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Por Carmen Enid Acevedo Un hijo de una jueza del Tribunal Supremo y ex asesor del gobernador renunciante, Ricardo Rosselló Nevárez, un matrimonio con potentes contactos con el Partido Nuevo Progresista (PNP) y otra sociedad de bienes gananciales que se ubica entre los amigos del gobernador Pedro Pierluisi, figuran como tres de los bufetes allegados al partido de gobierno con contratos que en cuatro años han sangrado el erario en unos $15 millones, a pesar de que las agencias que los contratan tienen abogados internos. Una pesquisa de Bonita Radio sobre la contratación legal en las agencias del Estado puertorriqueño en quiebra, coloca a por lo menos cinco bufetes en posición de haber tenido contratos en las agencias más grandes del gobierno, entre ellas, Educación, Transportación y Obras Públicas (DTOP), Familia, Vivienda, Administración de Vivienda Pública (AVP), Autoridad de Carreteras y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, (DRNA). Entre las ocho agencias tienen contratos con los tres bufetes documentos y que fueron analizados en esta pesquisa periodística, hay no menos de 150 abogados con plaza que son sustituídos en funciones por los contratistas en cuestión. El que menos tiempo tiene como abogado revalidado y 'solo practioner' y quien más avanzó en obtener contratos hasta de $200K anuales con agencias públicas, es quien creó P3M Bufete Legal, Phillipe Mesa Pabón, hijo de la jueza del Tribunal Supremo, Mildred Pabón Charneco y ex aseror de #RickyRenuncia, tiene contratos por $2.8 millones con el Departamento de Hacienda; la Administración de Servicios de Salud (ASES), la CFSE, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y el DF. Mesa Pabón salió del gobierno en diciembre del 2019 y el primero de enero del 2020 ya había inscrito su corporación y en marzo del 2020, ya tenía el primer contrato con Hacienda, en junio y julio con la Oficina de la Inspectora General y el Senado bajo la presidencia de Thomás Rivera Schatz. Entretanto, el que más ha amasado fondos públicos, es el matrimonio de Maria Elena Vázquez Graziani y Alberto C. Rodríguez Pérez, a través de dos bufetes, Vázquez Graziani y Rodríguez y Consultora Legal, PSC. El primero del 2008 con enmiendas del 2009 y el segundo registrado en el Departamento de Estado el 30 de diciembre del 2015. Los contratos de Consultoría Legal suman $5.8M entre el 2009 y el 2022. $3.2M han sido otorgados entre finales del 2020 y el 2022. Vázquez Graziani y Rodríguez tuvo contratos con el gobierno de Luis Fortuño hasta el de Rosselló Nevárez en 2019, por unos $4.06M, entre los que incluyó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Ambos bufetes del matrimonio comparten contratación con P3M en el Departamento de la Vivienda, el DF, la CFSE y Vivienda Pública y DS. Un tercer bufete con grandes tentáculos en las agencias de gobierno es Iguina Oharriz, que más recientemente representa a la agencia en controversias de educación especial. Ha tenido contratos por $2.4M entre el 2020 y el 2022 y ha generado sobre $1.8 en contrataciones con el DE, Departamento del Trabajo, Administración de Familias y Niños, DS y el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El último mes, el Bufete ha hecho representación en los tribunales en casos del DE de Educación Especial y en por lo menos dos de estos, compareció el ex secretario del Departamento de Justicia, Somoza Colombani. Mañana, en la continuación de esta pesquisa, traemos información de otros dos bufetes con contratos y las conductas de al menos tres de los integrantes antes y después de obtener los contratos millonarios con el gobierno.

Por Carmen Enid Acevedo De Bonita Radio El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) no sólo cuadró en el 2021 la venta de un terreno que funcionaba como parque en la avenida Ashford, intersección de la calle Krug, sino que hizo un plano y ejecutó un procedimiento de "inmatriculación" para poner la propiedad en manos de un desarrollador que vería aumentado su valor al "agruparlo" a una finca colindante que ya había comprado en el 2018 por unos $550K. El parque entre la avenida Ashford y la calle Krug, el mismo nombre del desarrollador que lo adquirió, se vendió en $145K, un valor que se dio sin que surja de los docunmentos públicos cuales fueron las comparables del mercado que fueron utilizadas al momento de la transacción. La finca 47732, en espera de ser registrada como propiedad de Krug ahora tendría un valor de $695K en total. Una investigación del tracto registral que siguió la mencionada compraventa coloca a personal del DTOP y una contratista, gestionando y notarizando inscripción del terreno entre el tres de julio y el 25 de febrero de 2021 cuando se firmó la compraventa y se hizo un cheque en favor del Secretario de Hacienda. (Historia del proceso de compraventa aquí: El DTOP, bajo la dirección de la ingeniera Eileen Vélez Vega, completó una transacción que puso en manos de la empresa Krug Property LLC, el predio de terreno que no tenía dueño registral y que ya había sido objeto de una transacción notarial en su agencia, para el 24 de julio de 2019, bajo el secretario, Carlos Contreras Aponte, nombrado por el gobernador renunciante, Ricardo Rosselló Neváres. Un documento de certificación del 24 de julio de 2019, inscribió a favor del DTOP en el Registro de la Propiedad, sección Santurce Norte, el predio de terreno radicado en el barrio Santurce con lindes por el Norte y Este, con avenida Ashford; por el Sur, con terrenos de Krug Property LLC, por el Oeste con la calle Krug, según Plano 14-2019 del DTOP. El plano en cuestión es uno de "Mensura", firmado por el agrimensor, José L. Quiñones, y tiene fecha del tres de julio del 2019. En ese momento suscribió la certificación, el asesor legal de la agencia, Pedro César De Jesús Román y en el 2021, suscribió la compraventa, el Secretario Auxiliar para Administración y Recursos Humanos del DTOP, Luis González Rosario. Ambos secretarios delegaron en estos las firmas de las transacciones con el terreno. El "Plano de Mensura" precisamente justifica la inscripción de una finca sin dueño por lo que se ejecuta el proceso de "inmatriculación" (por no tener dueño registral) y así el Estado poder disponer del bien del pueblo. En la mencionada certificación se establece en el inciso segundo que: "Según antecedentes que obran en los archivos de este Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Gobierno de Puerto Rico posee el título de dueño de la finca antes descrita". Y que ha sido su dueño por los pasados 40 años, "en concepto de dueño de buena fe, pública y pacíficamente y sin interrupciones, no habiendo otros antecedentes en los archivos de este Departamento a las aludidas fincas". Con la certificación para inscribir el terreno a nombre del DTOP y "Presentada y pendiente de despacho al Asiento 20 19-078181-SJO 1 el veinticinco (25) de julio de dos mil diecinueve (2019), se la asignó el número de FINCA 47732 de Santurce Norte, Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera", según lee la escritura de compraventa, la agencia cuadró la transacción ante la notaria Grace Marie Figueroa Irizarry, con contrato con el DTOP, desde el bufete ESQ Legal Services. Figueroa Irizarry fue la misma que notarizó la certificación que posibilitó que el DTOP inscribiera el mencionado predio de terreno en el Registro de la Propiedad. Figueroa Irizarry tuvo $721K en contratos con el gobierno de Luis Fortuño y el primer año de Alejandro García Padilla. Del 2017 al presente ha tenido contratos por $3.6 millones con agencias como DTOP, Departamento de Salud, Autoridad de Tierras, Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Autoridad de Carreteras, Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias y Edificios Públicos. Es una donante activa del Partido Nuevo Progresista (PNP) desde el 2018, según los registros digitales del Contralor Electoral. Le ha donado a las senadoras por San Juan, Nitza Morán y Marissa Jiménez Santoni; al gobernador, Pedro Pierluisi y al representante José 'Quiquito' Meléndez.