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Por Carmen Enid Acevedo El hijo menor del gobernador Pedro Pierluisi, Anthony Pierluisi Rojo, tiene una historia de éxito en el mundo del 'real estate" y alquileres a corto y largo plazo que verifica un aumento vertiginoso de sus finanzas desde que su padre, ex Comisionado Residente y ex Secretario del Departamento de Justicia de administraciones del Partido Nuevo progresista (PNP) llegó a La Fortaleza en 2021. A siete meses de que Pierluisi, el Gobernador, se sentara en la silla del Palacio de Santa Catalina, Pierluisi Rojo, uno de sus cuatro hijos, gestionó a su favor la compra por $1.7M de la icónica casa de playa, Mary Lee by The Seas en el barrio Carenero o Cerro Punta Jacinto en Guánica, a través de su corporación Silver Beach LLC, de la que es presidente desde su incorporación el 13 de abril de 2021. Una investigación de documentos oficiales entre el Registro de la Propiedad, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y su Catastro Digital, determinó que para esa propiedad, constituída en dos fincas, suscribió un préstamo según la escritura de hipoteca sobre el inmueble, de $2.1M otorgada por el Banco Popular de Puerto Rico en noviembre 2021. Por un lado, una de las fincas costó $908,460 y $891,540, la segunda. El comprador, Pierluisi, el hijo, dio un depósito de $90K a favor de la vendedora, Susan Lee Alvarez Grossman. Con cuatro baños y cinco habitaciones, amplias salas y con vista al mar, desde la propiedad se va a la Isla de Guilligan, cerrada al público pero no así a quienes ostentan el alquiler de la propiedad a base de $423 la noche. La historia de Pierluisi Rojo tiene un antecedente familiar también de éxito mientras su padre ha tenido puestos electivos bajo el PNP. Ese perfil de crecimiento en las finanzas de Pierluisi Rojo compara favorablemente con la historia de su ex madrastra, Maria Elena Carrión, quien en el cuatrienio en que su marido fue Comisionado Residente se ganó portadas en el New York Times, bajo la firma de los periodistas Eric Lipton y Michael Corkery, que catalogaron a la pareja como una "poderosa en DC". Pierluisi legislaba en favor de los buitres que habrían quebrado el país con la anuencia de gobernadores como su compañero, Luis Fortuño Burset, que se gestionaba por esos días en el gobierno de Barack Omaba, y ella los recibía como clientes para los que tenía acceso directo al primero. En el caso de Carrión y el aumento en sus finanzas mientras su esposo fue Comisionado Residente, The New York Times detalló que a 20 días de llegar a Washington en 2009, en aquél entonces la esposa de Pierluisi, Carrión, organizó una firma de manejo de inversiones en la Capital Federal y se constató que en el cuatrienio y en medio de la presión de los fondos buitres que mantenían bonos de Puerto Rico, "Hizo hecho su trabajo para estas firmas y la oficina del Sr. Pierluisi ha sido presionada por dos de sus clientes, Fundamental Advisors y Och-Ziff Capital Management, según documentos proporcionados por su oficina en el Capitolio Federal. Por otra parte, un ejecutivo de fondos de cobertura de Wall Street cuya firma participó en una venta de bonos de $3.500 millones en 2014 para Puerto Rico, recaudó dinero para la carrera de Pierluisi por gobernador de Puerto Rico, según muestran los registros financieros de campaña y los correos electrónicos. En el caso de Pierluisi Rojo, hoy con 40 años y con dos poropiedades a su nombre antes de la llegada su Padre a la Gobernación, no solo acapara el mercado de propiedades de alquiler bajo la firma AirBnb en la Isla, sino que de las 172 tiene bajo ese régimen al menos dos le pertenecen a una nueva corporación a su nombre, a través de la cual adquirió la "Mary lee by the Seas". Una segunda propiedad está localizada en el sector de Isla Verde, el condominio Marbella del Caribe y fue comprada por Silver Beach LLC en septiembre 2021. La tercera propiedad ubica en el condominio Racquet Club también de Isla Verde y fue adquirida por Pierluisi Rojo en el 2016. El primer negocio del joven, West Indies data del 2011 y no fuee hasta 10 años más tarde, durante la incumbencia de su padre en la Gobernación, que compró otras dos propiedades de mucho mayor costo. El pasado mes de febrero, el periodismo independiente trajo a colación el protagonismo de Pierluisi Rojo en el mercado de renta a corto plazo e incluso en Bonita Radio se reseñó como la plataforma de publicidad del gobierno, para esos fines, anuncia su negocio, West Indies Vacation Rentals donde también listan las propiedades a su nombre. Pierluisi Rojo no quiso contestar a Cuarto Poder cuáles eran sus propiedades en ese listado aunque negó que acapare el mercado. Mientras, la información recopilada por el geógrafo y analista de datos, Norberto Quiñones Vilches, se estableció que a través de su empresa West Indies Vacation Rentals, el hijo del gobernador administra sobre 88 propiedades solamente en San Juan, además de otras entre Cabo Rojo, La Parguera en Lajas y en Rincón. “Esto ya está fuera de control. ¿Cómo hay una sola compañía, West Indies Vacation Rentals, con 88 Airbnb en San Juan nada más? Ya el gobierno tiene que regular este sistema. Ubicar propiedades bajo plataformas como AirBnB en zonas turísticas solamente, o no dejar que compañías de responsabilidad limitada o ‘LLC’ compren viviendas en zonas residenciales. Hay soluciones, pero hay muchos intereses económicos que no dejan hacer el cambio”, dijo Quiñones Vilches a Sandra Rodríguez Cotto.

