Search Results

Y Gobierno de Alejandro García Padilla había permutado la finca a una compañía española Por Carmen Enid Acevedo La Administración de Terrenos de Puerto Rico (ATPR) bajo el gobierno de Pedro Pierluisi recurrió a los tribunales para sacar a una familia del barrio Florida, sector Martineau en Vieques, donde uno de sus miembros vive hace 60 años, en la costa donde quedan hoy los restos del Hotel W. Esto para desarrollar un malecón o venderla al mejor postor en lo que constituye una más de las historias del desplazamiento que se verifican a lo largo y ancho del país en los últimos años. Edwin Velázquez Rodríguez, hijo de Eugenia Cruz González, es la tercera generación de ocupantes de dos lotes de terreno - donde hay dos casas de hormigón - que componen la franja costera donde una vez brilló el Hotel W, Vieques, hoy propiedad del criptomillonario estadounidense, Brock Pierce, un recipiente de los beneficios contributivos que otorga la Ley 60, antes Leyes 20 y 22. Las intenciones de la ATPR de hoy coinciden con la transacción que llegó a hacer el ex director ejecutivo, Luis Rivero Cubano, en el 2014 y bajo la administración de Alejandro García Padilla, al suscribir un contrato de compra venta con los antiguos propietarios del W Vieques, los empresarios españoles, Carlos Enseñat Reig y su madre, María Reig, por $25K o $6,500 por cuerda de terreno. El contrato, con capacidad de extenderse por 18 meses más allá del término de vencimiento en el 2016, venció en el 2018. Una pesquisa de Bonita Radio del expediente judicial del caso de la Sucesión de Eugenia Rodriguez González, compuesta por Velázquez Rodríguez y sus hermanos Ernesto y Marianela Rodriguez Cruz, propone un complicado pleito que comienza en el 2017 cuando los demandantes recurrieron al foro judicial de Primera Instancia, sala de Vieques, solicitando un Expediente de Dominio y reclamaron la titularidad de la tierra en la que vivió su abuela, su madre y ellos desde los años 40 hasta hoy. Aunque el Tribunal de Apelaciones - por voz de los jueces Grana Martínez, Rodríguez Flores y Figueroa Cabán les dio la razón, el gobierno insiste en recurrir al Tribunal Supremo, foro que ya le dio un primer No Ha Lugar para entrar en los méritos del caso a través del recurso de Certiorari. EL CASO SEGUN LOS DEMANDANTES La titularidad de la tierra emanaría de las transacciones que hizo la Marina de Guerra de Estados Unidos hace 70 años, cuando junto al Departamento del Interior de Estados Unidos, desalojaron a dos terceras partes de la Isla para ubicar la infraestructura Naval de ese cuerpo militar. A la abuela de Edwin, Hilaria, la sacaron de "Mosquito y la trajeron aquí" a los terrenos donde ubican hoy las casas de donde quieren sacarlo. "A su vez, afirmaron que han estado en posesión de la finca a título de dueño, quieta, pública y sin interrupciones desde que la adquirieron, sumando su posesión a la de los dueños anteriores por un término mayor a 30 años. Por lo tanto, solicitaron la inscripción del predio en cuestión a su nombre en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico. La AT reclamó titularidad sobre los terrenos alegando que la Marina de Guerra se los vendió en 1980 y solicitó del juez Santos Ramos Lugo que dictara sentencia, entre otras razones procesales, porque los demandantes fallaron en contestar una demanda de reconvención y en otro caso porque no tuvieron abogados disponibles, toda vez que la Licenciada que los representó, Lilia Quiñones Fuentes, renunció por razones de salud. Los demandantes tardaron en conseguir abogados pero siempre asistieron al foro judicial a insistir en la titularidad de los terrenos. EL CONTUBERNIO DEL TPI DE VIEQUES El juez Ramos Lugo dictó sentencia desestimando el pleito sin perjuicio, tal y como se lo pidió la AT, por voz del licenciado Christian Lourido Alonso. Sin que se pasara prueba sobre los hechos del caso que plantean la disputa por titularidad, el Juez desestimó sin haber nombrado un abogado de oficio a los demandantes. "En dicho contexto procesal, a base de las alegaciones de la Reconvención, el TPI dictó sentencia en rebeldía contra los apelantes, y decretó que el título de absoluto dominio de la parcela en controversia corresponde a la Administración de Terrenos. Además, ordenó que los apelantes desalojaran el inmueble". La orden de deshaucio llegó a Edwin a finales del mes de noviembre del 2022. Ya con representación legal, entre el licenciado Fermín Arraiza, Julio Marcano y Luis J Torres Ascencio, recurrieron de la decisión del TPI al Tribunal de Apelaciones, que les dio la razón, determinando en parte: "La Sucesión Cruz González alega que erró el TPI al desestimar la Petición Enmendada de Expediente de Dominio sin haberlos sancionado previamente. Sostienen, además, que al desestimar la Petición Enmendada por no haber informado nueva representación legal se les violentó su debido proceso de ley, así como “la política pública sobre acceso a la justicia para partes que enfrentan procedimientos en