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Esto no se puede monopolizar con reglas básicas de participación que se reducen al poder del presidente de la comisión investigadora, que coincide con el autor de la medida y que pudiera coincidir con el principal adversario político del autor. Por Ariel Nazario Abogado Ex Secretario del Senado Y Secretario Ejecutivo Comisión Investigadora Caso Cerro Maravilla El poder de investigación es amplio, pero no absoluto. Debemos tener presente que las cámaras legislativas, además de su principal función, legislar, y , sus amplios poderes de investigación y su capacidad hasta para definir lo que es o no conducta aceptable, - la conducta que te puede llevar a la cárcel - no tiene una responsabilidad adjudicativa. Esa función – con buenas o malas consecuencias – fue delegada por los constituyentes en el Poder Judicial. Recordemos que la forma republicana de gobierno y, en consecuencia, los principios de la separación de poderes de nuestra constitución están condicionados por los términos de la ley federal que autorizó la adopción de la Constitución del ELA; que, aunque ambas tienen rasgos del propio proceso parlamentario clásico, constituyen una fórmula de gobierno única. La nuestra por ambición ideológica, y por razones culturales, con más ambiciones sociales como lo es el derecho a la educación pública y otras aspiraciones contenidas en la Carta Magna. La naturaleza política de la controversia. El proceso anunciado por el Senado que preside Thomas Rivera Schatz contiene cortes político-partidistas que no se pueden esconder. Incluso, en el ambiente político la autoridad senatorial ha calificado a algunos protagonistas de los muchos incidentes que las agencias investigadoras con tanto cuidado insisten en compartir la responsabilidad y con “mucho gusto” esperarán porque el o la otra, opine primero. Es decir, se reparte el plato y al final tienes una presa desmembrada y nadie dándole organización estructurada al asunto. Por lo tanto, tiene que hacerse un esfuerzo por darle precisión e identificación puntual de los objetivos a investigarse. Por tal razón, me parece que el Senado no tiene que adherirse al contenido de una primera resolución autorizante. En 1981 - en el proceso de investigación de los asesinatos del Cerro Maravilla - hubo unas tres resoluciones, dos de las cuáles fueron la primera de naturaleza urgente tratando de asegurar la entrega de evidencia, y la segundo, dándole una estructura con mayor sentido jurídico, como base de todo lo que ocurrió después. Habiendo expresiones previas que inciden sobre posibles – justificados o injustificados – prejuicios político-partidistas hacia testigos obvios de un proceso investigativo como lo es el de corrupción en el principal organismo promotor y motor del desarrollo económico del país, hay que desprenderse del coraje o sentido de caciquismo que convence a un legislador que puede decir y regañar a un funcionario público sin ninguna otra razón que no sea el objetivo político. Las minorías legislativas Hay que tener honradez histórica. El Senado controlado por el PPD en 1981-1985 específicamente, y sus asesores, estuvimos en desacuerdo con la solicitud que eventualmente termina con la decisión de Silva Iglesia v. Hernández Agosto (cita omitida). De ahí se abrió el camino que garantiza el acceso a las minorías más de lo que nos imaginamos. Incluso algunos sostenemos que sus implicaciones pueden ser mayores si consideramos, como tantos lo hacen, que nuestra constitución es una de avanzada. Incluso la garantía a la representación minoritaria para impedir el absolutismo de las mayorías siempre la hemos visto como muestra de este tipo de esfuerzo por promover una mayor participación de las minorías en el proceso político. Las implicaciones legislativas de la R. del S. 91 de 1981 (cita omitida) fueron muchísimas, no solo en el aspecto de mejoramiento de los procesos de investigación científica forense, la conducta de funcionarios públicos, el encubrimiento político, y el drama, que nunca está fuera de la realidad humana, produjeron reformas y le dieron un empuje al compromiso del país con la justicia y contra el abuso de todo tipo. Las implicaciones sobre la libertad de información, sobre la institucionalización de un proceso uniforme de acceso a la información balanceando el mínimo de legitimación activa que debe estar presente en controversias entre ramas de gobierno. Una causa de país Por lo tanto, creo que esta investigación anunciada debiera ser eventualmente una investigación bajo la Regla 14 del Reglamento del Senado. R. del S. 255 de 30 de junio de 2025, según enmendada, páginas 57-64. Lo anterior implica que los asuntos que se han planteado no son propiedad de un partido político, o un problema interno del partido de gobierno. Tampoco puede una investigación que ahora no solo involucra el uso partidista violando la ley de adjudicaciones de dinero y bienes públicos, sino también de acusaciones de intentos por manipular el principal proyecto económico del país para favorecer a aliados de la naturaleza que sea, en contra de normas básicas de buena administración pública. Esto no se puede monopolizar con reglas básicas de participación que se reducen al poder del presidente de la comisión investigadora, que coincide con el autor de la medida, que pudiera coincidir con el principal adversario político del autor. La Regla 14 impide que todo se convierta en un entretenimiento, en solo drama. Va a permitir que se den circunstancias para que sea el país completo el que aclare dudas mediante esta investigación, se rindan cuentas y de ser necesario, se propongan reformas serias que garanticen una gobernanza responsable. Y más que nada, siempre recordando que el Senado tiene una única función adjudicativa muy importante y de consecuencias específicas, el juicio político. Reza el artículo III, sección 21 de la Constitución de Puerto Rico: "La Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de iniciar procesos de residencia y con la concurrencia de dos terceras partes del número total de sus miembros formular acusación. El Senado tendrá el poder exclusivo de juzgar y dictar sentencia en todo proceso de residencia; y al reunirse para tal fin los Senadores actuarán a nombre del pueblo y lo harán bajo juramento o afirmación. No se pronunciará fallo condenatorio en un juicio de residencia sin la concurrencia de tres cuartas partes del número total que componen los miembros del Senado, y la sentencia se limitará a la separación del cargo. La persona residenciada quedará expuesta y sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo conforme a la Ley. Serán causas de residencia la traición, el soborno, otros delitos graves y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación. El Juez Presidente del Tribunal Supremo presidirá todo juicio de residencia del Gobernador". La mesa está servida. Habrá que ver si el Legislativo se comporta a la altura del orden Constitucional y democrático.

Por Rodrigo Otero Goyco Bonita Radio El martes, 5 de mayo de 2026, es una fecha que quedará grabada en la memoria de los puertorriqueños que conocieron la figura de José “Piculín” Ortiz. La sorprendente y dolorosa noticia de que el “Concord Boricua” había fallecido acaparó la atención de los medios de comunicación locales e internacionales, y se convirtió en tema de conversación durante todo el día y la semana. Parecía que todo el país estaba pendiente a las publicaciones y anécdotas sobre la vida y los momentos del “gran Picu”. Excepto La Fortaleza y el gobierno de Jenniffer González. Piculín fue un ídolo en Grecia, donde jugó en la década del 90. (Foto: Ismael Fernández) La reacción inicial de La Fortaleza se limitó a declarar un día de duelo. Pocas horas después, tras recibir críticas, la gobernadora extendió el duelo a tres días. Esta respuesta tardía y la falta de un mensaje de condolencia en nombre del pueblo de Puerto Rico no deberían sorprendernos. Los precedentes de González Colón sobre quién merece reconocimiento no siempre coinciden con el sentir de la mayoría de los puertorriqueños. Tan reciente como en diciembre del año pasado, la gobernadora decretó dos días de duelo por el fallecimiento de Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, una orquesta que por más de seis décadas ha sido embajadora de la cultura musical del país. Dos días. Las críticas no se hicieron esperar. Tres meses antes, González Colón había decretado cinco días de duelo por la muerte de Charlie Kirk, quien fue asesinado el 10 de septiembre en Orem, Utah, mientras hablaba ante una multitud en la Universidad Utah Valley. Cinco días para un hombre sin vínculo alguno con Puerto Rico, salvo compartir con la gobernadora afinidad política y su respaldo al gobierno de Donald Trump. Sin embargo, las diferencias entre los decretos de duelo por Piculín e Ithier, en comparación con el de Kirk, no representan el peor precedente de la hoy gobernadora de Puerto Rico. En 2006, cuando era representante a la Cámara por el Partido Nuevo Progresista, González Colón rindió homenaje a Julio “Julito” Labatut Escarra, un exiliado cubano vinculado en investigaciones del FBI por su participación en el asesinato de Carlos Muñiz Varela, joven cubano y líder del movimiento independentista en Puerto Rico, donde vivió desde su niñez. Labatut murió el 16 de agosto de 2007 en Florida, poco más de un año después del homenaje que la entonces representante le ofreció en el Capitolio. Tras su muerte, González Colón declaró: “Julito Labatut fue un luchador incansable de la liberación del pueblo cubano y de la estadidad para Puerto Rico. Hizo de nuestra Isla su segunda patria, destacándose exitosamente en el ambiente comercial, artístico, político y filantrópico”. Esa es la historia. Lo que ha sucedido en los últimos tres días, o mejor dicho, lo que ha dejado de suceder, es otra evidencia de la desconexión de la Gobernadora con el país.