Por Carmen Enid Acevedo El jefe de la Administración de Cuidado Integral para el Desarrollo de la Niñez (ACUDEN), Roberto C. Pagán Santiago, negó categóricamente que vaya a correr para una posición política electa y aseveró que es el único que coloca contenido en su página personal de redes sociales en las que se publican a diario actividades de la agencia y político partidistas. Pagán Santiago contestó las preguntas de Bonita Radio en relación a los documentos publicados que dan cuenta de las deficiencias encontradas por la Administración de Familias y Niños del Departamento de Salud y Recursos Humanos Federal (HHS, por sus siglas en inglés) y dos querellas anónimas en que se alertó al ente financiero de los programas Head Start y Early Head Start, que hay malversación de fondos. "Yo pedí que se investigara y vamos a cumplir los términos del plan correctivo", indicó Pagán Santiago, quien llegó a la ACUDEN a supervisar 349 empleados desde la antigua Oficina de la Juventud del gobierno, hoy, Programa de Desarrollo de la Juventud bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio bajo la administración de Ricardo Rosselló. El funcionario, que posee un bachillerato y una maestría de la Universidad Interamericana, dijo que la ex secretaria de la Familia, Carmen González Magaz contrató los servicios del licenciado Rodrigo Altieri Cartagena para investigar las alegaciones de las dos querellas, que incluyen información relacionada con el uso de fondos para enaltecer su imagen en las redes sociales. A la pregunta de quién maneja el contenido de la página de la red social Facebook que se identifica como blog personal, Pagán Santiago insistió en contestar "ese blog es mío". Ante la pregunta de Bonita Radio si no quería contestar la pregunta si alguna otra persona lo administra, el funcionario dijo: "Yo". La realidad es que la página de FB identificada como Roberto Carlos Pagán, establece que la misma está administrada por más de una persona que "pueden tener permiso para publicar contenido, comentar y enviar mensajes". "El que diga eso está mintiendo", aseveró Pagán Santiago cuando se le preguntó si tenía interés en correr para un puesto político electo bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP). El jefe de ACUDEN corrió en el 2019 para presidir el organismo de la Juventud del PNP. "Estoy enfocado en ser servidor público y entregar la agencia con buenos números en el 2024", sentenció. El informe que ACUDEN tiene que rendir al gobierno federal sobre las dos querellas presentada a HHS, será el que entregue el licenciado Altieri Cartagena, quien haría el trabajo como parte del bufete JJPagan Legal Services, un bufete que tiene contratos con el DF desde el 2021. El Administrador se comprometió a entregar copias del informe de ambas querellas "tan pronto culmine el proceso y se haga público". Escucha la entrevista completa en Ivoox, Spotify, Google Podcast y FB y Twitter. https://twitter.com/Bonita_Radio/status/1637937698810855424?s=20

Por Carmen Enid Acevedo Una firma de consultores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP) que ha tenido contratos por $14M con el gobierno, acogió como buenas las representaciones que le hizo Genera PR sobre los ahorros de entre $50 y $100M anuales que alegaron proveerá la privatización de la generación de energía sin solicitarle al contratista evidencia de cómo llegó a ese cálculo y conclusión. El pasado 24 de enero el gobierno de Puerto Rico firmó un contrato con Genera PR, filial de New Fortress Energy Inc, a pesar de que la empresa FTI Consulting - consultora que figura como contratista del gobierno desde el 2017 - nunca definió la “metodología” con la que pueda verificarse que la contratación de la privatizadora supondrá un ahorro que pasará a los consumidores. El análisis que hizo el director de política pública del Centro para la Nueva Economía, Sergio Marxuach, abogado y economista, plantea que “en esencia, a la gente de Puerto Rico se le está pidiendo que crea por fe, que estos ahorros son viables”. En un informe de FTI Consulting incluido como anejo en el complejo contrato entre Genera PR y el gobierno de Pedro Pierluisi, “no hay indicios, al menos en el texto del Informe de que (FTI) llevó a cabo una evaluación independiente o ejecutó cualquier diligencia independiente para validar o verificar las afirmaciones de Genera sobre los ahorros esperados”, sentenció Marxuach en una presentación que hizo a medios de comunicación en la que participó Bonita Radio. Dijo además que aún cuando para efecto del análisis esas representaciones se acojan como razonables, “FTI debió haber solicitado a Genera la documentación de la metodología que utilizó para calcular dichos ahorros esperados. Sin embargo, el Informe FTI no incluye ninguna explicación de los supuestos, la metodología utilizada, o las variables analizadas por Genera para estimar los ahorros”. FTI se describe en su página web como "una firma independiente de asesoría comercial global dedicada a ayudar a las organizaciones a administrar el cambio, mitigar el riesgo y resolver disputas: financieras, legales, operativas, políticas y regulatorias, reputacionales y transaccionales. Individualmente, cada práctica es líder en su campo específico, con expertos reconocidos por la profundidad de su conocimiento y un historial de impacto". En Puerto Rico, han ganado sobre $14M desde el 2017 al 2022, siendo los años de administración Pierluisi los de mayor ganancia con sobre $10M, de acuerdo a los registros de la Oficina del Contralor. El último contrato firmado en agosto de 2022, versa sobre asesoría financiera y servicios de consultoría sobre ciertos proyectos de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica descritos en el apéndice A. Según el análisis de Marxuach, Genera PR estima ahorros alcanzables en operación y mantenimiento de $19 millones por año, principalmente por mano de obra y actividades de mantenimiento más eficientes. Además, la privatizadora Genera PR, un consorcio de New Fortress, también estima ahorros de combustible (sin conversión de plantas o reemplazo de equipos) de aproximadamente. $85 millones por año, "que provendrían de la optimización de combustible existente contratos” ($56 millones), “logrando mejores términos de riesgo y crédito en los contratos petroleros existentes” ($20 millones), y “hacer cambios operativos en Legacy Generation Assets para aumentar eficiencia de combustible” ($9 millones). "Genera también “cree” que, sujeto a la aprobación del NEPR (Negociado de Energía de Puerto Rico) que “hay ahorros adicionales de combustible”, en exceso de $100 millones, "alcanzable a través de la conversión de unidades de combustible"... Estas "conversiones implicaría la puesta en marcha de la operación de combustible de gas para unidades que tienen capacidad de combustible dual o conversiones” de aquéllas unidades que se pueden convertir". “Genera está empujando la conversión de plantas a gas natural. En la práctica, eso va en contra de la política pública establecida, que es salirnos de los combustibles fósiles. De acuerdo con el reporte de FTI, Genera dice que esas conversiones generarían más o menos el 50% de los ahorros totales,.....otra vez, “sin que sepamos cómo llegaron a ese número”. En Puerto Rico, New Fortress tiene desde el 2019, un centro de procesamiento y distribución de gas natural frente a la Central San Juan de la AEE. En el 2023, el principal ejecutivo de New Fortress, Wes Edens y a propósito de la firma del contrato de generación dijo que “todos los puertorriqueños merecen acceso a energía limpia, confiable y de bajo costo. Según se hacen grandes inversiones para modernizar la red eléctrica de Puerto Rico y para la transición a energía renovable, esta alianza proveerá ahorros significativos para los consumidores y los negocios; mejorará la confiabilidad, y reducirá el impacto ambiental de un sistema de generación anticuado. Creemos que la transformación de Puerto Rico a renovables, apoyada por combustible bajo en carbono, será un modelo para los mercados alrededor del mundo, y un paso significativo en la misión de nuestra empresa”. Entretanto, quien estará a cargo de NF en la transición de 100 días para comenzar de lleno como privatizadores, Brannen McElmurray, presidente de Genera PR, reconoció en entrevista con Istra Pacheco que quieren "hacer negocios implementando el hidrógeno como “solución” y que si surgiera la oportunidad, y el Negociado de Energía lo aprueba, “nos encantaría traer esa tecnología a Puerto Rico y demostrar su efectividad como parte de la transición energética”. Precisamente el apéndice A del último contrato de FTI y la APP se establece el monto por proyecto y los identifica. Uno de las asesorías que FTI está cobrando en ese contrato es el "apoyo económico y financiero" de un proyecto de hidrógeno. "Esa es una operación que todavía no es comercialmente viable. ¿Qué quieren, hacer de Puerto Rico, un laboratorio de ese tipo de proyecto con hidrógeno?", cuestionó Marxuach del CNE sobre las letras pequeñas que quedan en el contrato sobre esa nueva fuente de producción de energía. En la definición de Iniciativas de Ahorro de Costos de Combustible, el contrato de Genera PR "también incluye cualquier ahorro generado al cambiar a la quema de hidrógeno. "Esto es interesante porque New Fortress declaró en su informe anual para el año que terminó el 31 de diciembre de 2021 “que el hidrógeno de bajo costo desempeñará un papel cada vez más importante como combustible libre de carbono para apoyar las energías renovables y desplazar a los combustibles fósiles en la energía, el transporte y mercados industriales”. "Con ese fin, NFE ha formado una nueva división, a la que llama Zero, “para evaluar tecnologías prometedoras y buscar iniciativas que nos posicionarán para capitalizar esta industria emergente”. Además, firmó un acuerdo "para hacer la transición de una planta de energía para que sea capaz de quemar hidrógeno 100% verde durante la próxima década”, y ha realizado su “primera inversión relacionada con el hidrógeno en H2Pro, una empresa con sede en Israel que desarrolla una tecnología de producción de hidrógeno verde novedosa, eficiente y de bajo costo”. "El riesgo para Puerto Rico aquí es doble. Primero, tenemos que estar atentos a que la isla no se use una vez como un "laboratorio" para probar alguna idea descabellada que impone altos costos y produce poco o nada de beneficios para los residentes de Puerto Rico, como ha sucedido tantas veces en nuestra historia", destacó el economista. "Si la producción de hidrógeno verde eventualmente se vuelve comercialmente factible, tenemos que asegurar que tanto la tecnología como 'el know-how' (conocimiento de cómo hacerlo" sea transferido a empresas puertorriqueñas e ingenieros para que la isla no termine dependiendo una vez más de un recurso que no producimos y no controlamos para generar nuestra energía", alertó. EL PEDIGREE DE FALTA DE CUMPLIMIENTO DE NEW FORTRESS En junio del pasado año, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia decidió un pleito radicado por la Comisión Reguladora de Energía de Estados Unidos, luego de que las comunidades de Cataño radicaran un caso contra NF en la que argumentaron que no tenían permisos para operar y por otro lado, la AEE los acusó de que no entregaron durante seis meses parte del gas para venderlo en otros mercados y obtener mejores ganancias. El foro apelativo decidió que NF tiene que ajustarse al escrutinio de la agencia reguladora, que exige una declaración de impacto ambiental y explicaciones sobre la seguridad de las operaciones de New Fortress en Puerto Rico lo que al día de hoy no ha ocurrido. Además que tiene que revelar cuales son los daños que podrían causar sus actividades en el Muelle de San Juan. La empresa tiene un decreto contributivo otorgado por el Gobierno por lo que paga una tasa de 4% de sus ganancias hasta 2035. Se estima en $20,000 millones los beneficios que tuvo NF entre 2020 y 2021. .