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, ingeniera Eileen Vega Vélez, vendió en $145k un predio de terreno frente al parque Del Indio en Condado, dos meses antes de ser confirmada por el Senado. El parque entre la calle Krug y la avenida Ashford fue vendido por el DTOP el 25 de febrero del 2021 a dos meses de que el Gobernador, Pedro Pierluisi, designara a Vélez Vega al DTOP, según el documento de compraventa que obra en el registro de contratos de la Oficina del Contralor. Se alega que la venta se hizo para ampliar el solar colindante y justificar el desarrollo de un condominio de 12 pisos, “mucho más grande del que permite la zona”, según los vecinos de El Condado que hoy protestan por la acción gubernamental en favor de Krug Property LLC. Aun cuando en el 2021, el hoy alcalde de San Juan, Miguel Romero ya había tomado posesión, emitió un comunicado lavándose las manos sobre la transacción pero sin decir quién vendió un solar en su municipio. “El municipio no vendió, participó, ni tuvo conocimiento de dicha transacción. Este terreno es ahora propiedad privada. El letrero que se hace referencia es sobre una solicitud de permiso radicada ante el municipio por ser una propiedad privada localizada en San Juan. La transacción se dio entre el DTOP y Krug, una compañía de responsabilidad limitada a nombre de Jim Taumbenfeld y Shub Sender. Se ha denunciado que Monique Guillemard Noble, hermana de Andrés, esposo de la hermana del Gobernador, Pedro Pierlusi, Caridad, es la esposa de José Fernando Vázquez, arquitecto del proyecto a realizarse en ese predio, bajo la firma Maker Arquitectos CSP. Según el portal de noticias, EyBoricua.com Uno de los empresarios que desarrolla Punta Krug, descrito como un edificio lujoso de 12 pisos es donante del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP) por los pasados ocho años

Carmen Enid Acevedo | Bonita Radio | Entrevista Marcos Pérez Ramírez | EyBoricua | texto (San Juan) - La ingeniera Doriel Pagán Crespo dijo que ordenó la paralización de los trabajos del arenero que Caribbean Island Construction (CIC) opera sin permisos en la zona protegida del karso un día antes que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emitiera una orden de cese y desista que la agencia entregó a EyBoricua y Bonita Radio en primicia el pasado viernes en la tarde. Según la Ingeniera Pagán Crespo, la orden de paralización surge de una querella “de parte nuestra ” y que al tener conocimiento de las “alegaciones”, de inmediato "se detuvieron las obras". La Presidenta sostuvo que las acciones de la AAA ocurrieron un día antes de que el DRNA emitiera una orden de cese y desista contra el arenero sin permisos que CIC opera en el barrio Domingo Ruiz, en Arecibo, en lugar de estar dragando el embalse de la Planta de Filtros Dr. Doctor Antonio Santiago Vázquez, actividad para la que fueron contratados por la Autoridad. Durante su intervención en el último segmento del programa Esto es lo último, de Bonita Radio, Pagán Crespo no especificó de qué manera se había ejecutado la orden de paralización de los trabajos. Si fue mediante notificación al proponente, una llamada telefónica o mediante un documento oficial, por escrito. O si se le había diligenciado la supuesta orden al proponente, CIC. “Cuando surgió la querella de parte nuestra, de la Autoridad, de inmediato detuvimos las obras, aunque no teníamos constancia de las alegaciones. Pero sí, nos interesa mucho que todo lo que se esté realizando, esté dentro en el marco estricto de la ley y el complimiento, así que detuvimos las obras. Posterior a eso, el Departamento de Recursos Naturales emitió un cese y desista y ahora mismo nos encontramos ahí, nos vamos a mantener en esa misma condición, hasta tanto el Departamento de Recursos Naturales realice la evaluación correspondiente y si en efecto pueden validar que hay algún señalamiento que prevalecen pues hasta tan pronto no se corrijan no se continuarán las obras. Entiendo yo es que así se procederá por parte de la agencia”, dice la Ingeniera en un segmento de la entrevista que comienza a partir del minuto 21:00 del programa. EPA anuncia que está investigando De otra parte, ayer la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), región 2, anunció que está investigando la operación de una cantera sin permisos que CIC estableció en la zona protegida del karso, en lugar de estar trabajando en el dragado del embalse de la Planta Los Filtros Doctor Antonio Santiago Vázquez, como había pactado con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). “La EPA se enteró recientemente de este caso y actualmente está bajo investigación. La EPA también tiene que coordinar la investigación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (USACE) bajo la Ley de Ríos y Puertos y la Ley de Agua Limpia. Se requieren permisos de la Sección 10 de la Ley de Ríos y Puertos y/o la Sección 404 de la Ley de Agua Limpia para la construcción de estructuras o se necesita relleno para realizar el trabajo dentro de las Aguas de los Estados Unidos”, dijo Carmen Guerrero, directora de la División de Protección Ambiental del Caribe, EPA Región 2, en una comunicación oficial enviada a EyBoricua.com y Bonita Radio. Por su parte, el pasado viernes la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega emitió una orden de cese y desista, y la paralización inmediata de las actividades de extracción de corteza terrestre y arena de río que la empresa Caribbean Island Construction (CIC) lleva a cabo el embalse Planta Los Filtros Doctor Antonio Santiago Vázquez que se ubica en la zona protegida del karso. La orden (22-146-ZMT) estipula las siguientes órdenes: “cese inmediato de actividad comercial de procesamiento y venta de los componentes de la corteza terrestre (arena, piedra y grava); cese inmediato del aprovechamiento de las aguas públicas mediante un sistema de toma de agua; cese inmediato de cualquier actividad sobre el mogote y se le ordena establecer zona de conservación”. El documento le imputa a CIC nueve infracciones a cinco leyes ambientales de Puerto Rico y constata que la operación no cuenta con los debidos permisos, franquicias y endosos de las agencias de Puerto Rico y Estados Unidos, requeridos para las actividades de cantera que la empresa lleva a cabo en la zona de protección especial del karso. Asimismo, el DRNA le exige a CIC presentar un plan de forestación, restauración y mitigación de conformidad con los requerimientos técnicos de la Agencia. El documento firmado por la Secretaria Interina Anaís Rodríguez Vega también le exige a CIC que le muestre causa al DRNA por la que no debe ser multada por más de $100,000 y convoca a comparecer a la empresa a una cita en la agencia para una vista administrativa el 22 de julio a las 10:00 AM, Sala Héctor Russe, piso 4, oficinas centrales. Esta vista es pública y la ciudadanía puede asistir. La orden de paralización inmediata ocurrió dos días más tarde que se publicara una primera entrega de la pesquisa de EyBoricua y Bonita Radio que reveló que los trabajos que CIC realiza en la zona protegida del karso no tienen nada que ver con actividades de dragado, como lo estipula el contrato y el permiso de mantenimiento de obras otorgado. “Todos y cada uno de los actos imputados se realizaron sin contar con los permisos, autorizaciones, franquicias y endosos estatales y federales necesarios, impactando y modificando hábitat natural; extracción, remoción, creación, de caminos y eliminación de árboles y vegetación afectando y poniendo en riesgo elementos críticos identificados, pudiendo causar efectos o alteración de patrones esenciales de comportamiento normal como la reproducción, alimentación o su refugio, tanto para especies terrestres como especies acuáticas, unas que habitan el mogote y otras dentro del embalse que se nutre del Río Grande de Arecibo. Utilización de aguas públicas sin contar con los permisos y franquicia requerida, mediante conducta temeraria, contumaz y en abierto menosprecio a las Órdenes de Paralización emitidas por los Vigilantes del DRNA”, dice la orden del DRNA en un apartado donde resume los hechos del caso.

