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Por Carmen Enid Acevedo El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) nunca ha cumplido con desarrollar "un Plan de Manejo y la reglamentación compatible para la administración, rehabilitación y conservación de la Reserva Marina La Cueva del Indio", según el mandato de la Ley 10 del 2015, aprobada por una legislatura del Partido Popular Democrático (PPD) y suscrita por legisladores del Partido Nuevo Progresista, como el actual representante por el Distrito 13 que incluye a ese municipio, Gabriel Rodríguez Aguiló. Una investigación de Bonita Radio descubrió que así como el DRNA nunca ha hecho nada con las denuncias de que en el Barrio Sabana Hoyos de Arecibo, donde ubica el Superacueducto del Norte se operacionalizó un negocio de venta de arena y piedra en lugar del dragado del embalse, tampoco la agencia ha cumplido con lo ordenado por la Legislatura desde el 2015. En concreto, la “Ley de la Reserva Marina La Cueva del Indio”, ordenó desde febrero del 2015: "designar el litoral costero localizado en el Municipio de Arecibo como “Reserva Marina La Cueva del Indio”; delimitar el área total de la Reserva, para la conservación de su biodiversidad y el manejo adecuado de la misma; ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales realizar el diseño y estructuración de un plan de manejo de la Reserva; establecer la aplicación de leyes y reglamentos relacionados a la administración y usos de esta Reserva; autorizar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para que se realicen convenios de manejo conjunto con aquellas entidades gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y el Municipio de Arecibo para el manejo conjunto de la Reserva; ordenar la radicación de informes anuales a la Asamblea Legislativa; y para otros fines relacionados" El pasado sábado, miembros de las comunidades volvieron a sacar del medio las verjas de madera que se han colocado en los terrenos de al menos dos lotes que colindan con la Reserva, uno de ellos, propiedad de un donante recurrente de los partidos que han gobernado al país desde el poder Legislativo y Ejecutivo. La agencia que por orden constitucional tiene que velar por la protección de los recursos naturales, tenía hasta 120 días para "en colaboración con aquellas entidades gubernamentales, el Municipio de Arecibo y organizaciones sin fines de lucro" elaborar dicho plan, luego de que el entonces gobernador, Alejandro García Padilla, lo hiciera ley en febrero del 2015. Los 120 días plazo se cumplieron el 10 de mayo del 2015 sin que hasta el día de hoy, ni el DRNA de aquélla administración Popular, ni la de Ricardo Rosselló Nevárez en el 2017-2019; Wanda Vázquez Garced, 2019-2020, ni la agencia en el gabinete del incumbente, Pedro Pierluisi, hayan hecho nada para cumplir con la Ley. La ley 10 se aprobó un año antes de que vecinos de la comunidad de Islote en Arecibo, iniciaron movimientos de protesta y denuncia, sobre el hecho de que uno de los tenedores de tierra en el área de la Cueva del Indio - en especifico colindando por el norte - José González Freyre, cobra desde marzo del 2016 - el acceso a la Reserva. Contra González Freyre existe una querella desde el cinco de agosto de este año, radicada por el líder comunitario y vecino de Islote, Lauce Colón Pérez, sin que hasta el momento la secretaria designada, Anaís Rodríguez Vega, haya hecho nada con el caso. La querella se hizo por vandalización, interrupción de una servidumbre de paso costera y explotación monetaria y cobro de impuestos en la Reserva. Así como bipartita fue la presentación del proyecto de Ley para declarar Reserva la Cueva del Indio, es el compromiso de donativos de González Freyre a las campannas de políticos del PNP y PPD. El proyecto de ley fue presentado por los representantes penepés Rodriguez Aguiló y Ricardo Llerandi; y los Populares, Angel Matos García y César Hernández Alfonzo. En total, entre el 2013 al 2018, González Freyre hizo cuatro aportaciones al PNP y 28 al PPD, que totalizaron $37,0317. Los políticos agraciados fueron los entonces presidentes legislativos, Eduardo Bhatia y Jaime Perelló; el gobernador, García Padilla y el candidato a las elecciones 2016 por el PPD, David Bernier; los entonces representante, Jorge Colberg y Héctor Ferrer (RIP); José 'Conny' Varela y Javier Aponte Dalmau, así como la propia colectividad política. Del PNP recibieron donativos del dueño de Panamerican Grain antes del 2019, el pre candidato a la gobernación entonces, Pedro Pierluisi; el representante, Jorge Navarro Suárez, el candidato, Leo Díaz Urbina; el entonces alcalde de Arecibo, Carlos Molina y el Comité Municipal de Bayamón, que preside Ramón Luis Rivera, hijo. Del 2019 al 2021, el empresario ha donado $56,316 en 22 aportaciones al PNP y 17 al PPD. Incluyó en estas a Pierluisi; los representantes penepés, Jorge Navarro Suárez y José Memo González (Del distrito 14 de Arecibo y Hatillo); el hoy ex alcalde de Arecibo, Carlos Molina y al acusado por corrupción ex alcalde de Guaynabo, Angel Pérez. En la misma fecha pero a candidatos o políticos activos del Partido Popular, González Freyre donó a José L. Dalmau, presidente del Senado; a Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta; al presidente de la Cámara, Rafael Hernandez Montañez; al vice presidente cameral, José Conny Varela y a la candidata del PPD a la alcaldía de San Juan, Rossana López. También donó al representante de nuevo cuño, Hector Ferrer Santiago; senadora Ada García Montes y al convicto ex alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón y al candidato a la gobernación del 2016, Carlos Delgado Altieri. Su donativo más reciente ha sido a Delgado Altieri, quien se asegura correrá para una posición al Senado por Acumulación en las elecciones 2024. La controversia de acceso que desde el 2016 reclaman comunidades aledañas a la Cueva del Indio en Arecibo, culminó el sábado en un intento de la Policía de detener a activistas que una vez más limpiaron el área para lograr acceder a los bienes de dominio público sin que pudiera concretarse toda vez que confrontaron a la autoridad con un deslinde que data del 1974 y que impide que sea bloqueado por parte de los propietarios donde ubica la reserva. La lucha de las comunidades del barrio Islote donde ubica la Cueva del Indio se intensificó desde el pasado mes de julio, cuando se unieron a la comunidad, activistas de otras regiones que proclaman "las playas son del pueblo" y han liberado denuncias de lo que ocurre en la costa como en Punta Bandera en Luquillo, Bo Borinquen en Aguadilla, Joyuda en Cabo Rojo; Reserva Estuarina de Jobos en Salinas y otras áreas del país. A las 11 en Esto es lo último discutimos los hallazgos de esta pesquisa en FB Live por Bonita Radio.

