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Por Carmen Enid Acevedo El ex alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, era miembro de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) cuando en diciembre del 2014 una empleada suya solicitó la agrupación de fincas incluida la 709 de titularidad municipal, con la de su corporación Aquamak donde hoy opera un negocio de guardería de botes. En el 2019, cuando se cuestionó la legalidad de la privatización del terreno municipal a manos de Questell y el cierre de acceso al bien de dominio público y el desarrollo en la zona marítimo terrestre, el ex alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP) era el vice presidente de esa Junta, entidad que hizo una auditoría de la agrupación y lo exoneró de cualquier irregularidad en el trámite. El extremo investigativo y periodístico de los trámites en el CRIM de la actividad de negocio de Questell en la finca 709 propiedad del municipio de Santa Isabel, encontramos un informe de 20 páginas que deja serias dudas de la agrupación que hizo la agencia a pedidos del propio ex alcalde. A 72 horas de publicada la pesquisa de Bonita Radio que demuestra que Questell se apropió de terrenos municipales, el alcalde del PPD allí, Rafael Burgos Santiago, formalizó contrato con el agrimensor Carlos Vega Santos, para realizar mensura del lugar y recurrir "a los tribunales si es necesario para devolverle esas tierras a la gente de Santa Isabel". Una transacción solicitada por una empleada municipal, identificada como Ada I. Miranda Negrón, llegó a la Oficina Regional de Ponce el 10 de diciembre del 2014, donde la también empleada, Amarilys Costales, realizó el trámite que llegó a la Oficina de Cartografía y allí el encargado de hacerla fue, Eddie A. De León Santiago. El CRIM aceptó la representación del contribuyente Questell, pues en ese momento no habían adoptadpoprocedimiento formal para autorizar a representantes de contribuyentes. Lo hizo en el 2016. El informe realizado en el 2019, cuando los pescadores denunciaron que Questell se habría apropiado del terreno municipal durante su incumbencia en la alcaldía, estableció que el análisis de la agrupación se hizo con un "croquis' y no con un plano de mensura como debió hacerse. "Sobre las servidumbres a las que hace mención la escritura de la propiedad ésta no se detallan en la imagen del catastro digital ya que en el plano o corquis provisto por el contribuyente no se detallan por lo que el personal del catastro digital no lo pueden demarcar en el mapa. Para demarcarlos, hubiese sido necesario un plano de mensura certificado por un agrimensor, no obstante, contrario a los casos de segregaciones, el mismo no es requerido para casos de agrupaciones", lee la página nueve del informe suscrito por el Contador Público Autorizado, Carlos García Rosado. Además, surge del informe una nota que lee que *02 "posiblemente sea la faja del medio", ejemplos de la certeza con que se hizo en el análisis que finalmente le dio a Questell la oportunidad de alegar que la Finca 709 es propiedad de su corporación Aquamak. Sobre los requerimientos de información al CRIM , la agencia envió un Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría del 22019, que no contiene las incongruencias que tiene el documento completo. Bonita Radio - ¿Quién hizo la agrupación de fincas en el CRIM. Qué división, empleado y a petición de quien. CRIM: "Tal y como se indicó anteriormente, las agrupaciones de fincas NO están a cargo del CRIM. Las agrupaciones las realiza un ingeniero o agrimensor mediante escritura con un notario público la cual se presenta ante el Registro de la Propiedad. Ningún funcionario del CRIM participa en ese proceso de agrupación de fincas. Bonita Radio - ¿Qué ha hecho Paniagua Látimer ante el referido de la Cámara de Representantes - Estrella Martínez Soto - sobre informe que adjudica la titularidad de terrenos que ocupa Questell y donde opera un negocio privado de guardería de botes, al municipio de Santa Isabel? CRIM: "Aunque hubo una comunicación preliminar por parte de la Oficina de la Representante, el CRIM está a la espera de una comunicación oficial con el formato que se requiere, para proceder como corresponda de acuerdo a la solicitud". CRIM: Adjunto te compartimos un Resumen del contenido del informe, el cual fue solicitado por el director ejecutivo Reinaldo Paniagua, a la Oficina de de Auditoria Interna . La división de Auditoría Interna indicó que el informe forma parte de sus procesos internos, por lo cual no puede divulgarlo en su totalidad y el Resumen hace referencia a su protocolo de divulgación". La pesquisa de Bonita Radio desmiente al CRIM y a su director ejecutivo Paniagua Látimer. Si hubo agrupación por parte del empleado De León Santiago y al menos cuatro empleados hicieron trámites relacionados a la petición del Ex Alcalde. No hay escritura ni hay documento notarizado de mensura de un agrimensor. Sobre la agrupación de fincas en favor de Questell, el agrimensor Carlos Vega Santos determinó, como una de las conclusiones de la investigación de la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Centra que preside la representante Popular, Estrella Martínez Soto, que "los códigos con el número 67-07-437-046-004-03 son pertenecientes a la propiedad del municipio de Santa Isabel y de sus Usufructuarios ya que solo se inscribían sus estructuras. Mientras que el número 67-07-437-046- 004-05 es la propiedad del Sr. Manuel A. Emanuelli, dueño del Restaurante Aquarium para esta época. Es por esta razón que no entendemos cómo el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales pudo concluir en su informe que el municipio de Santa Isabel no tenia propiedades en esta área". Añadió que "la propia información provista por estos, señala claramente la tenencia de terrenos municipales en esta área de controversia. Razón por lo cual, le sugerimos al CRIM que vuelva a analizar su propia información histórica con el detenimiento que este caso amerita. Surge de su propia información histórica la ubicación de los terrenos municipales y las estructuras de sus usufructuarios identificados con el código: 67-07-437-046-004-03. "el mismo código que fue utilizado junto con el código 67-07-437-046-003-02 para agrupar varias fincas, allegadas de la corporación Aquamak, Corp. (Apéndice Núm. 34C). Agrupación que no procedía pues de la propia información histórica del CRIM, señalaban estos terrenos como propiedad del Gobierno Municipal de Santa Isabel".

Y las agencias de administración Pierluisi brillan por su ausencia Por Carmen Enid Acevedo ¿Quién protege a Enrique 'Quique' Questell? ¿Por qué? Estas son las únicas preguntas que quedan sin contestar en una pesquisa de Bonita Radio que coloca al ex alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP) de Santa Isabel, administrando una guardería de botes y construyendo un gazebo de actividades en el litoral costero del sector Playa, privatizando la rampa de pescadores e impidiendo el disfrute de ciudadanos al bien de dominio público. Peritos ingenieros agrimensores, como el del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en otros pleitos, Carlos Vega Santos, han concluido que: "La información brindada y obtenida fue robusta, clara, efectiva, convincente, corroborable, eficaz y sobre todo confiable para mostrar la titularidad de las Finca Núm. 832(DTOP) y Finca Núm. 709(Macelo) que le pertenecen al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al municipio de Santa Isabel". Es en esas fincas, colindantes a la 1009 propiedad de la corporación Aquamak, su presidente, Questell Alvarado montó una guardería de botes durante su incumbencia en la Alcaldía en la que cobra $8 por pie de longitud del bote. La conclusión de Vega Santos se dio en medio de la pesquisa que realizó una comisión cameral que preside la representante del Partido Popular Democratico, Estrella Martínez, del distrito 27. La delimitación de esas fincas incluso está consignada en un documento legal en uno de los cinco pleitos que ha generado la controversia entre vecinos del sector Playa contra AquamaK desde los años 80. Del mapa de la mensura realizada por el ingeniero Hugo Da Silva, en el 1999 y consignada en el pleito JAC-1995-0437 surge el deslinde correcto entre la finca 1009 y la 706 propiedad del municipio. A pesar de estar sobre la mesa del caso una estipulación entre las partes sobre ese deslinde, nunca se firmó la misma ante el hecho de que Questell Alvarado resultó ganador en las elecciones del 2004 y estaba impedido de comparecer como dueño de Aquamak y ente municipal. El Alcalde se agenció en el 2015 que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), agrupara las fincas en cuestión y emitiera una opinión alegando que la Finca 709 no es de titularidad municipal. Precisamente fue en el 2015 que Questell Alvarado intervino ilegalmente en los bienes de dominio público reparando "plataforma, gazebo, muelles, rampa y verja dentro de los bienes de dominio público-zona marítimo terrestre, aguas territoriales y terrenos sumergidos bajo estas - sitios en el barrio Playa, calle Villa del Mar, carret. #538 en municipio de Santa Isabel". Así consta en la Moción en Auxilio de Jurisdicción que radicó en DRENA en septiembre del 2022 ante el incumpliento del querellado con los acuerdos llegados con la agencia desde el 2021. Entretanto y tras la pesquisa de Vega Santos con los mismos documentos del CRIM, se concluye que "los códigos con el número 67-07-437-046-004-03 son pertenecientes a la propiedad del municipio de Santa Isabel y de sus Usufructuarios ya que solo se inscribían sus estructuras. Mientras que el número 67-07-437-046- 004-05 es la propiedad del Sr. Manuel A. Emanuelli, dueño del Restaurante Aquarium para esta época. Es por esta razón que no entendemos como el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales pudo concluir en su informe que el municipio de Santa Isabel no tenia propiedades en esta área". Añadió que "la propia información provista por estos, señala claramente la tenencia de terrenos municipales en esta área de controversia. Razón por lo cual, le sugerimos al CRIM que vuelva a analizar su propia información histórica con el detenimiento que este caso amerita. Surge de su propia información histórica la ubicación de los terrenos municipales y las estructuras de sus usufructuarios identificados con el código: 67-07-437-046-004-03. "el mismo código que fue utilizado junto con el código 67-07-437-046-003-02 para agrupar varias fincas, allegadas de la corporación Aquamak, Corp. (Apéndice Núm. 34C). Agrupación que no procedía pues de la propia información histórica del CRIM, señalaban estos terrenos como propiedad del Gobierno Municipal de Santa Isabel. "El entonces alcalde de Santa Isabel (2005) debía conocer los limites de su finca (1009(Aquamak)) con relación a los terrenos del municipio, pues ya los agrimensores lo habían establecido en el plano suministrado al tribunal. Mínimamente debía este reconocer que allí existían unos terrenos municipales. Nos parece altamente cuestionable que luego de estos eventos el Sr. Questell continue infiriendo que estos terrenos le pertenecen, pues ya había queda claro cuales erran los terrenos de este y los del municipio. Podemos observar hoy día que este ha movido las verjas más aun hacia dentro de los terrenos del municipio. Pues hoy podemos ver como la parte Oeste de la plazas construidas en el proyecto municipal “Centro Náutico de Sur”, ahora quedan dentro de las verjas del exalcalde Questell, apropiándose este de los terrenos del municipio de Santa Isabel". La utilización de terreno público colindante con la finca del ex alcalde, Questell Alvarado, ocurre entre el 2008 y el 2014, luego de que como incumbente no renovó la "Concesión para el Uso de las Aguas Territoriales, Terrenos Sumergidos y la Zona Marítimo Terrestre", que le otorgó el DRNA al municipio bajo la alcaldía de Angel M. Sánchez Bermúdez y que dio acceso a la ciudadanía al #bdp #zmt en el sector Playa de Santa Isabel. "Tenía que hacerlo (renovar la concesión) para que siguiéramos utilizando la rampa y en cambio privatizó, construyó en terrenos públicos y ninguna agencia, ni el municipio hacen nada para evitarlo. Así funciona esto aquí con Don Quique Questell", dijo a Bonita Radio, Alfonso Alfonso Cintrón, pescador quien junto a un grupo de pescadores y a Moisés Marrero, ex vice presidente de la Legislatura Municipal PNP, han denunciado desde el 2019 lo que ocurre en el sector Playa con la finca del municipio colindante con la del ex Alcalde. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tiene conocimiento e incluso compareció al foro judicial en 2021 y acordó con Questell Alvarado que removiera la verja de alambre eslabonado que construyó en la #zmt y que impide el paso hacia el malecón de Santa Isabel. Al día de hoy no ha cumplido. "Eso lo sabe la licenciada Sotomayor (Mildred, representante del interés público) y al día de hoy no han hecho nada. En el caso de Jennifer González en La Parguera no tardaron ni tres meses en ver la vista y aquí, con determinaciones y acuerdos judiciales no han hecho a 'Quique' cumplir con la ley. ¿Por qué? ", sostuvo Alfonso Cintrón, en referencia a la celeridad con que el DRNA ha actuado en el caso de querellas por crímenes ambientales en el solar 48 que ocupan los suegros de la Comisionada Residente en La Parguera. Las investigaciones que se hicieron desde la Legislatura Municipal de Santa Isabel - incluso la de su partido y bajo su incumbencia en el 2018; la que hizo un grupo de pescadores del empobrecido municipio liderados por Alfonso Cintrón, y la que produjo una Comisión Cameral en el 2023, acumula cientos de folios con evidencia suficiente para establecer mínimamente que Questell Alvarado opera un negocio lucrativo en terrenos del pueblo y por lo que ha presentado informes financieros con ingresos de sobre $1M. La OEG cerró sin consecuencias el referido que hizo a esa agencia la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OFEI), a pesar de que una una investigación de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) - de marzo 2021 - determinó que Questell Alvarado que fue Alcalde por 15 años "Al obstruir el paso impidió además el uso del Club Náutico y otras facilidades. Sin duda, éste utilizó su puesto para beneficiarse personalmente. Lo que antes era gratuito para el público y pescadores lo convirtió en un negocio al exigir $25 para el acceso a las facilidades cuando aún no se ha resuelto en los tribunales la titularidad de los terrenos. Así convirtió su negocio en proveer servicio de embarque y desembarque de lanchas o equipo acuático para el cual cobraba dinero. Para el cierre a las facilidades tampoco procuró la aprobación de una Resolución u Ordenanza autorizándola". Añadió la resolución UPAD-2021-0012 del FEI ante el informe de Melanie Grandoné Godreau que Questell Alvarado "no llevó a cabo gestión alguna para cumplir con el acuerdo judicial. Su falta de gestión para cumplir con dicho acuerdo, así como el cierre al acceso de las facilidades de desembarque y el negarse a reparar los muelles, tuvo el resultado directo de beneficiar un negocio del cual es dueño y el cual es administrado por su hija. Al impedir el paso, impidió además el uso del Club Náutico y otras facilidades". Refirieron a OEG alegando que el abogado que investigó para la UPAD, Rafael Sánchez concluyó que se refiriera a esa agencia "toda vez que el querella dejó de ocupar el puesto de alcalde". Bonita Radio cursó pedidos de información al DJ sin que la oficial de prensa de la agencia, Joan Hernández ni la contratista, Damarisse Martínez, contestaran los mismos. Por lo menos dos pescadores de Santa Isabel presentaron querellas en el DJ que dirige, Domingo Emanuelli, ante la fiscal Teresita Morales Arteaga, quien descartó que pudieran investigar las alegaciones contra Questell Alvarado. Justicia no recomendó designarle un FEI al Ex Alcalde que al día de hoy tiene tres querellas activas ante la OEG, una de ellas relacionada a la reunión que sostuvo con el ex secretario del DRNA, Rafael Machargo en 2020 sobre las querellas que ha tenido ante esa agencia. El director de la OEG, Luis Pérez Vargas, concedió entrevista a Bonita Radio y justificó el cierre de la querella contra Questell Alvarado sin consecuencias alegando que de "una evaluación del expediente referido por el FEI se determinó no presentar causa de acción bajo la Ley 1, 2012". No pudo precisar si la Unidad de investigaciones de su oficina tuvo ante si la evidencia consultada por esta periodista y que incluye folios en el CRIM, tracto registral del terreno municipal que acreditan su titularidad a favor del municipio. El Ex Alcalde PNP no solo opera el negocio de guardería sino que a las gestiones que hacen vigilantes del DRNA en el terreno municipal, se alega que él y personas allegadas a su negocio, hoy llamado "La bahía by Aquamak" destruyen y remueven los postes que marcan el deslinde. Se han producido dos pleitos en el foro judicial de Ponce, entre el 1995 y el 2012, en uno de los cuales Questell Alvarado tenía que cumplir con una estipulación de construir verjas que delimitaran el terreno municipal de la finca de su propiedad y que colinda con éste. Nunca lo hizo y en su defecto cerró el paso a pescadores tras el huracán María en el 2017 y comenzó a cobrar $25 - para su bolsillo a través de Aquamak - por la utilización de la rampa entre pescadores, usuarios de motoras acuáticas y kajacks. En un segundo pleito, incoado por los pescadores Alfonso Cintrón y José Tejero en el 2019, el ex Alcalde llegó a un acuerdo judicial para remover la verja. Tampoco lo hizo y al día de hoy, ni el DRNA, que firmó la estipulación, ni ninguna otra agencia ha ido contra Questell Alvarado para que cumpla con el mismo. TITULARIDAD DE LA FINCA DONDE UBICA 'LA BAHIA BY AQUAMAK'" La Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de los Fondos Públicos de la Región Sur Central de la Cámara de Representantes investigó el caso ante la no respuesta al querellante y pescador Alfonso Cintrón, de las agencias concernidas, incluído el Departamento de Transportación y Obras Públicas que tiene jurisdicción sobre la carretera donde discurre parte del cierre que ha provocado el desarrollo privado del Ex Alcalde y quien se asegura coquetea con volver en el 2020 a correr para la alcaldía. El informe de la autoría de la representante del Partido Popular Democrático (PPD), Estrella Martínez Soto, dejó claro que la finca 709 está inscrita en el Registro de Propiedad a título el Municipio de Santa Isabel y el paso de servidumbre, es de una carretera estatal perteneciente al Departamento de Transportación y Obras Públicas". La investigación hecha por el ingeniero y agrimensor, Carlos Vega Santos recomienda "solicitar a Aquamak, corp. que proceda con la debida rectificación de cabida y reconocimiento de la titularidad de los terrenos del Municipio de Santa Isabel y el Departamento de Obras Públicas Estatal (DTOP); Solicitar al Municipio de Santa Isabel que proceda con la debida recopilación documental, procediendo a hacer el debido uso y posesión de los predios en controversia, para el mejor disfrute de los santaisabelinos y solicitar al Departamento de Obras Públicas Estatal (DTOP) que proceda con la debida recopilación documental, procediendo a hacer el debido uso y posesión de los predios en controversia, para el mejor disfrute de los puertorriqueños". Vega Santos, el mismo perito que utiliza DRNA para reclamar la reivindicación de los terrenos en Bahía de Investigación estarina de jobos en Salinas concluyó que: ".... la Corporación Aquamak, Corp. está ocupando y/o reclamando terrenos que no le pertenecen como titular. Esto se pudo evidenciar con la propia titularidad estudiada de las partes envueltas. En adición a un voluminoso expediente de documentación que sustenta las alegaciones de los ciudadanos que han sido privados de la utilización de los terrenos del estado. Esta conclusión, pudo ser plasmada en una ilustración (Apéndice Núm. 28J), donde la misma presenta claramente la ubicación de los terrenos en controversia al día de hoy. Esta información surge de documentación registral y varios planos correspondientes al área en controversia". "El área que está ocupando y/o reclamando la Corporación Aquamak Inc. hoy día, es propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Municipio de Santa Isabel. Específicamente, hablamos de las Fincas Números 832(DTOP) y 709(Macelo). Respectivamente, ambas están inscritas a nombre de los dueños antes mencionados en el Registro de la Propiedad. La Finca Núm. 832(DTOP) está contenida parcialmente dentro de unas verjas establecidas incorrectamente por la corporación. Mientas que la Finca Núm. 709 (Macelo) nunca ha sido reconocida por la Corporación como propiedad del municipio, pues esta alega ser dueña de estos terrenos desde el año 1995. La corporación demandó al municipio de Santa Isabel, alegando ser dueña de estos terrenos en el caso número JAC1995-0437. El perito le recomienda a la Corporación de Aquamak lo que ni el estado ni el municipio le han exigido a su dueño, el ex alcalde Questell Alvarado: 'que reconozca que las fincas son del municipio "para que así se abra el paso para la utilización de los ciudadanos de Puerto Rico como se había designado desde sus orígenes. Querer privar al ciudadano de la utilización de estas tierras es contrario a la designación original de estos terrenos". Ni Questell ni el alcalde Popular de Santa Isabel Rafael Burgos Santiago contestaron peticiones de entrevista de Bonita Radio. Se alega que Burgos Santiago se comprometió con los pescadores en solicitar la reivindicación de los terrenos que invade Questell Alvarado sin que hasta el momento haya hecho gestiones para ejercer ese derecho en los tribunales en favor del pueblo de Santa Isabel. Conéctate a las plataformas digitales de Bonita Radio en FB, YouTube, Instagram y Twitter para que accedas a más información sobre esta pesquisa.