La querella presentada ante el FEI por el ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico y que incluye las alegadas actuaciones de Francisco Domenech y Norberto Almodóvar Vélez, aneja el informe de la investigación sobre los hechos que se le imputan al primero y que fueron referidos ya a esa agencia por parte del Departamento de Justicia. Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La abogada que investigó las actuaciones del ex secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) y de su ayudante, en relación a la intervención en el proceso de contratación de un proveedor de publicidad por alegadas instrucciones del secretario de la gobernación, Francisco Domenech, mantiene un contrato con la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) donde se presentó el martes una querella contra el funcionario de La Fortaleza. La ex jueza Eloína Torres Cancel firma el Informe Confidencial sobre Proceso del Professional Media Developer Services RFP DDEC-OGPE-2026-06, uno de los documentos que anejó en su querella al FEI el ex secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, quien le imputa a Domenech haber intervenido desde La Fortaleza para favorecer al contratista de gobierno JJ Investment versus DG Media. Esta última había obtenido la mejor puntuación en el Comité de Evaluación de la agencia. La querella de 23 páginas incluye como anejo el mencionado Informe de 55, producto de una pesquisa que encomendó el abogado principal y jefe de la División Legal deL DDEC, Luis B. Méndez del Nido a la corporación HRML LLC en marzo de este año . Negrón Reichard quiere que el FEI investigue la conducta de Domenech con relación a ciertos hechos presenciados y atendidos por el suscribiente, en su capacidad de Secretario" del DDEC, "entre los meses de marzo y mayo de 2026, sobre alegadas irregularidades en ese proceso de contratación pública. La presidenta del FEI, Ygrí Rivera, quien firma el contrato de Torres Cancel, dijo ayer que no necesariamente Negrón Reichard podía radicar la querella directamente, pero que evaluarían el expediente. En su querella, Negrón Reichard plantea que también se investiguen "los eventos subsiguientes derivados de la denuncia que sobre dichas irregularidades hizo ante la Gobernadora de Puerto Rico y el Secretario de Ia Gobernación, al igual que ante el público y la prensa" y sobre todo en el contexto del referido que ya hizo el Departamento de Justicia de los investigados internamente en el DDEC, Norberto Almodóvar Vélez y su ayudante y ex jefa de Recursos Humanos, Charlene Neuman. Torres Cancel tiene un contrato con el FEI que fue enmendado el pasado mes de diciembre del 2025 hasta para el 30 de junio de este año. Se especifica en la contratación que sus tareas serán: Asistir en los procesos administrativos e internos de Ia Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD): Redacción de ponencias y opiniones legales según solicitados por la Primera Parte; Desarrollo de reglamentos, políticas y normas inspiradas en Ia misión y visión de la agencia fiscalizadora; Otros trabajos legales o do asesoramiento según le sea solicitado por la administración de la OPFEI y Realizar cualquier otra encomienda que Ia agencia considere necesaria para los objetivos institucionales. Los hechos alegados fueron investigados por Torres Cancel como parte HMRL, una empresa del ex director de la Oficina de Ética Gubernamental, Hiram Morales Lugo, quien contrata con DDEC para, entre otros trabajos, realizar "investigaciones internas, litigación y representación legal en asuntos de recursos humanos". Bonita Radio intentó obtener respuestas sobre lo que puede suponer un conflicto entre las dos contrataciones, a través del licenciado Morales Lugo, pero este no contestó llamadas ni mensajes a su correo electrónico. En su escrito, la también contratista del FEI plantea que "la evaluación fue solicitada originalmente con el propósito de determinar si, en el proceso de evaluación y adjudicación de las propuestas objeto de examen, existían irregularidades de carácter administrativo en contravención a la normativa aplicable. No obstante, como resultado del análisis preliminar de los testimonios y la documentación examinada, así como de la evaluación de los hechos que surgen del expediente administrativo, se advierte que la conducta observada con toda probabilidad trasciende el ámbito estrictamente procesal de la contratación gubernamental, pudiendo constituir, posibles violaciones de naturaleza penal, civil y administrativas". "En particular, los hechos evaluados podrían implicar la infracción de disposiciones contenidas en el Código Penal de Puerto Rico, así como de normas de carácter ético administrativo y estatutario, incluyendo aquellas establecidas en la citada Ley Orgánica de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico, el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico y el Reglamento de Personal del DDEC". "La conducta desplegada por los funcionarios involucrados, según surge del expediente de esta gestión, refleja posibles incumplimientos con la regulación federal de adquisición de bienes y servicios mediante contratación, que facilita las fuentes económicas a través de fondos federales y permiten realizar proyectos para adelantar el desarrollo económico de Puerto Rico". En lo que se refiere a la prueba evaluada Torres Colón detalló las entrevistas que hizo a dos empleadas de la agencia que traen información sobre la intervención de Almodóvar Vélez en el asunto del contrato que se disputaban DGMedia y JJ Investment Group y que el primero resultó favorecido por el Comité de Evaluación del DDEC . "Luego de evaluada la totalidad de la prueba testimonial, concluimos que los testimonios ofrecidos por Marisabel Rodríguez Hernández y Lissette Rodriguez Tomasini merecen entero crédito. sus declaraciones resultan consistentes entre si y no fueron controvertidos por ninguna otra prueba testimonial u objetiva. Además, encuentran apoyo en los documentos examinados y en los actos posteriores atribuibles a Norberto Almodóvar Vélez y a Charlene Neuman Rivera", destacó para recomendar el referido de la investigación. Sobre la querella de Negrón Reichard, la ex jueza y presidenta del Panel del FEI, Rivera, dijo añadió que “hay que evaluar los documentos que él presentó ayer también. Evaluadas las dos cosas, hay que ver en derecho qué corresponde hacer. Yo no puedo anticipar ahora mismo absolutamente nada, solo que lo vamos a evaluar. El principio general que dice la ley es el que yo le dije (que un ciudadano no puede presentar una querella ante el PFEI). Pero, estos documentos (la querella contra Domenech) hay que evaluarlos, no podemos descartarlos sin evaluarlos”.

No está claro si la petición de información busca dilucidar además cómo se vendieron dos parcelas de la Autoridad del Distrito de Convenciones a un ex oficial del gobierno de Luis Fortuño sin pasar por el proceso de subasta lo que fue cuestionado públicamente un año más tarde de la transacción sin ninguna consecuencia Esta investigación es auspiciada por Fundacion Periodismo Siglo 21 Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Una nueva petición de información del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz parece querer descubrir el tracto que siguió el decreto contributivo del proyecto de lujo en el Distrito de Convenciones, Opus Miramar, cuyo desarrollador es un fondo de capital con incentivos otorgados desde octubre del 2022 y cliente de Politank, la corporación que fundó el secretario de la gobernación, Francisco Domenech. La solicitud de información del Senado - a petición del Presidente - salió ayer del correo electrónico de la Secretaría del Senado, Jenniffer Martínez Heyer hacia el del secretario interino del Departamento de Desarrollo Económico, Roberto Lefranc Fortuño, y establece que el Oficial del DDEC tiene cinco días para entregar lo que tenga sobre incentivos económicos otorgados a Opus Miramar o cualquier entidad afiliada al proyecto. El proyecto residencial comenzó a desarrollarse el pasado mes de abril en las parcelas E1 y E2 del Distrito que fueron vendidas sin subasta en la administración del también gobernador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi y cuya transacción se finiquitó en diciembre del 2025. Tras obtener la carta, Bonita Radio logró establecer en registros públicos que el inversionista de la entidad dueña del proyecto, Opus Group LLC es el fondo de capital privado, Centuria Opportunity Fund, una corporación registrada en el Departamento de Estado desde febrero del 2021 y que tiene un decreto contributivo desde el 31 de marzo del 2022. Así consta en el registro en línea del DDEC. Asimismo, un sujeto identificado como Loyd W. Douglas, que figura en el registro de la corporación Development North Tower, también tiene dos decretos, uno del 2016 y otro de febrero del 2022. Centuria aparece listada en el Registro de Cabilderos del Departamento de Justicia como cliente de Politank, firma de cabilderos hoy presidida por Manuel Torres Nieves y que mantiene como socio al ex presidente del Senado, Kenneth MCclintock. Una primera fase de Opus Miramar se desarrolla como una torre residencial con 40 unidades de vivienda y 125 estacionamientos. La segunda fase constaría de un proyecto turístico de lujo de 160 llaves, con 224 espacios para estacionar vehículos y una tercera fase, constaría de una segunda torre residencial, que tendría 24 unidades de vivienda “boutique” y 64 estacionamientos. Entretanto, la petición de información 26-089 no está listada en las peticiones de la página web del Senado, con fecha de ayer. Contiene además otros cinco exigencias de información, a saber: Copia certificada de toda comunicación relacionada al proyecto Opus Miramar o a las entidades vinculadas al mismo, recibida o emitida por esa dependencia desde el 2 de enero de 2023 hasta la fecha, ya sea de los proponentes, desarrolladores, representantes autorizados, cabilderos, abogados, contadores públicos autorizados (CPA), consultores o cualquier otra persona que haya gestionado, comparecido o intervenido en relación con dicho proyecto. Copia certificada de toda comunicación entre funcionarios o personal de La Fortaleza y funcionarios o personal del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio relacionada al proyecto Opus Miramar o a las entidades vinculadas al mismo, desde el 2 de enero de 2025 hasta la fecha. Bitácora completa de reuniones, conferencias, vistas o cualquier tipo de comparecencia, presencial o virtual, en las que se haya discutido, evaluado, presentado o tramitado cualquier asunto relacionado al proyecto Opus Miramar o a las entidades vinculadas, incluyendo la fecha, los participantes, el propósito y cualquier minuta o registro de lo discutido. Si se ha otorgado, denegado o se encuentra pendiente alguna solicitud de decreto, enmienda, extensión, transferencia o cualquier otro beneficio contributivo relacionado al proyecto o sus entidades afiliadas, y el estado de dicho trámite. Identificación de toda persona natural o jurídica que haya comparecido o comunicado ante esa dependencia en representación o en interés del proyecto Opus Miramar, en cualquier capacidad, desde el 2 de enero de 2023 hasta la fecha. Este medio constató que las parcelas propiedad del Distrito de Convenciones fueron vendidas a través de un contrato otorgado el 27 de octubre de 2022 por la entonces directora del Centro de Convenciones de la Administración Pierluisi, Mariela Vallines. El contrato está firmado por uno de los socios de Opus Group LLC, Jan Maduro, quien fuera director de Asuntos Energéticos de la administración de Luis Fortuño Burset entre 2009 y 2012. La transacción se dio sin subasta con la anuencia de la Junta de Gobierno del Distrito, lo que según dijo Vallines a El Nuevo Día en el 2023 está facultado por ley. La actual directora ejecutiva del Distrito de Convenciones posa con el arquitecto Segundo Cardona (segundo de izquierda a derecha) y el licenciado Jan Maduro (en guayabera), socios de Opus Group. En enero de este año, la actual directora del Distrito, la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo, comparece como tal firmando un contrato por $6M con Opus Miramar Development North Tower y su presidente, el arquitecto Segundo Cardona - en una transacción cuyo contrato no figura público en el registro de contratos de la Oficina del Contralor (OC). En la OC hay dos contratos con Opus Group LLC. Uno del 2022 y una “Enmienda de Contrato de Compraventa Reformulado y Modificado” - con fecha del 29 de agosto de 2024 - que da cuenta de la existencia de un pleito civil sobre la titularidad de las parcelas por existir un contrato de compraventa anterior que data del 2017 y a favor de 3rd Millenium Surgery. Mariela Vallines en el 2022 cuando era directora ejecutiva de la ADC. Foto: END La enmienda del 2024 específica que: “CONSIDERANDO que, a fecha de hoy, (i) el inmueble sigue estando sujeto a gravámenes y cargas que deben liberarse antes de la transmisión de la titularidad al comprador, salvo en los casos en que el comprador renuncie a ello en virtud del presente contrato, (ii) los derechos sobre el inmueble están sujetos a un litigio en curso relativo a un derecho de arrendamiento entre 3rd Millennium Surgery Center, LLC (3rd Millennium) y el Vendedor en el asunto SJ2022CV07541 ante el Tribunal de Primera Instancia, que debe resolverse definitivamente a favor del Vendedor antes de la transmisión del título de propiedad al Comprador, salvo en la medida en que el Comprador renuncie a ello en virtud del presente, y (iii) las Partes han acordado modificar y reformular el Acuerdo para confirmar su vigencia continuada y el compromiso de la Autoridad de emprender todas las acciones necesarias para transferir y transmitir la Propiedad libre de gravámenes y cargas, una vez que el litigio en curso sobre las reclamaciones de arrendamiento por parte de 3rd Millennium Surgery Center, LLC en el caso SJ-2022–CV07541 se resuelva a favor del Vendedor, salvo en la medida en que el Comprador renuncie a ello en virtud del presente”. El contrato firmado por el entonces director de la ADC, Víctor Suárez y Héctor López Pumarejo en nombre de 3rd Millennium, estableció el precio de compraventa en $6M si la transacción se daba en los primeros cinco años del contrato. Si no, tendría que utilizarse una tasación a precio del momento en que se diera la compraventa. A las 8Am, en Noticias con café, traemos más información y análisis de esta historia.