Por Carmen Enid Acevedo Entre el martes 11 y el viernes 14 de octubre, el presidente de LUMA Energy Wayne Stensby, tendrá que entregar a la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes de #usa la contestación a cada una de las preguntas que el 27 de septiembre - a 10 días del paso de #Fiona por Puerto Rico - consignaron en una misiva tres congresistas, entre ellos, el demócrata y 'chairman', Frank Pallone. Las exigencias del Congreso EEUU entre contestaciones escritas y sesiones de "brief" con personal de la Comisión de la Cámara Baja Federal, son idénticas, con algunos requerimientos únicos, que las que hizo la Legislatura de Puerto Rico el miércoles, en una vista de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara en la que Stensby utilizó un libreto que incluía comenzar contestaciones con "Fiona fue un huracán cat1 que dejó sobre 30 pulgadas en la Isla". Ante el hecho de que no fue responsivo, tiene requerimientos de información que se repiten a los del Congreso y que vencen el lunes 10 de octubre. ¿Las despachará Stensby como lo hizo en la Cámara de Representantes Puerto Rico, el miércoles 5/12? Aquí las preguntas del Congreso que deberá contestar Stensby y Luma Energy: 1. Describa la cantidad de financiamiento que su empresa ha recibido anualmente a través de su contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). Al proporcionar su respuesta, desglose los ingresos del contrato tanto anualmente como por categoría, como tarifas anuales, tarifas de incentivo o cualquier otra disposición del contrato que genere ingresos. 2. Proporcionar una descripción de los puntos de referencia de confiabilidad bajo el contrato con la AEE, incluido el progreso de su empresa hasta la fecha en el cumplimiento de cada uno de esos puntos de referencia. 3. Por cada uno de los siete aumentos de tarifas que haya implementado su empresa desde junio de 2021, por favor explique: A. la justificación de cada aumento; b. la cantidad de ingresos aumentados generados por cada aumento; y C. si y cómo LUMA ha reinvertido esos ingresos en medidas para mejorar fiabilidad eléctrica. 4. Describa cualquier medida de resiliencia de la red u otros esfuerzos de preparación realizados antes del huracán Fiona y la comprensión actual de LUMA sobre la eficacia de esos esfuerzos. 5. Proporcione las fechas en las que prevé que: a. 50 por ciento de sus clientes tendrán energía restaurada. b. 75 por ciento de sus clientes tendrán energía restaurada; y C. El 100 por ciento de sus clientes tendrán energía restaurada. 6. Resuma cualquier tecnología de resiliencia de la red actualmente utilizada por LUMA (por ejemplo, energía, almacenamiento, microredes, etc.) y cualquier plan para implementar tecnologías adicionales. 7. Describa cualquier cambio que se haya realizado en las inversiones y la estrategia de LUMA. Adelante como resultado del desempeño de la red durante y después del huracán Fiona. 8. Describa cualquier inversión en infraestructura que LUMA haya realizado para facilitar la interconexión de energía renovable a la red, incluida la energía solar en la azotea mantenida por individuos clientes o comunidades. "Además, solicitamos una sesión informativa con el personal de la Comisión antes del 14 de octubre de 2022, para recibir una actualización detallada sobre el progreso de LUMA en la restauración de energía a los clientes puertorriqueños y para entender el desempeño general de LUMA bajo su contrato y sus planes para mitigar el daño a puertorriqueños en futuros desastres".

Por Carmen Enid Acevedo El evento ciclónico Fiona dejó al menos 89 carreteras estatales con cierres totales en algunos de sus tramos, siendo los municipios de Comerío, Canóvanas, Ciales, Añasco y Utuado los que tienen más daños en las vías públicas bajo la jurisdicción de la Autoridad de Carreteras(AC), según un análisis hecho por esa agencia y en poder de Bonita Radio. Las carreteras 779 y 780 en Comerío; 874, 951 y 952 en Canóvanas; PR 2., 11 y 115 en Añasco y PR 6104 en Utuado, donde colpasó el puente del barrio Salto Arriba. A esos municipios, cuyos alcaldes han reclamado incluso la lentitud con que la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), administra los proyectos de recuperación desde el paso del huracán María hace cinco años, se suman los daños en vías de los ayuntamientos del sur como Cabo Rojo (carreteras 114 y 100), Mayagüez, Hormigueros y en el área norte, Hatillo, Camuy y Arecibo. El análisis de daños en las carreteras del país, que hizo la AC, bajo el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), refleja hasta el momento ocho puentes que colapsaron; la incomunicación por inundación de al menos y por deslizamiento de terrenos; vías obstruidas por la caída de arboles, tendido eléctrico y/o postes; desprendimiento de rocas o la salida del cauce de ríos. La PR 123 en Adjuntas, a la altura del KM26.7 está cerrada de manera preventiva porque las autoridades temen deslizamiento de terreno. En Salinas, el tramo de la PR52 (expreso) en dirección a San Juan está cerrado por deslizamiento de terreno. El país recibió entre el sábado y el lunes pasado, unas 30 pulgadas de lluvia que provocaron la salida del cauce de los ríos como el Río Grande de Loíza, Quebrada Arenas, y el Río Guayanés en Guayama desde las primera horas de las lluvias del sábado. Más tarde, entre domingo y lunes, los ríos Inabón y Cerrillos de Ponce; Rio Grande de Arecibo; Rio Grande de Manatí; Rio La Plata y Rio Bayamón, también se salieron de su cauce.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La corporación de la que es parte el ex secretario del Departamento de Estado, Luis G Rivera Marín bajo la administración de #RickyRenuncia, desarrollará el área de la La Playa los Machos en Ceiba, a un costo de $1.6 millones de cánon de arrendamiento por 30 años, y un dos porciento anual de los ingresos que generen los concesionarios de comida, espectáculo, hospedaje y deportes acuáticos que se instalen allí en un contrato que dice mucho y hace silencio en quien lo hará cumplir. Rivera Marín y su socio, el inversionista político del #PNP, Luis Alberto Rubi González, llegaron sin problemas hasta el municipio de Ciales bajo la administración del novoprogresista, Samuel Rivera Baez, quien se sentó en la poltrona en enero 2021 y ya en julio 2022, estaba firmando un contrato otorgado a base de una propuesta. Rubi González, hijo del reconocido contratista del sector de hogares de lujo entre Guaynabo y Dorado, Cleofe Rubi, es parte de la corporación Guayacán Guest Services que contrató con el municipio de Ceiba el pasado 15 de julio. Copia del contrato obtenido por Bonita Radio, da cuenta entre sus páginas 16 y 20, de