los que su vivienda se encuentra amenazada”. Dada su incuestionable insolvencia económica, correspondía asignarles una representación legal de oficio conforme establece el Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico. Sobre el hecho de que el TPI "resolvió la controversia mediante el procedimiento sumario de desahucio, cuando la acción se había tramitado por la vía ordinaria, dijo además el foro apelaytibo "Peor aún, adjudicó la controversia sumariamente aunque la apelada no había solicitado el despacho sumario del pleito, no acreditó la autenticidad". RIVERO CUBANO EL VENDEDOR DEL PATRIMONIO EDIFICADO AL MEJOR POSTOR PRIVADO DE ADMINISTRACION GARCIA PADILLA Las intenciones de venta de la propiedad donde ubican las casas humildes de la Sucesión Eugenia Rodríguez González, es una de cuatro transacciones que firmó entre el 2014 y el 2016, el entonces director ejecutivo de la AT, Rivero Cubano. A solo días de que asumiera posesión como gobernador, Ricardo Rosselló Neváres, Rivero Cubano firmó la permuta del edificio donde ubica la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña en San Juan. Lo hizo a favor del empresario y hotelero, Arnold Benus, bajo la compañía Gran Hotel San Felipe del Morro, en un contrato que no ha podido ser ejecutado porque dicha edificación está a nombre del Departamento del Interior y el gobierno de Puerto Rico tiene derecho al uso que no ha sido cambiado por el gobierno estadounidense. El contrato firmado por Rivero Cubano establece que "se pagará una renta de $5,000 mensuales durante el proceso de construcción, $85,000 anuales los primeros tres años de operación, y $100,000 anual los restantes años. Al término del año 10, se aumentará la renta 15 % de la base o 3.5 % de la ganancia de la operación del hotel cada cinco años, mientras que después del cuarto año de renta, además pagarán 5 % de las ganancias netas después de los impuestos. Además, Rivero Cubano logró vender la antigua sede del Departamento de Estado de Puerto Rico, a Benus y su socio de negocios, Cirilo Meduña, en donde desarrollaron el Hotel Palacio Provincial. Una tercera transacción. se dió en el 2016 por parte de Rivero Cubano, en relación a la cesión de los terrenos del estacionamiento del Departamento de Hacienda a las firmas del desarrollador, Ruben Vélez Lebrón. El contrato con la empresa Plaza La Marina LLC propiedad de Vélez Lebrón - registrada en febrero del 2016 - y que desarrollará un mega hotel de la firma Hard Rock Café, se dio el 22 de noviembre de 2016, a 14 días de las elecciones generales en las que perdió la gobernación el PPD, así como el control de la Legislatura.

Por Carmen Enid Acevedo El ex secretario del Departamento de Hacienda bajo la administración de Luis Fortuño Burset, Juan Carlos Puig Morales, quien tuvo acceso VIP a las propiedades de la Autoridad de Tierras en el 2020, creó una corporación para obtener contratos con el ex presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, a ocho días de haber renunciado a su posición en la administración penepé y a un año de que comprara su primera propiedad en la antigua Central Aguirre en Salinas. Entretanto, Bonita Radio confirmó que la esposa de Puig Morales, licenciada Susan Wert Serrano, es una contratista del Departamento de Educación a razón de $132K con un contrato vigente que vence el 30 de junio y tuvo otro de seis meses entre diciembre 2021 y junio del 2022, por $96K. Los contratos son por asesorar en Programas de la Oficina de Fondos Federales. También tuvo otros dos en el 2012, por $54 y $35K con el Departamento de la Vivienda, según consta en el registro de contratos de la Oficina del Contralor. Mientras, Puig Morales creó International Management Consulting Group el 20 de junio del 2011, con vigencia del primero de julio del mismo año, para contratar con el Senado de Rivera Schatz, siete días más tardes de que fuera efectiva la misma, el ocho de julio de 2011 y por unos $120K. En el contrato se establece "que el Senado necesita y desea obtener servicios de International Management Consulting como asesores de asuntos económicos en la Oficina de Asesores del Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz". En el documento se justifica la contratación advirtiendo que "International Management Consulting cuenta con la capacidad y experiencia necesaria para cumplir con las obligaciones necesarias que asume mediante este contrato". Los únicos contratos que tuvo la corporación de Puig Morales, que tenía como dirección la residencia que obtuvo con su entonces esposa, Magdalena Rabionet Vázquez, en el Paseo Las Vistas en San Juan, fueron dos en el Senado y uno por $50K con el municipio de Guayama, bajo la incumbencia de la también funcionaria del Partido Nuevo Progresista (PNP), Glorimari Jaime. La corporación nunca radicó informes financieros en el Departamento de Estado como requiere la Ley y fue cancelada por la agencia en el 2014. No tuvo otra actividad que no fueran los contratos que le otorgó Rivera Schatz bajo la