# El megaproyecto Esencia en Cabo Rojo: Un llamado a la acción ## La oposición académica y social al megaproyecto Por Rosa Seguí Abogada Recientemente, el cuerpo académico de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) se unió a las decenas de organizaciones que se oponen a la construcción del megaproyecto Esencia, en Cabo Rojo. Este ambicioso proyecto pretende destruir los recursos naturales para construir una ciudad privada y exclusiva que albergaría 1,132 residencias, valoradas entre $2 y $20 millones, así como 520 unidades de hotel, dos campos de golf y múltiples edificaciones. Según el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la Compañía de Turismo aprobó alrededor de $498 millones en créditos contributivos, además de una exención de 10 años en impuestos estatales y municipales a Cabo Rojo Land Acquisition LLC. Estos créditos y exenciones multimillonarias se otorgaron a pesar de que el desarrollo es predominantemente residencial y no turístico. El cuerpo académico de la PUCPR aprobó de forma unánime una moción de rechazo al megaproyecto. Entre las razones para el rechazo se encuentra que el megaproyecto propone alterar 1,549 cuerdas de bosque costero en el barrio Boquerón, a pesar de que cerca del 40 por ciento de los terrenos están catalogados como Suelo Rústico Especialmente Protegido–Ecológico y colindan con dos reservas naturales. El claustro hizo un llamado al gobierno a reconsiderar el proyecto utilizando “criterios científicos rigurosos, justicia ambiental y participación ciudadana”. Contrario a este llamado de voces expertas, el comisionado residente y presidente del Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández, expresó que lo único que debería considerarse para estar a favor de Esencia es si se cumple o no con la ley. Sin embargo, cumplir con la ley no siempre significa que un proyecto es justo, sostenible o beneficioso para el país. Máxime cuando el aparato regulatorio no logra proteger adecuadamente el interés público. ## La marcha nacional y la voz del pueblo Por esto, el Movimiento Victoria Ciudadana se une a la marcha nacional convocada por Defiende a Cabo Rojo en contra del megaproyecto Esencia. Esta manifestación se llevará a cabo el próximo sábado, 28 de marzo, a las 11 a.m. en el Escambrón, Puerta de Tierra. La participación ciudadana en eventos como este es crucial, ya que permite que las voces de la comunidad se escuchen y se tomen en cuenta en el proceso de toma de decisiones. ## La importancia de la justicia ambiental La justicia ambiental es un concepto que se ha vuelto cada vez más relevante en el contexto de la lucha por la protección de los recursos naturales. Este principio sostiene que todas las personas, independientemente de su raza, color, origen nacional o ingresos, tienen derecho a vivir en un ambiente saludable y a disfrutar de los beneficios de un desarrollo sostenible. En el caso del megaproyecto Esencia, la destrucción de ecosistemas vitales no solo afecta a la flora y fauna local, sino que también pone en riesgo la salud y el bienestar de las comunidades que dependen de estos recursos. La oposición al megaproyecto no se limita a la PUCPR; diversas organizaciones y grupos comunitarios han alzado su voz en defensa del medio ambiente. La movilización social es fundamental para presionar a las autoridades y exigir que se prioricen los intereses de la comunidad por encima de los beneficios económicos de unos pocos. ## Un llamado a la acción colectiva Es imperativo que la ciudadanía se mantenga informada y activa en la defensa de sus derechos y del medio ambiente. La participación en marchas, la firma de peticiones y la difusión de información son herramientas poderosas que pueden contribuir a generar conciencia sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. La lucha por la justicia ambiental es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso de todos. En este contexto, es esencial que los ciudadanos se unan en un esfuerzo colectivo para resistir proyectos que amenacen la integridad de nuestros ecosistemas. La defensa de Cabo Rojo es solo un ejemplo de cómo la comunidad puede unirse para hacer frente a decisiones que podrían tener un impacto negativo en el futuro de la región. ## Reflexiones finales sobre el megaproyecto Esencia El megaproyecto Esencia representa un desafío significativo para la comunidad de Cabo Rojo y, por extensión, para toda Puerto Rico. La lucha por la justicia ambiental y la defensa de los recursos naturales es un tema que trasciende fronteras y que nos concierne a todos. Es fundamental que continuemos abogando por un desarrollo que sea sostenible y que respete el entorno natural, asegurando así un futuro más justo y equitativo para las generaciones venideras. La voz de la comunidad es poderosa. Cuando se alza en unísono, puede influir en las decisiones que afectan nuestras vidas y nuestro entorno. La historia nos ha enseñado que la resistencia y la solidaridad son claves en la lucha por un mundo mejor. Por lo tanto, es crucial que cada uno de nosotros se involucre y participe en la defensa de lo que es justo y necesario para nuestra sociedad. ## Conclusión: La lucha continúa La oposición al megaproyecto Esencia es solo una parte de una lucha más amplia por la justicia ambiental y la protección de nuestros recursos naturales. A medida que avanzamos, es vital que mantengamos el enfoque en la importancia de la participación ciudadana y la defensa de nuestros derechos. La historia de Cabo Rojo es un recordatorio de que la voz del pueblo puede y debe ser escuchada. La lucha por un futuro sostenible y justo continúa, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este esfuerzo colectivo.

El empresario y cirujano cardiovascular de Chicago, Ilinois, Yan Katsnelson, quiere desarrollar 11 proyectos entre San Juan, el norte y la zona este de Puerto Rico, los que ya presenta en visitas a alcaldes de la mano de un abogado de una firma de la Milla de Oro en Hato Rey. Esta investigación es auspiciada por Fundacion Periodismo Siglo 21 Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio En Cabo Rojo Esencia y en Loíza, Ora World. Un decreto contributivo a inversionista bajo la Ley 60, el registro de 15 corporaciones, una visita a la alcaldesa y un contrato de permuta de un boricua que representó un alquiler por cinco años a vecinos de la comunidad Villa Vaca, es el saldo de gestiones y transacciones que amenaza hoy parte del escenario natural y el espacio residencial de unas 21 familias instaladas en los predios de una antigua vaqueria. El desarrollo de 11 proyectos de lujo, bajo la insignia de Ora World, promete "un nuevo estándar de vida en Puerto Rico. Ora World es más que un destino; es un movimiento que redefine la forma de vivir de las personas maximizando el tiempo, optimizando la riqueza y elevando la experiencia humana". Se conciben en la costa del atlántico en el norte de la Isla y en la del Este entre Loíza, Luquillo, Ceiba, Guayama y Naguabo. Entre octubre del 2021 y enero del 2022, el cirujano cardiovascular, Yan Katsnelson, ruso de 59 años, inscribió 15 corporaciones en el Departamento de Estado, todas con el sufijo BUILDCO. En el 2023 le dio una visita a la alcaldesa de Loiza, Julia Nazario, para presentarle los proyectos que tiene para tres grandes áreas de terrenos que compró en lo que era la finca Rexach, localizada en la PR-187 (a la derecha al descender del puente Los Restauradores sobre el Río Grande de Loíza en dirección a Piñones); la finca Veremundo Quiñones, en la PR-187 frente a la calle Las Gardenias; y la Hacienda Grande o Villa Vaca, ubicada en la PR-188. Katsnelson fundó USA Vein Clinics en 2005 y ha logrado crecer a más de 160 centros en 28 estados de Estados Unidos. Con su esposa, también médica, Flora, creó la Fundación Fibroid Fighters, para concienciar sobre los fibromas uterinos, según la descripción que se incluye en las múltiples páginas web de sus negocios. Tanto Yan como Flora Katsnelson, tienen decretos como "individuos inversionistas" desde mayo y noviembre del 2020. Allí donde hoy podría desarrollarse un proyecto ambientalmente sustentable y armonioso con el bosque y el Rio Grande de Loíza, la idea del empresario es construir proyectos de viviendas y hotelería de lujo que se complementen con un Distrito de Entretenimiento con restaurantes, 'venue' de conciertos; spas y servicios para el viajero y casinos. También contaría con establo de caballos y helipuerto. Además, la "ciudad Ora World" tendría sus propio centro de compras, galerías y escuelas "rodeadas de espacios verdes". La alcaldesa de Loíza, Nazario, dijo a Bonita Radio que en el 2023, cuando Katsnelson se personó a su oficina con un abogado "de aquí, de MCconell, no le gustó que yo dijera que las familias tenían que quedarse en Villa Vaca". Dijo además, que allí hay tres y cuatro generaciones y que algunos firmaron un documento de contrato con el antiguo dueño "que vence el próximo mes de octubre". Nazario se refirió a que el propietario que vendió la finca Hacienda Rexach a Katsnelson, el ingeniero Jorge M. Alvarez Blasco, por $2.9M, se alega que entregó contratos a los residentes de Villa Vaca - que algunos no firmaron - con cinco años de vencimiento para poder quedarse en las casas que están en esa finca. "Así fue como pudo vender", insistió. La venta de la finca se dio el 11 de noviembre del 2021 según el catastro digital del Centro de Ingresos Municipales (CRIM) en favor de la corporación LOUBUILDCO LLC, registrada a nombre de Katsnelson desde el 29 de octubre del mismo año. Por lo menos tres de las 15 corporaciones que registró Kastnelson en el DE de PR, tienen prefijos de los municipios (Guayama, Carolina, Luquillo, Vega Alta, Toa Baja, Loíza, Naguabo y Ceiba) donde se alega que construirá sobre 12 proyectos. Solo tiene transacciones en el CRIM con compras a nombre de tres corporaciones, en Dorado, Guayama, Toa Alta y San Juan. En la calle Emajagua de Punta Las Marías compró una propiedad frente al mar a un costo de $2.2M. Los proyectos están identificados en un mapa que Katsnelson dejó en una presentación con inversionistas como: Dorado Waterfalls y Tesoro del Mar en Dorado; Dorado Ocean View Estates en Vega Alta; Aquamarina en San Juan y The Top en Carolina; Loíza River City, Countryside Estates y Ocean, en Loiza; Guayama y Naguabo y Costa del Este en Ceiba. Los diseños y descripción de los proyectos de Katsnelson en Loiza, estuvieron visibles en la página de Ora World, el nombre que tiene la fuente original PR2030 donde se recogían los diseñosde Loiza y demás municipios. Tesoro del Mar en Dorado Pero, hace dos semanas, tras la intensa publicaciones en las redes de información producida por periodistas como Bianca Gralau, la misma desapareció de esa web. Sólo sobreviven allí lo que se refiere a Tesoro Del Mar y Dorador Watterfalls. El primero, un desarrollo de 129 apartamentos modernos y 42 suites de hotel. "Los residentes tienen acceso a instalaciones de primer nivel, como pistas deportivas, un gimnasio, senderos panorámicos para correr y zonas comunes con hermosos jardines. Disfruta de un estilo de vida que combina a la perfección comodidad, conveniencia y el esplendor de la naturaleza en Tesoro Del Mar. Dorado Waterfalls propone la construcción de 1,518 apartamentos, 18 villas y 66K pies cuadrados de oficinas médicas. Katsnelson y su esposa, Flora, incoaron un pleito judicial en el 2021 alegando incumplimiento de contrato en cuanto a la compra de una propiedad por $4.2M en la urbanización San Patricio en Guaynabo. A las 8AM en Noticias con café traemos más información, evidencia con documentos y análisis de esta historia.

