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Por Marcos Pérez Ramírez | EyBoricua.com | Carmen Enid Acevedo | Bonita Radio Arecibo- El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emplazó en hoy con una orden de cese y desista a Carlos Rodríguez Camacho, presidente de Caribbean Island Construction, quien estaba a cargo de la operación del arenero ilegal que funcionaba mediante pagos en efectivo y que la empresa instaló en la zona protegida del karso sin permisos, en lugar de dragar el embalse de la Planta de Filtros Dr. Doctor Antonio Santiago Vázquez, según contrato con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El documento fue diligenciado por los vigilantes Antonio Crespo Soto, de la Unidad Marítima del DRNA, en Arecibo-unidad que inició la pesquisa- y los sargentos Carrasquillo y Carlos Claudio, de la Unidad Terrestre de la agencia en Guayama. Como parte de la entrega de la orden, los vigilantes le entregaron una copia del documento de diligenciamiento firmado por el agente que entregó el documento y el querellado, así como una copia de la orden de cese y desista, a Rodríguez Camacho. Asimismo, el documento indica que el diligenciamiento debe de ser enviado de vuelta a la oficina de la Secretaria del DRNA. ¿QUÉ DICE LA ORDEN DE CESE Y DESISTA? El pasado viernes la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega emitió una orden de cese y desista, y la paralización inmediata de las actividades de extracción de corteza terrestre y arena de río que la empresa Caribbean Island Construction (CIC) lleva a cabo el embalse Planta Los Filtros Doctor Antonio Santiago Vázquez que se ubica en la zona protegida del karso. La orden estipula las siguientes órdenes: “cese inmediato de actividad comercial de procesamiento y venta de los componentes de la corteza terrestre (arena, piedra y grava); cese inmediato del aprovechamiento de las aguas públicas mediante un sistema de toma de agua; cese inmediato de cualquier actividad sobre el mogote y se le ordena establecer zona de conservación”. El documento le imputa a CIC nueve infracciones a cinco leyes ambientales de Puerto Rico y constata que la operación no cuenta con los debidos permisos, franquicias y endosos de las agencias de Puerto Rico y Estados Unidos, requeridos para las actividades de arenero que la empresa lleva a cabo en la zona de protección especial del karso. Asimismo, el DRNA le exige a CIC presentar un plan de forestación, restauración y mitigación de conformidad con los requerimientos técnicos de la Agencia.

Por Carmen Enid Acevedo La asfaltera que desarrollan dos hermanos ingenieros en el área del barrio Juan Sánchez de Bayamón - Mogote Santa Ana - y a cuya instalación se oponen las comunidades aledañas, no tiene permiso de construcción para fuente de emisión en violación a la Regla 203A del Reglamento de Contaminación Atmosférica, según lo notificó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a los oficiales de DB Asphalt y/o Investments Industrial LLC. En una misiva del 23 de enero de 2023, la agencia le dio a los hermanos José L. y Jorge L. Ortiz Serrano hasta el siete de febrero para que completaran el trámite de permiso, siendo este el segundo con el que no cumplen. El primero, según publicara Bonita Radio en exclusiva, es el permiso Non Pollutant Elimination System (NPES), que exige U.S. Environmental Protection Agency bajo la Ley de Aguas Claras. La misiva, firmada por la ingeniera Amarilys Rosario Ortiz, apercibe a la parte que está en violación del mencionado Reglamento, que se expone a multas de hasta $50K de parte del DRNA, agencia experta, tras ser referido a la División Legal y allí encontrarlos en violación de la disposición administrativa que podría escalar al escenario criminal. De acuerdo a una inspección ocular en el área de la asfaltera, se han instalado "un cilindro de secador de agregados; tolvas para almacenar agregados; cernidor, correas transportadoras; silo de 200 toneladas, un colector de polvo, un generador de electricidad, un tanque de diesel y un tanque de 30K galones para almacenar asfalto líquido; un área para reciclado RAP que incluye una correa transportadora, un cernidor y una tolva de almacenamiento sin un permiso de construcción para fuente de emisión". La comunicación de la oficial del DRNA descubre que la asfaltera la desarrolla la corporación identificada como Industrial Investments también propiedad de los hermanos Ortiz Serrano y cuya existencia legal data de abril del 2022, segúb el registro de corporaciones del Departamento de Estado. El lunes, legisladores de Victoria Ciudadana, Partido Independentista Puertorriqueño y el independiente, José Vargas Vidot, enviaron sendas misivas al alcalde de Bayamón, Ramón L. Rivera Cruz, estableciendo que “Los legisladores suscribientes consideramos altamente preocupante que el Municipio, al igual que otras agencias gubernamentales, le hayan dado el visto bueno a la construcción y operación de una planta dosificadora de asfalto en un distrito que no permite ese uso, en ausencia de una Consulta de Ubicación, mediante fin trámite expedito y con ningún grado de transparencia pública.” “Tras evaluar el Reglamento Conjunto 2020 y los usos permitidos bajo Distritos Pesados y Especializados los legisladores suscribíentes - José Bernarado Marquez; Ana I. Rivera SLassen, Rafael Bernabe y Mariana Nogales Molinelli, así como Dennis Marquez y María de L Santiago - entendemos que el municipio erró crasamente al conceder de forma ministerial los permisos a Industrial Investments LLC”, desarrollador de asfaltera. La comunicación de los legisladores llamaron la atención que la "estrategia de Industrial Investments con establecer un uso permito bajo el Distrito Industrial Pesado I-P, fue activar la facultad del municipio para otorgar un permiso de carácter ministerial y evitar así el tramite exigido en una Consulta de Ubicación y las Vistas públicas con participación ciudadana". Los legisladores soplicitaron del municipio que evaluen el caso a la "luz de las potenciales ilegalidades señaladas" y que escuche a la ciudadanía ante la preocupación por los efectos a su salud y bienestar por operación de la asfaltera.