cómo se calculará la renta que pagará por 30 años la corporación Guayacán Guest Services, que fue radicada en el registro de corporaciones del DE por Rivera Marín y Rubi González, el 22 de marzo de este año. Aunque en su primera página se alega que se llevó a cabo por subasta, a través de un “RFP”, no se provee información sobre esa gestión pública de un proyecto que podría tener una inversión de sobre $100M y que deberá ser fiscalizado por el municipio de Ceiba y su alcalde, Rivera Báez. Tampoco se establece si pasó por el cedazo de la Legislatura Municipal. La propuesta establece que se desarrollará el área costera de Los Machos y lo identifica como “un pueblo frente al mar” con infraestructura para deportes acuáticos, senderos, campamentos, comida al aire libre, pérgola o auditorio para espectáculos y almacenamiento de botes”. La creación de la corporación Guayacán Guest Services se dio el 22 de marzo de 2022, mientras el contrato de "Cesión y Desarrollo" se firmó por el alcalde Rivera Báez y Miranda Marín el 15 de julio de 2022, cuatro días más tarde de que resolución de la Junta de Directores de la corporación - que no está incluida en el registro digital del DE - colocara a Rivera Marín como el representante para el acto de contratación. El contrato de 55 páginas hace silencio sobre quienes estarán a cargo de la fiscalización de un contrato que coloca en el contratista el peso de preparare estados financieros auditados para calcular anualmente el dos porciento del ingreso bruto como parte del pago al municipio por enajenar la Parcela Tres de la Playa Los Machos. El cánon de arrendamiento comienza en $1k al mes por los primeros dos años; $3K por los próximos dos y del 1quinto al año 30, $5k mensuales o $60K al año. Eso suma $1.6M por el tiempo que dire la enajenación después de desarrollados los terrenos que conforman la costa de la mencionada playa que fue parte de los balnearios y terrenos que administraba la desaparecida agencia de Parques Nacionales. El contrato trae información. de un fondo de "conservación" que sería creado sin información de cómo se manejaría.

Por Carmen Enid Acevedo El secretario del Departamento de Salud mantiene contratos con Vieques Air Link hasta el 31 de enero 2023 por $817K, por traslado de pacientes de las islas municipio de Vieques y Culebra a la Isla Grande, empresa de la cual es vice presidente de operaciones su hermano Rafael Mellado López y de la que fue directivo el propio titular de la agencia. Al día de hoy, el secretario, un ex director del Comité de Programa de Gobierno del gobernador, Pedro Pierluisi y quien se asegura tiene aspiraciones de correr para una posición electa en el 2024 bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP), no tiene radicada una dispensa sobre la contratación a la empresa en la que su hermano funge como vice presidente de operaciones desde el 2009. En el 2019 Vieques Air Link se unió en una sola corporación con Vieques Management, según los registros de corporaciones del Departamento de Estado. En los documentos públicos del 2015 y 2016, Mellado López, secretario de Salud, comparece como vice presidente "indefinido" de la corporación. En el 2017, comparece como 'secretario". No hay rastro en el DE que ubique a Mellado López fuera de esa corporación a través de una resolución corporativa que así lo certifique. En su informe de ética, del 2020 se muestra un ingreso por negocio propio de $2.6M y en el del 2021, no hay ningún ingreso por ese concepto. Uno de los ejecutivos de VAL, Victor Simons Félix, fue socio de Mellado en por lo menos una corporación de salud que operaba el Centro de Salud de Canóvanas. S.M. Medical Services estuvo ligada al hoy principal gestor de la política pública de salud en la Isla, a través de su sociedad con Simons Félix, quien resultó convicto de un caso de fraude en el proceso de quiebras de la entidad y donde fue mencionado el propio Mellado López. El hoy Secretario se ha desligado de la controversia diciendo que delegó en Simons Félix las gestiones del proceso de quiebras. Simons Félix es hoy el sub tesorero y sub secretario de VAL, empresa que mantiene como VP de Operaciones al hermano de Mellado López, Rafael. La corporación que presidente, Carlos Rodríguez Benítez, ha recibido contratos con el DS, de febrero del 2022 a enero 2023, por $817,400, según los registros de la Oficina de la Contralora. Rodríguez Benítez es el presidente, al igual que lo era cuando el médico de profesión, Mellado López, surgía en los documentos oficiales como oficial de VAL. Mellado López tiene unas diez peticiones de consulta en la Oficina de Etica Gubernamental (OEG) y ninguna está relacionada con el hecho de que su hermano es ejecutivo de la empresa que su agencia contrata para trasladar pacientes de las islas municipios a Fajardo y en ocasiones a San Juan. La última vez que mencionó esa contratación, fue la semana pasada cuando restó importancia al cierre de una de dos salas de parto de la región Este que sirven precisamente a las mujeres de la Isla Nena y de Culebra. Según los registros de la OEG, Mellado López ha solicitado las consultas 21-212; 21-257; 22-08; 22-09; 22-010; 22-012; 22-031; 22-035; 22-047; 22-067; 22-113; 22-433, sobre cambios en contrataciones de personal de la agencia y parentezco de uno y otro empleado que trabajan en la dependencia. Nunca sobre su relación con Rafael, quien recibe el beneficio económico de que VAL y los ex socios de Mellado López tengan contratos con la agencia que dirige. Llama la atención que los dos contratos y una enmienda con VAL no han sido firmados por el Secretario aunque sí comparece como la autoridad para emitir el documento legal. En su lugar, firma el contrato Ezdras Vélez Rodríguez, Principal Oficial Administrativo de la agencia. Tampoco es firmado por el sub secretario del DS, Félix Rodríguez Schmidt, a nombre de quien el Secretario hizo una petición de consulta a Etica el 28 de abril de 2021, por su relación con una Iglesia, una estación de radio religiosa; en la Universidad Ana G. Méndez y la Alianza de Puerto Rico para la Trata Humana. Todos los contratos suponen que el servicio de VAL será traslados de emergencias; comunitarios catastróficos, traslados de personal médico y administrativo y vuelos charter. No es la primera vez que los conflictos de Mellado López salen a relucir en la historia de su vida pública. En el 2013, cuando era Procurador del Paciente Noticel, bajo la administración de los periodistas fundadores, Omaya Sosa Pascual y Oscar Serrano, publicó una noticia bajo el titulo "Procurador de la Salud inmerso en múltiples conflictos de interés" en la que se documentó conflictos entre S.M. Medical.

