El criptoempresario, firmante en el multimillonario contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y la empresa Power Expectations, visitó Puerto Rico en varias ocasiones. Por Bárbara Josefina Figueroa Rosa, Carmen Enid Acevedo y Vanessa Colón Almenas | Jay Fonseca PR, Bonita Radio y Centro de Periodismo Investigativo Nueve años antes de que su nombre se vinculara al fallido contrato de $5,887 millones para lograr energía temporera en Puerto Rico, el criptoempresario convicto Jobadiah “Joby” Sinclair Weeks se había relacionado con una firma de inversión en San Juan. Joby Weeks en su apartamento de Sunny Isles, ciudad turística de lujo situada en una isla barrera al noreste del condado de Miami-Dade, en Florida. (Foto captura pantalla podcast Silicon Zombies | Tech, AI & Venture Capital, 3 septiembre 2026) “Vivaris Capital incorpora a Joby Weeks a su equipo ejecutivo”. Así comenzó el comunicado de prensa de la compañía de inversión ubicada en Puerto Rico para anunciar en febrero de 2017 que Weeks se le unía como socio. Aunque para entonces el presidente de Vivaris Capital LLC, J. Christopher Mizer, ensalzó su experiencia y conocimientos en tecnología financiera, ahora indica que el criptoempresario nunca estuvo vinculado como socio o directivo de la firma de inversiones ubicada en San Juan, según expresiones escritas enviadas por correo electrónico tras una petición del Centro de Periodismo Investigativo, Jay Fonseca PR y Bonita Radio. “Weeks aporta al Fondo [Vivaris Capital LLC] más de 20 años de experiencia en operaciones y ventas, trabajando con empresas multimillonarias en los sectores de bienestar, tecnología financiera y energía”, añadió el anuncio de la compañía en 2017. Para ese momento, Joby Weeks ya operaba junto a otras personas el esquema fraudulento de BitClub Network que, según una acusación federal, se extendió desde abril de 2014 hasta diciembre de 2019. El esquema costó alrededor de $722 millones a los inversionistas involucrados. Weeks hizo alegación de culpabilidad el 5 de noviembre del 2020, y el documento entre la fiscalía, él y sus abogados entonces, Michael L. Yaeger y Simon Gaugush, se firmó el 21 de septiembre del 2020. Al día de hoy, la sentencia de Weeks no tiene señalamiento en el caso 2019-cr-877 ante la jueza federal de Nueva Jersey Claire C. Cecchi. La vista de sentencia se viene posponiendo desde el 17 de marzo de 2021. El último señalamiento era para el 24 de junio de este año, catorce días después de que se firmara el contrato multimillonario de energía temporera con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero el 18 de junio la vista quedó suspendida hasta nuevo aviso. Casi una década después del anuncio de Vivaris Capital, su presidente Mizer dice que Weeks laboró poco tiempo con su compañía. No especificó cuántos días, meses o años. “Él trabajó brevemente como consultor en asuntos de criptomonedas”, dijo Mizer en declaraciones escritas. “El Sr. Weeks no participó en ningún proyecto de Vivaris en Puerto Rico ni en ningún otro lugar”, añadió. Vivaris Capital LLC es una firma de asesoría financiera y de fondos de cobertura (hedge funds), con oficinas en el piso seis del Caribe Office Building, ubicado en Paseo Caribe, al lado del Hotel Caribe Hilton en San Juan. En abril de 2017, la compañía recibió un decreto contributivo de la Ley 20 (ahora Ley 60-2019) para la exportación de bienes y servicios. El nombre de Weeks cobró notoriedad hace unas semanas cuando se reveló que era la misma persona que “Jhoby Weaks”, uno de los firmantes del contrato de energía temporera con la AEE que supondría $5,889 millones de fondos públicos. Un reportaje de Bonita Radio y el Centro de Periodismo Investigativo reveló que Weeks estaba bajo arresto domiciliario cuando se firmó el contrato con la AEE, pues fue acusado en 2019 junto a otras cuatro personas del fraude de BitClub Network por $722 millones y de evasión contributiva. El convicto está bajo arresto domiciliario desde 2020 y las fotos en sus redes sociales lo muestran en Florida desde 2025. Es oriundo de Arvada, Colorado. La firma del contrato por parte de Weeks se realizó el 10 de junio en representación de la empresa Enchanted Rock, la cual formaba, junto a Power Expectations y Reyes Contractor Group, el consorcio que tendría la tarea de instalar equipos para producir 400 megavatios de energía temporera para mitigar la crisis energética en Puerto Rico. El firmante “Jhoby Weaks” aparece en el contrato con dirección en Texas. Múltiples fuentes confirmaron a la alianza entre el Centro de Periodismo Investigativo, Jay Fonseca PR y Bonita Radio que al menos cinco agencias de gobierno locales y tres federales recibieron referidos para investigar el fallido contrato. En Puerto Rico, el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General, la Administración de Servicios Generales mediante su Oficina de Investigaciones Especiales y la Oficina del Contralor. En el ámbito federal, el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés), Fiscalía Federal y la Securities and Exchange Commission (SEC). Estas investigaciones estarían dándose de forma paralela a la pesquisa de la Cámara de Representantes, para la cual están citados Osvaldo Carlo Linares, el 15 de septiembre, y la exdirectora ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata, el 21 de septiembre. Pero, ¿cómo llegó Joby a Power Expectations? Weeks parece tener una relación personal con quien se identifica como el Principal Oficial de Tecnología (Chief Technology Officer) de Power Expectations, Leon Lamle, según se observa en las fotos encontradas en redes sociales, donde celebran juntos Acción de Gracias en el 2025. Leon Lamle indica en su página de LinkedIn que es el Principal Oficial de Tecnología de Power Expectations. Captura de pantalla ERock, empresa matriz de Enchanted Rock, ha dicho que la firma fue fraudulenta, que el firmante Weaks nunca fue su empleado, que no autorizó su representación y que el cargo de Caribbean Operations Officer con el que se le identificó en el contrato ni siquiera existe dentro de la compañía. La empresa rechazó también que el dominio del correo electrónico @enchantedrockpr.com utilizado para la firma realizada mediante la plataforma Docusign sea de ERock. En una demanda presentada en contra de la AEE, la compañía Power Expectations alega que autorizó que Weeks fuera el firmante en el contrato como representante de ERock. También indica que mediante una resolución corporativa designó a Weeks para evitar que el negocio se viniera abajo porque días antes de la firma del contrato con el Gobierno de Puerto Rico notó un cambio de postura en ERock respecto a su interés en la formalización del contrato. La demanda reclama igualmente que el memorando de entendimiento que tenía con ERock la autorizaba a realizar esa designación de representación. En el Registro de Corporaciones, no hay ninguna resolución corporativa bajo Power Expectations y la empresa no ha hecho público algún documento que valide la información. Leon Lamle, a la izquierda, a quien se identificó como oficial principal de tecnología de Power Expectations en la página web de la empresa, aparece junto a Joby Weeks y otros empresarios y personalidades de redes sociales en una foto publicada este año en Facebook. Foto suministrada Osvaldo Carlo Linares, la persona a cargo de gestionar esta transacción por medio de su compañía Regulatory Compliance Services (ReComS), contratada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), dijo que no era su responsabilidad hacer un chequeo del trasfondo de Weeks como firmante a nombre de ERock. Carlo Linares dijo para esta alianza investigativa a mediados de agosto: “Hicimos el trabajo de clearance a la corporación, no teníamos que hacer clearance de todos los que trabajan para la corporación”. Pero el informe hecho por Carlo Linares y emitido por la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO en inglés) de la AAPP el 14 de agosto de 2025 sí hizo verificaciones de al menos cinco ejecutivos de las empresas de energía que eran consideradas para la transacción, según pudo verificar esta alianza investigativa. El informe indica, por ejemplo, sobre Leon Lamle, identificado como oficial principal de tecnología de Power Expectations: “Su participación en el proyecto de Puerto Rico no está documentada públicamente, pero se podría especular que podría ser inversor en alguna de las LLC o asesorar en la financiación del proyecto (dado su perfil de inversor de capital riesgo). No se encontró información negativa sobre Leon Lamle; no tiene antecedentes penales ni litigios conocidos”. Esto es indicativo de que sí se hicieron cotejos de los integrantes de las empresas que iban a firmar el acuerdo, y que este cotejo debió incluir cualquier antecedente criminal de los involucrados en la transacción, de haberlos. El abogado de Weeks, Ernesto Cerimele, no respondió una segunda petición de información enviada por correo electrónico por parte del Centro de Periodismo Investigativo, Jay Fonseca PR y Bonita Radio. Con destino a Puerto Rico El presidente de Vivaris dijo en comunicación escrita que Weeks nunca viajó a Puerto Rico ni a ningún otro lugar en relación con Vivaris Capital. Las tarjetas de embarque sugieren que Joby Weeks estuvo tres días en Puerto Rico en marzo del 2017. Fotos suministradasFoto suministrada Pero dos fotos publicadas en la página de Facebook de Joby Weeks dejan ver que el criptoempresario visitó Puerto Rico desde el 7 de marzo al 10 de marzo de 2017, apenas un mes después del anuncio de su incorporación al equipo de Vivaris Capital. La imagen de un pase de abordaje de la línea aérea JetBlue publicada por el propio Weeks indica que viajaría desde Punta Cana, República Dominicana, a San Juan. “Anyone in Puerto Rico? [¿Alguien está en Puerto Rico?]”, preguntó Weeks al publicar las fotos. En la conversación con un amigo de Facebook, Weeks indicó que estaría en Puerto Rico un par de días. En 2019, el criptoempresario también estuvo en Puerto Rico. Su estadía en la Isla culminó tres días después, sugiere otra foto de un pase de abordaje que subió a la red social el 10 de marzo de 2017. Esta vez el destino era Fort Lauderdale, Florida, en un vuelo de Spirit Airlines. Dos años después, viajó a Puerto Rico con Stephanie Stolba y la hija de ambos. Fue una estadía de tres días, desde el 16 al 19 de abril de 2019. Muy cercano al congresista republicano Ron Paul Weeks también cultivó relaciones con figuras políticas de alto perfil, según se desprende de los relatos que ofreció a agentes federales que lo investigaban y que constan en el expediente judicial de su caso. Una transcripción de una entrevista realizada a Weeks por un agente federal el 19 de abril de 2019 en un restaurante del hotel Ritz Carlton, en Washington D.C., detalla que el hombre fue delegado electo por Colorado a la convención nacional republicana de 2008. Allí conoció a Ron Paul, entonces congresista por Texas y una de las figuras más influyentes del ala libertaria del partido. Para entonces, Weeks indica que se había devorado libros de Ron Paul y empezaba a convertirse en su fanático. El vínculo, incluso, lo llevó a acuñar monedas de plata con el rostro del entonces candidato presidencial, y rentó una limusina para la campaña de Paul por la que pagó $50,000. Joby Weeks junto al político Ron Paul, quien carga a la hija recién nacida de Weeks y Stephanie Stolba en 2018. Foto suministrada Esa cercanía con el político trascendió una vez Weeks fue acusado pues, según el tracto de hechos en el expediente judicial, cuando apeló su orden de detención en 2020, Ron Paul firmó una carta de apoyo a su favor que fue sometida como evidencia ante el tribunal federal. Y en agosto de 2025, la corte negó un permiso a Weeks para viajar a Lake Jackson, Texas, donde Ron Paul celebraba su cumpleaños. En esta ocasión, se anejó al documento en poder judicial una foto del político con Weeks y la hija de este en brazos de Paul.