Por Carmen Enid Acevedo El ex secretario del Departamento De Recursos Naturales Y Ambientales Rafael Machargo Maldonado certificó el proceso de deslinde de la Zona Marítimo Terrestre en el área del desarrollo The Cliff a pasos de la Cueva Las Golondrinas en barrio Borinquen de Aguadilla, a pesar de que no se cumplió con los requisitos de notificarlo a los propietarios de una de las firmas colindantes y se incluyó una localización incorrecta donde se ubicaría el proyecto residencial y que no tiene línea costera. A un día de que la protesta en los bienes de dominio público de Aguadilla produjera una persona herida de bala, cuando un guardia de seguridad de los contratistas, Carlos R. Román González y Julio López Vicente, dispararon contra manifestantes, se conoce que Vilmasor LLC, propietario de una de las fincas colindantes impugnó el deslinde de la zona marítima terrestre que hizo el DRNA en septiembre del 2020. El documento que cuestiona la legalidad del deslinde tiene dos fechas de entrada como tramitados ante el DRNA. Una del 16 de diciembre 2022 y otra del pasado viernes 27 de enero. Ni la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, ni el Gobernador Pedro Pierluisi han informado de este procedimiento que coloca a los demandados contratistas en posición de tener que defenderse de los alegados errores en proceso administrativo de endosos ante la agencia experta. Tampoco lo ha hecho González Román cuando ha recurrido a través de su contacto de prensa, el ex representante del Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico, Antonio “Tony” Soto a medios tradicionales a plantear que tienen permisos al día para continuar construcción de The Cliff. De otra parte, Machargo Maldonado, quien renunció en medio de conflictos ambientales en la zona protegida de Bahía de Jobos en Salinas, hizo la determinación - favor del contratista Carlos R Roman González y Julio López Vicente, propietarios de The Cliff, en septiembre del 2020, a un mes de celebrarse las elecciones generales. La impugnación radicada por voz del licenciado Miguel Sarriera, establece que "el Reglamento es claro en cuanto a los requisitos procesales aplicables a una solicitud de deslinde. No estamos ante un simple o aislado error procesal. Resulta evidente de todo lo anterior que el procedimiento de deslinde que la querellada llevó acabo fue totalmente ilegal y privó a la querellante y al público de su oportunidad de participar en el proceso. Se trata de una actitud displicente y temeraria manifestada a través de un inconcebible cúmulo de violaciones. Por tal razón es forzoso concluir que el objetivo en todo momento fue ocultarle al público y a la colindante el procedimiento de deslinde y la verdadera razón de la solicitud con la expectativa de engañar y así evitar el escrutinio público". Alega además que ni la colindante ni el público fueron informados de que la solicitud de deslinde tenía como objetivo un desarrollo residencial. Esto contrasta con el hecho de que el Secretario del DRNA si fue informado al respecto, como expone en su carta de aprobación del deslinde, y a pesar de esto permitió y aprobó un proceso claramente ilegal en el cual se le ocultó sistemáticamente al público ese importante hecho". “Ni a la querellante colindante ni al público se les informó que la solicitud de deslinde tenía como objetivo un desarrollo residencial. Esto contrasta con el hecho de que el Secretario del DRNA si fue informado al respecto y así lo dejó saber en su carta de aprobación del deslinde. (Ver apéndice pág. 27) De lo anterior se deprende que, a pesar de tener conocimiento del propósito del deslinde, el Secretario permitió y aprobó un proceso ilegal en el cual se le ocultó este hecho al público sistemática e ilegalmente”, reza el documento de ocho paginas radicado por el licenciado Miguel Sarriera, abogado de Inversiones Vilmasor LLC. El documento publicado en exclusiva por Bonita Radio establece que el contratista Grupo Caribe y The Cliff, ambas corporaciones de Román González, incluso informaron que el desarrollo se verificaría en el barrio Camaseyes, cuando en realidad está ubicado en el barrio Borinquen que si tiene costa. Nunca se notificó además que era un proyecto residencial. “El rótulo colocado en el caso O-AG-CER02-AG-00019-22082019 indica que está en la carretera 111 cuando en realidad la carretera más cercana es la 4458. Dicho rótulo no fue colocado en la propiedad objeto del deslinde sino en otra perteneciente en aquel momento a RL Partners LLC., y hoy a Aguadilla Pier, Corp”. #PeriodismodeInvestigación #PeriodismoIndependiente #PeriodismoDigital #contexto #procesoslegales #recursosnaturales #documentospúblicos #puertorico

Por Carmen Enid Acevedo Las instancias en que Carlos R. Román González, propietario de al menos dos corporaciones que proponen varilla y cemento en la zona de la Cueva Las Golondrinas y el Muelle del Azúcar en el barrio Borinquen en Aguadilla, ha desmentido actividad ilegal en cuanto a los permisos de esos proyectos, lo hace a través de "quien me ayuda en eso", identificado por él como el ex representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Antonio Soto. Román González, "un comerciante más que abogado" oriundo de Aguadilla, ha intentado mantener un bajo perfil desde que en mayo 2022, el candidato independiente, Eliezer Molina denunció los trabajos de construcción en el área y miembros de comunidades aledañas a su proyecto iniciaron un movimiento de protesta similar a lo que ocurrió en el 2021 en Rincón. Hace dos semanas, el fogón se intensificó cuando la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, constituyó un campamento denominado Pelícano, una de las especies que habitan en el área. Esto, hasta que la Cámara de Representantes acoja una Resolución de Investigación sobre lo que ocurre en la zona con los recursos naturales, entre mogotes, especies en peligro de extinción, la zona marítimo terrestre y espacios de dominio público. En el área de la Cueva hay dos estructuras que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ordenó su demolición en mayo del 2022. Al día de hoy, tanto esa agencia como la Oficina de Gerencia de Permisos )OGPE) no contestan por qué no se ha cumplido con la orden. Las ocurrencias técnicas y administrativas en el caso The Cliff y un segundo proyecto de muelle, almacenamiento y venta de combustible de aviones, Aguadilla Pier, producen abultados expedientes con las corporaciones de Román González desde que en 2018 adquirió 30 cuerdas de terreno del antiguo Muelle del Azúcar, en una venta judicial luego de que fuera una propiedad del licenciado, Goldwin Aldarondo Girald. "Es una persona bien agresiva. Le gusta el resto. Con