Por Marcos Pérez Ramírez y Carmen Enid Acevedo EyBoricua.com y Bonita Radio (San Juan)- La Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), región 2, anunció hoy que está investigando la operación de una cantera sin permisos que la empresa Carribean Island Costruction estableció en la zona protegida del karso, en lugar de estar trabajando en el dragado del embalse de la Planta Los Filtros Doctor Antonio Santiago Vázquez, como había pactado con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). “La EPA se enteró recientemente de este caso y actualmente está bajo investigación. La EPA también tiene que coordinar la investigación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (USACE) bajo la Ley de Ríos y Puertos y la Ley de Agua Limpia. Se requieren permisos de la Sección 10 de la Ley de Ríos y Puertos y/o la Sección 404 de la Ley de Agua Limpia para la construcción de estructuras o se necesita relleno para realizar el trabajo dentro de las Aguas de los Estados Unidos”, dijo Carmen Guerrero, Directora Division de Protección Ambiental del Caribe, EPA Región 2, en una comunicación oficial enviada a EyBoricua.com y Bonita Radio. De otra parte, el pasado viernes la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega emitió una orden de cese y desista, y la paralización inmediata de las actividades de extracción de corteza terrestre y arena de río que la empresa Caribbean Island Construction (CIC) lleva a cabo el embalse Planta Los Filtros Doctor Antonio Santiago Vázquez que se ubica en la zona protegida del karso. La orden (22-146-ZMT) estipula las siguientes órdenes: “cese inmediato de actividad comercial de procesamiento y venta de los componentes de la corteza terrestre (arena, piedra y grava); cese inmediato del aprovechamiento de las aguas públicas mediante un sistema de toma de agua; cese inmediato de cualquier actividad sobre el mogote y se le ordena establecer zona de conservación”. De otra parte, el pasado viernes la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega emitió una orden de cese y desista, y la paralización inmediata de las actividades de extracción de corteza terrestre y arena de río que la empresa Caribbean Island Construction (CIC) lleva a cabo el embalse Planta Los Filtros Doctor Antonio Santiago Vázquez que se ubica en la zona protegida del karso. La orden (22-146-ZMT) estipula las siguientes órdenes: “cese inmediato de actividad comercial de procesamiento y venta de los componentes de la corteza terrestre (arena, piedra y grava); cese inmediato del aprovechamiento de las aguas públicas mediante un sistema de toma de agua; cese inmediato de cualquier actividad sobre el mogote y se le ordena establecer zona de conservación”. El documento le imputa a CIC nueve infracciones a cinco leyes ambientales de Puerto Rico y constata que la operación no cuenta con los debidos permisos, franquicias y endosos de las agencias de Puerto Rico y Estados Unidos, requeridos para las actividades de cantera que la empresa lleva a cabo en la zona de protección especial del karso. Asimismo, el DRNA le exige a CIC presentar un plan de forestación, restauración y mitigación de conformidad con los requerimientos técnicos de la Agencia. El documento firmado por la Secretaria Interina Anaís Rodríguez Vega también le exige a CIC que le muestre causa al DRNA por la que no debe ser multada por más de $100,000 y convoca a comparecer a la empresa a una cita en la agencia para una vista administrativa el 22 de julio a las 10:00 AM, Sala Héctor Russe, piso 4, oficinas centrales. Esta vista es pública y la ciudadanía puede asistir. La orden de paralización inmediata ocurre dos días después que se publicara una pesquisa de EyBoricua y Bonita Radio que reveló que los trabajos que CIC realiza en la zona protegida del karso no tienen nada que ver con actividades de dragado, como lo estipula el contrato y el permiso de mantenimiento de obras otorgado. En su lugar, CIC opera una actividad industrial de remoción, procesamiento y venta de piedra y arena a gran escala. Este tipo de operación está regulada y requiere de permisos específicos con los que CIC no cuenta. “Todos y cada uno de los actos imputados se realizaron sin contar con los permisos, autorizaciones, franquicias y endosos estatales y federales necesarios, impactando y modificando hábitat natural; extracción, remoción, creación, de caminos y eliminación de árboles y vegetación afectando y poniendo en riesgo elementos críticos identificados, pudiendo causar efectos o alteración de patrones esenciales de comportamiento normal como la reproducción, alimentación o su refugio, tanto para especies terrestres como especies acuáticas, unas que habitan el mogote y otras dentro del embalse que se nutre Del Río Grande de Arecibo. Utilización de aguas públicas sin contar con los permisos y franquicia requerida, mediante conducta temeraria, contumaz y en abierto menosprecio a las Órdenes de Paralización emitidas por los Vigilantes del DRNA”, dice la orden del DRNA en un apartado donde resume los hechos del caso.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Marcos Pérez de Ey Boricua colaboró con esta historia El contratista que mantuvo una operación de cantera en los predios del Superacueducto del Norte en lugar de un dragado para el que contrató con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hace un año, es el dueño del terreno en Mayagüez en donde se mantuvo un vagón de promoción del ex candidato al Senado por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Martínez en el 2020. A los vínculos del empresario Carlos Rodríguez Camacho con el ex superintendente del Capitolio, Jerón Muñiz Lasalle, un amigo y protegido del portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Thomas Rivera Schatz, se añade el que tiene con Martínez, una figura también allegada al ex presidente del Senado. Muñiz Lasalle es frecuente en el vagón que mantiene como oficina la empresa Caribbean Island Corp, la que se supone que drague el área del Superacueducto para palear la sequía y en su lugar operó por seis meses una cantera de arena y grava. Los representantes del PNP en la región, José ’Memo’ González y Gabriel Rodriguez Aguiló, también son frecuentes en los negocios de Rodriguez Camacho quien es propietario de Caribbean Composting en el barrio Islote de Arecibo. Así lo atestigua el represente Gonzalez en sus redes sociales junto al director regional del DRNA, Moisés Soto. Tal y como descubrió una pesquisa de Bonita Radio y Ey Boricua la pasada semana, la operación de cantera sin permisos en los terrenos de la planta de filtros, Antonio Santiago Vázquez del Rio Grande de Arecibo, mantiene conexión de ex funcionarios del PNP como el ex secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Daniel Galán Kerkadó, consultor del contratista. La última evidencia en una operación altamente irregular y que provocó una orden de cese y desista del DRNA el pasado viernes 24 de junio, coloca en los terrenos propiedad de la empresa, PR CR Investment Corp., de la que es presidente Rodríguez Camacho, propietario de CIC, un vagón promoviendo la candidatura al Senado por Acumulación de Martínez, en las elecciones generales del 2020. En el solar donde ubicaba la escuela Charles T. Irizarry, que según documentos de la Oficina del Contralor compró por $720K, hubo además un rótulo del permiso que se gestionó para la demolición de la escuela la que Rodríguez Camacho adquirió el nueve de noviembre del 2018. Esa transacción incluyó una resolución corporativa de PR CR del dos de ese mismo mes, en la que autorizó la transacción Amarilys Acevedo Moreno, quien se alega es la esposa del comerciante. Llama la atención que Rodríguez Camacho no está registrado como donante de Martínez en la Oficina de Contralor Electoral. Ni siquiera como donante en “especie”, lo que significa que en lugar de aportar dinero, el donante hace una de bienes o servicios. En este caso mediante un servicio como puede ser la publicidad generada a favor del candidato. La ubicación del vagón publicitario fue denunciado en las redes sociales por un residente de Aguadilla en el 2020 y recogido por la entonces candidata al Senado por el Partido Independentista (PIP), María de Lourdes Santiago. Además, Rodríguez Camacho también compró la escuela Genoveva Pérez Pérez ubicada en el barrio Puntas de Rincón a un precio de $485K en una transacción del 18 de enero de 2019. La escuela cerró en el 2018. En diciembre del 2020, un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo estableció que tras entrevista con Rodríguez Camacho este dijo que se proponía establecer un centro comercial en el solar de la escuela Charles T. Irrizary en Mayagüez y en el solar de la Genoveva Pérez Pérez en Rincón, una égida o un 'guest house'.