Al tiempo que el bufete de Juan R. González Galarza es el principal consultor legal de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, también asesora en asuntos de derecho energético a la Autoridad de Energía Eléctrica. En ese doble rol, no divulgó información a la AEE sobre los problemas del contrato de Power Expectations en el billonario contrato de energía temporera Por Bárbara Josefina Figueroa Rosa, Carmen Enid Acevedo y Vanessa Colón Almenas | Jay Fonseca PR, Bonita Radio y Centro de Periodismo Investigativo Cuando el 16 de junio del 2026 supo de las imputaciones de extorsión de ERock en contra de la compañía Power Expectations, el abogado del bufete principal de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Juan R. González Galarza, no se lo reveló a su otra clienta, Mary C. Zapata Acosta, directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Zapata Acosta puso esto por escrito a la Junta de Control Fiscal posteriormente. La funcionaria continuó la relación con Power Expectations ajena a las acusaciones de la compañía ERock en contra de esa empresa. Enchanted Rock, cuya matriz es ERock, y Power Expectations son dos de las empresas que firmaron el contrato de $5,800 millones con la AEE para proveer energía temporera en Puerto Rico. El Zar de Energía, Josué Colón, negó que el licenciado Juan R González Galarza (primero a la izquierda), tuviera información que nunca descubrió a la ingeniera Mary Carmen Zapata sobre las irregularidades en el contrato billonario de energía temporera. Time Line https://view.genially.com/6a9619825893abe3bb2f0e4a En lo que va del cuatrienio, el bufete González & Martínez Law Offices, del que González Galarza es socio principal junto al licenciado Juan Martínez, ha obtenido $10.4 millones en contratos con la AEE y la AAPP. González Galarza no concedió una entrevista para esta investigación, pero indicó en unas escuetas declaraciones escritas que los cánones de ética y obligaciones que rigen su profesión le impiden confirmar si, como dijo Zapata, no le notificó las serias denuncias de aparente fraude y extorsión que, desde mediados de junio, le llegaron por parte de la representación legal de ERock. “No me corresponde divulgar ni discutir públicamente comunicaciones con mis clientes, el contenido del asesoramiento brindado, instrucciones recibidas, ni las deliberaciones o análisis realizados en el curso de una representación legal”, sostuvo el abogado. Licenciado Juan R. González Galarza en reunión con el ingeniero Josué Colón en la oficina del representante PNP, Victor Parés el pasado lunes 31 de agosto 2026. Foto: Brandon Cruz, CPI Una investigación realizada en alianza entre el Centro de Periodismo Investigativo, Jay Fonseca PR y Bonita Radio encontró que el bufete González & Martínez, que en servicios sumados entre la AEE y la AAPP podía ganar hasta $625 en una hora, en varios momentos, asesoró a las dos corporaciones públicas sobre el tema de la contratación de los servicios de producción de energía temporera. Al menos desde hace un año y medio, el Gobierno de Puerto Rico, mediante la AEE y la AAPP, ha gastado cerca de $10.7 millones en asesorías legales y técnicas con González & Martínez Law Offices y Regulatory Compliance Services (ReComS) con el fin de obtener servicios de energía temporera y así mitigar la crisis de producción del sistema eléctrico, encontró una investigación realizada en alianza entre el Centro de Periodismo Investigativo, Jay Fonseca PR y Bonita Radio. ReComS es la compañía que preside el licenciado Osvaldo Carlo Linares, contratada por la AAPP para gestionar las licitaciones y compras del sistema eléctrico. Se le conoce como la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO en inglés). La investigación de agencias federales sobre la irregular transacción de compra de energía temporera ha llegado al más alto nivel, confirmaron varias fuentes que, incluso, sostienen que el fiscal general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, tiene conocimiento del asunto. Blanche estuvo en Puerto Rico el jueves, 27 de agosto, para anunciar nuevas iniciativas de las agencias federales para contener delitos relacionados al narcotráfico. La Fortaleza dijo que en la reunión de la Gobernadora y el Fiscal General no se habló de Power Expectations. La Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico respondió con un escueto "sin comentarios" a la pregunta de si en la visita de Blanche se discutió con la Gobernadora o con alguna agencia de Gobierno el caso de Power Expectations. Tanto el fiscal federal interino para el distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, como el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) en San Juan, Carlos R. Goris, conocen del caso toda vez que Carlo Linares los copió en la carta que le envió a la Junta de Control Fiscal el 18 de agosto. Además, al menos dos empleados del Gobierno de Puerto Rico han sido entrevistados por el FBI, aseguraron las fuentes. Héctor Ramírez Carbó, jefe interino de la Fiscalía federal para el Distrito de San Juan, extrema izquierda; el fiscal general del Departamento de Justicia federal, Todd Blanche, al centro; y Carlos R. Goris, jefe del FBI en Puerto Rico, a la derecha, durante una conferencia de prensa la semana pasada sobre un operativo antidrogas. (Captura de pantalla) ¿Quién es González Galarza? González Galarza, el mismo abogado que cobra $275 por hora para representar a la AEE, comenzó a prestar servicios a la AAPP desde abril de 2025, a razón de hasta $350 por hora. Su bufete González & Martínez Law Offices presta servicios simultáneamente a la AEE y a la AAPP desde abril de 2025 hasta el presente, excepto en el mes de julio de 2025 y 2026 con la AEE. El abogado inició su contratación con la AEE en 2012, cuando Josué Colón Ortiz era director ejecutivo interino de esa agencia. Ese primer contrato fue cancelado meses después, cuando Juan Alicea Flores entró a dirigir la agencia. Su contrato con la AAPP comenzó en abril de 2025 también de la mano de Colón, quien ahora es el director ejecutivo de la AAPP y Zar de Energía. Sus contratos han sido renovados en ambas agencias. Carlo Linares y González Galarza son vecinos de oficina. Las dos compañías de las que son dueños tienen sus despachos en el edificio Touchvision Plaza, en la Calle López Landrón en San Juan. Carlo tiene la oficina de su empresa ReComS en el penthouse, y unos pisos más abajo, en la séptima planta, tiene su oficina el licenciado González Galarza. González Galarza dijo que sus gestiones como asesor legal de la AEE y AAPP no han sido conflictivas. El bufete González & Martínez era asesor de ambas corporaciones públicas cuando se gestaba el billonario contrato que se otorgó al consorcio liderado por Power Expectations, pero según el abogado “el bufete no proveyó representación ni asesoría legal paralela a la AAPP y a la AEE en torno a este asunto”. Colón confirmó en una conferencia de prensa en La Fortaleza que sobre este asunto recibió, como director de las AAPP, asesoría de González Galarza. La Directora Ejecutiva de la AEE no accedió a múltiples solicitudes de entrevista que se le hicieron para esta investigación, de manera que abundara sobre el rol de bufete González & Martínez en la contratación de los servicios de generación temporera. Tampoco contestó si le parecía que el bufete estaba obligado a informarle de inmediato sobre el potencial fraude en el contrato con ERock y si los contratos del abogado con la AEE y la AAPP lo pudieron llevar a un conflicto de interés. El expediente sobre la aprobación de los contratos para la generación de emergencia en el Negociado de Energía muestran que el bufete González & Martínez representó a la AEE y presentó mociones específicamente sobre este tema. Según establece el acuerdo, el contratista tiene cinco días para informar si se le presenta algún conflicto de interés en sus labores de asesoría. El contrato con la AAPP puso a González & Martínez Law Offices a prestar servicios en asuntos de energía, generación, transmisión y distribución, manejar contratos de compraventa de energía y transacciones relacionadas con la AEE, según describe la propuesta de servicios. Cuando se firmó el contrato, el bufete informó a la AAPP que tenía un contrato vigente con la AEE. ¿Quién es González Galarza? González Galarza es presidente y socio del bufete González & Martínez y fue la persona que acompañó al Zar de Energía a la conferencia de prensa del 9 de agosto en La Fortaleza, dos días después de que Jay Fonseca PR hiciera pública la información de que el multimillonario contrato tenía serias deficiencias, incluso la firma del representante fraudulento de ERock, una de las corporaciones originalmente parte del consorcio con Power Expectations. “Nosotros referimos eso inmediatamente a nuestro director legal [Lionel Santa Crispín], que se encuentra aquí con nosotros en la mañana de hoy, y al bufete principal legal que tiene la Autoridad para las Alianzas Públicas [González & Martínez], cuyo principal oficial también está aquí en la mañana de hoy”. Así intentó despachar el ingeniero Colón las preguntas de los periodistas sobre las irregularidades con la firma del contrato de energía temporera por el consorcio entre Enchanted Rock, Power Expectations y Reyes Contractor Group. González Galarza fue parte del Comité Pedro Pierluisi para la elección del 2020, según documentos del Contralor Electoral. El bufete González & Martínez ha obtenido $17.1 millones en contratos públicos entre el 2022 y el 2026 con la AEE, la AAPP y los municipios de Cataño, Humacao y Juncos. González Galarza ha donado más de $30,000 a las campañas del Partido Nuevo Progresista desde el 2015 hasta el presente. La donación más reciente la hizo por $600 a la gobernadora Jenniffer González Colón el 29 de junio pasado, 19 días después de que se firmara el contrato con el consorcio para energía temporera. Para esa fecha, ya Enchanted Rock había denunciado a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas presuntas irregularidades de fraude y extorsión. González Galarza figura como presidente en tres compañías incorporadas en agosto del 2025 para ofrecer servicios legales en el campo de la energía: JG Energy Litigation LLC, JG Energy Management LLC y JG Energy Consulting LLC. Esta última empresa tiene también el propósito de invertir, adquirir, administrar, vender, transferir y disponer de efectivo en valores, acciones, bonos, fondos de inversión, bienes muebles, participaciones en sociedades y cualquier otro tipo de activo o inversión. SAGL L.L.C., Strain Express L.L.C., Strain Pay LLC y JG Litigation Quiros LLC son otras compañías que González Galarza ha incorporado entre 2021 y 2025. Al menos dos personas consultadas para esta investigación que tienen experiencia y relaciones en la industria energética dijeron que no conocen a González Galarza como experto en este tema. El abogado no contestó en qué consiste su expertise en temas de energía. VISUALIZACIÓN: https://public.flourish.studio/story/3804667/ Los contratos de González Galarza El Licenciado González Galarza firmó contratos para ser representante legal simultáneamente de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas mediante su bufete González & Martínez. El rol de González Galarza en la multimillonaria transacción Al revisar los documentos que se han hecho públicos incluso en referidos al Departamento de Justicia y a las autoridades federales, se observa que el 16 de junio González Galarza, en función de abogado de la AAPP, le escribió a Davis Zapffe, abogado de ERock, en relación a una llamada que tuvieron ese mismo día en la mañana, donde lo pone en conocimiento de que la firma de ‘Jhoby Weaks’, en el contrato por parte de ERock, no es reconocida por su cliente. En el intercambio que hubo por correo electrónico, Zapffe advertía de una posible “conducta criminal”. “Dada la gravedad de las acusaciones planteadas, y sin pronunciarme en esta fase sobre su veracidad o fundamento, he remitido su comunicación y la información facilitada al Sr. Osvaldo Carlo, director ejecutivo de la Oficina de Contratación con Terceros [3PPO en inglés]”, dice González Galarza en contestación a Zapffe . En esa comunicación, González Galarza destaca que Carlo Linares “es un antiguo fiscal federal del Distrito de Puerto Rico y cuenta con una amplia experiencia en la realización de investigaciones complejas” y establece que le pidió “una revisión independiente de las acusaciones, evalúe la información disponible, realice cualquier investigación adicional que considere oportuna y presente un informe escrito” lo más rápidamente posible. “Tenga en cuenta que esta solicitud no debe interpretarse como una determinación de que se haya producido alguna infracción. Más bien, refleja nuestro compromiso de garantizar que todas las denuncias de posibles conductas indebidas se examinen de forma exhaustiva”, expresó González Galarza en su intercambio de correos electrónicos con Zapffe, de ERock. El deber de divulgar Las Reglas de Conducta Profesional de Puerto Rico que le aplican a los abogados, y que fueron revisadas desde enero de este año, establecen que un abogado no debe representar a un cliente si hay un riesgo significativo de que la representación de un cliente esté limitada por los deberes que ejerce ese abogado hacia otro cliente actual o anterior, o por sus intereses personales. Si González Galarza asesoró a la AEE sobre el contrato de energía temporera tenía el deber de informar a Zapata sobre las imputaciones de posible fraude y extorsión que supo mientras brindaba servicios legales a la AAPP. Ahora bien, si sus servicios con la AEE no abarcaron esa contratación, no tenía esa responsabilidad ética, explicó el profesor Luis M. Negrón Portillo, experto en temas de Ética y Responsabilidad Profesional. La abogada y catedrática de derecho constitucional, Yanira Reyes Gil, explicó que además de las Reglas de Conducta Profesional, un abogado que contrata con el Gobierno tiene también que pasar el crisol del Código de Ética para contratistas del Gobierno y el Código Anticorrupción. “El [cuidado que hay que tener] de estos conflictos de interés es mayor cuando se contrata con el Gobierno”, explicó Reyes Gil. “Hay un deber de divulgación cuando hay posible conflicto de interés. Yo entiendo, sin entrar en los detalles, que no los tengo, que el abogado en su deber de representación y de transparencia y de evitar el conflicto de interés tenía una obligación de divulgación completa del posible conflicto. Hay una prohibición de utilizar información confidencial en perjuicio de una parte y en beneficio de otra sobre todo cuando estamos hablando del interés público”, dijo la presidenta entrante del Colegio de Abogados y Abogadas. Se esconden el Zar y la Directora de la AEE El 21 de agosto, en una reunión de la Junta de Gobierno de la AEE, la ingeniera Zapata Acosta explicó que en su agencia supieron de la “controversia interna entre Power Expectations y Enchanted Rock” tras recibir una solicitud del programa televisivo Los datos son datos. VIDEO- Enlace Youtube de reunión Junta de Gobierno AEE. Minuto 30:15 https://www.youtube.com/live/x8YdGKpRXS8?si=3R1_Zb9Gd68pANUQ “Nos comunicamos directamente ese mismo día con la 3PPO y nos dijeron que sí, que ellos estaban conscientes de ese asunto”, dijo la ingeniera durante la reunión de la Junta de Gobierno. “Lamentablemente, ellos aunque estaban conscientes de ese asunto, aparentemente desde mediados de junio, no nos habían informado nada ni en la reunión tampoco nos informaron nada. Así que nosotros, en la Autoridad, nos vinimos a enterar ese día”, agregó Zapata en referencia a una reunión efectuada el 29 de julio en la que ella participó junto al Zar de Energía, personal de AAPP, incluyendo a González Galarza, Osvaldo Carlo Linares con su equipo del 3PPO y ejecutivos de Power Expectations, Reyes Contractor Group y Flotek. VIDEO: EMBED de Youtube de reunión de Junta de Gobierno AEE. Minuto 30:16 - 30:30 https://www.youtube.com/live/x8YdGKpRXS8?si=3R1_Zb9Gd68pANUQ Ante la Junta de Gobierno de la AEE, Zapata Acosta responsabilizó por su falta de conocimiento sobre el asunto al equipo que dirige Carlo Linares, pero no mencionó que su abogado González Galarza fue la persona que directamente recibió la queja por parte de ERock a mediados de junio. El 21 de agosto, Colón Ortiz respondió 17 preguntas de la Junta de Control Fiscal tras el escándalo público por la transacción y la revelación de la carta de ERock. Entre esas respuestas, el Zar de Energía justificó haber dejado al margen a Zapata Acosta de las denuncias de aparente fraude y extorsión alegando que los señalamientos se refirieron desde la AAPP al 3PPO, por ser este el ente independiente que había administrado la adquisición y quien poseía el expediente. El Zar dijo que la AAPP no instruyó al 3PPO a retener información y dejar fuera de ese asunto a la AEE. El abogado Juan R. González Galarza, primero a la izquierda, formó parte de la reunión del 29 de julio liderada por el Zar de Energía y la directora ejecutiva de la AEE. También estuvieron Osvaldo Carlo Linares, personal de ReComS y representantes de las compañías contratadas para la generación temporera. En la reunión con la Junta de Gobierno, Zapata Acosta también aseguró que desconocía sobre el proceso que se dio para sustituir a Enchanted por la compañía Flotek el cual inició dos días después de firmado el contrato con Power Expectations el 10 de junio. La funcionaria afirmó que supo de la sustitución el 10 de julio por un “seguimiento” que le hizo la gente de Power Expectations. Dijo que en la reunión del 29 de julio la AEE le preguntó a la 3PPO (ReComS) si ellos habían hecho la evaluación de la compañía Flotek para saber si recomendaban que sustituyera a Enchanted Rock. Colón, en respuesta a la Junta de Control Fiscal, dijo que “P3A [AAPP en inglés] no tomó ni participó en una decisión de retener las alegaciones de Enchanted Rock a PREPA. La recomendación del 30 de julio de 2026… fue preparada y transmitida directamente a PREPA por ReComS [empresa de Osvaldo Carlo]”. Y añadió que “P3A no preparó esa recomendación, no determinó su contenido, ni dirigió la omisión de información sobre la investigación pendiente de Enchanted Rock. P3A fue copiada en el memorando. En consecuencia, P3A no puede proveer el fundamento de por qué la recomendación del 30 de julio no divulgó la investigación pendiente de Enchanted Rock”. El Zar de Energía fue cuestionado sobre el tema en una comparecencia que hizo el 31 de agosto al Capitolio, donde fue citado por el representante Víctor Parés para hablar a puerta cerrada sobre temas de energía. Al llegar allí, Colón dijo que ni empleados ni consultores de su agencia participaron en reuniones del 16 de julio con representantes de ERock, aún cuando existen correos electrónicos entre González Galarza y el abogado de ERock, Zapffe, que son parte del referido hecho por el mismo Colón al Departamento de Justicia.

La ingeniera Mary Carmen Zapata Acosta le pone el dedo a la Third Party Procurement Office, conocida como 3PPO y también parece pasarle factura a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), al explicar con lujo detalles cómo la Ley 120 Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico le quitó a su agencia el trámite contractual de proyectos de energía para colocarlos en esa oficina y bajo la agencia que dirige el Zar de Energía, Josué Colón. Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio En 23 minutos, sin mirar un papel y dirigiéndose a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la ingeniera Mary Carmen Zapata Acosta, pareció contestar las preguntas que surgen hace dos semanas de cómo fue que firmó el contrato de $5mil millones para producir energía temporera y dijo que a pesar de que la oficina que dirige Osvaldo Carlo Linares, bajo la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), "sabía desde mediados de junio lo que estaba pasando con Power Expectations (PE), lamentablemente no nos habían informado nada a la Autoridad". En la reunión celebrada el viernes a la 1:30m de la tarde en las instalaciones de la Junta de Gobierno de la AEE en Santurce, la Junta aprobó una resolución en la que se solicita que "se busque la información del 'bid bond', si alguno, que 3PPO requiriera del proceso que se estuvo llevando a cabo para que se ausculte cuando vence el mismo, cual es la cuantía, cómo se puede proceder para activar el mismo".No se aclaró si este pedido supondría reactivar el proceso que se inició sobre el mencionado contrato y ya está cancelado con PE. Entretanto y del relato de la Directora Ejecutiva, una Ingeniera que estuvo 30 años en la corporación pública desde ser empleada de la División de Planificación hasta supervisar los diseños de las líneas de transmisión y distribución eléctrica, llama la atención que a dos días de firmarse el contrato el 10 de junio de este año, Power Expectations sin encomendarse a nadie activó la cláusula de "assignment' o sustitución del contrato y cambió a Enchanted Rock por Flotek. Esto se añade al tracto que ha seguido la controversia pública por voz de la 3PPO y la Junta de Control Fiscal, entidades que han dejado caer cartas que dan cuenta de que Jhobby Weaks firmó por Enchanted Rock, sin ser empleado de esa corporación y a PE supuestamente cometiendo fraude e incluso extorsionando a la corporación que sí sabe de proyectos de energía a gran escala para que firmase el contrato. En una última carta de la Junta el pasado 17 de agosto, se reveló otra del 17 de junio de Enchanted Rock donde relata que siempre dijo a Power que no firmaría el contrato y que fue en mayo del 2026 cuando supuestamente el CEO de la empresa, identificado como Abraham Freyre Medina, aceptó que no firmarían el contrato. CONTESTA EL ZAR A LA JUNTA POR QUÉ NO DESCUBRIÓ A LA AEE SOBRE IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS POR ENCHANTED ROCK El viernes pasado, el ingeniero Colón dijo a la Junta de Control Fiscal P3A "que no tomó ni participó en ninguna decisión de ocultar a la AEE las acusaciones relativas a Enchanted Rock. P3A no ordenó a la 3PPO que ocultara dichas acusaciones a la AEE, ni entendió que su remisión del asunto, el 16 de junio, para una revisión independiente autorizara a la 3PPO a determinar qué información debía recibir la PREPA en el ejercicio de los derechos contractuales que le corresponden". Añadió que la recomendación del 30 de julio de 2026 relativa a la sustitución propuesta de Flotek Industries, Inc. por Enchanted Rock, LLC "fue elaborada y remitida directamente a la AEE por ReComS en su calidad de 3PPO. P3A no elaboró dicha recomendación, ni determinó su contenido, ni ordenó la omisión de información relativa a la investigación pendiente sobre Enchanted Rock. Se envió una copia del memorándum a la APP". "Por consiguiente, la APP no puede explicar por qué la recomendación del 30 de julio no reveló la investigación pendiente sobre Enchanted Rock" y planteó que En la medida en dicha explicación, "deberá ser facilitada por la 3PPO basándose en sus registros". El también Zar de Energía alegó que solo "puede confirmar que su remisión de junio tenía por objeto obtener un análisis fáctico independiente de las acusaciones; no pretendía ser, ni debe interpretarse como, una instrucción para que la PREPA no tuviera conocimiento del asunto". La Junta también ha alegado que supo de las irregularidades de la firma de 'Johby Weaks', en realidad, Jobadiah Sinclair Weeks, por una carta de Enchanted Rock que fue descubierta luego del siete de agosto, fecha en que el periodismo comenzó a dilucidar los problemas con la identidad del firmante. El 12 de agosto, una investgación de Bonita Radio con la colaboración del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) descubrió la identidad del convicto federal. Esa carta fue dirigida a dos empleados de la 3PPO bajo la jurisdicción del director ejecutivo de la APP, ingeniero Colón y los licenciados, Mariela Quiñones y Fabián Vélez. Entretanto, en la reunión del 29 de julio Bonita Radio también identificó al licenciado Juan González Galarza, un contratista de la APP que dirige Colón que firmó un contrato de $3M con esa agencia el pasado seis de julio. El 10 julio, "recibimos una comunicación de Power Expectations, dándonos seguimiento a una alegada comunicación a la Autoridad de que ellos habían solicitado hacer un 'assigment' una sustitución de una de las tres compañías que conforman el consorcio por otra". Esa compañía resultó ser Enchanted Rock que proponían sustituirla por Flotek Industries. "Le respondimos la carta diciéndole que nosotros nunca recibimos una solicitud de ellos, solicitando esa asignación. De hecho, los documentos que nos enseñaron, y Power Expectations se había hecho un 'assigment' del cambio, sustitución del cambio de Enchanted a Flotek, para el 12 de junio pero no habían hablado con la Autoridad y en la carta que le escribimos, le dijimos hicieron esto incorrectamente porque el contrato dice que para tu hacer esto necesitas un consentimiento escrito de la Autoridad de Energía Eléctrica antes de hacer la sustitución de una compañía por otra". Añadió que la AEE le pidió a PE que le enviaran la información que "ellos le hubieran podido entregar a la 3PPO relacionado a este asunto". Sobre ese asunto, Zapata Acosta alega que le la agencia que dirige le pidió información a la 3PPO pero "en el momento ellos no dijeron que estaban sin contrato y que no podían dar documentos e información porque estaban sin contrato". "Ese día, el 29 de julio (le dijimos) que no habíamos recibido notificación ni solicitud formal de Power Expectations en cuanto a la sustitución de Enchanted Rock con otra compañía. Se comprometieron a enviar la solicitud formal esa noche y así lo hicieron", La reunión del 29 de julio fue divulgada por Colón, jefe de la APP, en la página de Facebook de la agencia. Se divisa en ellos, a todos los que mencionó Zapata Acosta, incluído el presidente de PE, Eddie Echavarría; el ingeniero Dennys Reyes Vega, de Reyes Contractor Group, y un funcionario de Flotek. La Ingeniera dijo a la Junta de Gobierno de la AEE que Landon Gallager, quien firmó el contrato por PE, estuvo vía virtual. Reunión dirigida por el Zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), Josué Colón y la directora de la AEE, Ingeniera Mary Carmen Zapata Acosta. (De las redes de la APP en FB) Según la Ingeniera Zapata Acosta, en octubre del 2025 la 3PPO presentó a tres compañías compuestas que trajeron propuestas, Javelin Global, Gothams Energy y PE. En un segundo RFP, las seleccionadas fueron PE, Enchanted Rock y Reyes Contractor. Añadió además que en diciembre de ese año, hicieron dos consultas al Departamento de Justicia sobre "alguna información que tuvimos" (Uno de los ejecutivos de PE había tenido un caso de agresión contra un oficial del orden público en Florida) y en enero del 2026 se le envió a la Junta de Control Fiscal para su aprobación luego de contestadas las preguntas. Zapata Acosta reconfirma que PE nunca trajo la fianza de ejecución de $1,118 millones para iniciar el trabajo contratado y que en dos ocasiones prometió hacerlo y solo entregó documentos que en nada validaban el que cumpliera con ese requisito contractual. Asimismo, Zapata Acosta hizo referencia además a que el Negociado de Energía tuvo dos intervenciones en el tracto que siguió el contrato cuando emitió dos resoluciones, aprobando la compra de energía temporera para satisfacer la necesidad de producción y otra cuando cambió las condiciones de un contrato de dos años a uno de diez. El presidente del Negociado, Edison Avilés Deliz, dijo el viernes que el organismo que preside no fue negligente en cuanto al proceso de aprobación del contrato. Pareció asumir la misma narrativa del gobierno de Puerto Rico, que dirige Jenniffer González, que la responsabilidad del contrato mal habido, es de la Junta de Control Fiscal. “Después que les damos el visto bueno, ellos tienen que ir (a la JSF), y allá la Junta se puede tardar. En Puerto Rico, por la ley Promesa, esos contratos no pueden implementarse hasta que tengan el visto bueno de la junta de control fiscal, que no le dio el visto bueno hasta (junio). Ahí es que empieza a correr el término, y yo no puedo hacer nada entretanto. No tengo el poder de ir donde la Junta ni de la AEE, porque la AEE me va a decir: ‘lo tiene la Junta’”, le dijo Avilés Deliz al periodista Manuel Guillama Capella. De izquierda a derecha, Edison Avilés Deliz y el ingeniero, Josué Colón. En todo momento, Zapata Acosta alega que la sPPO certificó mediante informes que recomendaba a las tres compañías para hacer el proyecto, incluso con el cambio a Flotek que ya había instituído PE a espaldas de la AEE. Zapata Acosta menciona al Zar de Energía para ponerlo en la reunión del 29 de julio en el salón de conferencias de la AEE en Santurce. Colón Ortiz solo ha hecho una comparecencia pública, el domingo nueve de agosto, en la que se mantuvo a la defensiva sobre el tema atacando a la periodista Barbara Figueroa y al productor del programa Los Datos son los datos donde se divulgó una primera información el viernes siete de agosto. El 14 de agosto, a un mes y cuatro días de la firma de 'Weaks', Gallager y Reyes Nieves, del controvertible contrato, la AEE envió una carta a PE alegando su incumplimiento con la fianza de ejecución y canceló el contrato por esto y por la decisión de la Junta de Control Fiscal de revopcar su aprobación. La Junta ha preguntado y el gobierno no ha contestado, entre otras, quienes son los cabilderos de las tres compañías.

Esta investigación contó con el auspicio de Fundación Periodismo 21. Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio y Centro Periodismo Investigativo La identidad de “Jhoby Weaks”, uno de los tres firmantes del contrato de energía temporera que supondría $5,000 millones de fondos públicos del Gobierno de Puerto Rico, está vinculada al cripto empresario Jobadiah “Joby” Sinclair Weeks, de 46 años, quien en el 2019 fue acusado junto a otras cuatro personas de un fraude de $770 millones y de evasión contributiva. El caso aún está pendiente del dictamen de sentencia en el tribunal de la jurisdicción de Newark, New Jersey. Jobadiah “Joby” Sinclair Weeks. Foto Captura de pantalla entrevista Mikki Willis en YouTube. La firma de ‘Jhoby Weaks’ aparece en el contrato en representación de la empresa Enchanted Rock, que formó un consorcio con Power Expectations y Reyes Contractor Group para producir energía temporera para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Aunque existe una discrepancia en una de las letras de su apellido, Johby Weaks y Jobadiah “Joby” Sinclair Weeks son la misma persona porque el mismo Departamento de Justicia federal identifica al acusado como Jobadiah ("Joby") Sinclair Weeks. Según el registro público de su caso federal, Weeks está bajo arresto domiciliario en un lugar desconocido desde que hizo alegación de culpabilidad de los mencionados cargos ante la jueza Clair C. Cecchi en noviembre del 2020. El pasado mes de mayo tenía programada una conferencia virtual de su caso pero fue cancelada. El abogado de Weeks, Ernesto Cerimele, no respondió una petición de entrevista para este reportaje cursada el pasado martes 11 de agosto. Dos fuentes confirmaron a Bonita Radio que Weeks es la persona que hizo la representación desde el 2025 como director de la oficina de ventas de E-Rock (Enchanted Rock) en la región del Caribe. El contrato de energía temporera fue gestionado por la compañía Regulatory Compliance Services (ReComS), que preside Osvaldo Carlo Linares y que opera la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO en inglés). Esta oficina, creada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), realiza subastas y licitaciones de los contratos de energía. La APP contrató a ReComS por $300,000 los pasados dos años para ejercer este rol. Aunque el contrato por $5,000 millones pone a Weeks viviendo en Texas, el empresario de criptomonedas, que hace alardes en su página web de ser millonario desde los 22 años y es oriundo de Colorado, parece estar bajo arresto domiciliario en un lugar desde donde ve el mar desde su sala, a juzgar por la entrevista que se le realizó. El Zar de Energía, Josué Colón, jefe de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP) que contrató a la entidad 3PPO que gestionó la multimillonaria transacción de energía temporera, no estuvo disponible para atender preguntas. En entrevista con El Nuevo Día, Carlo Linares solo lo ubicó en Colorado y dijo que personas de su oficina lo contactaron virtualmente desde el 2025 en medio de las negociaciones con las empresas firmantes del acuerdo. Osvaldo Carllo Linares (Foto Noticel) Una carta con fecha del pasado viernes 8 de agosto enviada por Carlo Linares al Zar de Energía establece que su oficina verificó documentos de Power Expectations desde marzo del 2025 “mediante la cual Enchanted Rock LLC designó a Power [Expectations] como su agente exclusivo en Puerto Rico y Florida” lo que según él, justifica la firma de “Jhoby Weaks” en el contrato. Esa carta también establece que hay un acuerdo del 1 de junio de 2025 entre Power Expectations y Weeks, quien es el individuo identificado como firmante, “mediante el cual se le atribuyó el título de “Chief Operating Officer” para las operaciones del Caribe”. La 3PPO prepara un caso ante la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico, que dirige interinamente Héctor Ramírez Carbó. Eso intimó el ex fiscal federal, Carlo Linares en la carta a Colón, que da cuenta de las gestiones que hizo su oficina sobre las irregularidades en la firma de “Jhoby Weaks” que destapó el viernes el programa la periodista Barbara Figueroa en Los datos son los datos. Otra irregularidad en las firmas del contrato es que el presidente de Reyes Contractor Group, Inc., cuya firma se lee como ‘Dennys Reyes’, tiene el nombre escrito en el contrato como ‘Denis Reyes’. Su nombre es Dennys R. Reyes Vega, según surge del registro de la corporación que preside. La empresa Reyes Contractor Group tuvo un señalamiento de irregularidades en una auditoría de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, donde tuvo contratos de impermeabilización de techos, según publicó el CPI. El tercer firmante de este contrato, Eddie Echevarría, de Power Expectations, una empresa que según la publicación Florida Politics no tenía la experiencia, el historial o el capital para proyectos energéticos de envergadura. De parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, firmó el contrato Mary Carmen Zapata, quien no estuvo disponible para contestar preguntas. Al preguntarle Carlo a quién correspondía hacer chequeo de trayectoria para contratar con el Gobierno, dijo: “Hicimos el trabajo de clearance a la corporación, no teníamos que hacer clearance de todos los que trabajan para la corporación”. Weeks se declaró culpable el 8 de noviembre de 2020, de un cargo de conspiración para ofrecer y vender valores no registrados, y otro de evasión fiscal correspondiente a los años de 2015 a 2018. En ese momento, Justicia federal lo identificó como residente de Arvada, Colorado. En su red de Linkedin está identificado como natural de Denver. Después que hizo alegación de culpabilidad, la vista de sentencia que estaba pautada originalmente para el 14 de marzo del 2021 se ha pospuesto en por lo menos cuatro ocasiones y al momento no tiene fecha de señalamiento, según el registro público del caso contra Weeks, número 19-cr-0877 en la jurisdicción de Newark, New Jersey. El último movimiento en el caso es del pasado 27 de julio, cuando la jueza Cecchi planteó que la fecha de sentencia sería anunciada posteriormente. El principal acusado de ese caso, Matthew Goettsche, estaba imputado de estafar a los inversores por valor de $722 millones. La jueza Cecchi accedió el pasado martes a la solicitud del Ministerio Público de retirar los cargos contra Goettsche. Las autoridades plantearon en diciembre del 2020 que Goettsche creó y dirigió una avanzada operación de minería de criptomonedas, BitClub Network, que recompensaba a los inversores por captar nuevos miembros y describió su modelo de negocio como algo construido “a costa de los idiotas”. La fiscalía lo iba a llevar a juicio en octubre próximo, pero los abogados de Goettsche informaron a la jueza el 8 de julio que habían llegado a un acuerdo sobre el desistimiento del caso con perjuicio. ¿Protección presidencial? En julio, Bloomberg reportó que el hoy secretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, fue cuestionado por escrito por dos miembros demócratas del Comité de lo Jurídico del Senado federal —en medio de su confirmación ante el Alto Cuerpo— sobre los contactos de Goettsche, coacusado con Jhoby, con abogados allegados al presidente estadounidense Donald Trump, que alegadamente habían conseguido la resolución del caso. “¿Qué mensaje se transmite a las víctimas de delitos cuando los delincuentes tienen, literalmente, una “tarjeta para salir libre de la cárcel” si conocen a las personas adecuadas?”, preguntó el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois y miembro de mayor rango del Comité. “Rechazo respetuosamente la premisa de esta pregunta, que se basa en una información periodística errónea y sesgada”, escribió Blanche en su respuesta. “La resolución de este asunto no fue resultado de ninguna supuesta presión por parte de los abogados del acusado. Reflejó la evaluación rutinaria que realiza el Departamento de los casos pendientes, y el Gobierno está en proceso de recuperar una cantidad sustancial adeudada a los inversores”, contestó el jefe de Justicia Federal. En Puerto Rico, se alega que la resolución del caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced por un delito menos grave de que aceptó una promesa de donativo de un ciudadano no estadounidense, se dio precisamente por el contacto del abogado Christopher Kise, defensor del coacusado, Julio Herrera Vellutini. Kise fue Procurador General de Justicia en Florida cuando Pamela Bondi era la Secretaria del Departamento de Justicia en ese estado. En una acción similar, Trump también condonó la pena de tres años y medio de cárcel al beneficiario de la Ley 22/60, Terren Scott Peizer, que fue acusado en California de fraude y tráfico de información privilegiada para vender acciones de la empresa Ontrak.

El miércoles se discute en la Legislatura Municipal de San Juan, un proyecto de cesión de superficie hasta por 90 años para un estacionamiento multipiso en El Escambrón cuyo diseño no se ha hecho público por el Municipio y estuvo a punto de ser aprobado sin vistas públicas y sin subasta en junio pasado. Mientras, estudiantes graduados de la Universidad de Puerto Rico desarrollaron desde el 2025 una propuesta ecológica de rehabilitación al también llamado Parque del Tercer Milenio que promueve la integración con el Luis Muñoz Rivera Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La última propuesta de diseño de la rehabilitación del parque de El Escambrón que obra en documentos públicos presenta no uno, si no dos estacionamientos, incluso en la pista del emblemático parque costero y otro que se describe como "mejoras a estacionamiento" que hoy opera el contratista y donante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Cabral Veras quien pretende quedarse con la construcción y administración de la nueva propuesta que impulsa el alcalde Miguel Romero. Bonita Radio descubrió un contrato entre Romero y la firma de arquitectos, Marvel, que data del 31 de enero del 2025 para el diseño del Parque de El Escambrón, con efectividad al 30 de junio de ese año. El 25 de junio lo enmendaron para extenderlo hasta el 30 de junio pasado. Al día de hoy, ni el Alcalde, ni la presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan, Gloria Escudero, han hecho público ningún diseño que constate dónde se ubicará el multipiso que ya Cabral Veras le dijo al Senado, a través de una carta, que pretende administrar a través de su empresa, Smart Parking System. Las transacciones contractuales del diseño de Marvel, que incluyen intervención de desarrollo en zonas del Parque aledañas al Hotel Normandie y parecen llegar hasta el Parque, se dieron luego de una propuesta presentada por la firma de arquitectos en el 2024. Lo único que se ha hecho público de ese diseño por parte del propio alcalde, fue el desarrollo de un Parque de Skateboard, lo que divulgó a ciertos medios el pasado 26 de noviembre del 2025. El pasado dos de julio Romero - en medio de la denuncia de las comunidades sobre la intención del Alcalde a sus espaldas - le dijo a la periodista Mónica Candelaria, que había hecho pública la propuesta de estacionamiento, pero no hay registro de que lo hiciera ni en sus redes ni en medios de comunicación del gobierno, como WIPRTV. Entretanto, y también en noviembre del 2025, estudiantes graduados de la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, publicaron una propuesta de Parque Ecológico Costero que incluye un mapa interactivo donde explican la importancia en el entorno urbano de San Juan, del predio costero que incluye Parque Sixto Escobar. Es una propuesta "para transformar El Escambrón mediante una visión regenerativa, que reconoce su valor ecológico, social y urbano", señalaron. La propuesta tiene una visión clara y trae "el contexto actual, los conflictos que enfrenta y una serie de intervenciones diseñadas para restaurar, reconectar y proteger este espacio costero clave para San Juan", describen los estudiantes en el "story map" vivo en la red. Los estudiantes destacaron que "El área del Escambrón....refleja una crisis de gestión y acceso al espacio público. Las causas estructurales incluyen una visión fragmentada de planificación, un alto impacto ambiental en los ecosistemas costeros, años de abandono y presiones de privatización. Estos factores han resultado en un desarrollo desarticulado y desconectado del entorno urbano y ecológico, el predominio del automóvil, así como procesos históricos de exclusión en la toma de decisiones. La amenaza de privatización en el Escambrón no solo se refleja en el deterioro físico, también se observa en la desconexión sistémica entre planificación, ambiente, movilidad y justicia social". La amenaza de la privatización y la visión fragmentada de planificación y el alto impacto ambiental, se verificaron a finales del pasado mes de junio, cuando la minoría del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal de San Juan, denunciaron de la pretención de Escudero y del Alcalde Romero, de aprobar la Ordenanza 55 que cedería a un tercero, iodentificado ya como Cabral Veras. Romero reculó y la Presidenta de la LGMSJ citó a una sola vista pública, que se vereficará el miércoles próximo en la sede de la institución en la Alcaldía en el Viejo San Juan. Escudero no ha contestado peticiones de información de la minoría legislativa ni tampoco del planificador, Pedro Cardona Roig, quien depondrá en las vistas. Miguel Romero y Gloria Escudero. Bonita Radio solicitó al municipio la propuesta de Marvel, toda vez que no está incluída en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor. Una de las preguntas que no contesta ni el Alcalde ni la mayoría PNP en la Legislatura Municipal, es que el Código Civil establece en su artículo 981 que "En todo caso en que se conceda el derecho de superficie sobre parte de una finca, solamente se expresará la porción del área y lugar que ocupará el derecho de superficie. El área se expresará en el sistema métrico decimal". Esa información no se ha provisto en el Proyecto de Ordenanza. También se cuestiona si la cesión del predio del parque no puede realizarse sin subasta pública, toda vez que el articulo 2.016 del Código Municipal sobre Bienes Municipales establece que "Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público, tales como las plazas, calles, avenidas, paseos y obras públicas, de servicio general sufragadas por el municipio con fondos públicos". Además, la administración de Romero quiere eximir de subasta el trámite de cesión de superficie, sin demostrar cuáles son los términos y condiciones del acuerdo con Cabral Veras. Tampoco quieren demostrar cual es la necesidad que tiene la comunidad de un estacionamiento para el disfrute del bien patrimonial. Artículo del Código Municipal sobre requisito de Subastas. Parecería que el interés del municipio en el proyecto de estacionamiento, es satisfacer las necesidades del contratista Ezra Ishay, con quien Romero firmó un contrato en el 2023, también a espaldas de las comunidades, que le permitiría desarrollar un estacionamiento soterrado y un pabellón de eventos en las instalaciones deportivas. Ezra Ishay y el Alcalde de San Juan, presentando el proyecto para el Parque El Escambrón en el 2023. El año pasado, el municipio alertó que estaba a punto de cancelar el contrato con San Juan, luego de que el contratista dijo que tendría que buscar fondos federales, con el municipio, para sufragar la obra. Al día de hoy ese contrato no ha sido rescindido. Ishay fue donante de la campaña de la Gobernadora, Jenniffer González Colón. Ishay tiene un decreto de "individuos inversionistas" desde mayo del 2020. A las 8AM, traemos más información y análisis en Noticias con café.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Recursos Humanos Federal, tienen desde el 2023 información de uno de los contratistas que hoy es parte de los que se alega favorece la secretaría de la gobernación en La Fortaleza y que acumula $16.1M en contratos con la actual administración Esta investigación es auspiciada por Fundacion Periodismo Siglo 21 Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Agentes del Negociado Federal de Investigaciones y de la Oficina del Inspector General Federal del Departamento de Recursos Humanos Federal (OIG-HHS, por sus siglas en inglés), tienen información, desde el 2023 y el 2024, respectivamente, de un alegado patrón que se dio en la Administración para el Cuidado Integral de la Niñez (ACUDEN) con contratistas allegados a la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) que incluye a JJ Investment, corporación que recibió un pago por adelantado por servicios no prestados. A ambas agencias anti corrupción llegó información de que en contrataciones con fondos de la American Rescue Plan del 2019 (ARPPA), se incluía material promocional de la agencia y el compra de anuncios en vallas publicitarias sin que se tuviera evidencia de que se utilizaron para fines públicos. La información en poder de las autoridades federales, se asegura que incluyó por lo menos siete transacciones con fondos federales que involucró a contratistas donantes del PNP, entre ellos JJ Investment, que actúa como agencia de publicidad y organizadora de eventos, propiedad de José José Pabón Castrodad. Pabón Castrodad ha aportado $37,450 desde el 2019, de los cuales $33,900 se dieron entre el 2021 y el 2025 al PNP; al ex gobernador, Pedro Pierluisi; la gobernadora, Jenniffer González; al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y al alcalde de San Juan, Miguel Romero. Llama la atención que entre el 2019 y el 2021, Pabón Castrodad aportó donativos de $100 y solo uno de $500. Los donativos a partir del 2022, se dieron desde $1,000 hasta el máximo permitido por ley en un año, de $3,300. Entretanto, JJ Investment, una de las que se alega tiene contratos en agencias públicas por instrucciones del secretario de la gobernación, Francisco Domenech, recibió sobre $208K en fondos federales en el 2023 como pago por adelantado de un trabajo que realizaría en ACUDEN, mientras era el jefe Roberto Pagán Santiago, hoy contratista de la actual administración de gobierno a través de una corporación que creó a dos meses de las pasadas elecciones del 2024. Las denuncias del ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, de que La Fortaleza pidió que se le diera a JJ Investment un contrato que ya había sido adjudicado a DG Media en esa agencia, ponen de manifiesto que los amigos del contratista también pulularon en la administración del ex gobernador, Pedro Pierluisi. Una investigación de Bonita Radio publicada en enero de este año, trajo el resultado de una auditoría de los fondos federales en ACUDEN y que realizó de un auditor externo, que descubrió que Pagán Santiago autorizó un desembolso de $208,883.33 a pesar de que la Directora de Finanzas, Doris Jiménez, se negó a hacer el desembolso al contratista por ser contrario a la reglamentación federal. Jiménez tiene una demanda federal desde el año pasado luego de que alega sufrió un patrón de represalias en la agencia donde labora desde el 2015 como empleada de carrera y Directora de la División de Finanzas, cuando denunció las transacciones irregulares en el pago a contratistas, todos allegados al partido de gobierno. Bonita Radio cojfirmo que el contratista al que se le pagó por adelantado, fue JJ Investment y que el FBI tiene esa información desde noviembre del 2023, que coloca a la administración de Pagán Santiago - bajo la secretaría de Ciení Rodríguez Troche - aprobando y pagando a manos llenas contratos que era enmendados para aumentarse, extender vigencia o reagrupar las cifras y asignar otras cuentas o fuentes de pago. Tres meses más tarde, en específico en febrero del 2024, el agente a cargo del OIG de HHS en PR, José L. Soto, tuvo información sobre ese caso y otras seis transacciones con fondos ARPA, habidas en el pago de contratos entre los que figuraban también los que se otorgaron a Ecoval, la firma de la que se alega era dueño el hoy ex director de COR3, Eduardo Soria. Mientras Soria fue jefe de COR3 hasta el pasado mes de junio, Ecoval mantuvo contratos con el gobierno de Jenniffer González, que venían desde la administración Pierluisi, entre ellos dos con ACUDEN que tuvieron enmiendas entre el 2023 y el 2024. Las enmiendas se dieron en el contrato 2024-664 "para efectos de desglosar la nueva distribución para el uso del remanente de los fondos previamente delegados". El contrato del 2024-608 se enmendó "con el objetivo de extender el término de vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre de 2024, y para asignar fondos de una cuenta vigente para cubrir el remanente de los pagos por los servicios acordados bajo el Contrato durante su extensión. Los fondos asignados a través de dicha enmienda A al Contrato no constituyeron una asignación de fondos adicionales a los asignados bajo el contrato original, si no que fue la cantidad obligada bajo la nueva cifra de cuenta identificada para realizar los pagos por los servicios pendientes". Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicada el martes reconfirmó que en el caso de JJ Investment, los contratos fueron avalados por el entonces administrador de ACUDEN, Pagán Santiago y que "en al menos tres ocasiones, Pagán Santiago solicitó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que le permitiera la contratación directa de JJ Investment sin pasar por el proceso de competencia que impone la Orden Ejecutiva para contratos de servicios por más de $250,000. La OGP lo aprobó todas las veces". LLama la atención que en febrero del 2024, el contrato de JJ Investment, 241-2024-000586 - con vigencia de septiembre del 2023 a septiembre del 2024, se enmendó en febrero del 2024 para darle continuidad a los servicios de campaña de publicidad de tres programas federales, a saber, Head Start/Early Head Start y Child Care and Development Fund y recalcular los costos de producción y el pago de pautas en medios. Foto del perfil de LinkedIn de Raymond Cruz Hernandez La pesquisa periodística del CPI establece además que el contacto de JJ Investment en algunos de los contratos que tienen con el actual gobierno es Raymond Cruz Hernández, un ex recaudador de fondos del ex gobernador, Ricardo Rosselló Nevárez, que fue director político de su campaña del 2016 y se convirtió en su Director de la Oficina del Gobernador en La Fortaleza. Cruz Hernández tiene en su perfil de la red de network profesional, Linkedin, que trabajó en JJ Investiment entre el 2014-2016.

El veterano baloncelista y ex dirigente del Equipo Nacional, Flor Meléndez, es uno de los demandantes de las comunidades circundantes a donde se instalaron dos asfalteras portátiles que tiran al aire dióxido de fósforo y su construcción en el Mogote Santa Ana ha provocado deslizamientos del terreno. Alegan la segunda no tiene permiso. Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Un grupo de 11 residentes de comunidades aledañas a DB Asphalt en Bayamón presentó una demanda contra el alcalde Ramón Luis Rivera, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) municipal y estatal, dos ingenieros y tres corporaciones, para exigir la anulación de los permisos de la asfaltera y la demolición de una segunda estructura de almacenamiento. Los demandantes alegan que la planta opera ilegalmente al pie de la reserva Julio Monagas y exponen riesgos por emisiones de contaminantes en la zona. Los demandantes, el primero en la lista, el ex dirigente del equipo nacional de baloncesto masculino de Puerto Rico, Flor Meléndez, alegan que por la operación de la asfaltera desde el 2023, "han sufrido, sufren y que están en riesgo inmediato e inminente de sufrir daños a vida, salud y o seguridad de ellos y sus propiedades, y su medioambiente, por la planta dosificadora de asfalto, portátil; porque, con su construcción y operación, afectaron estructuralmente el Mogote Santa Ana" Las súplicas al foro judicial, por voz del licenciado Jesús Morales Irizarry, representando a la Practica Legal Compensada de la Corporación de Servicios Legales, es que se (1) declare inconstitucionales disposiciones de tres leyes especiales con relacion al ambiente (2) declare “HA LUGAR” al interdicto estatutario que se solicita, ordenando la revocación del (de los) permiso(s) de construcción de la facilidades de producción de hormigón asfáltico objeto de esta acción y la paralización del uso de la dosificadora de asfalto en esa finca por violación al debido proceso de ley y los daños que sufren a la salud y seguridad de los Demandantes y su medio ambiente y (3) ordene la demolición -efectivamente, traslado, porque es portátil- de la construcción del segundo silo porque el mismo no cuenta con los debidos permisos para su construcción y uso, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda". Los demandantes llamaron la atención que "en octubre de 2024, la EPA propuso determinar, finalmente" que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no cumplió con convenio firmado en el 2018 (“Failure to Attain”) "y se encuentra en el proceso de determinar cuál será el proceder para lograr el cumplimiento con los niveles de contaminación del barrio, y áreas aledañas. Además, "los Co-Demadantes alegan que la actividad de la asfaltera ha contaminado el pozo de agua potable de la AAA, a poco más de 300 metros de la planta, y del Río Bayamón, a menos de un kilómetro de la misma planta, por los polvos fugitivos y otros contaminantes de la última; y que no se tomaron en consideración para la aprobación de los permisos". Bayamón ha sido uno de los municipios afectados por las recientes averías de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y mientras el Alcalde novoprogresista ha insistido en la negligencia de la agencia pública, tiene a la asfaltera contaminando el agua que se sirve en el municipio, según las alegaciones de vecinos del sector Juan Sánchez. Entretanto, los demandantes alegaron que están afectados por el efecto nocivo de la asfaltera al aire, "en un área que ya excede los límites de Material Particulado (PM por sus siglas en inglés) de dióxido de azufre (SO₂) permitidos por los estándares de calidad del aire y limitación de emisiones (“Air Quality and Emission Limitations”) del Clean Air Act", que incluso mantiene pendiente un caso pendiente po. adjuicar por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés)/ Uno de los expertos que trabajó la evaluación ambiental para la asfaltera resulta ser el ingeniero químico, Alejandro Pinto Flores, quien hoy corre para vice presidente del Colegio de Ingenieros de PR en la próxima Convención a celebrarse del 13 y 16 de agosto próximo. . Las acciones concretas que ha producido la construcción desde el 2023, se extienden pero no se limitan, al fuerte olor que describen como “brea”; vehículos y propiedades se cubren de cenizas desde que comenzó la operación de la planta dosificadora de asfalto en su vecindad y sus casas por dentro, se llenan de cenizas que estos identifican como provenientes de la asfaltera -lo que no sucedía antes que se instalara la asfaltera y que daña el interior de sus residencias". La demandada establece que el mogote Santa Ana está "expresamente protegido por la Ley Núm. 180; la Ley Núm. 292, de protección de la fisiografía cársica, y por la Ley Núm. 111, porque el mogote Santa Ana contiene cuevas identificadas y la asfaltera ubica en parte sobre la Franja de Amortiguamiento de la Zona Restringida (APE-RC)". Vecinos de las comunidades aledañas, incluidas las urbanizaciones, Villa España, River Park , Vista Bella, Sierra Bayamón, Bayamón Gardens y el condominio Riverside Plaza, entre otros, solicitan un Interdicto Estatutario para que se revoque el permiso. En el escrito de 37 páginas se alega que, "por información y creencia, esta planta portátil fue instalada inicialmente en el Barrio Guaraguao del Municipio de Guaynabo, y luego desmontada y trasladada a su ubicación actual; como parte de una facilidad que ubica parcialmente sobre la falda del Mogote Santa Ana del Parque Julio Enrique Monagas en Bayamón". Los ingenieros, José C. Marquez Dávila y José Cabiya, quienes tuvieron a su cargo las obras de construcción, figuran como demandados, así como Industrial Investment, de los ingenieros José L. y Jorge Ortiz Serrano, ambos dueños de DB Asphalt entidad que inició los procesos de permisos ante la Oficina de Permisos del Municipio y promovió la construcción. Alegan los demandantes que la información que ofreció DB Asphalt en su Memorial Explicativo para obtener el permiso de construcción y, luego, de uso expresa, mediante el mecanismo de certificación de permiso por ingeniero, que la dosificadora de asfalto era un uso permitido en Distrito de Calificación Industrial Pesado (I-P). "Sin embargo, la dosificadora de asfalto no es un uso permitido en dicha clasificación I-P, ni siquiera por vía de excepción, ya que es un uso expreso para Distrito de Calificación para Industria Especializada (I-E), véase, expresamente, “Dosificadora de hormigón o asfalto” (énfasis suplido) en la Tabla 6.59 (de “Usos permitidos en Distrito I-E”) en la sec. 6.1.14.2, Reglamento Conjunto de 2020 (DEROGADO), pero que estaba vigente al momento de otorgar el permiso, y cuya sección se mantiene intacta, sustantivamente, en el Reglamento Conjunto de 2023, vigente". Ante esto, plantean que "la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Bayamón violó el debido proceso de ley al autorizar como un permiso ministerial bajo el supuesto erróneo de ser un uso permitido. La Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Bayamón se excedió en sus facultades delegadas al conceder un permiso que está, a todas luces, en contravención del Reglamento Conjunto; incumpliendo con sus disposiciones sustantivas", sostiene la petición de Interdicto en sus páginas nueve y diez de la demanda. Sobre una segunda planta y posterior a la obtención del permiso antes indicado, en el 2025 "hubo una construcción de una segunda dosificadora de asfalto portátil en los mismos predios, que hoy día está en operación y funcionamiento. Pero, según la investigación y documentación de los demandantes "esta segunda dosificadora, colocada visiblemente al lado de la anterior aprobada, no cuenta con ningún permiso de construcción para su erección, ni un permiso de uso para su funcionamiento". A las 8AM más información y análisis en Noticias con cafe.

Con la aprobación de un proyecto de la administración del alcalde penepé en San Juan, Miguel Romero, la legislatura Municipal cedió el poder de fiscalización a su gobierno en momentos en que pretenden enajenar hasta por 90 años el Parque del Tercer Milenio en El Escambrón Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Legislatura Municipal de San Juan se dispone a aprobar un proyecto del alcalde, Miguel Romero, que tiene el efecto de enajenar por 90 años el Parque del Tercer Milenio en el área de El Escambrón, sin celebrar vistas públicas, sin subasta y adjudicándolo a una corporación privada que hoy tiene contratos con el Municipio y con el Departamento de Seguridad Pública. Una corporación identificada como Smart Parking LLC, sería la agraciada según el Proyecto de Administración Núm. 55. La empresa tiene registro en el Departamento de Estado desde el 12 de junio de 2015, a nombre de Marino De León Taveras. Llama la atención que el empresario y hoy "embajador" del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Miguel Cabral Veras, inscribió una corporación con el nombre de Smart Parking System el 24 de septiembre del 2014 y la misma fue disuelta mediante resolución, el 19 de marzo del 2015. Cabral Veras, hoy Director Ejecutivo de la Comisión Mixta Bilateral República Dominicana - Puerto Rico, bajo el mencionado Ministerio, es un donante activo de Romero y del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Con ese último se reunió en agosto del año pasado en el Capitolio. Bonita Radio preguntó a la oficial de prensa del municipio si Cabral Veras guarda alguna relación con el proyecto de estacionamento del Parque del Tercer Milenio y al cierre de esta edición no habían contestado. Reunion de Cabral Veras (primero de izquierda a derecha) con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y una delegación de la República Dominicana. Foto: Del muro de FB, TRS. La empresa American Parking, en la que es socio Miguel con su hermano Rolando, firmó un contrato en el 2024 con el Municipio precisamente por el predio de estacionamiento que opera en el predio de El Escambrón por unos $800 Mil en cinco años. Entretanto, a la aprobación de la construcción de un estacionamiento de 950 plazas en el Parque del Tercer Milenio le antecede el Proyecto de Ordenanza 43 que pone de manifiesto el poder absoluto con que se está operando en la Alcaldía de Romero, quien se especula es uno de los candidatos a retar a la incumbente del PNP en la gobernación, Jenniffer González Colón. El plan de construir el estacionamiento en el Parque cuya titularidad fue traspasada por el gobierno de Estados Unidos al municipio en el 2011, se da luego de que el pasado 24 de junio, la mayoría del PNP en la LMSJ diera el visto bueno al PO 43 que delegó en un Comité la otorgación de decretos o incentivos contributivos para proyectos que diz que contribuirán al desarrollo económico sin que pasen por el análisis, evaluación y fiscalización del poder legislativo. La plancha a favor de la administración municipal se verifica cuando el proyecto aprobado establece que todos los miembros del Comité serán nombrados por el Alcalde Romero. Hoy el sistema democrático de balance de poderes, que opera entre el Ejecutivo y el Legislativo Municipal, cuenta con la intervención de las minorías del Partido Victoria Ciudadana y del Partido Popular Democrático (PPD). El proyecto 43 o “REGLAMENTO DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD CAPITAL” fue aprobado en la sesión del pasado 17 de junio - el mimso día en que recibió un Informe Positivo de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto que preside, Ada Clemente - con el voto en contra de la minoría. Fue radicado el 21 de abril de este año. Legisladora Municipal, Ada Clemente La pieza legislativa establece que el Comité que recomendará al Alcalde los proyectos "será presidido por el Director del Departamento (de Desarrollo Económico) y contará con dos (2) miembros en propiedad adicionales y un (1) miembro alterno", todos designados por el Alcalde. Estos servirán en tal capacidad de manera ad honorem. "El miembro alterno podrá sustituir a cualquiera de los miembros en propiedad en caso de ausencia o inhibición y contará con los mismos derechos de participación y voto mientras actúe como sustituto" ENAJENACIÓN DE PATRIMONIO SIN VISTAS PÚBLICAS Y SIN EXPLICACIONES Esta es la segunda ocasión en que el alcalde novo progresista de San Juan intenta enajenar predios de El Escambrón. La primera vez fue en el cuatrienio pasado cuando llegó a suscribir un contrato de 30 años con el empresario de la Ley 60, Ezray Eshay, dueño de El Normandie, que incluía un estacionamiento soterrado y un pabellón de eventos. Hoy y en un proyecto que a todas luces iría a beneficiar al Normandie, la LMSJ aprobaría un informe positivo del Proyecto O55 para construir un estacionamiento a favor de la empresa Smart Parking LLC, del también donante del PNP, De León Tavares. El pasado viernes 26 de junio, la legisladora municipal por el PPD, Ingrid Colberg, solicitó a la Presidenta de la Legislatura, Gloria I. Escudero Morales que sobre ese proyecto entregue: 1. Escritura pública número 12 de 15 de julio de 2011, mediante la cual el Municipio adquirió la parcela de la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico, incluyendo cualquier restricción de uso, condición, reversión o limitación que dicha escritura imponga sobre el destino del bien; 2. Estudio de Título reciente; 3. Justificación específica y documenta da para eximir el Proyecto del requisito de subasta pública, incluyendo el fundamento legal por el cual se entiende que la transacción propuesta encaja en alguno de los nueve supuestos taxativamente enumerados en los incisos (a) al (i) del Artículo 2.021 del Código Municipal, o, alternativamente, el fundamento por el cual se entiende que el Artículo 2.030 puede invocarse para crear una excepción adicional a esa lista cerrada, y evidencia de si se evaluaron alternativas o propuestas competidoras; 4. Identificación gráfica en mapa o plano georeferenciado del área total del Parque, que distinga con claridad: (a) la porción que constituye bien de dominio público; (b) la porción que constituye bien de uso público municipal; y (c) la porción que forma parte de la zona marítimo-terrestre, conforme al deslinde correspondiente del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales", entre un total de 12 documentos que acrediten que el municipio tiene entre otras, la autoridad legal para enajenar el terreno una propiedad pública. Además, Colberg solicitó que "convoque y celebre Vistas Públicas sobre esta medida antes de rendir su informe, por entender que el asunto reviste un alto interés público que no puede atenderse adecuadamente mediante la sola evaluación interna de la Comisión". Por su parte, las legisladores de MVC plantearon mediante comunicado de prensa que “lo que está en juego trasciende un estacionamiento. Estamos hablando del futuro del litoral sanjuanero, del acceso equitativo a nuestros espacios públicos y de la responsabilidad que tiene el gobierno municipal de proteger un patrimonio que pertenece a toda la ciudadanía. El desarrollo no puede servir de excusa para privatizar lo que es de todos”. La Oficina Legal del Municipio, por voz de su directora, Vanessa Jimenez Cuevas, emitió una opinión de dos páginas en la que justifica que no se celebre subasta para el proyecto, alegando que "el derecho de superficie dispuesto en la Ordenanza se autoriza sin sujeción al requisito de subasta en consideración al interés público que representa el mejoramiento de las facilidades, proveer de áreas adecuadas y suficientes de estacionamiento a los visitantes, mejorar la seguridad en el exterior de las instalaciones eliminado o reduciendo la congestion vehicular, fomentar la actividad económica de la zona a traves de la recreación ambiental y eco-amigable de manera responsable y al ahorro por concepto de mantenimiento que este representan al Municipio dentro del área propuesta". La Abogada cita el artículo 971 del Código Civil del 2020. El presidente de Smart Parking, De León Taveras firmó un contrato por $15K entre el 12 y el 15 de junio con el municipio de San Juan. El documento no está publicado en la página de la Oficina del Contralor. Además, tiene otro por $150mil - entre agosto 2025 y julio 2026 - para administrar el estacionamiento del edificio de LUMA Energy en Santurce y otro con el Departamento de Seguridad Pública por $345 Mil entre agosto del 2025 y julio del 2027, para proveerle 150 estacionamientos a los empleados de esa agencia en el número 576 de la avenida Arterial B de Hato Rey. A las 8Am en Noticias con Café habrá más información y análisis sobre esta historia.

Un Memorando en Oposición a Certiorari en un caso que data del 2025 y que tiene como abogados al ex gobernador Luis Fortuño Burset y a dos ex jueces del Tribunal Supremo, deja caer que puede haber imputaciones éticas contra los últimos dos toda vez que participaron de decisiones relativas al pleito Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El ex juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton y el ex juez asociado, Edgardo Rivera García, estarían siendo señalados por conducta anti ética luego de que participaran como miembros de Alto Foro en un pleito que data del 2005 y ahora funjan con otros siete abogados que incluye al ex gobernador, Luis Fortuño, en la fase de apelación de la cuantía de daños e intereses adjudicados por temeridad. La alusión a posible conducta anti ética de ambos ex Jueces, uno retirado desde el 2014 (Hernández Denton) y Rivera García, el tres de enero del 2025, se da en el contexto de una revisión de sentencia del Tribunal de Apelaciones que solicita Ramón Cacho Pérez en el caso contra el empresario ponceño, Robert J. Hatton Gotay, que se dio en abril de este año y que tuvo el efecto de rebajarle unos $15M de una sentencia que suma sobre $40M por un probado patrón de engaño en un contrato de negocios. El caso fue radicado en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce en el 2005 ante el juez Pedro J. Polanco y resuelto en su totalidad tras la adjudicación de daños, en verano del 2025, por la jueza Lynette Ortiz. Las vistas para adjudicar daños se dieron entre enero del 2023 y junio del 2024, con desfile de prueba pericial que incluyó a la economista Heidi Calero, por parte del demandante. La controversia de fondo y que fue resuelta a favor de Cacho Pérez, versó sobre "las reclamaciones que consistieron en que el Sr. Hatton forzó a Cacho a celebrar un contrato simulado llamado "Stock Option Agreement" suscrito el 23 de julio de 2003 para encubrir un préstamo con intereses usureros, quien dolosamente incumplió con sus obligaciones, apoderándose de una finca causando daños y perjuicios". El caso atendido por el juez Polanco entre el 2005 y el 2009 dejó una sentencia de diciembre del 2009 en la que se planteó que: "El Tribunal quedó plenamente convencido de que se trata aquí, de un esquema doloso (engaño, fraude, mala fe) concebido con anticipación a la contratación y llevado a cabo con extraordinario éxito. Claramente viene el demandado a responder por todos los daños derivados de su conducta". Cacho Pérez radicó una Petición de Certiorari el pasado 12 de junio y el pasado jueves 18, la defensa de Hatton Gotay, por voz del licenciado Ramon Rosario Cortés, descubrió en parte lo que intimaron parece ser la interposición de una queja contra los Ex Jueces. Ambos letrados, Hernández Denton, hoy de 82 años y Rivera García de 71, comparecen al caso después de julio del 2025 cuando bajó la sentencia con la adjudicación de daños. Rivera García es hoy 'special counsel' del bufete MZLS, del cabildero del Partido Nuevo Progresista (PNP) y contratista del Senado, Anthony Maceira Zayas. En la página 14 del escrito en Oposición, la defensa de Hatton Gotay alegó que Cacho Pérez "recurre a ataques laterales contra los abogados de Hatton", para fundamentar el pedido de que se restituyan los daños por temeridad. El caso ha tenido intervenciones de los foros apelativos en por lo menos nueve ocasiones, dos de ellas ante el Tribunal Supremo, en las que intervinieron tanto Hernández Denton como Rivera García, según la defensa hoy de Cacho Pérez, el licenciado Juan Medina. ANTECEDENTE DE 'PERSONALITIES' JUDICIALES Asimismo, las alegaciones de Hatton Gotay sobre a lo que alega vienen los ex jueces del Supremo no son nuevas. En el 2011, en medio de un caso criminal contra Cacho Pérez y su padre, Ramón Cacho Tossas, por los mismos hechos alegados en la demanda, el abogado de los acusados, Eric Quetglas, llamó la atención de que fueron imputados de delito tras recibirse la sentencia a su favor. Al inicio del caso en el 2005, representaron a Cacho Pérez, Quetglas y el ex gobernador, Rafael Hernández Colón. El primero dijo a El Nuevo Día, "me sentaron al ex gobernador, Carlos Romero Barceló. Y trajeron al ex juez del Supremo que se retiró, Efrain Rivera Pérez". Aqúi las expresiones de Quetlas a END en un pasillo del Tribunal de Ponce. El caso fue archivado. En defensa de Hatton Gotay, pasó el ex gobernador Romero Barceló y el ex juez del Supremo, Rivera Pérez (RIP), quien llegó a una vista, dos semanas más tarde de que renunciara a su posición de Juez Asociado en julio del 2010 y siete meses más tarde de que bajara la primera sentencia en el 2009 y que fue ratificada por el TA en el 2011. ALEGACIONES CONTRA LOS EX JUECES HD Y RG "Los autos demuestran que la parte apelada contrato los servicios legales de dos (2) exjueces del Tribunal Supremo luego de conocer la determinación de la Resolución/Sentencia del 15 de julio de 2025. La representación legal de los recurridos tiene pleno conocimiento de la intervención como jueces de dos (2) de sus abogados, pero al parecer le restan importancia que se trata de un asunto muy serio y delicado que no debería tomarse livianamente porque pone en riesgo la credibilidad e integridad de nuestro ordenamiento jurídico y la justicia", lee la Petición de Certiorari de Cacho Pérez. Añade que en el caso Cacho Perez v. Hatton, 195 DPR 1 (2016), relacionado a los embargos preventivos que se concedieron como remedio provisional en aseguramiento de sentencia la Sentencia dictada fue suscrita por el entonces Juez Asociado, Hon. Edgardo Rivera García, "casualmente ahora abogado de la parte recurrida en el presente caso. Además, fue un caso atendido por el pleno del Tribunal Supremo que incluyó al entonces Juez Presidente Hon. Federico Hernández Denton, quien ahora también figura como representante legal de la parte recurrida. Hasta de los abogados se puede determinar proceder temerario". La intervención de Hernández Denton se alega se dio en el 2009. "El simple hecho que formen parte de la representación legal de la parte recurrida demuestra una actitud temeraria que provoca una continuación de la litigación y gastos innecesarios para que sean descalificados. La situación se agrava cuando aun teniendo el conocimiento que actuaron como Jueces en el presente caso, aceptan ser abogados de la parte que favorecieron mediante el caso 195 DPR 1 (2016) y han omitido el reclamo de la parte apelada solicitando su renuncia. Causa mucha sospecha que dicho caso fue uno de los utilizados en su apelación ante el TA para alegar que no existe temeridad porque le dieron la razón". PRUEBA DE INTERVENCIÓN DE RIVERA GARCÍA Bonita Radio constató que en mayo del 2016, Rivera García suscribió la decisión del TS en cuanto a los planteamientos procesales relacionados a la doctrina de la Ley del Caso (principio procesal que establece que las determinaciones de derecho y conclusiones de hecho emitidas por un tribunal apelativo en un caso particular constituyen la norma vinculante para ese mismo procedimiento. Obliga tanto al foro de instancia como al propio tribunal apelativo si la controversia regresa a su consideración) y a los relativo a un embargo preventivo para aseguramiento de sentencia. En su opinión, Rivera García ordenó se devolviera el caso al TPI de Ponce para la fase de adjudicación de daños. En su oposición de 20 páginas a la Petición de Certiorari, Rosario Cortés, hace silencio sobre esa sentencia que fue emitida el 16 de mayo del 2016. Entretanto, en la página 16 a la 18, Rosario Cortés trae un asunto ético que tuvo Cacho Pérez por no mantenerse al día en cuanto al Programa de Educación Jurídica Contínua lo que le valió el desaforo. "La parte recurrida no invoca ese historial para convertir este recurso en un incidente disciplinario ni para desplazar el análisis jurídico. Lo invoca porque Cacho Pérez abrió esa puerta al pretender que la comparecencia profesional de los abogados contrarios tenga algún valor probatorio en la controversia de temeridad". La discusión sobre los méritos de la controversia, si deben restituirse la suma de la sentencia por concepto de temeridad, le toma a Rosario Cortés, unos cinco pliegos que incluyen justificar el retraso del caso por los huracanes que pasaron por la Isla en los últimos 15 años; los peritos que llevó Hatton a la vista de daños que incluyó geólogos, economía y calidad de arena. Planteó además que si "Cacho entendía que existía algún asunto ético, conflicto o fundamento de descalificación, tenía que plantearlo con el vehículo procesal correspondientes, con la prueba y el remedio adecuados". En su petición de Certiorari, en 71 páginas, la defensa de Cacho Pérez reconstruye el juicio y las intervenciones de apelación incluso las ocasiones en que los demandados cuestionaron las regrabaciones de procedimientos aprobadas por el Tribunal.

