Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La posible destitución de las dos funcionarias que viabilizaron que cuatro menores salieran de un plantel escolar en Loiza hacía una actividad del Partido Nuevo Progresista ((PNP) en Camuy, está fundamentada en la violación de lo que dispone la Carta Circular núm. 037-2021-2022 que prohíbe que el estudiantado sea llevado a actividades político partidistas. La actividad del 14 de octubre en donde el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, fue orador principal y aludió a la frase de campaña “porque cuando el PNP gobierna Puerto Rico progresa”, contó con la presencia de cuatro estudiantes de la Escuela Segunda Unidad Belén Blanco de Zequeira, que se alega fueron sacados del plantel por el senador, Héctor J. Sánchez Álvarez. Esa actividad se convocó para cerrar el proceso de reorganización del PNP. Los menores de la escuela de Loíza llevaron puestas gorras de las que reparte la campaña de Rivera Schatz con el lema “falta menos”. Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. Foto: END De hecho, una vez fue pública la controversia el 30 de octubre, el Senador dijo que había obtenido la autorización verbal de los padres de los menores para asistir a la actividad del Comité Municipal de Camuy - que preside el alcalde, Grabriel Hernández - lo que la madre de uno de los menores niega. “Eso quedará evidenciado”, escribió el Legislador por el Distrito de Carolina en su perfil de Facebook. La Carta Circular especifica que la autorización de los padres tiene que ser por escrito. Ya Sánchez Álvarez habría admitido desde el 30 de octubre que ese requerimiento no se dio. “El personal designado de la ORE (Oficinas Regionales Educativas) solo autorizará aquellas actividades que tengan propósito educativo, no político-partidista (directo o indirecto) y que estén alineadas al contenido del currículo de la materia y del grado”, lee la Carta Cirular firmada por el secretario Eliezer Ramos Parés, en abril del 2022 y divulgada a la comunidad escolar el 29 de ese mismo mes. La intención de destituir a la consejera Mariel Lacen y a la directora Militza Córdoba, se fundamenta en los protocolos de actividades extracurriculares según las normas del DE, contenida, entre otros documentos, en la mencionada Carta Circular, aseguraron fuentes de entero crédito. La Carta Circular que obliga al personal escolar establece además que “las madres, los padres o los encargados de los estudiantes participantes de la actividad curricular o educativa deben ser notificados, por escrito, sobre esta y autorizar también por escrito la participación de su hijo”. “Sin este requisito, el estudiante no podrá participar de la actividad”, establece el documento en poder de Bonita Radio y añade que “la notificación debe incluir la descripción y los objetivos académicos la actividad curricular o educativa. El expediente de la actividad curricular o educativa de la escuela contendrá copia de los documentos oficiales sometidos a la ORE, las autorizaciones de participación de las familias y el correo de autorización enviado por el personal designado de la ORE”. Rivera Schatz en la actividad del PNP en Camuy el pasado 14 de octubre 2026. (Tomado del FB de Rivera Schatz) Ninguna de las dos condiciones que establece la normativa fueron seguidas en el caso de los cuatro menores que incluso fueron retratados en compañía de Rivera Schatz; el senador Sánchez Álvarez; la presidenta del Comité Municipal del PNP en Loíza, Sandra Ortiz Carrasquillo y la segunda vice presidenta del Senado, Marisa Jiménez, también senadora por el Distrito de Carolina. El presidente del Senado dijo el 31 de octubre que se iniciaría el procedimiento en la Comisión de Ética del Senado y la semana pasada, su presidente y portavoz de la mayoría, Juan Oscar Morales, dijo que se detenía el proceso para esperar porque el Departamento de Justicia y Educación culminaran con la investigación de los hechos. Sánchez Álvarez admitió, el 30 de octubre pasado que los menores de la escuela Belén Blanco de Zequeira participaron de la actividad en Camuy y que “contó con la autorización verbal de los padres”. La semana pasada, el abogado Iván Rivera Reyes radicó una demanda por la madre de un menor de 16 años identificado como A.L.R.R., que alega que autorizó la salida de su hijo de manera verbal. Solicita daños porque alega que una vez salió pública la información, su hijo ha sido víctima de “bullying” incluso con comentarios homofóbicos.

Tras un esquema que comenzó con arrendar dos fincas diz que para desarrollo agrícola, el empresario Federico Stubbe Arsuaga, espera que de un momento a otro la Autoridad de Tierras de Puerto Rico le venda 430 cuerdas que están en Zona de Conservación y donde ubica Ciénaga Prieta, en jurisdicción de Vega Alta Esta investigación es auspiciada por Fundacion Periodismo Siglo 21 Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La política pública que desarrolla la administración de Jenniffer González desde el Ejecutivo y la Legislatura que presiden Thomas Rivera Schatz y Johnny Méndez, abre la puerta para que el empresario Federico Stubbe Arsuaga, continúe construyendo viviendas millonarias en dos fincas con clasificación de Suelo Rústico Especialmente Protegido-Ecológico-Agrícola entre Vega Alta y Dorado, que están ubicadas en la Zona de Conservación del Carso. Un informe de la agrónoma de carrera en la ATPR, Jessica Ruiz Olavarría, en el que intimó que las tierras que quiere comprar Stubbe Arsuaga en el barrio Sabana de Vega Alta y colindante con una finca que le vendió la ATPR en el 2019, terminarán desarrolladas en viviendas de lujo no es difícil de concluir si se habla con el ingeniero Stubbe Arsuaga, de Cidra Puerto Rico, pero asentado en Dorado desde los años 90. Tres meses antes de una entrevista con la agrónoma Ruiz Olavarría en mayo del 2021, Stubbe Arsuaga le dijo a una periodista que si se eliminan las leyes 20 y 22 - hoy Ley 60 de incentivos contributivos para millonarios que se asienten aquí - "lo que habría sería un gran ghetto en Puerto Rico. Si nosotros queremos pobreza en Puerto Rico vamos a eliminar eso". De hecho, de esos inversionistas está lleno Dorado, quienes han comprado algunas de las casas de lujo que ha desarrollado Stubbe Arsuaga y su familia. El más reciente, el productor y actor de cine, Tyler Perry, acaba de hacerse de una residencia de $30M para mudarse a Dorado, bajo la Ley 60. Una investigación de Bonita Radio produjo el análisis de cientos de folios públicos que evidencian que la actual administración de la ATPR se aleja de lo que fue su función cuando se creó bajo la Ley 26 del 1941. "En el descargo de su responsabilidad, la Autoridad de Tierras adquirió mediante compra y/o expropiación alrededor de 85,000 cuerdas de terreno en todo Puerto Rico, especialmente en la zona costera, con el fin de fomentar el bienestar de los habitantes de Puerto Rico a través de la estabilidad económica, justicia social y libertad económica de los agricultores proveyendo una mejor distribución de las riquezas agrícolas", lee la ley de 1941 y vigente al día de hoy. La historia de dos transacciones en la agencia a favor de Stubbe Arsuaga, una corporación que preside y otra allegada a él, cumplen con otra visión. En agosto del 2024, a tres meses de las elecciones generales de noviembre, FSCO LLC, que preside Stubbe Arsuaga, recibió el visto bueno para comprar las 430 cuerdas de Carmen Islote. La propuesta de Reforma de Permisos que el Senado aprobó hace dos semanas y que la Cámara verá en la próxima sesión legislativa de enero, establece en el artículo 9.27 que se revisarían las áreas de conservación y las tierras protegidas hoy con tener valor ecológico y agrícola. Así están clasificados hoy los suelos de las fincas San Antonio e Islote, una propiedad de DBR South Farm con vínculos con Stubbe Arsuaga y la Carmen Islote, que tiene arrendada y quiere comprar a través de la corporación de la que es presidente, FSCO, LLC. El proyecto 1079 de la Cámara, de la autoría de Méndez, 'propone sustituir la palabra "conservar" por "aprovechar" en la política pública que rige la zona cársica de la isla; Suprime referencias explícitas a la biodiversidad, al valor ecológico, histórico, recreativo y escénico del carso; y añade lenguaje para indicar que la delimitación de la zona cársica no debe menoscabar ni imponer cargas indebidas al uso y disfrute de la propiedad privada dentro de dicha región". Así lo han denunciado organizaciones de protección ambiental como Sierra Club. LA PRUEBA DE LO QUE QUIEREN HACER ES DOCUMENTAL La lupa periodística de Bonita Radio detectó la evidencia de que la Finca Carmen Islote en el barrio Sabana de Vega Alta colinda por el oeste con la San Antonio o 499.21 cuerdas que el gobierno le arrendó al empresario en el 2015 y luego le vendió en el 2019. En la Carmen Islote ubica Ciénaga Prieta. Según el glosario del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) una ciénaga es un Área superficial anegada permanentemente por aguas superficiales o subterráneas emergentes, es generalmente un humedal. En Puerto Rico se ha utilizado el término mangle o manglar en forma equivalente a una ciénaga ó humedal. La Carmen Islote se completa por tres catastros según el tasador Javier Porrata, quien realizó la tasación para la transacción a la que quiere llegar Stubbe Arsuaga con el gobierno. La tasación se dio dos meses y medio después de que la Junta de la ATPR autorizara la venta por la finca que Stubbe Arsuaga arrendó en el 2023 a razón de $53K anuales diz que para un proyecto agrícola. Finca Carmen Islote Primer Catastro. Según la clasificación de los tres catastros de la Carmen Islote, su suelo es y Ecológico y Agricola. Ecológico (SREP-E) supone que en el terreno hay zonas de gran riqueza de flora, fauna o valor ambiental y el Agrícola (SREP-A): Terrenos con alta capacidad productiva para la agricultura o la ganadería. Finca Carmen Islote, segundo catastro. LATIFUNDIO CORPORATIVO SEGÚN AGRÓNOMA Una investigación de campo de la agrónoma Ruiz Olavarría y que reveló en junio del 2021, llamó la atención de que Stubbe Arsuaga, propietario de sobre 20 corporaciones de construcción y desarrollo de viviendas, la industria de alojamiento turístico y de entretenimiento, gestiona la compra de la Finca Carmen Islote a través de FSCO LLC, una corporación con registro en el Departamento de Estado desde el 2007. Finca Carmen Islote, tercer catastro. En una reunión con el empresario para discutir su interés en comprar, la agrónoma alega que Stubbe Arsuaga confesó que en la Finca San Antonio se construirían viviendas de “millones de dólares”. “El 25 de mayo del 2021, con motivo de la evaluación de esta nueva solicitud de compra por 430 cuerdas, se realizó una reunión entre FSA y esta servidora. El señor Stubbe cuando se refería a las 514 cuerdas (finca San Antonio), en todo momento hacía referencia a “la finca adquirida” por él, también indicando que en la misma se construirían 19 residencias en lo que preliminarmente mencionó un valor de millones de dólares por residencia”, lee el documento del cuatro de junio del 2021 en poder de este medio. “Las tierras que el señor FSA desea continuar adquiriendo en compra a la ATPR, las cuales incluyen esta solicitud de 430 cuerdas, es para proyectos de lujo donde podrán tener acceso solo personas de extrema capacidad Adquisitiva. Los terrenos de su interés son terrenos que al momento tienen potencial agrícola, y a pesar de él indicar que su interés es para desarrollarlos agrícolamente, si realmente fuera el caso podría arrendarlos a nuestra agencia”, destacó Ruiz Olavarría. Añadió que la venta de la Finca San Antonio en el 2019 a DBR Farm Owner “socaba la confianza de la ciudadanía en el buen juicio y las acciones de esta corporación, toda vez que la misma atentó contra la misión de la ATPR de preservar terrenos de la ATPR para futuras generaciones”. “Por todo lo antes expresado y cumpliendo con el propósito esencial de la Ley de Tierras, que es poner término al latifundio corporativo y a toda gran concentración de tierras en manos de entidades que jurídicamente estructuradas de tal forma que tiendan a perpetuarse y a impedir por siempre la división de grandes fundos de terreno; así como impedir la reaparición de grandes latifundios en el futuro; y por tratarse de un terreno con capacidad agrícola, es que No RECOMIENDO la venta de las 430 cuerdas”. La Agrónoma de la División de Bienes Raíces de la ATPR, advirtió que Stubbe Arsuaga hacía referencia a la finca San Antonio como suya a pesar de que no está su nombre ni firma en las escrituras que se gestionaron para la Finca San Antonio. Stubbe Arsuaga si firma en el contrato de arrendamiento de la Finca Carmen Islote en el 2023 junto al director de la ATPR, Irving Rodríguez. “Los cambios de compañías, de dueños, de representantes antes de adquirir la propiedad a través de la corporación DBR Farm Owner LLC, también la ausencia de nombre de FSA en la documentación de la compraventa, pero su presencia en todo el proceso, lleva la apariencia de subterfugio para desvincular a FSA (Federico Stubbe Arsuaga) de las compras de fincas de la ATPR”, anotó la Agrónoma en su informe. La primera compra que hace Stubbe en el 2019, lo hace acreedor de exactamente 499.21 acres. Si se da la segunda transacción con la finca Carmen Islote como le fue aprobada por el gobierno actual, excedería la tenencia de 500 acres para un total de 916.84 en violación a la Ley de Tierras del 1941. La agrónoma Ruiz Olavarría hace alusión a que en la conversación que sostuvo con el ingeniero Stubbe Arsuaga, éste advirtió que “su interés es continuar adquiriendo terrenos bajo compra, en un proyecto conjunto con Michael Mcloskey y quien es arrendatario de la ATPR, con cientos de cuerdas a través de la corporación Tropical Agriculture Solution (TAS). FSA desea continuar desarrollando los terrenos hasta llegar a los terrenos arrendados por TAS que llegan hasta la finca Cibuco en el área de la playa de Vega Alta”. La investigación de Bonita Radio encontró una carta que dirigió la agrónoma Sonji Ortiz García, directora del Departamento de Bienes Raíces de la ATPR a McCloskey advirtiendo que el dos de septiembre del 2020 - a dos meses de las elecciones generales de ese año y en medio de la pandemia del COVID-19 - la Junta de la agencia aprobó el arrendamiento de la Finca Carmen Islote para un proyecto de energía fotovoltaica. Sin embargo, el 14 de junio del 2021, una misiva del director ejecutivo de TAS, el veterinario Manuel Pérez Díaz, a la entonces directora ejecutiva de la ATPR, Dorally Rivera, establece que “hemos llegado a un acuerdo con el señor Friedel Stubbe para cederle la finca Carmen Islote y por tal razón desistimos de nuestra intención de arrendar dicha finca. Sin embargo, continuamos con el interés de arrendar los predios Regadera I y Cibuco 26 cuyas solicitudes fueron sometidas el 27 de julio del 2020 y el 2 de febrero del 2021, respectivamente”. La Agrónoma establece además que la finca San Antonio "tiene potencial agrícola y fue vendida con lo que resultan procedimientos inusuales que hasta levantaron cuestionamientos, por varias razones, se utilizó tasación y la mensura externa, cuando la ATPR cuenta con tasadora y una División de Agrimensura". Agregó "esta finca no se recomendó para venta, pero aún así fue vendida a una fracción del valor real en mercado, considerando la ubicación y el potencial de desarrollo de esta". DORADO PARA UNOS POCOS Los planes de Stubbe Arsuaga de seguir desarrollando la costa de Dorado para el mercado de lujo, parecen no saciar al empresario desde que vio tierra fértil en la década del 90 cuando inició sus negocios con la empresa PRISA Group en los terrenos del antiguo Dorado Beach Resort. Ya en la década del 2000, desarrolló el lujoso concepto hotelero residencial con la insignia de Ritz Carlton y de ahí otros 10 complejos de lujo y ultra lujo que continúan desarrollandose hasta el día de hoy. En el 2020 la población del municipio de Dorado rondaba las 35,879 personas. En el 2019 se reportó que el ingreso per cápita de $16,876 y un 32.7% de su población vivía en condiciones de pobreza. Ya en el 2020, la población disminuyó en un 5.9%. Cinco años antes del censo, la realidad económica de los Stubbe distaba mucho de la que tenían los residentes de a pie de Mameyal, Higuillar, Espino, Kikita Beach u otros colindantes con las playas de los complejos de lujo que ha desarrollado en Dorado. Entre el 2015 y el 2019, Stubbe Arsuaga, sus hijos y sobrinos, le donaron a los políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD), $211,900 para que corrieran sus campañas electorales del 2016. De izquierda a derecha, Federico Stubbe González, su padre Stubbe Arsuaga y Ceciliana Stubbe González. Del 2019 a abril de este año, el ingeniero natural de Cidra y mejor conocido como ‘Freidel’, donó a título personal $176,170 a las arcas de esos partidos, según el registro público del Contralor Electoral. Su familia contribuyó otros $288,690 para un total de $464,860 en 11 años. Entre esos familiares están sus hijos, Cecicliana y Federico; el ex presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Jaime Morgan Stubbe; el socio administrador de PRISA Group, Orlando Mendez Montserrate y su sobrino, Hans Moll Stubbe. Bajo las administraciones Populares (3) y cuatro del PNP, entre el 2000 y el 2024, desarrolló los terrenos de la costa de Dorado en donde ha