EDITORIAL Por Carmen Enid Acevedo “Hagan la protesta frente a LUMA. Cuando dicen que la van a hacer frente a La Fortaleza para que sea con el gobernador, se ve a leguas. Esto no es por LUMA, no es por el sistema energético, sino una manera de desestabilizar el gobierno o achacarle al gobernador esto, que tiene un contrato que es heredado”, las palabras de la Comisionada Residente, Jennifer González para demonizar la protesta convocada para mañana con relación a la incapacidad del gobierno de exigirle a la privatizadora que cumpla con la relación contractual a la que se obligó para la distribución y transmisión de energía al pueblo. De paso le lanza la toalla a quien fuera su compañero de papeleta en el 2020, en el pa atrás y palante de su incómoda posición por querer retarlo para las próximas elecciones para lo que ya cumplió con uno de los requisitos del patriarcado penepé, casarse por la Santa Iglesia Católica. Su postura de hoy se encuentra con un evento que no solo la descubre, sino que la coloca en la lista de aquéllos que con expresiones escritas para contestar lo urgente quieren engañar al pueblo. En la historia política de Puerto Rico, el PNP tiene un evento violento que mucho tiene que ver con la ideología que los mueve para seguir cada cuatro años prometiéndole la estadidad a sus seguidores y seguir viviendo de la chequera del pueblo. En el 2001, el entonces presidente del partido de la hoy Comisionada, Carlos Pesquera, mientras ella laboraba en la Autoridad de Energía Eléctrica, en una posición a la que la acomodó su activismo en el PNP, protagonizó una embestida violenta a la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres de reciente creación entonces, para instalar a la fuerza la bandera de Estados Unidos. Allí estuvieron otros como Thomas Rivera Schatz, Edwin Mundo y Leo Díaz. #ProhiboOlvidar ¿Y así se protesta Comisionada? ¿Qué sistema de gobierno estaba instalado hace 20 años en Puerto Rico? ¿El comunismo de la Primera Gobernadora electa? Su partido también tiene tatuado en la historia, la confección de las carpetas por razones ideológicas en la División de Inteligencia de la Policía; el asesinato de rodillas de dos jóvenes independentistas en 1978 en el Cerro Maravilla en Villalba; y hace menos de un mes, el asesinato de un menor desarmado de 16 años, a quien siete policías le vaciaron sus armas de fuego en medio de un seguimiento en una calle sin salida en la urbanización La Riviera en Rio Piedras. Hablemos de la ejecución de un proyecto organizado para llevar al país a la desestabilización de hoy. De su democracia. De su derecho a vivir en paz en el lugar que los vio nacer. El país del Siglo21, dolido y angustiado por la inercia, negligencia y desidia de su gobierno, no necesita escuchar del liderato político campañas de miedo y demagogia nacidas en el fascismo histórico de Adolfo Hitler y Joseph Gobbles. El pueblo urge de los políticos electos, discusión y compromiso desde la honestidad en un momento de crisis del sistema de energía y de salud, por mencionar solo dos que han provocado muerte y tienen al país a la deriva. Que su gobierno es incapaz de servir desde las agencias dirigidas por incluso funcionarios que venden propiedades del pueblo a los inversionistas políticos sin que el Departamento de Justicia haga lo que tiene que hacer para encontrar los responsables del chanchullo abierto y descarado. El pueblo exige un gobierno que deje al Partido a un lado y ponga todo su esfuerzo, inteligencia y capacidad, en las necesidades colectivas porque ya no aguanta más tanta injuria sobre ofensa. Comisionada, la ideología que mueve esta protesta contra #Luma y su gobierno es la de la supervivencia en la democracia mentá. El pueblo protesta donde le de la gana pues así es la democracia. Hasta donde le lleguen los pies y la vergüenza en la cara. #editorial #PeriodismoIndependiente #PeriodismoDigital #SomosMás

COMUNICADO DE PRENSA “Somos más, y tenemos contenido”. Bajo ese lema, las plataformas independientes de noticias digitales Bonita Radio, ¡Ey! Boricua, News is My Business, y ¡De la Nada! presentaron ante un selecto grupo de líderes empresariales y publicitarios la diversidad de su oferta de contenido, que va desde investigaciones periodísticas y periodismo de negocios, a animación, gastronomía y deportes. “Estos medios independientes ofrecen una oferta de contenido diferente, desarrollada por periodistas profesionales que tienen una trayectoria probada, una credibilidad y una experiencia que les ha llevado a tener una gran aceptación entre sus audiencias, que no necesariamente se está traduciendo en el apoyo publicitario que merecen”, explicó Marnie Ferrer, consultora de ventas y mercadeo. Durante su charla, Ferrer explicó los cambios que se han dado en los pasados años en las preferencias de los consumidores de medios en Puerto Rico y el mundo, que debido a los cambios tecnológicos y el desarrollo de las redes sociales, consumen más contenido digital que el de otros medios tradicionales. En un panel de discusión, los periodistas Carmen Enid Acevedo (Bonita Radio), José E. Maldonado (¡Ey! Boricua), y Michelle Kantrow (News is My Business) explicaron cómo sus plataformas individuales llegan a diferentes segmentos del mercado y cómo los anunciantes pueden trabajar propuestas creativas para integrar sus marcas de manera efectiva en estas plataformas para impactar a los consumidores. “El panorama publicitario y las plataformas cambian todos los días, pero lo que no cambia es el compromiso de nosotros como periodistas de llevar información fidedigna a nuestros lectores de una manera responsable y ética. Queremos atraer la atención de que nuestros medios están disponibles como una alternativa de calidad para que las agencias publicitarias y sus clientes lleven sus mensajes a la audiencia mientras apoyan el periodismo de calidad”, explicó Acevedo. En conjunto, las cuatro plataformas presentadas lograron en el 2021, un alcance de 50 millones entre impresiones, publicaciones compartidas y ‘views’ de sus contenidos en sus sitios web, redes sociales, redes de video y ‘podcasts’. “Cada uno de estos medios digitales independientes tiene sus fortalezas particulares. Algunos se enfocan más en la parte visual, otra en la escrita y otras son multimedios. Lo que las caracteriza a todas es el contenido veraz y de calidad que se traduce en fidelidad de sus lectores y consumidores, que puede ser algo muy valioso y efectivo para las marcas que los auspicien”, concluyó Ferrer.