SOLICITA LA REIVINCACION DE LOS TERRENOS DONDE HAY HOY CASAS REMOLQUES Y ESTRUCTURAS COMO PISCINAS Y MUELLES ILEGALES Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) solicitó el viernes al Tribunal de Primera Instancia de Guayama que determine que los que ocupan solares con residencias de cemento, casas rodantes y hasta piscinas en el área del Camino El Indio en el barrio Las Mareas de Salinas, están en terrenos de una finca que le pertenece al gobierno y por ende al pueblo, por virtud de varias transacciones que datan de entre el 1889 hasta el 2019. La controversia que desde el 2022 se discute públicamente sobre la destrucción de mangle, relleno y hasta construcción ilegal de residencias de cemento de dos pisos y parques de alquiler de 'trailers" en el mencionado Camino, se simplificó en materia de derecho cuando la investigación del DRNA, hecha por el agrimensor, Carlos Vega Santos, colocó a los demandados en la Finca 5971, hoy 14269, propiedad del DRNA. "Hacemos un llamado al Honorable Tribunal. Estamos ante un asunto del más alto interes publico y necesitamos de su intervención inmediata, No hay razón por la que se deba prolongar resolución de este caso. Es una ob,ligación indelegable de todos protege la Reserva y garantiazar su utilización conforme a su destino público. El aprovechamiento continuo de dicha área, así como la proliferación de estructuras y obras ilegales para disfrutar de viviendas de veraneo o vacacionales atenta contra la más eficaz conservación y protección de los recursos naturales de Puerto Rico, así como contra el adecuado desarrollo de estos para fines educativos e investigativos en beneficio general de la comunidad puertorriqueña", suplica la agencia por voz de los licenciados Homero González y Maritere De Jesús Aponte. La compleja investigación de Vega Santos - contratado por el DRNA desde el 2014 para atender la proliferación de construcción ilegal en Bahía Estuarina de Jobos - fue parte de una pesquisa que descubrió Bonita Radio en mayo del 2022 cuando comunidades aledañas y ambientalistas de diferentes campamentos alrededor de la Isla denunciaron crímenes en los bienes de dominio público y zona marítimo terrestre. La Moción de Sentencia Sumaria solicita al juez José M. D'Anglada Rafucci que resuelva la controversia en favor del DRNA argumentando que los 13 co-demandados se encuentran en terrenos del gobierno y no en la finca 3752 donde se alega que compraron mediante la figura de 'común proindiviso' (Lo que significa que una persona tiene el derecho de propiedad sobre dicho bien solo de forma parcial, compartiendo la propiedad con otras personas, no teniendo ninguna de ellas la plena propiedad) Según la investigación del agrimensor Vega Santos, la finca matriz 267 o Monte del Estado, fue segregada en 1889 para traer la finca 383 o mejor conocida como Monte Manglar. De esa también se originó la 3752, cuando en 1971 Guillermo Godreau Marreo le compró a un tercero. En 1975 compró otras, La Cuarta y la Quinta. A pesar de que la primera compra de Godreau Marrero se derivó de un proceso de sindicatura en el Tribunal de Quiebras en 1971, nunca se mencionó esa en la transacción que hizo en 1975. Godreau Marrero vendió "condominios de 1/44 ava partes en común pro -indiviso", de la Finca La Cuarta, reza la alegación 82 de la Moción de Sentencia Sumaria del DRNA y es lo que dicen poseer los co-demandados en el área del Camino del Indio. En cambio, el origen de la 5791 - o Finca Lugo Viña, obtenida por el DRNA en 1981 por $400K - donde ubica Bahia Estuarina de Jobos - surge de la 383. En el 2019 la 5791 se agrupó con la 13,320 para así formar la hoy conocida como 14,269. La escritura 51 da cuenta de esa agrupación con fecha del 18 de junio de 2019 cuando ya Vega Santos se encontraba realizando esfuerzos para determinar sin lugar a dudas que se había invadido la finca del DRNA. Esa transacción fue de $500k de fondos públicos. Son las participaciones 'común pro indiviso' en la finca 3752 que vendió Godreau Marrero, entonces un abogado del foro de Guayama y Salinas, las que comienzan a proponer movimiento de desarrollo en el Camino El Indio a partir de los años 80. Se alega que el desarrollo se aceleró a partir del huracan María en el 2017. Pero, la construcción se dio en la Finca pública. "Analizando cada una de las colindancias, podemos concluir lo siguiente: Al momento de segregarse la finca 3752 la colindancia Sur de su finca matriz era una finca que pertenecía a Don Valentín Paoli. Dicha Finca resulta ser la Finca 828 de Salinas, según expusimos anteriormente. Enla descripción registral de dicha Finca Num 828, surge que esta colinda al Este con la Finca 383 y que al Sur en su totalidad con el Mar Caribe. La colindancia al este de la Finca 267 era la Bahía Negra, lo que actualmente se conoce como el Mar Negro", lee la Moción en su página 43. Una de las alegaciones en la Moción es que el trabajo pericial de Vega Santos en cuanto a las colindancias fue incluso reconocido por el perito de los demandados, quien no hizo ningún estudio registral ni investigó las fincas en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. 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Y abogado de defensa de la Jueza encontrada incursa en desacato fue acusado de perjuicio en caso de convicto abogado Lutgardo Acevedo Por Carmen Enid Acevedo BONITA RADIO La credibilidad de los protagonistas del insólito caso de la ex jueza María Negron Garcia que fue encontrada incursa en desacato de la Junta del condominio Sol y Playa, está tan cuestionada como la de quien debió cumplir carcel y hoy se encuentra en la libre comunidad cuando un ex compañero de labores resolvió que su privación de la libertad es ilegal sin traer justificación legal alguna. A menos de doce horas de que resolviera dejar sin efecto el desacato civil y la orden de encarcelación que emitió el juez Abid Quiñones Portalatin, su par y supervisado, el juez Miguel Trabal Cuevas, no había incluido en el registro del caso del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, una justificación legal para su decisión. Quien si emitió una orden de siete páginas dejando claro las razones y justificaciones legales para ordenar el ingreso en prisión de Negron Garcia, fue Quiñones Portalatin. En su escrito rezan por lo menos siete párrafos en las que relata el tracto de un caso que comenzó en el 2021 y que culminó en noviembre de ese año, cuando el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia de Quiñones Portalatin sobre los permisos nulos que dieron origen a la disputa por la reconstrucción de las zonas recreativas de Sol y Playa. Negron Garcia es la tercera presidenta de una Junta que estuvo dirigida por Kenny Gutiérrez y Carlos Torres, quienes estuvieron siempre luchando contra la sentencia emitida sobre los permisos ilegales para reconstruir lo que el huracán María destruyó en Sol y Playa. El complejo, construido en 1996, se dearrollo con un deslinde equivocado en la #ZMT de la Playa Los Almendros, según ha trascendido en las investigaciones del caso que ha traído Bonita Radio a la discusión pública. La ex jueza fue nombrada por primera vez en agosto del 2002, jueza municipal por la entonces gobernadora, Sila María Calderon y en el 2004, ascendida a jueza Superior. Se jubiló como tal en diciembre del 2021. "En nuestro ordenamiento es hartamente conocido que el procedimiento de desacato se funda en el poder inherente de los tribunales "para mantener y asegurar el orden en su presencia y en los procedimientos ante su consideración, para hacer cumplir sus órdenes, sentencias y providencias, y para realizar u ordenar cualquier acto que resulte necesario a fin de cumplir a cabalidad sus funciones". E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR669, 681 (1999); 4 LPRA sec. 24o. Para ejercer efectivamente todas estas facultades la ley les autoriza a castigar por desacato. El desacato es un procedimiento sui generis cuya característica esencial es que la parte perjudicada siempre es el tribunal. In re Cruz Aponte, 159 DPR 170, 182 (2003). No se persigue, no obstante, vindicar la persona del juez agraviado, sino que su propósito es rehabilitar la dignidad y autoridad de los foros judiciales. In re Cruz Aponte, supra", lee la resolución del Juez asminiatrador de la región judicial de aguadilla en su página 4. Añadió el Tribunal: "El desacato, ya sea en su modalidad directa o constructivo, puede ser civil o criminal, independientemente de la naturaleza del procedimiento en que ocurra. Por lo tanto, se puede cometer un desacato civil dentro de un procedimiento criminal y viceversa. Lo que determina si el procedimiento seguido es civil o criminal es "el propósito del castigo y no el carácter del acto castigado". E.L.A. v. Asoc. de Auditores, supra, pág. 683. La diferencia estriba en que la imposición del desacato civil persigue lograr el cumplimiento de una obligación, ya sea que esta emane de una sentencia, orden u otra fuente. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 804 (1992). Consiste en la imposición de una penalidad por un tiempo indefinido, sujeta a que la persona cumpla con una orden y obligación primaria que forma parte de la acción principal. In re Cruz Aponte, supra, págs. 182-183; Alvarez v. Arias, 156 DPR 352, 372 (2002). Se basa en el sano principio de que la observancia de las órdenes de los tribunal por parte de aquellos contra quienes van dirigidas es de cardinal importancia para la administración de la justicia. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., supra, pág. 804. El desacato civil solo está sujeto a las garantías mínimas del debido proceso de ley, lo que incluye el derecho a ser notificado y una adecuada oportunidad a ser escuchado. United Mine Workers v. Bagwell, 512 U.S. 821, 827 (1994).para la administración de la justicia. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., supra, pág. 804. El desacato civil solo está sujeto a las garantías mínimas del debido proceso de ley, lo que incluye el derecho a ser notificado y una adecuada oportunidad a ser escuchado. United Mine Workers v. Bagwell, 512 U.S. 821, 827 (1994). ¿Quien es el juez Cabral Cuevas que revocó la decisión de Quiñones Portalatin? Trabal Cuevas, un protegido del ex presidente del Sensdo, Thomas Rivera Schatz, perdió en una primaria en 2008 la candidatura a la Cámara de Representantes por el distrito 16 de San Sebastián, Isabela y Las Marías. Tras esa contienda, el alcalde de San Sebastián, el penepé Javier Jiménez, lo apoyó y más tarde le retiró el endoso por entender que "le falta temple" y "no tiene madurez". La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, emitió una decisión de la Comisión Evaluadora de Jueces que no recomendó a Trabal Cuevas Iara ascenso al foro apelativo. Entretanto, el abogado que presentó el recurso de Habeas Corpus en favor de Negron García, Edwin Lopez Pérez, es un ex fiscal que fue acusado por el Fiscal Especial Independiente en relación al contable y convicto, Lutgardo Acevedo, quien mató a un parroquiano en medio de un accidente de tránsito y su caso fue amapuchado en el Foro judicial de Aguadilla. López Pérez enfrentó un cargo de perjurio por presuntamente mentirle al Departamento de Justicia sobre su conocimiento y participación en la escena del accidente de tránsito que su amigo, el excontable Acevedo López, provocó y que segó la vida del guardia de seguridad Félix Babilonia, el 30 de junio de 2012. Se desconoce en qué quedó el caso de López Pérez ante el FEI que todavía hoy postula ante los foros judiciales del país. Conéctate a Bonita Radio en FB Live a las 11AM para conocer más detalles de esta historia.

PRIMERA PARTE SERIE ESPECIAL: LA PARGUERA, PROTECCION DE UNO, BENEFICIO DE TODOS POR CARMEN ENID ACEVEDO De las 112 casetas de La Parguera que están inscritas en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), hay por lo menos tres que son producto de transacciones judiciales en las que un Juez emitió sentencia poniendo en manos de un tercero una caseta que se erige en bienes de dominio público y que no está registrada en ninguna parte. A la pregunta de cómo han sobrevivido en zona de dominio público las cientos de casetas que hay entre mangle y mar en el barrio La Parguera de Lajas, la pregunta suele contestarse con evasivas, sin nombrar a nadie pero implicando a todos. "Mucha gente poderosa", dicen algunos. La historia también ha colocado en los años 60, el protagonismo de "abogados, ex jueces, médicos, profesores universitarios del (Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayaguez) y comerciantes de enorme talla", tal y como relata el antropólogo Manuel Valdés Pizzini en su publicación Antrópikos en la que deja para si los nombres de aquéllos. A finales de la década del 70 y en medio de la administración de Carlos Romero Barceló, un Memorando de Entendimiento entre el gobierno de Puerto Rico y el de Estados Unidos - a través del Cuerpo de Ingenieros - inició un proceso de terminar con las llamadas originales 'casas bote' pero quedaron casetas que si bien no estaban en el agua, siempre han ocupado el bien de dominio público. Al parecer un entendimiento entre las partes dejó establecido que no se podían ampliar ni intervenir con los alrededores que incluyen mangle negro y rojo. Eso no ocurrió. El desorden impera en una hermosa área costera que incluso pone en riesgo el ecosistema que incluye mangles que actúan en favor de la costa cuando viene un huracán. En aquél momento, una de esas figuras con poder, se asegura que era el hoy fenecido juez federal, Juan M. Pérez Giménez. El juez que iniciaba entonces una carrera judicial como magistrado, iba y venía en fines de semana y tiempos veraniegos a La Parguera desde los años 80, a una caseta que se alega le perteneció a su familia. Ninguna de las casetas en el CRIM están registradas a su nombre o de alguno de sus cinco hijos ni de su viuda. De hecho, al menos tres parguereños dijeron que no estaba claro si ante su muerte en el 2020 se había vendido. Pérez Giménez perteneció a la judicatura federal 45 años de los 79 que tenía cuando murió en el 2020. Sí hay evidencia de que en el 2006, siendo Juez de Distrito de Puerto Rico, Pérez Giménez intervino en un pleito que involucró el desarrollo de tubería sanitaria en La Parguera. Atendió la petición de Orden de Restricción Temporera que presentó en el Tribunal Federal, la administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA), precisamente por la alegada intervención del entonces alcalde de Lajas, Leovigildo Cotté Torres, impidiendo el trabajo de una construcción de alcantarillado que realizaba la agencia en el barrio La Parguera de Lajas. El caso 3-06-CV-01624 fue resuelto por el 'casetero' Pérez Giménez en favor de la AAA. "La eliminación de la EDAR de La Parguera se logrará por el desvío de caudal a la PTAR de Lajas mediante la construcción de una línea de alcantarillado, una línea de alcantarillado troncal forzado y dos (2) estaciones de bombeo (el “Proyecto)". De las múltiples historias que se han dirimido ante la opinión pública sobre La Parguera en los últimos 30 años, la última que involucra a los suegros de la Comisionada Residente, Jennifer González, parece estar moviendo un palo que nunca se había jamaqueado con fuerza. Los relatos siguen incluyendo a jueces pero no como propietarios o inquilinos de casetas, sino como quienes han emitido sentencias que colocan el bien ilegal en manos de otros. Miguel Torres Torres, abogado de José del Carmen Vargas Cortés y su esposa Irma Llavona Rovera, padres de Yovin Vargas, esposo de González, admite que la estructura está en bienes de dominio público y que por ella se otorgó una escritura pública. Allí se detectó el domingo un pillo de agua y desde el siete de junio, la ampliación de una terraza con evidencia de destrucción de mangle. Una investigación de Bonita Radio sobre las 112 casetas que están inscritas en el CRIM, reveló que en el registro de la número 7, la agencia establece que fue producto de una sentencia en el 2004 aunque no se detalla nada sobre la misma solo el numero KDI-99-2858. La transacción más clara que es producto de un pleito judicial es la que se relaciona con las casetas 11 y 159, que son el resultado de una controversia por cobro en la que las dos estructuras estaban garantizando un préstamo de $15K que otorgó la madre de los hoy ocupantes. Ninguna de las 112 casetas tiene inscripción en el Registro de la Propiedad del barrio La Parguera. Así se verificó en el sistema Karibe que reúne las transacciones registrales de toda la Isla. Salvo pocas excepciones, todos los caseteros en el CRIM, tienen registradas otras propiedades a su nombre. "Conforme se desprende del expediente del caso que nos ocupa, el 14 de julio de 1981, la co-peticionaria, Ida Violeta Pagán Ferrer, le prestó $15,000 a Daniel Cotté Báez y a su esposa, Carmen A. Cancel (esposos Cotté-Cancel). Para ello, los esposos Cotté-Cancel suscribieron un Pagaré al Portador por la suma de $15,000 con vencimiento a la presentación. Para garantizar el pago de la deuda, ese día, los esposos Cotté-Cancel otorgaron la Escritura Núm. 12 sobre Hipoteca al Portador sobre dos propiedades situadas en La Parguera en Lajas, Puerto Rico", lee la sentencia del Tribunal de Apelaciones del caso que se vio en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez y que versó sobre descualificación de representación legal. El originario de cobro se vio en el TPI de San Juan. Las referidas casetas fueron donadas mediante carta notarizada por la madre de los hoy ocupantes, según el registro del CRIM, Luis E. Cancel Pagán y Lissa Cancel Pagán. Precisamente, la controversia de la impugnación del abogado y que va a impugnar las donaciones se da porque otorgó las escrituras de donación el mismo abogado que notarizó el pagaré del préstamo que fue objeto del cobro garantizado con las casetas. En Noticias con Café a las 8AM, podrás escuchar la segunda parte de esta historia con el relato de los nombres que sobresalen del registro del CRIM, cómo y cuando construyeron sus casetas y qué políticos veraniegan en más de una. Por Facebook Live

