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SUENAN IMPUTACIONES ÉTICAS CONTRA DOS EX JUECES DEL TRIBUNAL SUPREMO
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Un Memorando en Oposición a Certiorari en un caso que data del 2025 y que tiene como abogados al ex gobernador Luis Fortuño Burset y a dos ex jueces del Tribunal Supremo, deja caer que puede haber imputaciones éticas contra los últimos dos toda vez que participaron de decisiones relativas al pleito
Por Carmen Enid Acevedo
Bonita Radio
El ex juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton y el ex juez asociado, Edgardo Rivera García, estarían siendo señalados por conducta anti ética luego de que participaran como miembros de Alto Foro en un pleito que data del 2005 y ahora funjan con otros siete abogados que incluye al ex gobernador, Luis Fortuño, en la fase de apelación de la cuantía de daños e intereses adjudicados por temeridad.
La alusión a posible conducta anti ética de ambos ex Jueces, uno retirado desde el 2014 (Hernández Denton) y Rivera García, el tres de enero del 2025, se da en el contexto de una revisión de sentencia del Tribunal de Apelaciones que solicita Ramón Cacho Pérez en el caso contra el empresario ponceño, Robert J. Hatton Gotay, que se dio en abril de este año y que tuvo el efecto de rebajarle unos $15M de una sentencia que suma sobre $40M por un probado patrón de engaño en un contrato de negocios.
El caso fue radicado en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce en el 2005 ante el juez Pedro J. Polanco y resuelto en su totalidad tras la adjudicación de daños, en verano del 2025, por la jueza Lynette Ortiz. Las vistas para adjudicar daños se dieron entre enero del 2023 y junio del 2024, con desfile de prueba pericial que incluyó a la economista Heidi Calero, por parte del demandante.
La controversia de fondo y que fue resuelta a favor de Cacho Pérez, versó sobre "las reclamaciones que consistieron en que el Sr. Hatton forzó a Cacho a celebrar un contrato simulado llamado "Stock Option Agreement" suscrito el 23 de julio de 2003 para encubrir un préstamo con intereses usureros, quien dolosamente incumplió con sus obligaciones, apoderándose de una finca causando daños y perjuicios".
El caso atendido por el juez Polanco entre el 2005 y el 2009 dejó una sentencia de diciembre del 2009 en la que se planteó que: "El Tribunal quedó plenamente convencido de que se trata aquí, de un esquema doloso (engaño, fraude, mala fe) concebido con anticipación a la contratación y llevado a cabo con extraordinario éxito. Claramente viene el demandado a responder por todos los daños derivados de su conducta".
Cacho Pérez radicó una Petición de Certiorari el pasado 12 de junio y el pasado jueves 18, la defensa de Hatton Gotay, por voz del licenciado Ramon Rosario Cortés, descubrió en parte lo que intimaron parece ser la interposición de una queja contra los Ex Jueces.
Ambos letrados, Hernández Denton, hoy de 82 años y Rivera García de 71, comparecen al caso después de julio del 2025 cuando bajó la sentencia con la adjudicación de daños. Rivera García es hoy 'special counsel' del bufete MZLS, del cabildero del Partido Nuevo Progresista (PNP) y contratista del Senado, Anthony Maceira Zayas.
En la página 14 del escrito en Oposición, la defensa de Hatton Gotay alegó que Cacho Pérez "recurre a ataques laterales contra los abogados de Hatton", para fundamentar el pedido de que se restituyan los daños por temeridad.
El caso ha tenido intervenciones de los foros apelativos en por lo menos nueve ocasiones, dos de ellas ante el Tribunal Supremo, en las que intervinieron tanto Hernández Denton como Rivera García, según la defensa hoy de Cacho Pérez, el licenciado Juan Medina.
ANTECEDENTE DE 'PERSONALITIES' JUDICIALES
Asimismo, las alegaciones de Hatton Gotay sobre a lo que alega vienen los ex jueces del Supremo no son nuevas. En el 2011, en medio de un caso criminal contra Cacho Pérez y su padre, Ramón Cacho Tossas, por los mismos hechos alegados en la demanda, el abogado de los acusados, Eric Quetglas, llamó la atención de que fueron imputados de delito tras recibirse la sentencia a su favor.
Al inicio del caso en el 2005, representaron a Cacho Pérez, Quetglas y el ex gobernador, Rafael Hernández Colón. El primero dijo a El Nuevo Día, "me sentaron al ex gobernador, Carlos Romero Barceló. Y trajeron al ex juez del Supremo que se retiró, Efrain Rivera Pérez". Aqúi las expresiones de Quetlas a END en un pasillo del Tribunal de Ponce. El caso fue archivado.