Aunque la representación pública que hizo Cristina Sumaza Díaz, cofundadora de Lote 23 fue de que cerrarían el parque gastronómico ubicado en tierras del gobierno de Puerto Rico en pleno Santurce, ante "cambios estructurales y (debido) a la realidad económica", las transacciones de dos corporaciones y los movimientos con arquitectos, dan cuenta de que los planes para los terrenos cambiaron desde el 2014 cuando se presentaron permisos en la Oficina de Gerencia de Permisos Esta investigación fue auspiciada por Fundacion Periodismo Siglo 21 Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Entre Jueyes, LLC y Cangrejos, LLC se barajan los nombres de Fernando L. Sumaza Laborde y Juan Carlos Suárez, padre y esposo de Cristina Sumaza Díaz, la que el nueve de diciembre del 2016 abrió el Parque Gastronómico Lote 23 como promesa de espacio de empresarismo para jovenes Chefs, y el cuatro de febrero de este año lo cerraba alegando problemas en el mercado pero con una estela de trámites desde el 2014 para desarrollar allí el Santurce Hotel con el aval de la Administración de Terrenos (ATPR), dueña de los terrenos. Los arquitectos Ricardo Alvarez Díaz y CrIstina Villalón ya tienen fecha para la apertura del Hotel en febrero del 2028, mientras al día de hoy, los empresarios desplazados no encuentran lugar donde poner los siete negocios que estaban activos cuando Sumaza Díaz decidió darle rienda suelta a los negocios de hospedería y vivienda en cuatro parcelas de la AT junto a su esposo, el ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), el abogado y Contador Público Autorizado (CPA), Suárez Izquierdo. La AT ha otorgado tres contratos a nombre de Cangrejos LLC, una empresa foránea - organizada en Massachusets - registrada en noviembre del 2016 en el Departamento de Estado a nombre de Sumaza Laborde, padre de Cristina y cuyo propósito es "realizar todo tipo de negocios, incluyendo pero no limitado al desarrollo y administración de propiedades privadas, viviendas de interés social, proyectos de vivienda general y comerciales". Mientras, las empresas mayagüezanas, Fernando Sumaza Laborde LLC y West LLC., propiedad de Sumaza Laborde y hoy administradas por su hijo, Fernando Sumaza Díaz, han tenido contratos por sobre $40M con los gobiernos del Partido Nuevo Progresista (PNP) entre el 2021 y el 2026, de construcción aceras y remodelación de viviendas. Los más cuantiosos con el gobierno municipal de San Juan. Padre e hijo son donantes activos del PNP y sus candidatos. Fernando Sumaza Díaz y su padre, Sumaza Laborde. Los contratos de Cangrejos los firmó Suárez Izquierdo, esposo de Cristina como presidente de la corporación Cangrejos, lo que no consta en el registro del DE. En dos contratos del 28 de octubre del 2024, el entonces administrador interino de la ATPR, Hector Maldonado, acordó, una semana antes de las elecciones generales de noviembre de ese año, la permuta de cinco parcelas propiedad del pueblo de Puerto Rico, por unos $100K al 2026. En abril del 2023, Dalcia Lebrón Nieves (madre de la hija del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz) administradora de la ATPR, firmó un primer contrato por $200K en términos que van de ocho a 60 años de permuta de las parcelas. Senalega que al día de hoy, Sumaza Díaz, debe sobre $45K por concepto de renta de los terrenos. La compra de las parcelas en cuestión se dio hace 24 años, en el 2002, por parte de la Administración de Terrenos a un costo total de $1.3M, en momentos en que el gobierno de Sila María Calderón proponía el desplazamiento de comunidades de Cangrejos. El gobierno no ha dicho cual es su tasación en este momento. Los contratos del 2023 y el 2024, que cambiarían el uso de los terrenos del gobierno, de plataforma de negocios para jovenes empresarios a desarrollo turístico y de viviendas de lujo, se dieron sin procedimiento de subasta cuando era secretario del DDEC, Manuel Cidre, ocho años más tarde de que saliera de allí, Suárez Izquierdo. De hecho, era sub secretario cuando su esposa se acogía a beneficios del gobierno para fundar Lote 23. Se alega que Cidre se inhibió de participar del consentimiento a la transacción de la Junta de la ATPR cuando se percató que interactuó con correspondencia de Suárez Izquierdo en momentos en que era Secretario. Hay trámite de permisos para el proyecto del Santurce Hotel - con 150 habitaciones - radicados en la OGPE desde el 2014 y se activaron en el 2020. Un permiso inicial fue aprobado el pasado primero de abril del 2026. Esos permisos fueron gestionados por Alvarez Díaz y Villalón a nombre de la corporación Jueyes, LLC, registrada en el Estado en noviembre del 2022. Esto evidencia que los planes del Hotel están en la mente de diseñadores y desarrolladores desde por lo menos dos años antes de que se fundara Lote 23 por la que hoy está atada por la vía familiar con el desarrollo de hospedería y viviendas, Sumaza Díaz. En el portal de la OGPe se establece que el "proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos torres, de seis niveles, con una superficie total aproximada de 214,000 pies cuadrados y una huella de 34,300 pies cuadrados aproximadamente sobre un lote de 5,468.65 m² (58,864.0587 pies cuadrados). La estructura albergará 150 habitaciones y diversas amenidades diseñadas para ofrecer una experiencia integral y de alta calidad a los huéspedes. Además, se incluirá una calle que conectará la Calle Belaval con la Calle del Parque, la cual contará con un área de "drop-off" para el hotel que, a su vez, servirá como una conexión peatonal. El hotel se inspira en el encanto arquitectónico del vecindario, donde se fusionan los estilos coloniales españoles, modernistas y Art Deco con influencias del modernismo tropical. El edificio de seis niveles rinde homenaje a la vibrante intersección cultural de Santurce, celebrando su rico legado arquitectónico. Cada detalle de la estructura refleja esta mezcla única de influencias de diseño, convirtiendo al hotel en un símbolo moderno profundamente arraigado en la historia de Santurce. Se erige como un elegante tributo tanto a la historia de la zona como a la dinámica evolución de su paisaje urbano. El proyecto incluye la demolición, del parking existente y dos casetas de guardia que sirven el parking. La actividad propuesta también incluye la construcción de la infraestructura asociada y conexión a los sistemas de infraestructura ya existentes en el área del proyecto. La corporación a nombre de quien se realizaron trámites de permisos es Jueyes, LLC, una corporación de Suárez Izquierdo, registrada el 11 de noviembre del 2022. El 16 de marzo del 2022, el esposo de Sumaza Díaz, radicó las corporaciones Jueyes Managing Member y Jueyes Developer. En el 2024 ya los arquitectos Ricardo Alvarez Díaz y Cristina Villalón incluían en sus trabajos en la página web de su estudio de arquitectura, los diseños del Santurce Hotel con un nombre posicionado en dibujos como "Indigo". A las 8AM en Noticias con café proveeremos más información y análisis de esta historia.