enclavado hospederías y hasta 10 los complejos residenciales en el litoral con propiedades en campos de golf y frente a la playa y otras localizaciones naturales que fluctúan entre $1 millón y $40 millones. En el complejo de lujo Sabanera en el barrio Higuillar, una comunidad de 1,100 viviendas, también opera una escuela, Tassis, fundada por el empresario. EL INVERSIONISMO POLíTICO Al ser confrontado con las cantidades de donativos que hace un empresario como Stubbe Arsuaga, con gran interés en el proyecto de Reforma de Permisos, el abogado y experto en derecho ambiental planteó: "Definitivamente, y esa cantidad que me acabas de decir es sorprendente y sustancial. Ahora bien, puede ser que inclusive esté subestimado porque aquí esos sectores tienen los mecanismos de los comités secretos que se usó en las elecciones pasadas, y no hay aportaciones directas a candidatos, sino que hay aportaciones a los comités secretos de los distintos candidatos y partidos. Así que me sorprende la cantidad porque es sustancial, pero pudiera ser inclusive hasta subestimada. Y ese es el sector que está impulsando estos cambios tan malos en la legislación sobre permiso y sobre los bienes como suelos rústicos especialmente protegidos que quieren deshacerse de esas restricciones". Abogado ambiental, licenciado Pedro Saadé EL ESQUEMA: ARRENDO, DESPUÉS COMPRO Era gobernador, Alejandro García Padilla cuando Stubbe Arsuaga arrendó la Finca San Antonio en el 2015, para un proyecto “agro turístico”. Fungía como director de la AT, el agrónomo Salvador Rodríguez Cardona. Los documentos de escritura colocan al ingeniero Orlando Méndez Montserrate compareciendo por DBR a la permuta que expiraría en el 2035. Ingeniero Orlando Méndez Montserrat Pero, cuatro años más tarde ya en la administración de Ricardo Rosselló Neváres y siendo director ejecutivo, Juan Luis Rodríguez Reyes, DBR Farm compró la finca en una transacción que firmó el licenciado, Jorge M. Ruiz Montilla, socio propietario del bufete, McConell y Valdés y quien también había firmado la permuta en noviembre del 2015. Un esquema idéntico se dio con la finca Carmen Islote. En el 2023, la ATPR aprobó un arrendamiento a FSCO, LLC del Empresario, bajo la dirección ejecutiva de Irving Rodriguez Torres de la AT, administración del gobernador, Pierluisi Urrutia. Ese contrato pagaría $608,987.50 por 10 años y se alega que el terreno se utilizaría única y exclusivamente para PASTOS MEJORADOS”. La intención de compraventa surge de un Acta de la reunión ordinaria de la Junta de la AT, del 20 de agosto del 2024 y se aprobó con la condición de que se obtuviera una nueva tasación con uno de tres tasadores certificados por la Administración de Servicios Generales. Socio administrador del bufete MCConell y Valdés que firmó la compra de la Finca San Antonio en el 2019 El 8 de noviembre del 2024, a tres días de las elecciones en que resultó electa la candidata a la gobernación del PNP, González Colón, FSCO envió a la mano una comunicación a Rodríguez Torres, director de la AT, incluyendo la nueva tasación de la Finca Carmen Islote tal y como la Junta de la agencia le solicitó al primero mediante carta el 21 de octubre de ese año. La nueva tasación solo arrojó $1.3M, un aumento de $200,000 del valor tasado original. “Para facilitar una transacción, por este medio ofrecemos $1.5 millones en ‘Cash’, lo que representa un aumento de $200,000 o un 15% sobre la tasación más alta”. La carta, firmada por el representante de FSCO LLC, Méndez Montserrat - quien también firmó la permuta en el caso de la finca San Antonio pero por DBR Farm -, establece que los compradores ofrecieron además “incorporar una cláusula a la escritura de compraventa estableciendo que, si fuésemos a desarrollar alguna vivienda en cualquier momento en el futuro, le pagaríamos a la Autoridad de Tierras de PR, lo equivalente a un 2% del precio de venta al momento del cierre”. Méndez Montserrat es socio administrador de PRISA Group. Añadió: “Estamos dispuestos a concretar la transacción cuanto antes”. Pasó el 2024. Stubbe Arsuaga y sus hijos presentan proyectos junto a la Gobernadora. Por la ATPR han pasado dos directores ejecutivos, la agrónoma Helga Méndez Soto, salió de la agencia lluego de que en marzo recibiera una llamada de La Fortaleza para que firmara la compraventa de la Carmen Islote. La Agrónoma nunca ha contestado llamadas de Bonita Radio. Hoy se sienta en la silla de Director, el agrónomo Andrés Rosado Martínez. Fuentes de entero crédito aseguran que no tiene problemas en firmar la compraventa. Rosado Martínez no contestó llamadas ni mensajes de texto dejados en su celular. Tampoco las preguntas que se le hicieron a través de su correo oficial. Qué puede haber detrás del esquema Para el abogado Saadé, en ese esquema de arrendo y compro después puede estar la intención "ilegítima" del que ejecuta el esquema. "Hay también ahí un asunto, por lo que tú me describes, de si ha habido fines ilegítimos a la luz de lo que es el objetivo de la Corporación de la Autoridad de Tierras y su objetivo en ley. (Si lo que se hace) es manipular la adquisición o control o alquiler de tierra, no emplearla para lo que se supone que fueran los propósitos originales, manipularla y terminar comprando para desviarla para otros usos, para mí que eso es un fin ilegítimo. Y sería contrario a la ley que crea la Autoridad de Tierras". Saadé dijo además que el Proyecto Sustitutivo de Reforma de Permisos que se aprobó en el Senado, "en general, tanto el proyecto de ley de la gobernadora como este sustitutivo que se origina en uno que presentó el presidente del Senado, van dirigidos a despejar el camino y entregar una serie de prerrogativas y de controles a los especuladores y tenedores de tierras como estos, porque reducen los escrutinios de los proyectos, debilitan los controles ambientales que pueda haber,... En términos generales, esos proyectos van dirigidos a despejar el camino y hacer más difícil el que se pueda proteger el medio ambiente y el bienestar vecinal también. Así que la contestación es que sí, que esos proyectos van dirigidos a favorecer ese sector privilegiado que tiene gran influencia política y económica". EL LATIFUNDIO CORPORATIVO ANTES DE STUBBE El término latifundio corporativo que se magnifica hoy en terrenos agrícolas de Dorado, tiene su génesis en el Puerto Rico de los años 40 donde los políticos también se dividían entre estadolibristas y estadistas, aunque algunos combatieron el acaparamiento entonces de corporaciones estadounidenses que se hacían dueños de la tierra productiva para levantar negocios en centrales azuzareras y de café. La economía de la Isla era agrícola. Para contrarrestarlo, se aprobó en el 1941 y bajo el liderato del presidente del Senado, Luis Muñoz Marín, una Reforma Agraria que dio pie a la Ley de Tierras de Puerto Rico, que en su artículo 58 establece: que será “ilegal la adquisición, el dominio o cualquier otra forma de control directo o indirecto de tierras en exceso de quinientos (500) acres por cualquier persona jurídica, tal como dicho termino se define en esta Ley. Esta disposición será aplicable a cualquier extensión de terrenos que conjuntamente con las que el adquiriente domine, posea, controle o explote al tiempo de la adquisición, hagan un total que exceda las quinientas (500) acres”. “El sistema de tenencia de tierras en Puerto Rico se había convertido en un serio problema socio-económico durante las primeras décadas del siglo XX. La mayor parte de las tierras cultivables se encontraban acaparadas por las grandes compañías azucareras cuyas ganancias eran ausentistas. El predominio económico de las grandes corporaciones azucareras significó el empobrecimiento de la clase trabajadora puertorriqueña al ésta encontrarse desplazada de la tierra y con ingresos que dependían del trabajo agrario asalariado”, lee la descripción de aquélla Reforma en la Enciclopedia de PR. Hoy, el empresario Stubbe Arsuaga, tiene una autorización de la Junta de Gobierno de la ATPR, desde agosto del 2024 - tres meses antes de las elecciones generales - para comprar 430 cuerdas, una finca colindante con esa que le arrendó la administración de García Padilla y el gobierno de Ricardo Rosselló en el 2019, le vendió. Si logra comprar la Finca Carmen Islote, ¿ Stubbe Arsuaga se convertiría en un terrateniente propietario de sobre 500 acres en violación a la Ley de Tierras? Dirigía el gobierno, Pierluisi y la ATPR, el agrónomo y hoy secretario de Agricultura, Irving Rodríguez cuando la Junta - compuesta también por el entonces secretario de Agricultura, Ramón González Beiró; el secretario del Departamento Económico, Manuel Cidre; un representante de Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento y Agencia Fiscal (AFFAF) y otro del presidente del Banco de Desarrollo Económico (BDE) aprobó la transacción sujeto a la nueva tasación por parte de un tasador certificado de la Administración de Servicios Generales (ASG). De izquierda a derecha, Stubbe Arsuaga, gobernador, Alejandro García Padilla, desconocido y el entonces director de la Autoridad de Puertos, Victor Suárez. Los que aprobaron la transacción no están hoy en gobierno. Los que están hoy en su lugar, Torres Rodríguez como secretario del DA, Carlos Ríos Pierluisi, como jefe del DDEC y la directora interina de la AFFAF, se alinearon con el proyecto de ley de Reforma de Permisos en su discusión en el Senado. A las 8 en Noticias con café más información y análisis.

Uno de los misterios que se revelan tras la muerte a balazos del activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), Félix Plaud de Choudens lo ubica cuidando menores del Departamento de la Familia en una propiedad alquilada desde el 2020 en San Juan. Tenía un caso abierto en la agencia desde el 2022 que fue cerrado a siete días de su asesinato. Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El Departamento de la Familia si tenía a Félix Plaud de Choudens como encargado de un 'Hogar Temporero Particular" en la calle San Lino de la urbanización Sagrado Corazón de San Juan, a pesar de que la agencia lo negó luego de que se cuestionara la presencia de menores utilizando sustancias controladas en la residencia. Bonita Radio obtuvo copia de la certificación 1306 emitida a favor de 'Feliz R. Plaud de Choudens" como Hogar Temporero Particular localizado en urb. Sagrado Corazón, calle San Lino #439, San Juan" desde el 21 de diciembre del 2022 hasta el 22 de diciembre del 2024. La capacidad era para dos niños. Al momento de su asesinato en Guayama el pasado 22 de octubre en Guayama, Plaud de Choudens tenía un expediente abierto en Familia luego de que se convirtió en el "custodio de un sobrino", según fuentes de entero crédito para noviembre del 2022. Aunque podía tener hasta dos menores bajo su custodia se desconoce si llegó a tener dos a su cargo. El alegado sobrino no residía con él desde el 2025 aunque se asegura que aún está bajo custodia del Departamento. El expediente seguía abierto en Familia hasta el pasado jueves 29 de octubre, un día después de que trascendió la información en la demanda de deshaucio que incoó la arquitecta Diana Ortiz Torres, alegó que la residencia albergaba jovenes bajo custodia de Familia. Los vecinos se querellaron en algún momento de la presencia de jovenes consumiendo drogas en la zona. En el pleito de deshaucio están nombrados como demandados la madre de Plaud de Choudens, Estrella de Choudens Colón y Francisco J. Olmo. El contrato de alquiler con opción de compra de la propiedad, que data de enero del 2020, incluía una cláusula que le daba poder a Plaud de Choudens para sub arrendarla a corto plazo en la plataforma de "AIRBNB, turismo médico, entre otros". El pasado jueves 29, la agencia emitió una certificación del Sistema Uniforme de Licenciamiento y Monitoreo de Establecimientos (SULME) alegando que Plaud de Choudens no figura en ese sistema. La firmó Barbara González Nieves, identificada como la directora de Licenciamiento de la agencia. Sin embargo, ese sistema monitorea los establecimientos licenciados bajo el Departamento que pueden tener hasta seis menores a su cargo. La certificación de Plaud de Choudens era como hogar temporero que solo puede tener hasta dos menores, según las promociones de que hace la agencia divulgados en las páginas web. La portavoz de prensa del DF, Yolanda Rosaly, refirió las preguntas de Bonita Radio al documento emitido el jueves sobre Licenciamiento. Mientras tanto, a las inmediaciones de la residencia 439 de la calle San Lino, si fue personal de la Administración de Servicios contra la Adicción (ASSMCA) ante la información de que allí vivían usuarios de drogas. Esa agencia no tenía a Plaud de Choudens como recurso de hogar para usuarios. No pudieron entrevistar a nadie en la propiedad. EL MISTERIO DEL APARTAMENTO DE SIERRA DEL MONTE Las cuatro peronas que fueron al apartamento 3303 del condomincio Sierra del Monte en Cupey entre el día de la muerte de Plaud de Choudens en Guayama y el viernes 23, se alega que también pernoctaban en la residencia de la calle San Lino. Esta ubica a minutos del apartamento alquilado desde el 30 de junio pasado por Plaud de Choudens y Olmo Velázquez que también figura en la demanda de deshaucio de la calle San Lino. Aol día de hoy, las autoridades no han brindado información de la pesquisa que dijeron continúa sobre los hechos que culiminaron en el asesinato de Plaud de Choudens, el abogado ponceño, Luis Quiñones González y el suicido del fiador, William N Rivera Sanchez. El Fiador alegó en dos videos publicados en sus redes sociales entre las nueve de la noche del jueves y el viernes a las 12 del mediodía, que asesinó a Plaud de Choudens y al Abogado criminalista porque mantenían una deuda de dinero por negocios de dispensarios de cannabis medicinal. La deuda con el primero, sin embargo, se verificó no llegaba a $13K de los alegados $100K que había invertido en los negocios. A las 8AM, más información y análisis en Noticias con café

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Dos sujetos entraron al apartamento que alquiló en junio, Félix Plaud de Choudens en Cupey y cargaron con una bolsa de lona con contenido desconocido. El movimiento se asegura se dio en horas de la noche del mismo día de su asesinato, el pasado jueves 22 de octubre en Guayama. Fuentes de entero crédito aseguran además la aparente entrada de otros dos hombres, pero el viernes 23, al apartamento que Plaud de Choudens había alquilado desde el pasado 30 de junio en el condominio Sierra de El Monte en Cupey. Imagen producida con IA Al día de hoy, a pesar de que la Policia de la zona tiene conocimiento de la existencia del apartamento alquilado a nombre de Plaud de Choudens, hasta la noche dle martes 27, las autoridades policiacas no habían visitado el apartamento. El pasado viernes en la tarde el comisionado de la Policía, Joseph González, y la oficialidad del área de investigación de la Uniformada dijeron en conferencia de prensa que el caso continúa bajo investigación. Según información en poder de Bonita Radio, las dos parejas que visitaron el apartamento tenían llave para entrar a la propiedad y el código de acceso de entrada vehicular al condominio. Los primeros llegaron en un vehículo modelo Yaris, marca Toyota y los segundos en dos camionetas de cuatro puertas. A los hechos que rodean el asesinato de Plaud de Choudens, en Guayama, del abogado Luis Quiñones González en Ponce y el suicidio en Santa Isabel del fiador, William N. Rivera, entre el jueves y el viernes 23 de octubre, se añade la que puede ser una tercera escena que pudiera arrojar luz sobre lo que hasta ahora se conoce del caso, solo por voz del homicida y suicida. El apartamento en Sierra del Monte fue alquilado por Plaud de Choudens a través de una firma de corredor de bienes raíces ubicada en El Condado. El propietario del apartamento, con las siglas JS, es un residente de Nueva York. Una segunda persona, un hombre con las siglas FOV, también figura en los trámites del alquiler. El jueves 22 de octubre a eso de las 9:30 de la noche, Rivera relató en un video de Facebook que a esas horas ya se había encargado de Félix y adelantó que el viernes iría por Quiñones González. El cadáver de Plaud fue encontrado boca bajo en un solar yermo del barrio Borinquen de Guayama. Presentaba por lo menos tres impactos de bala en la espalda. Foto Carlos Rivera Giusti, END. Quiñones González fue asesinado mientras conducía su camioneta 'pick up' Dodge Ram, blanca por la avenida Santiago de los Caballeros de Ponce a eso de las 10:45 de la mañana del viernes 23. En el cristal del chofer se contaron 11 orificios de bala. Su esposa iba conduciendo otro vehículo delante de el abogado criminalista, cuando se percató del ataque a balazos y disparó un arma para la cual tiene portación, contra el vehículo que conducía Rivera. Camioneta que conducía el abogado Quiñones González. Foto captura video de Telemundo. Se alega que los individuos que fueron el viernes al apartamento de Sierra del Monte llegaron en dos camionetas que estacionaron en los espacios destinados para ello y también entraron sin forzar la puerta. Se desconoce si sacaron pertenencias. La versión que dio el fiador Rivera en los dos videos en redes sociales entre el jueves y el viernes, trajo como móvil de los asesinatos una deuda por negocios en la industria del cannabis medicinal. A las 8AM en Noticias con café, más información y análisis.