Y Gobierno de Alejandro García Padilla había permutado la finca a una compañía española Por Carmen Enid Acevedo La Administración de Terrenos de Puerto Rico (ATPR) bajo el gobierno de Pedro Pierluisi recurrió a los tribunales para sacar a una familia del barrio Florida, sector Martineau en Vieques, donde uno de sus miembros vive hace 60 años, en la costa donde quedan hoy los restos del Hotel W. Esto para desarrollar un malecón o venderla al mejor postor en lo que constituye una más de las historias del desplazamiento que se verifican a lo largo y ancho del país en los últimos años. Edwin Velázquez Rodríguez, hijo de Eugenia Cruz González, es la tercera generación de ocupantes de dos lotes de terreno - donde hay dos casas de hormigón - que componen la franja costera donde una vez brilló el Hotel W, Vieques, hoy propiedad del criptomillonario estadounidense, Brock Pierce, un recipiente de los beneficios contributivos que otorga la Ley 60, antes Leyes 20 y 22. Las intenciones de la ATPR de hoy coinciden con la transacción que llegó a hacer el ex director ejecutivo, Luis Rivero Cubano, en el 2014 y bajo la administración de Alejandro García Padilla, al suscribir un contrato de compra venta con los antiguos propietarios del W Vieques, los empresarios españoles, Carlos Enseñat Reig y su madre, María Reig, por $25K o $6,500 por cuerda de terreno. El contrato, con capacidad de extenderse por 18 meses más allá del término de vencimiento en el 2016, venció en el 2018. Una pesquisa de Bonita Radio del expediente judicial del caso de la Sucesión de Eugenia Rodriguez González, compuesta por Velázquez Rodríguez y sus hermanos Ernesto y Marianela Rodriguez Cruz, propone un complicado pleito que comienza en el 2017 cuando los demandantes recurrieron al foro judicial de Primera Instancia, sala de Vieques, solicitando un Expediente de Dominio y reclamaron la titularidad de la tierra en la que vivió su abuela, su madre y ellos desde los años 40 hasta hoy. Aunque el Tribunal de Apelaciones - por voz de los jueces Grana Martínez, Rodríguez Flores y Figueroa Cabán les dio la razón, el gobierno insiste en recurrir al Tribunal Supremo, foro que ya le dio un primer No Ha Lugar para entrar en los méritos del caso a través del recurso de Certiorari. EL CASO SEGUN LOS DEMANDANTES La titularidad de la tierra emanaría de las transacciones que hizo la Marina de Guerra de Estados Unidos hace 70 años, cuando junto al Departamento del Interior de Estados Unidos, desalojaron a dos terceras partes de la Isla para ubicar la infraestructura Naval de ese cuerpo militar. A la abuela de Edwin, Hilaria, la sacaron de "Mosquito y la trajeron aquí" a los terrenos donde ubican hoy las casas de donde quieren sacarlo. "A su vez, afirmaron que han estado en posesión de la finca a título de dueño, quieta, pública y sin interrupciones desde que la adquirieron, sumando su posesión a la de los dueños anteriores por un término mayor a 30 años. Por lo tanto, solicitaron la inscripción del predio en cuestión a su nombre en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico. La AT reclamó titularidad sobre los terrenos alegando que la Marina de Guerra se los vendió en 1980 y solicitó del juez Santos Ramos Lugo que dictara sentencia, entre otras razones procesales, porque los demandantes fallaron en contestar una demanda de reconvención y en otro caso porque no tuvieron abogados disponibles, toda vez que la Licenciada que los representó, Lilia Quiñones Fuentes, renunció por razones de salud. Los demandantes tardaron en conseguir abogados pero siempre asistieron al foro judicial a insistir en la titularidad de los terrenos. EL CONTUBERNIO DEL TPI DE VIEQUES El juez Ramos Lugo dictó sentencia desestimando el pleito sin perjuicio, tal y como se lo pidió la AT, por voz del licenciado Christian Lourido Alonso. Sin que se pasara prueba sobre los hechos del caso que plantean la disputa por titularidad, el Juez desestimó sin haber nombrado un abogado de oficio a los demandantes. "En dicho contexto procesal, a base de las alegaciones de la Reconvención, el TPI dictó sentencia en rebeldía contra los apelantes, y decretó que el título de absoluto dominio de la parcela en controversia corresponde a la Administración de Terrenos. Además, ordenó que los apelantes desalojaran el inmueble". La orden de deshaucio llegó a Edwin a finales del mes de noviembre del 2022. Ya con representación legal, entre el licenciado Fermín Arraiza, Julio Marcano y Luis J Torres Ascencio, recurrieron de la decisión del TPI al Tribunal de Apelaciones, que les dio la razón, determinando en parte: "La Sucesión Cruz González alega que erró el TPI al desestimar la Petición Enmendada de Expediente de Dominio sin haberlos sancionado previamente. Sostienen, además, que al desestimar la Petición Enmendada por no haber informado nueva representación legal se les violentó su debido proceso de ley, así como “la política pública sobre acceso a la justicia para partes que enfrentan procedimientos en los que su vivienda se encuentra amenazada”. Dada su incuestionable insolvencia económica, correspondía asignarles una representación legal de oficio conforme establece el Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico. Sobre el hecho de que el TPI "resolvió la controversia mediante el procedimiento sumario de desahucio, cuando la acción se había tramitado por la vía ordinaria, dijo además el foro apelaytibo "Peor aún, adjudicó la controversia sumariamente aunque la apelada no había solicitado el despacho sumario del pleito, no acreditó la autenticidad". RIVERO CUBANO EL VENDEDOR DEL PATRIMONIO EDIFICADO AL MEJOR POSTOR PRIVADO DE ADMINISTRACION GARCIA PADILLA Las intenciones de venta de la propiedad donde ubican las casas humildes de la Sucesión Eugenia Rodríguez González, es una de cuatro transacciones que firmó entre el 2014 y el 2016, el entonces director ejecutivo de la AT, Rivero Cubano. A solo días de que asumiera posesión como gobernador, Ricardo Rosselló Neváres, Rivero Cubano firmó la permuta del edificio donde ubica la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña en San Juan. Lo hizo a favor del empresario y hotelero, Arnold Benus, bajo la compañía Gran Hotel San Felipe del Morro, en un contrato que no ha podido ser ejecutado porque dicha edificación está a nombre del Departamento del Interior y el gobierno de Puerto Rico tiene derecho al uso que no ha sido cambiado por el gobierno estadounidense. El contrato firmado por Rivero Cubano establece que "se pagará una renta de $5,000 mensuales durante el proceso de construcción, $85,000 anuales los primeros tres años de operación, y $100,000 anual los restantes años. Al término del año 10, se aumentará la renta 15 % de la base o 3.5 % de la ganancia de la operación del hotel cada cinco años, mientras que después del cuarto año de renta, además pagarán 5 % de las ganancias netas después de los impuestos. Además, Rivero Cubano logró vender la antigua sede del Departamento de Estado de Puerto Rico, a Benus y su socio de negocios, Cirilo Meduña, en donde desarrollaron el Hotel Palacio Provincial. Una tercera transacción. se dió en el 2016 por parte de Rivero Cubano, en relación a la cesión de los terrenos del estacionamiento del Departamento de Hacienda a las firmas del desarrollador, Ruben Vélez Lebrón. El contrato con la empresa Plaza La Marina LLC propiedad de Vélez Lebrón - registrada en febrero del 2016 - y que desarrollará un mega hotel de la firma Hard Rock Café, se dio el 22 de noviembre de 2016, a 14 días de las elecciones generales en las que perdió la gobernación el PPD, así como el control de la Legislatura.