muchos contactos en ambos partidos. (PNP y PPD). No lo tocan", dijo sobre Román Gonzalez, una fuente del área Oeste que pidió anonimato. En medio de las ocurrencias del juicio de Sixto Díaz Colón, que pone al descubierto lo que estructuró el gobierno PNP de Ricardo Rosselló para influenciar la opinión pública de la mano de ex políticos que posan como analistas en medios tradicionales y figuras de entretenimiento, Roman González mantiene a Soto como el ente que promueve la publicación de información que trata de establecer que sus proyectos tienen los permisos para remover corteza terrestre, invadir fincas aledañas, construir sobre servidumbres de paso y limitar el acceso a zonas de dominio público. Todo para por un lado, en The Cliff construir un proyecto con piscina, canchas de tenis, centro de actividades y acceso a la playa, por un lado, y otra actividad de venta y almacenamiento de combustible en lo que se denomina Aguadilla Pier. Román González de 51 años contestó dos llamadas de Bonita Radio entre el 23 y 24 de enero en las que identificó a Soto como su persona de prensa, compartió el número telefónico de éste y aseguró que le daría instrucciones de que contestara la petición de información de este medio. Soto nunca contestó las llamadas ni los mensajes de textos. Un ex legislador municipal de Guaynabo, Soto fue Representante desde el 2013 hasta que renunció sorpresivamente el 21 de febrero del 2021, a poco menos de un mes de que las autoridades federales arrestaran al productor, Sixto J. Díaz Colón, por cargos de extorsión y destrucción de evidencia cuyo juicio destapa desde el pasado lunes lo que se adelantó en el #veranodel2019 en el #TelegramChat. Rosselló y su grupo de trabajo gestionaban una estrategia de comunicación de la mano de figuras de medios tradicionales. Una investigación de Bonita Radio descubrió que una de las personas a la que llegó la Fiscalía Federal para dilucidar un esquema de creación de corporaciones para pagar unos 300K del fondo electoral del entonces candidato a la reelección, satisfacer el pedido de extorsión y así frenar la filtración del Telegram Chat, era en aquél momento un empleado de Soto en sus oficinas legislativas. Soto nunca contestó llamadas de Bonita Radio sobre ese particular. El empleado, identificado como Edwin Núñez González y su madre, Mayra González, fueron parte de la investigación que se inició en la Oficina del Contralor Electoral. Al ex legislador solo se identifica en la página de perfil de legisladores de la Cámara de Representantes, como poseedor de estudios "empresariales" en la Universidad Interamericana. No se establece que haya obtenido grado alguno y/o conducentes a grados en comunicaciones y/o relaciones públicas. Se sabe por él mismo que regenta los negocios de funerarias de su familia. Soto, como contacto de prensa de Román González, llega a medios tradicionales de la mano del licenciado Miguel Torres Torres, un abogado ambiental que representa al contratista y sus empresas ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP). Torres Torres también ha representado a Carlos Rodríguez Camacho y a Caribbean Island Corp., la empresa que se llevó el contrato del dragado del Superacueducto del Norte y en su lugar, instaló allí un negocio de venta de derivado de piedra y arena sin que hasta el momento ni esa agencia ni la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hayan informado a dónde llegó el dinero producto de esa operación. Las preguntas sin contestar por Soto y Roman González, incluyen cuánto contacto uno y otro han tenido con los responsables en DRNA, OGPE para investigar y proveer resultados de lo que denuncian comunidades sobre la violación a leyes ambientales en esos desarrollos. ¿Han tenido contacto con líderes legislativos que tienen en su poder resoluciones de investigación sobre el proceso de permisos para The Cliff y Aguadilla Pier? ¿Qué saben del operativo policiaco que hay en el área de The Cliff, que mantiene efectivos 24/7 en el lugar? Han tenido contacto con el coronel, Antonio López Figueroa y el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, sobre ese particular? ¿QUIEN ES EL ESCURRIDIZO CARLOS ROMAN GONZALEZ? A pesar de no contestar, ni uno ni otro, Bonita Radio pudo obtener información que establece el perfil de negocios y de dónde viene el comerciante, quien fue abogado pero ya no ejerce, Roman González. Sus años escolares se remontan al Colegio San Carlos en Aguadilla. Es hijo de quien fuera un reconocido fiscal de Distrito de Aguadilla, Luis A. "Chemy" Roman, quien fungió a finales de los 80 como uno de los fiscales del notorio caso contra Lydia Echevarría, por el asesinato de su esposo, Luis Vigoreaux. Roman murió en un accidente de avión en 1987. Roman González, casado y con cuatro hijos, fue el propietario de Petro Air, una corporación que origina en el 2001 para producir venta de combustible y provee otros servicios a clientes industriales de Puerto Rico y el Caribe. Documentos del Departamento de Estado lo colocan como agente residente y Presidente desde el 2011 y ya en 2017 no se identifica como tal. Es propietario de otras cuatro corporaciones, además de las que lo mantienen en la palestra pública, The Cliff y Aguadilla Pier. Según los registros públicos del DE, figura en RL Partners, Caribe Group, Croman Capital y Aluminios de Puerto Rico. Es socio de Juan López Vicente en Aluminios de Puerto Rico y The Cliff. Con la primera, con sede en Humacao, ha tenido actividades públicas (30 de abril 2019) con políticos como Ricardo Rosselló y su esposa, Beatriz y el entonces secretario del Departamento de Desarrollo Económico Comercio (DDEC) y director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial (CFI), Manuel Laboy. De hecho, Laboy firmó un incentivo de $2M para Aguadilla Pier el 30 de noviembre de 2020, a tres semanas de que se verificaran las elecciones generales. Román González es un contribuyente a manos llenas de figuras como el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán y al candidato del Partido Popular (PPD) a la gobernación, Carlos delgado Altieri, y al candidato y gobernador, Roselló y al PNP. Entre el 2019 y el 2021. donó $17,899 a esos políticos. Las corporaciones a su nombre tienen propiedades en Hacienda Libertad en Añasco - Octubre 2022; Reparto Romany, San Juan - Lote de terreno - Octubre 2021; Barrio Peña Pobre en Naguabo - Nov 2019; Carret. 115 Solar 1, en Rincon - 2019 y en la Urb. La Estancia 3, en San Sebastian - agosto 2016 y en el Barrio Hoya Mala en San Sebastian desde noviembre 2019. A título personal tiene propiedades en el Condado; barrio Camaseyes y barrio Borinquen en Aguadilla y un apartamento de playa en Arecibo.