Y acusan de 'dejadez' al Gobernador Pierluisi Por Carmen Enid Acevedo El juego/denuncia parece llamarse "Más corrupto eres tu". El domingo seis de agosto en la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Guayama, un candidato acusaba al Comisionado Electoral de ese partido, Edwin Mundo, de no detener la denuncia de corrupción de la candidata que ganó la contienda, la ex alcaldesa Glorimari Jaime. Ese mismo día, pero en Cidra, el representante novoprogresista, José Torres Zamora fue fotografiado con el abogado, contratista y ex miembro de los cuadros de liderato del PNP y hoy convicto federal por esquemas de soborno, Oscar Santamaría, mientras Mundo acusaba en redes sociales a otro penepé de filtrar la foto que le envió un candidato derrotado en ese municipio. Entretanto, en Guayama el tiroteo entre el ex presidente del Comité Municipal estuvo dirigido a Mundo y al hoy Gobernador Pedro Pierluisi, a quien acusó de dejar que los "directores regionales hagan lo que les da la gana". En Cidra, Mundo, un ex representante que dirigió los esfuerzos electorales de Pierluisi en el 2020, contestó las expresiones del derrotado candidato a dirigir los destinos del PNP en Cidra, Adalberto Reyes, alegando que fue él quien envió la foto a quien la publicó en su red social Twitter, Juan L. Camacho, quien asestó "buscando que la jauja corrupta regrese a Cidra". El líder electoral de la Palma le respondió en Twitter y es una cita: "Camacho Dile que tú eras el compañero de programa de Adalberto Reyes quiero perdió en Cidra y quien fue el que te envió la foto. También dile que la esposa de Santamaria voto por Adalberto quien es su amigo y fue su compañero de trabajo". El ganador en Cidra, Delvis Pagan, tendrá como vice presidente a Christopher García, quien fuera ayudante de Santamaría en Waste Collection. El agravante de los dimes y diretes entre penepés, sobre sus acomodos con funcionarios y contratistas corruptos, es el hecho de que Pagan laboró en la alcaldía de Cidra con el ex alcalde, Javier Carrasquillo, quien se asegura ideó el esquema de pedido de sobornos que mantienen a oficiales electos a alcaldías del PNP y del PPD, convictos por corrupción. Entre ellos, el ex presidente de la Federación de Alcaldes y el ex de Guaynabo, Angel Pérez. El toma y dame entre correligionarios se dio a horas de diferencia entre las cuatro elecciones municipales que se celebraron en esa colectividad y que incluyó también a Cayey y Salinas. En Guayama, los reclamos de que Mundo no hizo nada con las alegaciones de corrupción de Jaime, ex alcaldesa de Guayama del 2008 al 2012, se dieron por voz del candidato a la presidencia del Comité, Fernando Sanabria. En un video de 5:44, el derrotado candidato alega que le notificó a Mundo que "falsificó firmas, vació listas en sus planchas y se llevó la queja donde Rosa Vellón y Edwin Mundo y a ninguno le importó". Adjunto video "Todos saben que la administración más escandalosa no fue la de Eduardo Cintrón, fue la de Glorimari Jaime", en alusión al convicto ex alcalde del Partido Popular Democrático (PPD), que hizo admisión por un esquema de soborno precisamente de las manos de Santamaría, a través de contratos de basura y asfalto. Dijo además que el secretario del PNP, Carmelo Ríos, "sabía que Glorimari Jaime le debía $4K al Contralor Electoral y que le ejecutaron una propiedad por mala paga, y tampoco le importó". "Queremos sacar la corrupción del Partido Nuevo Progresista pero al contrario lo que hacemos es que la metemos dentro del Partido. No aprendemos de nuestra historia". Al Gobernador Pierluisi le reprochó que no apoyó su candidatura después de él haberlo respaldado a pesar de que Ricardo Rosselló tampoco lo apoyó siendo presidente del PNP en Guayama, como tampoco lo hizo Wanda Vázquez Garced, precisamente acusada hoy de corrupción por recibo de sobornos de manos de un financiador de su campaña primarista.

Por Carmen Enid Acevedo La firma internacional que se alega contrató el banquero, Julio Herrera Velutini para hacer investigación y estrategia en favor de la campaña electoral primarista de la ex gobernadora, Wanda Vázquez Garced, CT o Crosby Textor, confirmó que coopera con las autoridades de Estados Unidos con empleados que aún trabajan en la empresa y otro que se encargó del proyecto por el que pagó el hoy acusado y que ya no trabaja en la misma. La acusación del acaudalado banquero venezo-italiano, Julio Herrera Velutini, por pagar sobornos a Vázquez Garced, levantó el interés del periodismo de Inglaterra que lo ubica haciendo numerosas contribuciones a los “Tories” en el país europeo desde el 2019. Se alega que al partido conservador de Inglaterra, Herrera Velutini, “ha donado más de medio millón de libras desde que Boris Johnson asumió el cargo, incluidas 100.000 libras esterlinas ($127k) días antes de las elecciones generales de 2019. Las donaciones se realizaron a través de Britannia Financial, el grupo de servicios financieros con sede en Londres del financiero venezolano, que no ha sido acusado de irregularidades”, según The Financial Times Tal y como adelantara Bonita Radio sobre la participación de CT Group en la pesquisa federal de financiamiento de campañas 2020, firma con base en Londres que haría análisis e investigación electoral para la primarista Vázquez Garced, la empresa coopera con las autoridades federales que lograron la acusación de la ex secretaria del Departamento de Justicia; Herrera Velutini y el ex agente federal, Mark Rossini. Así lo confirmó al Canal 4 en Londres. Bonita Radio obtuvo copia de las declaraciones hechas a través de correo electrónico al medio londinense. “De hecho, los empleados pertinentes de C|T existentes y el ex empleado Mark Fullbrook son testigos en este asunto y ellos y C|T Group se han comprometido total, completa y voluntariamente con las autoridades estadounidenses en este asunto, como siempre lo hacen en cualquier circunstancia en la que Las autoridades solicitan la asistencia de C|T Group”. Añadió que C|T fue contratado solo por el Sr. Herrera y solo para realizar investigaciones de opinión para él y nadie más. Nunca hizo ningún trabajo ni presentó ningún resultado de investigación para la gobernadora o su campaña. No ha sido contratado por él desde entonces”. Un portavoz de C|T dijo: "C|T Group está comprometido y cumple con todas las leyes y regulaciones en cualquier jurisdicción en la que trabaja y confía en que lo ha hecho en este asunto. C|T Group entiende que existen procesos judiciales activos contra otras personas y entidades. Por lo tanto, sería inapropiado hacer más comentarios”. Según la acusación que trajo un Gran Jurado el miércoles en la Isla, Herrera Velutini contrató a CT luego de que lo acordaran con Fahad Gaffar y la entonces sub secretaría de la Gobernación, Lilian Sánchez Pérez. La Gobernadora ya había conocido al paquistaní residente en la Isla bajo los decretos contributivos de las leyes 20 y 22, hoy Ley 60, en diciembre de 2019 y fue en la boda de este, en el Hotel St Regis de Loiza el cuatro de enero 2020, donde conoció a Herrera Velutini. La acusación establece que el interés del banquero de cooperar económicamente con la campaña primarista de Vázquez Garced era que detuviera una auditoría que tenía la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras sobre su banco, Bancredito. Traer a CT Group convirtió a Herrera Velutini en un donante de la campaña de Vázquez Garced para evitar que OCIF lo obligara a cumplir con las leyes bancarias ante una auditoría que detectó irregularidades sobre los ingresos y cuentas del banco, incluso las personales del banquero. Sus "objetivos" al invertir en la campaña de la Gobernadora y más tarde en la del hoy Gobernador, Pedro Pierluisi eran que el banco no tuviera que firmar un Memorando de Entendimiento sobre las deficiencias encontradas en la auditoría; que el banco no hiciera los informes de actividad sospechosa (SAR) sobre eventos en el banco y que OCIF hiciera un informe favorable al banco y que despidieran a empleados de OCIF. Con Vázquez Garced logró el despido de George Joyner en el 2020 y en su lugar colocó a un ex empleado suyo, Víctor Rodriguez Bonilla. En el caso de la intervención con el “Testigo 1” y creador del SuperPac Salvemos a a Puerto Rico en Arlington Virginia, Joseph Fuentes Fernández, esta resultó ser una operación encubierta con el también consultor de la campaña de Vázquez Garced, John Blakeman, y su esposa y presidenta de Bancredito, Francés Díaz Fossé. Entre junio y agosto de 2021, la relación con Fuentes Fernández llevó a Herrera Velutini a donar $25K a Salvemos a Puerto Rico a través del amigo del Gobernador que ya cooperaba con las autoridades.