Una querella radicada en el Departamento de Salud solicita dejar sin efecto una resolución del cinco de marzo de este año que otorgó un Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) a Clínica Todo Salud en Ponce, del conglomerado de Evelance Health/MMM, que había sido negada a la misma entidad, pero en Bayamón, con un mes de diferencia, con prueba idéntica y por el mismo examinador. Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La Clínica Todo Salud de Ponce, una subsidiaria de Elevance/MMM cliente de la firma de cabilderos Politank de Manuel Torres Nieves que hasta enero pasado fue del hoy secretario de la gobernación, Francisco Domenech, obtuvo el Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) del Departamento de Salud (DS) para operar una facilidad de laboratorio, a pesar de que se alega que no cumple con el requisito de ley de excepción que requiere que sea controlada por una Organización de Mantenimiento de Salud (HMO, por sus siglas en inglés). En momentos en que se dilucida públicamente que no está claro quien controla y cómo llegan los negocios de los clientes de Politank al gobierno de Puerto Rico, una querella ante el DS trae información de que la agencia ha tomado por lo menos dos decisiones contradictorias al emitir un CNC para la subsidiaria CTS-Ponce de la matriz, Elevance que tiene como HMO a MMM Healthcare. El organigrama corporativo de Elevance Health / MMM Healthcare es uno de los fundamentos que utiliza la Asociación de Laboratorios y otros dos laboratorios clínicos, en una querella en la que retan la resolución que provee el CNC a CTS-Ponce. El Hospital de Damas de la Ciudad Señorial también figura como interventor en el proceso de concesión del CNC. Esa estructura corporativa trae otras 14 "corporaciones hermanas" tipo de responsabilidad limitada o LLC que no son HMO, entre ellas las CTS, a la que Salud dio el CNC para operar en Ponce a pesar de que antes la recomendación del examinador William Rodriguez Lugo fue de negársela bajo los mismos argumentos de no cumplir con requisitos legales. El secretario Ramos se fue por encima de la recomendación del examinador y otorgó el CNC mediante una Resolución del dos febrero con su firma. La resolución que le da el visto bueno a CTS-Ponce, está firmada por el sub secretario del DS, actuando como Secretario Interino, Luis Olmedo Morales. MMM HealthCare tiene un contrato vigente de seguros médicos con la Administración de Seguros de Salud (ASES) desde julio de 2025 por $97.6M, lo que supera por $38.7M los que tuvo en 2024. La querella radicada a las 3:54 del lunes seis de abril ante la Secretaría Auxiliar Para La Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) del DS plantea que el CNC se le brindó a CTS en Ponce y no así al de Bayamón, lo que coloca a esa agencia emitiendo "dos resoluciones diametralmente opuestas en tan solo un mes, con prueba idéntica y el mismo Oficial Examinador, sin justificación razonada ni evidencia nueva alguna, lo que constituye la más clara muestra de arbitrariedad, capricho y trato desigual". La querella de 20 páginas y decenas de anejos fue radicada por voz de los licenciada Shirley M. Sánchez Irizarry y Luis Enrique Romero Nieves. Destacaron además que "esta actuación administrativa no solo viola la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, el Reglamento 9084 y los principios constitucionales del debido proceso, uniformidad y razonabilidad, sino que también socava la confianza pública en la integridad del proceso de otorgamiento de Certificados de Necesidad y Conveniencia". Los trámites para conseguir el Certificado comenzaron por parte de CTS-Ponce, en el 2021 y según fuentes de entero crédito "no se movió hasta que llegó la nueva administración" que trajo al doctor Ramos, un ex cliente de Politank cuando era presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, como secretario del DS. El secretario de la gobernación, Francisco Domenech, cuando se celebró en el Senado de PR, la Comisión Total que indagó sobre la corporación Politank. A su lado, el secretario del Departamento de Salud, Victor Ramos. De hecho, la querella destaca que no fue hasta diciembre del 2025 que el examinador, el licenciado William Rodríguez Lugo, emitió resoluciones en el caso de Bayamón y Ponce, que a su vez fueron notificadas a las partes el dos febrero y el cinco de marzo del 2026, respectivamente. En el caso del CTS-Bayamón el Examinador rindió un informe de 32 páginas en diciembre - que no fue acogido por el secretario Ramos lo que dejó conhstatado al notificar la resolución. "Por los fundamentos vertidos en la presente Resolución, no se acoge la recomendación del Oficial Examinador de denegar el Certificado de Necesidad y Conveniencia a CTS, para establecer un laboratorio clínico en el Solar D-2, Bo. Cerro Gordo, Carretera PR 167, Centro Comercial Plaza Tropical, Local 8, Bayamón, Puerto Rico. En consecuencia, SE APRUEBA dicho Certificado solicitado por Clínica Todo Salud, LLC. La autorización aquí otorgada es la para el establecimiento de un laboratorio clínico el cual ofrecerá estos servicios exclusivamente a los suscriptores y/o asegurados de MMM solamente. El CNC aquí otorgado tendrá vigencia de un (1) año". El Examinador había decidido que la clínica no cualifica para recibir el CNC por las mismas razones expuestas en la querella radicada ante la Oficina de Vistas Administrativas de SARAFS, entre otras razones, por no cualificar para la regla de excepción que brinda la Ley al no ser la solicitante una corporación directa o indirectamente controlada por un HMO. En la página 21 de la resolución de la CTS-Bayamón, Rodríguez López establece que: "Por lo tanto, la relación corporativa más cercana que puede existir entre la Proponente (CTS) y MMMH y MMMM es de compañía afiliadas (o sister companies) lo cual es inconsecuente para la Exención de HMO Federal, toda vez que, la misma requiere control directo o indirecto. La Exención de HMO Federal está concebida en términos de control, no de hermandad entre entidades jurídicas. Todas estas entidades jurídicas son compañías de responsabilidad limitada que no emiten acciones de capital y, por tanto, su posición de subsidiaridad, control, distribución de responsabilidades o deberes, distribución de interés entre sus miembros, etc., deben constar en instrumentos jurídicos y en el contrato de la LLC. Lo anterior no consta en el expediente administrativo de la solicitud de epígrafe". Concluyó el Examinador Rodríguez López que "Clínica Todo Salud, LLC no cualifica como HMO, que no cumple los requisitos de control directo o indirecto del Artículo 6 de la Ley de CNC y del Artículo IX(5) del Reglamento 9084, y que, por tanto, debe evaluarse bajo los criterios tradicionales de necesidad poblacional, saturación del mercado y conveniencia, los cuales tampoco cumplió". En el caso de Ponce, Rodríguez López, con el mismo organigrama corporativo decidió en contrario. "CTS también probó durante la Vista Pública que, es una facilidad de salud directamente controlada por las HMOs MMM Multi Health y MMM Healthcare. En primer lugar, se recibió la ponencia oral bajo juramento del Sr. Águila Sastre a los efectos de que CTS es una subsidiaria de MSO Holdings, LLC y afiliada de MSO of Puerto Rico, LLC, que le presta servicios por delegación, a las afiliadas MMM que son HMOs". ARGUMENTOS DE QUERELLADOS Los querellados argumentan que 'la determinación impugnada adolece de vicios graves, independientes y concurrentes" que la invalidan porque:   1. Salud carece de jurisdicción porque notificó el procedimiento únicamente a las entidades ubicadas dentro de la milla radial, mientras otorgaba un CNC con alcance regional para servir a 26,061 miembros de MMM en todo Ponce y municipios limítrofes, sin dar oportunidad de comparecencia a los laboratorios clínicos y hospitales que atienden a esa membresía fuera de la milla radia   2. La agencia aplicó de manera ultra vires la excepción HMO a una entidad que, según el propio Oficial Examinador en el caso paralelo de Bayamón, no cualifica como HMO ni federal ni estatal, y cuyo argumento fue introducido tardíamente después del cierre del récord probatorio. La resolución ignora la saturación evidente del mercado, donde operan 19 laboratorios clínicos en la milla radial. Se admitió prueba pericial sorpresiva y documentos no admitidos formalmente, privando a las partes opositoras de su derecho a una defensa adecuada. La agencia incurrió en un retraso irrazonable de casi cuatro años desde la Vista Pública, lo que desactualizó el expediente y vició todo el procedimiento. Entretanto y en cuanto a las violaciones al Reglamento 9084 para el Otorgamiento de los Certificados de Necesidad y Conveniencia, la querella plantea que "la excepción (de otorgarse el CNC) HMO exige que: (a) la facilidad esté controlada directa o indirectamente por una organización para el mantenimiento de la salud (HMO), (b) la transacción sea indispensable para cubrir las necesidades de la matrícula actual y potencial, y (c) la organización no pueda proveer sus servicios de salud a un costo razonable consistente con su manera de operar por largos periodos de tiempo con médicos y profesionales asociados sin llevar a cabo la transacción (Ley Núm. 2-1975, Art. 6; Reglamento 9084, Art. IX(5)". "La figura de “delegación operacional” invocada por la agencia no tiene reconocimiento en la Ley de CNC ni en el Reglamento 9084 como mecanismo para satisfacer el requisito de control. La normativa exige control directo o indirecto por parte de un HMO, no una relación contractual ni operativa intermediada por entidades separadas. Permitir lo contrario equivale a eliminar el requisito de control mediante una ficción corporativa, lo cual es jurídicamente inadmisible. Aceptar que una entidad afiliada pueda beneficiarse de la excepción HMO sin cumplir con los requisitos de control equivaldría a permitir que cualquier conglomerado corporativo replique indefinidamente esta estructura para evadir el análisis de necesidad y conveniencia, lo que vaciaría de contenido el Reglamento 9084, se destaca en la querella. Sobre el impacto de las facilidades (de salud con laboratorios) existentes en el área de Ponce, alegaron que "la Resolución impugnada concluye expresamente que el impacto del laboratorio propuesto sobre las facilidades existentes será “marginal” . " Sin embargo, al mismo tiempo autoriza a Clínica Todo Salud, LLC a prestar servicios de laboratorio clínico exclusivamente a los 26,061 miembros de MMM Healthcare, LLC y MMM Multihealth, LLC en todo el municipio de Ponce y municipios limítrofes. Esta contradicción es patente y fatal. Por un lado, la agencia reconoce que la propuesta afecta a un volumen masivo de pacientes (26,061 miembros) que actualmente se atienden en los 19 laboratorios clínicos y hospitales existentes dentro y fuera de la milla radial. Por el otro, afirma que dicho impacto será solo “marginal”, sin ofrecer ningún análisis cuantitativo, estudio de mercado ni evidencia que sustente esa conclusión. "La contradicción se agrava aún más cuando se compara con el caso paralelo de Bayamón (Propuesta 21-02-027), donde el mismo Oficial Examinador determinó que otorgar un CNC bajo una estructura corporativa idéntica y con la misma prueba documental generaría un impacto adverso sobre las facilidades existentes y saturaría aún más el mercado", lee la querella en su página 11. A las 8AM en Noticias con Café traemos información y análisis.