En defensa de Hatton Gotay, pasó el ex gobernador Romero Barceló y el ex juez del Supremo, Rivera Pérez (RIP), quien llegó a una vista, dos semanas más tarde de que renunciara a su posición de Juez Asociado en julio del 2010 y siete meses más tarde de que bajara la primera sentencia en el 2009 y que fue ratificada por el TA en el 2011.
ALEGACIONES CONTRA LOS EX JUECES HD Y RG
"Los autos demuestran que la parte apelada contrato los servicios legales de dos (2)
exjueces del Tribunal Supremo luego de conocer la determinación de la Resolución/Sentencia del 15 de julio de 2025. La representación legal de los recurridos tiene pleno conocimiento de la intervención como jueces de dos (2) de sus abogados, pero al parecer le restan importancia que se trata de un asunto muy serio y delicado que no debería tomarse livianamente porque pone en riesgo la credibilidad e integridad de nuestro ordenamiento jurídico y la justicia", lee la Petición de Certiorari de Cacho Pérez.
Añade que en el caso Cacho Perez v. Hatton, 195 DPR 1 (2016), relacionado a los embargos preventivos que se concedieron como remedio provisional en aseguramiento de sentencia la Sentencia dictada fue suscrita por el entonces Juez Asociado, Hon. Edgardo Rivera García, "casualmente ahora abogado de la parte recurrida en el presente caso. Además, fue un caso atendido por el pleno del Tribunal Supremo que incluyó al entonces Juez Presidente Hon. Federico Hernández Denton, quien ahora también figura como representante legal de la parte recurrida. Hasta de los abogados se puede determinar proceder temerario". La intervención de Hernández Denton se alega se dio en el 2009.
"El simple hecho que formen parte de la representación legal de la parte recurrida
demuestra una actitud temeraria que provoca una continuación de la litigación y gastos
innecesarios para que sean descalificados. La situación se agrava cuando aun teniendo el
conocimiento que actuaron como Jueces en el presente caso, aceptan ser abogados de la parte que favorecieron mediante el caso 195 DPR 1 (2016) y han omitido el reclamo de la parte
apelada solicitando su renuncia. Causa mucha sospecha que dicho caso fue uno de los utilizados en su apelación ante el TA para alegar que no existe temeridad porque le dieron la razón".
PRUEBA DE INTERVENCIÓN DE RIVERA GARCÍA
Bonita Radio constató que en mayo del 2016, Rivera García suscribió la decisión del TS en cuanto a los planteamientos procesales relacionados a la doctrina de la Ley del Caso (principio procesal que establece que las determinaciones de derecho y conclusiones de hecho emitidas por un tribunal apelativo en un caso particular constituyen la norma vinculante para ese mismo procedimiento. Obliga tanto al foro de instancia como al propio tribunal apelativo si la controversia regresa a su consideración) y a los relativo a un embargo preventivo para aseguramiento de sentencia.
En su opinión, Rivera García ordenó se devolviera el caso al TPI de Ponce para la fase de adjudicación de daños.
En su oposición de 20 páginas a la Petición de Certiorari, Rosario Cortés, hace silencio sobre esa sentencia que fue emitida el 16 de mayo del 2016.
Entretanto, en la página 16 a la 18, Rosario Cortés trae un asunto ético que tuvo Cacho Pérez por no mantenerse al día en cuanto al Programa de Educación Jurídica Contínua lo que le valió el desaforo. "La parte recurrida no invoca ese historial para convertir este recurso en un incidente disciplinario ni para desplazar el análisis jurídico. Lo invoca porque Cacho Pérez abrió esa puerta al pretender que la comparecencia profesional de los abogados contrarios tenga algún valor probatorio en la controversia de temeridad".
La discusión sobre los méritos de la controversia, si deben restituirse la suma de la sentencia por concepto de temeridad, le toma a Rosario Cortés, unos cinco pliegos que incluyen justificar el retraso del caso por los huracanes que pasaron por la Isla en los últimos 15 años; los peritos que llevó Hatton a la vista de daños que incluyó geólogos, economía y calidad de arena.
Planteó además que si "Cacho entendía que existía algún asunto ético, conflicto o fundamento de descalificación, tenía que plantearlo con el vehículo procesal correspondientes, con la prueba y el remedio adecuados".
En su petición de Certiorari, en 71 páginas, la defensa de Cacho Pérez reconstruye el juicio y las intervenciones de apelación incluso las ocasiones en que los demandados cuestionaron las regrabaciones de procedimientos aprobadas por el Tribunal.
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