REPITE EN ESTE CASO FUNCIONARIO QUE AGILIZO PERMISO PARA DESARROLLO EN ZMT DE RINCON Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Una reconocida firma de arquitectos mexicana con oficinas en la República Dominicana detalla en su página web el Plan Maestro que conllevará el desarrollo de The Cliff, el proyecto de construcción en un predio contiguo a Cueva Golondrinas en el barrio Borinquen de Aguadilla, que ha seguido un proceso irregular de permisos cuyo impacto ambiental es cuestionado por comunidades y al menos dos propietarios de fincas aledañas. Asimismo, de una investigación de Bonita Radio sobre el tracto que han tenido los permisos y consultas ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de las empresas que desarrollan el área mencionada en Aguadilla, se descubrió que en septiembre del 2019, Ildefonso Ruiz, entonces director interino de la División de Bienes de Dominio Público, tuvo ante si una solicitud de "certificación negativa de bienes de dominio público" para el área del Muelle del Azúcar. La peticionaria en DRNA en aquél momento fue Aguadilla Pier, corporación de Carlos R. Roman González y Juan López Vicente, los mismos que hoy desarrollan The Cliff. Del examen del expediente no consta que el DRNA haya hecho concesión de bienes de dominio público a individuos o alguna de las corporaciones de Roman González. Cueva Golondrinas es considerada, según los expertos, un bien de dominio público ubicado en la Zona Marítimo Terrestre. Aún así, las actividades de desarrollo de Aguadilla Pier y sus directivos continuaron hasta al día de hoy sobre la Cueva a pesar de que hay una orden de demolición de un potrero y un salón de actividades. Ruiz - quien del DRNA pasó a ser un empleado de la Oficina de Gerencia de Permisos - fue el funcionario de OGPE que admitió haber participado activamente en el 2021 en la petición de un Permiso Unico Incidental en favor de su amigo y socio de negocios, el consultor ambiental Angel Roman Más, quien consiguió los permisos para delimitar la ZMT del Condominio Sol y Playa en Rincón. La controversia de Sol y Playa, denunciada por ambientalistas, el ex candidato a la gobernación independiente, Eliezer Molina y miembros de las comunidades del área Oeste, culminó en una orden de demolición de la construcción de un área recreativa que se insistió en desarrollar sin permisos y en la ZMT de playa Los Almendros. La decisión de la Junta de Planificación (JP) fue llevado ante el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, quien confirmó al organismo en cuanto a que la construcción se dio sin los permisos. El primo hermano del gobernador, Pedro Pierluisi, Walter Pierluisi Isern, recurrió hasta el Tribunal Supremo y perdió cualquier posibilidad de revocación. En el caso de The Cliff, surge del expediente del DRNA que OGPE emitió un Permiso Unico para el desarrollo de The Cliff, con el aval de Rafael Machargo y el ex gerente renunciante de OGPE, Gabriel Hernández. La intervención de Ruiz en el expediente del caso de Aguadilla - que mantiene activo un campamento comunitario-legislativo de la representante, Mariana Nogales Molinelli y que denuncia inacción de la Rama Ejecutiva sobre las violaciones ambientales - se descubre en momentos en que una firma de arquitectos mexicana detalla el plan que tienen los propietarios de The Cliff, LLC, de desarrollar una expansión de terreno que alberga todavía un tanque de almacenamiento de melaza y otras edificaciones de lo que fue el Muelle del Azúcar en Aguadilla. GVA, con oficinas centrales en Zapopán, Guadalajara, México, describe en su página una "Master Plan en el litoral nor poniente de la llamada “Isla el Encanto”. En 6.7 cuerdas se desarrollará "un concepto de Terrazas escalonadas con vista al Mar Caribe. Con una siembra tipo “Town House” de 3 recamaras, espacios fisonómicos y terrazas de vista panorámica con un estilo de arquitectura local colonial". "El desarrollo integra importantes facilidades deportivas como; Pista de trote, Gimnasio al aire libre, Parque Lineal, Parque de Mascotas, (2) Canchas de Tenis, Acceso al club de Playa, Capilla y Casa Club con Piscina", se establece en la publicación que establece que el desarrollo propone un "caso de éxito" que describe como "una oferta única para el mercado local de vivienda para la región nor poniente de la Isla de Puerto Rico". La firma tiene "más de 54 años de experiencia" y QUE aspira a convertirse en la firma con mayor presencia internacional asegura "somos la primera firma mexicana de arquitectura integral en Latinoamérica". Tiene presencia en Panamá, RD y en Colombia. En su visión de negocio de arquitectura sostienen que es "integrar arquitectura de vanguardia con el manejo racional de los recursos naturales para crear un valor económico, social y ambiental en beneficio del ser humano mejorando su calidad de vida y la de su comunidad". En Puerto Rico y en relación a The Cliff, la realidad del desarrollo del proyecto parece estar distante de esta visión. Una investigación de Bonita Radio sobre el expediente en el DRNA sobre el tracto que han seguido al menos tres desarrollos de las empresas del propietario de The Cliff, Roman González, establece que han habido dos querellas entre el 25 de mayo de 2018 y abril del 2019. En el 2018 se construyó en el área un potrero y la edificación que sirve como salón de actividades, hoy con ordenes de demolición por estar sobre el bien de dominio público protegido y en la ZMT. No fue hasta mayo del 2022 que esas querellas fueron de alguna manera adjudicadas a pesar de que habían sido debidamente investigadas por vigilantes del destacamento de Aguadilla en el DRNA. En ese expediente de sobre 475 páginas, se destaca además que la geóloga Ruth Vélez emitió un informe del estado y los movimientos en el terreno luego que que inspeccionara el área. A pesar de que en abril del 2022, el expediente detalla la inspección de otros funcionarios de la Junta de Calidad Ambiental, OGPE y el área de servicios forestales, al día de hoy no hay informe alguno de estas agencias. La secretaria del DRNA, Anais Rodriguez Vega, ha dicho que su agencia espera porque la Oficina de Permisos emita el permiso de demolición. Más información.y análisis 8AM por Bonita Radio

Por Carmen Enid Acevedo Por lo menos cuatro propiedades en Cayey que se asegura fueron declaradas estorbos públicos por parte del ayuntamiento, pasaron a manos de Rolando Ortiz Velázquez, alcalde del Partido Popular Democrático (PPD) a través de una corporación y también a título personal entre 2016 y 2022. Todas están identificadas bajo una misma dirección en la barriada El Polvorín de ese municipio, según registro público del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). A los dos lotes en la calle Núñez Romero que fueron comprados a nombre de MCBRIDGE LLC en julio del 2022, se suman otras dos, una en el número 41 de la calle de esa calle y otra en la José De Diego en el mismo pueblo y una tercera en el barrio Jájome Alto de ese municipio. Esta última fue comprada en el 2016 y las del pueblo en marzo del 2019 y noviembre del 2021, respectivamente. Ortiz Velázquez tiene un total de siete propiedades a su nombre en Cayey, municipio que dirige como Alcalde desde el 1997, luego de ganar por primera vez en las elecciones generales del 1996. Hay dos terrenos comprados en los años 90 en los barrios Cercadillo y Sumido y otro del 2001 en el barrio Lapa del municipio que dirige. En febrero de este año, el municipio de Cayey circuló anuncios en las redes sociales y en un canal de Youtube, poniendo a disposición del público un inventario de propiedades declaradas estorbos públicos. En marzo de este año, la propiedad de la calle José De Diego tuvo un movimiento de titularidad a su nombre. Fue el cuatro de marzo de este año cuando se incorporó MCBRIDGE LLC a nombre del Alcalde. A cuatro meses de creada, MCBRIDGE adquirió dos lotes en la calle Núñez Romero 324-034-070-15 y 070-14, procedentes de la parcela 01 y 06. LLC. El documento de enmienda a la corporación establece que su agente residente y administrador tendrá la dirección del número 26, Calle Evaristo Vázquez, Bda El Polvorín Cayey, P. R. 00736-5032 y ofrece un número de teléfono que comienza con 615. A ese número de teléfono, Bonita Radio se comunicó el domingo en la noche y el hombre que contestó que aceptó ser de Cayey, no quiso identificarse. No contestó si reside en la barriada El Polvorín de ese municipio, dirección de contacto que se incluye tanto en la corporación propiedad de Ortiz Velázquez como en la de sus propiedades a título personal.