Esto no se puede monopolizar con reglas básicas de participación que se reducen al poder del presidente de la comisión investigadora, que coincide con el autor de la medida y que pudiera coincidir con el principal adversario político del autor. Por Ariel Nazario Abogado Ex Secretario del Senado Y Secretario Ejecutivo Comisión Investigadora Caso Cerro Maravilla El poder de investigación es amplio, pero no absoluto. Debemos tener presente que las cámaras legislativas, además de su principal función, legislar, y , sus amplios poderes de investigación y su capacidad hasta para definir lo que es o no conducta aceptable, - la conducta que te puede llevar a la cárcel - no tiene una responsabilidad adjudicativa. Esa función – con buenas o malas consecuencias – fue delegada por los constituyentes en el Poder Judicial. Recordemos que la forma republicana de gobierno y, en consecuencia, los principios de la separación de poderes de nuestra constitución están condicionados por los términos de la ley federal que autorizó la adopción de la Constitución del ELA; que, aunque ambas tienen rasgos del propio proceso parlamentario clásico, constituyen una fórmula de gobierno única. La nuestra por ambición ideológica, y por razones culturales, con más ambiciones sociales como lo es el derecho a la educación pública y otras aspiraciones contenidas en la Carta Magna. La naturaleza política de la controversia. El proceso anunciado por el Senado que preside Thomas Rivera Schatz contiene cortes político-partidistas que no se pueden esconder. Incluso, en el ambiente político la autoridad senatorial ha calificado a algunos protagonistas de los muchos incidentes que las agencias investigadoras con tanto cuidado insisten en compartir la responsabilidad y con “mucho gusto” esperarán porque el o la otra, opine primero. Es decir, se reparte el plato y al final tienes una presa desmembrada y nadie dándole organización estructurada al asunto. Por lo tanto, tiene que hacerse un esfuerzo por darle precisión e identificación puntual de los objetivos a investigarse. Por tal razón, me parece que el Senado no tiene que adherirse al contenido de una primera resolución autorizante. En 1981 - en el proceso de investigación de los asesinatos del Cerro Maravilla - hubo unas tres resoluciones, dos de las cuáles fueron la primera de naturaleza urgente tratando de asegurar la entrega de evidencia, y la segundo, dándole una estructura con mayor sentido jurídico, como base de todo lo que ocurrió después. Habiendo expresiones previas que inciden sobre posibles – justificados o injustificados – prejuicios político-partidistas hacia testigos obvios de un proceso investigativo como lo es el de corrupción en el principal organismo promotor y motor del desarrollo económico del país, hay que desprenderse del coraje o sentido de caciquismo que convence a un legislador que puede decir y regañar a un funcionario público sin ninguna otra razón que no sea el objetivo político. Las minorías legislativas Hay que tener honradez histórica. El Senado controlado por el PPD en 1981-1985 específicamente, y sus asesores, estuvimos en desacuerdo con la solicitud que eventualmente termina con la decisión de Silva Iglesia v. Hernández Agosto (cita omitida). De ahí se abrió el camino que garantiza el acceso a las minorías más de lo que nos imaginamos. Incluso algunos sostenemos que sus implicaciones pueden ser mayores si consideramos, como tantos lo hacen, que nuestra constitución es una de avanzada. Incluso la garantía a la representación minoritaria para impedir el absolutismo de las mayorías siempre la hemos visto como muestra de este tipo de esfuerzo por promover una mayor participación de las minorías en el proceso político. Las implicaciones legislativas de la R. del S. 91 de 1981 (cita omitida) fueron muchísimas, no solo en el aspecto de mejoramiento de los procesos de investigación científica forense, la conducta de funcionarios públicos, el encubrimiento político, y el drama, que nunca está fuera de la realidad humana, produjeron reformas y le dieron un empuje al compromiso del país con la justicia y contra el abuso de todo tipo. Las implicaciones sobre la libertad de información, sobre la institucionalización de un proceso uniforme de acceso a la información balanceando el mínimo de legitimación activa que debe estar presente en controversias entre ramas de gobierno. Una causa de país Por lo tanto, creo que esta investigación anunciada debiera ser eventualmente una investigación bajo la Regla 14 del Reglamento del Senado. R. del S. 255 de 30 de junio de 2025, según enmendada, páginas 57-64. Lo anterior implica que los asuntos que se han planteado no son propiedad de un partido político, o un problema interno del partido de gobierno. Tampoco puede una investigación que ahora no solo involucra el uso partidista violando la ley de adjudicaciones de dinero y bienes públicos, sino también de acusaciones de intentos por manipular el principal proyecto económico del país para favorecer a aliados de la naturaleza que sea, en contra de normas básicas de buena administración pública. Esto no se puede monopolizar con reglas básicas de participación que se reducen al poder del presidente de la comisión investigadora, que coincide con el autor de la medida, que pudiera coincidir con el principal adversario político del autor. La Regla 14 impide que todo se convierta en un entretenimiento, en solo drama. Va a permitir que se den circunstancias para que sea el país completo el que aclare dudas mediante esta investigación, se rindan cuentas y de ser necesario, se propongan reformas serias que garanticen una gobernanza responsable. Y más que nada, siempre recordando que el Senado tiene una única función adjudicativa muy importante y de consecuencias específicas, el juicio político. Reza el artículo III, sección 21 de la Constitución de Puerto Rico: "La Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de iniciar procesos de residencia y con la concurrencia de dos terceras partes del número total de sus miembros formular acusación. El Senado tendrá el poder exclusivo de juzgar y dictar sentencia en todo proceso de residencia; y al reunirse para tal fin los Senadores actuarán a nombre del pueblo y lo harán bajo juramento o afirmación. No se pronunciará fallo condenatorio en un juicio de residencia sin la concurrencia de tres cuartas partes del número total que componen los miembros del Senado, y la sentencia se limitará a la separación del cargo. La persona residenciada quedará expuesta y sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo conforme a la Ley. Serán causas de residencia la traición, el soborno, otros delitos graves y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación. El Juez Presidente del Tribunal Supremo presidirá todo juicio de residencia del Gobernador". La mesa está servida. Habrá que ver si el Legislativo se comporta a la altura del orden Constitucional y democrático.

Por Rodrigo Otero Goyco Bonita Radio El martes, 5 de mayo de 2026, es una fecha que quedará grabada en la memoria de los puertorriqueños que conocieron la figura de José “Piculín” Ortiz. La sorprendente y dolorosa noticia de que el “Concord Boricua” había fallecido acaparó la atención de los medios de comunicación locales e internacionales, y se convirtió en tema de conversación durante todo el día y la semana. Parecía que todo el país estaba pendiente a las publicaciones y anécdotas sobre la vida y los momentos del “gran Picu”. Excepto La Fortaleza y el gobierno de Jenniffer González. Piculín fue un ídolo en Grecia, donde jugó en la década del 90. (Foto: Ismael Fernández) La reacción inicial de La Fortaleza se limitó a declarar un día de duelo. Pocas horas después, tras recibir críticas, la gobernadora extendió el duelo a tres días. Esta respuesta tardía y la falta de un mensaje de condolencia en nombre del pueblo de Puerto Rico no deberían sorprendernos. Los precedentes de González Colón sobre quién merece reconocimiento no siempre coinciden con el sentir de la mayoría de los puertorriqueños. Tan reciente como en diciembre del año pasado, la gobernadora decretó dos días de duelo por el fallecimiento de Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, una orquesta que por más de seis décadas ha sido embajadora de la cultura musical del país. Dos días. Las críticas no se hicieron esperar. Tres meses antes, González Colón había decretado cinco días de duelo por la muerte de Charlie Kirk, quien fue asesinado el 10 de septiembre en Orem, Utah, mientras hablaba ante una multitud en la Universidad Utah Valley. Cinco días para un hombre sin vínculo alguno con Puerto Rico, salvo compartir con la gobernadora afinidad política y su respaldo al gobierno de Donald Trump. Sin embargo, las diferencias entre los decretos de duelo por Piculín e Ithier, en comparación con el de Kirk, no representan el peor precedente de la hoy gobernadora de Puerto Rico. En 2006, cuando era representante a la Cámara por el Partido Nuevo Progresista, González Colón rindió homenaje a Julio “Julito” Labatut Escarra, un exiliado cubano vinculado en investigaciones del FBI por su participación en el asesinato de Carlos Muñiz Varela, joven cubano y líder del movimiento independentista en Puerto Rico, donde vivió desde su niñez. Labatut murió el 16 de agosto de 2007 en Florida, poco más de un año después del homenaje que la entonces representante le ofreció en el Capitolio. Tras su muerte, González Colón declaró: “Julito Labatut fue un luchador incansable de la liberación del pueblo cubano y de la estadidad para Puerto Rico. Hizo de nuestra Isla su segunda patria, destacándose exitosamente en el ambiente comercial, artístico, político y filantrópico”. Esa es la historia. Lo que ha sucedido en los últimos tres días, o mejor dicho, lo que ha dejado de suceder, es otra evidencia de la desconexión de la Gobernadora con el país.

La querella presentada ante el FEI por el ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico y que incluye las alegadas actuaciones de Francisco Domenech y Norberto Almodóvar Vélez, aneja el informe de la investigación sobre los hechos que se le imputan al primero y que fueron referidos ya a esa agencia por parte del Departamento de Justicia. Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La abogada que investigó las actuaciones del ex secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) y de su ayudante, en relación a la intervención en el proceso de contratación de un proveedor de publicidad por alegadas instrucciones del secretario de la gobernación, Francisco Domenech, mantiene un contrato con la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) donde se presentó el martes una querella contra el funcionario de La Fortaleza. La ex jueza Eloína Torres Cancel firma el Informe Confidencial sobre Proceso del Professional Media Developer Services RFP DDEC-OGPE-2026-06, uno de los documentos que anejó en su querella al FEI el ex secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, quien le imputa a Domenech haber intervenido desde La Fortaleza para favorecer al contratista de gobierno JJ Investment versus DG Media. Esta última había obtenido la mejor puntuación en el Comité de Evaluación de la agencia. La querella de 23 páginas incluye como anejo el mencionado Informe de 55, producto de una pesquisa que encomendó el abogado principal y jefe de la División Legal deL DDEC, Luis B. Méndez del Nido a la corporación HRML LLC en marzo de este año . Negrón Reichard quiere que el FEI investigue la conducta de Domenech con relación a ciertos hechos presenciados y atendidos por el suscribiente, en su capacidad de Secretario" del DDEC, "entre los meses de marzo y mayo de 2026, sobre alegadas irregularidades en ese proceso de contratación pública. La presidenta del FEI, Ygrí Rivera, quien firma el contrato de Torres Cancel, dijo ayer que no necesariamente Negrón Reichard podía radicar la querella directamente, pero que evaluarían el expediente. En su querella, Negrón Reichard plantea que también se investiguen "los eventos subsiguientes derivados de la denuncia que sobre dichas irregularidades hizo ante la Gobernadora de Puerto Rico y el Secretario de Ia Gobernación, al igual que ante el público y la prensa" y sobre todo en el contexto del referido que ya hizo el Departamento de Justicia de los investigados internamente en el DDEC, Norberto Almodóvar Vélez y su ayudante y ex jefa de Recursos Humanos, Charlene Neuman. Torres Cancel tiene un contrato con el FEI que fue enmendado el pasado mes de diciembre del 2025 hasta para el 30 de junio de este año. Se especifica en la contratación que sus tareas serán: Asistir en los procesos administrativos e internos de Ia Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD): Redacción de ponencias y opiniones legales según solicitados por la Primera Parte; Desarrollo de reglamentos, políticas y normas inspiradas en Ia misión y visión de la agencia fiscalizadora; Otros trabajos legales o do asesoramiento según le sea solicitado por la administración de la OPFEI y Realizar cualquier otra encomienda que Ia agencia considere necesaria para los objetivos institucionales. Los hechos alegados fueron investigados por Torres Cancel como parte HMRL, una empresa del ex director de la Oficina de Ética Gubernamental, Hiram Morales Lugo, quien contrata con DDEC para, entre otros trabajos, realizar "investigaciones internas, litigación y representación legal en asuntos de recursos humanos". Bonita Radio intentó obtener respuestas sobre lo que puede suponer un conflicto entre las dos contrataciones, a través del licenciado Morales Lugo, pero este no contestó llamadas ni mensajes a su correo electrónico. En su escrito, la también contratista del FEI plantea que "la evaluación fue solicitada originalmente con el propósito de determinar si, en el proceso de evaluación y adjudicación de las propuestas objeto de examen, existían irregularidades de carácter administrativo en contravención a la normativa aplicable. No obstante, como resultado del análisis preliminar de los testimonios y la documentación examinada, así como de la evaluación de los hechos que surgen del expediente administrativo, se advierte que la conducta observada con toda probabilidad trasciende el ámbito estrictamente procesal de la contratación gubernamental, pudiendo constituir, posibles violaciones de naturaleza penal, civil y administrativas". "En particular, los hechos evaluados podrían implicar la infracción de disposiciones contenidas en el Código Penal de Puerto Rico, así como de normas de carácter ético administrativo y estatutario, incluyendo aquellas establecidas en la citada Ley Orgánica de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico, el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico y el Reglamento de Personal del DDEC". "La conducta desplegada por los funcionarios involucrados, según surge del expediente de esta gestión, refleja posibles incumplimientos con la regulación federal de adquisición de bienes y servicios mediante contratación, que facilita las fuentes económicas a través de fondos federales y permiten realizar proyectos para adelantar el desarrollo económico de Puerto Rico". En lo que se refiere a la prueba evaluada Torres Colón detalló las entrevistas que hizo a dos empleadas de la agencia que traen información sobre la intervención de Almodóvar Vélez en el asunto del contrato que se disputaban DGMedia y JJ Investment Group y que el primero resultó favorecido por el Comité de Evaluación del DDEC . "Luego de evaluada la totalidad de la prueba testimonial, concluimos que los testimonios ofrecidos por Marisabel Rodríguez Hernández y Lissette Rodriguez Tomasini merecen entero crédito. sus declaraciones resultan consistentes entre si y no fueron controvertidos por ninguna otra prueba testimonial u objetiva. Además, encuentran apoyo en los documentos examinados y en los actos posteriores atribuibles a Norberto Almodóvar Vélez y a Charlene Neuman Rivera", destacó para recomendar el referido de la investigación. Sobre la querella de Negrón Reichard, la ex jueza y presidenta del Panel del FEI, Rivera, dijo añadió que “hay que evaluar los documentos que él presentó ayer también. Evaluadas las dos cosas, hay que ver en derecho qué corresponde hacer. Yo no puedo anticipar ahora mismo absolutamente nada, solo que lo vamos a evaluar. El principio general que dice la ley es el que yo le dije (que un ciudadano no puede presentar una querella ante el PFEI). Pero, estos documentos (la querella contra Domenech) hay que evaluarlos, no podemos descartarlos sin evaluarlos”.