Por Carmen Enid Acevedo El ex secretario del Departamento de Hacienda bajo la administración de Luis Fortuño Burset, Juan Carlos Puig Morales, quien tuvo acceso VIP a las propiedades de la Autoridad de Tierras en el 2020, creó una corporación para obtener contratos con el ex presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, a ocho días de haber renunciado a su posición en la administración penepé y a un año de que comprara su primera propiedad en la antigua Central Aguirre en Salinas. Entretanto, Bonita Radio confirmó que la esposa de Puig Morales, licenciada Susan Wert Serrano, es una contratista del Departamento de Educación a razón de $132K con un contrato vigente que vence el 30 de junio y tuvo otro de seis meses entre diciembre 2021 y junio del 2022, por $96K. Los contratos son por asesorar en Programas de la Oficina de Fondos Federales. También tuvo otros dos en el 2012, por $54 y $35K con el Departamento de la Vivienda, según consta en el registro de contratos de la Oficina del Contralor. Mientras, Puig Morales creó International Management Consulting Group el 20 de junio del 2011, con vigencia del primero de julio del mismo año, para contratar con el Senado de Rivera Schatz, siete días más tardes de que fuera efectiva la misma, el ocho de julio de 2011 y por unos $120K. En el contrato se establece "que el Senado necesita y desea obtener servicios de International Management Consulting como asesores de asuntos económicos en la Oficina de Asesores del Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz". En el documento se justifica la contratación advirtiendo que "International Management Consulting cuenta con la capacidad y experiencia necesaria para cumplir con las obligaciones necesarias que asume mediante este contrato". Los únicos contratos que tuvo la corporación de Puig Morales, que tenía como dirección la residencia que obtuvo con su entonces esposa, Magdalena Rabionet Vázquez, en el Paseo Las Vistas en San Juan, fueron dos en el Senado y uno por $50K con el municipio de Guayama, bajo la incumbencia de la también funcionaria del Partido Nuevo Progresista (PNP), Glorimari Jaime. La corporación nunca radicó informes financieros en el Departamento de Estado como requiere la Ley y fue cancelada por la agencia en el 2014. No tuvo otra actividad que no fueran los contratos que le otorgó Rivera Schatz bajo la firma de la entonces jefa de su oficina, Katherine Erazo, ex esposa del senador y presidente de ese cuerpo, Charlie Rodríguez. Hoy, Puig Morales - que tuvo acceso privilegiado al inventario de propiedades de la Autoridad de Tierras para comprar un lote aledaño al que ya tenía en la Central Aguirre en Salinas - tiene contratos con el Negociado de Sistemas de Energencia 911 y en el 2021, tuvo dos contratos con el Departaento de Seguridad Pública que dirige, Alexis Torres, por $80K. La semana pasada, Bonita Radio publicó los hallazgos de una pesquisa que trajo a la atención que Puig Morales tuvo acceso en el 2020 a una propiedad de la Autoridad de Tierras en la calle Principal de la antigua Central Aguirre en Salinas, a un año de haber salido de la administración de Ricardo Rosselló Nevárez como sub secretario de Hacienda, bajo la incumbencia de Teresita Fuentes Marimó. Puig Morales compró una primera propiedad en Aguirre a Carmelo Pizarro Colón por $47,500. La parcela 55 denominada Hacienda Vieja la adquirió a 11 meses de salir del gobierno de Fortuño Burset. Se alega que allí vive con su actual esposa, Wert Serrano. Una segunda, la parcela 54 de la Calle Principal, contigua a la 55 y también llamada Hacienda Vieja en el catastro digital del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la compró por $50K, el 11 de agosto de 2020 y figura como vendedora la AT, representada por su entonces director ejecutivo, Juan Luis Rodríguez Nieves. Puig Morales ha sido un donante de Rivera Schatz y del gobernador Pedro Pierluisi entre el 2020 y el 2021. Su esposa le ha donado cantidades mínimas al representante por San Juan, Victor Parés Otero.

Por Carmen Enid Acevedo En el camino El indio hay solares baldíos, casas a medio hacer, tres hidrantes, contadores de agua y luz, unos en uso y otros detenidos, muelles de hasta 350 pies de largo, botes, casas remolques, letreros de SeVende y casas con ascensor. Todo, con el inmenso mar Caribe de telón de fondo, entre parchos de arena blanca, babote negro, mangle que un día fue rojo y el que se empeña en sobrevivir al crimen al que lo han sometido, con fuego y machete amolao. Hace una semana el país todo, más allá de Salinas, Guayama, Santa Isabel, Juana Díaz o Ponce, descubrió el truco que se cierne desde hace 40 años sobre esas tierras protegidas, en la jurisdicción de la Reserva Estuarina de Jobos, entre Las Mareas, la 703 y el Camino El Indio. A pesar de que las autoridades han acelerado los permisos en la zona costera desde los últimos 7 años, en Las Mareas hoy no se sabe cómo se instalaron hidrantes. "Son trece acometidas, ocho activas y cinco inactivas. Los hidrantes, hasta el momento, no fueron instalados por la Autoridad", dijo la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán en una conferencia de prensa en la que participaron el lunes cuatro de abril 2022 - día en que el Gobernador salió de viaje a España - los que a su vez tuvieron que ir a rendirle cuentas a la Legislatura en su primer día de vistas; Pagán, el secretario auxiliar de OGPe, Gabriel Hernández; el vicepresidente de Asuntos Energéticos de LUMA Energy, Kevin Acevedo y la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla. ¿Quién fue?, ni ella, ni la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, ni el renunciante secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, lo saben. Aún así, García Bardales dijo que "nosotros nos vamos a asegurar que los documentos lleguen de forma correcta y se ejecuten". Por su parte, la que desde el pasado viernes le tocó ser secretaria interina, Anaí Rodríguez, cuando tuvo su "primer contacto con la información", sentenció hay "crímenes ambientales que han quedado claramente evidenciados” de los que no se había percatado su antecesor, Machargo aún cuando García Bardales dijo que "la estrategia de Machargo fue la correcta". En el Camino El Indio se han desarrollado por lo menos ocho parques que agrupan casas remolque para alquilar y otras que se utilizan por sus dueños para pasar el fin de semana. Villa Grecy, Villa Pájaro, Villa Combate, Villa Paraíso y Villa Cobito son algunos de estos. Se anuncian en la plataforma de alquileres por temporada Airbnb, aunque en alguno de los casos ya no está disponible la información. García Bardales dice que ya hizo un análisis de lo "más fácil que son las utilidades" que en el caso de la AAA, ya se han identificados que hay siete cuentas que fueron autorizadas con permisos o documentos dudosos. En el caso de la AEE hay por lo menos 47 cuentas de las que se estima que hay 33 nebulosas. “La realidad es que la estrategia de Machargo fue una acertada. Él encaminó el proceso de investigación a través de un bufete, no lo delegó en Justicia, lo contrató el propio Departamento de Recursos Naturales para atender el problema de raíz”. “El problema se atiende de raíz desahuciando y sacando al invasor de un terreno que, no solamente tiene la titularidad el gobierno de Puerto Rico, sino que está declarado una reserva natural”, añadió.

El rostro es de Guillermo Godreau Marrero, quien en 1976 obtuvo una escritura de la finca 3752 según el Registro de la Propiedad en donde se enclavan terrenos dentro de la reserva Estuarina de Jobos en Salinas. Allí está el Camino Los Indios donde hoy se pueden identificar sobre 20 construcciones en la zona protegida, con colindancia con el Mar Caribe, que están cargadas de cemento, relleno e infraestructura eléctrica y de agua. Godreau Marrero, asesinado en el 2006 en la marquesina de su residencia en el barrio Playita del mismo municipio, se valió de un plano de mesura realizado por el agrimensor Luis Rodríguez, para vender participaciones bajo la figura de “común pro indiviso”, que según el diccionario jurídico supone que “se tiene el derecho de propiedad sobre dicho bien solo de forma parcial, compartiendo la propiedad con otras personas, no teniendo ninguna la plena propiedad”. Tal y como divulgáramos el lunes 28 de marzo, los movimientos de Godreau Marrero para con la finca se descubrieron en el 1977 y el entonces juez presidente del Tribunal Federal, Hernán Pesquera, emitió un interdicto estableciendo la ilegalidad del desarrollo del área. Godreau Marrero y otros abogados fueron apercibidos de la decisión del foro judicial entonces por tener igual que el primero, terrenos en desarrollo en el área. Godreau Marrero, un abogado criminalista con extensa práctica en el municipio de Salinas, logró una escritura de los terrenos de manos de Guillermo González Hernández, Garrard Harris - un síndico de la Corte de Estados Unidos que manejaba asuntos de tierras - y Frank Paravisini Hernández. Antes, la finca había sido propiedad de Eduardo Lugo Viñas, un militar de la época de la Guerra Hispanoamericana. Godreau Marrero fue asesinado en el 2006 en la marquesina de su residencia por hechos no relacionados a su intervención como vendedor de múltiples terrenos en el sector Las Mareas, de acuerdo con fuentes de la Policía del área de Guayama. La viuda, Josefa Veguilla, a cuyo nombre está la escritura que incluye "finca cuarta y quinta" donde está enclavado el Camino Los Indios, sería la heredera de los terrenos.