Los presuntos implicados del plan de la administración Fortuño que resultó en la compra de $2Mil Millones de las cooperativas en bonos de PR Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El ex representante, Angel Cintrón García y el economista y donante del Partido Nuevo Progresista (PNP) , Alejandro Asmar Rizek se asegura que fueron los gestores de un plan que iría a buscar que la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC) sirviera de plataforma para utilizar la solvencia del sistema, que entonces rondaba los $9mil millones, para generar negocios para su beneficio y/o conseguirle efectivo al gobierno de turno. La reciente noticia de que el gobierno del PNP no quiso darle paso a un proyecto que reforma COSSEC e inyecta $400M a las cooperativas, sobre todo a las que tuvieron perdidas después de comprar bonos de Puerto Rico a partir del 2009, revive la búsqueda de información sobre cómo que fue que esas instituciones se insertaron en la transacción perdidosa que en el caso de la administración Fortuño, se hizo de sobre $5mil Millones y en solo dos años. De hecho, en este momento parecería que la Junta de Control Fiscal le sigue los pasos a la conducta anti cooperativista del PNP, cuando el pasado 27 de junio, envió una carta al Gobernador en la que cuestiona el impacto fiscal del proyecto 644 convertido en Ley luego de que la legislatura fuera por encima del veto expreso de Pierluisi. Votaron en contra de ese esfuerzo, el portavoz de la minoría en el Senado, Thomas Rivera Schatz y su delegación, menos los senadores, William Villafañe, Keren Riquelme y Wanda Soto. El senador Juan Oscar Morales, un ex empleado de COSSEC, fue portavoz de la posición en contra del proyecto entre sus compañeros legisladores de la Cámara Baja. El voto decisivo allí fue el de Gabriel Rodríguez Aguiló, COMPRAN LOS BONOS O SUFREN LAS CONSECUENCIAS Entretanto, en el 2009, los negociantes con el dinero de las cooperativas, Cintrón y Asmar Rizek, tenían dos estrategias para intervenir con los fondos de las cooperativas, de acuerdo a fuentes de entero crédito en aquél momento en la administración de COSSEC. El plan A incluía "crear tres cooperativas, una de tecnología, una de manejo de hipotecas y una tercera de inversiones. Todas las cooperativas tendrían que usar la misma tecnología como si fuera un banco con sucursales y ese sería un requerimiento de COSSEC. La cooperativa de hipotecas manejaría la cartera de hipotecas de todas las instituciones y la de inversiones, se encargaría de todas las inversiones de las cooperativas. La cooperativa que se negara sería penalizada por COSSEC", señaló una persona con conocimiento del contenido de al menos tres reuniones entre el grupo de asesores. La información fue igualmente corroborada a Bonita Radio por una segunda fuente que apunta a que "era necesario tener a las juntas de cooperativas estuvieran alineadas y allí había que colocar leales al PNP. Esto era fundamental para completar el proceso". "...para facilitar el proceso se organizaron planchas del PNP - que iniciaban en febrero 2009 - para controlar las juntas de directores y de rebote los delegados de las (cooperativas de servicios) o secundarias y COSSEC. Ese era el plan A. Si eso no se podía lograr le iban a vender bonos con intereses atractivos a las cooperativas y presionarlas desde el regulador para obligarlas a comprarlos". Pero, el Plan A resultó ser "ambicioso y difícil para estructurarlo y en su afán de insistir en "rascar" los fondos de las coops, se idearon el asunto de los bonos que traería capital al gobierno". Esa es la misma estrategia que ha seguido el PNP con otra entidad como la Asociación de Empleados del ELA. La representante Lourdes Ramos, revive cada vez que el PNP tiene mayoría en la Legislatura un proyecto para posibilitzar la intervención del Ejecutivo con los millonarios fondos de la entidad de los empleados públicos. En la ecuación de la compra de bonos de PR, entró el entonces presidente ejecutivo de COSSEC, el contador público autorizado, José González Torres, quien firmó y circuló la Carta 09-03, Reglas Especiales y Tratamiento de Inversiones en Valores del 22 de junio del 2009, el instrumento mediante el cual las cooperativas realizarían las transacciones con bonos del gobierno. CPA, José González Torres A la carta del 2009, siguió una del 2011 sobre Inversión de Notas y Bonos. "Eso lo sabe todo el mundo. Amenazaron con quitar la excensión contributiva si no comprabamos bonos. Pero, el miedo pudo más. Nunca nadie se atrevió a ponerlo bajo juramento". La referencia al miedo es tan real como que hubo cooperativas que después del 2016, tuvieron que fusionarse con otras para poder sobrevivir y ni aún así nadie delató a los presuntos implicados. Ni el liderato que en aquél momento estaba en la Junta de COSSEC y que saben que la amenaza "fue directa...no fue velada", se levantó a señalar al Gobierno y a sus representantes. Bonita Radio intentó sin éxito que el licenciado Cintrón García diera su versión sobre los planes que presentó a COSSEC en el 2009. En la Junta de COSSEC entonces se sentaba el ex presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Carlos García, quien en el 2016 se sentó como uno de los primeros miembros de la Junta de Control Fiscal. Cintrón García y Asmar no crearon cooperativas pero la Carta Circular puso a correr el dinero. Al 31 de marzo de 2009 existían 123 cooperativas de ahorro y crédito. Hoy quedan 112. Una segunda carta fue emitida por el regulador, en este caso, el presidente ejecutivo era Wilfredo Torres Pinto. La 012-12 estableció que las cooperativas podían aumentar sus inversiones hasta en un 30 porciento, en un momento en que la crisis económica aumentaba y con ella la morosidad en el pago de prestamos. En el 2019, un grupo de cooperativas demandó al gobierno en el pleito de la deuda pública, trayendo incluso el argumento de que fueron presionadas por el gobierno para comprar los bonos. El Tribunal de Apelaciones de Boston falló en su contra estableciendo, " A la supuesta amenaza la falta un anclaje en tiempo y espacio; ¿quién emitió la amenaza a quién y cuándo?", dijeron los jueces. "En referencia a una presentación que el BGF le hizo sobre los beneficios de los bonos y que las cooperativas sostienen fue con pleno conocimiento de que los mismos no eran una buena inversión, los jueces señalaron que "no hay detalles de declaraciones particulares o información que se proveyó, o que se ocultó, sobre los bonos en esta presentación". (Nota, Noticel) El ex gobernador Fortuño Burset salió de la gobernación a laborar en un bufete en Estados Unidos al que le dio contratos mientras era incumbente entre el 2009 y el 2012 cuando predió frente a Alejandro Gracía Padilla. El que operacionalizó la estrategia, González Torres ha tenido contratos con el Gobierno, incluso con COSSEC en el 2022; con el Departamento del Trabajo y municipios. Cintrón García fue asesor de COSSEC; mantuvo contratos con la Administración de Tribunales y en la actualidad es el director de campaña de la candidata del PNP, Jennifer González. Asmar Rizek ha sido donante del Pierluisi y ha tenido contratos con la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.

Por lo menos tres estados financieros de la corporación pública, la más boyante hoy por hoy de las agencias de gobierno, dan cuenta de un primer préstamo que se hizo en el 2019 por $40M de fondos públicos y que se repitió en el 2021 por la misma cantidad cuando Pedro Pierluisi era gobernador. Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El bufete de abogados Oneill y Borges, una firma que tuvo como socio capital al ex gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia entre el 2017 y el 2019, figura en el Registro de Cabilderos del Departamento de Justicia (DJ) como el cabildero de The Phoenix Fund (TPF), cuyo principal ejecutivo es el responsable de tomar dos prestamos que sumaron $80M de la cartera de inversiones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y por los que nunca se pagaron ni principal, ni intereses. De hecho, el bufete es parte de los acreedores de la quiebra que radicó TPF en el Tribunal Federal de Quiebras, el pasado 23 de febrero pasado. El fondo propiedad del dueño de Pariter Wealth Management, Francisco J. Rivera Fernández, quien a su vez fue contratado como asesor de inversiones de la CFSE en abril del 2021. Tomó prestado los primeros $80M en diciembre 2019 e igual; cantidad en mayo del 2021. ¿Cuando cesó la participación de Pierluisi en Oneill y Borges? ¿Desde cuando el Bufete es cabildero de Pariter?, fueron las dos preguntas que se le hicieron a la corporación profesional a través de su representante de relaciones públicas, Millie Hernández y al día de hoy no se ha obtenido respuesta. Bonita Radio intentó comunicación con Pierluisi Urrutia a través de un mensaje a su teléfono celular pero no lo contestó. En julio del 2019 Pierluisi Urrutia renunció al bufete Oneill y Borges para colocarse como secretario del Departamento de Estado y asumir la gobernación, luego de la renuncia del entonces gobernador electo, Ricardo Rosselló Nevares. La decisión del Tribunal Supremo, en un pleito incoado por el entonces y hoy presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y que declaró inconstitucional su nombramiento como Secretario de Estado por no pasar por el consentimiento de ambas cámaras legislativas, sacó de carrera a Pierluisi Urrutia y se alega que en ese momento volvió a la práctica privada. Rivera Schatz atacó a Pierluisi alegando que sus "lealtades caducan" en referencia a los esfuerzos que hizo como abogado de la Junta de Control Fiscal en el 2019 como socio de Oneill y Borges. Pierluisi dejó La Fortaleza el siete de agosto del 2019 y entró, por el orden sucesoral constitucional, la entonces secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced. Hoy, el Ex Gobernador es un allegado a Rivera Schatz lo que se evidencia en imágenes en las redes sociales de sus reuniones con la comunidad dominicana (enero 2025), trullando en Navidades de ese año y en febrero de este, en reuniones en Washington. Fotos 2025 y 2026, TRS y PP. En medio de esa crisis política que se daba en el país en el 2019, Pariter entregó una propuesta en la CFSE el 18 de octubre para convertirse en el asesor de inversiones. Esa propuesta nunca se convirtió en un contrato pero dos meses más tarde y en una reunión la Junta de Gobierno de la corporación pública - en la que fungía como presidente el entonces Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos - se aprobó por unanimidad la primera transacción de $40M. Comisionado de Seguros en el 2019 y presidente de la Junta del Fondo cuando se vio la propuesta de Pariter y se acogió la transacción de los primeros $40M. La propuesta establecía una "advisory fee" de $155K Página 4 de la propuesta de Pariter presentada a la Junta del Fondo en octbre del 2019. "El contrato no se dio rápido y comenzaron (en el 2019) a cobrar mediante ordenes de compra", dijo una fuente de entero crédito con conocimiento de la comparecencia de los dueños de Pariter hasta las oficinas del CFSE. Esa cantidad se colocó en TPF, el fondo donde Rivera Fernández y Edgar Rivera Núñez son socios. Además, el tracto de la llegada de Rivera Fernández y Pariter a la CFSE quedó en el récord de un informe de la investigación realizada por la firma de abogados, Cancio, Nadal