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Por Carmen Enid Acevedo
Un hijo de una jueza del Tribunal Supremo y ex asesor del gobernador renunciante, Ricardo Rosselló Nevárez, un matrimonio con potentes contactos con el Partido Nuevo Progresista (PNP) y otra sociedad de bienes gananciales que se ubica entre los amigos del gobernador Pedro Pierluisi, figuran como tres de los bufetes allegados al partido de gobierno con contratos que en cuatro años han sangrado el erario en unos $15 millones, a pesar de que las agencias que los contratan tienen abogados internos.
Una pesquisa de Bonita Radio sobre la contratación legal en las agencias del Estado puertorriqueño en quiebra, coloca a por lo menos cinco bufetes en posición de haber tenido contratos en las agencias más grandes del gobierno, entre ellas, Educación, Transportación y Obras Públicas (DTOP), Familia, Vivienda, Administración de Vivienda Pública (AVP), Autoridad de Carreteras y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, (DRNA).
Entre las ocho agencias tienen contratos con los tres bufetes documentos y que fueron analizados en esta pesquisa periodística, hay no menos de 150 abogados con plaza que son sustituídos en funciones por los contratistas en cuestión.
El que menos tiempo tiene como abogado revalidado y 'solo practioner' y quien más avanzó en obtener contratos hasta de $200K anuales con agencias públicas, es quien creó P3M Bufete Legal, Phillipe Mesa Pabón, hijo de la jueza del Tribunal Supremo, Mildred Pabón Charneco y ex aseror de #RickyRenuncia, tiene contratos por $2.8 millones con el Departamento de Hacienda; la Administración de Servicios de Salud (ASES), la CFSE, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y el DF.
Mesa Pabón salió del gobierno en diciembre del 2019 y el primero de enero del 2020 ya había inscrito su corporación y en marzo del 2020, ya tenía el primer contrato con Hacienda, en junio y julio con la Oficina de la Inspectora General y el Senado bajo la presidencia de Thomás Rivera Schatz.
Entretanto, el que más ha amasado fondos públicos, es el matrimonio de Maria Elena Vázquez Graziani y Alberto C. Rodríguez Pérez, a través de dos bufetes, Vázquez Graziani y Rodríguez y Consultora Legal, PSC. El primero del 2008 con enmiendas del 2009 y el segundo registrado en el Departamento de Estado el 30 de diciembre del 2015.
Los contratos de Consultoría Legal suman $5.8M entre el 2009 y el 2022. $3.2M han sido otorgados entre finales del 2020 y el 2022.
Vázquez Graziani y Rodríguez tuvo contratos con el gobierno de Luis Fortuño hasta el de Rosselló Nevárez en 2019, por unos $4.06M, entre los que incluyó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Ambos bufetes del matrimonio comparten contratación con P3M en el Departamento de la Vivienda, el DF, la CFSE y Vivienda Pública y DS.
Un tercer bufete con grandes tentáculos en las agencias de gobierno es Iguina Oharriz, que más recientemente representa a la agencia en controversias de educación especial. Ha tenido contratos por $2.4M entre el 2020 y el 2022 y ha generado sobre $1.8 en contrataciones con el DE, Departamento del Trabajo, Administración de Familias y Niños, DS y el Departamento de Corrección y Rehabilitación.
El último mes, el Bufete ha hecho representación en los tribunales en casos del DE de Educación Especial y en por lo menos dos de estos, compareció el ex secretario del Departamento de Justicia, Somoza Colombani.
Mañana, en la continuación de esta pesquisa, traemos información de otros dos bufetes con contratos y las conductas de al menos tres de los integrantes antes y después de obtener los contratos millonarios con el gobierno.