El Departamento de la Familia mantiene a menores maltratados días y hasta semanas en las Unidades Investigación Especializadas de una región sin que los trabajadores sociales tengan acceso a ‘petty cash’ para alimentarlos Por Carmen Enid Acevedo, Barbara Figueroa y Jay Fonseca Una alianza investigativa entre Bonita Radio y Jay Fonseca PR La teoría de la psicología moderna establece que un niño de tres años que esté “en un desarrollo ordinario, se encuentra en una etapa de transición hacia una mayor independencia motriz, social, del lenguaje y el control de su cuerpo”. El estándar federal sobre el número de casos de niños bajo ciudado del Estado, por trabajador-a social, aceptado por Servicios Sociales en el Departamento de Recursos Humanos Federal, es de 15 por cada trabajador-a. En Puerto Rico tienen de 25 a 30. Ni el niño-a, ni el trabajador a cargo, tiene una realidad de apoyo, de justicia o de vida digna. En ese cuadro ambos se descompensan. "Nos esmeramos en salvar a los niños pero no encontramos un hogar digno para colocarlos...eso es dejarlos en riesgo", dijo un trabajador social con quien hablamos para conocer la realidad de unos y de otros. La realidad de Reina, nombre falso para proteger su identidad y una de los protagonistas de esta historia, no tuvo nada de control del cuerpo ni un ambiente que se lo facilitara. A esa edad, en algún lugar de Carolina, era sostenida en brazos por una trabajadora social del Departamento de la Familia de Puerto Rico, porque en la casa de su familia biológica el ambiente era de abuso sexual contra uno de sus tres hermanos. Desde septiembre, en las regiones de Carolina, San Juan, Bayamón y Arecibo son los trabajadores sociales y supervisores de estos quienes cuidan de los menores en las UIE. No hay hogares sustitutos ni instituciones para ubicarlos. En las regiones no hay choferes, amas de llave y tampoco dinero público para alimentar a los menores. En el Departamento de la Familia hay unos 2,175 menores bajo la custodia del Estado y 39 permanecían evadidos de hogares o instituciones, según cifras ofrecidas en septiembre en una conferencia de la gobernadora Jenniffer González Colón, reseñada por Metro. Para atenderlos, Familia cuenta con 851 profesionales de Trabajo Social en toda la isla, con un salario base de $2,850 mensuales, según informó la agencia en mayo. La secretaria Suzanne Roig Fuertes reconoció entonces ante la Cámara de Representantes que la agencia necesita entre 200 y 250 profesionales de Trabajo Social adicionales. EL CASO DE REINA En el 2026, Reina tiene 17 años y una conducta violenta que la ha llevado a intervenciones policiacas y que la mantiene recluída en una celda de la Administración de Instituciones Judiciales en Ponce, donde hay más menores identificados como transgresores porque han cometido una falta antes de cumplir 18 años. “Capestrano (Hospital Psiquiátrico) la evalúa y dice que no tienen criterios. (para ingresarla) Tampoco sabemos diagnóstico”. Esa es la respuesta de más de una profesional del DF que conoce de primera mano el caso de Reina, quien está bajo la custodia de la agencia desde que tiene tres años. En el 2023 se escapó del hogar sustituto donde se encontraba en Caguas y la Policía la reportó como desaparecida. La encontraron. Volvió al sistema donde hoy se estima que hay 2,200 menores que sufren las inestabilidades de un sistema que hoy, según los que trabajan día a día atendiendo a esa la población, tampoco tienen condiciones de trabajo que los haga tener condiciones “aceptables”. Desde aquél momento, Reina ha pasado por más de tres hogares para niños con ‘problemas de violencia’. Hospitales psiquiátricos que le cobran al estado sobre $13mil mensuales. El sistema no tiene diagnóstico. Ha estado en dos instituciones psiquiátricas y de ahí sale sin uno. El DF no tiene amas de llave para cuidar a la menor. “Las trabajadoras sociales hacen recolectas para comprarle desayuno, almuerzo y comida. Y el personal se turna para cuidarla”. A la menor la han esposado a la espalda y le han colocado cadenas en los pies. “Me he cansado de decir que va a golpear gravemente a alguien”, alega una de las empleadas que ha tenido contacto con la joven. Se descompensa, ha tenido brotes de violencia en cuarteles de la Policía. Ha mordido a sus cuidadores. La investigación que fundamenta esta narración provocó una veintena de preguntas a la secretaria del DF, Suzanne Roig Fuertes. Nunca contestó. “NO ES NORMAL” La situación por la que pasa Reina y otros menores que están pernoctando en las UIE, “no es normal. Para la exsecretaria del DF Ciení Rodríguez Troche, afirmó que la situación que hoy enfrentan los menores bajo la custodia del Estado, que pasan días en las Unidades de Investigaciones Especiales por falta de hogares sustitutos, no es normal. “No, no, no, y me da mucha tristeza”, respondió al preguntarle si lo que ocurre en la agencia es habitual. Rodríguez Troche, quien dirigió el Departamento entre 2023 y 2024, aclaró que no conoce lo que pasa hoy dentro de la agencia, pero que imagina “un grado de incertidumbre” entre empleados “porque es todo el tiempo trabajando en una crisis”. Siempre faltaron hogares, pero hoy hay menos. Lo que cuentan las trabajadoras Cuando un juez ordena remover a un menor de su hogar y Familia no le encuentra ubicación, el niño se queda en la oficina local o en la Unidad de Investigaciones Especializadas (UIE) de la región. Trabajadoras sociales de varias regiones aceptaron hablar con nosotros bajo la condición de no ser identificadas, por temor a represalias. “La realidad es que no tenemos hogares al presente. Son bien escasos, prácticamente los hogares temporeros ya no existen”, nos dijo una de ellas. Las instituciones, añadió, “están sobrecargadas”. Describieron el espacio donde duermen los menores: “Es una oficina de trabajo, para empezar, donde hay un cuarto habilitado con una cama, una cama litera y un televisor. Para que el cuidador, que ahora mismo somos los mismos sociales, porque no tenemos servicios de ama de llaves”. “Han estado semanas, día y noche, y los mismos trabajadores sociales tenemos que hacer turnos, a veces y en ocasiones hasta de 12 horas, para que ese menor no se quede sin supervisión”, relató otra. También cubren turnos en hospitales cuando el menor tiene una condición de salud mental. “Prácticamente la agencia nos obliga a eso”. Durante una semana una joven de 17 años con condiciones de salud mental pernoctó en la UIE de la región de Bayamón. Durante el día la llevaban a una oficina local; a las 4:30 de la tarde la regresaban a la UIE, donde la esperaba un cuarto con una cama litera y un televisor. En el lugar hay ducha, pero no lavadora. Una trabajadora social se llevó la ropa de la joven a su casa para lavarla y pagó de su bolsillo su desayuno, almuerzo y cena, porque no hay ¨petty cash¨ o dinero en caja disponible para cubrir estos servicios básicos.. Al principio, dos trabajadoras la cuidaron en turnos de 12 horas. Luego se aprobó una ama de llaves, pero solo para las noches. Las trabajadoras agregaron que cubren de su sueldo mucho más que la comida. Pagan certificados de nacimiento y otros documentos que los casos necesitan, y artículos de higiene y ropa interior para las menores. “Nosotros, como trabajadores sociales, es inhumano que veamos la necesidad y que no esté en nuestras manos cubrirla”, dijo una de ellas. “Sentimos ese sentido de vocación de poder cumplir con los menores, no con la agencia, con los menores”. “Es mejor que el nene esté con el papá que es negligente, a traerlo a vivir a una oficina donde no tengo dónde bañarlo ni dónde dormirlo”, reflexionó otra. Una trabajadora social con 27 años en la agencia lo resumió así: “He pasado temporadas que no son buenas, pero en 27 años no había visto la debacle que hay en el Departamento de la Familia: niños sin hogares, padres sin servicios, hogares cerrando por falta de pagos, no hay ama de llaves. En mi vida lo había vivido”. Esa labor de cuidado no les corresponde. Según el plan estatal 2025-2029 de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), son los asistentes de servicios a la familia quienes cuidan a los menores en hospitales y albergues y atienden sus necesidades básicas en custodia de emergencia, y son los choferes quienes transportan a las trabajadoras sociales. El mismo documento describe que el personal de las UIE trabaja en zonas de alta criminalidad, de día o de noche, sin protección adicional. Las UIE también han perdido terreno en su función principal: en 2019 atendieron el 98% de los referidos de maltrato y en 2023, el 55%, según las tablas de la propia agencia. A las trabajadoras les dejamos una pregunta final: ¿qué le dirían a la secretaria? “Necesitamos que verdaderamente esas personas que pongan allá sean los que hayan ido a la calle, que hayan ido al campo”, respondió una. “Los que están en las altas esferas de la agencia, por favor, que se pongan a trabajar”, dijo otra con contundencia. La experiencia de Rodríguez Troche Según explicó la Ex Secretaria, trabajadora social de profesión, la ley federal Family First redujo en parte la necesidad, porque ahora el pr Smer recurso para ubicar a un menor es su círculo familiar, y que en su tiempo esos procesos tomaban “uno, dos, tres días”. “Siempre hay situaciones y jóvenes y niños que por situaciones bien particulares requieren hogares. Y lejos de estarse ampliando esos hogares, han ido reduciéndose”, dijo. Los casos más difíciles, explicó, son los de jóvenes de 16 y 17 años con problemas severos de conducta, que suelen pasar de hogar en hogar. Recordó que algunos hogares solo aceptaban a esos menores con una condición: “Yo te lo acepto, pero te lo acepto si me mandas además una ama de llaves que se ocupe nada más de él”. Rodríguez Troche atribuyó el deterioro actual, en parte, a la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema. “Yo creo que la situación se ha recrudecido porque hay mucho escepticismo de las personas a abrir nuevos hogares”, afirmó. “No es una oficina”. Ante el testimonio de trabajadoras sociales que describen camas y literas en las UIE, Rodríguez Troche sostuvo que la mayoría de esas unidades tiene espacios preparados para ese fin: pequeños apartamentos aledaños a las oficinas, con baño propio, camas y, en muchos casos, televisor y sofá. “Es un minestudio con el propósito único y exclusivo de que si se remueve un menor o se remueve un adulto mayor a altas horas de la noche, pues puedan ir a ubicarse a un lugar seguro”, explicó. Pero reconoció que esos espacios son para emergencias de una noche. “Claro, no que pasen allí días o semanas”, aclaró. Y admitió que la espera afecta a los menores: “Ciertamente crea un periodo de inestabilidad, el trauma puede agravarse. Si el caso no es bien manejado, puede ser sumamente contraproducente para el bienestar de ese menor”. Contó que visitó casi todas las oficinas durante su incumbencia y que la reacción de los menores varía. Recordó a una niña removida por abuso sexual para quien el rostro de su cuidadora “da alivio”, mientras otros “quieren irse, se tornan violentos”. Pero, aseguró, “siempre van a preferir un hogar”. Sobre los menores que se evaden de hogares e instituciones, explicó que algunos llegan decididos a irse, “otros no encuentran lo que están buscando, no encuentran la seguridad” y otros “no entienden por qué fueron removidos”. El costo de cuidar a un menor La escasez de hogares se da también por los costos. Explicó que cuidar a adolescentes es más complejo y más caro, y que durante su gestión los hogares recibían $1,300 al mes por menor. Tras un análisis, la subvención subió a $1,900 y se igualó a la de los hogares de adultos mayores. Era una subvención escalonada, según el nivel de cuidado que requería el menor. Aun así, Rodríguez Troche dijo, lo recibido no alcanzan. “Si tú haces los números, nada más de que esos hogares tienen que pagar la luz comercial, los alimentos, la inflación, cuando tú vienes a ver realmente terminan bien finitos, terminan necesitando más apoyo”, afirmó. Sobre los niños con autismo, síndrome Down o discapacidad intelectual, que según las trabajadoras sociales son los más difíciles de ubicar, Rodríguez Troche indicó que bajo su administración se crearon programas para menores con problemas severos de salud mental, entre ellos una unidad especializada en Capestrano para estabilizarlos y luego moverlos a hogares menos restrictivos. Admitió que no sabe si esos programas siguen activos: “Mentiría si digo que sé”. Recordó que en su tiempo había unas 18 a 22 instituciones acreditadas, además de decenas de hogares sustitutos, para unos 2,000 menores en el sistema. “Siempre había manera de ubicarlo”, dijo, aunque reconoció que hubo casos que llegaron a su oficina con niños que llevaban cuatro días esperando. En esos casos, explicó, se autorizaba el pago de una ama de llaves adicional para que el hogar aceptara al menor. Las amas de llaves La Ex Secretaria explicó que la agencia no recluta directamente a las amas de llaves, sino que contrata compañías mediante solicitudes de propuestas. Recordó que, durante su gestión, ADFAN tenía un contrato con una compañía que ubicaba a una ama de llaves con una llamada, pero que “hasta donde tengo entendido, ese no está vigente”. Sobre el contrato de la Corporación de Servicios de Ama de Llaves (COSALL), que atiende a adultos mayores y que la Junta de Supervisión Fiscal no ha aprobado, dijo no saber qué ocurre en el gobierno. Pero añadió que, cuando la política pública establece que los adultos mayores son prioridad, “tú sabes que eso es lo primero a lo que tú le tienes que dar atención”. El problema está en la gerencia Rodríguez Troche defendió al personal de base de la agencia. “En un 85% es gente súper comprometida”, afirmó, y agregó que hay “un 15% que realmente hay que sacarlo”. El problema, según ella, está en otro lugar: “Donde está el problema a nivel de gobierno es gerencia intermedia y alta gerencia”. “Me da mucha pena que los funcionarios del Departamento de la Familia se sientan menospreciados”, afirmó. “El 85% es gente trabajadora, decente, fajona, que ama lo que hace”. Reconoció además la presión política partidista. “Está la batata política”, dijo, y explicó que su mensaje a esos empleados era que “no importa quién te puso aquí, tú viniste a hacer un trabajo”. Para ilustrar cómo la falta de recursos afecta al personal, habló de los celulares. Explicó que pedirle a una trabajadora social que use su teléfono personal la expone: si una familia obtiene ese número, “te van a perseguir por siempre en tu celular personal”. Al día de hoy, el DF tiene un contrato con la empresa Priority Care Services pero no tiene empleados. El contrato no está registrado en la Oficina del Contralor. Los salarios Rodríguez Troche contó que, cuando llegó, los trabajadores sociales ganaban “bien cerquita del mínimo”, unos $1,900 al mes, y que negoció con la Junta de Supervisión Fiscal para subirlos a $2,750, el mismo salario de un trabajador social escolar. El aumento a los supervisores, dijo, “se quedó a mitad”.

