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Por Carmen Enid Acevedo
El dinero ha fluido en bruto para el partido de gobierno, el Nuevo Progresista (PNP), con por lo menos cuatro miembros de los recientes abogados-contratistas que le han dejado a la colectividad y a sus candidatos sobre $150K en los últimos dos ciclos electorales.
Solo el matrimonio de María Elena Vázquez Graziani y Alberto C. Rodríguez Pérez, han contribuido al PNP y sus candidatos, entre ellos al hoy gobernador, Pedro Pierluisi, unos $82,353 entre el 2013 y el 2020. De ese total, $70K se dieron entre los años 2013 y el 2017 y el restante entre el 2019 y el 2021.
El matrimonio de Carlos Iguina Oharriz y Yelitza Cruz Meléndez, del bufete Iguina-Oharriz, donaron $17,500 entre el 2018 y el 2020 y $4K entre el 2013 y el 2014, para un total de $21,200.
Entretanto, el bufete que tiene a su cargo el caso legal contra los pobladores de la Reserva de Investigación Estuarina de Jobos en Salinas, González López y López Adames, es uno de esos que compone la nueva cepa de abogados que figuran en el registro de contratos de la Oficina del Contralor como los que han guisado en los últimos años con contrataciones en el gobierno de Puerto Rico.
Uno de los viejos rostros de bufetes que se han sostenido económicamente, se han expandido y sus socios se han convertido en millonarios, es el de Cancio Nadal y Rivera, que mantiene socios allegados a los dos partidos que han gobernador el país. Entre el 2017 y el 2023, sus contratos suman $22 millones.
Además de contratar con corporaciones públicas como la antigua Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), tienen contratos con los municipios de Ponce, Villalba, Trujillo Alto y Canóvanas, entre otros.
En el pasado, "los bufetes del partido" del ejecutivo de turno se dividieron entre Ramírez y Ramírez, Fiddler, González y Rodríguez, O'neill y Borges, el propio Cancio, Nadal y Rivera, y Dominguez y Totti entre otros, de los partidos que se ocupaban del gobierno, Nuevo Progresista y Popular Democrático (PPD). De esos bufetes salieron los jueces del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, Héctor Laffitte, Daniel Domínguez y Jay García Gregory.
El gobernador hoy, Pierluisi, fue empleado de O'Neill y Borges, un bufete que hoy contrata ampliamente con la Junta de Control Fiscal, para la que fue asesor el Ejecutivo electo en el 2020 con el 32 porciento de los votos. En agosto del 2019, ese bufete se amparó en el Código de Ética Profesional de la abogacía para no revelar la lista de clientes privados que han tenido relaciones o propuestas con entidades gubernamentales con las que el entonces juramentado gobernador, habría laborado.
De otra parte, hoy, Homero González López y su contraparte Marie Elsie López Adames, figuran entre esos nuevos rostros que son parte del equipo de abogados que han sustituído a los que tienen plaza en las agencias públicas. Ya lo había advertido en abril de este año y en vistas públicas, la licenciada Mildred Sotomayor del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). "Crearon un bufete privado en la agencia", en referencia a la llegada de la ex secretaria, Tania Vázquez bajo la administración del gobernador renunciante, Ricardo Rosselló Neváres.
La pesquisa que hiciera el agrimensor, Carlos Vega Santos en el sector de Jobos en Salinas, donde por los últimos 30 años se ha rellenado y construido en la Reserva, específicamente en el denominado Camino El Indio, y pagada con fondos públicos por el DRNA, es la base del caso que ahora llevará el mencionado bufete compuesto por González López, a quien en la agencia se le conoce como un "amigo del gobernador" (Pedro Pierluisi).
Los registros públicos del Contralor ubican al bufete González López y López Adames y a su socio González López con contratos por $3.5 millones con agencias como el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el DRNA, la Corporación de Seguros de Cooperativas (COSSEC), el Fideicomiso de Comunidades Especiales y la Administración de Fiscal
OPERACION CEPILLO ANTES DE LOS CONTRATOS
Una de las conductas usuales de los contratistas del gobierno es el arrimo al partido de gobierno para acceder a los millonarios instrumentos que los hacen encargarse de la representación de casos de agencias y municipios. "Solo cuando los acusan buscan a un abogado independentista. Siempre son del corazón del rollo, sobre todo los del PNP", dijo un abogado de la practica civil y penal que no tiene contratos con el gobierno.
Aludió a los casos de acusados por corrupción que han echado mano de litigantes como Harry Anduze Montano y otros, para defenderse de esos asuntos aunque no son allegados a sus filas político partidistas.
Lo que ocurre antes del contrato son las aportaciones políticas. En el caso de los nuevos abogados en contrataciones con el gobierno, el único que no figura en el registro de donantes del Contralor Electoral es el licenciado Phillipe Mesa Pabón, ex asesor del Gobernador renunciante, Rosselló Neváres
González López y López Adames también han sido parte de los contribuyentes del PNP antes de recibir numerosos contratos con el gobierno central. El primero ha donado $10,750, $1,500 de esos entre junio y julio del 2020 a Thomás Rivera Schatz.
López Adames sólo tiene donativos registrados por $1,800 entre el 2014 y el 2016.
Por último, un tercer bufete que desde el 2017 al presente ha tenido contratos por $3.6 millones, está identificado como ESQ Legal Services, cuya propietaria es Grace Marie Figueroa, la notaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que notarizó la venta del predio de terreno de la avenida Ashford en favor de la empresa Krugg Property.
El bufete tiene contratos con el Departamento de Salud, Autoridad de Tierras, Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Autoridad de Carreteras y Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias y Edificios Públicos.
Figueroa es una donante activa del PNP desde el 2018, según los registros digitales de la Oficina del Contralor Electoral. Le ha donado a las senadoras por San Juan, Nitza Morán (febrero 2022) y Marissa Jiménez Santoni; al gobernador, Pedro Pierluisi y al representante José 'Quiquito' Meléndez.