Por Carmen Enid Acevedo Casos de maltrato institucional en centros Head Start, ausencia de personal adiestrado y fallas en las practicas de salud y seguridad en la interacción entre niños y maestros, son parte de las deficiencias que encontró la Administración de Familias y Niños (ACF) del Departamento de Salud y Recursos Humanos Federal (HHS, por sus siglas en inglés) y que amenaza la permanencia de fondos en la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) del Departamento de la Familia. Asimismo, fuentes de entero crédito aseguran que las autoridades federales tienen en la mira la operación de ACUDEN, que dirige Roberto Carlos Pagán, sobrino de la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo luego de que se recibieran dos querellas relacionadas con mal uso de fondos públicos, nepotismo, problemas de gobernanza, entre otras, dirigidas a las oficinas de la ACF en Washington, entre octubre y noviembre del pasado año. ACUDEN recibe sobre $63M en fondos en los programas Head y Early Head Start, mientras que a través de la American Rescue Plan Act (ARPA, por sus siglas en inglés) ha recibido sobre $300M desde la pandemia. En una querella informada el 10 de noviembre por Tania García, directora Regional de Head Start, se le planteó al presidente de la Junta, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández, que la persona que se querelló alegó mal uso de fondos ARPA; adjudicación ilegal de contratos; alteración de ordenes de compra y utilización de fondos públicos para enaltecer la imagen del administrador de ACUDEN, Pagan. Llama la atención que la página personal de Pagán en la red social Facebook, utiliza la imagen de la agencia con el lema "Somos futuro" y el logo del Departamento de la Familia y hace despliegue de fotos suyas con niños y niñas a los que da servicio ACUDEN. El pasado ocho de marzo Pagán distribuyó entre todo el personal de ACUDEN, instrucciones para que se utilice el nuevo lema de la agencia, "ACUDEN del futuro", en la que se utiliza el mismo tipo de letras y colores del lema "Somos Futuro" que tiene su página personal de Facebook. Una segunda querella fue presentada en octubre y fue dirigida a la entonces presidenta de la Junta, Doralys Rivera Martínez, y establece que hay mal manejo de fondos; problemas en las áreas de salud y seguridad y falta de adiestramientos en centros que reciben fondos. Bonita Radio trató de comunicarse con la oficial de prensa de ACUDEN, Lisdián Acevedo, sin que hasta el momento de publicación haya contestado la disponibilidad de su cliente. Rivera Martínez, ex directora de la Autoridad de Tierras, fue referida a la Oficina del Fiscal Especial Independiente luego de una investigación del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, trajo hallazgos preliminares de una evaluación de los contratos y desembolsos de fondos legislativos asignados a entidades sin fines de lucro a través del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la ATPR. DEFICIENCIAS QUE PUEDEN LLEVAR A ACUDEN A RECOMPETENCIA EN PROGRAMAS HEAD START Las tres deficiencias detectadas por ACF en los programas de Head Start y Early Head Start, se relacionan con los renglones de políticas de personal; practicas de seguridad y el cumplimiento con los objetivos del programa en materia de informar incidentes de maltrato. La agencia dejó de reportar tres incidentes de marzo de 2022 a un oficial de la Región de Head Start, según lo requiere la Ley. ACUDEN tiene que presentar un informe de acción correctiva de las tres deficiencias a más tardar 30 días a partir del dos de marzo, fecha en que tanto el administrador de la agencia, Roberto Carlos Pagán como el presidente de la Junta de Head Start, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) José Aponte Hernández, recibieron la carta de HHS. La misiva hace claro a ACUDEN que las deficiencias pueden suponer que la agencia tenga que ir a competencia para recibir los fondos que se destinan a los servicios de ambos programas Head Start. "El programa tiene incidentes de maltrato de niños del 8 y el 14 de marzo 2022 y sin embargo, no los informó a la Oficina Regional hasta el 14 de octubre, siete meses más tarde de que ocurrieran", se establece en la misiva firmada por Tala Hooban, directora de la Oficina de Head Start. "Head Start" sirve a niños (as) desde los 3 años a 4 años y 11 meses, a través de 173 centros localizados en 28 municipios. "Early Head Start" sirve a niños(as) de 0 a 2 años con 11 meses. a través de 11 centros y 15 ambientes "Home Base". Esta sería la segunda ocasión en que ACUDEN tiene que ir a re-competencia para acceder a los fondos de administración de Head Start, siendo la primera por malos manejos durante la administración de Luis Fortuño Burset y de Yanitisia Irizarry como secretaria del DF, y la decisión de la HHS fue tomada durante el primer año de la administración del ex gobernador Popular, Alejandro García Padilla.