firma de la entonces jefa de su oficina, Katherine Erazo, ex esposa del senador y presidente de ese cuerpo, Charlie Rodríguez. Hoy, Puig Morales - que tuvo acceso privilegiado al inventario de propiedades de la Autoridad de Tierras para comprar un lote aledaño al que ya tenía en la Central Aguirre en Salinas - tiene contratos con el Negociado de Sistemas de Energencia 911 y en el 2021, tuvo dos contratos con el Departaento de Seguridad Pública que dirige, Alexis Torres, por $80K. La semana pasada, Bonita Radio publicó los hallazgos de una pesquisa que trajo a la atención que Puig Morales tuvo acceso en el 2020 a una propiedad de la Autoridad de Tierras en la calle Principal de la antigua Central Aguirre en Salinas, a un año de haber salido de la administración de Ricardo Rosselló Nevárez como sub secretario de Hacienda, bajo la incumbencia de Teresita Fuentes Marimó. Puig Morales compró una primera propiedad en Aguirre a Carmelo Pizarro Colón por $47,500. La parcela 55 denominada Hacienda Vieja la adquirió a 11 meses de salir del gobierno de Fortuño Burset. Se alega que allí vive con su actual esposa, Wert Serrano. Una segunda, la parcela 54 de la Calle Principal, contigua a la 55 y también llamada Hacienda Vieja en el catastro digital del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la compró por $50K, el 11 de agosto de 2020 y figura como vendedora la AT, representada por su entonces director ejecutivo, Juan Luis Rodríguez Nieves. Puig Morales ha sido un donante de Rivera Schatz y del gobernador Pedro Pierluisi entre el 2020 y el 2021. Su esposa le ha donado cantidades mínimas al representante por San Juan, Victor Parés Otero.

Por Carmen Enid Acevedo En el camino El indio hay solares baldíos, casas a medio hacer, tres hidrantes, contadores de agua y luz, unos en uso y otros detenidos, muelles de hasta 350 pies de largo, botes, casas remolques, letreros de SeVende y casas con ascensor. Todo, con el inmenso mar Caribe de telón de fondo, entre parchos de arena blanca, babote negro, mangle que un día fue rojo y el que se empeña en sobrevivir al crimen al que lo han sometido, con fuego y machete amolao. Hace una semana el país todo, más allá de Salinas, Guayama, Santa Isabel, Juana Díaz o Ponce, descubrió el truco que se cierne desde hace 40 años sobre esas tierras protegidas, en la jurisdicción de la Reserva Estuarina de Jobos, entre Las Mareas, la 703 y el Camino El Indio. A pesar de que las autoridades han acelerado los permisos en la zona costera desde los últimos 7 años, en Las Mareas hoy no se sabe cómo se instalaron hidrantes. "Son trece acometidas, ocho activas y cinco inactivas. Los hidrantes, hasta el momento, no fueron instalados por la Autoridad", dijo la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán en una conferencia de prensa en la que participaron el lunes cuatro de abril 2022 - día en que el Gobernador salió de viaje a España - los que a su vez tuvieron que ir a rendirle cuentas a la Legislatura en su primer día de vistas; Pagán, el secretario auxiliar de OGPe, Gabriel Hernández; el vicepresidente de Asuntos Energéticos de LUMA Energy, Kevin Acevedo y la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla. ¿Quién fue?, ni ella, ni la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, ni el renunciante secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, lo saben. Aún así, García Bardales dijo que "nosotros nos vamos a asegurar que los documentos lleguen de forma correcta y se ejecuten". Por su parte, la que desde el pasado viernes le tocó ser secretaria interina, Anaí Rodríguez, cuando tuvo su "primer contacto con la información", sentenció hay "crímenes ambientales que han quedado claramente evidenciados” de los que no se había percatado su antecesor, Machargo aún cuando García Bardales dijo que "la estrategia de Machargo fue la correcta". En el Camino El Indio se han desarrollado por lo menos ocho parques que agrupan casas remolque para alquilar y otras que se utilizan por sus dueños para pasar el fin de semana. Villa Grecy, Villa Pájaro, Villa Combate, Villa Paraíso y Villa Cobito son algunos de estos. Se anuncian en la plataforma de alquileres por temporada Airbnb, aunque en alguno de los casos ya no está disponible la información. García Bardales dice que ya hizo un análisis de lo "más fácil que son las utilidades" que en el caso de la AAA, ya se han identificados que hay siete cuentas que fueron autorizadas con permisos o documentos dudosos. En el caso de la AEE hay por lo menos 47 cuentas de las que se estima que hay 33 nebulosas. “La realidad es que la estrategia de Machargo fue una acertada. Él encaminó el proceso de investigación a través de un bufete, no lo delegó en Justicia, lo contrató el propio Departamento de Recursos Naturales para atender el problema de raíz”. “El problema se atiende de raíz desahuciando y sacando al invasor de un terreno que, no solamente tiene la titularidad el gobierno de Puerto Rico, sino que está declarado una reserva natural”, añadió.