Chats de Telegram y mensajes de textos dejan evidencia de quien dijo verdad y mentira en las vistas públicas en la Cámara de Representantes sobre el contrato fatulo de energía temporera Esta investigación es auspiciada por Fundacion Periodismo Siglo 21 Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Un Zar de Energía diciéndole a la ingeniera y directora de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que no lo contradiga en reuniones de “alto nivel”. Un abogado y director de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO) de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (P3), advirtiendo que recibió un mensaje de parte de un ‘staffer’ de una congresista republicana cuestionando por qué no salía el contrato a favor de Power Expectations. Estos son parte de los hechos que se consignan en unas 175 páginas de los mensajes de texto y ‘chats’ de Telegram que intercambiaron los protagonistas del contrato fatulo de energía temporera en el gobierno de Puerto Rico entre marzo del 2025 y agosto del 2026. Las comunicaciones que llegaron el jueves a las oficinas de los legisladores que componen la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, hablan de cabildeo, poder y hasta de “mierda”. Hay un mensaje en que Josué Colón Ortiz, para sus interlocutores ‘JAC’, catalogó un editorial de El Nuevo Día de “mierda” (con un símbolo) y aseveró “lo destruiremos”. El también Zar de Energía y director ejecutivo de P3 pareció responsabilizar a Zapata sobre el texto del editorial cuando le advirtió a Zapata “como te mencioné, es vital que la AEE no me abra más frentes de batalla innecesarios y menos cuando tenemos los datos ciertos y precisos para desmantelar todos y cada uno de los temas incluyendo lo mencionado de LUMA, Genera y Cor3”. El editorial de marzo del 2026, cuestionó precisamente los retrasos que ha tenido la APP en los pedidos de propuestas para encaminar proyectos de energía. En los ocho paquetes de documentos que examinó Bonita Radio, Colón Ortiz es el denominador común de todos. Interactúan con el Zar de Energía, Zapata, el licenciado Juan R. González Galarza, abogado por contrato de la AEE y de P3; Carlo Linares y Mariela Quiñones, “gerente de proyecto” del contrato de energía temporera. Se menciona a Alexis Rivera Medina, director de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la AEE y antes un empleado de la oficina legal de González Galarza. EL ZAR Y EL RETO INTELECTUAL DE ZAPATA En febrero del 2026, Colón Ortiz le escribió un mensaje a Zapata y le advirtió que “yo necesito que cuando estemos en reuniones de alto nivel a nombre del gobierno de PR/Gobernadora, aún si no estás de acuerdo o tienes otra visión, que NO realices ningún comentario u opinión contrario”. Añadió que “una vez yo expreso algo públicamente, nadie lo puede retar y menos públicamente, solo la gobernadora o el secretario de la gobernación y recuerda que en esos temas yo hablo en su nombre……Nunca bajo ninguna circunstancia me puedes contradecir”. Mensaje de Colón Ortiz a la directora de la AEE, Mary Carmen Zapata de febrero del 2026. CONGRESISTA REPUBLICANA PRESIONANDO A FAVOR DE POWER EXPECTATIONS El 24 de noviembre del 2025, un empleado de la congresista republicana por Tennessee, Marsha Blackburn, identificado como Antwane Bonahon se comunicó con Carlo Linares y dijo que “llamo a nombre de uno de nuestros más valiosos votantes del área que es parte de una organización llamada Power Expectations”. Preguntó por qué el contrato no se había enviado a la Junta de Gobierno de la AEE. Colón Ortiz contestó con una imagen de un hombre con una mano en la cara. Bonahon es un militar retirado que trabaja como ‘staffer’ de la congresista en Memphis, según su perfil en la red Linkedin. El pasado mes de febrero, la gobernadora Jenniffer González, publicó en sus redes oficiales una foto con Blackbur y el mensaje: "Siempre es un placer reencontrarme con mi querida amiga, la senadora Marsha Blackburn, con quien tuve el honor de servir en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos". La conngresista va a la reelección el próximo tres de noviembre. Gobernadora de PR y congresista Blackburn. Mensaje del 'staffer' de la oficina de la congresista republicana, Marsha Blackburn, sobre el contrato de Power Expectations. ¿COMPLETOS LOS CHATS? No está claro, cuan completo está la información de conversaciones a través de celulares que se entregó a la Legislatura. Hay mensajes desde el 2025, cuando se verificó el primer pedido de propuestas para la contratación de energía temporera. Se utilizó la red de Telegram Chat. Hay silencio en los primeros días del agosto del 2026, precisamente cuando Barbara Figueroa publicó las primeras informaciones que apuntaban a la firma fraudulenta de “Jhoby Weaks” en el contrato firmado por Enchanted Rock, Power Expectations y Reyes Contractor.. La prisa de Colón Ortiz para que se firmara un contrato la arrastra desde ese primer proceso de propuestas en el 2025. En un mensaje de Zapata advirtiéndole del expediente incompleto que presentó la 3PPO a la AEE un domingo de junio de ese año, la ingeniera deja claro: “ante esta situación, esta servidora no puede presentar responsablemente un contrato de esta envergadura para la aprobación de la Junta de Gobierno”. Las palabras de Zapata en las vistas públicas del pasado 21 de septiembre ante la Comisión de Gobierno que dirige el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Victor Parés - al advertir que la gerente del proyecto por parte de 3PPO, “no ayudó mucho” al proceso de contratación - coinciden con las que dijo en uno de los mensajes de texto. “Mariela respondió que no entiende este negocio”, en referencia a la respuesta de la gerente del proyecto, licenciada Quiñones, en cuanto a las alegaciones del contratista, Power Expectations de que no tendría ganancias durante el primer año del contrato. “Lo cual es bien extraño”, dijo la Ingeniera. EL MANEJO DE LA CRISIS QUE CAUSA EL PERIODISMO Las comunicaciones también dan cuenta de que, así como en el chat de Telegram que provocó la salida de Ricardo Rosselló en el 2019, el gobierno de turno del PNP, trata de atajar las informaciones con discursos controlados por los oficiales de prensa de las agencias. Colón Ortiz y el licenciado Carlo Linares intercambiaron mensajes sobre historias de El Vocero tras una entrevista con el segundo. “Este artículo ella (la periodista) lo saca de la entrevista que me hizo previo a que tú, Juan (Colón Ortiz) y yo acordáramos que toda entrevista se va a coordinar por medio de Wanda (Nazario, asesora de prensa de P3). No he tenido más contacto con Istra (Pacheco) desde que acordamos coordinación”. El 13 de agosto volvieron a intentar controlar el mensaje luego de proyectar una gráfica de un mensaje de la plataforma de Jay FonsecaPR. Colón Ortiz movió entre sus interlocutores en los chats, nueve “Puntos relevantes sobre el Proceso Competitivo de Contratación (RFP) de Generación Temporera realizado por la entidad Privada ReComs. La versión de Colón Ortiz sería la de responsabilizar a ReComs o 3PPO, la corporación de Carlo Linares, por toda la gestión de contratación, lo que valida las posiciones públicas de el Zar de Energía asumió desde que salió por primera vez a hablar de la controversia pública el nueve de agosto pasado en La Fortaleza. En el “punto siete”, Colón establece que “es lamentable que Enchanted Rock y sus representantes habiendo participado de todo el proceso de RFP por largos meses, y teniendo pleno conocimiento de la entidad a cargo de ese proceso de RFP, la compañia privada ReComs, no informaran, notificaran, etc, sobre esta situacion o controversia previo a la firma del contrato”. Esta aseveración ha sido desmentida desde que diferentes medios comunicación, incluida la alianza investigativa entre Jay Fonseca PR, el Centro de Periodismo Investiigativo (CPI) y Bonita Radio han publicado evidencia que establece que Colón Ortiz supo de as imputaciones de ‘error’ y fraude en la contratación para la producción de energía temporera antes de que se firmara el mismo en junio pasado.