HACE FIDEICOMISO CIEGO A DOS MESES DE QUE SU EMPRESA CONSIGUIÓ CONTRATO CON ACAA HASTA 2024 Por Carmen Enid Acevedo Una de las empresas que tiene corriendo el Centro de Salud de Canóvanas y que creó en el 2015, el hoy secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, consiguió un contrato hasta el 2024 para ser proveedor de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóvil, (ACAA) dos meses antes de que el Jefe de Agencia creara un Fideicomiso Ciego que lo impide interactuar con sus empresas por razón de conflictos de interés. Una investigación de Bonita Radio reveló que la escritura pública número 13 que crea el Fideicomiso Ciego en el que el Jefe de Gabinete Constitucional de la administración Pierluisi colocó a su sobrina y médica, Bimely Torres Mellado, al frente de Canóvanas Medical Center (CMC), tiene fecha del 28 de mayo 2021 otorgada por la notaria Irma E. Castro Dieppa. Antes de que la Oficina de Etica Gubernamental (OEG) le diera el visto bueno al Fideicomiso Ciego, CMC obtuvo un contrato con la ACAA, firmado por Torres Mellado y el ex alcalde de Naguabo, Noé Marcano Rivera por lo que el CDT de la familia Mellado cobra $110 por paciente recibido en el CDT por accidentes de tránsito. El monto total del contrato es de $270K con vigencia hasta el 2024. "Si es aparentemente correcto..puede tener su nubla por decirlo de esa forma. Uno siempre le aconseja a la gente, siempre piénselo más allá de lo que sea legal o ilegal, porque también para nosotros la apariencia cuenta mucho. Pero, uno puede llevar el caballo al rio pero no lo puede obligar a beber". Con esas palabras del director de la Oficina de Etica Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, contestó a la pregunta de qué debió llegar primero, la escritura pública o la transacción de negocios de la empresa creada por Mellado López en el 2015 y que hizo negocios todavía vigentes con ACAA, cuando ya era Secretario designado de Salud. "Cuide hasta la mera apariencia porque sino es tiempo que usted tiene que gastar en dar explicaciones que al fin a la postre, quizá no se las van a creer y esa apariencia es la que permea como si fuera lo habitual en el país y eso nos hace un gran daño", insistió Pérez Vargas. "Si hay un verdadero conflicto la Ley de Etica lo castiga... Nosotros lo recomendamos y no hemos tenido éxito. En las visitas que hacemos, igual..cuando nos reunimos con los jefes de agencia y con los alcaldes, también. Algunos si acogen nuestras recomendaciones, otros no. Que estén en el filo (en la línea del conflicto) pues si, deja mucho..porque la mujer del César no solo debe serlo si no aparentarlo". Mellado López no contesta requerimientos de información de este medio que despejen la apariencia de conflicto de interés entre su negocio de la salud y su función pública. Etica lo obligó a inhibirse en las transacciones de otra empresa de su titularidad, ER Management Group, donde también dejó a su sobrina, Torres Mellado al frente del negocio. Además, no puede realizar gestiones que le incumben a Salud como las certificaciones que da a los hospitales la Secretaria Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) que lo colocaría supervisando su negocio propio. ORIGEN DE LA APARIENCIA DE CONFLICTO Mellado López fue designado por el gobernador Pedro Pierluisi el tres de diciembre del 2020 y confirmado por la Legislatura el 10 de mayo de 2021. El 16 de diciembre, OEG recibió petición de consulta sobre el Fideicomiso Ciego, pero no fue hasta el primero de febrero de 2021 que Mellado López presentó una primera escritura pública - del 12 de enero 2021 - de ese instrumento para evitar conflictos de interés. Esa escritura fue dejada sin efecto cuando la OEG se percató de que el Secretario Designado dejaba de Fideicomisaria a su sobrina, Torres Mellado lo que es ilegal bajo la Ley de Fideicomisos. Torres Mellado es la actual directora de CMC y de ER Management Group, que también tiene contratos con el municipio de Canóvanas. El fideicomisario es el Contador Público Autorizado, Jorge Guzmán Alvelo. La OEG le escribió a Mellado López en junio de 2021 aceptándole la nueva escritura de Fideicomiso pero advirtiéndole que solo pasaba juicio por lo allí informado. Mellado López nunca descubrió a OEG que, antes de que estuviera activo el Fideicomiso Ciego en mayo 2021, la empresa que reó firmó contrato con la ACAA con efectividad de marzo 2021 a junio 2024. Las finanzas del médico-empresario Mellado López crecieron como la espuma luego de que saliera de ser Procurador del Paciente en el 2011, bajo la administración de Luis Fortuño, y se convirtió en contratista bajo la administración de la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto. Un resumen de su estado financiero como Procurador da cuenta que en el 2010 tuvo ingresos de $163,080 por su salario y $87K por un negocio propio que no se especifica en el informe. En el 2011, $147,484 por salario y $88, 359 son de negocio propio. El salto se dio en el 2020, cuando registró ingresos de salarios por $522,437 y $2.6 millones por negocio propio. En septiembre del 2022, una pesquisa de Bonita Radio descubrió que el Departamento de Salud que dirige Mellado López tiene contratos con la empresa de transportación aérea, Vieques AirLink, una empresa que se fusionó con Vieques Management y en la que Mellado López figura como vice presidente indefinido. En el 2019 Vieques Air Link se unió en una sola corporación con VM, según los registros de corporaciones en el Departamento de Estado. En los documentos públicos del 2015 y 2016, Mellado López, secretario de Salud, comparece como vice presidente "indefinido" de la corporación. En el 2017, comparece como 'secretario". No hay rastro en el DE que ubique a Mellado López fuera de esa corporación a través de una resolución corporativa que así lo certifique. Mellado López - sin hablar con este multimedio - ha intentado desmentir la información alegando que no tiene participación en esa línea aérea, que al día de hoy mantiene contratos con Salud, Autoridad de Puertos y Compañía de Turismo. Sin embargo, el Secretario nunca ha contestado la pregunta de dónde en el registro público del DE, establece que esa corporación dejó de ser de su propiedad mediante resolución corporativa tal y como requiere la Ley. Tampoco ha mostrado documento alguno que figure en el registro público. Ayer ante el pedido de contestar preguntas relacionadas a la pesquisa sobre el tracto de su inhibición con relación a los asuntos de CMC, Mellado López, dijo, a través de su oficial de prensa, Lisdián Acevedo, que "no va a hablar contigo porque la vez anterior, lo difamaste". Al día de hoy tampoco contesta en qué se basa su alegación de difamación. Este es el tercer asunto de las finanzas de Mellado López que ha salido a relucir en su vida pública desde el 2009. Además de los conflictos que no contesta sobre VAL y sus negocios bajo su incumbencia en DS, a principios del cuatrienio de Pedro Pierluisi, las autoridades federales hicieron pública la intervención que tuvo Mellado López en su empresa, SM Medical Services, al autorizar se declarara en quiebra teniendo $8.8M en deudas con planes médicos y proveedores. Era su socio Victor Simmons Félix, ex miembro de la Junta de Directores de ASES, quien fue acusado en el 2020 de fraude a ese proceso de quiebra. Este último es sub secretario de Vieques Air Link, según el informe anual de la corporación con fecha del 2021. Mellado López se desentendió de ese fraude alegando que dejaba todo en manos de su socio, Simmons Félix. En el 2013, cuando era Procurador del Paciente, Noticel, bajo la administración de los periodistas fundadores, Omaya Sosa Pascual y Oscar Serrano, publicó una noticia bajo el titulo "Procurador de la Salud inmerso en múltiples conflictos de interés" en la que se documentaron los conflictos entre S.M. Medical y el gobierno del que era parte Mellado López como Procurador del Paciente.