Por Carmen Enid Acevedo Tres oficiales académicos del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico renunciaron esta tarde luego de que la rectora, Ilka Ríos, intervino "para favorecer un estudiante particular" en el proceso de evaluación de su desempeño en la Escuela de Medicina, ante la mediación directa de los padres de éste que fueron identificados como "personas de mucho poder". "Se sale de la norma que los padres de un estudiante puedan directamente comunicarse con un rector para interferir en un proceso evaluativo, yendo por encima de las normas establecidas. Como rectora, la Dra. Ríos debió defender los intereses de la institución, los cuales incluyen el velar por el cumplimiento de los reglamentos internos y las exigencias de las agencias acreditadoras", lee la carta de renuncia del doctor y profesor de la Escuela de Medicina, Hilton Franqui Rivera, Decano Asociado de Asuntos Académicos del RCM. Franqui catalagó de "un atropello a la facultad" las acciones de la Rectora "y no estoy dispuesto a ser cómplice del mismo". "Como claramente expresé en la reciente reunión sostenida con la Dra. Ilka Ríos el pasado martes, 2 de agosto, estoy en total desacuerdo en la manera en que la Dra. Ríos ha completamente obviado e incluso obstaculizado los procesos evaluativos de la Escuela para favorecer un estudiante particular, atropellando completamente las regulaciones de nuestra Escuela y obviando el proceso apelativo de decisiones adversas de la Universidad", añadió. Franqui Rivera advirtió que la intervención de la Rectora interfiere con el proceso de acreditación del Liaison Committee on Medical Education (LCME). El organismo está descrito en su pagina web como aquél que "lidera la innovación a lo largo de la continuidad de la educación médica, desde la escuela de medicina y la residencia hasta la educación médica continua al proporcionar recursos, programas y oportunidades de aprendizaje para apoyar a la comunidad de educación médica. Representamos a todas las escuelas de medicina acreditadas en los Estados Unidos y Canadá que otorgan el título de MD". "Igualmente, esta acción directamente viola varios elementos de acreditación de LCME, según establecido en la misiva emitida por los miembros de los Comités de Monitoreo II y Promociones I/II el pasado viernes, 22 de julio de 2022. Es de particular preocupación, el elemento 9.8, el cual claramente establece que los procesos para decisiones académicas sobre los estudiantes de Medicina debe ser el mismo para el 100% de éstos. Como representante de Facultad ante el LCME, no estoy dispuesto a dar información incorrecta o falsa a esta agencia para ocultar la interferencia indebida de la Rectora. Mi sentido de integridad no me lo permite". "Esta decisión no la tomo a la ligera, pues realmente disfruto trabajar de cerca con nuestros estudiantes, así como promover el mejoramiento continuo de nuestra Escuela de Medicina y el cumplimiento con los requisitos de acreditación del LCME. Sin embargo, es precisamente mi compromiso inquebrantable con los estudiantes, con mantener el prestigio de la Escuela de Medicina y con el cabal cumplimiento con las normas de acreditación lo que me lleva a tomar esta decisión", señaló el académico y médico. Entretanto, en su carta de renuncia el Decano de Asuntos Estudiantiles, Joalex Antongiorgi Torres, llamó la atención de que "nuestra institución posee procesos apelativos a los cuales siempre he de respetar, pero en este caso se han obviado y tomado decisiones sin nuestra consideración. No es justo para los estudiantes que han tenido decisiones adversas en el pasado, ni los que pudieran tenerlas, si no se mantiene un proceso que sea claro, transparente y establecido por nuestras Políticas y Guías". Una tercera oficial de la EM, la presidenta del Comité de Promociones, Dra. Adelaida Ortiz, renunció igualmente ante la situación que manejan hace ya unas dos semanas y que mantienen un ambiente de inestabilidad en una unidad académica a cuya administración le ha sido cuestionada la gobernabilidad desde el año pasado cuando perdieron la acreditación del Programa de Neurocirugía. El entonces rector del Recinto, Dr.Segundo Rodríguez Quilichini, perdió su puesto cuando el gobernador le solictó la renuncia en abril del 2021. .