y Rivera por pedido de la Junta del Fondo que entró en el 2020. En la reunión de aprobación de la transacción del 2019, estuvieron presentes Rivera Ríos; Briseida Torres Reyes, ex secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) ; Roberto Delgado Cortés, miembro médico; Noema Giralt Armada, ex miembro en representación de los empleados públicos; Marta Ramos Santiago, miembro abogado; y Ricardo Rivera Martínez, en representación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AaFaF ). Ocho días más tarde, Pariter habría hecho el préstamo que llevó a The Phoenix Fund. El único miembro que repitió en esa Junta del Fondo en el 2020 y 2021, fue el médico Delgado Cortés. La Junta que inició en el 2020 fue la que dio el contrato de asesor de inversiones a Pariter - de Rivera Fernández - como y autorizó la transacción de otros $40M que fueron a parar a PUC Holdings, subsidiaria de TPF en mayo del 2021. Esa Junta la presidía el ex secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado y eran miembros, Mariano Mier, Comisionado de Seguros; C arlos Limardo Ortiz, ex vicepresidente de la junta y ex miembro abogado; Delgado Cortés, ex miembro médico; Luis González Rosario - hoy director ejecutivo de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), ex miembro en representación de los empleados públicos; y Héctor Martínez Valldejuli, subdirector de Aafaf. Bonita Radio ha tratado sin éxito de contactar a Rivera Fernández y a su socio en Paiter, Braulio Nieves Roman desde que se publicara una primera parte de la pesquisa de cómo la Junta del 2021 discutió en junio, las irregularidades del asesor de inversión de la agencia mientras ponía los millones en sus fondos, The Phoenix Fund y PUC Holdings, donde también figura y Edgar J. Rivera Núñez. Nunca han contestado nuestros requerimientos de información que incluso hicimos a través de un correo electrónico. El 18 de febrero de este años, la CFSE demandó a TPF por cobro de dinero en el Tribunal Superior de Bayamón por unos $96.8M. Cinco días más tarde, el PTF radicó una quiebra en el Tribunal Federal en la que se establece que adeuda unos $800M a unos 20 acreedores. La deuda garantizada es de $139.5M. Por lo menos tres estados financieros de la CFSE obtenidos por Bonita Radio, dan cuenta de los prestamos de $40M cada uno por los que nunca se cobraron ni principal, ni intereses que según el acuerdo entre TPF y la agencia, sería de unos $700K cada tres meses. La firma De Córdova El informe de transición del Fondo de la administración Pierluisi a la de Jenniffer González, no refleja las transacciones que son objeto de investigación por el Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor de Puerto Rico. De hecho, fue la OCPR - bajo Yesmin Valdivieso - la que activó una investigación en el 2021 y lo notificó a la corporación pública. La ex directora de la Oficina de Finanzas del Fondo, Laura Ortiz, fue la persona que notificó a la Junta de Gobierno en mayo del 2021 que la OCPR trajo la preocupación que el 'broker', Rivera Fernández y The Phoenix Fund, tenían la misma dirección física y de página web. Conéctate a las 8am a Noticias con café. Traemos más información y análisis.

El descubrimiento de prueba de la demanda por $35M que presentaron en el 2021, la sociedad de bienes gananciales de Elías F Sánchez Sifonte y Valerie Rodríguez Erazo, contra el presentador de noticias, Jay Fonseca, por difamación, promete devolver la tensión pública al 2019 cuando se hizo público el TelegramChat en que participaba el entonces representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal y que costó la gobernación a Ricardo Rosselló Neváres Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Un magistrado federal le recomendó al juez presidente de la Corte de Estados Unidos en PR, Raúl Arias Marxuach, que ordene a la demandante, ex secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor (DAC), Valerie Rodríguez Erazo, a que conteste lo que sepa sobre la pesquisa del Telegram Chat en el que participó su esposo, Elías F. Sanchez Sifonte, en conversaciones diarias entre el gobernador entonces, Ricardo Rosselló Neváres y otros allegados y en las que se discutían asuntos confidenciales, estrategias de comunicación y de paso, se burlaban de sus correligionarios y opositores. De izquierda a derecha, Mabel Cabeza, amiga del matrimonio Sánchez-Rodríguez; Elías Sánchez, Alfonso Orona y Valerie Rodríguez Erazo Ante la insistencia de los demandantes de no producir documentos relacionados a la perdidas económicas que alegan en su demanda, luego de que las expresiones del comentarista de noticias colocara a Sanchez Sifonte, según éste como una persona corrupta, el magisrado Héctor Ramos Vega, recomienda que el Juez que preside el caso "que, si los demandantes insisten en que no tienen más documentos o información que presentar a los demandados, se les ordene certificar ese hecho en respuesta a cada una de las solicitudes". Esto los pondría a decirlo bajo juramento. El Magistrado advierte que los demandantes contestan vaguedades y advierte, para justificar sus recomendaciones que el récord electrónico del caso 22-cv-01444 que  "En primer lugar, observo que, en general, los demandantes no han explicado con suficiente precisión por qué no han proporcionado respuestas completas y no evasivas a los interrogatorios en cuestión ni han presentado determinados documentos solicitados en cuestión. Sus objeciones son concluyentes e inútiles. Por consiguiente, mi recomendación de obligar a la presentación de un documento o a responder a un interrogatorio se basa en gran medida en las vagas justificaciones proporcionadas por los demandantes frente a las detalladas explicaciones de los demandados". Entretanto, el interrogatorio número 9 de la tercera contestación enmendada sometida por Rodríguez Erazo a la defensa de Fonseca en el pleito 22-cv-01444, el magistrado, Hector Ramos Vega, recomendó que se adjudicara a favor del demandado resolviendo que "tiene derecho a elegir el método de descubrimiento que desee. La demandante debe responder completamente al interrogatorio, incluyendo su conocimiento de los hechos relacionados con Telegram Gate y cualquier investigación relacionada con el incidente". Sánchez Sifonte en el 2026. Foto Juan R. Costa Sánchez Sifonte era descrito por otro de los integrantes del TeleGram Chat - que le costó la gobernación a Rosselló Nevárez, como una de las "mentes maestras" de las discusiones estratégicas de una administración que dirigieron 'millenials' del PNP. En un informe radicado en el caso el pasado viernes, Ramos Vega resuelve las controversias de descubrimiento en parte a favor de Fonseca y en algunos casos denegándolas como es el interrogatorio en cuanto a la relación de Rodríguez Erazo con Mabel Cabeza, una joven que en el 2020 estuvo involucrada en la investigación sobre la venta de pruebas rápidas del Covid-19 que resultaron en un intento de cobrar unos $18M de las arcas del Estado para un contratista allegado al Partido Nuevo Progresista (PNP). La transacción fue detenida por una oficial del banco a que estaba atado el Departamento de Hacienda por encontrarla sospechosa. "La respuesta de la demandante que describe a Mabel Cabeza como una «amiga personal» es suficiente. Solicitar a la demandante que identifique a todas las personas con conocimiento de ese hecho es excesivo", lee la recomendación del Magistrado en la página ocho de su informe. De 58 pedidos que hizo la defensa de Fonseca, el Magistrado recomendó que se le negaran cuatro, se declararan sin relevancia cinco y se autorizaran 49. Sanchez Sifonte y su esposa han incumplido con múltiples requerimientos de información, sobre todo, aquéllos que irían a probar que sufrieron daños a tal punto de que reclaman $35M por daños ante la supuesta difamación de Fonseca cuando era mantenedor del programa Jay Fonseca y sus Rayos X en la candena Telemundo, NBC. Son parte de la demanda, su productor entonces, Antonio “Tony” Mojena Zapico y Telemundo, NBC. Rodríguez Erazo cuando era Sec del DACO bajo la administración de Jennniffer González Colón. En su informe, el magistrado federal Ramos Vega, le recomienda al Juez que atiende el caso desde el 2022, Arias Marxuach que "en este caso, si el juez de distrito que preside el caso adoptara mi recomendación, también recomendaría que se concedieran a los demandados los gastos razonables asociados a la presentación de la moción, incluidos los honorarios de los abogados. Los demandados intentaron, en múltiples ocasiones y de buena fe, obtener la divulgación sin la intervención del tribunal. Además, la falta de divulgación por parte de los demandantes no ha estado justificada en modo alguno. Y la concesión de las costas y los honorarios de los abogados asociados con la presentación de la moción para obligar y los alegatos posteriores (es decir, las mociones informativas y la respuesta) está justificada dada la prolongación del litigio en el caso, que en gran parte ha sido causada por los demandantes". Una batería de abogados entre unos y otros, van por Telemundo NBC, Mojena y Fonzeza, Respectivamente, entre otros, Roberto Sueiro y el licenciado, Carlos Baralt, y los bufetes, Casellas, Alcover y Shulman Fugate. A Sánchez Sifonte y a su esposa los representan, Luis F Navarro y Raymond F. Sánchez Maceira. En intervenciones en redes sociales como las del investigador y agrónomo, Salvio Cardona, comentan ante lo que consideran es un recurso que podría reconocerse como el intento del cabildero del gobierno de PR, Sánchez Sifonte, de producir una demanda que conoce como una Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) definida por el Instituto de Información Legal de la prestigiosa Universidad de Cornell, como "una demanda presentada por personas y entidades para disuadir a sus críticos de seguir generando publicidad negativa". "Por definición, las demandas SLAPP no tienen ninguna base legal real contra los críticos. Las personas presentan demandas SLAPP porque pueden impedir temporalmente que sus críticos hagan declaraciones públicas en su contra o, lo que es más habitual, para que los críticos dediquen todo su tiempo y recursos a defenderse de las demandas SLAPP. Dada su capacidad para impedir que las personas ejerzan su derecho a la libertad de expresión, más de 30 estados han adoptado leyes anti-SLAPP que facilitan a los demandados en demandas SLAPP que se desestime el caso desde el principio, antes de gastar mucho dinero en honorarios de abogados. En casos SLAPP graves, una ley anti-SLAPP puede incluso exigir al demandante que pague los honorarios legales del demandado". Sánchez Sifonte y su exposa arrastran los pies en un descubrimiento que los compromete a divulgar con quien tuvieron negocios, en por lo menos un listado de ; cuál es el saldo en sus finanzas de la difamación alegada, en un requerimiento que lo menos que pide son el descubrimiento de sus relaciones con dos de sus empresas, Veritas LLC y CDO Group con clientes como planes de salud; agencias de gobierno y otros 12 negocios privados, incluyendo la alegada participación que tuvo en Globalize, LLC y en dos bufetes de abogados. En el contexto de ésta demanda revivimos con información nueva una investigación que trajeramos en exclusiva en el 2019 sobre la conducta de la sociedad de bienes, Sánchez-Rodríguez Erazo. A las 8AM en Noticias con café ¡No te lo pierdas!