Por Marcos Pérez Ramírez y Carmen Enid Acevedo EyBoricua y Bonita Radio (San Juan) - La secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega emitió una orden de cese y desista contra las actividades de extracción de corteza terrestre y arena de río que la empresa Caribbean Island Construction (CIC) lleva a cabo el embalse Planta Los Filtros Doctor Antonio Santiago Vázquez que se ubica en la zona protegida del karso. Emitió orden de mostrar causa por qué no deba imponerse multas de $25k y citó a las partes a vista el proximo 22 de julio. El documento le imputa a CIC nueve infracciones a cinco leyes ambientales de Puerto Rico y constata que la operación no cuenta con los debidos permisos, franquicias y endosos de las agencias de Puerto Rico y Estados Unidos, requeridos para las actividades de cantera que la empresa lleva a cabo en la zona de protección especial del karso. La orden de paralización ordena el cese inmediato de la actividad comercial de venta de arena y grava; de aprovechamiento y uso de aguas publicas; de cualquier sobre el mogote y se ordena hacer un plan de reforestación, restauración y mitigación. Al cierre de esta edición, la ingeniera Doriel Pagán Crespo, presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no ha contestado preguntas de Bonita Radio y EyBoricua en relación a lo que se descubrió en una pesquisa publicada desde el miércoles 23 de junio y que coloca a la agencia otorgando un contrato de dragado a CIC mientras en los predios de la mencionada planta, se desarrolló desde diciembre del 2021, una cantera sin permisos. La orden de paralización inmediata ocurre dos días después que una pesquisa de EyBoricua y Bonita Radio reveló que los trabajos que CIC realiza en la zona protegida del carso no tienen nada que ver con actividades de dragado, como lo estipula el contrato y el permiso de mantenimiento de obras otorgado. En su lugar, CIC opera una actividad industrial de remoción, procesamiento y venta de piedra y arena a gran escala. Este tipo de operación está regulada y requiere de permisos específicos con los que CIC no cuenta. La pesquisa desarrollada por EyBoricua y Bonita Radio narra en esta historia multimedios cómo funciona la cantera que opera CIC. De otra parte, la segunda entrega de la serie investigativa Cantera de Corrupción reveló las conexiones de políticos del PNP y consultores, así como un exsecretario del DRNA, ahora consultor del proponente, candidatos derrotados a alcaldías y operativos políticos, que laboran desde la gerencia intermedia de las agencias de permisología y fiscalización sin que hayan hecho nada para impedir los crimenes ambientales y negocio viabilizado con un contrato gubernamental. La tercera parte de la serie explica en detalle cómo la operación de CIC se alega que podría suponer ocho violaciones a leyes ambientales de Puerto Rico y de Estados Unidos. Las alegaciones forman parte de la documentación oficial del caso y los informes técnicos del DRNA que reveló esta pesquisa.

Por Marcos Pérez Ramírez y Carmen Enid Acevedo EyBoricua.com y Bonita Radio La operación de Caribbean Island Construction (CIC) de una cantera en la zona especial del karso desde enero de 2022 se alega que produce violaciones de por lo menos ocho leyes ambientales de Puerto Rico y de Estados Unidos. La pesquisa revelada esta semana por EyBoricua.com y Bonita Radio descubrió que en el embalse de la Planta de Filtros Dr. Antonio Santiago hay una actividad de remoción de arena y piedra desde diciembre del 2021. Según la documentación oficial del caso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) analizada por esta pesquisa, algunas de las violaciones de ley que se le podrían imputar a CIC incluyen leyes ambientales de Puerto Rico que regulan la extracción de grava y piedra; para proteger la integridad de la zona protegida del karso; para conservar, desarrollar y usar recursos de agua; para proteger la vida silvestre y los bosques de Puerto Rico y de control de inundaciones. Asimismo, pueden haber incurrido en violaciones a leyes ambientales federales debido a la construcción de charcas de retención y uso de aguas, no contar con control de escorrentías para que las aguas de los caminos y los cunetones no lleguen al Río Grande de Arecibo, así como descargar material de relleno y aguas usadas al cuerpo de agua. Todas estas imputaciones aparecen mencionadas en los informes técnicos de los biólogos Farel Velázquez, oficial de manejo del refugio de vida silvestre, embalse Guajataca, experto en especies acuáticas y Ramón Rivera, líder de la división de ecología terrestre del DRNA. El informe de Rivera, fechado 10 de mayo, es el más detallado hasta el momento en poder de esta pesquisa. El documento constata que durante la inspección que el biólogo hizo junto a la geóloga Ruth Vélez y los investigadores del caso, pudo observar posibles violaciones a las mencionadas leyes y a la que prohíbe alterar un hábitat natural y otras que regulan la integridad de las especies en peligro de extinción como la palma de corozo y el árbol de maga. Esta inspección fue el 27 de abril. “Entendemos que los actos de remover material de la corteza terrestre y vegetación sin los debidos permisos redundan en violaciones a la Nueva Ley de Vida Silvestre, Ley de Bosques y las condiciones del permiso emitido por OGPe. Recomendamos que la Oficina de Asuntos Legales proceda a redactar y presentar querella contra la AAA y Caribbean Island Contractors LLC [sic] como infractores de las leyes y reglamentos que administra el DRNA. De igual manera, sugerimos presentar ante el Tribunal a nombre del DRNA acción para impedir, prohibir o evitar cualquier más violación a las leyes y reglamentos”, concluye el biólogo, quien detalla también posibles violaciones al permiso y multas que podría enfrentar CIC por supuestas violaciones a la Ley de Bosques. De otra parte, el informe del biólogo Velázquez constata que durante su inspección, el 22 de abril, notó que “no había control, identificación o censo de las especies acuáticas nativas o endémicas que en el Río Grande de Arecibo abundan”. “Es un área extensa y un proyecto ambicioso donde el impacto no se limita únicamente al dragado, sino que se extiende al área protegida del carso y hábitat de las especies nativas, como la boa puertorriqueña, entre otros”, añade Velázquez. Además, el experto advierte en su informe que en el Río Grande de Arecibo se ha registrado la presencia de un total de 27 especies acuáticas, incluyendo a siete nativas de agua dulce, 13 especies nativas de estuario y siete especies exóticas. “No se ha presentado ningún protocolo o proceso para mitigar el impacto del dragado al ecosistema acuático. Este tipo de trabajo afecta dramáticamente, los parámetros de calidad de agua en el entorno. Se ha documentado que este tipo de trabajo sin los controles adecuados eleva los niveles de sólidos suspendidos en el agua, deteriora el oxígeno disuelto en el agua y aumenta las concentraciones de metales pesados”, argumenta el experto en especies acuáticas, quien sustenta su informe citando estudios científicos, leyes y planes del DRNA y documentación oficial sobre las actividades que regulan las leyes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. “Entendemos que este tipo de proyecto establecen que es necesario el aval y recomendaciones de agencias estatales y federales. Hasta este momento (25 de mayo, cuando firma y entrega su informe) no se han presentado los puntos de vista de agencias federales como el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental, entre otras”, concluye el biólogo. El Río Grande de Arecibo está en la lista de los cuerpos de agua sobre los que el Cuerpo de Ingenieros ejerce su autoridad regulatoria, bajo la sección 10 del Rivers and Harbors Act y la sección 404 del Clean Water Act. Hasta el momento, la única investigación formal contra las actividades de CIC es la que dirige el DRNA. Consta una querella radicada por la representante Mariana Nogales ante Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