El rostro es de Guillermo Godreau Marrero, quien en 1976 obtuvo una escritura de la finca 3752 según el Registro de la Propiedad en donde se enclavan terrenos dentro de la reserva Estuarina de Jobos en Salinas. Allí está el Camino Los Indios donde hoy se pueden identificar sobre 20 construcciones en la zona protegida, con colindancia con el Mar Caribe, que están cargadas de cemento, relleno e infraestructura eléctrica y de agua. Godreau Marrero, asesinado en el 2006 en la marquesina de su residencia en el barrio Playita del mismo municipio, se valió de un plano de mesura realizado por el agrimensor Luis Rodríguez, para vender participaciones bajo la figura de “común pro indiviso”, que según el diccionario jurídico supone que “se tiene el derecho de propiedad sobre dicho bien solo de forma parcial, compartiendo la propiedad con otras personas, no teniendo ninguna la plena propiedad”. Tal y como divulgáramos el lunes 28 de marzo, los movimientos de Godreau Marrero para con la finca se descubrieron en el 1977 y el entonces juez presidente del Tribunal Federal, Hernán Pesquera, emitió un interdicto estableciendo la ilegalidad del desarrollo del área. Godreau Marrero y otros abogados fueron apercibidos de la decisión del foro judicial entonces por tener igual que el primero, terrenos en desarrollo en el área. Godreau Marrero, un abogado criminalista con extensa práctica en el municipio de Salinas, logró una escritura de los terrenos de manos de Guillermo González Hernández, Garrard Harris - un síndico de la Corte de Estados Unidos que manejaba asuntos de tierras - y Frank Paravisini Hernández. Antes, la finca había sido propiedad de Eduardo Lugo Viñas, un militar de la época de la Guerra Hispanoamericana. Godreau Marrero fue asesinado en el 2006 en la marquesina de su residencia por hechos no relacionados a su intervención como vendedor de múltiples terrenos en el sector Las Mareas, de acuerdo con fuentes de la Policía del área de Guayama. La viuda, Josefa Veguilla, a cuyo nombre está la escritura que incluye "finca cuarta y quinta" donde está enclavado el Camino Los Indios, sería la heredera de los terrenos.

Por Carmen Enid Acevedo La historia registral de las fincas Monte Manglar y Monte del Estado entre Salinas y Guayama están repletas de imaginarios de administraciones coloniales, políticas de explotación y negligencia de agencias públicas, entre los imperios de España y Estados Unidos y los natales burócratas colonizados del patio, la loza y el fangal puertorriqueño. La reciente controversia pública sobre el desorden ecológico que impacta sobre 5K cuerdas de terreno colindante con el Mar Caribe en el sector Las Mareas de Salinas, ha desatado el interés de políticos y del periodismo de denuncia y fiscalización que busca y siempre encuentra. Una Orden de Interdicto Permanente del entonces juez presidente de la Corte de Estados Unidos en Puerto Rico, Hernán Pesquera, en 1981, ordenando el cese y desista de la destrucción del sector, la protección de recursos naturales y el reconocimiento de crimen ambiental, no ha sido cumplida en los pasados 41 años ni por las agencias federales que debieron haberlo hecho con la Bahía Estuarina Jobos en Salinas, según su propia designación. Una pesquisa entre documentos que datan del 1866 y 1899, coloca la situación hoy del camino El Indio en el barrio Las Mareas de Salinas, en la punta de un conflicto entre la negligencia culposa de las agencias estatales y federales que no atendieron la invasión de terrenos en el sector, por un lado, y los especuladores con terrenos en medio de la reserva. Se alega que hay un extremo de crímenes relacionados con el narcotráfico que se dirime por lo bajo pero que no ha sido reconocido ni siquiera por los residentes del sector. Se estima que hoy entre construcciones de viviendas de cemento y parques de "trailers" o casas rodantes, piscinas y pozos sépticos, la Reserva está impactada por una veintena de esas construcciones ilegales en su mayoría en el Camino El Indio, que tiene colindancia al Mar Caribe. OTROS SIGLOS, OTROS INTERESES QUE IMPACTARON LA RESERVA La primera vez que los mangles de las mencionadas fincas comienzan a sufrir el embate de medidas de desarrollo no conservacionista, se ubica en la historia de finales del Siglo 19 cuando la metrópoli española necesitó reajustar las designaciones políticas y económicas y de explotación a su colonia en el Caribe. "El incremento poblacional que experimentó la Isla desde fines del siglo XVIII, la necesidad de tierras con fines agrícolas, la