Por Carmen Enid Acevedo La historia registral de las fincas Monte Manglar y Monte del Estado entre Salinas y Guayama están repletas de imaginarios de administraciones coloniales, políticas de explotación y negligencia de agencias públicas, entre los imperios de España y Estados Unidos y los natales burócratas colonizados del patio, la loza y el fangal puertorriqueño. La reciente controversia pública sobre el desorden ecológico que impacta sobre 5K cuerdas de terreno colindante con el Mar Caribe en el sector Las Mareas de Salinas, ha desatado el interés de políticos y del periodismo de denuncia y fiscalización que busca y siempre encuentra. Una Orden de Interdicto Permanente del entonces juez presidente de la Corte de Estados Unidos en Puerto Rico, Hernán Pesquera, en 1981, ordenando el cese y desista de la destrucción del sector, la protección de recursos naturales y el reconocimiento de crimen ambiental, no ha sido cumplida en los pasados 41 años ni por las agencias federales que debieron haberlo hecho con la Bahía Estuarina Jobos en Salinas, según su propia designación. Una pesquisa entre documentos que datan del 1866 y 1899, coloca la situación hoy del camino El Indio en el barrio Las Mareas de Salinas, en la punta de un conflicto entre la negligencia culposa de las agencias estatales y federales que no atendieron la invasión de terrenos en el sector, por un lado, y los especuladores con terrenos en medio de la reserva. Se alega que hay un extremo de crímenes relacionados con el narcotráfico que se dirime por lo bajo pero que no ha sido reconocido ni siquiera por los residentes del sector. Se estima que hoy entre construcciones de viviendas de cemento y parques de "trailers" o casas rodantes, piscinas y pozos sépticos, la Reserva está impactada por una veintena de esas construcciones ilegales en su mayoría en el Camino El Indio, que tiene colindancia al Mar Caribe. OTROS SIGLOS, OTROS INTERESES QUE IMPACTARON LA RESERVA La primera vez que los mangles de las mencionadas fincas comienzan a sufrir el embate de medidas de desarrollo no conservacionista, se ubica en la historia de finales del Siglo 19 cuando la metrópoli española necesitó reajustar las designaciones políticas y económicas y de explotación a su colonia en el Caribe. "El incremento poblacional que experimentó la Isla desde fines del siglo XVIII, la necesidad de tierras con fines agrícolas, la lejanía de la Metrópoli y las guerras de independencia de las colonias españolas en América, entre otros factores, contribuyeron para que España reenfocara la administración gubernamental de la colonia de Puerto Rico. Ante esa situación y como parte de la problemática española en América, España reconoció la importancia de las maderas del país, en especial, aquellas que eran empleadas con fines navales o de construcción", lee la investigación de la época de Carlos M. Domínguez Cristóbal, del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos . "El advenimiento del cultivo de la caña de azúcar como el principal producto agrícola de exportación durante las primeras siete décadas del siglo XIX repercutió sobre los manglares. La ubicación de los cañaverales en los llanos costeros a espaldas de los manglares contribuyó a que este ecosistema fuera influenciado por el cultivo del azúcar. La necesidad de ampliar la zona del cañaveral requería en gran medida de una fuente de combustible barata y accesible. Por otro lado, la tenencia de tierras dedicadas al azúcar cada vez se hacía más competitiva. Ante esa coyuntura histórica y dada la ubicación del mangle bobo dentro del escenario del manglar le correspondió a éste el sufrir la creciente necesidad de material combustible para las chimeneas azucareras". "El plan de acción de la Inspección de Montes de Puerto Rico estaba basado en los siguientes planteamientos: la realidad forestal de la Isla, la inclusión de los manglares en la política forestal y la entrega oficial de los manglares de parte de la Comandancia de la Marina a la Inspección de Montes". Desde es momento hay vigilancia para la protección de los manglares o reservas aunque por diferentes factores. Efectivos de la Marina ejercían control sobre los de San Juan y la Guardia Civil de Puerto Rico sobre otros, incluidos los que ocupa esta investigación, Las Mareas, Jobos entre Salinas y Guayama. "Del examen de los planes de aprovechamiento forestal de la Inspección de Montes de Puerto Rico para el Manglar de Jobos, Las Mareas, Caño Grande y Punta Caribe de Guayama se desprende que durante los años de 1877-1878 a 1888-1889 dicho manglar debía subastar 73,301 esteras de leñas las cuales de subastarse representarían 903.6 pesos (Tabla 4). El año en que mayor kilogramos de cortezas fue descrito figura en 1877-1878 con 9,201 kilogramos de cortezas. No obstante, ese número de cortezas jamás fue superado por los planes de aprovechamiento siguientes. Como dato curioso resulta que en los manglares de la zona sur, sureste y suroeste del país el Manglar de Jobos, Las Mareas, Caño Grande y Punta Caribe de Guayama lideraba el número de kilogramos de corteza de mangle así como su importe económico" DE CORPORACIONES GRINGAS A LAS MANOS DE SALINENSES CON PODER Una pesquisa de las escrituras originales de Las Mareas ubica a los propietarias de las fincas 3752 y 3753, para efectos del Registro, donde está enclavada la Reserva, en manos de Eduardo Lugo Viña y más tarde en las de corporaciones, Port America Corp. of NY y Luce and Company y Comandita. Las fincas sufrieron tres segregaciones y volvieron a manos de Lugo Viña entre 1902 y 1903. No está claro cómo llegó a ser de Lugo Viña, un militar con antecedentes en la Guerra Hispanoamericana del 1898, una de las fincas enclavadas en la Reserva. En el registro digital del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales se establece que el hoy DRNA, antes solo Departamento de Recursos Naturales, tiene titularidad de algunos de los terrenos desde 1981 cuando hubo transacción a esos efectos que, según expertos en el tema consultados, también incluyó a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). El abogado salinense, Gillermo J. Godreau Marrero, con oficinas en la calle Montserrate #20 del pueblo de Salinas, compró una de las fincas, la 3752, y la escritura a su favor y a la de su esposa, Josefa Veguilla, se suscribió con ratificación de segregación el 12 de febrero de 1976. El notario de esa escritura fue el licenciado Jorge Openheimmer Méndez, quien al día de hoy funge como propietario de un predio de terreno en la determinada finca. Escucha el análisis de esta investigación aquí: Bonita Multimedio Garrard Harris y Frank Paravisini Vázquez comparecieron como vendedores por ser dotados de un poder de parte del vendedor, Guillermo González Hernández, a quien se le habrían expropiado las tierras mediante procedimiento en la Corte de Estados Unidos en Puerto Rico, donde era síndico, Harris. Además, en la mencionada escritura, se hace constar que González Hernández habría segregado la misma finca en una ocasión anterior y el notario fue, Godreau Marrero, en 1974. Un documento registrado en el Archivo Histórico de Puerto Rico, da cuenta de que González Hernández representaba a Harris en cuanto "a un convenio de eliminación de arrabal" en la Playa de Salinas, ante la invasión a un ritmo acelerado y donde se dan "construcciones clandestinas". En tal documento se advierte que: "dichas construcciones clandestinas son el medio de que se están valiendo los especuladores de terrenos para aprovecharse de la tremenda alza de precios, todo esto en detrimento y perjuicio de los trabajadores y habitantes bona-fide del área de la Playa, quienes están imposibilitados de encontrar tierra para construir sus casas". Una vez adquirido las tierras y valiéndose de un plano donde se alega que se desarrollarías las segregaciones, Godreau Marrero comenzó a vender "participaciones" y se alega que logró unas 45, que fluctuaron entre los $5K y los $200K cada una. En 1981, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos radicó un pleito por, entre otras violaciones a la Ley Federal de Control de Aguas de 1972, hoy conocida como Clear Water Act o Ley Aguas Claras, que mantiene tiene vigencia en la jurisdicción Federal, ante los desechos lanzados al mar y la construcción en aguas navegables de Las Mareas. Entre los notificados al emitirse el Interdicto Permanente en julio de 1979, se encontraron, el licenciado Godreau Marrero; el abogado estadista y ex secretario del Departamento de Justicia bajo la administración de Luis A. Ferré, Blas C Herrero Calderón y el abogado, Gustavo A. Del Toro, padre del actor puertorriqueño en Hollywood, Benicio del Toro. Todos están fallecidos al día de hoy. Godreau Marrero fue asesinado en el 2006 frente a su residencia. Su hijo, Guillermo J. Godreau Veguilla, fue sorprendido en el 2015, construyendo y disponiendo de basura sobre el mangle de Las Mareas. Su caso, en unión a otros dos hombres, fue procesado administrativamente en el DRNA con resolución final en el 2020 y se le impuso una multa de $5K que fue rebajada a $3K. Al día de hoy no se ha podido verificar que haya sido pagada.