Por Carmen Enid Acevedo En una movida que podría explicar el silencio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) con relación a la operación de una cantera en el área donde se suponía que se realizara un dragado en Arecibo, el abogado del contratista informó que la obra está paralizada por la agencia, porque requirió que Caribbean Island Corp. (CIC) obtuviera el Permiso General de Obras (PGO) lo que no tuvo hasta el pasado viernes 22 de julio en horas de la mañana. Mientras el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) asegura que tiene prueba para establecer que en las fincas donde ubican las charcas en la planta de filtros Antonio Santiago Vázquez en el Superacueducto del Norte, se viabilizó una actividad de cantera comercial, es la propia parte querellada la que admitió que no fue hasta el 22 de julio que obtuvo el PGO para la obra que alega que comenzó en enero del pasado año. Evidencia en poder de Bonita Radio sitúa el inicio de la operación en noviembre del 2021. La información ventilada el viernes en una vista administrativa en el DRNA, confirma uno de los extremos traídos por la investigación periodística de Bonita Radio y Ey Boricua, al examinar documentos que establecieron que cuando se iniciaron los trabajos de 'dragado' que resultó ser una operación de extracción y procesamiento de material de corteza terrestre, CIC no tenía todos los para ejecutar el contrato, según la inspección que hicieron funcionaros del DRNA. En junio pasado y tras cinco entregas donde incluso se explica en imagenes y videos la operación de cantera sin permisos, se trajo evidencia de las transacciones en efectivo entre contratista y operadores de camiones que entraron y salieron al área de las fincas donde se encuentran al menos dos embalses y la bifurcación del cauce del Rio Grande de Arecibo en el barrio Domingo Ruiz de ese municipio. El viernes, en la mencionada vista pública celebrada en el cuarto piso de la agencia, se estableció que la operación de cantera que se realizó CIC necesitaría un permiso formal que "no se rige bajo una evaluación ambiental, sino que necesita una Declaración de Impacto Ambiental e inclusive una consulta de ubicación". "Una materia que deberían discutir la Presidenta de la Autoridad (Acueductos y Alcantarillados) con el Departamento (Recursos Naturales y Ambientales) para levantar esa orden es ponerse de acuerdo hasta donde va a llegar la actividad....no estamos viendo el mismo punto de la actividad. Ellos (los querellados) entienden que no están procesando y nosotros entendemos que si. Tienen que ceñirse simple y llanamente al permiso de dragado que se le dio...de mantenimiento del embalse". Así lo dejó claro la licenciada Mildred Sotomayor Bourbon quien junto al licenciado José Báez, representan el interés público en la vista de Cese y Desista que la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, emitió el 24 de junio pasado contra CIC y su propietario, Carlos Rodrígue Camacho, luego de la querella que investigaron y documentaron miembros del Cuerpo de Vigilantes en Arecibo desde marzo de este año. De hecho, la defensa de la preservación de los recursos naturales y del agua, fue colocada en el registro público por el DRNA y no así por el representante de la AAA, Christian Medina Maldonado quien no pareció tener información de la actividad del alegado dragado y sólo hizo vagas referencias a la necesidad del mismo y al documento de contrato entre las partes. La argumentación de Sotomayor Bourbon se dio ante el examinador designado por el DRNA, licenciado Luis González Ortiz. Representa a Rodríguez Camacho, el licenciado Miguel Torres Torres, quien ya durante la pesquisa de los vigilantes, había hecho comparecencias a favor de su cliente, quien incluso se comunicó directamente con el sub secretario de permisos del DRNA, Luis Sierra Torres. Este último estaba el viernes en la audiencia pública. "De la prueba, fotografías y videos y del testimonio de los vigilantes, parte de la actividad se está realizando dentro del cauce del rio.... y no es parte del embalse...lo que le estamos diciendo al compañero es que ese embalse tiene agua que no viene de la nada..sino que es parte de una bifurcación de un mismo rio...el rio Grande de Arecibo donde se desvía una gran parte de esa una agua para la planta de filtros pero sigue siendo parte del cuerpo de agua represado", explicó en la audiencia Sotomayor Bourbon. Añadió que en Puerto Rico no existe ningún embalse que sea natural, todos son represados para diversas finalidades, unas para agua potable. La teoría de Torres Torres es que el agua que utiliza su cliente, Rodriguez Camacho en la operación que no acepta es de "cantera de procesamiento de material", es "de la Autoridad de Acueductos", a lo que Sotomayor Borboun lo contradice. Argumentó la Licenciada que el agua utilizada en la operación de cantera proviene del rio cuya franquicia es de jurisdicción exclusiva del DRNA como custodio del recurso de agua que se utiliza para dispensarlo al pueblo. "Esa agua es la que se utiliza, según la prueba, para otro propósito que no era para dirigirlo al embalse ni para la planta de tratamiento, era una suplir agua una maquinaria que requiere del agua para poder funcionar". Sotomayor Bourbon planteó que Torres Torres no conoce de qué maquinaria se trata y eso es parte del descubrimiento de prueba que traerá en su día con imagenes de fotos y videos de "varias maquinarias que están allí haciendo funciones no contempladas en el permiso, como es el procesamiento y el recogido de ese material". Dejó claro que "tenemos conocimiento de que la EPA hizo una inspección allí ayer (jueves 21 de julio) con relación al manejo de las aguas limpias y control de sedimentación" en el área y se desconoce el resultado de esa evaluación. Entretanto, a la vista no compareció el director de la Oficina de Cumplimiento Ambiental de la AAA, Edgardo Bermúdez, quien funge en las comunicaciones entre el personal del DRNA que descubrió la actividad de cantera. En su lugar representó a la AAA, Medina Maldonado, Por su parte, Torres Torres, insistió en que el material que se saca del embalse -"que no es parte del lecho del rio (Grande de Arecibo), sino uno artificial donde incluso se instaló un dique cuando se creó en la época de los 90") se draga con una barcaza. Tiene un equipo de succión que saca el sedimiento que pasa por unos tubos que salen a una presión..... y se lleva a otra charca, donde se seca para que se pueda remover eventualmente". Llama la atención de que Torres Torres citó una vez más la carta de Sierra Torres - en una comunicación directa con su cliente, Rodríguez Camacho, en abril de este año - en la que dijo que la utilización de una zaranda para cernir arena, no supone un procesamiento de corteza terrestre". Incluso basa su opinión en un caso del 2021 de la Oficina de Gerencia de Permisos y de un caso de arenero en Yabucoa, que utiliza como base el Reglamento Conjunto que ya a la fecha de la opinión había sido declarado nulo por dos foros judiciales. Por su parte, en su contestación, la representante del interés público, Sotomayor Bourbon destacó que la operación tocó el mogote existente en la finca y "el permiso claramente dice que ese mogote no se podía tocar. Ese mogote fue impactado para sacar material para ser parte de los agregados que se mezclaban con la arena, piedra y grava que sacaban del rio. Y ese material se unía con otro material del que sale un material conocido como 'agregón' "perfecto para la construcción". Alegó entre sus alegaciones, Torres Torres habló de opiniones del Cuerpo de Ingenieros y de EPA pero no pudo traer evidencia de que ambas agencias hayan emitido informes finales después de visitar el proyecto el pasado jueves 21 de julio. Sotomayor Bourbon destacó que el permiso de corte y poda de arboles, se dio "en el camino hacia el mogote que no tenían que tocar" y los arboles quedaron apilados en lo que los vigilantes llaman "una avenida porque allí hay entrada y salida de camiones". La vista administrativa continuó ayer en el lugar donde se operaba la cantera en lugar de un dragado y se espera que la AAA y el DRNA puedan establecer los criterios de la operación legal y que el asunto del desarrollo de la cantera ilegal siga el procedimiento ordinario de adjudicación a partir de la orden de Cese y Desista y la posibilidad de multas por daños ambientales.