Ninguna de estas dos empresas, que llegaron al negocio de energía temporera de la mano de Power Expectations, está registrada ni tenía capacidad para contratar en Puerto Rico. Por Bárbara Josefina Figueroa Rosa, Carmen Enid Acevedo y Vanessa Colón Almenas | Jay Fonseca PR, Bonita Radio y Centro de Periodismo Investigativo La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contrató a un “fantasma corporativo” cuando aceptó que Enchanted Rock firmara en junio el contrato de energía temporera, que supondría $5.8 mil millones de fondos públicos, pues esa compañía no está registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico ni autorizada para hacer negocios aquí como entidad foránea, encontró la alianza investigativa entre el Centro de Periodismo Investigativo, Jay Fonseca PR y Bonita Radio. “Una entidad extranjera no autorizada a hacer negocios en Puerto Rico es un fantasma corporativo en virtud de la ley”, explicó el profesor de derecho corporativo Luis Enrique Romero Nieves sobre el requisito que tienen que cumplir las corporaciones que no se originan en Puerto Rico. Enchanted Rock se considera una corporación foránea, porque está registrada en Texas y por lo tanto, se creó bajo las leyes de esa jurisdicción. La Ley General de Corporaciones establece que “una corporación foránea no podrá hacer negocios en Puerto Rico directamente, o por medio de un agente o representante localizado en Puerto Rico”, hasta que no pague unos derechos establecidos en el Departamento de Estado y presente documentos como el certificado de existencia, información de sus directivos y agente residente, entre otros. Enchanted Rock no lo había hecho al momento de la firma del contrato el 10 de junio. Romero Nieves añadió que la autorización para hacer negocios es un requisito importante que el Departamento de Estado tiene el deber de velar “no como un capricho, sino para tener unas garantías mínimas de quiénes son esas personas” en las corporaciones. Es un trámite sencillo para asegurarse de que no sea un “fantasma”, dijo. Y, “de que aquí no viene gente a lavar dinero, de que hay una oficina bonafide, de que hay una persona con nombre y apellido que responderá el teléfono, que recibirá un emplazamiento, que será su representante en gestiones gubernamentales”, sostuvo. El contrato de generación temporera fue firmado el 10 de junio entre la AEE y el consorcio formado por Power Expectations, Enchanted Rock y Reyes Contractor Group. Dos días después, el 12 de junio, Power Expectations sustituyó a Enchanted Rock por la compañía Flotek Industries, registrada en Delaware. Mary C. Zapata Acosta, entonces directora ejecutiva de la AEE, dijo a esta alianza que todo contrato que firma la persona al mando de la corporación pública pasa por distintos procesos de evaluación y revisión previa. “En el caso del contrato con Power Expectations, el proceso de contratación fue manejado por 3PPO y, antes de llegar a mi oficina, ya había recibido las aprobaciones de la Junta de Gobierno de la Autoridad, el Negociado de Energía y la Junta de Supervisión Fiscal”, expresó por escrito. Mary C. Zapata Acosta, exdirectora ejecutiva de la AEE, testificó en la Cámara de Representantes el 21 de septiembre. Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo Zapata Acosta añadió que la Oficina de Asuntos Jurídicos de la AEE también revisó el contrato y emitió una memorando de recomendación, en el que indicó que no tenía objeción a su ejecución. “Una vez completado ese proceso, el contrato fue referido a mi oficina y procedí con su firma”, señaló. La 3PPO (Oficina Independiente de Adquisiciones) es la entidad establecida por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) para realizar licitaciones en casos en que las privatizadoras LUMA y Genera PR tuvieran algún conflicto de interés. Flotek tampoco está registrada en Puerto Rico Power Expectations tenía que contar con el consentimiento de la AEE antes de realizar el cambio a Flotek, según establece el contrato firmado. Sin embargo, Zapata Acosta aprobó la sustitución el 31 de julio de 2026, un mes y medio después de que Power Expectations había ejecutado el reemplazo a espaldas del Gobierno. La aprobación de la AEE al cambio de compañía fue irregular, además, porque Flotek tampoco está registrada para hacer negocios en Puerto Rico. “El Vendedor [Power Expectations] no podrá ceder, transferir, ignorar, o de otra forma traspasar ninguno de sus derechos u obligaciones bajo este Acuerdo sin el consentimiento previo y por escrito del Comprador [Autoridad de Energía Eléctrica], el cual podrá ser otorgado, retenido, o condicionado a la entera y absoluta discreción del Comprador”, lee el Artículo XVI del contrato. Al cierre de esta publicación, Enchanted Rock, su matriz ERock, ni Flotek Industries están en el Registro de Corporaciones de Puerto Rico. Se advirtió desde el 2025 En un informe que está entre los miles de documentos entregados a la Cámara de Representantes, Osvaldo Carlo Linares, jefe de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO o Third-Party Procurement Office en inglés), trajo a la atención de la AEE que Enchanted Rock (ahora ERock) y Flotek no estaban registradas como corporaciones foráneas en el Registro de Corporaciones. Dijo que debían cumplir con este y otros requisitos legales antes de participar del proyecto. Desde agosto de 2025, en un informe de antecedentes de Power Expectations y las compañías relacionadas enviado a la AAPP, Carlo Linares estableció que Enchanted Rock tendría que registrarse en Puerto Rico para hacer negocios y que no estaba claro si ese trámite se había completado. En cuanto al proceso de sustitución de Enchanted Rock por Flotek, Carlo Linares dijo en una comunicación el 30 de julio de 2026 enviada a Zapata Acosta, con copia al Zar de Energía, que Flotek Industries no estaba registrada como corporación foránea en el Departamento de Estado y que, antes de completarse el proceso de sustitución, debía cumplir con ese requisito. Sin embargo, Power Expectations ya había transferido el 12 de junio de 2026 los derechos y responsabilidades de Enchanted Rock a Flotek. La Junta de Directores de Flotek había aprobado entrar en el contrato multimillonario mediante una resolución corporativa con fecha del 16 de junio. En dicha resolución, la Junta de Flotek dice que evaluó un acuerdo con fecha del 4 de junio. Esa fecha no corresponde al contrato que realmente se firmó el 10 de junio, sino a uno de dos acuerdos previos que fueron invalidados y que contenían como firmante por Enchanted Rock a su expresidente Corey Amthor. Precisamente, este nombre fue sustituido por “Jhoby Weaks” a última hora, quien firmó el contrato a nombre de Enchanted Rock. Jhoby Weaks es el criptoempresario Jobadiah “Joby” Sinclair Weeks, un convicto federal por fraude millonario de criptomonedas. ERock no lo reconoce como su empleado. Carlo Linares también dijo que a Flotek le faltaba someter una declaración jurada que requiere el Código Anticorrupción y certificaciones de no-deuda del Departamento de Hacienda y del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Sin embargo, calificó esos documentos como "fáciles de conseguir" y recomendó seguir adelante con la sustitución, condicionada a que Flotek los entregara. Osvaldo Carlo Linares es el presidente de Regulatory Compliance Services Corporation, que opera la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO o Third-Party Procurement Office en inglés).Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo Carlo Linares ha dado dos versiones respecto a la entrada de Flotek al contrato. En un informe confidencial que le entregó a Josué Colón (el llamado Zar de Energía) el 8 de agosto, estableció que, como medidas adoptadas para proteger la continuidad del proyecto, su oficina evaluó la solicitud de sustitución de Enchanted Rock LLC por Flotek lndustries presentada el 12 de junio de 2026 por Power Expectations “conforme a las disposiciones contractuales aplicables”. Pero, el 24 de agosto, en un informe preparado para la gobernadora Jenniffer González, justo después de que el escándalo público provocara la cancelación del contrato y se pusieran al descubierto múltiples irregularidades, Carlo Linares dijo que el acuerdo ya estaba firmado y ejecutado sin que se le diera un aviso previo a su oficina ni a la AEE. En estas dos cartas se nota el cambio del lenguaje de 3PPO para referirse a la sustitución de Enchanted Rock por Flotek. "Flotek es una compañía pública en Estados Unidos, bien grande, que fue traída a este escenario por Enchanted Rock", respondió Carlo Linares el 15 de septiembre a preguntas de la representante Adriana Gutiérrez Colón en la vista pública de la Cámara. Dijo además que la empresa tejana no usó cabilderos para entrar al contrato. Durante una reunión pública celebrada la semana pasada, el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, cuestionó lo rápido que se dio la entrada de Flotek al contrato. “Creo que una de las cosas que más nos preocupa es que aprobamos el contrato con condiciones y salvaguardas adicionales el 2 de junio. El contrato se suscribió el 10 de junio y, posteriormente, el 12 de junio, se produjo una supuesta cesión [de Enchanted Rock a Flotek]. Resulta difícil creer que, cuando se firmó el contrato el 10 de junio, desconocieran que algunas de las partes no participarían en el contrato, pues habría sido casi imposible identificar, en apenas 48 horas desde la firma, a una nueva parte a quien cederle el contrato”, dijo Mujica. Flotek se describe en su página web como una empresa líder en tecnología química y de datos que ofrece servicios a nivel global a la industria energética en más de 59 países. Faltó rigor en el ‘due diligence’ El “due diligence” es el proceso de investigación y verificación exhaustiva que se realiza antes de comprar una compañía o firmar un contrato, y que permite evaluar los riesgos legales y otros aspectos relevantes declarados por la otra parte. Desde noviembre de 2025, Enchanted Rock le comunicó a Power Expectations su posición de no participar en el contrato. Lo reiteró en comunicaciones emitidas en enero y junio de 2026. Hubo cartas de ejecutivos de Power Expectations que Enchanted Rock interpretó como una extorsión para obligarlos a firmar el contrato de energía temporera, según una carta de ERock enviada a 3PPO el 17 de junio de 2026. “El 'due diligence', que pienso fue lo que aquí faltó, requería un rigor tan amplio y minucioso como la dimensión del negocio mismo”, dijo el abogado Romero Nieves. El 3 de agosto de 2026, Flotek les anunció a sus inversionistas la firma del contrato con el Gobierno de Puerto Rico, identificando a Power Expectations como líder del consorcio para ejecutar el proyecto. Las acciones de la empresa comenzaron a subir ese día de $25.65 a un máximo de $38.81 a lo largo de la semana, según la plataforma financiera TradeView. Una vez comenzaron a circular informes en el mercado bursátil de la cancelación del contrato ordenado a la AEE por la Junta de Control, el 17 de agosto, las acciones se desplomaron. Tras el escándalo y la cancelación del contrato de Power Expectations el 18 de agosto, inversionistas demandaron a Flotek por presuntamente ocultar, mientras promocionaba el proyecto ante Wall Street, las señales de alerta que ya existían sobre el consorcio y sus socios. Actualmente, ese litigio se encuentra en etapa preliminar pues el Tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York paralizó el caso hasta que se designe, a más tardar el 26 de octubre, un demandante principal que lidere legalmente a la clase de inversionistas afectados. Esta alianza pidió reacciones al licenciado Carlo Linares, Flotek Industries, a la Junta de Gobierno de la AEE y al equipo asesor y legal de la AEE, compuesto por Félix Hernández, Jorge Cotto y Alexis Rivera Medina, pero ninguno contestó.

El criptoempresario, firmante en el multimillonario contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y la empresa Power Expectations, visitó Puerto Rico en varias ocasiones. Por Bárbara Josefina Figueroa Rosa, Carmen Enid Acevedo y Vanessa Colón Almenas | Jay Fonseca PR, Bonita Radio y Centro de Periodismo Investigativo Nueve años antes de que su nombre se vinculara al fallido contrato de $5,887 millones para lograr energía temporera en Puerto Rico, el criptoempresario convicto Jobadiah “Joby” Sinclair Weeks se había relacionado con una firma de inversión en San Juan. Joby Weeks en su apartamento de Sunny Isles, ciudad turística de lujo situada en una isla barrera al noreste del condado de Miami-Dade, en Florida. (Foto captura pantalla podcast Silicon Zombies | Tech, AI & Venture Capital, 3 septiembre 2026) “Vivaris Capital incorpora a Joby Weeks a su equipo ejecutivo”. Así comenzó el comunicado de prensa de la compañía de inversión ubicada en Puerto Rico para anunciar en febrero de 2017 que Weeks se le unía como socio. Aunque para entonces el presidente de Vivaris Capital LLC, J. Christopher Mizer, ensalzó su experiencia y conocimientos en tecnología financiera, ahora indica que el criptoempresario nunca estuvo vinculado como socio o directivo de la firma de inversiones ubicada en San Juan, según expresiones escritas enviadas por correo electrónico tras una petición del Centro de Periodismo Investigativo, Jay Fonseca PR y Bonita Radio. “Weeks aporta al Fondo [Vivaris Capital LLC] más de 20 años de experiencia en operaciones y ventas, trabajando con empresas multimillonarias en los sectores de bienestar, tecnología financiera y energía”, añadió el anuncio de la compañía en 2017. Para ese momento, Joby Weeks ya operaba junto a otras personas el esquema fraudulento de BitClub Network que, según una acusación federal, se extendió desde abril de 2014 hasta diciembre de 2019. El esquema costó alrededor de $722 millones a los inversionistas involucrados. Weeks hizo alegación de culpabilidad el 5 de noviembre del 2020, y el documento entre la fiscalía, él y sus abogados entonces, Michael L. Yaeger y Simon Gaugush, se firmó el 21 de septiembre del 2020. Al día de hoy, la sentencia de Weeks no tiene señalamiento en el caso 2019-cr-877 ante la jueza federal de Nueva Jersey Claire C. Cecchi. La vista de sentencia se viene posponiendo desde el 17 de marzo de 2021. El último señalamiento era para el 24 de junio de este año, catorce días después de que se firmara el contrato multimillonario de energía temporera con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero el 18 de junio la vista quedó suspendida hasta nuevo aviso. Casi una década después del anuncio de Vivaris Capital, su presidente Mizer dice que Weeks laboró poco tiempo con su compañía. No especificó cuántos días, meses o años. “Él trabajó brevemente como consultor en asuntos de criptomonedas”, dijo Mizer en declaraciones escritas. “El Sr. Weeks no participó en ningún proyecto de Vivaris en Puerto Rico ni en ningún otro lugar”, añadió. Vivaris Capital LLC es una firma de asesoría financiera y de fondos de cobertura (hedge funds), con oficinas en el piso seis del Caribe Office Building, ubicado en Paseo Caribe, al lado del Hotel Caribe Hilton en San Juan. En abril de 2017, la compañía recibió un decreto contributivo de la Ley 20 (ahora Ley 60-2019) para la exportación de bienes y servicios. El nombre de Weeks cobró notoriedad hace unas semanas cuando se reveló que era la misma persona que “Jhoby Weaks”, uno de los firmantes del contrato de energía temporera con la AEE que supondría $5,889 millones de fondos públicos. Un reportaje de Bonita Radio y el Centro de Periodismo Investigativo reveló que Weeks estaba bajo arresto domiciliario cuando se firmó el contrato con la AEE, pues fue acusado en 2019 junto a otras cuatro personas del fraude de BitClub Network por $722 millones y de evasión contributiva. El convicto está bajo arresto domiciliario desde 2020 y las fotos en sus redes sociales lo muestran en Florida desde 2025. Es oriundo de Arvada, Colorado. La firma del contrato por parte de Weeks se realizó el 10 de junio en representación de la empresa Enchanted Rock, la cual formaba, junto a Power Expectations y Reyes Contractor Group, el consorcio que tendría la tarea de instalar equipos para producir 400 megavatios de energía temporera para mitigar la crisis energética en Puerto Rico. El firmante “Jhoby Weaks” aparece en el contrato con dirección en Texas. Múltiples fuentes confirmaron a la alianza entre el Centro de Periodismo Investigativo, Jay Fonseca PR y Bonita Radio que al menos cinco agencias de gobierno locales y tres federales recibieron referidos para investigar el fallido contrato. En Puerto Rico, el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General, la Administración de Servicios Generales mediante su Oficina de Investigaciones Especiales y la Oficina del Contralor. En el ámbito federal, el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés), Fiscalía Federal y la Securities and Exchange Commission (SEC). Estas investigaciones estarían dándose de forma paralela a la pesquisa de la Cámara de Representantes, para la cual están citados Osvaldo Carlo Linares, el 15 de septiembre, y la exdirectora ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata, el 21 de septiembre. Pero, ¿cómo llegó Joby a Power Expectations? Weeks parece tener una relación personal con quien se identifica como el Principal Oficial de Tecnología (Chief Technology Officer) de Power Expectations, Leon Lamle, según se observa en las fotos encontradas en redes sociales, donde celebran juntos Acción de Gracias en el 2025. Leon Lamle indica en su página de LinkedIn que es el Principal Oficial de Tecnología de Power Expectations. Captura de pantalla ERock, empresa matriz de Enchanted Rock, ha dicho que la firma fue fraudulenta, que el firmante Weaks nunca fue su empleado, que no autorizó su representación y que el cargo de Caribbean Operations Officer con el que se le identificó en el contrato ni siquiera existe dentro de la compañía. La empresa rechazó también que el dominio del correo electrónico @enchantedrockpr.com utilizado para la firma realizada mediante la plataforma Docusign sea de ERock. En una demanda presentada en contra de la AEE, la compañía Power Expectations alega que autorizó que Weeks fuera el firmante en el contrato como representante de ERock. También indica que mediante una resolución corporativa designó a Weeks para evitar que el negocio se viniera abajo porque días antes de la firma del contrato con el Gobierno de Puerto Rico notó un cambio de postura en ERock respecto a su interés en la formalización del contrato. La demanda reclama igualmente que el memorando de entendimiento que tenía con ERock la autorizaba a realizar esa designación de representación. En el Registro de Corporaciones, no hay ninguna resolución corporativa bajo Power Expectations y la empresa no ha hecho público algún documento que valide la información. Leon Lamle, a la izquierda, a quien se identificó como oficial principal de tecnología de Power Expectations en la página web de la empresa, aparece junto a Joby Weeks y otros empresarios y personalidades de redes sociales en una foto publicada este año en Facebook. Foto suministrada Osvaldo Carlo Linares, la persona a cargo de gestionar esta transacción por medio de su compañía Regulatory Compliance Services (ReComS), contratada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), dijo que no era su responsabilidad hacer un chequeo del trasfondo de Weeks como firmante a nombre de ERock. Carlo Linares dijo para esta alianza investigativa a mediados de agosto: “Hicimos el trabajo de clearance a la corporación, no teníamos que hacer clearance de todos los que trabajan para la corporación”. Pero el informe hecho por Carlo Linares y emitido por la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO en inglés) de la AAPP el 14 de agosto de 2025 sí hizo verificaciones de al menos cinco ejecutivos de las empresas de energía que eran consideradas para la transacción, según pudo verificar esta alianza investigativa. El informe indica, por ejemplo, sobre Leon Lamle, identificado como oficial principal de tecnología de Power Expectations: “Su participación en el proyecto de Puerto Rico no está documentada públicamente, pero se podría especular que podría ser inversor en alguna de las LLC o asesorar en la financiación del proyecto (dado su perfil de inversor de capital riesgo). No se encontró información negativa sobre Leon Lamle; no tiene antecedentes penales ni litigios conocidos”. Esto es indicativo de que sí se hicieron cotejos de los integrantes de las empresas que iban a firmar el acuerdo, y que este cotejo debió incluir cualquier antecedente criminal de los involucrados en la transacción, de haberlos. El abogado de Weeks, Ernesto Cerimele, no respondió una segunda petición de información enviada por correo electrónico por parte del Centro de Periodismo Investigativo, Jay Fonseca PR y Bonita Radio. Con destino a Puerto Rico El presidente de Vivaris dijo en comunicación escrita que Weeks nunca viajó a Puerto Rico ni a ningún otro lugar en relación con Vivaris Capital. Las tarjetas de embarque sugieren que Joby Weeks estuvo tres días en Puerto Rico en marzo del 2017. Fotos suministradasFoto suministrada Pero dos fotos publicadas en la página de Facebook de Joby Weeks dejan ver que el criptoempresario visitó Puerto Rico desde el 7 de marzo al 10 de marzo de 2017, apenas un mes después del anuncio de su incorporación al equipo de Vivaris Capital. La imagen de un pase de abordaje de la línea aérea JetBlue publicada por el propio Weeks indica que viajaría desde Punta Cana, República Dominicana, a San Juan. “Anyone in Puerto Rico? [¿Alguien está en Puerto Rico?]”, preguntó Weeks al publicar las fotos. En la conversación con un amigo de Facebook, Weeks indicó que estaría en Puerto Rico un par de días. En 2019, el criptoempresario también estuvo en Puerto Rico. Su estadía en la Isla culminó tres días después, sugiere otra foto de un pase de abordaje que subió a la red social el 10 de marzo de 2017. Esta vez el destino era Fort Lauderdale, Florida, en un vuelo de Spirit Airlines. Dos años después, viajó a Puerto Rico con Stephanie Stolba y la hija de ambos. Fue una estadía de tres días, desde el 16 al 19 de abril de 2019. Muy cercano al congresista republicano Ron Paul Weeks también cultivó relaciones con figuras políticas de alto perfil, según se desprende de los relatos que ofreció a agentes federales que lo investigaban y que constan en el expediente judicial de su caso. Una transcripción de una entrevista realizada a Weeks por un agente federal el 19 de abril de 2019 en un restaurante del hotel Ritz Carlton, en Washington D.C., detalla que el hombre fue delegado electo por Colorado a la convención nacional republicana de 2008. Allí conoció a Ron Paul, entonces congresista por Texas y una de las figuras más influyentes del ala libertaria del partido. Para entonces, Weeks indica que se había devorado libros de Ron Paul y empezaba a convertirse en su fanático. El vínculo, incluso, lo llevó a acuñar monedas de plata con el rostro del entonces candidato presidencial, y rentó una limusina para la campaña de Paul por la que pagó $50,000. Joby Weeks junto al político Ron Paul, quien carga a la hija recién nacida de Weeks y Stephanie Stolba en 2018. Foto suministrada Esa cercanía con el político trascendió una vez Weeks fue acusado pues, según el tracto de hechos en el expediente judicial, cuando apeló su orden de detención en 2020, Ron Paul firmó una carta de apoyo a su favor que fue sometida como evidencia ante el tribunal federal. Y en agosto de 2025, la corte negó un permiso a Weeks para viajar a Lake Jackson, Texas, donde Ron Paul celebraba su cumpleaños. En esta ocasión, se anejó al documento en poder judicial una foto del político con Weeks y la hija de este en brazos de Paul.