Por Carmen Enid Acevedo La Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) demandó a una joven corporación alegando que cobró $1.4 millones por trabajos no realizados en torno a protocolos del COVID-19 y que fueron pagados con los fondos provenientes del Cares-Act, ley federal que viabilizó ayudas económicas por la pandemia. Se incluye además al ex presidente, Manuel Fernós y al ex director ejecutivo, Dominique Gilormini De Gracia, por supuestamente incumplir con los deberes de sus cargos llevando a que la institución "suscribiera un contrato que no necesitaba". MAP, Strategies es una corporación que según el registro del Departamento de Estado fue incorporada el 13 de marzo de 2020, dos días antes de que la entonces gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garced, emitiera una orden ejecutiva de 'lock down' ante la realidad de la pandemia. En su descripción establece que se deicará a "Brindar servicios de consultoría sobre temas como asuntos gubernamentales, comunitarios y externos. Se ofrecerá la creación de políticas, logística, campaña y organización de instituciones y causas. Además de cualquier otro tipo de actividad autorizada por ley". Sus administradores y agentes residentes están identificados como Miguel Marzán Rodríguez y Pierina Ortiz Cortés, esta última, hija del reconocido abogado constitucionalista, Pedro Ortiz Alvarez, quien tiene oficina en el número G-8 de la calle Oneill en Hato Rey, la misma dirección de MAP, según el registro de corporaciones. La demanda radicada por el licenciado Luis M. Rodríguez es un nuevo capítulo en la zaga de acciones legales entre la Junta de Síndicos de la UIPR y los ex ejecutivos, luego de que Gilormini De Gracia estableció en el record público-judicial en abril de este año, que la Junta lo había relevado de su cargo alegando el inicio de investigaciones internas sobre actuaciones relacionadas con su puesto. El que también llegó a ostentar una posición de catedrático en la Escuela de Derecho, también mantiene una querella ante la Middle States Associations. Fernós por su parte se encuentra en un proceso de arbitraje luego del despido en mayo de este año que alega se dio “en violación al contrato y por represalia" y solicita compensación que incluye daños y salarios y beneficios dejados de devengar que asciende a $3.4M. Estuvo 23 años frente a la Universidad y le ha imputado incluso 'intervención indebida' a miembros de la Junta en asuntos relacionados con proyectos de construcción. El recurso legal alega que MAP Strategies LLC obtuvo un contrato en marzo de 2021 sobre "Propuesta de Servicios Sistema de Inteligencia Epidemiológica para la Comunidad Educativa" que se operacionalizaría en cuatro fases incluida una de vigilancia o "tracking" de la comunidad universitaria. Esa fase se denominó "Sistema Sindrómico" y según la demanda nunca se ejecutó así como un proyecto de "seguridad cibernética". Entre las alegaciones se encuentra además que el contrato de $1.4M nunca se presentó ante la Junta de Síndicos ni al Comité Ejecutivo de la Universidad, tal y como rezan las normativas de la institución que establece que a partir de $600K la contratación tiene que pasar el cedazo de ese organismo rector. Cuando el contrato se enmendó los informes leían actividades 'idénticas', según la demanda. Se alega que el contrato fue enmendado y fraccionado en doce partes para que el pago se diera a través de los recintos y escuelas especializadas, con certificaciones de facturas que según el pliego se pagaron sin que se constatara el trabajo realizado. La UIPR se organiza en nueve recintos y tres escuelas especializadas. La demanda establece que en la reapertura parcial de los recintos de la UIPR, ya la institución contaba con protocolos para atender la emergencia del COVID-19. Entre las causas de acción se incluye incumplimiento y cobro; resolución de contratoi, daños y perjuicios relacionada con el deber de los directivos y oficiales de la institución y su alegado incumplimiento de deberes según la Ley de Corporaciones, alegando que los demandados, Presidente y Director Ejecutivo "ocasionaron que la UIPR suscribiera un contrato que no necesitaba y abusaron de su discreción, fueron crasamente descuidados y actuaron contrario a los intereses de la UIPR". Un 90 porciento de los fondos de la UIPR provienen de fondos federales y se estima que recibió sobre $20M en fondos destinados para atender la pandemia. El mencionado pleito constituye uno de los primeros radicados en la Isla que argumentan mal utilización de fondos federales durante la emergencia de la pandemia.