Serie: Cantera de corrupción Por Marcos Pérez y Carmen Enid Acevedo De Ey Boricua y Bonita Radio El ex secretario del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Daniel Galán Kerkadó; el ex Vigilante de esa agencia, José Jerón Muñiz Lasalle, también ex superintendente del Capitolio bajo la presidencia de Thomas Rivera Schatz y el ex candidato a alcalde de Quebradillas, Moisés Soto García, son algunos de los políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP) que están alrededor de la operación de Caribbean Island Corp. (CIC) que dirige el operativo de dragado del embalse en la planta de filtración Antonio Santiago Vázquez, parte del Sistema del Superacueducto del Norte. Los gerenciales en el DRNA con conocimiento de lo que ocurre en el proyecto de dragado del Rio Grande de Arecibo, incluyen además a la Comisionada del Cuerpo de Vigilantes, Haydelin Ronda, una activista del PNP con múltiples imagenes en sus redes sociales que así lo aquilatan Ronda, con poca o ninguna pericia en el Cuerpo de Vigilantes que supervisa, sabe desde el 18 de marzo de 2022 lo que ocurre en los predios de la mencionada planta de filtración. La que fue obra prometida y emblemática de la segunda administración de Pedro Rosselló en 1992 estuvo plagada de corrupción y de un trámite acelerado para cumplir con lo que el Partido de Gobierno quería hacer en dos años. Se violaron disposiciones ambientales, leyes de permisos y se aprobó la Ley 19 de 1997, que tuvo el efectio de legalizar "todos los permisos, autorizaciones y endosos de las agencias del ejecutivo, sin dar oportunidad al análisis y discusión pública". El 12 de junio de ese año, Rosselló la firmó y todos los trabajos del Superacueducto se reanudaron. Tras años de pesquisa, las autoridades de la Fiscalía de Distrito en Puerto Rico identificó un esquema de corrupción alrededor de esa "obra grande". El ex representante, José Granados Navedo, se hizo culpable y cooperó con las autoridades para narrar un esquema de pedido de sobornos y recaudación de fondos para el Partido, alrededor de los entonces “Empresarios con Rosselló”. De esa cooperación resultaron convictos el entonces jefe de la campaña de la Gobernación de Rosselló, René Vázquez Botet y el secretario del PNP, Marcos Morell. A 20 años de aquéllos desarrollos entre la violación de leyes ambientales, el escenario financiero del Partido y una sequía extensa en 1994, los acomodos entre los “activistas y políticos del PNP” vuelven a encontrarse entre el uso del dinero público y el interés privado. El contratista y propietario de CIC, Carlos Rodríguez Camacho, es el presidente de Caribbean Composting, empresa que se encarga desde el 2020 del dragado del embalse de Carraizo en Trujillo Alto. Ese contrato si lo firmó la presidenta de la AAA, Doriel Pagán Crespo. Caribbean Composting ha tenido contratos con el gobierno por $36 millones, entre agencias públicas como AAA, Desperdicios Sólidos y municipios como Toa Alta, Cabo Rojo, Ponce, Bayamón, Rincón y Quebradillas, Barceloneta y Cataño, entre otros. La diversidad de negocios de Rodríguez Camacho lo hacen también presidente de la corporación PR CR Investment Corp., entidad que compró por $710K la escuela Charles T. Irizarry en el barrio Sábalos de Mayagüez en el 2018, en una transacción certificada por el entonces sub secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Juan Maldonado De Jesús. Este ultimo, hoy con problemas éticos de la profesión legal en el contexto de las pruebas rápidas que intentaron venderse en medio de la emergencia de la pandemia. Mientras tanto, esta investigación periodística constató que Galán Kerkadó, un ex jefe del DRNA bajo la administración de Luis Fortuño Burset, es el asesor de CIC, corporación que contrata con la AAA la operación del dragado en Arecibo. Es la empresa que ha intervenido en por lo menos tres ocasiones para solicitar cambios en el permiso para realizar actividad de extracción de arena y piedra. Así lo dejó claro, el papel escrito por una empleada de CIC cuando fue entrevistada por los Vigilantes del DRNA en medio de la investigación de la agencia ambiental. Quantum fue la empresa que hizo el análisis científico para la compañía DebrisTech, que provocó la tala de palmas y otros arboles en Dorado, Vega Baja y Vega Alta, en un Proyecto con casi ninguna supervisión del DRNA y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), según se descubrió en vistas legislativas en octubre del 2020. CANDIDATO DEL PNP Y HOMBRE DE CONFIANZA DE THOMAS RIVERA SCHATZ Entretanto, Muñiz Lasalle fue identificado por varias fuentes como una persona que frecuenta el vagón oficina del proyecto de dragado. El que hoy es el presidente del PNP en Quebradillas, tiene historial de ser investigado por los contratos que gestionó con la ex secretria del DRNA, licenciada Tania Vázquez en esa agencia al momento de ser Superintendente del Capitolio, bajo la supervisión del entonces presidente del Senado, Rivera Schatz. El hoy portavoz del PNP en el Senado, Rivera Schatz, es un entusiasta de las campañas de Muñiz Lasalle, quien tan reciente como el 21 de mayo resultó electo presidente del Comité Municipal del PNP a donde fue a gestionar apoyo entre los estadistas, su ex jefe en el Capitolio. Muñiz Lasalle tiene en su record como empleado público de confianza de Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez, contratar a la esposa de éste por unos $7,5K mensuales; gastar sobre un 50% del presupuesto de esa dependencia en abierta violación de ley y vaciar el pote de los $7M que pagó el seguro por daños durante el huracán María, a pesar de que no se realizaron los trabajos de reparaciones, según informes de prensa del 2019 al 2021. Al día de hoy nunca ha sido procesado por ningún delito. A Muñiz Lasalle también lo acompaña quien fuera el ex candidato del PNP en Quebradillas, Moisés Soto Pérez, quien autorizó la tala de arboles en uno de los montículos o mogotes del área de la laguna del Proyecto que gerencia CIC. Fuentes de entero crédito aseguran que Soto Pérez es “un activista penepé en la silla de director Regional” del DRNA. “Hace lo que le pidan”. De hecho, el pasado ocho de junio, Soto García, como director regional del DRNA en Arecibo alegó que esa agencia no tiene jurisdicción sobre los bienes de dominio público donde según un video del ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, se tiró relleno a un área de la playa Tres Palmas en Manatí. Escucha aquí la historia de esta investigación Entre Ey Boricua y Bonita Radio

Por Marcos Pérez y Carmen Enid Acevedo De EyBoricua y Bonita Radio La empresa Caribbean Island Construction (CIC) fue contratada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para dragar el embalse que alimenta al Superacueducto, pero en su lugar estableció una cantera sin permisos en la zona protegida del karso que opera mediante pagos en efectivo. Una pesquisa de EyBoricua.com y Bonita Radio descubrió que el contrato supone actividad de remoción, procesamiento y venta de piedra y arena, a pesar de que el documento que establece la relación entre las partes, solo habla de dragado y remoción de sedimentos acumulados en el embalse. Documentación relacionada al caso apunta a violaciones de leyes ambientales locales y federales. Todo comenzó con una llamada el 18 de marzo de 2022 y que llegó a la Unidad Marítima del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en Arecibo. De ahí los vigilantes del DRNA radicaron una querella que llevó a una investigación que encontró incongruencias entre lo que se dice en el contrato y se hace propiamente en el terreno del barrio Domingo Ruiz y donde ubica el lago de aguas crudas que suple agua a la planta de filtros, Dr. Santiago Vázquez