Al tiempo que el bufete de Juan R. González Galarza es el principal consultor legal de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, también asesora en asuntos de derecho energético a la Autoridad de Energía Eléctrica. En ese doble rol, no divulgó información a la AEE sobre los problemas del contrato de Power Expectations en el billonario contrato de energía temporera Por Bárbara Josefina Figueroa Rosa, Carmen Enid Acevedo y Vanessa Colón Almenas | Jay Fonseca PR, Bonita Radio y Centro de Periodismo Investigativo Cuando el 16 de junio del 2026 supo de las imputaciones de extorsión de ERock en contra de la compañía Power Expectations, el abogado del bufete principal de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Juan R. González Galarza, no se lo reveló a su otra clienta, Mary C. Zapata Acosta, directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Zapata Acosta puso esto por escrito a la Junta de Control Fiscal posteriormente. La funcionaria continuó la relación con Power Expectations ajena a las acusaciones de la compañía ERock en contra de esa empresa. Enchanted Rock, cuya matriz es ERock, y Power Expectations son dos de las empresas que firmaron el contrato de $5,800 millones con la AEE para proveer energía temporera en Puerto Rico. El Zar de Energía, Josué Colón, negó que el licenciado Juan R González Galarza (primero a la izquierda), tuviera información que nunca descubrió a la ingeniera Mary Carmen Zapata sobre las irregularidades en el contrato billonario de energía temporera. Time Line https://view.genially.com/6a9619825893abe3bb2f0e4a En lo que va del cuatrienio, el bufete González & Martínez Law Offices, del que González Galarza es socio principal junto al licenciado Juan Martínez, ha obtenido $10.4 millones en contratos con la AEE y la AAPP. González Galarza no concedió una entrevista para esta investigación, pero indicó en unas escuetas declaraciones escritas que los cánones de ética y obligaciones que rigen su profesión le impiden confirmar si, como dijo Zapata, no le notificó las serias denuncias de aparente fraude y extorsión que, desde mediados de junio, le llegaron por parte de la representación legal de ERock. “No me corresponde divulgar ni discutir públicamente comunicaciones con mis clientes, el contenido del asesoramiento brindado, instrucciones recibidas, ni las deliberaciones o análisis realizados en el curso de una representación legal”, sostuvo el abogado. Licenciado Juan R. González Galarza en reunión con el ingeniero Josué Colón en la oficina del representante PNP, Victor Parés el pasado lunes 31 de agosto 2026. Foto: Brandon Cruz, CPI Una investigación realizada en alianza entre el Centro de Periodismo Investigativo, Jay Fonseca PR y Bonita Radio encontró que el bufete González & Martínez, que en servicios sumados entre la AEE y la AAPP podía ganar hasta $625 en una hora, en varios momentos, asesoró a las dos corporaciones públicas sobre el tema de la contratación de los servicios de producción de energía temporera. Al menos desde hace un año y medio, el Gobierno de Puerto Rico, mediante la AEE y la AAPP, ha gastado cerca de $10.7 millones en asesorías legales y técnicas con González & Martínez Law Offices y Regulatory Compliance Services (ReComS) con el fin de obtener servicios de energía temporera y así mitigar la crisis de producción del sistema eléctrico, encontró una investigación realizada en alianza entre el Centro de Periodismo Investigativo, Jay Fonseca PR y Bonita Radio. ReComS es la compañía que preside el licenciado Osvaldo Carlo Linares, contratada por la AAPP para gestionar las licitaciones y compras del sistema eléctrico. Se le conoce como la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO en inglés). La investigación de agencias federales sobre la irregular transacción de compra de energía temporera ha llegado al más alto nivel, confirmaron varias fuentes que, incluso, sostienen que el fiscal general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, tiene conocimiento del asunto. Blanche estuvo en Puerto Rico el jueves, 27 de agosto, para anunciar nuevas iniciativas de las agencias federales para contener delitos relacionados al narcotráfico. La Fortaleza dijo que en la reunión de la Gobernadora y el Fiscal General no se habló de Power Expectations. La Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico respondió con un escueto "sin comentarios" a la pregunta de si en la visita de Blanche se discutió con la Gobernadora o con alguna agencia de Gobierno el caso de Power Expectations. Tanto el fiscal federal interino para el distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, como el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) en San Juan, Carlos R. Goris, conocen del caso toda vez que Carlo Linares los copió en la carta que le envió a la Junta de Control Fiscal el 18 de agosto. Además, al menos dos empleados del Gobierno de Puerto Rico han sido entrevistados por el FBI, aseguraron las fuentes. Héctor Ramírez Carbó, jefe interino de la Fiscalía federal para el Distrito de San Juan, extrema izquierda; el fiscal general del Departamento de Justicia federal, Todd Blanche, al centro; y Carlos R. Goris, jefe del FBI en Puerto Rico, a la derecha, durante una conferencia de prensa la semana pasada sobre un operativo antidrogas. (Captura de pantalla) ¿Quién es González Galarza? González Galarza, el mismo abogado que cobra $275 por hora para representar a la AEE, comenzó a prestar servicios a la AAPP desde abril de 2025, a razón de hasta $350 por hora. Su bufete González & Martínez Law Offices presta servicios simultáneamente a la AEE y a la AAPP desde abril de 2025 hasta el presente, excepto en el mes de julio de 2025 y 2026 con la AEE. El abogado inició su contratación con la AEE en 2012, cuando Josué Colón Ortiz era director ejecutivo interino de esa agencia. Ese primer contrato fue cancelado meses después, cuando Juan Alicea Flores entró a dirigir la agencia. Su contrato con la AAPP comenzó en abril de 2025 también de la mano de Colón, quien ahora es el director ejecutivo de la AAPP y Zar de Energía. Sus contratos han sido renovados en ambas agencias. Carlo Linares y González Galarza son vecinos de oficina. Las dos compañías de las que son dueños tienen sus despachos en el edificio Touchvision Plaza, en la Calle López Landrón en San Juan. Carlo tiene la oficina de su empresa ReComS en el penthouse, y unos pisos más abajo, en la séptima planta, tiene su oficina el licenciado González Galarza. González Galarza dijo que sus gestiones como asesor legal de la AEE y AAPP no han sido conflictivas. El bufete González & Martínez era asesor de ambas corporaciones públicas cuando se gestaba el billonario contrato que se otorgó al consorcio liderado por Power Expectations, pero según el abogado “el bufete no proveyó representación ni asesoría legal paralela a la AAPP y a la AEE en torno a este asunto”. Colón confirmó en una conferencia de prensa en La Fortaleza que sobre este asunto recibió, como director de las AAPP, asesoría de González Galarza. La Directora Ejecutiva de la AEE no accedió a múltiples solicitudes de entrevista que se le hicieron para esta investigación, de manera que abundara sobre el rol de bufete González & Martínez en la contratación de los servicios de generación temporera. Tampoco contestó si le parecía que el bufete estaba obligado a informarle de inmediato sobre el potencial fraude en el contrato con ERock y si los contratos del abogado con la AEE y la AAPP lo pudieron llevar a un conflicto de interés. El expediente sobre la aprobación de los contratos para la generación de emergencia en el Negociado de Energía muestran que el bufete González & Martínez representó a la AEE y presentó mociones específicamente sobre este tema. Según establece el acuerdo, el contratista tiene cinco días para informar si se le presenta algún conflicto de interés en sus labores de asesoría. El contrato con la AAPP puso a González & Martínez Law Offices a prestar servicios en asuntos de energía, generación, transmisión y distribución, manejar contratos de compraventa de energía y transacciones relacionadas con la AEE, según describe la propuesta de servicios. Cuando se firmó el contrato, el bufete informó a la AAPP que tenía un contrato vigente con la AEE. ¿Quién es González Galarza? González Galarza es presidente y socio del bufete González & Martínez y fue la persona que acompañó al Zar de Energía a la conferencia de prensa del 9 de agosto en La Fortaleza, dos días después de que Jay Fonseca PR hiciera pública la información de que el multimillonario contrato tenía serias deficiencias, incluso la firma del representante fraudulento de ERock, una de las corporaciones originalmente parte del consorcio con Power Expectations. “Nosotros referimos eso inmediatamente a nuestro director legal [Lionel Santa Crispín], que se encuentra aquí con nosotros en la mañana de hoy, y al bufete principal legal que tiene la Autoridad para las Alianzas Públicas [González & Martínez], cuyo principal oficial también está aquí en la mañana de hoy”. Así intentó despachar el ingeniero Colón las preguntas de los periodistas sobre las irregularidades con la firma del contrato de energía temporera por el consorcio entre Enchanted Rock, Power Expectations y Reyes Contractor Group. González Galarza fue parte del Comité Pedro Pierluisi para la elección del 2020, según documentos del Contralor Electoral. El bufete González & Martínez ha obtenido $17.1 millones en contratos públicos entre el 2022 y el 2026 con la AEE, la AAPP y los municipios de Cataño, Humacao y Juncos. González Galarza ha donado más de $30,000 a las campañas del Partido Nuevo Progresista desde el 2015 hasta el presente. La donación más reciente la hizo por $600 a la gobernadora Jenniffer González Colón el 29 de junio pasado, 19 días después de que se firmara el contrato con el consorcio para energía temporera. Para esa fecha, ya Enchanted Rock había denunciado a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas presuntas irregularidades de fraude y extorsión. González Galarza figura como presidente en tres compañías incorporadas en agosto del 2025 para ofrecer servicios legales en el campo de la energía: JG Energy Litigation LLC, JG Energy Management LLC y JG Energy Consulting LLC. Esta última empresa tiene también el propósito de invertir, adquirir, administrar, vender, transferir y disponer de efectivo en valores, acciones, bonos, fondos de inversión, bienes muebles, participaciones en sociedades y cualquier otro tipo de activo o inversión. SAGL L.L.C., Strain Express L.L.C., Strain Pay LLC y JG Litigation Quiros LLC son otras compañías que González Galarza ha incorporado entre 2021 y 2025. Al menos dos personas consultadas para esta investigación que tienen experiencia y relaciones en la industria energética dijeron que no conocen a González Galarza como experto en este tema. El abogado no contestó en qué consiste su expertise en temas de energía. VISUALIZACIÓN: https://public.flourish.studio/story/3804667/ Los contratos de González Galarza El Licenciado González Galarza firmó contratos para ser representante legal simultáneamente de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas mediante su bufete González & Martínez. El rol de González Galarza en la multimillonaria transacción Al revisar los documentos que se han hecho públicos incluso en referidos al Departamento de Justicia y a las autoridades federales, se observa que el 16 de junio González Galarza, en función de abogado de la AAPP, le escribió a Davis Zapffe, abogado de ERock, en relación a una llamada que tuvieron ese mismo día en la mañana, donde lo pone en conocimiento de que la firma de ‘Jhoby Weaks’, en el contrato por parte de ERock, no es reconocida por su cliente. En el intercambio que hubo por correo electrónico, Zapffe advertía de una posible “conducta criminal”. “Dada la gravedad de las acusaciones planteadas, y sin pronunciarme en esta fase sobre su veracidad o fundamento, he remitido su comunicación y la información facilitada al Sr. Osvaldo Carlo, director ejecutivo de la Oficina de Contratación con Terceros [3PPO en inglés]”, dice González Galarza en contestación a Zapffe . En esa comunicación, González Galarza destaca que Carlo Linares “es un antiguo fiscal federal del Distrito de Puerto Rico y cuenta con una amplia experiencia en la realización de investigaciones complejas” y establece que le pidió “una revisión independiente de las acusaciones, evalúe la información disponible, realice cualquier investigación adicional que considere oportuna y presente un informe escrito” lo más rápidamente posible. “Tenga en cuenta que esta solicitud no debe interpretarse como una determinación de que se haya producido alguna infracción. Más bien, refleja nuestro compromiso de garantizar que todas las denuncias de posibles conductas indebidas se examinen de forma exhaustiva”, expresó González Galarza en su intercambio de correos electrónicos con Zapffe, de ERock. El deber de divulgar Las Reglas de Conducta Profesional de Puerto Rico que le aplican a los abogados, y que fueron revisadas desde enero de este año, establecen que un abogado no debe representar a un cliente si hay un riesgo significativo de que la representación de un cliente esté limitada por los deberes que ejerce ese abogado hacia otro cliente actual o anterior, o por sus intereses personales. Si González Galarza asesoró a la AEE sobre el contrato de energía temporera tenía el deber de informar a Zapata sobre las imputaciones de posible fraude y extorsión que supo mientras brindaba servicios legales a la AAPP. Ahora bien, si sus servicios con la AEE no abarcaron esa contratación, no tenía esa responsabilidad ética, explicó el profesor Luis M. Negrón Portillo, experto en temas de Ética y Responsabilidad Profesional. La abogada y catedrática de derecho constitucional, Yanira Reyes Gil, explicó que además de las Reglas de Conducta Profesional, un abogado que contrata con el Gobierno tiene también que pasar el crisol del Código de Ética para contratistas del Gobierno y el Código Anticorrupción. “El [cuidado que hay que tener] de estos conflictos de interés es mayor cuando se contrata con el Gobierno”, explicó Reyes Gil. “Hay un deber de divulgación cuando hay posible conflicto de interés. Yo entiendo, sin entrar en los detalles, que no los tengo, que el abogado en su deber de representación y de transparencia y de evitar el conflicto de interés tenía una obligación de divulgación completa del posible conflicto. Hay una prohibición de utilizar información confidencial en perjuicio de una parte y en beneficio de otra sobre todo cuando estamos hablando del interés público”, dijo la presidenta entrante del Colegio de Abogados y Abogadas. Se esconden el Zar y la Directora de la AEE El 21 de agosto, en