lejanía de la Metrópoli y las guerras de independencia de las colonias españolas en América, entre otros factores, contribuyeron para que España reenfocara la administración gubernamental de la colonia de Puerto Rico. Ante esa situación y como parte de la problemática española en América, España reconoció la importancia de las maderas del país, en especial, aquellas que eran empleadas con fines navales o de construcción", lee la investigación de la época de Carlos M. Domínguez Cristóbal, del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos . "El advenimiento del cultivo de la caña de azúcar como el principal producto agrícola de exportación durante las primeras siete décadas del siglo XIX repercutió sobre los manglares. La ubicación de los cañaverales en los llanos costeros a espaldas de los manglares contribuyó a que este ecosistema fuera influenciado por el cultivo del azúcar. La necesidad de ampliar la zona del cañaveral requería en gran medida de una fuente de combustible barata y accesible. Por otro lado, la tenencia de tierras dedicadas al azúcar cada vez se hacía más competitiva. Ante esa coyuntura histórica y dada la ubicación del mangle bobo dentro del escenario del manglar le correspondió a éste el sufrir la creciente necesidad de material combustible para las chimeneas azucareras". "El plan de acción de la Inspección de Montes de Puerto Rico estaba basado en los siguientes planteamientos: la realidad forestal de la Isla, la inclusión de los manglares en la política forestal y la entrega oficial de los manglares de parte de la Comandancia de la Marina a la Inspección de Montes". Desde es momento hay vigilancia para la protección de los manglares o reservas aunque por diferentes factores. Efectivos de la Marina ejercían control sobre los de San Juan y la Guardia Civil de Puerto Rico sobre otros, incluidos los que ocupa esta investigación, Las Mareas, Jobos entre Salinas y Guayama. "Del examen de los planes de aprovechamiento forestal de la Inspección de Montes de Puerto Rico para el Manglar de Jobos, Las Mareas, Caño Grande y Punta Caribe de Guayama se desprende que durante los años de 1877-1878 a 1888-1889 dicho manglar debía subastar 73,301 esteras de leñas las cuales de subastarse representarían 903.6 pesos (Tabla 4). El año en que mayor kilogramos de cortezas fue descrito figura en 1877-1878 con 9,201 kilogramos de cortezas. No obstante, ese número de cortezas jamás fue superado por los planes de aprovechamiento siguientes. Como dato curioso resulta que en los manglares de la zona sur, sureste y suroeste del país el Manglar de Jobos, Las Mareas, Caño Grande y Punta Caribe de Guayama lideraba el número de kilogramos de corteza de mangle así como su importe económico" DE CORPORACIONES GRINGAS A LAS MANOS DE SALINENSES CON PODER Una pesquisa de las escrituras originales de Las Mareas ubica a los propietarias de las fincas 3752 y 3753, para efectos del Registro, donde está enclavada la Reserva, en manos de Eduardo Lugo Viña y más tarde en las de corporaciones, Port America Corp. of NY y Luce and Company y Comandita. Las fincas sufrieron tres segregaciones y volvieron a manos de Lugo Viña entre 1902 y 1903. No está claro cómo llegó a ser de Lugo Viña, un militar con antecedentes en la Guerra Hispanoamericana del 1898, una de las fincas enclavadas en la Reserva. En el registro digital del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales se establece que el hoy DRNA, antes solo Departamento de Recursos Naturales, tiene titularidad de algunos de los terrenos desde 1981 cuando hubo transacción a esos efectos que, según expertos en el tema consultados, también incluyó a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). El abogado salinense, Gillermo J. Godreau Marrero, con oficinas en la calle Montserrate #20 del pueblo de Salinas, compró una de las fincas, la 3752, y la escritura a su favor y a la de su esposa, Josefa Veguilla, se suscribió con ratificación de segregación el 12 de febrero de 1976. El notario de esa escritura fue el licenciado Jorge Openheimmer Méndez, quien al día de hoy funge como propietario de un predio de terreno en la determinada finca. Escucha el análisis de esta investigación aquí: Bonita Multimedio Garrard Harris y Frank Paravisini Vázquez comparecieron como vendedores por ser dotados de un poder de parte del vendedor, Guillermo González Hernández, a quien se le habrían expropiado las tierras mediante procedimiento en la Corte de Estados Unidos en Puerto Rico, donde era síndico, Harris. Además, en la mencionada