del Superacueducto. Esta pesquisa periodística y el análisis de la investigación del DRNA contra las acciones de CIC pone al descubierto una carrera entre cuatro grupos de funcionarios de gobierno. Por un lado, hay un grupo de personas compuesto por investigadores de mandos rasos e intermedios de la Oficina de Vigilantes, oficiales y peritos estudiosos de la naturaleza a quienes estos consultan y funcionarios de la oficina de Asuntos Legales del DRNA. De otra parte, el tracto documental en poder de esta pesquisa ubica a un grupo de funcionarios de confianza de la Secretaria Interina del DRNA, licenciada Anais Rodríguez Vega, como el secretario auxiliar de permisos y el director regional de la agencia en Arecibo, estableciendo comunicación con Carlos Rodríguez Camacho, dueño de CIC, para asistirlo en las gestiones de permisos relacionados a la operación de procesamiento y venta de material de la corteza terrestre que allí dirige, cuando los vigilantes ya habían realizado su primera investigación de campo 24 días antes, en la mañana del 18 de marzo del 2022. Y otro grupo de funcionarios, como el oficial de cumplimento ambiental de la AAA, el director de la Oficina de Asuntos Legales y la comisionada del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, a quienes los documentos en poder de EyBoricua yBonita Radio no ubican demostrando premura en la defensa del interés público de proteger los recursos naturales. La documentación de la contratación de CIC, cuyo presidente es Carlos Rodríguez Camacho, establece que mientras la actividad es “para la remoción de los sedimentos acumulados en el embalse”, por 288,800 metros cúbicos, el permiso está consignado en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), seis meses más tarde, el 20 de enero de 2022 y permite la remoción de 700,000 MC y otras actividades como extracción de arena y grava. Ese mismo día, la presidenta de la AAA, Doriel Pagan Crespo promovía en redes sociales, un video describiendo la actividad de dragado como parte del plan de mantenimiento de la agencia. Un ingeniero y director ejecutivo de la agencia, Roberto Martínez, daba fe que los trabajos ya habían comenzando y hoy sabemos que no existía un permiso para ello. Una segunda querella fue radicada ante la OGPE por la representante Mariana Nogales Molinelli de Victoria Ciudadana el pasado mes de mayo. Además, la investigación coloca a funcionarios de la AAA con desconocimiento de lo que sucede en el proyecto de dragado pero afirmando que “no pasa nada” e interviniendo directamente con el contratista contra quien el DRNA ha emitido una multa y por lo menos dos ordenes de paralización. SIN LOS PERMISOS NECESARIOS Un permiso necesario para implementar el contrato de dragado es uno de Obras Generales (PGO) del DRNA que según una misiva del representante legal de CIC, Miguel Torres Torres fue solicitado ante la Junta de Calidad Ambiental (JCA) bajo el DRNA, el primero de febrero del 2022 y al 22 de abril de 2022, no había sido expedido. En esa misiva, dirigida a la secretaria interina del DRNA, Rodríguez Vega, con copia a Pagán Crespo, presidenta de la AAA, el contratista cuestiona la autoridad de los vigilantes de emitir multa por violaciones a disposiciones ambientales, así como para intervenir en el proyecto. El permiso del OGPE de enero 2022, estipula 29 condiciones especiales y 24 generales con las que CIC debe cumplir. Según la prueba documental analizada, la investigación del DRNA concluye preliminarmente que pueden haber hasta 24 violaciones al permiso otorgado. Sin permiso, la actividad en el embalse continuó por parte de CIC desde que la iniciaron en la primera semana de diciembre del 2021. De hecho, el ingeniero Martínez dice en el video de enero 2022 que a la fecha “ya hemos removido 70 mil metros cúbicos de arena”. Si se calcula a base de $450 por 25MC, ya a esa fecha se habían generado cerca de $1.5 millones. Una visita al área del embalse la primera semana de junio establece que lo que se hace allí incluye trabajos no relacionados al dragado del embalse según se estipula el contrato entre las partes. Los camiones que llegan al lugar, cargan, en lugar de basura, derivados de arena y piedra una actividad propia de un negocio de cantera o gravero. La pesquisa de por lo menos tres Vigilantes, el agente Juan Cruz, el sargento Edwin Rivera y el teniente Francisco Toledo - que incluye hasta donde se sabe de inspecciones de peritos de la agencia - demuestra además que, y según consta en el Informe Técnico del biólogo Ramón Rivera, de la División de Ecología Terrestre del DRNA, la AAA mantiene en el proyecto a una empleada identificada como Norma Reyes Rodríguez que actúa como “monitora a cargo de la operación". Reyes Rodríguez se alega que dijo a los Vigilantes que su labor se circunscribe a firmar los ‘conduce’ (recibos de carga comprada por camineros). A su vez, se constató que no hay una bitácora para registrar cuántos camiones llegan al lugar para comprar el material procesado lo que es una exigencia del contrato. Un recibo (#0634) que descubrió esta pesquisa y fechado el 22 de marzo de 2022 está a nombre de la AAA e indica “regalía de $1.00 por metro cúbico… Proyecto Embalse Santiago Vázquez Arecibo” [sic]. Consta que el pago fue en efectivo. Se vendieron 25 metros cúbicos por $450.00. MÁS PERICIA TECNICA DE ACTIVIDAD QUE IMPACTA RECURSOS NATURALES Esta pesquisa periodística tuvo acceso además a un informe de inspección de una funcionaria del DRNA con fecha del 18 de febrero de 2022 que establece que las actividades de dragado y remoción de corteza vegetal están reguladas por el PGO, que a esa fecha no estaba aprobado. Se planteó además que entre las actividades identificadas en ese momento se estaba disponiendo de “material dragado mojado (sedimentos fríos) en una finca agrícola aledaña a la planta de filtración". El contrato entre la AAA y CIC establece que se pagará $1 por metro cúbico de “material extraído no procesado” pero no deja claro cómo y cuándo se pagará. Mientras el contrato habla de 288,800 MC, el permiso de 700K. En su inciso nueve establece que la agencia “no cobrará por los viajes de material extraído producto de la limpieza ni la basura extraída del mismo”. ¿Entonces, quién lleva a sus arcas el dinero en efectivo producto de la venta de arena y piedra? El contrato para ese dragado no está firmado por la presidenta de la AAA, Pagán Crespo, sino por dos funcionarios de la gerencia intermedia de la agencia, Luis Acín Díaz, ingeniero de Compras y Logística y Deises Soler Pérez, hoy Directora Auxiliar de Presupuesto. Acin Díaz no figura en los listados de empleados de la agencia en este momento. El Ingeniero Acín Díaz está incluido en el Informe de la oficina de la Contralora, CP-21-02 12 de octubre de 2020, que identificó dos hallazgos relacionados con “deficiencias en el proceso de adjudicación de pedidos de compra” y autorizaciones para pago sin informes de recibo, y otras deficiencias relacionadas con el proceso de recibo de los pedidos de compra”. Fue director de esa entidad entre el periodo auditado del seis de marzo 2017 al 31 de mayo 2019. NO SABE NADA CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE AAA Por su parte, el Ingeniero Eduardo Bermúdez Valentín, oficial de cumplimiento ambiental de la AAA, emitió una carta negándole a los investigadores de la Unidad Marítima de Arecibo del DRNA que exista una pesquisa en torno a las actividades de extracción, remoción, clasificación, mezcla y venta de material de la corteza terrestre de parte de CIC. “En vías de aclarar cualquier situación relacionada con los trabajos presentados en su misiva, hemos mantenido comunicación tanto con el Ing. Ángel Meléndez como con el Lcdo. Irán (Hiram) Zayas. Según nuestra última comunicación con el Lcdo. Zayas, Jefe Jurídico del DRNA, éste informó no existir ninguna denuncia o reporte del Cuerpo de