Por Marcos Pérez Ramírez | EyBoricua.com | Carmen Enid Acevedo | Bonita Radio Arecibo- El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emplazó en hoy con una orden de cese y desista a Carlos Rodríguez Camacho, presidente de Caribbean Island Construction, quien estaba a cargo de la operación del arenero ilegal que funcionaba mediante pagos en efectivo y que la empresa instaló en la zona protegida del karso sin permisos, en lugar de dragar el embalse de la Planta de Filtros Dr. Doctor Antonio Santiago Vázquez, según contrato con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El documento fue diligenciado por los vigilantes Antonio Crespo Soto, de la Unidad Marítima del DRNA, en Arecibo-unidad que inició la pesquisa- y los sargentos Carrasquillo y Carlos Claudio, de la Unidad Terrestre de la agencia en Guayama. Como parte de la entrega de la orden, los vigilantes le entregaron una copia del documento de diligenciamiento firmado por el agente que entregó el documento y el querellado, así como una copia de la orden de cese y desista, a Rodríguez Camacho. Asimismo, el documento indica que el diligenciamiento debe de ser enviado de vuelta a la oficina de la Secretaria del DRNA. ¿QUÉ DICE LA ORDEN DE CESE Y DESISTA? El pasado viernes la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega emitió una orden de cese y desista, y la paralización inmediata de las actividades de extracción de corteza terrestre y arena de río que la empresa Caribbean Island Construction (CIC) lleva a cabo el embalse Planta Los Filtros Doctor Antonio Santiago Vázquez que se ubica en la zona protegida del karso. La orden estipula las siguientes órdenes: “cese inmediato de actividad comercial de procesamiento y venta de los componentes de la corteza terrestre (arena, piedra y grava); cese inmediato del aprovechamiento de las aguas públicas mediante un sistema de toma de agua; cese inmediato de cualquier actividad sobre el mogote y se le ordena establecer zona de conservación”. El documento le imputa a CIC nueve infracciones a cinco leyes ambientales de Puerto Rico y constata que la operación no cuenta con los debidos permisos, franquicias y endosos de las agencias de Puerto Rico y Estados Unidos, requeridos para las actividades de arenero que la empresa lleva a cabo en la zona de protección especial del karso. Asimismo, el DRNA le exige a CIC presentar un plan de forestación, restauración y mitigación de conformidad con los requerimientos técnicos de la Agencia.

Por Carmen Enid Acevedo La asfaltera que desarrollan dos hermanos ingenieros en el área del barrio Juan Sánchez de Bayamón - Mogote Santa Ana - y a cuya instalación se oponen las comunidades aledañas, no tiene permiso de construcción para fuente de emisión en violación a la Regla 203A del Reglamento de Contaminación Atmosférica, según lo notificó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a los oficiales de DB Asphalt y/o Investments Industrial LLC. En una misiva del 23 de enero de 2023, la agencia le dio a los hermanos José L. y Jorge L. Ortiz Serrano hasta el siete de febrero para que completaran el trámite de permiso, siendo este el segundo con el que no cumplen. El primero, según publicara Bonita Radio en exclusiva, es el permiso Non Pollutant Elimination System (NPES), que exige U.S. Environmental Protection Agency bajo la Ley de Aguas Claras. La misiva, firmada por la ingeniera Amarilys Rosario Ortiz, apercibe a la parte que está en violación del mencionado Reglamento, que se expone a multas de hasta $50K de parte del DRNA, agencia experta, tras ser referido a la División Legal y allí encontrarlos en violación de la disposición administrativa que podría escalar al escenario criminal. De acuerdo a una inspección ocular en el área de la asfaltera, se han instalado "un cilindro de secador de agregados; tolvas para almacenar agregados; cernidor, correas transportadoras; silo de 200 toneladas, un colector de polvo, un generador de electricidad, un tanque de diesel y un tanque de 30K galones para almacenar asfalto líquido; un área para reciclado RAP que incluye una correa transportadora, un cernidor y una tolva de almacenamiento sin un permiso de construcción para fuente de emisión". La comunicación de la oficial del DRNA descubre que la asfaltera la desarrolla la corporación identificada como Industrial Investments también propiedad de los hermanos Ortiz Serrano y cuya existencia legal data de abril del 2022, segúb el registro de corporaciones del Departamento de Estado. El lunes, legisladores de Victoria Ciudadana, Partido Independentista Puertorriqueño y el independiente, José Vargas Vidot, enviaron sendas misivas al alcalde de Bayamón, Ramón L. Rivera Cruz, estableciendo que “Los legisladores suscribientes consideramos altamente preocupante que el Municipio, al igual que otras agencias gubernamentales, le hayan dado el visto bueno a la construcción y operación de una planta dosificadora de asfalto en un distrito que no permite ese uso, en ausencia de una Consulta de Ubicación, mediante fin trámite expedito y con ningún grado de transparencia pública.” “Tras evaluar el Reglamento Conjunto 2020 y los usos permitidos bajo Distritos Pesados y Especializados los legisladores suscribíentes - José Bernarado Marquez; Ana I. Rivera SLassen, Rafael Bernabe y Mariana Nogales Molinelli, así como Dennis Marquez y María de L Santiago - entendemos que el municipio erró crasamente al conceder de forma ministerial los permisos a Industrial Investments LLC”, desarrollador de asfaltera. La comunicación de los legisladores llamaron la atención que la "estrategia de Industrial Investments con establecer un uso permito bajo el Distrito Industrial Pesado I-P, fue activar la facultad del municipio para otorgar un permiso de carácter ministerial y evitar así el tramite exigido en una Consulta de Ubicación y las Vistas públicas con participación ciudadana". Los legisladores soplicitaron del municipio que evaluen el caso a la "luz de las potenciales ilegalidades señaladas" y que escuche a la ciudadanía ante la preocupación por los efectos a su salud y bienestar por operación de la asfaltera.

Por Carmen Enid Acevedo El ex secretario del Departamento De Recursos Naturales Y Ambientales Rafael Machargo Maldonado certificó el proceso de deslinde de la Zona Marítimo Terrestre en el área del desarrollo The Cliff a pasos de la Cueva Las Golondrinas en barrio Borinquen de Aguadilla, a pesar de que no se cumplió con los requisitos de notificarlo a los propietarios de una de las firmas colindantes y se incluyó una localización incorrecta donde se ubicaría el proyecto residencial y que no tiene línea costera. A un día de que la protesta en los bienes de dominio público de Aguadilla produjera una persona herida de bala, cuando un guardia de seguridad de los contratistas, Carlos R. Román González y Julio López Vicente, dispararon contra manifestantes, se conoce que Vilmasor LLC, propietario de una de las fincas colindantes impugnó el deslinde de la zona marítima terrestre que hizo el DRNA en septiembre del 2020. El documento que cuestiona la legalidad del deslinde tiene dos fechas de entrada como tramitados ante el DRNA. Una del 16 de diciembre 2022 y otra del pasado viernes 27 de enero. Ni la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, ni el Gobernador Pedro Pierluisi han informado de este procedimiento que coloca a los demandados contratistas en posición de tener que defenderse de los alegados errores en proceso administrativo de endosos ante la agencia experta. Tampoco lo ha hecho González Román cuando ha recurrido a través de su contacto de prensa, el ex representante del Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico, Antonio “Tony” Soto a medios tradicionales a plantear que tienen permisos al día para continuar construcción de The Cliff. De otra parte, Machargo Maldonado, quien renunció en medio de conflictos ambientales en la zona protegida de Bahía de Jobos en Salinas, hizo la determinación - favor del contratista Carlos R Roman González y Julio López Vicente, propietarios de The Cliff, en septiembre del 2020, a un mes de celebrarse las elecciones generales. La impugnación radicada por voz del licenciado Miguel Sarriera, establece que "el Reglamento es claro en cuanto a los requisitos procesales aplicables a una solicitud de deslinde. No estamos ante un simple o aislado error procesal. Resulta evidente de todo lo anterior que el procedimiento de deslinde que la querellada llevó acabo fue totalmente ilegal y privó a la querellante y al público de su oportunidad de participar en el proceso. Se trata de una actitud displicente y temeraria manifestada a través de un inconcebible cúmulo de violaciones. Por tal razón es forzoso concluir que el objetivo en todo momento fue ocultarle al público y a la colindante el procedimiento de deslinde y la verdadera razón de la solicitud con la expectativa de engañar y así evitar el escrutinio público". Alega además que ni la colindante ni el público fueron informados de que la solicitud de deslinde tenía como objetivo un desarrollo residencial. Esto contrasta con el hecho de que el Secretario del DRNA si fue informado al respecto, como expone en su carta de aprobación del deslinde, y a pesar de esto permitió y aprobó un proceso claramente ilegal en el cual se le ocultó sistemáticamente al público ese importante hecho". “Ni a la querellante colindante ni al público se les informó que la solicitud de deslinde tenía como objetivo un desarrollo residencial. Esto contrasta con el hecho de que el Secretario del DRNA si fue informado al respecto y así lo dejó saber en su carta de aprobación del deslinde. (Ver apéndice pág. 27) De lo anterior se deprende que, a pesar de tener conocimiento del propósito del deslinde, el Secretario permitió y aprobó un proceso ilegal en el cual se le ocultó este hecho al público sistemática e ilegalmente”, reza el documento de ocho paginas radicado por el licenciado Miguel Sarriera, abogado de Inversiones Vilmasor LLC. El documento publicado en exclusiva por Bonita Radio establece que el contratista Grupo Caribe y The Cliff, ambas corporaciones de Román González, incluso informaron que el desarrollo se verificaría en el barrio Camaseyes, cuando en realidad está ubicado en el barrio Borinquen que si tiene costa. Nunca se notificó además que era un proyecto residencial. “El rótulo colocado en el caso O-AG-CER02-AG-00019-22082019 indica que está en la carretera 111 cuando en realidad la carretera más cercana es la 4458. Dicho rótulo no fue colocado en la propiedad objeto del deslinde sino en otra perteneciente en aquel momento a RL Partners LLC., y hoy a Aguadilla Pier, Corp”. #PeriodismodeInvestigación #PeriodismoIndependiente #PeriodismoDigital #contexto #procesoslegales #recursosnaturales #documentospúblicos #puertorico

Por Carmen Enid Acevedo Las instancias en que Carlos R. Román González, propietario de al menos dos corporaciones que proponen varilla y cemento en la zona de la Cueva Las Golondrinas y el Muelle del Azúcar en el barrio Borinquen en Aguadilla, ha desmentido actividad ilegal en cuanto a los permisos de esos proyectos, lo hace a través de "quien me ayuda en eso", identificado por él como el ex representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Antonio Soto. Román González, "un comerciante más que abogado" oriundo de Aguadilla, ha intentado mantener un bajo perfil desde que en mayo 2022, el candidato independiente, Eliezer Molina denunció los trabajos de construcción en el área y miembros de comunidades aledañas a su proyecto iniciaron un movimiento de protesta similar a lo que ocurrió en el 2021 en Rincón. Hace dos semanas, el fogón se intensificó cuando la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, constituyó un campamento denominado Pelícano, una de las especies que habitan en el área. Esto, hasta que la Cámara de Representantes acoja una Resolución de Investigación sobre lo que ocurre en la zona con los recursos naturales, entre mogotes, especies en peligro de extinción, la zona marítimo terrestre y espacios de dominio público. En el área de la Cueva hay dos estructuras que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ordenó su demolición en mayo del 2022. Al día de hoy, tanto esa agencia como la Oficina de Gerencia de Permisos )OGPE) no contestan por qué no se ha cumplido con la orden. Las ocurrencias técnicas y administrativas en el caso The Cliff y un segundo proyecto de muelle, almacenamiento y venta de combustible de aviones, Aguadilla Pier, producen abultados expedientes con las corporaciones de Román González desde que en 2018 adquirió 30 cuerdas de terreno del antiguo Muelle del Azúcar, en una venta judicial luego de que fuera una propiedad del licenciado, Goldwin Aldarondo Girald. "Es una persona bien agresiva. Le gusta el resto. Con muchos contactos en ambos partidos. (PNP y PPD). No lo tocan", dijo sobre Román Gonzalez, una fuente del área Oeste que pidió anonimato. En medio de las ocurrencias del juicio de Sixto Díaz Colón, que pone al descubierto lo que estructuró el gobierno PNP de Ricardo Rosselló para influenciar la opinión pública de la mano de ex políticos que posan como analistas en medios tradicionales y figuras de entretenimiento, Roman González mantiene a Soto como el ente que promueve la publicación de información que trata de establecer que sus proyectos tienen los permisos para remover corteza terrestre, invadir fincas aledañas, construir sobre servidumbres de paso y limitar el acceso a zonas de dominio público. Todo para por un lado, en The Cliff construir un proyecto con piscina, canchas de tenis, centro de actividades y acceso a la playa, por un lado, y otra actividad de venta y almacenamiento de combustible en lo que se denomina Aguadilla Pier. Román González de 51 años contestó dos llamadas de Bonita Radio entre el 23 y 24 de enero en las que identificó a Soto como su persona de prensa, compartió el número telefónico de éste y aseguró que le daría instrucciones de que contestara la petición de información de este medio. Soto nunca contestó las llamadas ni los mensajes de textos. Un ex legislador municipal de Guaynabo, Soto fue Representante desde el 2013 hasta que renunció sorpresivamente el 21 de febrero del 2021, a poco menos de un mes de que las autoridades federales arrestaran al productor, Sixto J. Díaz Colón, por cargos de extorsión y destrucción de evidencia cuyo juicio destapa desde el pasado lunes lo que se adelantó en el #veranodel2019 en el #TelegramChat. Rosselló y su grupo de trabajo gestionaban una estrategia de comunicación de la mano de figuras de medios tradicionales. Una investigación de Bonita Radio descubrió que una de las personas a la que llegó la Fiscalía Federal para dilucidar un esquema de creación de corporaciones para pagar unos 300K del fondo electoral del entonces candidato a la reelección, satisfacer el pedido de extorsión y así frenar la filtración del Telegram Chat, era en aquél momento un empleado de Soto en sus oficinas legislativas. Soto nunca contestó llamadas de Bonita Radio sobre ese particular. El empleado, identificado como Edwin Núñez González y su madre, Mayra González, fueron parte de la investigación que se inició en la Oficina del Contralor Electoral. Al ex legislador solo se identifica en la página de perfil de legisladores de la Cámara de Representantes, como poseedor de estudios "empresariales" en la Universidad Interamericana. No se establece que haya obtenido grado alguno y/o conducentes a grados en comunicaciones y/o relaciones públicas. Se sabe por él mismo que regenta los negocios de funerarias de su familia. Soto, como contacto de prensa de Román González, llega a medios tradicionales de la mano del licenciado Miguel Torres Torres, un abogado ambiental que representa al contratista y sus empresas ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP). Torres Torres también ha representado a Carlos Rodríguez Camacho y a Caribbean Island Corp., la empresa que se llevó el contrato del dragado del Superacueducto del Norte y en su lugar, instaló allí un negocio de venta de derivado de piedra y arena sin que hasta el momento ni esa agencia ni la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hayan informado a dónde llegó el dinero producto de esa operación. Las preguntas sin contestar por Soto y Roman González, incluyen