Los protagonistas de la administración de Pedro Pierluisi con conocimiento de la movilidad de la suma millonaria de dinero público, nunca alertaron a las autoridades, ni estatales ni federales de lo que descubrieron en el 2021 y confirmaron en el 2022 a través de una investigación externa. Uno de los implicados incluso tuvo otro contrato con una segunda agencia pública. Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El juego de ajedrez con dinero de la Corporación del Fondo del Seguro del Estados (CFSE), a manos de Francisco José Rivera Fernández y Edgar Rivera Núñez comenzó en el 2019 pero no fue hasta el 10 de junio del 2021 que en una reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la agencia, que la directora de la División de Finanzas y Contadora Pública Autorizada (CPA), Laura M. Ortiz Ramos, trajo información que ubicó al primero en dos roles en conflicto: asesor y 'broker' de inversiones de la corporación pública. Bonita Radio obtuvo copia de una minuta de la reunión del 10 de junio, donde la Junta del CFSE discutió los hallazgos de una investigación de la Oficina del Contralor "relacionado a una transacción de inversiones realizadas el 27 de diciembre de 2019, con The Phoenix Fund y ARC Trust Fund III. La CFSE hizo una recopilación de datos sobre la aprobación, titularidad y los rendimientos que han dejado estas inversiones. En ese proceso se identificó que la firma, (y) el Presidente que hizo la recomendación, aparece también en el advisory board del fondo donde se hizo la inversión y la dirección del website para The Phoenix Fund es la misma de nuestro asesor de inversiones". La pesquisa que inició el Departamento de Justicia (DJ) de la tercera administración novoprogresista en el poder gubernamental desde el 2017, tiene un retraso de cinco años desde que la Junta del CFSE, presidida por el entonces secretario del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado, tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo con un contrato de Pariter Wealth Management Group (PWMG), propiedad de Rivera Fernández que incluso firmó él. Esa contratación viabilizó que el 'broker' volviera a tener acceso a $40M de la cartera del Fondo, lo que en efecto hizo en diciembre del 2021. Ex Secretario del Departamento de Salud y Ex Presidente de la Junta de Gobierno del CFSE y el 'broker'-asesor, Francisco José Rivera Fernández. Pariter WGM llegó a cobrar $155L del contrato que tuvo por cinco meses con el CFSE y obtuvo otro en junio 2021 con la Corporación de Supervisión de Seguros de Cooperativas (COSSEC), que le fue cancelado a nueve meses de que lo firmara la todavía hoy presidenta del regulador de las Cooperativas, Mabel Jiménez Miranda. De un análisis de las reuniones de la Junta de Gobierno del 2021 - que por ley tienen que estar accesible al público y celebrarse en vivo a través de un portal de la Internet - Bonita Radio identificó comentarios que crean interrogantes de lo que ocurrió a partir del 10 de junio 2021 en cuanto al manejo de la administración y su organismo rector con lo relacionado a la cartera de inversiones que a la llegada de la administración de Pedro Pierluisi, estaba en $850M. En el momento de las transacciones irregulares que investiga hoy Justicia, el administrador del Fondo era Jesús Rodríguez Rosa, un activista del PNP que incluso fue demandado por represalias contra la sub administradora y correligionaria suya y que es la administradora de la agencia, Enid Ortiz . Fue condenado a pagar por los daños. Jesus Rodriguez Rosa con el hoy convicto alcalde PNP de Cataño, Félix 'El Cano' Delgado, en una actividad del 2017. En la reunión del 10 de febrero del 2021, la licenciada y CPA, Ortiz Ramos dejó caer que el Fondo no tenía asesor de inversiones porque el contrato de ese quedó pendiente en La Fortaleza desde octubre del 2019 y no fue hasta diciembre del 2020 que bajó la aprobación de la Mansión Ejecutiva. Pero, ya los 'brokers' habían probado su suerte con los fondos públicos de la CFSE. El 27 de diciembre del 2019, en medio de la crisis política del Partido Nuevo Progresista (PNP), que tenía como gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garced y ante la renuncia de Ricardo Rosselló Neváres, Rivera Fernández y Rivera Núñez habían accedido a $40M del CFSE y lo habían colocado en The Phoenix Fund, un fondo de su propiedad creado en el 2018. El ocho de julio del 2021, la jefe a de Finanzas daba muy poca información en la transmisión de la Reunión Ordinaria de la Junta pero estableciendo que "se siguieron las instrucciones" que dió el organismo en reunión previa sobre el asunto de las inversiones. A la llegada de la nueva administración de Pedro Pierluisi, los 'brokers' corrieron con la misma suerte pero esta vez con el acceso de ser asesores de inversiones de la Corporación Pública. Un segundo préstamo de $40M se dio con dinero público en mayo del 2021 y la inversión fue colocada en una subsidiara de Phoenix, PUC Holdings, incorporada en el Departamento de Estado el 28 de abril 2021, nueve días mas tarde de que Rivera Fernández, a través de su corporación Pariter WMG se convirtiera en asesor de inversiones del CFSE. En la minuta de la reunión del 10 de junio, consta que Mellado se excusó de la misma. De izquierda a derecha, el licenciado Ayron Díaz; la CPA y directora de Finanzas del CFSE, Laura Ortiz Ramos; el administrador, Rodríguez Rosa; los miembros de la Junta de Gobierno del FSE, Mariano Mier, Comisionado de Seguros; DR. Roberto Delgado, Secretario de la Junta y el representante de AFFAF, Héctor Martínez Valdelluly, en la reunión del 10 de junio. Fue Mellado quien firmó el contrato de Pariter WMG, la firma de Rivera Fernandez, que le dio la posibilidad de actuar como asesor de inversiones del CFSE mientras los fondos de inversión a su cargo junto a Rivera Núñez, recibían los millones de fondos públicos. Rivera Fernández tiene un perfil de corredor de inversiones con 33 años de experiencia en el campo. Figura como "managing member" The Phoenix, el fondo de inversión que sacó sobre $90M de la abultada cartera de inversiones de la corporación publica que en el 2021 acumulaba, $850M de acuerdo a la representación que hizo en enero de ese año la jefa de Finanzas del CFSE, quien también es abogada, Ortiz Ramos. Reunión de Febrero del 2021 donde se hace mención del monto de la cartera de inversiones. Según la minuta de la reunión del 10 de junio, Mier, quien actuó como como presidente incidental ante la ausencia de Mellado, quien firmó el contrato de Pariter WGM, " solicitó se trabaje con el área legal, tener una protección con un abogado que va a hablar con la firma. Solicitó un informe del movimiento que se haya hecho luego de la aprobación de la Junta. Informó la Lcda. Mayra E. Domenech Román que evaluaran cuál Bufete trabajará y se notificará a los miembros de la Junta". Domenech Román era entonces la sub secretaria del CFSE y administraba, Rodriguez Rosa. En esa reunión sobre el tema del contrato del asesor de inversiones, que se dio como parte de "asuntos exeptuados de transmisión", el sub director de AFFAF, Martínez Valdelluly, solicitó detener cualquier allocation y negociación con asesores. Revisó el contrato y tenía una cláusula sobre el conflicto de interés". Martínez Valdelluly se refirió al contrato de PWMG que firmó con Mellado el 19 de abril del 2021 y que contiene una cláusula de conflicto de interés que está contenida en el inciso E de la cláusula número tres que establece que: "EL ASESOR certifica que cualquier contrato con otras agencias gubernamentales y el gobierno, así como cualquier contrato comercial privado que siga vigente, no entra en conflicto de ninguna manera con su capacidad para prestar los servicios previstos en el presente Acuerdo. Si durante la vigencia del presente Acuerdo, EL ASESOR contrajera un contrato con un organismo ejecutivo, deberá notificarlo a la CFSE en un plazo de diez (10) días a partir de la fecha de adjudicación del contrato y certificar que dicho contrato no entra en conflicto con las funciones de la CFSE". De las reuniones públicas entre junio y diciembre del 2021, no se sabe qué ocurrió con los requerimientos de la Junta. Las irregularidades con el Fondo se conocieron en agosto del 2025, cuando la entonces contralora, Yesmin Valdivieso, lo confirmó públicamente y aunque advirtió que la auditoría al FSE terminaría en octubre, en septiembre la gobernadora González nominó a Carmen Vega Fournier y ésta fue confirmada a principios de octubre por el Senado. El 24 de junio del 2022, un año más tarde de la reunión a la que no compareció y se discutió el asunto del conflicto de Rivera Fernández, dijo en declaraciones escritas que la CFSE cambiaba de asesor de inversión pues Pariter fue objeto de «serios señalamientos tras una auditoría externa realizada por abogados de la Corporación». Nunca reveló quienj hizo la investigación ni de qué se trató, ni tampoco procuró investigación ante las autoridades del DJ ni de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Mellado salió del gobierno cuando terminó la administración de Pierluisi quien no logró vencer en primarias a la entonces Comisionada Residente en Washington, Jenniffer González. Bajo la administración de Pierluisi, el CFSE pagó el contrato de $155K que tuvo PWMG con el CFSE por cinco meses. En Noticias con café a las 8AM tendremos más información y análisis.