Por Carmen Enid Acevedo El ex secretario del Departamento de Hacienda bajo la administración de Luis Fortuño, Juan Carlos Puig Morales, tuvo la oportunidad de oro de comprar una propiedad en la antigua Central Aguirre en Salinas, a nombre de la Autoridad de Tierras (AT), a un año y siete meses de haber salido de esa agencia y en su segunda vuelta allí, mientras gobernaba Ricardo Rosselló Nevárez. En el tracto de compraventas de propiedades del gobierno de Puerto Rico en Salinas de parte de Puig Morales, se cruza su anunciada participación como asesor de la presidencia de Thomas Rivera Schatz en el Senado en esa administración Fortuño. Aún cuando así lo anunció a la prensa en junio del 2011, en el registro de contratos de la Oficina del Contralor, no hay ningún documento que lo certifique. En el 2021, se descubrieron irregularidades en la concesión de dinero de la AT ante la creación de un Fondo tipo Barril de Tocino a repartirse entre legisladores de distrito, ideado y aprobado por Rivera Schatz y su administración legislativa junto a Carlos Johnny Méndez y aprobado el 30 de diciembre del 2020, a un mes de haber perdido el control de la Legislatura. La directora ejecutiva de la AT, bajo la administración del presidente de la Junta de Gobierno de la AT, Ramón González Beiró, Dorally Rivera Martínez, está referida a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) antre alagaciones de mal uso de fondos públicos. Entretanto, de una pesquisa documental realizada por Bonita Radio sobre las transacciones de Puig Morales con una propiedad de la AT, figura el nombre de Carlos Rodríguez Mateo- hoy secretario de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (AMSCA) - como vecino del primero allí en Aguirre. A éste se encuentra atado el de Dalcia Lebrón Nieves, madre de la hija de Rivera Schatz y directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras. Fue Rodríguez Mateo, entonces senador, quien sometió el Informe Positivo de la Comisión de Nombramientos del Senado, para el que fue evaluada la designación de Lebrón Nieves por el pleno para la posición en la Adm. Terrenos en el 2017, momentos en que el padre de su hija era el Presidente del Senado y de esa Comisión evaluadora. El denominador común entre los tres es Rivera Schatz quien se como auto denomina amigo de Puig Morales. No hay evidencia de que como directora de Terrenos, Lebrón Nieves haya intervenido en algún asunto que le compete a la Autoridad de Tierras. En Admin. Terrenos, la directora ejecutiva está a cargo de las transacciones de los bienes y derechos reales a nombre del pueblo de Puerto Rico, compra ventas, alquileres y expropiaciones. Aguirre cae bajo la jurisdicción de tierras agrícolas de la Admn. de Terrenos. De otra parte, los registros del contralor electoral establecen que Puig Morales ha sido donante del Ex Presidente del Senado por $1,500 entre el 2020 y el 2021. La primera propiedad comprada por Puig Morales en Aguirre fue la parcela 55 denominada Hacienda Vieja, a Carmelo Pizarro Colón, a 11 meses de salir del gobierno de Fortuño Burset. Allí se asegura es su residencia principal y se conoce como "Blue house". La segunda, la parcela 54 de la Calle Principal, contigua a la 55 y también llamada Hacienda Vieja en el catastro digital del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la compró junto a su esposa, Susan Wert Serrano, el 11 de agosto de 2020 y figura como vendedora la AT, representada por su entonces director ejecutivo, Juan Luis Rodríguez Nieves. Desde el 2021, era el presidente de la Junta de Gobierno de la AT, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró. La figura común entre ambos es el hoy portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Rivera Schatz. Son además parte de esa junta, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre; el presidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis Alemañy González; y el director de asuntos gubernamentales de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Fernando González Vélez. El gusto por comprar casonas en la Central Aguirre al parecer comenzó para Puig Morales en el 2012, a un año de salir de la administración de Luis Fortuño Burset, donde fungió como Secretario de Hacienda y más tarde en el recién creado puesto de Inspector General. En el 2019, Rivera Schatz hizo pública su amistad con Puig Morales al catalogarlo como su amigo cuando salió de su segunda intervención en Hacienda, esta vez como sub secretario. Ambos comparten la fascinación por los vehículos antiguos la que Puig Morales desplega en su página de la red social Facebook. También en el 2019 y en medio de las alegaciones de Raúl Maldonado Gautier de alegadas querellas éticas en su contra, Puig Morales renunció luego de que se fuera de la agencia, Teresita Fuentes Marimó. Aunque fue investigado por supuestamente pedir dinero a contratistas para la fiesta de navidad de la agencia, la Oficina de Etica Gubernamental, bajo la dirección de Zulma Rosario nunca dijo nada sobre esa pesquisa. .

Por Carmen Enid Acevedo Decidir en contra de la Iglesia Fuente de Agua Viva sobre la validez de una póliza de daños tras el huracán María, fue una de las gotas que colmó la copa de las presiones que se asegura provocaron la renuncia del licenciado Mariano Mier Romeu como Comisionado de Seguros en noviembre de 2021. Tres años antes, el número dos de esa agencia, licenciado Rafael Cestero Lopategui, bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevárez, cambió la decisión pericial de la agencia a favor de la Iglesia y ordenó multas a la corporación Multinational Insurance Company que determinó no expedir la póliza ante el hecho de que sus movimientos violentaron el Código de Seguros. Bonita Radio reveló el lunes que lo que da pie a que la Iglesia Fuente de Agua Viva solicite dinero de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas inglés) para la reconstrucción del templo de Carolina es precisamente que intentaron obtener la mencionada póliza a dos días del huracán María y le fue denegado. La historia con evidencia de que la Iglesia, mediante su pastor, Otoniel Font, cabildeó con políticos e inversionistas de la Ley 20 y 22, para recibir los $32M de FEMA, también cuenta con un registro de eventos entre los que se encuentra la renuncia de Mier Romeu, que falló en contra de la Iglesia y la actuación de Cestero Lopatagui para favorecerla. En el 2018, el Comisionado de Seguros era Javier Rivera Ríos que se alega que mantenía querellas contra aseguradoras de hasta cinco años de antiguedad y sin resolver. Cestero Lopategui ha tenido querellas ante la Oficina de Etica Gubernamental y junto a Rivera Rios, alegaciones en los tribunales de que "dejó sin efecto multas emitidas contra aseguradores y ajustadores públicos relacionadas con violaciones en el manejo de reclamaciones producidas por el huracán María y también ordenaron paralizar las investigaciones originadas por querellas presentadas por asegurados, incluyendo la investigación contra la empresa de ajustadores públicos Scott M. Favre Public Adjuster" Entretanto y en el caso de Mier Romeu, su resolución confirmó por un lado, el informe de la licenciada Arelys Nieves Pérez, de la OCS - después de celebrar vistas y traer descubrimiento de prueba - y por el otro, la determinación de la División de Investigaciones de la Oficina en septiembre del 2018 que estableció que la Iglesia Fuente de Agua Viva no puede reclamar daños bajo una póliza que intentó comprar cuando ya estaba activado un Aviso de Huracán en septiembre del 2017 y porque no pagó el 20 porciento del total de la prima, según dispone el endoso “Mandatory Premium and Coverage Conditions Endorsement Puerto Rico”. Dos fuentes confirmaron por separado que una de "las razones de peso" que tuvo Mier Romeu al renunciar a su cargo en el 2021, fue precisamente las presiones que tuvo para que mantuviera el dictamen de Cestero Lopategui. "De Fortaleza...de la legislatura. Dondequiera que había un cabildero de los religiosos", dijo otra fuente con conocimiento del asunto de la póliza que intentaba cobrar sin éxito el Concilio que dirige el pastor Otoniel Font. Mientras, lo que trajo una de las fuentes de información sobre la realidad de que el sub comisionado de OCS en el 2018, Cestero Lopategui, si cambió la decisión de la División de Investigación fue confirmado por la sentencia judicial que estableció que "....como producto de unas comunicaciones exparte, el entonces Subcomisionado Rafael Cestero Lopategui, dictó una Orden el 17 de octubre de 2018, en la que arguyó que Multinational infringió el Código de Seguros 21 y la condenó a pagar una multa administrativa de $10,000.00 (Caso Núm. CM-I-2018-09- 106). El sub Comisionado "ordenó al recurrido a reconocer la validez de la póliza; e intimó al recurrente a pagar la prima. Por virtud del dictamen, además, Multinational debería investigar, ajustar y resolver la reclamación incoada por el Concilio, dentro de un término improrrogable de treinta días". La dimisión de Mier Romeu se dio el 24 de noviembre de 2021 a dos días que la Iglesia, inconforme con el dictamen administrativo de la examinadora Nieves Pérez, radicara una apelación de la decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El abogado de ese recurso fue el ex gobernador, Alejandro García Padilla, quien el pasado miércoles participó de la actividad de primera piedra para anunciar que a Fuente de Agua Viva, FEMA le aprobó $32M para la reconstrucción de su Iglesia. Hoy se sabe que luego de perder en el foro judicial García Padilla cabildeó en favor de la Iglesia para obtener los fondos de FEMA. Al ex Gobernador también se le relaciona con el inversionista de la Ley 22, Jeffrey Carmichael amigo del pastor Font y quien compró La Torre de Oración que ubica en los predios de la Iglesia en Carolina. "Lo presionaron y mucho", dijo otra fuente de entero crédito allegada a la Oficina del Comisionado, sobre la negativa del abogado de resolver "para ya" en favor de la Iglesia, institución a donde quien menos ha llegado a participar de 'servicios religiosos" es el hoy Gobernador Pedro Pierluisi y el renunciante, Rosselló Nevárez. Mier Romeu, nominado por Pierluisi para la OCS por primera vez el 29 de diciembre de 2020, escribió una carta diciendo que la razón para renunciar era el hecho de que su nombramiento no se atendió en el Senado. "No hay forma de que lo dijera. Prefirió cortar por lo sano", manifestó una de las fuentes advirtiendo que "no dudo que se hayan puesto de acuerdo entre unos y otros para no confirmarlo". Pero, la carta de Mier Romeu tiene una linea que puede dar a entender lo que por un lado eran las presiones "del mundo de las aseguradoras de planes médicos" y por el otro, el caso de Fuente de Agua Viva. "En todo momento he estado listo para abandonar el cargo inmediatamente si no se me permitía desempeñarlo con integridad".