escritura, se hace constar que González Hernández habría segregado la misma finca en una ocasión anterior y el notario fue, Godreau Marrero, en 1974. Un documento registrado en el Archivo Histórico de Puerto Rico, da cuenta de que González Hernández representaba a Harris en cuanto "a un convenio de eliminación de arrabal" en la Playa de Salinas, ante la invasión a un ritmo acelerado y donde se dan "construcciones clandestinas". En tal documento se advierte que: "dichas construcciones clandestinas son el medio de que se están valiendo los especuladores de terrenos para aprovecharse de la tremenda alza de precios, todo esto en detrimento y perjuicio de los trabajadores y habitantes bona-fide del área de la Playa, quienes están imposibilitados de encontrar tierra para construir sus casas". Una vez adquirido las tierras y valiéndose de un plano donde se alega que se desarrollarías las segregaciones, Godreau Marrero comenzó a vender "participaciones" y se alega que logró unas 45, que fluctuaron entre los $5K y los $200K cada una. En 1981, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos radicó un pleito por, entre otras violaciones a la Ley Federal de Control de Aguas de 1972, hoy conocida como Clear Water Act o Ley Aguas Claras, que mantiene tiene vigencia en la jurisdicción Federal, ante los desechos lanzados al mar y la construcción en aguas navegables de Las Mareas. Entre los notificados al emitirse el Interdicto Permanente en julio de 1979, se encontraron, el licenciado Godreau Marrero; el abogado estadista y ex secretario del Departamento de Justicia bajo la administración de Luis A. Ferré, Blas C Herrero Calderón y el abogado, Gustavo A. Del Toro, padre del actor puertorriqueño en Hollywood, Benicio del Toro. Todos están fallecidos al día de hoy. Godreau Marrero fue asesinado en el 2006 frente a su residencia. Su hijo, Guillermo J. Godreau Veguilla, fue sorprendido en el 2015, construyendo y disponiendo de basura sobre el mangle de Las Mareas. Su caso, en unión a otros dos hombres, fue procesado administrativamente en el DRNA con resolución final en el 2020 y se le impuso una multa de $5K que fue rebajada a $3K. Al día de hoy no se ha podido verificar que haya sido pagada.

Por Carmen Enid Acevedo El ex secretario del Departamento de Hacienda bajo la administración de Luis Fortuño, Juan Carlos Puig Morales, tuvo la oportunidad de oro de comprar una propiedad en la antigua Central Aguirre en Salinas, a nombre de la Autoridad de Tierras (AT), a un año y siete meses de haber salido de esa agencia y en su segunda vuelta allí, mientras gobernaba Ricardo Rosselló Nevárez. En el tracto de compraventas de propiedades del gobierno de Puerto Rico en Salinas de parte de Puig Morales, se cruza su anunciada participación como asesor de la presidencia de Thomas Rivera Schatz en el Senado en esa administración Fortuño. Aún cuando así lo anunció a la prensa en junio del 2011, en el registro de contratos de la Oficina del Contralor, no hay ningún documento que lo certifique. En el 2021, se descubrieron irregularidades en la concesión de dinero de la AT ante la creación de un Fondo tipo Barril de Tocino a repartirse entre legisladores de distrito, ideado y aprobado por Rivera Schatz y su administración legislativa junto a Carlos Johnny Méndez y aprobado el 30 de diciembre del 2020, a un mes de haber perdido el control de la Legislatura. La directora ejecutiva de la AT, bajo la administración del presidente de la Junta de Gobierno de la AT, Ramón González Beiró, Dorally Rivera Martínez, está referida a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) antre alagaciones de mal uso de fondos públicos. Entretanto, de una pesquisa documental realizada por Bonita Radio sobre las transacciones de Puig Morales con una propiedad de la AT, figura el nombre de Carlos Rodríguez Mateo- hoy secretario de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (AMSCA) - como vecino del primero allí en Aguirre. A éste se encuentra atado el de Dalcia Lebrón Nieves, madre de la hija de Rivera Schatz y directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras. Fue Rodríguez Mateo, entonces senador, quien sometió el Informe Positivo de la Comisión de Nombramientos del Senado, para el que fue evaluada la designación de Lebrón Nieves por el pleno para la posición en la Adm. Terrenos en el 2017, momentos en que el padre de su hija era el Presidente del Senado y de esa Comisión evaluadora. El denominador común entre los tres es Rivera Schatz quien se como auto denomina amigo de Puig