Por Carmen Enid Acevedo El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) nunca ha cumplido con desarrollar "un Plan de Manejo y la reglamentación compatible para la administración, rehabilitación y conservación de la Reserva Marina La Cueva del Indio", según el mandato de la Ley 10 del 2015, aprobada por una legislatura del Partido Popular Democrático (PPD) y suscrita por legisladores del Partido Nuevo Progresista, como el actual representante por el Distrito 13 que incluye a ese municipio, Gabriel Rodríguez Aguiló. Una investigación de Bonita Radio descubrió que así como el DRNA nunca ha hecho nada con las denuncias de que en el Barrio Sabana Hoyos de Arecibo, donde ubica el Superacueducto del Norte se operacionalizó un negocio de venta de arena y piedra en lugar del dragado del embalse, tampoco la agencia ha cumplido con lo ordenado por la Legislatura desde el 2015. En concreto, la “Ley de la Reserva Marina La Cueva del Indio”, ordenó desde febrero del 2015: "designar el litoral costero localizado en el Municipio de Arecibo como “Reserva Marina La Cueva del Indio”; delimitar el área total de la Reserva, para la conservación de su biodiversidad y el manejo adecuado de la misma; ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales realizar el diseño y estructuración de un plan de manejo de la Reserva; establecer la aplicación de leyes y reglamentos relacionados a la administración y usos de esta Reserva; autorizar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para que se realicen convenios de manejo conjunto con aquellas entidades gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y el Municipio de Arecibo para el manejo conjunto de la Reserva; ordenar la radicación de informes anuales a la Asamblea Legislativa; y para otros fines relacionados" El pasado sábado, miembros de las comunidades volvieron a sacar del medio las verjas de madera que se han colocado en los terrenos de al menos dos lotes que colindan con la Reserva, uno de ellos, propiedad de un donante recurrente de los partidos que han gobernado al país desde el poder Legislativo y Ejecutivo. La agencia que por orden constitucional tiene que velar por la protección de los recursos naturales, tenía hasta 120 días para "en colaboración con aquellas entidades gubernamentales, el Municipio de Arecibo y organizaciones sin fines de lucro" elaborar dicho plan, luego de que el entonces gobernador, Alejandro García Padilla, lo hiciera ley en febrero del 2015. Los 120 días plazo se cumplieron el 10 de mayo del 2015 sin que hasta el día de hoy, ni el DRNA de aquélla administración Popular, ni la de Ricardo Rosselló Nevárez en el 2017-2019; Wanda Vázquez Garced, 2019-2020, ni la agencia en el gabinete del incumbente, Pedro Pierluisi, hayan hecho nada para cumplir con la Ley. La ley 10 se aprobó un año antes de que vecinos de la comunidad de Islote en Arecibo, iniciaron movimientos de protesta y denuncia, sobre el hecho de que uno de los tenedores de tierra en el área de la Cueva del Indio - en especifico colindando por el norte - José González Freyre, cobra desde marzo del 2016 - el acceso a la Reserva. Contra González Freyre existe una querella desde el cinco de agosto de este año, radicada por el líder comunitario y vecino de Islote, Lauce Colón Pérez, sin que hasta el momento la secretaria designada, Anaís Rodríguez Vega, haya hecho nada con el caso. La querella se hizo por vandalización, interrupción de una servidumbre de paso costera y explotación monetaria y cobro de impuestos en la Reserva. Así como bipartita fue la presentación del proyecto de Ley para declarar Reserva la Cueva del Indio, es el compromiso de donativos de González Freyre a las campannas de políticos del PNP y PPD. El proyecto de ley fue presentado por los representantes penepés Rodriguez Aguiló y Ricardo Llerandi; y los Populares, Angel Matos García y César Hernández Alfonzo. En total, entre el 2013 al 2018, González Freyre hizo cuatro aportaciones al PNP y 28 al PPD, que totalizaron $37,0317. Los políticos agraciados fueron los entonces presidentes legislativos, Eduardo Bhatia y Jaime Perelló; el gobernador, García Padilla y el candidato a las elecciones 2016 por el PPD, David Bernier; los entonces representante, Jorge Colberg y Héctor Ferrer (RIP); José 'Conny' Varela y Javier Aponte Dalmau, así como la propia colectividad política. Del PNP recibieron donativos del dueño de Panamerican Grain antes del 2019, el pre candidato a la gobernación entonces, Pedro Pierluisi; el representante, Jorge Navarro Suárez, el candidato, Leo Díaz Urbina; el entonces alcalde de Arecibo, Carlos Molina y el Comité Municipal de Bayamón, que preside Ramón Luis Rivera, hijo. Del 2019 al 2021, el empresario ha donado $56,316 en 22 aportaciones al PNP y 17 al PPD. Incluyó en estas a Pierluisi; los representantes penepés, Jorge Navarro Suárez y José Memo González (Del distrito 14 de Arecibo y Hatillo); el hoy ex alcalde de Arecibo, Carlos Molina y al acusado por corrupción ex alcalde de Guaynabo, Angel Pérez. En la misma fecha pero a candidatos o políticos activos del Partido Popular, González Freyre donó a José L. Dalmau, presidente del Senado; a Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta; al presidente de la Cámara, Rafael Hernandez Montañez; al vice presidente cameral, José Conny Varela y a la candidata del PPD a la alcaldía de San Juan, Rossana López. También donó al representante de nuevo cuño, Hector Ferrer Santiago; senadora Ada García Montes y al convicto ex alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón y al candidato a la gobernación del 2016, Carlos Delgado Altieri. Su donativo más reciente ha sido a Delgado Altieri, quien se asegura correrá para una posición al Senado por Acumulación en las elecciones 2024. La controversia de acceso que desde el 2016 reclaman comunidades aledañas a la Cueva del Indio en Arecibo, culminó el sábado en un intento de la Policía de detener a activistas que una vez más limpiaron el área para lograr acceder a los bienes de dominio público sin que pudiera concretarse toda vez que confrontaron a la autoridad con un deslinde que data del 1974 y que impide que sea bloqueado por parte de los propietarios donde ubica la reserva. La lucha de las comunidades del barrio Islote donde ubica la Cueva del Indio se intensificó desde el pasado mes de julio, cuando se unieron a la comunidad, activistas de otras regiones que proclaman "las playas son del pueblo" y han liberado denuncias de lo que ocurre en la costa como en Punta Bandera en Luquillo, Bo Borinquen en Aguadilla, Joyuda en Cabo Rojo; Reserva Estuarina de Jobos en Salinas y otras áreas del país. A las 11 en Esto es lo último discutimos los hallazgos de esta pesquisa en FB Live por Bonita Radio.

Por Carmen Enid Acevedo Entre el martes 11 y el viernes 14 de octubre, el presidente de LUMA Energy Wayne Stensby, tendrá que entregar a la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes de #usa la contestación a cada una de las preguntas que el 27 de septiembre - a 10 días del paso de #Fiona por Puerto Rico - consignaron en una misiva tres congresistas, entre ellos, el demócrata y 'chairman', Frank Pallone. Las exigencias del Congreso EEUU entre contestaciones escritas y sesiones de "brief" con personal de la Comisión de la Cámara Baja Federal, son idénticas, con algunos requerimientos únicos, que las que hizo la Legislatura de Puerto Rico el miércoles, en una vista de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara en la que Stensby utilizó un libreto que incluía comenzar contestaciones con "Fiona fue un huracán cat1 que dejó sobre 30 pulgadas en la Isla". Ante el hecho de que no fue responsivo, tiene requerimientos de información que se repiten a los del Congreso y que vencen el lunes 10 de octubre. ¿Las despachará Stensby como lo hizo en la Cámara de Representantes Puerto Rico, el miércoles 5/12? Aquí las preguntas del Congreso que deberá contestar Stensby y Luma Energy: 1. Describa la cantidad de financiamiento que su empresa ha recibido anualmente a través de su contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). Al proporcionar su respuesta, desglose los ingresos del contrato tanto anualmente como por categoría, como tarifas anuales, tarifas de incentivo o cualquier otra disposición del contrato que genere ingresos. 2. Proporcionar una descripción de los puntos de referencia de confiabilidad bajo el contrato con la AEE, incluido el progreso de su empresa hasta la fecha en el cumplimiento de cada uno de esos puntos de referencia. 3. Por cada uno de los siete aumentos de tarifas que haya implementado su empresa desde junio de 2021, por favor explique: A. la justificación de cada aumento; b. la cantidad de ingresos aumentados generados por cada aumento; y C. si y cómo LUMA ha reinvertido esos ingresos en medidas para mejorar fiabilidad eléctrica. 4. Describa cualquier medida de resiliencia de la red u otros esfuerzos de preparación realizados antes del huracán Fiona y la comprensión actual de LUMA sobre la eficacia de esos esfuerzos. 5. Proporcione las fechas en las que prevé que: a. 50 por ciento de sus clientes tendrán energía restaurada. b. 75 por ciento de sus clientes tendrán energía restaurada; y C. El 100 por ciento de sus clientes tendrán energía restaurada. 6. Resuma cualquier tecnología de resiliencia de la red actualmente utilizada por LUMA (por ejemplo, energía, almacenamiento, microredes, etc.) y cualquier plan para implementar tecnologías adicionales. 7. Describa cualquier cambio que se haya realizado en las inversiones y la estrategia de LUMA. Adelante como resultado del desempeño de la red durante y después del huracán Fiona. 8. Describa cualquier inversión en infraestructura que LUMA haya realizado para facilitar la interconexión de energía renovable a la red, incluida la energía solar en la azotea mantenida por individuos clientes o comunidades. "Además, solicitamos una sesión informativa con el personal de la Comisión antes del 14 de octubre de 2022, para recibir una actualización detallada sobre el progreso de LUMA en la restauración de energía a los clientes puertorriqueños y para entender el desempeño general de LUMA bajo su contrato y sus planes para mitigar el daño a puertorriqueños en futuros desastres".

Por Carmen Enid Acevedo El evento ciclónico Fiona dejó al menos 89 carreteras estatales con cierres totales en algunos de sus tramos, siendo los municipios de Comerío, Canóvanas, Ciales, Añasco y Utuado los que tienen más daños en las vías públicas bajo la jurisdicción de la Autoridad de Carreteras(AC), según un análisis hecho por esa agencia y en poder de Bonita Radio. Las carreteras 779 y 780 en Comerío; 874, 951 y 952 en Canóvanas; PR 2., 11 y 115 en Añasco y PR 6104 en Utuado, donde colpasó el puente del barrio Salto Arriba. A esos municipios, cuyos alcaldes han reclamado incluso la lentitud con que la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), administra los proyectos de recuperación desde el paso del huracán María hace cinco años, se suman los daños en vías de los ayuntamientos del sur como Cabo Rojo (carreteras 114 y 100), Mayagüez, Hormigueros y en el área norte, Hatillo, Camuy y Arecibo. El análisis de daños en las carreteras del país, que hizo la AC, bajo el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), refleja hasta el momento ocho puentes que colapsaron; la incomunicación por inundación de al menos y por deslizamiento de terrenos; vías obstruidas por la caída de arboles, tendido eléctrico y/o postes; desprendimiento de rocas o la salida del cauce de ríos. La PR 123 en Adjuntas, a la altura del KM26.7 está cerrada de manera preventiva porque las autoridades temen deslizamiento de terreno. En Salinas, el tramo de la PR52 (expreso) en dirección a San Juan está cerrado por deslizamiento de terreno. El país recibió entre el sábado y el lunes pasado, unas 30 pulgadas de lluvia que provocaron la salida del cauce de los ríos como el Río Grande de Loíza, Quebrada Arenas, y el Río Guayanés en Guayama desde las primera horas de las lluvias del sábado. Más tarde, entre domingo y lunes, los ríos Inabón y Cerrillos de Ponce; Rio Grande de Arecibo; Rio Grande de Manatí; Rio La Plata y Rio Bayamón, también se salieron de su cauce.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La corporación de la que es parte el ex secretario del Departamento de Estado, Luis G Rivera Marín bajo la administración de #RickyRenuncia, desarrollará el área de la La Playa los Machos en Ceiba, a un costo de $1.6 millones de cánon de arrendamiento por 30 años, y un dos porciento anual de los ingresos que generen los concesionarios de comida, espectáculo, hospedaje y deportes acuáticos que se instalen allí en un contrato que dice mucho y hace silencio en quien lo hará cumplir. Rivera Marín y su socio, el inversionista político del #PNP, Luis Alberto Rubi González, llegaron sin problemas hasta el municipio de Ciales bajo la administración del novoprogresista, Samuel Rivera Baez, quien se sentó en la poltrona en enero 2021 y ya en julio 2022, estaba firmando un contrato otorgado a base de una propuesta. Rubi González, hijo del reconocido contratista del sector de hogares de lujo entre Guaynabo y Dorado, Cleofe Rubi, es parte de la corporación Guayacán Guest Services que contrató con el municipio de Ceiba el pasado 15 de julio. Copia del contrato obtenido por Bonita Radio, da cuenta entre sus páginas 16 y 20, de