cuánto contacto uno y otro han tenido con los responsables en DRNA, OGPE para investigar y proveer resultados de lo que denuncian comunidades sobre la violación a leyes ambientales en esos desarrollos. ¿Han tenido contacto con líderes legislativos que tienen en su poder resoluciones de investigación sobre el proceso de permisos para The Cliff y Aguadilla Pier? ¿Qué saben del operativo policiaco que hay en el área de The Cliff, que mantiene efectivos 24/7 en el lugar? Han tenido contacto con el coronel, Antonio López Figueroa y el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, sobre ese particular? ¿QUIEN ES EL ESCURRIDIZO CARLOS ROMAN GONZALEZ? A pesar de no contestar, ni uno ni otro, Bonita Radio pudo obtener información que establece el perfil de negocios y de dónde viene el comerciante, quien fue abogado pero ya no ejerce, Roman González. Sus años escolares se remontan al Colegio San Carlos en Aguadilla. Es hijo de quien fuera un reconocido fiscal de Distrito de Aguadilla, Luis A. "Chemy" Roman, quien fungió a finales de los 80 como uno de los fiscales del notorio caso contra Lydia Echevarría, por el asesinato de su esposo, Luis Vigoreaux. Roman murió en un accidente de avión en 1987. Roman González, casado y con cuatro hijos, fue el propietario de Petro Air, una corporación que origina en el 2001 para producir venta de combustible y provee otros servicios a clientes industriales de Puerto Rico y el Caribe. Documentos del Departamento de Estado lo colocan como agente residente y Presidente desde el 2011 y ya en 2017 no se identifica como tal. Es propietario de otras cuatro corporaciones, además de las que lo mantienen en la palestra pública, The Cliff y Aguadilla Pier. Según los registros públicos del DE, figura en RL Partners, Caribe Group, Croman Capital y Aluminios de Puerto Rico. Es socio de Juan López Vicente en Aluminios de Puerto Rico y The Cliff. Con la primera, con sede en Humacao, ha tenido actividades públicas (30 de abril 2019) con políticos como Ricardo Rosselló y su esposa, Beatriz y el entonces secretario del Departamento de Desarrollo Económico Comercio (DDEC) y director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial (CFI), Manuel Laboy. De hecho, Laboy firmó un incentivo de $2M para Aguadilla Pier el 30 de noviembre de 2020, a tres semanas de que se verificaran las elecciones generales. Román González es un contribuyente a manos llenas de figuras como el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán y al candidato del Partido Popular (PPD) a la gobernación, Carlos delgado Altieri, y al candidato y gobernador, Roselló y al PNP. Entre el 2019 y el 2021. donó $17,899 a esos políticos. Las corporaciones a su nombre tienen propiedades en Hacienda Libertad en Añasco - Octubre 2022; Reparto Romany, San Juan - Lote de terreno - Octubre 2021; Barrio Peña Pobre en Naguabo - Nov 2019; Carret. 115 Solar 1, en Rincon - 2019 y en la Urb. La Estancia 3, en San Sebastian - agosto 2016 y en el Barrio Hoya Mala en San Sebastian desde noviembre 2019. A título personal tiene propiedades en el Condado; barrio Camaseyes y barrio Borinquen en Aguadilla y un apartamento de playa en Arecibo.

REPITE EN ESTE CASO FUNCIONARIO QUE AGILIZO PERMISO PARA DESARROLLO EN ZMT DE RINCON Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Una reconocida firma de arquitectos mexicana con oficinas en la República Dominicana detalla en su página web el Plan Maestro que conllevará el desarrollo de The Cliff, el proyecto de construcción en un predio contiguo a Cueva Golondrinas en el barrio Borinquen de Aguadilla, que ha seguido un proceso irregular de permisos cuyo impacto ambiental es cuestionado por comunidades y al menos dos propietarios de fincas aledañas. Asimismo, de una investigación de Bonita Radio sobre el tracto que han tenido los permisos y consultas ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de las empresas que desarrollan el área mencionada en Aguadilla, se descubrió que en septiembre del 2019, Ildefonso Ruiz, entonces director interino de la División de Bienes de Dominio Público, tuvo ante si una solicitud de "certificación negativa de bienes de dominio público" para el área del Muelle del Azúcar. La peticionaria en DRNA en aquél momento fue Aguadilla Pier, corporación de Carlos R. Roman González y Juan López Vicente, los mismos que hoy desarrollan The Cliff. Del examen del expediente no consta que el DRNA haya hecho concesión de bienes de dominio público a individuos o alguna de las corporaciones de Roman González. Cueva Golondrinas es considerada, según los expertos, un bien de dominio público ubicado en la Zona Marítimo Terrestre. Aún así, las actividades de desarrollo de Aguadilla Pier y sus directivos continuaron hasta al día de hoy sobre la Cueva a pesar de que hay una orden de demolición de un potrero y un salón de actividades. Ruiz - quien del DRNA pasó a ser un empleado de la Oficina de Gerencia de Permisos - fue el funcionario de OGPE que admitió haber participado activamente en el 2021 en la petición de un Permiso Unico Incidental en favor de su amigo y socio de negocios, el consultor ambiental Angel Roman Más, quien consiguió los permisos para delimitar la ZMT del Condominio Sol y Playa en Rincón. La controversia de Sol y Playa, denunciada por ambientalistas, el ex candidato a la gobernación independiente, Eliezer Molina y miembros de las comunidades del área Oeste, culminó en una orden de demolición de la construcción de un área recreativa que se insistió en desarrollar sin permisos y en la ZMT de playa Los Almendros. La decisión de la Junta de Planificación (JP) fue llevado ante el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, quien confirmó al organismo en cuanto a que la construcción se dio sin los permisos. El primo hermano del gobernador, Pedro Pierluisi, Walter Pierluisi Isern, recurrió hasta el Tribunal Supremo y perdió cualquier posibilidad de revocación. En el caso de The Cliff, surge del expediente del DRNA que OGPE emitió un Permiso Unico para el desarrollo de The Cliff, con el aval de Rafael Machargo y el ex gerente renunciante de OGPE, Gabriel Hernández. La intervención de Ruiz en el expediente del caso de Aguadilla - que mantiene activo un campamento comunitario-legislativo de la representante, Mariana Nogales Molinelli y que denuncia inacción de la Rama Ejecutiva sobre las violaciones ambientales - se descubre en momentos en que una firma de arquitectos mexicana detalla el plan que tienen los propietarios de The Cliff, LLC, de desarrollar una expansión de terreno que alberga todavía un tanque de almacenamiento de melaza y otras edificaciones de lo que fue el Muelle del Azúcar en Aguadilla. GVA, con oficinas centrales en Zapopán, Guadalajara, México, describe en su página una "Master Plan en el litoral nor poniente de la llamada “Isla el Encanto”. En 6.7 cuerdas se desarrollará "un concepto de Terrazas escalonadas con vista al Mar Caribe. Con una siembra tipo “Town House” de 3 recamaras, espacios fisonómicos y terrazas de vista panorámica con un estilo de arquitectura local colonial". "El desarrollo integra importantes facilidades deportivas como; Pista de trote, Gimnasio al aire libre, Parque Lineal, Parque de Mascotas, (2) Canchas de Tenis, Acceso al club de Playa, Capilla y Casa Club con Piscina", se establece en la publicación que establece que el desarrollo propone un "caso de éxito" que describe como "una oferta única para el mercado local de vivienda para la región nor poniente de la Isla de Puerto Rico". La firma tiene "más de 54 años de experiencia" y QUE aspira a convertirse en la firma con mayor presencia internacional asegura "somos la primera firma mexicana de arquitectura integral en Latinoamérica". Tiene presencia en Panamá, RD y en Colombia. En su visión de negocio de arquitectura sostienen que es "integrar arquitectura de vanguardia con el manejo racional de los recursos naturales para crear un valor económico, social y ambiental en beneficio del ser humano mejorando su calidad de vida y la de su comunidad". En Puerto Rico y en relación a The Cliff, la realidad del desarrollo del proyecto parece estar distante de esta visión. Una