Por Carmen Enid Acevedo El dinero ha fluido en bruto para el partido de gobierno, el Nuevo Progresista (PNP), con por lo menos cuatro miembros de los recientes abogados-contratistas que le han dejado a la colectividad y a sus candidatos sobre $150K en los últimos dos ciclos electorales. Solo el matrimonio de María Elena Vázquez Graziani y Alberto C. Rodríguez Pérez, han contribuido al PNP y sus candidatos, entre ellos al hoy gobernador, Pedro Pierluisi, unos $82,353 entre el 2013 y el 2020. De ese total, $70K se dieron entre los años 2013 y el 2017 y el restante entre el 2019 y el 2021. El matrimonio de Carlos Iguina Oharriz y Yelitza Cruz Meléndez, del bufete Iguina-Oharriz, donaron $17,500 entre el 2018 y el 2020 y $4K entre el 2013 y el 2014, para un total de $21,200. Entretanto, el bufete que tiene a su cargo el caso legal contra los pobladores de la Reserva de Investigación Estuarina de Jobos en Salinas, González López y López Adames, es uno de esos que compone la nueva cepa de abogados que figuran en el registro de contratos de la Oficina del Contralor como los que han guisado en los últimos años con contrataciones en el gobierno de Puerto Rico. Uno de los viejos rostros de bufetes que se han sostenido económicamente, se han expandido y sus socios se han convertido en millonarios, es el de Cancio Nadal y Rivera, que mantiene socios allegados a los dos partidos que han gobernador el país. Entre el 2017 y el 2023, sus contratos suman $22 millones. Además de contratar con corporaciones públicas como la antigua Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), tienen contratos con los municipios de Ponce, Villalba, Trujillo Alto y Canóvanas, entre otros. En el pasado, "los bufetes del partido" del ejecutivo de turno se dividieron entre Ramírez y Ramírez, Fiddler, González y Rodríguez, O'neill y Borges, el propio Cancio, Nadal y Rivera, y Dominguez y Totti entre otros, de los partidos que se ocupaban del gobierno, Nuevo Progresista y Popular Democrático (PPD). De esos bufetes salieron los jueces del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, Héctor Laffitte, Daniel Domínguez y Jay García Gregory. El gobernador hoy, Pierluisi, fue empleado de O'Neill y Borges, un bufete que hoy contrata ampliamente con la Junta de Control Fiscal, para la que fue asesor el Ejecutivo electo en el 2020 con el 32 porciento de los votos. En agosto del 2019, ese bufete se amparó en el Código de Ética Profesional de la abogacía para no revelar la lista de clientes privados que han tenido relaciones o propuestas con entidades gubernamentales con las que el entonces juramentado gobernador, habría laborado. De otra parte, hoy, Homero González López y su contraparte Marie Elsie López Adames, figuran entre esos nuevos rostros que son parte del equipo de abogados que han sustituído a los que tienen plaza en las agencias públicas. Ya lo había advertido en abril de este año y en vistas públicas, la licenciada Mildred Sotomayor del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). "Crearon un bufete privado en la agencia", en referencia a la llegada de la ex secretaria, Tania Vázquez bajo la administración del gobernador renunciante, Ricardo Rosselló Neváres. La pesquisa que hiciera el agrimensor, Carlos Vega Santos en el sector de Jobos en Salinas, donde por los últimos 30 años se ha rellenado y construido en la Reserva, específicamente en el denominado Camino El Indio, y pagada con fondos públicos por el DRNA, es la base del caso que ahora llevará el mencionado bufete compuesto por González López, a quien en la agencia se le conoce como un "amigo del gobernador" (Pedro Pierluisi). Los registros públicos del Contralor ubican al bufete González López y López Adames y a su socio González López con contratos por $3.5 millones con agencias como el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el DRNA, la Corporación de Seguros de Cooperativas (COSSEC), el Fideicomiso de Comunidades Especiales y la Administración de Fiscal OPERACION CEPILLO ANTES DE LOS CONTRATOS Una de las conductas usuales de los contratistas del gobierno es el arrimo al partido de gobierno para acceder a los millonarios instrumentos que los hacen encargarse de la representación de casos de agencias y municipios. "Solo cuando los acusan buscan a un abogado independentista. Siempre son del corazón del rollo, sobre todo los del PNP", dijo un abogado de la practica civil y penal que no tiene contratos con el gobierno. Aludió a los casos de acusados por corrupción que han echado mano de litigantes como Harry Anduze Montano y otros, para defenderse de esos asuntos aunque no son allegados a sus filas político partidistas. Lo que ocurre antes del contrato son las aportaciones políticas. En el caso de los nuevos abogados en contrataciones con el gobierno, el único que no figura en el registro de donantes del Contralor Electoral es el licenciado Phillipe Mesa Pabón, ex asesor del Gobernador renunciante, Rosselló Neváres González López y López Adames también han sido parte de los contribuyentes del PNP antes de recibir numerosos contratos con el gobierno central. El primero ha donado $10,750, $1,500 de esos entre junio y julio del 2020 a Thomás Rivera Schatz. López Adames sólo tiene donativos registrados por $1,800 entre el 2014 y el 2016. Por último, un tercer bufete que desde el 2017 al presente ha tenido contratos por $3.6 millones, está identificado como ESQ Legal Services, cuya propietaria es Grace Marie Figueroa, la notaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que notarizó la venta del predio de terreno de la avenida Ashford en favor de la empresa Krugg Property. El bufete tiene contratos con el Departamento de Salud, Autoridad de Tierras, Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Autoridad de Carreteras y Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias y Edificios Públicos. Figueroa es una donante activa del PNP desde el 2018, según los registros digitales de la Oficina del Contralor Electoral. Le ha donado a las senadoras por San Juan, Nitza Morán (febrero 2022) y Marissa Jiménez Santoni; al gobernador, Pedro Pierluisi y al representante José 'Quiquito' Meléndez.