cómo se calculará la renta que pagará por 30 años la corporación Guayacán Guest Services, que fue radicada en el registro de corporaciones del DE por Rivera Marín y Rubi González, el 22 de marzo de este año. Aunque en su primera página se alega que se llevó a cabo por subasta, a través de un “RFP”, no se provee información sobre esa gestión pública de un proyecto que podría tener una inversión de sobre $100M y que deberá ser fiscalizado por el municipio de Ceiba y su alcalde, Rivera Báez. Tampoco se establece si pasó por el cedazo de la Legislatura Municipal. La propuesta establece que se desarrollará el área costera de Los Machos y lo identifica como “un pueblo frente al mar” con infraestructura para deportes acuáticos, senderos, campamentos, comida al aire libre, pérgola o auditorio para espectáculos y almacenamiento de botes”. La creación de la corporación Guayacán Guest Services se dio el 22 de marzo de 2022, mientras el contrato de "Cesión y Desarrollo" se firmó por el alcalde Rivera Báez y Miranda Marín el 15 de julio de 2022, cuatro días más tarde de que resolución de la Junta de Directores de la corporación - que no está incluida en el registro digital del DE - colocara a Rivera Marín como el representante para el acto de contratación. El contrato de 55 páginas hace silencio sobre quienes estarán a cargo de la fiscalización de un contrato que coloca en el contratista el peso de preparare estados financieros auditados para calcular anualmente el dos porciento del ingreso bruto como parte del pago al municipio por enajenar la Parcela Tres de la Playa Los Machos. El cánon de arrendamiento comienza en $1k al mes por los primeros dos años; $3K por los próximos dos y del 1quinto al año 30, $5k mensuales o $60K al año. Eso suma $1.6M por el tiempo que dire la enajenación después de desarrollados los terrenos que conforman la costa de la mencionada playa que fue parte de los balnearios y terrenos que administraba la desaparecida agencia de Parques Nacionales. El contrato trae información. de un fondo de "conservación" que sería creado sin información de cómo se manejaría.

Por Carmen Enid Acevedo El secretario del Departamento de Salud mantiene contratos con Vieques Air Link hasta el 31 de enero 2023 por $817K, por traslado de pacientes de las islas municipio de Vieques y Culebra a la Isla Grande, empresa de la cual es vice presidente de operaciones su hermano Rafael Mellado López y de la que fue directivo el propio titular de la agencia. Al día de hoy, el secretario, un ex director del Comité de Programa de Gobierno del gobernador, Pedro Pierluisi y quien se asegura tiene aspiraciones de correr para una posición electa en el 2024 bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP), no tiene radicada una dispensa sobre la contratación a la empresa en la que su hermano funge como vice presidente de operaciones desde el 2009. En el 2019 Vieques Air Link se unió en una sola corporación con Vieques Management, según los registros de corporaciones del Departamento de Estado. En los documentos públicos del 2015 y 2016, Mellado López, secretario de Salud, comparece como vice presidente "indefinido" de la corporación. En el 2017, comparece como 'secretario". No hay rastro en el DE que ubique a Mellado López fuera de esa corporación a través de una resolución corporativa que así lo certifique. En su informe de ética, del 2020 se muestra un ingreso por negocio propio de $2.6M y en el del 2021, no hay ningún ingreso por ese concepto. Uno de los ejecutivos de VAL, Victor Simons Félix, fue socio de Mellado en por lo menos una corporación de salud que operaba el Centro de Salud de Canóvanas. S.M. Medical Services estuvo ligada al hoy principal gestor de la política pública de salud en la Isla, a través de su sociedad con Simons Félix, quien resultó convicto de un caso de fraude en el proceso de quiebras de la entidad y donde fue mencionado el propio Mellado López. El hoy Secretario se ha desligado de la controversia diciendo que delegó en Simons Félix las gestiones del proceso de quiebras. Simons Félix es hoy el sub tesorero y sub secretario de VAL, empresa que mantiene como VP de Operaciones al hermano de Mellado López, Rafael. La corporación que presidente, Carlos Rodríguez Benítez, ha recibido contratos con el DS, de febrero del 2022 a enero 2023, por $817,400, según los registros de la Oficina de la Contralora. Rodríguez Benítez es el presidente, al igual que lo era cuando el médico de profesión, Mellado López, surgía en los documentos oficiales como oficial de VAL. Mellado López tiene unas diez peticiones de consulta en la Oficina de Etica Gubernamental (OEG) y ninguna está relacionada con el hecho de que su hermano es ejecutivo de la empresa que su agencia contrata para trasladar pacientes de las islas municipios a Fajardo y en ocasiones a San Juan. La última vez que mencionó esa contratación, fue la semana pasada cuando restó importancia al cierre de una de dos salas de parto de la región Este que sirven precisamente a las mujeres de la Isla Nena y de Culebra. Según los registros de la OEG, Mellado López ha solicitado las consultas 21-212; 21-257; 22-08; 22-09; 22-010; 22-012; 22-031; 22-035; 22-047; 22-067; 22-113; 22-433, sobre cambios en contrataciones de personal de la agencia y parentezco de uno y otro empleado que trabajan en la dependencia. Nunca sobre su relación con Rafael, quien recibe el beneficio económico de que VAL y los ex socios de Mellado López tengan contratos con la agencia que dirige. Llama la atención que los dos contratos y una enmienda con VAL no han sido firmados por el Secretario aunque sí comparece como la autoridad para emitir el documento legal. En su lugar, firma el contrato Ezdras Vélez Rodríguez, Principal Oficial Administrativo de la agencia. Tampoco es firmado por el sub secretario del DS, Félix Rodríguez Schmidt, a nombre de quien el Secretario hizo una petición de consulta a Etica el 28 de abril de 2021, por su relación con una Iglesia, una estación de radio religiosa; en la Universidad Ana G. Méndez y la Alianza de Puerto Rico para la Trata Humana. Todos los contratos suponen que el servicio de VAL será traslados de emergencias; comunitarios catastróficos, traslados de personal médico y administrativo y vuelos charter. No es la primera vez que los conflictos de Mellado López salen a relucir en la historia de su vida pública. En el 2013, cuando era Procurador del Paciente Noticel, bajo la administración de los periodistas fundadores, Omaya Sosa Pascual y Oscar Serrano, publicó una noticia bajo el titulo "Procurador de la Salud inmerso en múltiples conflictos de interés" en la que se documentó conflictos entre S.M. Medical.