Morales. No hay evidencia de que como directora de Terrenos, Lebrón Nieves haya intervenido en algún asunto que le compete a la Autoridad de Tierras. En Admin. Terrenos, la directora ejecutiva está a cargo de las transacciones de los bienes y derechos reales a nombre del pueblo de Puerto Rico, compra ventas, alquileres y expropiaciones. Aguirre cae bajo la jurisdicción de tierras agrícolas de la Admn. de Terrenos. De otra parte, los registros del contralor electoral establecen que Puig Morales ha sido donante del Ex Presidente del Senado por $1,500 entre el 2020 y el 2021. La primera propiedad comprada por Puig Morales en Aguirre fue la parcela 55 denominada Hacienda Vieja, a Carmelo Pizarro Colón, a 11 meses de salir del gobierno de Fortuño Burset. Allí se asegura es su residencia principal y se conoce como "Blue house". La segunda, la parcela 54 de la Calle Principal, contigua a la 55 y también llamada Hacienda Vieja en el catastro digital del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la compró junto a su esposa, Susan Wert Serrano, el 11 de agosto de 2020 y figura como vendedora la AT, representada por su entonces director ejecutivo, Juan Luis Rodríguez Nieves. Desde el 2021, era el presidente de la Junta de Gobierno de la AT, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró. La figura común entre ambos es el hoy portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Rivera Schatz. Son además parte de esa junta, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre; el presidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis Alemañy González; y el director de asuntos gubernamentales de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Fernando González Vélez. El gusto por comprar casonas en la Central Aguirre al parecer comenzó para Puig Morales en el 2012, a un año de salir de la administración de Luis Fortuño Burset, donde fungió como Secretario de Hacienda y más tarde en el recién creado puesto de Inspector General. En el 2019, Rivera Schatz hizo pública su amistad con Puig Morales al catalogarlo como su amigo cuando salió de su segunda intervención en Hacienda, esta vez como sub secretario. Ambos comparten la fascinación por los vehículos antiguos la que Puig Morales desplega en su página de la red social Facebook. También en el 2019 y en medio de las alegaciones de Raúl Maldonado Gautier de alegadas querellas éticas en su contra, Puig Morales renunció luego de que se fuera de la agencia, Teresita Fuentes Marimó. Aunque fue investigado por supuestamente pedir dinero a contratistas para la fiesta de navidad de la agencia, la Oficina de Etica Gubernamental, bajo la dirección de Zulma Rosario nunca dijo nada sobre esa pesquisa. .

Por Carmen Enid Acevedo Decidir en contra de la Iglesia Fuente de Agua Viva sobre la validez de una póliza de daños tras el huracán María, fue una de las gotas que colmó la copa de las presiones que se asegura provocaron la renuncia del licenciado Mariano Mier Romeu como Comisionado de Seguros en noviembre de 2021. Tres años antes, el número dos de esa agencia, licenciado Rafael Cestero Lopategui, bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevárez, cambió la decisión pericial de la agencia a favor de la Iglesia y ordenó multas a la corporación Multinational Insurance Company que determinó no expedir la póliza ante el hecho de que sus movimientos violentaron el Código de Seguros. Bonita Radio reveló el lunes que lo que da pie a que la Iglesia Fuente de Agua Viva solicite dinero de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas inglés) para la reconstrucción del templo de Carolina es precisamente que intentaron obtener la mencionada póliza a dos días del huracán María y le fue denegado. La historia con evidencia de que la Iglesia, mediante su pastor, Otoniel Font, cabildeó con políticos e inversionistas de la Ley 20 y 22, para recibir los $32M de FEMA, también cuenta con un registro de eventos entre los que se encuentra la renuncia de Mier Romeu, que falló en contra de la Iglesia y la actuación de Cestero Lopatagui para favorecerla. En el 2018, el Comisionado de Seguros era Javier Rivera Ríos que se alega que mantenía querellas contra aseguradoras de hasta cinco años de antiguedad y sin resolver. Cestero Lopategui ha tenido querellas ante la Oficina de Etica Gubernamental y junto a Rivera Rios, alegaciones en los tribunales de que "dejó sin efecto multas emitidas contra aseguradores y ajustadores públicos relacionadas con violaciones en el manejo de reclamaciones producidas por el huracán María y también ordenaron paralizar las investigaciones originadas por querellas presentadas por asegurados, incluyendo la investigación contra la empresa de ajustadores públicos Scott M. Favre Public Adjuster" Entretanto y en el caso de Mier Romeu, su resolución confirmó por un lado, el informe de la licenciada Arelys Nieves Pérez, de la OCS - después de celebrar vistas y traer descubrimiento de prueba - y por el otro, la determinación de la División de Investigaciones de la Oficina en septiembre del 2018 que estableció que la Iglesia Fuente de Agua Viva no puede reclamar daños bajo una póliza que intentó comprar cuando ya estaba activado un Aviso de Huracán en septiembre del 2017 y porque no pagó el 20 porciento del total de la prima, según dispone el endoso “Mandatory Premium and Coverage Conditions Endorsement Puerto Rico”. Dos fuentes confirmaron por separado que una de "las razones de peso" que tuvo Mier Romeu al renunciar a su cargo en el 2021, fue precisamente las presiones que tuvo para que mantuviera el dictamen de Cestero Lopategui. "De Fortaleza...de la legislatura. Dondequiera que había un cabildero de los religiosos", dijo otra fuente con conocimiento del asunto de la póliza que intentaba cobrar sin éxito el Concilio que dirige el pastor Otoniel Font. Mientras, lo que trajo una de las fuentes de información sobre la realidad de que el sub comisionado de OCS en el 2018, Cestero Lopategui, si cambió la decisión de la División de Investigación fue confirmado por la sentencia judicial que estableció que "....como producto de unas comunicaciones exparte, el entonces Subcomisionado Rafael Cestero Lopategui, dictó una Orden el 17 de octubre de 2018, en la que arguyó que Multinational infringió el Código de Seguros 21 y la condenó a pagar una multa administrativa de $10,000.00 (Caso Núm. CM-I-2018-09- 106). El sub Comisionado "ordenó al recurrido a reconocer la validez de la póliza; e intimó al recurrente a pagar la prima. Por virtud del dictamen, además, Multinational debería investigar, ajustar y resolver la reclamación incoada por el Concilio, dentro de un término improrrogable de treinta días". La dimisión de Mier Romeu se dio el 24 de noviembre de 2021 a dos días que la Iglesia, inconforme con el dictamen administrativo de la examinadora Nieves Pérez, radicara una apelación de la decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El abogado de ese recurso fue el ex gobernador, Alejandro García Padilla, quien el pasado miércoles participó de la actividad de primera piedra para anunciar que a Fuente de Agua Viva, FEMA le aprobó $32M para la reconstrucción de su Iglesia. Hoy se sabe que luego de perder en el foro judicial García Padilla cabildeó en favor de la Iglesia para obtener los fondos de FEMA. Al ex Gobernador también se le relaciona con el inversionista de la Ley 22, Jeffrey Carmichael amigo del pastor Font y quien compró La Torre de Oración que ubica en los predios de la Iglesia en Carolina. "Lo presionaron y mucho", dijo otra fuente de entero crédito allegada a la Oficina del Comisionado, sobre la negativa del abogado de resolver "para ya" en favor de la Iglesia, institución a donde quien menos ha llegado a participar de 'servicios religiosos" es el hoy Gobernador Pedro Pierluisi y el renunciante, Rosselló Nevárez. Mier Romeu, nominado por Pierluisi para la OCS por primera vez el 29 de diciembre de 2020, escribió una carta diciendo que la razón para renunciar era el hecho de que su nombramiento no se atendió en el Senado. "No hay forma de que lo dijera. Prefirió cortar por lo sano", manifestó una de las fuentes advirtiendo que "no dudo que se hayan puesto de acuerdo entre unos y otros para no confirmarlo". Pero, la carta de Mier Romeu tiene una linea que puede dar a entender lo que por un lado eran las presiones "del mundo de las aseguradoras de planes médicos" y por el otro, el caso de Fuente de Agua Viva. "En todo momento he estado listo para abandonar el cargo inmediatamente si no se me permitía desempeñarlo con integridad".

Por Carmen Enid Acevedo El hijo menor del gobernador Pedro Pierluisi, Anthony Pierluisi Rojo, tiene una historia de éxito en el mundo del 'real estate" y alquileres a corto y largo plazo que verifica un aumento vertiginoso de sus finanzas desde que su padre, ex Comisionado Residente y ex Secretario del Departamento de Justicia de administraciones del Partido Nuevo progresista (PNP) llegó a La Fortaleza en 2021. A siete meses de que Pierluisi, el Gobernador, se sentara en la silla del Palacio de Santa Catalina, