naturales. El claustro hizo un llamado al gobierno a reconsiderar el proyecto utilizando “criterios científicos rigurosos, justicia ambiental y participación ciudadana”. Contrario a este llamado de voces expertas, el comisionado residente y presidente del Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández, expresó que lo único que debería considerarse para estar a favor de Esencia es si se cumple o no con la ley. Sin embargo, cumplir con la ley no siempre significa que un proyecto es justo, sostenible o beneficioso para el país. Máxime cuando el aparato regulatorio no logra proteger adecuadamente el interés público. ## La marcha nacional y la voz del pueblo Por esto, el Movimiento Victoria Ciudadana se une a la marcha nacional convocada por Defiende a Cabo Rojo en contra del megaproyecto Esencia. Esta manifestación se llevará a cabo el próximo sábado, 28 de marzo, a las 11 a.m. en el Escambrón, Puerta de Tierra. La participación ciudadana en eventos como este es crucial, ya que permite que las voces de la comunidad se escuchen y se tomen en cuenta en el proceso de toma de decisiones. ## La importancia de la justicia ambiental La justicia ambiental es un concepto que se ha vuelto cada vez más relevante en el contexto de la lucha por la protección de los recursos naturales. Este principio sostiene que todas las personas, independientemente de su raza, color, origen nacional o ingresos, tienen derecho a vivir en un ambiente saludable y a disfrutar de los beneficios de un desarrollo sostenible. En el caso del megaproyecto Esencia, la destrucción de ecosistemas vitales no solo afecta a la flora y fauna local, sino que también pone en riesgo la salud y el bienestar de las comunidades que dependen de estos recursos. La oposición al megaproyecto no se limita a la PUCPR; diversas organizaciones y grupos comunitarios han alzado su voz en defensa del medio ambiente. La movilización social es fundamental para presionar a las autoridades y exigir que se prioricen los intereses de la comunidad por encima de los beneficios económicos de unos pocos. ## Un llamado a la acción colectiva Es imperativo que la ciudadanía se mantenga informada y activa en la defensa de sus derechos y del medio ambiente. La participación en marchas, la firma de peticiones y la difusión de información son herramientas poderosas que pueden contribuir a generar conciencia sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. La lucha por la justicia ambiental es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso de todos. En este contexto, es esencial que los ciudadanos se unan en un esfuerzo colectivo para resistir proyectos que amenacen la integridad de nuestros ecosistemas. La defensa de Cabo Rojo es solo un ejemplo de cómo la comunidad puede unirse para hacer frente a decisiones que podrían tener un impacto negativo en el futuro de la región. ## Reflexiones finales sobre el megaproyecto Esencia El megaproyecto Esencia representa un desafío significativo para la comunidad de Cabo Rojo y, por extensión, para toda Puerto Rico. La lucha por la justicia ambiental y la defensa de los recursos naturales es un tema que trasciende fronteras y que nos concierne a todos. Es fundamental que continuemos abogando por un desarrollo que sea sostenible y que respete el entorno natural, asegurando así un futuro más justo y equitativo para las generaciones venideras. La voz de la comunidad es poderosa. Cuando se alza en unísono, puede influir en las decisiones que afectan nuestras vidas y nuestro entorno. La historia nos ha enseñado que la resistencia y la solidaridad son claves en la lucha por un mundo mejor. Por lo tanto, es crucial que cada uno de nosotros se involucre y participe en la defensa de lo que es justo y necesario para nuestra sociedad. ## Conclusión: La lucha continúa La oposición al megaproyecto Esencia es solo una parte de una lucha más amplia por la justicia ambiental y la protección de nuestros recursos naturales. A medida que avanzamos, es vital que mantengamos el enfoque en la importancia de la participación ciudadana y la defensa de nuestros derechos. La historia de Cabo Rojo es un recordatorio de que la voz del pueblo puede y debe ser escuchada. La lucha por un futuro sostenible y justo continúa, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este esfuerzo colectivo.

El empresario y cirujano cardiovascular de Chicago, Ilinois, Yan Katsnelson, quiere desarrollar 11 proyectos entre San Juan, el norte y la zona este de Puerto Rico, los que ya presenta en visitas a alcaldes de la mano de un abogado de una firma de la Milla de Oro en Hato Rey. Esta investigación es auspiciada por Fundacion Periodismo Siglo 21 Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio En Cabo Rojo Esencia y en Loíza, Ora World. Un decreto contributivo a inversionista bajo la Ley 60, el registro de 15 corporaciones, una visita a la alcaldesa y un contrato de permuta de un boricua que representó un alquiler por cinco años a vecinos de la comunidad Villa Vaca, es el saldo de gestiones y transacciones que amenaza hoy parte del escenario natural y el espacio residencial de unas 21 familias instaladas en los predios de una antigua vaqueria. El desarrollo de 11 proyectos de lujo, bajo la insignia de Ora World, promete "un nuevo estándar de vida en Puerto Rico. Ora World es más que un destino; es un movimiento que redefine la forma de vivir de las personas maximizando el tiempo, optimizando la riqueza y elevando la experiencia humana". Se conciben en la costa del atlántico en el norte de la Isla y en la del Este entre Loíza, Luquillo, Ceiba, Guayama y Naguabo. Entre octubre del 2021 y enero del 2022, el cirujano cardiovascular, Yan Katsnelson, ruso de 59 años, inscribió 15 corporaciones en el Departamento de Estado, todas con el sufijo BUILDCO. En el 2023 le dio una visita a la alcaldesa de Loiza, Julia Nazario, para presentarle los proyectos que tiene para tres grandes áreas de terrenos que compró en lo que era la finca Rexach, localizada en la PR-187 (a la derecha al descender del puente Los Restauradores sobre el Río Grande de Loíza en dirección a Piñones); la finca Veremundo Quiñones, en la PR-187 frente a la calle Las Gardenias; y la Hacienda Grande o Villa Vaca, ubicada en la PR-188. Katsnelson fundó USA Vein Clinics en 2005 y ha logrado crecer a más de 160 centros en 28 estados de Estados Unidos. Con su esposa, también médica, Flora, creó la Fundación Fibroid Fighters, para concienciar sobre los fibromas uterinos, según la descripción que se incluye en las múltiples páginas web de sus negocios. Tanto Yan como Flora Katsnelson, tienen decretos como "individuos inversionistas" desde mayo y noviembre del 2020. Allí donde hoy podría desarrollarse un proyecto ambientalmente sustentable y armonioso con el bosque y el Rio Grande de Loíza, la idea del empresario es construir proyectos de viviendas y hotelería de lujo que se complementen con un Distrito de Entretenimiento con restaurantes, 'venue' de conciertos; spas y servicios para el viajero y casinos. También contaría con establo de caballos y helipuerto. Además, la "ciudad Ora World" tendría sus propio centro de compras, galerías y escuelas "rodeadas de espacios verdes". La alcaldesa de Loíza, Nazario, dijo a Bonita Radio que en el 2023, cuando Katsnelson se personó a su oficina con un abogado "de aquí, de MCconell, no le gustó que yo dijera que las familias tenían que quedarse en Villa Vaca". Dijo además, que allí hay tres y cuatro generaciones y que algunos firmaron un documento de contrato con el antiguo dueño "que vence el próximo mes de octubre". Nazario se refirió a que el propietario que vendió la finca Hacienda Rexach a Katsnelson, el ingeniero Jorge M. Alvarez Blasco, por $2.9M, se alega que entregó contratos a los residentes de Villa Vaca - que algunos no firmaron - con cinco años de vencimiento para poder quedarse en las casas que están en esa finca. "Así fue como pudo vender", insistió. La venta de la finca se dio el 11 de noviembre del 2021 según el catastro digital del Centro de Ingresos Municipales (CRIM) en favor de la corporación LOUBUILDCO LLC, registrada a nombre de Katsnelson desde el 29 de octubre del mismo año. Por lo menos tres de las 15 corporaciones que registró Kastnelson en el DE de PR, tienen prefijos de los municipios (Guayama, Carolina, Luquillo, Vega Alta, Toa Baja, Loíza, Naguabo y Ceiba) donde se alega que construirá sobre 12 proyectos. Solo tiene transacciones en el CRIM con compras a nombre de tres corporaciones, en Dorado, Guayama, Toa Alta y San Juan. En la calle Emajagua de Punta Las Marías compró una propiedad frente al mar a un costo de $2.2M. Los proyectos están identificados en un mapa que Katsnelson dejó en una presentación con inversionistas como: Dorado Waterfalls y Tesoro del Mar en Dorado; Dorado Ocean View Estates en Vega Alta; Aquamarina en San Juan y The Top en Carolina; Loíza River City, Countryside Estates y Ocean, en Loiza; Guayama y Naguabo y Costa del Este en Ceiba. Los diseños y descripción de los proyectos de Katsnelson en Loiza, estuvieron visibles en la página de Ora World, el nombre que tiene la fuente original PR2030 donde se recogían los diseñosde Loiza y demás municipios. Tesoro del Mar en Dorado Pero, hace dos semanas, tras la intensa publicaciones en las redes de información producida por periodistas como Bianca Gralau, la misma desapareció de esa web. Sólo sobreviven allí lo que se refiere a Tesoro Del Mar y Dorador Watterfalls. El primero, un desarrollo de 129 apartamentos modernos y 42 suites de hotel. "Los residentes tienen acceso a instalaciones de primer nivel, como pistas deportivas, un gimnasio, senderos panorámicos para correr y zonas comunes con hermosos jardines. Disfruta de un estilo de vida que combina a la perfección comodidad, conveniencia y el esplendor de la naturaleza en Tesoro Del Mar. Dorado Waterfalls propone la construcción de 1,518 apartamentos, 18 villas y 66K pies cuadrados de oficinas médicas. Katsnelson y su esposa, Flora, incoaron un pleito judicial en el 2021 alegando incumplimiento de contrato en cuanto a la compra de una propiedad por $4.2M en la urbanización San Patricio en Guaynabo. A las 8AM en Noticias con café traemos más información, evidencia con documentos y análisis de esta historia.

Aunque la representación pública que hizo Cristina Sumaza Díaz, cofundadora de Lote 23 fue de que cerrarían el parque gastronómico ubicado en tierras del gobierno de Puerto Rico en pleno Santurce, ante "cambios estructurales y (debido) a la realidad económica", las transacciones de dos corporaciones y los movimientos con arquitectos, dan cuenta de que los planes para los terrenos cambiaron desde el 2014 cuando se presentaron permisos en la Oficina de Gerencia de Permisos Esta investigación fue auspiciada por Fundacion Periodismo Siglo 21 Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Entre Jueyes, LLC y Cangrejos, LLC se barajan los nombres de Fernando L. Sumaza Laborde y Juan Carlos Suárez, padre y esposo de Cristina Sumaza Díaz, la que el nueve de diciembre del 2016 abrió el Parque Gastronómico Lote 23 como promesa de espacio de empresarismo para jovenes Chefs, y el cuatro de febrero de este año lo cerraba alegando problemas en el mercado pero con una estela de trámites desde el 2014 para desarrollar allí el Santurce Hotel con el aval de la Administración de Terrenos (ATPR), dueña de los terrenos. Los arquitectos Ricardo Alvarez Díaz y CrIstina Villalón ya tienen fecha para la apertura del Hotel en febrero del 2028, mientras al día de hoy, los empresarios desplazados no encuentran lugar donde poner los siete negocios que estaban activos cuando Sumaza Díaz decidió darle rienda suelta a los negocios de hospedería y vivienda en cuatro parcelas de la AT junto a su esposo, el ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), el abogado y Contador Público Autorizado (CPA), Suárez Izquierdo. La AT ha otorgado tres contratos a nombre de Cangrejos LLC, una empresa foránea - organizada en Massachusets - registrada en noviembre del 2016 en el Departamento de Estado a nombre de Sumaza Laborde, padre de Cristina y cuyo propósito es "realizar todo tipo de negocios, incluyendo pero no limitado al desarrollo y administración de propiedades privadas, viviendas de interés social, proyectos de vivienda general y comerciales". Mientras, las empresas mayagüezanas, Fernando Sumaza Laborde LLC y West LLC., propiedad de Sumaza Laborde y hoy administradas por su hijo, Fernando Sumaza Díaz, han tenido contratos por sobre $40M con los gobiernos del Partido Nuevo Progresista (PNP) entre el 2021 y el 2026, de construcción aceras y remodelación de viviendas. Los más cuantiosos con el gobierno municipal de San Juan. Padre e hijo son donantes activos del PNP y sus candidatos. Fernando Sumaza Díaz y su padre, Sumaza Laborde. Los contratos de Cangrejos los firmó Suárez Izquierdo, esposo de Cristina como presidente de la corporación Cangrejos, lo que no consta en el registro del DE. En dos contratos del 28 de octubre del 2024, el entonces administrador interino de la ATPR, Hector Maldonado, acordó, una semana antes de las elecciones generales de noviembre de ese año, la permuta de cinco parcelas propiedad del pueblo de Puerto Rico, por unos $100K al 2026. En abril del 2023, Dalcia Lebrón Nieves (madre de la hija del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz) administradora de la ATPR, firmó un primer contrato por $200K en términos que van de ocho a 60 años de permuta de las parcelas. Senalega que al día de hoy, Sumaza Díaz, debe sobre $45K por concepto de renta de los terrenos. La compra de las parcelas en cuestión se dio hace 24 años, en el 2002, por parte de la Administración de Terrenos a un costo total de $1.3M, en momentos en que el gobierno de Sila María Calderón proponía el desplazamiento de comunidades de Cangrejos. El gobierno no ha dicho cual es su tasación en este momento. Los contratos del 2023 y el 2024, que cambiarían el uso de los terrenos del gobierno, de plataforma de negocios para jovenes empresarios a desarrollo turístico y de viviendas de lujo, se dieron sin procedimiento de subasta cuando era secretario del DDEC, Manuel Cidre, ocho años más tarde de que saliera de allí, Suárez Izquierdo. De hecho, era sub secretario cuando su esposa se acogía a beneficios del gobierno para fundar Lote 23. Se alega que Cidre se inhibió de participar del consentimiento a la transacción de la Junta de la ATPR cuando se percató que interactuó con correspondencia de Suárez Izquierdo en momentos en que era Secretario. Hay trámite de permisos para el proyecto del Santurce Hotel - con 150 habitaciones - radicados en la OGPE desde el 2014 y se activaron en el 2020. Un permiso inicial fue aprobado el pasado primero de abril del 2026. Esos permisos fueron gestionados por Alvarez Díaz y Villalón a nombre de la corporación Jueyes, LLC, registrada en el Estado en noviembre del 2022. Esto evidencia que los planes del Hotel están en la mente de diseñadores y desarrolladores desde por lo menos dos años antes de que se fundara Lote 23 por la que hoy está atada por la vía familiar con el desarrollo de hospedería y viviendas, Sumaza Díaz. En el portal de la OGPe se establece que el "proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos torres, de seis niveles, con una superficie total aproximada de 214,000 pies cuadrados y una huella de 34,300 pies cuadrados aproximadamente sobre un lote de 5,468.65 m² (58,864.0587 pies cuadrados). La estructura albergará 150 habitaciones y diversas amenidades diseñadas para ofrecer una experiencia integral y de alta calidad a los huéspedes. Además, se incluirá una calle que conectará la Calle Belaval con la Calle del Parque, la cual contará con un área de "drop-off" para el hotel que, a su vez, servirá como una conexión peatonal. El hotel se inspira en el encanto arquitectónico del vecindario, donde se fusionan los estilos coloniales españoles, modernistas y Art Deco con influencias del modernismo tropical. El edificio de seis niveles rinde homenaje a la vibrante intersección cultural de Santurce, celebrando su rico legado arquitectónico. Cada detalle de la estructura refleja esta mezcla única de influencias de diseño, convirtiendo al hotel en un símbolo moderno profundamente arraigado en la historia de Santurce. Se erige como un elegante tributo tanto a la historia de la zona como a la dinámica evolución de su paisaje urbano. El proyecto incluye la demolición, del parking existente y dos casetas de guardia que sirven el parking. La actividad propuesta también incluye la construcción de la infraestructura asociada y conexión a los sistemas de infraestructura ya existentes en el área del proyecto. La corporación a nombre de quien se realizaron trámites de permisos es Jueyes, LLC, una corporación de Suárez Izquierdo, registrada el 11 de noviembre del 2022. El 16 de marzo del 2022, el esposo de Sumaza Díaz, radicó las corporaciones Jueyes Managing Member y Jueyes Developer. En el 2024 ya los arquitectos Ricardo Alvarez Díaz y Cristina Villalón incluían en sus trabajos en la página web de su estudio de arquitectura, los diseños del Santurce Hotel con un nombre posicionado en dibujos como "Indigo". A las 8AM en Noticias con café proveeremos más información y análisis de esta historia.

Una querella radicada en el Departamento de Salud solicita dejar sin efecto una resolución del cinco de marzo de este año que otorgó un Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) a Clínica Todo Salud en Ponce, del conglomerado de Evelance Health/MMM, que había sido negada a la misma entidad, pero en Bayamón, con un mes de diferencia, con prueba idéntica y por el mismo examinador. Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La Clínica Todo Salud de Ponce, una subsidiaria de Elevance/MMM cliente de la firma de cabilderos Politank de Manuel Torres Nieves que hasta enero pasado fue del hoy secretario de la gobernación, Francisco Domenech, obtuvo el Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) del Departamento de Salud (DS) para operar una facilidad de laboratorio, a pesar de que se alega que no cumple con el requisito de ley de excepción que requiere que sea controlada por una Organización de Mantenimiento de Salud (HMO, por sus siglas en inglés). En momentos en que se dilucida públicamente que no está claro quien controla y cómo llegan los negocios de los clientes de Politank al gobierno de Puerto Rico, una querella ante el DS trae información de que la agencia ha tomado por lo menos dos decisiones contradictorias al emitir un CNC para la subsidiaria CTS-Ponce de la matriz, Elevance que tiene como HMO a MMM Healthcare. El organigrama corporativo de Elevance Health / MMM Healthcare es uno de los fundamentos que utiliza la Asociación de Laboratorios y otros dos laboratorios clínicos, en una querella en la que retan la resolución que provee el CNC a CTS-Ponce. El Hospital de Damas de la Ciudad Señorial también figura como interventor en el proceso de concesión del CNC. Esa estructura corporativa trae otras 14 "corporaciones hermanas" tipo de responsabilidad limitada o LLC que no son HMO, entre ellas las CTS, a la que Salud dio el CNC para operar en Ponce a pesar de que antes la recomendación del examinador William Rodriguez Lugo fue de negársela bajo los mismos argumentos de no cumplir con requisitos legales. El secretario Ramos se fue por encima de la recomendación del examinador y otorgó el CNC mediante una Resolución del dos febrero con su firma. La resolución que le da el visto bueno a CTS-Ponce, está firmada por el sub secretario del DS, actuando como Secretario Interino, Luis Olmedo Morales. MMM HealthCare tiene un contrato vigente de seguros médicos con la Administración de Seguros de Salud (ASES) desde julio de 2025 por $97.6M, lo que supera por $38.7M los que tuvo en 2024. La querella radicada a las 3:54 del lunes seis de abril ante la Secretaría Auxiliar Para La Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) del DS plantea que el CNC se le brindó a CTS en Ponce y no así al de Bayamón, lo que coloca a esa agencia emitiendo "dos resoluciones diametralmente opuestas en tan solo un mes, con prueba idéntica y el mismo Oficial Examinador, sin justificación razonada ni evidencia nueva alguna, lo que constituye la más clara muestra de arbitrariedad, capricho y trato desigual". La querella de 20 páginas y decenas de anejos fue radicada por voz de los licenciada Shirley M. Sánchez Irizarry y Luis Enrique Romero Nieves. Destacaron además que "esta actuación administrativa no solo viola la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, el Reglamento 9084 y los principios constitucionales del debido proceso, uniformidad y razonabilidad, sino que también socava la confianza pública en la integridad del proceso de otorgamiento de Certificados de Necesidad y Conveniencia". Los trámites para conseguir el Certificado comenzaron por parte de CTS-Ponce, en el 2021 y según fuentes de entero crédito "no se movió hasta que llegó la nueva administración" que trajo al doctor Ramos, un ex cliente de Politank cuando era presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, como secretario del DS. El secretario de la gobernación, Francisco Domenech, cuando se celebró en el Senado de PR, la Comisión Total que indagó sobre la corporación Politank. A su lado, el secretario del Departamento de Salud, Victor Ramos. De hecho, la querella destaca que no fue hasta diciembre del 2025 que el examinador, el licenciado William Rodríguez Lugo, emitió resoluciones en el caso de Bayamón y Ponce, que a su vez fueron notificadas a las partes el dos febrero y el cinco de marzo del 2026, respectivamente. En el caso del CTS-Bayamón el Examinador rindió un informe de 32 páginas en diciembre - que no fue acogido por el secretario Ramos lo que dejó conhstatado al notificar la resolución. "Por los fundamentos vertidos en la presente Resolución, no se acoge la recomendación del Oficial Examinador de denegar el Certificado de Necesidad y Conveniencia a CTS, para establecer un laboratorio clínico en el Solar D-2, Bo. Cerro Gordo, Carretera PR 167, Centro Comercial Plaza Tropical, Local 8, Bayamón, Puerto Rico. En consecuencia, SE APRUEBA dicho Certificado solicitado por Clínica Todo Salud, LLC. La autorización aquí otorgada es la para el establecimiento de un laboratorio clínico el cual ofrecerá estos servicios exclusivamente a los suscriptores y/o asegurados de MMM solamente. El CNC aquí otorgado tendrá vigencia de un (1) año". El Examinador había decidido que la clínica no cualifica para recibir el CNC por las mismas razones expuestas en la querella radicada ante la Oficina de Vistas Administrativas de SARAFS, entre otras razones, por no cualificar para la regla de excepción que brinda la Ley al no ser la solicitante una corporación directa o indirectamente controlada por un HMO. En la página 21 de la resolución de la CTS-Bayamón, Rodríguez López establece que: "Por lo tanto, la relación corporativa más cercana que puede existir entre la Proponente (CTS) y MMMH y MMMM es de compañía afiliadas (o sister companies) lo cual es inconsecuente para la Exención de HMO Federal, toda vez que, la misma requiere control directo o indirecto. La Exención de HMO Federal está concebida en términos de control, no de hermandad entre entidades jurídicas. Todas estas entidades jurídicas son compañías de responsabilidad limitada que no emiten acciones de capital y, por tanto, su posición de subsidiaridad, control, distribución de responsabilidades o deberes, distribución de interés entre sus miembros, etc., deben constar en instrumentos jurídicos y en el contrato de la LLC. Lo anterior no consta en el expediente administrativo de la solicitud de epígrafe". Concluyó el Examinador Rodríguez López que "Clínica Todo Salud, LLC no cualifica como HMO, que no cumple los requisitos de control directo o indirecto del Artículo 6 de la Ley de CNC y del Artículo IX(5) del Reglamento 9084, y que, por tanto, debe evaluarse bajo los criterios tradicionales de necesidad poblacional, saturación del mercado y conveniencia, los cuales tampoco cumplió". En el caso de Ponce, Rodríguez López, con el mismo organigrama corporativo decidió en contrario. "CTS también probó durante la Vista Pública que, es una facilidad de salud directamente controlada por las HMOs MMM Multi Health y MMM Healthcare. En primer lugar, se recibió la ponencia oral bajo juramento del Sr. Águila Sastre a los efectos de que CTS es una subsidiaria de MSO Holdings, LLC y afiliada de MSO of Puerto Rico, LLC, que le presta servicios por delegación, a las afiliadas MMM que son HMOs". ARGUMENTOS DE QUERELLADOS Los querellados argumentan que 'la determinación impugnada adolece de vicios graves, independientes y concurrentes" que la invalidan porque:   1. Salud carece de jurisdicción porque notificó el procedimiento únicamente a las entidades ubicadas dentro de la milla radial, mientras otorgaba un CNC con alcance regional para servir a 26,061 miembros de MMM en todo Ponce y municipios limítrofes, sin dar oportunidad de comparecencia a los laboratorios clínicos y hospitales que atienden a esa membresía fuera de la milla radia   2. La agencia aplicó de manera ultra vires la excepción HMO a una entidad que, según el propio Oficial Examinador en el caso paralelo de Bayamón, no cualifica como HMO ni federal ni estatal, y cuyo argumento fue introducido tardíamente después del cierre del récord probatorio. La resolución ignora la saturación evidente del mercado, donde operan 19 laboratorios clínicos en la milla radial. Se admitió prueba pericial sorpresiva y documentos no admitidos formalmente, privando a las partes opositoras de su derecho a una defensa adecuada. La agencia incurrió en un retraso irrazonable de casi cuatro años desde la Vista Pública, lo que desactualizó el expediente y vició todo el procedimiento. Entretanto y en cuanto a las violaciones al Reglamento 9084 para el Otorgamiento de los Certificados de Necesidad y Conveniencia, la querella plantea que "la excepción (de otorgarse el CNC) HMO exige que: (a) la facilidad esté controlada directa o indirectamente por una organización para el mantenimiento de la salud (HMO), (b) la transacción sea indispensable para cubrir las necesidades de la matrícula actual y potencial, y (c) la organización no pueda proveer sus servicios de salud a un costo razonable consistente con su manera de operar por largos periodos de tiempo con médicos y profesionales asociados sin llevar a cabo la transacción (Ley Núm. 2-1975, Art. 6; Reglamento 9084, Art. IX(5)". "La figura de “delegación operacional” invocada por la agencia no tiene reconocimiento en la Ley de CNC ni en el Reglamento 9084 como mecanismo para satisfacer el requisito de control. La normativa exige control directo o indirecto por parte de un HMO, no una relación contractual ni operativa intermediada por entidades separadas. Permitir lo contrario equivale a eliminar el requisito de control mediante una ficción corporativa, lo cual es jurídicamente inadmisible. Aceptar que una entidad afiliada pueda beneficiarse de la excepción HMO sin cumplir con los requisitos de control equivaldría a permitir que cualquier conglomerado corporativo replique indefinidamente esta estructura para evadir el análisis de necesidad y conveniencia, lo que vaciaría de contenido el Reglamento 9084, se destaca en la querella. Sobre el impacto de las facilidades (de salud con laboratorios) existentes en el área de Ponce, alegaron que "la Resolución impugnada concluye expresamente que el impacto del laboratorio propuesto sobre las facilidades existentes será “marginal” . " Sin embargo, al mismo tiempo autoriza a Clínica Todo Salud, LLC a prestar servicios de laboratorio clínico exclusivamente a los 26,061 miembros de MMM Healthcare, LLC y MMM Multihealth, LLC en todo el municipio de Ponce y municipios limítrofes. Esta contradicción es patente y fatal. Por un lado, la agencia reconoce que la propuesta afecta a un volumen masivo de pacientes (26,061 miembros) que actualmente se atienden en los 19 laboratorios clínicos y hospitales existentes dentro y fuera de la milla radial. Por el otro, afirma que dicho impacto será solo “marginal”, sin ofrecer ningún análisis cuantitativo, estudio de mercado ni evidencia que sustente esa conclusión. "La contradicción se agrava aún más cuando se compara con el caso paralelo de Bayamón (Propuesta 21-02-027), donde el mismo Oficial Examinador determinó que otorgar un CNC bajo una estructura corporativa idéntica y con la misma prueba documental generaría un impacto adverso sobre las facilidades existentes y saturaría aún más el mercado", lee la querella en su página 11. A las 8AM en Noticias con Café traemos información y análisis.