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INTER IMPUTA DESFALCO A CORP. REGISTRADA UN AÑO ANTES DE CONTRATAR CON FONDOS PANDEMIA

Por Carmen Enid Acevedo


La Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) demandó a una joven corporación alegando que cobró $1.4 millones por trabajos no realizados en torno a protocolos del COVID-19 y que fueron pagados con los fondos provenientes del Cares-Act, ley federal que viabilizó ayudas económicas por la pandemia. Se incluye además al ex presidente, Manuel Fernós y al ex director ejecutivo, Dominique Gilormini De Gracia, por supuestamente incumplir con los deberes de sus cargos llevando a que la institución "suscribiera un contrato que no necesitaba".




MAP, Strategies es una corporación que según el registro del Departamento de Estado fue incorporada el 13 de marzo de 2020, dos días antes de que la entonces gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garced, emitiera una orden ejecutiva de 'lock down' ante la realidad de la pandemia. En su descripción establece que se deicará a "Brindar servicios de consultoría sobre temas como asuntos gubernamentales, comunitarios y externos. Se ofrecerá la creación de políticas, logística, campaña y organización de instituciones y causas. Además de cualquier otro tipo de actividad autorizada por ley".


Sus administradores y agentes residentes están identificados como Miguel Marzán Rodríguez y Pierina Ortiz Cortés, esta última, hija del reconocido abogado constitucionalista, Pedro Ortiz Alvarez, quien tiene oficina en el número G-8 de la calle Oneill en Hato Rey, la misma dirección de MAP, según el registro de corporaciones.



La demanda radicada por el licenciado Luis M. Rodríguez es un nuevo capítulo en la zaga de acciones legales entre la Junta de Síndicos de la UIPR y los ex ejecutivos, luego de que Gilormini De Gracia estableció en el record público-judicial en abril de este año, que la Junta lo había relevado de su cargo alegando el inicio de investigaciones internas sobre actuaciones relacionadas con su puesto. El que también llegó a ostentar una posición de catedrático en la Escuela de Derecho, también mantiene una querella ante la Middle States Associations.

Fernós por su parte se encuentra en un proceso de arbitraje luego del despido en mayo de este año que alega se dio “en violación al contrato y por represalia" y solicita compensación que incluye daños y salarios y beneficios dejados de devengar que asciende a $3.4M. Estuvo 23 años frente a la Universidad y le ha imputado incluso 'intervención indebida' a miembros de la Junta en asuntos relacionados con proyectos de construcción.


Manuel Fernos y Dominique Gilormini De Gracia.

El recurso legal alega que MAP Strategies LLC obtuvo un contrato en marzo de 2021 sobre "Propuesta de Servicios Sistema de Inteligencia Epidemiológica para la Comunidad Educativa" que se operacionalizaría en cuatro fases incluida una de vigilancia o "tracking" de la comunidad universitaria. Esa fase se denominó "Sistema Sindrómico" y según la demanda nunca se ejecutó así como un proyecto de "seguridad cibernética".


Entre las alegaciones se encuentra además que el contrato de $1.4M nunca se presentó ante la Junta de Síndicos ni al Comité Ejecutivo de la Universidad, tal y como rezan las normativas de la institución que establece que a partir de $600K la contratación tiene que pasar el cedazo de ese organismo rector.


Cuando el contrato se enmendó los informes leían actividades 'idénticas', según la demanda.


Se alega que el contrato fue enmendado y fraccionado en doce partes para que el pago se diera a través de los recintos y escuelas especializadas, con certificaciones de facturas que según el pliego se pagaron sin que se constatara el trabajo realizado. La UIPR se organiza en nueve recintos y tres escuelas especializadas.


La demanda establece que en la reapertura parcial de los recintos de la UIPR, ya la institución contaba con protocolos para atender la emergencia del COVID-19.


Entre las causas de acción se incluye incumplimiento y cobro; resolución de contratoi, daños y perjuicios relacionada con el deber de los directivos y oficiales de la institución y su alegado incumplimiento de deberes según la Ley de Corporaciones, alegando que los demandados, Presidente y Director Ejecutivo "ocasionaron que la UIPR suscribiera un contrato que no necesitaba y abusaron de su discreción, fueron crasamente descuidados y actuaron contrario a los intereses de la UIPR".


Un 90 porciento de los fondos de la UIPR provienen de fondos federales y se estima que recibió sobre $20M en fondos destinados para atender la pandemia.


El mencionado pleito constituye uno de los primeros radicados en la Isla que argumentan mal utilización de fondos federales durante la emergencia de la pandemia.







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