una reunión de la Junta de Gobierno de la AEE, la ingeniera Zapata Acosta explicó que en su agencia supieron de la “controversia interna entre Power Expectations y Enchanted Rock” tras recibir una solicitud del programa televisivo Los datos son datos. VIDEO- Enlace Youtube de reunión Junta de Gobierno AEE. Minuto 30:15 https://www.youtube.com/live/x8YdGKpRXS8?si=3R1_Zb9Gd68pANUQ “Nos comunicamos directamente ese mismo día con la 3PPO y nos dijeron que sí, que ellos estaban conscientes de ese asunto”, dijo la ingeniera durante la reunión de la Junta de Gobierno. “Lamentablemente, ellos aunque estaban conscientes de ese asunto, aparentemente desde mediados de junio, no nos habían informado nada ni en la reunión tampoco nos informaron nada. Así que nosotros, en la Autoridad, nos vinimos a enterar ese día”, agregó Zapata en referencia a una reunión efectuada el 29 de julio en la que ella participó junto al Zar de Energía, personal de AAPP, incluyendo a González Galarza, Osvaldo Carlo Linares con su equipo del 3PPO y ejecutivos de Power Expectations, Reyes Contractor Group y Flotek. VIDEO: EMBED de Youtube de reunión de Junta de Gobierno AEE. Minuto 30:16 - 30:30 https://www.youtube.com/live/x8YdGKpRXS8?si=3R1_Zb9Gd68pANUQ Ante la Junta de Gobierno de la AEE, Zapata Acosta responsabilizó por su falta de conocimiento sobre el asunto al equipo que dirige Carlo Linares, pero no mencionó que su abogado González Galarza fue la persona que directamente recibió la queja por parte de ERock a mediados de junio. El 21 de agosto, Colón Ortiz respondió 17 preguntas de la Junta de Control Fiscal tras el escándalo público por la transacción y la revelación de la carta de ERock. Entre esas respuestas, el Zar de Energía justificó haber dejado al margen a Zapata Acosta de las denuncias de aparente fraude y extorsión alegando que los señalamientos se refirieron desde la AAPP al 3PPO, por ser este el ente independiente que había administrado la adquisición y quien poseía el expediente. El Zar dijo que la AAPP no instruyó al 3PPO a retener información y dejar fuera de ese asunto a la AEE. El abogado Juan R. González Galarza, primero a la izquierda, formó parte de la reunión del 29 de julio liderada por el Zar de Energía y la directora ejecutiva de la AEE. También estuvieron Osvaldo Carlo Linares, personal de ReComS y representantes de las compañías contratadas para la generación temporera. En la reunión con la Junta de Gobierno, Zapata Acosta también aseguró que desconocía sobre el proceso que se dio para sustituir a Enchanted por la compañía Flotek el cual inició dos días después de firmado el contrato con Power Expectations el 10 de junio. La funcionaria afirmó que supo de la sustitución el 10 de julio por un “seguimiento” que le hizo la gente de Power Expectations. Dijo que en la reunión del 29 de julio la AEE le preguntó a la 3PPO (ReComS) si ellos habían hecho la evaluación de la compañía Flotek para saber si recomendaban que sustituyera a Enchanted Rock. Colón, en respuesta a la Junta de Control Fiscal, dijo que “P3A [AAPP en inglés] no tomó ni participó en una decisión de retener las alegaciones de Enchanted Rock a PREPA. La recomendación del 30 de julio de 2026… fue preparada y transmitida directamente a PREPA por ReComS [empresa de Osvaldo Carlo]”. Y añadió que “P3A no preparó esa recomendación, no determinó su contenido, ni dirigió la omisión de información sobre la investigación pendiente de Enchanted Rock. P3A fue copiada en el memorando. En consecuencia, P3A no puede proveer el fundamento de por qué la recomendación del 30 de julio no divulgó la investigación pendiente de Enchanted Rock”. El Zar de Energía fue cuestionado sobre el tema en una comparecencia que hizo el 31 de agosto al Capitolio, donde fue citado por el representante Víctor Parés para hablar a puerta cerrada sobre temas de energía. Al llegar allí, Colón dijo que ni empleados ni consultores de su agencia participaron en reuniones del 16 de julio con representantes de ERock, aún cuando existen correos electrónicos entre González Galarza y el abogado de ERock, Zapffe, que son parte del referido hecho por el mismo Colón al Departamento de Justicia.

La ingeniera Mary Carmen Zapata Acosta le pone el dedo a la Third Party Procurement Office, conocida como 3PPO y también parece pasarle factura a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), al explicar con lujo detalles cómo la Ley 120 Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico le quitó a su agencia el trámite contractual de proyectos de energía para colocarlos en esa oficina y bajo la agencia que dirige el Zar de Energía, Josué Colón. Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio En 23 minutos, sin mirar un papel y dirigiéndose a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la ingeniera Mary Carmen Zapata Acosta, pareció contestar las preguntas que surgen hace dos semanas de cómo fue que firmó el contrato de $5mil millones para producir energía temporera y dijo que a pesar de que la oficina que dirige Osvaldo Carlo Linares, bajo la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), "sabía desde mediados de junio lo que estaba pasando con Power Expectations (PE), lamentablemente no nos habían informado nada a la Autoridad". En la reunión celebrada el viernes a la 1:30m de la tarde en las instalaciones de la Junta de Gobierno de la AEE en Santurce, la Junta aprobó una resolución en la que se solicita que "se busque la información del 'bid bond', si alguno, que 3PPO requiriera del proceso que se estuvo llevando a cabo para que se ausculte cuando vence el mismo, cual es la cuantía, cómo se puede proceder para activar el mismo".No se aclaró si este pedido supondría reactivar el proceso que se inició sobre el mencionado contrato y ya está cancelado con PE. Entretanto y del relato de la Directora Ejecutiva, una Ingeniera que estuvo 30 años en la corporación pública desde ser empleada de la División de Planificación hasta supervisar los diseños de las líneas de transmisión y distribución eléctrica, llama la atención que a dos días de firmarse el contrato el 10 de junio de este año, Power Expectations sin encomendarse a nadie activó la cláusula de "assignment' o sustitución del contrato y cambió a Enchanted Rock por Flotek. Esto se añade al tracto que ha seguido la controversia pública por voz de la 3PPO y la Junta de Control Fiscal, entidades que han dejado caer cartas que dan cuenta de que Jhobby Weaks firmó por Enchanted Rock, sin ser empleado de esa corporación y a PE supuestamente cometiendo fraude e incluso extorsionando a la corporación que sí sabe de proyectos de energía a gran escala para que firmase el contrato. En una última carta de la Junta el pasado 17 de agosto, se reveló otra del 17 de junio de Enchanted Rock donde relata que siempre dijo a Power que no firmaría el contrato y que fue en mayo del 2026 cuando supuestamente el CEO de la empresa, identificado como Abraham Freyre Medina, aceptó que no firmarían el contrato. CONTESTA EL ZAR A LA JUNTA POR QUÉ NO DESCUBRIÓ A LA AEE SOBRE IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS POR ENCHANTED ROCK El viernes pasado, el ingeniero Colón dijo a la Junta de Control Fiscal P3A "que no tomó ni participó en ninguna decisión de ocultar a la AEE las acusaciones relativas a Enchanted Rock. P3A no ordenó a la 3PPO que ocultara dichas acusaciones a la AEE, ni entendió que su remisión del asunto, el 16 de junio, para una revisión independiente autorizara a la 3PPO a determinar qué información debía recibir la PREPA en el ejercicio de los derechos contractuales que le corresponden". Añadió que la recomendación del 30 de julio de 2026 relativa a la sustitución propuesta de Flotek Industries, Inc. por Enchanted Rock, LLC "fue elaborada y remitida directamente a la AEE por ReComS en su calidad de 3PPO. P3A no elaboró dicha recomendación, ni determinó su contenido, ni ordenó la omisión de información relativa a la investigación pendiente sobre Enchanted Rock. Se envió una copia del memorándum a la APP". "Por consiguiente, la APP no puede explicar por qué la recomendación del 30 de julio no reveló la investigación pendiente sobre Enchanted Rock" y planteó que En la medida en dicha explicación, "deberá ser facilitada por la 3PPO basándose en sus registros". El también Zar de Energía alegó que solo "puede confirmar que su remisión de junio tenía por objeto obtener un análisis fáctico independiente de las acusaciones; no pretendía ser, ni debe interpretarse como, una instrucción para que la PREPA no tuviera conocimiento del asunto". La Junta también ha alegado que supo de las irregularidades de la firma de 'Johby Weaks', en realidad, Jobadiah Sinclair Weeks, por una carta de Enchanted Rock que fue descubierta luego del siete de agosto, fecha en que el periodismo comenzó a dilucidar los problemas con la identidad del firmante. El 12 de agosto, una investgación de Bonita Radio con la colaboración del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) descubrió la identidad del convicto federal. Esa carta fue dirigida a dos empleados de la 3PPO bajo la jurisdicción del director ejecutivo de la APP, ingeniero Colón y los licenciados, Mariela Quiñones y Fabián Vélez. Entretanto, en la reunión del 29 de julio Bonita Radio también identificó al licenciado Juan González Galarza, un contratista de la APP que dirige Colón que firmó un contrato de $3M con esa agencia el pasado seis de julio. El 10 julio, "recibimos una comunicación de Power Expectations, dándonos seguimiento a una alegada comunicación a la Autoridad de que ellos habían solicitado hacer un 'assigment' una sustitución de una de las tres compañías que conforman el consorcio por otra". Esa compañía resultó ser Enchanted Rock que proponían sustituirla por Flotek Industries. "Le respondimos la carta diciéndole que nosotros nunca recibimos una solicitud de ellos, solicitando esa asignación. De hecho, los documentos que nos enseñaron, y Power Expectations se había hecho un 'assigment' del cambio, sustitución del cambio de Enchanted a Flotek, para el 12 de junio pero no habían hablado con la Autoridad y en la carta que le escribimos, le dijimos hicieron esto incorrectamente porque el contrato dice que para tu hacer esto necesitas un consentimiento escrito de la Autoridad de Energía Eléctrica antes de hacer la sustitución de una compañía por otra". Añadió que la AEE le pidió a PE que le enviaran la información que "ellos le hubieran podido entregar a la 3PPO relacionado a este asunto". Sobre ese asunto, Zapata Acosta alega que le la agencia que dirige le pidió información a la 3PPO pero "en el momento ellos no dijeron que estaban sin contrato y que no podían dar documentos e información porque estaban sin contrato". "Ese día, el 29 de julio (le dijimos) que no habíamos recibido notificación ni solicitud formal de Power Expectations en cuanto a la sustitución de Enchanted Rock con otra compañía. Se comprometieron a enviar la solicitud formal esa noche y así lo hicieron", La reunión del 29 de julio fue divulgada por Colón, jefe de la APP, en la página de Facebook de la agencia. Se divisa en ellos, a todos los que mencionó Zapata Acosta, incluído el presidente de PE, Eddie Echavarría; el ingeniero Dennys Reyes Vega, de Reyes Contractor Group, y un funcionario de Flotek. La Ingeniera dijo a la Junta de Gobierno de la AEE que Landon Gallager, quien firmó el contrato por PE, estuvo vía virtual. Reunión dirigida por el Zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), Josué Colón y la directora de la AEE, Ingeniera Mary Carmen Zapata Acosta. (De las redes de la APP en FB) Según la Ingeniera Zapata Acosta, en octubre del 2025 la 3PPO presentó a tres compañías compuestas que trajeron propuestas, Javelin Global, Gothams Energy y PE. En un segundo RFP, las seleccionadas fueron PE, Enchanted Rock y Reyes Contractor. Añadió además que en diciembre de ese año, hicieron dos consultas al Departamento de Justicia sobre "alguna información que tuvimos" (Uno de los ejecutivos de PE había tenido un caso de agresión contra un oficial del orden público en Florida) y en enero del 2026 se le envió a la Junta de Control Fiscal para su aprobación luego de contestadas las preguntas. Zapata Acosta reconfirma que PE nunca trajo la fianza de ejecución de $1,118 millones para iniciar el trabajo contratado y que en dos ocasiones prometió hacerlo y solo entregó documentos que en nada validaban el que cumpliera con ese requisito contractual. Asimismo, Zapata Acosta hizo referencia además a que el Negociado de Energía tuvo dos intervenciones en el tracto que siguió el contrato cuando emitió dos resoluciones, aprobando la compra de energía temporera para satisfacer la necesidad de producción y otra cuando cambió las condiciones de un contrato de dos años a uno de diez. El presidente del Negociado, Edison Avilés Deliz, dijo el viernes que el organismo que preside no fue negligente en cuanto al proceso de aprobación del contrato. Pareció asumir la misma narrativa del gobierno de Puerto Rico, que dirige Jenniffer González, que la responsabilidad del contrato mal habido, es de la Junta de Control Fiscal. “Después que les damos el visto bueno, ellos tienen que ir (a la JSF), y allá la Junta se puede tardar. En Puerto Rico, por la ley Promesa, esos contratos no pueden implementarse hasta que tengan el visto bueno de la junta de control fiscal, que no le dio el visto bueno hasta (junio). Ahí es que empieza a correr el término, y yo no puedo hacer nada entretanto. No tengo el poder de ir donde la Junta ni de la AEE, porque la AEE me va a decir: ‘lo tiene la Junta’”, le dijo Avilés Deliz al periodista Manuel Guillama Capella. De izquierda a derecha, Edison Avilés Deliz y el ingeniero, Josué Colón. En todo momento, Zapata Acosta alega que la sPPO certificó mediante informes que recomendaba a las tres compañías para hacer el proyecto, incluso con el cambio a Flotek que ya había instituído PE a espaldas de la AEE. Zapata Acosta menciona al Zar de Energía para ponerlo en la reunión del 29 de julio en el salón de conferencias de la AEE en Santurce. Colón Ortiz solo ha hecho una comparecencia pública, el domingo nueve de agosto, en la que se mantuvo a la defensiva sobre el tema atacando a la periodista Barbara Figueroa y al productor del programa Los Datos son los datos donde se divulgó una primera información el viernes siete de agosto. El 14 de agosto, a un mes y cuatro días de la firma de 'Weaks', Gallager y Reyes Nieves, del controvertible contrato, la AEE envió una carta a PE alegando su incumplimiento con la fianza de ejecución y canceló el contrato por esto y por la decisión de la Junta de Control Fiscal de revopcar su aprobación. La Junta ha preguntado y el gobierno no ha contestado, entre otras, quienes son los cabilderos de las tres compañías.