investigación de Bonita Radio sobre el expediente en el DRNA sobre el tracto que han seguido al menos tres desarrollos de las empresas del propietario de The Cliff, Roman González, establece que han habido dos querellas entre el 25 de mayo de 2018 y abril del 2019. En el 2018 se construyó en el área un potrero y la edificación que sirve como salón de actividades, hoy con ordenes de demolición por estar sobre el bien de dominio público protegido y en la ZMT. No fue hasta mayo del 2022 que esas querellas fueron de alguna manera adjudicadas a pesar de que habían sido debidamente investigadas por vigilantes del destacamento de Aguadilla en el DRNA. En ese expediente de sobre 475 páginas, se destaca además que la geóloga Ruth Vélez emitió un informe del estado y los movimientos en el terreno luego que que inspeccionara el área. A pesar de que en abril del 2022, el expediente detalla la inspección de otros funcionarios de la Junta de Calidad Ambiental, OGPE y el área de servicios forestales, al día de hoy no hay informe alguno de estas agencias. La secretaria del DRNA, Anais Rodriguez Vega, ha dicho que su agencia espera porque la Oficina de Permisos emita el permiso de demolición. Más información.y análisis 8AM por Bonita Radio

Por Carmen Enid Acevedo Por lo menos cuatro propiedades en Cayey que se asegura fueron declaradas estorbos públicos por parte del ayuntamiento, pasaron a manos de Rolando Ortiz Velázquez, alcalde del Partido Popular Democrático (PPD) a través de una corporación y también a título personal entre 2016 y 2022. Todas están identificadas bajo una misma dirección en la barriada El Polvorín de ese municipio, según registro público del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). A los dos lotes en la calle Núñez Romero que fueron comprados a nombre de MCBRIDGE LLC en julio del 2022, se suman otras dos, una en el número 41 de la calle de esa calle y otra en la José De Diego en el mismo pueblo y una tercera en el barrio Jájome Alto de ese municipio. Esta última fue comprada en el 2016 y las del pueblo en marzo del 2019 y noviembre del 2021, respectivamente. Ortiz Velázquez tiene un total de siete propiedades a su nombre en Cayey, municipio que dirige como Alcalde desde el 1997, luego de ganar por primera vez en las elecciones generales del 1996. Hay dos terrenos comprados en los años 90 en los barrios Cercadillo y Sumido y otro del 2001 en el barrio Lapa del municipio que dirige. En febrero de este año, el municipio de Cayey circuló anuncios en las redes sociales y en un canal de Youtube, poniendo a disposición del público un inventario de propiedades declaradas estorbos públicos. En marzo de este año, la propiedad de la calle José De Diego tuvo un movimiento de titularidad a su nombre. Fue el cuatro de marzo de este año cuando se incorporó MCBRIDGE LLC a nombre del Alcalde. A cuatro meses de creada, MCBRIDGE adquirió dos lotes en la calle Núñez Romero 324-034-070-15 y 070-14, procedentes de la parcela 01 y 06. LLC. El documento de enmienda a la corporación establece que su agente residente y administrador tendrá la dirección del número 26, Calle Evaristo Vázquez, Bda El Polvorín Cayey, P. R. 00736-5032 y ofrece un número de teléfono que comienza con 615. A ese número de teléfono, Bonita Radio se comunicó el domingo en la noche y el hombre que contestó que aceptó ser de Cayey, no quiso identificarse. No contestó si reside en la barriada El Polvorín de ese municipio, dirección de contacto que se incluye tanto en la corporación propiedad de Ortiz Velázquez como en la de sus propiedades a título personal.

Por Carmen Enid Acevedo La Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) demandó a una joven corporación alegando que cobró $1.4 millones por trabajos no realizados en torno a protocolos del COVID-19 y que fueron pagados con los fondos provenientes del Cares-Act, ley federal que viabilizó ayudas económicas por la pandemia. Se incluye además al ex presidente, Manuel Fernós y al ex director ejecutivo, Dominique Gilormini De Gracia, por supuestamente incumplir con los deberes de sus cargos llevando a que la institución "suscribiera un contrato que no necesitaba". MAP, Strategies es una corporación que según el registro del Departamento de Estado fue incorporada el 13 de marzo de 2020, dos días antes de que la entonces gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garced, emitiera una orden ejecutiva de 'lock down' ante la realidad de la pandemia. En su descripción establece que se deicará a "Brindar servicios de consultoría sobre temas como asuntos gubernamentales, comunitarios y externos. Se ofrecerá la creación de políticas, logística, campaña y organización de instituciones y causas. Además de cualquier otro tipo de actividad autorizada por ley". Sus administradores y agentes residentes están identificados como Miguel Marzán Rodríguez y Pierina Ortiz Cortés, esta última, hija del reconocido abogado constitucionalista, Pedro Ortiz Alvarez, quien tiene oficina en el número G-8 de la calle Oneill en Hato Rey, la misma dirección de MAP, según el registro de corporaciones. La demanda radicada por el licenciado Luis M. Rodríguez es un nuevo capítulo en la zaga de acciones legales entre la Junta de Síndicos de la UIPR y los ex ejecutivos, luego de que Gilormini De Gracia estableció en el record público-judicial en abril de este año, que la Junta lo había relevado de su cargo alegando el inicio de investigaciones internas sobre actuaciones relacionadas con su puesto. El que también llegó a ostentar una posición de catedrático en la Escuela de Derecho, también mantiene una querella ante la Middle States Associations. Fernós por su parte se encuentra en un proceso de arbitraje luego del despido en mayo de este año que alega se dio “en violación al contrato y por represalia" y solicita compensación que incluye daños y salarios y beneficios dejados de devengar que asciende a $3.4M. Estuvo 23 años frente a la Universidad y le ha imputado incluso 'intervención indebida' a miembros de la Junta en asuntos relacionados con proyectos de construcción. El recurso legal alega que MAP Strategies LLC obtuvo un contrato en marzo de 2021 sobre "Propuesta de Servicios Sistema de Inteligencia Epidemiológica para la Comunidad Educativa" que se operacionalizaría en cuatro fases incluida una de vigilancia o "tracking" de la comunidad universitaria. Esa fase se denominó "Sistema Sindrómico" y según la demanda nunca se ejecutó así como un proyecto de "seguridad cibernética". Entre las alegaciones se encuentra además que el contrato de $1.4M nunca se presentó ante la Junta de Síndicos ni al Comité Ejecutivo de la Universidad, tal y como rezan las normativas de la institución que establece que a partir de $600K la contratación tiene que pasar el cedazo de ese organismo rector. Cuando el contrato se enmendó los informes leían actividades 'idénticas', según la demanda. Se alega que el contrato fue enmendado y fraccionado en doce partes para que el pago se diera a través de los recintos y escuelas especializadas, con certificaciones de facturas que según el pliego se pagaron sin que se constatara el trabajo realizado. La UIPR se organiza en nueve recintos y tres escuelas especializadas. La demanda establece que en la reapertura parcial de los recintos de la UIPR, ya la institución contaba con protocolos para atender la emergencia del COVID-19. Entre las causas de acción se incluye incumplimiento y cobro; resolución de contratoi, daños y perjuicios relacionada con el deber de los directivos y oficiales de la institución y su alegado incumplimiento de deberes según la Ley de Corporaciones, alegando que los demandados, Presidente y Director Ejecutivo "ocasionaron que la UIPR suscribiera un contrato que no necesitaba y abusaron de su discreción, fueron crasamente descuidados y actuaron contrario a los intereses de la UIPR". Un 90 porciento de los fondos de la UIPR provienen de fondos federales y se estima que recibió sobre $20M en fondos destinados para atender la pandemia. El mencionado pleito constituye uno de los primeros radicados en la Isla que argumentan mal utilización de fondos federales durante la emergencia de la pandemia.