Vigilantes que sustente emitir una Orden de Detención de Obras en contra de los trabajos de dragado de las laguna del Superacueducto de la Costa Norte” [sic], escribe el Ingeniero. Esa paralización del proyecto se dio el 22 y 27 de abril de abril ante las violaciones identificadas por los Vigilantes en el proyecto. SUB SECRETARIO DRNA SE COMUNICA CON CONTRATISTA Y CUESTIONA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA AGENCIA En la controversia sobre las posibles violaciones a las leyes de permiso y leyes ambientales, llama la atención la inusual intervención del sub secretario de Permisos del DRNA, ingeniero Luis Sierra, al escribirle directamente al contratista Rodríguez Camacho, presidente de CIC, en respuesta a una misiva que éste le cursó el seis de abril. Rodríguez Camacho escribió a Sierra consultándole sobre la operación de extracción y remoción de material de la corteza terrestre que lleva a cabo CIC en el área en el contexto del “Reglamento Conjunto 2020” y en cuanto a si la utilización de una zaranda para cernir el material extraído debe ser “considerado como procesamiento de material de la corteza terrestre”. Sierra contextó en favor del contratista y utiliza como base una pre consulta que realizó la empresa Areneras de Yabucoa a OGPE - totalmente ajeno al proyecto del dragado -, basándose en el Reglamento Conjunto 2020. Ese Reglamento Conjunto fue declarado nulo por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo no atendió el caso en sus méritos por lo que prevalece la decisión de nulidad del foro intermedio. Esta investigación descubre además, Rodríguez Camacho tiene permiso para vender el material crudo que extrae producto del dragado del fondo del Embalse. Pero, no cuenta con un permiso para operar una actividad industrial de cernimiento y venta de material extraído de la corteza terrestre. Rodríguez Camacho alega en la carta que la operación que lleva a cabo su empresa solamente usa una "zaranda" para cernir el material crudo y quitar algunos desechos que pueden inmiscuirse, como botellas o basura. Al cierre de esta edición, ni la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez ni la presidenta de la AAA, Pagán Crespo, contestaron peticiones de entrevista a través de sus oficiales de prensa. En el caso de la AAA, la oficial de comunicaciones, Natalia Colón, dijo que "esto pasa por diferentes aprobaciones". No identificó quiénes aprueban la entrevista, pero sí dio acuse de recibo de un correo electrónico en el que se formalizó la petición. Por su parte, se llamó y se envió mensaje de texto a Joel Seijo, oficial de prensa del DRNA, para contar con una reacción de la secretaria interina Rodríguez Vega, pero al explicar el propósito de la petición de entrevista se detuvo la comunicación. Nota de los editores: Sigue la serie Cantera de Corrupción. Más tarde, hoy, te explicaremos cómo funciona la cantera que opera CIC sin permisos en la zona del karso. A las 5:00 PM tendremos un LIVE en todas nuestras plataformas el que se el caso completo con documentos en mano. Mañana, un reportaje sobre el junte entre militantes políticos y exfuncionarios de gobierno. Sigue conectadx a las plataformas de EyBoricua y Bonita Radio para la actualización de esta pesquisa.

Por Marcos Pérez Ramírez y Carmen Enid Acevedo EyBoricua.com y Bonita Radio Arecibo – La empresa Caribbean Island Construction (CIC) fue contratada para dragar el embalse que alimenta al Superacueducto, pero en su lugar estableció una cantera sin permisos en la zona del karso que opera mediante pagos en efectivo, según una pesquisa revelada hoy por Ey Boricua y Bonita Radio. En esta secuencia de fotografías y videos tomados entre los meses de abril y junio explicamos en 11 pasos cómo funciona la operación industrial de extracción y venta de derivados de arena y piedra que realiza CIC en la zona de protección especial del karso, en Arecibo. Para esta operación industrial de extracción y venta de derivados de arena y piedra que CIC realiza en el barrio Domingo Ruíz, la empresa utiliza dos máquinas, una TEREX modelo M1700 y otra McClosky 733. Según el portal de la empresa Terex, “la última innovación de Terex Washing Systems es el lanzamiento del cernedor de lavado móvil M 1700X. La M 1700X -un rediseño de la M 1700- mejora la M Range™️de cernedores móviles de lavado fabricados por Terex Washing Systems que pueden producir hasta cinco productos (tres áridos y dos arenas) en aplicaciones que incluyen; áridos, reciclaje, arenas industriales y minería”. De otra parte, según el portal de la empresa matriz, la McClosky 733 es una máquina “de alta producción con un transportador de finos radial de 160º y un transportador de gran tamaño en un uno de sus extremos que brinda una amplia capacidad de acopio. El 733, que también está disponible en versión de doble potencia, cuenta con un motor de 130 kW (225 CV) que impulsa el tambor móvil de mayor capacidad del mundo. [...] El 733 ofrece un producto de alta calidad sin igual en una variedad de sectores, como la construcción y la demolición, la tierra vegetal, el compost, el reciclaje de residuos y muchas otras aplicaciones de cribado de gran tamaño”. Así funcionan las dos máquinas en la cantera que opera CIC en Arecibo. Proceso para obtener derivados de arena y piedra: 1. Se extrae material crudo del río o embalse (video abril 2022) 2. Camino por el que se trae material crudo de río o embalse a la máquina Terex (video junio 2022) 3. El material crudo extraído del fondo del embalse o río (slush) se deposita en máquina TEREX (foto abril 2022) 4. La máquina TEREX procesa el material crudo extraído del río o embalse para que quede más refinado (screenshot video tomado junio 2022) CROP A IMAGEN 5. Se extrae corteza terrestre del mogote y se lleva a la máquina McClosky 733 (Videos abril 2022) 6. El material removido de la corteza terrestre luego es procesado en la máquina McClosky 733 (Videos abril 2022) 7. La máquina Terex necesita utilizar agua para procesar la mezcla del material removido de la corteza terrestre con el derivado refinado del material crudo extraído del río. Esta es una de las bombas que extrae el agua del Río Grande de Arecibo que la máquina necesita para operar (Abril 2022) 8. Charcas que se utilizan para procesar el material extraído de la corteza terrestre con los derivados que se extraen del río. Hay tres charcas. Las charcas #1 y #2 son utilizadas como un fregadero donde se lavan los materiales ya procesados. Luego las aguas usadas pasan a la charca #3, donde se acumulan para luego ser vertidas en el Río Grande de Arecibo. (Video abril 2022) 9. Conexión de máquina Terex a bombas de agua y charcas. La máquina Terex necesita agua para procesar material extraído y derivados. (Video abril 2022) 10. Máquina Terex procesando material que se obtiene de la mezcla de corteza terrestre removida y arena de río. (a partir del seg. 20). (Video junio 2022) 11. La charca # 3 acumula los residuos y las aguas usadas que luego se descargan por un tubo al embalse que se ubica en el Río Grande de Arecibo. Muestra de operación completa (Video junio 2022) ¿Qué hay de los trabajos de dragado para los que se supone que AAA contratá a CIC? En ninguno de los videos o fotografías en poder de esta pesquisa, y que datan desde los meses de abril a junio, se puede apreciar a la máquina de dragado (draga) haciendo los trabajos para los que la AAA contrató a CIC. La evidencia documental y visual en poder de esta pesquisa corrobora que CIC opera una cantera sin permisos, en la que se extrae material de la corteza terrestre y del fondo del río o embalse para producir distintos tipos de agregados de arena y piedra que se utilizan en la industria de la construcción o para la preparación de asfalto, entre otros usos. Es importante recordar que CIC no cuenta con los permisos para operar esta actividad industrial de extracción a gran escala.

Por Rodrigo Otero Goyco Bonita Radio La Federación Internacional de Natación, (FINA, por sus siglas en inglés), celebró un Congreso General Extraordinario en la ciudad de Budapest, Hungría el domingo 19 de junio de 2022, donde participaron las federaciones afiliadas, incluyendo Puerto Rico y con 71.5% de los votos a favor, adoptaron una nueva política de “inclusión de género” que prohíbe que las atletas transgénero compitan en eventos femeninos si realizaron su transición después de haber cumplido los doce años de edad. FINA se convirtió en la primera entidad reguladora deportiva en tomar acción en relación a las atletas transgénero. Apoyó su decisión en las conclusiones de un grupo de trabajo que conformaron en noviembre del año pasado, compuesto por especialistas en los campos de ciencia, medicina y derechos humanos. El debate sobre atletas transgénero tomó protagonismo en marzo cuando la nadadora Lia Thomas se convirtió en la primera atleta transgénero en obtener un campeonato en el evento de 500 metros libres en la División I de la NCAA. La Federación incluye varias disciplinas acuáticas además de la Natación, como los deportes de Clavados, Natación en Aguas Abiertas, Polo Acuático, Nado Artístico y Salto de Altura. Bonita Radio se comunicó con el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) sobre una reacción a este asunto e hicieron referencia a la orden del Comité Olímpico Internacional (COI) que delegó en cada una de las federaciones afiliadas a llevar a cabo los estudios y análisis considerando las particularidades de cada disciplina y así establecer sus propias reglas. Durante el Congreso, FINA propuso la creación de una “Categoría Abierta” para garantizar la participación de las atletas transgénero en nivel élite. El presidente de la FINA, Husain Al-Musallam dijo: “FINA siempre recibirá a todos los atletas. La creación de una categoría abierta significará que todos los atletas tendrán la oportunidad de competir en los más altos niveles”. Esto nunca se ha realizado antes, por lo que FINA liderará el camino. Mi deseo es que todos los atletas se sientan incluidos y puedan desarrollar ideas durante el proceso”. El también el Secretario General del Comité Olímpico de Kuwait, añadió: “Tenemos que proteger el derecho de nuestros atletas de competir, pero debemos proteger la competencia justa en nuestros eventos, especialmente en la categoría femenina en competencias de FINA”. La discusión se enfoca en las atletas transgénero femeninas (hombre-mujer) y no en los atletas transgénero masculinos (mujer-hombre), quienes podrán competir sin restricciones en las categorías masculinas. Bonita Radio conversó con el presidente de la Federación Puertorriqueña de Natación, Fernando Delgado Selles, quién se encuentra en Budapest y participó del congreso en representación de la Federación, votando a favor de la nueva política. Delgado Selles dijo: “votamos a favor de la nueva política, una de avanzada. Con 71.5% de votos a favor, FINA es la primera federación en proponer una categoría abierta para los atletas transgénero”. A la pregunta de si existen atletas transgénero que compiten bajo la Federación Puertorriqueña de Natación, Delgado Selles contestó: “oficialmente no, pero la política beneficiará a niños menores de 12 años que hagan la transición”. Un dato importante en esta discusión, es la cantidad de personas transgénero, cuantas son atletas y cuantas compiten en los más altos niveles. Surge la pregunta si existen suficientes atletas transgénero que justifique la creación de una categoría “abierta” en todas las disciplinas deportivas y mantengan un nivel competitivo beneficiosos para las atletas y atractivo para los auspiciadores. El pasado mes de marzo, el gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, vetó el proyecto HB11 que prohíbe la participación de niñas transgénero en las escuelas del estado. El gobernador justificó el veto, entre otros motivos, a la cantidad de niños transgénero en el sistema de educación estatal. De una población de 75,000 estudiantes en Utah, solo cuatro son transgénero y una compite en deportes femeninos. La legislatura estatal se fue por encima del gobernador y aprobó la ley. Existen dieciocho estados que han pasado legislación que prohíbe la participación de atletas transgénero en los deportes femeninos, el más reciente siendo Louisiana, donde el gobernador demócrata, John Bel Edwards, dijo que no firmaría el proyecto pero no lo vetaría, lo que lo convertiría en ley tan pronto termine la sesión legislativa al gobernador no ejecutar sobre la misma. En Louisiana, la legislatura es controlada por el partido republicano. En Puerto Rico, la representante a la Cámara por el Partido Proyecto Dignidad, Lissie Burgos Muñiz, radicó el PC 0764 para “Crear la Ley para Salvar los Deportes Femeninos” el cual dispone: “que todo equipo deportivo que pertenezca a una escuela pública o institución universitaria pública, o que perteneciendo a una escuela privada o institución universitaria privada compita contra estos, deberá ser expresamente designado en alguna de las siguientes categorías basadas en el sexo biológico de sus miembros: equipos compuestos exclusivamente por personas del sexo femenino, equipos compuestos exclusivamente por personas del sexo masculino o equipos mixtos. Al momento de esta nota, el proyecto no ha sido considerado. Existen 200,000 atletas colegiales en Estados Unidos y se estima que 50 de esos atletas son transgénero. Thomas había expresado su intención de seguir compitiendo luego de su salida de NCAA e inclusive buscar una clasificación olímpica. Después del congreso de ayer, las aspiraciones olímpicas de Thomas se hicieron sal y agua, a menos que en los próximos seis meses, según se estipuló ayer, exista una categoría que permitiera su participación.