Esta investigación contó con el auspicio de Fundación Periodismo 21. Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio y Centro Periodismo Investigativo La identidad de “Jhoby Weaks”, uno de los tres firmantes del contrato de energía temporera que supondría $5,000 millones de fondos públicos del Gobierno de Puerto Rico, está vinculada al cripto empresario Jobadiah “Joby” Sinclair Weeks, de 46 años, quien en el 2019 fue acusado junto a otras cuatro personas de un fraude de $770 millones y de evasión contributiva. El caso aún está pendiente del dictamen de sentencia en el tribunal de la jurisdicción de Newark, New Jersey. Jobadiah “Joby” Sinclair Weeks. Foto Captura de pantalla entrevista Mikki Willis en YouTube. La firma de ‘Jhoby Weaks’ aparece en el contrato en representación de la empresa Enchanted Rock, que formó un consorcio con Power Expectations y Reyes Contractor Group para producir energía temporera para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Aunque existe una discrepancia en una de las letras de su apellido, Johby Weaks y Jobadiah “Joby” Sinclair Weeks son la misma persona porque el mismo Departamento de Justicia federal identifica al acusado como Jobadiah ("Joby") Sinclair Weeks. Según el registro público de su caso federal, Weeks está bajo arresto domiciliario en un lugar desconocido desde que hizo alegación de culpabilidad de los mencionados cargos ante la jueza Clair C. Cecchi en noviembre del 2020. El pasado mes de mayo tenía programada una conferencia virtual de su caso pero fue cancelada. El abogado de Weeks, Ernesto Cerimele, no respondió una petición de entrevista para este reportaje cursada el pasado martes 11 de agosto. Dos fuentes confirmaron a Bonita Radio que Weeks es la persona que hizo la representación desde el 2025 como director de la oficina de ventas de E-Rock (Enchanted Rock) en la región del Caribe. El contrato de energía temporera fue gestionado por la compañía Regulatory Compliance Services (ReComS), que preside Osvaldo Carlo Linares y que opera la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO en inglés). Esta oficina, creada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), realiza subastas y licitaciones de los contratos de energía. La APP contrató a ReComS por $300,000 los pasados dos años para ejercer este rol. Aunque el contrato por $5,000 millones pone a Weeks viviendo en Texas, el empresario de criptomonedas, que hace alardes en su página web de ser millonario desde los 22 años y es oriundo de Colorado, parece estar bajo arresto domiciliario en un lugar desde donde ve el mar desde su sala, a juzgar por la entrevista que se le realizó. El Zar de Energía, Josué Colón, jefe de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP) que contrató a la entidad 3PPO que gestionó la multimillonaria transacción de energía temporera, no estuvo disponible para atender preguntas. En entrevista con El Nuevo Día, Carlo Linares solo lo ubicó en Colorado y dijo que personas de su oficina lo contactaron virtualmente desde el 2025 en medio de las negociaciones con las empresas firmantes del acuerdo. Osvaldo Carllo Linares (Foto Noticel) Una carta con fecha del pasado viernes 8 de agosto enviada por Carlo Linares al Zar de Energía establece que su oficina verificó documentos de Power Expectations desde marzo del 2025 “mediante la cual Enchanted Rock LLC designó a Power [Expectations] como su agente exclusivo en Puerto Rico y Florida” lo que según él, justifica la firma de “Jhoby Weaks” en el contrato. Esa carta también establece que hay un acuerdo del 1 de junio de 2025 entre Power Expectations y Weeks, quien es el individuo identificado como firmante, “mediante el cual se le atribuyó el título de “Chief Operating Officer” para las operaciones del Caribe”. La 3PPO prepara un caso ante la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico, que dirige interinamente Héctor Ramírez Carbó. Eso intimó el ex fiscal federal, Carlo Linares en la carta a Colón, que da cuenta de las gestiones que hizo su oficina sobre las irregularidades en la firma de “Jhoby Weaks” que destapó el viernes el programa la periodista Barbara Figueroa en Los datos son los datos. Otra irregularidad en las firmas del contrato es que el presidente de Reyes Contractor Group, Inc., cuya firma se lee como ‘Dennys Reyes’, tiene el nombre escrito en el contrato como ‘Denis Reyes’. Su nombre es Dennys R. Reyes Vega, según surge del registro de la corporación que preside. La empresa Reyes Contractor Group tuvo un señalamiento de irregularidades en una auditoría de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, donde tuvo contratos de impermeabilización de techos, según publicó el CPI. El tercer firmante de este contrato, Eddie Echevarría, de Power Expectations, una empresa que según la publicación Florida Politics no tenía la experiencia, el historial o el capital para proyectos energéticos de envergadura. De parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, firmó el contrato Mary Carmen Zapata, quien no estuvo disponible para contestar preguntas. Al preguntarle Carlo a quién correspondía hacer chequeo de trayectoria para contratar con el Gobierno, dijo: “Hicimos el trabajo de clearance a la corporación, no teníamos que hacer clearance de todos los que trabajan para la corporación”. Weeks se declaró culpable el 8 de noviembre de 2020, de un cargo de conspiración para ofrecer y vender valores no registrados, y otro de evasión fiscal correspondiente a los años de 2015 a 2018. En ese momento, Justicia federal lo identificó como residente de Arvada, Colorado. En su red de Linkedin está identificado como natural de Denver. Después que hizo alegación de culpabilidad, la vista de sentencia que estaba pautada originalmente para el 14 de marzo del 2021 se ha pospuesto en por lo menos cuatro ocasiones y al momento no tiene fecha de señalamiento, según el registro público del caso contra Weeks, número 19-cr-0877 en la jurisdicción de Newark, New Jersey. El último movimiento en el caso es del pasado 27 de julio, cuando la jueza Cecchi planteó que la fecha de sentencia sería anunciada posteriormente. El principal acusado de ese caso, Matthew Goettsche, estaba imputado de estafar a los inversores por valor de $722 millones. La jueza Cecchi accedió el pasado martes a la solicitud del Ministerio Público de retirar los cargos contra Goettsche. Las autoridades plantearon en diciembre del 2020 que Goettsche creó y dirigió una avanzada operación de minería de criptomonedas, BitClub Network, que recompensaba a los inversores por captar nuevos miembros y describió su modelo de negocio como algo construido “a costa de los idiotas”. La fiscalía lo iba a llevar a juicio en octubre próximo, pero los abogados de Goettsche informaron a la jueza el 8 de julio que habían llegado a un acuerdo sobre el desistimiento del caso con perjuicio. ¿Protección presidencial? En julio, Bloomberg reportó que el hoy secretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, fue cuestionado por escrito por dos miembros demócratas del Comité de lo Jurídico del Senado federal —en medio de su confirmación ante el Alto Cuerpo— sobre los contactos de Goettsche, coacusado con Jhoby, con abogados allegados al presidente estadounidense Donald Trump, que alegadamente habían conseguido la resolución del caso. “¿Qué mensaje se transmite a las víctimas de delitos cuando los delincuentes tienen, literalmente, una “tarjeta para salir libre de la cárcel” si conocen a las personas adecuadas?”, preguntó el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois y miembro de mayor rango del Comité. “Rechazo respetuosamente la premisa de esta pregunta, que se basa en una información periodística errónea y sesgada”, escribió Blanche en su respuesta. “La resolución de este asunto no fue resultado de ninguna supuesta presión por parte de los abogados del acusado. Reflejó la evaluación rutinaria que realiza el Departamento de los casos pendientes, y el Gobierno está en proceso de recuperar una cantidad sustancial adeudada a los inversores”, contestó el jefe de Justicia Federal. En Puerto Rico, se alega que la resolución del caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced por un delito menos grave de que aceptó una promesa de donativo de un ciudadano no estadounidense, se dio precisamente por el contacto del abogado Christopher Kise, defensor del coacusado, Julio Herrera Vellutini. Kise fue Procurador General de Justicia en Florida cuando Pamela Bondi era la Secretaria del Departamento de Justicia en ese estado. En una acción similar, Trump también condonó la pena de tres años y medio de cárcel al beneficiario de la Ley 22/60, Terren Scott Peizer, que fue acusado en California de fraude y tráfico de información privilegiada para vender acciones de la empresa Ontrak.

El miércoles se discute en la Legislatura Municipal de San Juan, un proyecto de cesión de superficie hasta por 90 años para un estacionamiento multipiso en El Escambrón cuyo diseño no se ha hecho público por el Municipio y estuvo a punto de ser aprobado sin vistas públicas y sin subasta en junio pasado. Mientras, estudiantes graduados de la Universidad de Puerto Rico desarrollaron desde el 2025 una propuesta ecológica de rehabilitación al también llamado Parque del Tercer Milenio que promueve la integración con el Luis Muñoz Rivera Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La última propuesta de diseño de la rehabilitación del parque de El Escambrón que obra en documentos públicos presenta no uno, si no dos estacionamientos, incluso en la pista del emblemático parque costero y otro que se describe como "mejoras a estacionamiento" que hoy opera el contratista y donante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Cabral Veras quien pretende quedarse con la construcción y administración de la nueva propuesta que impulsa el alcalde Miguel Romero. Bonita Radio descubrió un contrato entre Romero y la firma de arquitectos, Marvel, que data del 31 de enero del 2025 para el diseño del Parque de El Escambrón, con efectividad al 30 de junio de ese año. El 25 de junio lo enmendaron para extenderlo hasta el 30 de junio pasado. Al día de hoy, ni el Alcalde, ni la presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan, Gloria Escudero, han hecho público ningún diseño que constate dónde se ubicará el multipiso que ya Cabral Veras le dijo al Senado, a través de una carta, que pretende administrar a través de su empresa, Smart Parking System. Las transacciones contractuales del diseño de Marvel, que incluyen intervención de desarrollo en zonas del Parque aledañas al Hotel Normandie y parecen llegar hasta el Parque, se dieron luego de una propuesta presentada por la firma de arquitectos en el 2024. Lo único que se ha hecho público de ese diseño por parte del propio alcalde, fue el desarrollo de un Parque de Skateboard, lo que divulgó a ciertos medios el pasado 26 de noviembre del 2025. El pasado dos de julio Romero - en medio de la denuncia de las comunidades sobre la intención del Alcalde a sus espaldas - le dijo a la periodista Mónica Candelaria, que había hecho pública la propuesta de estacionamiento, pero no hay registro de que lo hiciera ni en sus redes ni en medios de comunicación del gobierno, como WIPRTV. Entretanto, y también en noviembre del 2025, estudiantes graduados de la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, publicaron una propuesta de Parque Ecológico Costero que incluye un mapa interactivo donde explican la importancia en el entorno urbano de San Juan, del predio costero que incluye Parque Sixto Escobar. Es una propuesta "para transformar El Escambrón mediante una visión regenerativa, que reconoce su valor ecológico, social y urbano", señalaron. La propuesta tiene una visión clara y trae "el contexto actual, los conflictos que enfrenta y una serie de intervenciones diseñadas para restaurar, reconectar y proteger este espacio costero clave para San Juan", describen los estudiantes en el "story map" vivo en la red. Los estudiantes destacaron que "El área del Escambrón....refleja una crisis de gestión y acceso al espacio público. Las causas estructurales incluyen una visión fragmentada de planificación, un alto impacto ambiental en los ecosistemas costeros, años de abandono y presiones de privatización. Estos factores han resultado en un desarrollo desarticulado y desconectado del entorno urbano y ecológico, el predominio del automóvil, así como procesos históricos de exclusión en la toma de decisiones. La amenaza de privatización en el Escambrón no solo se refleja en el deterioro físico, también se observa en la desconexión sistémica entre planificación, ambiente, movilidad y justicia social". La amenaza de la privatización y la visión fragmentada de planificación y el alto impacto ambiental, se verificaron a finales del pasado mes de junio, cuando la minoría del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal de San Juan, denunciaron de la pretención de Escudero y del Alcalde Romero, de aprobar la Ordenanza 55 que cedería a un tercero, iodentificado ya como Cabral Veras. Romero reculó y la Presidenta de la LGMSJ citó a una sola vista pública, que se vereficará el miércoles próximo en la sede de la institución en la Alcaldía en el Viejo San Juan. Escudero no ha contestado peticiones de información de la minoría legislativa ni tampoco del planificador, Pedro Cardona Roig, quien depondrá en las vistas. Miguel Romero y Gloria Escudero. Bonita Radio solicitó al municipio la propuesta de Marvel, toda vez que no está incluída en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor. Una de las preguntas que no contesta ni el Alcalde ni la mayoría PNP en la Legislatura Municipal, es que el Código Civil establece en su artículo 981 que "En todo caso en que se conceda el derecho de superficie sobre parte de una finca, solamente se expresará la porción del área y lugar que ocupará el derecho de superficie. El área se expresará en el sistema métrico decimal". Esa información no se ha provisto en el Proyecto de Ordenanza. También se cuestiona si la cesión del predio del parque no puede realizarse sin subasta pública, toda vez que el articulo 2.016 del Código Municipal sobre Bienes Municipales establece que "Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público, tales como las plazas, calles, avenidas, paseos y obras públicas, de servicio general sufragadas por el municipio con fondos públicos". Además, la administración de Romero quiere eximir de subasta el trámite de cesión de superficie, sin demostrar cuáles son los términos y condiciones del acuerdo con Cabral Veras. Tampoco quieren demostrar cual es la necesidad que tiene la comunidad de un estacionamiento para el disfrute del bien patrimonial. Artículo del Código Municipal sobre requisito de Subastas. Parecería que el interés del municipio en el proyecto de estacionamiento, es satisfacer las necesidades del contratista Ezra Ishay, con quien Romero firmó un contrato en el 2023, también a espaldas de las comunidades, que le permitiría desarrollar un estacionamiento soterrado y un pabellón de eventos en las instalaciones deportivas. Ezra Ishay y el Alcalde de San Juan, presentando el proyecto para el Parque El Escambrón en el 2023. El año pasado, el municipio alertó que estaba a punto de cancelar el contrato con San Juan, luego de que el contratista dijo que tendría que buscar fondos federales, con el municipio, para sufragar la obra. Al día de hoy ese contrato no ha sido rescindido. Ishay fue donante de la campaña de la Gobernadora, Jenniffer González Colón. Ishay tiene un decreto de "individuos inversionistas" desde mayo del 2020. A las 8AM, traemos más información y análisis en Noticias con café.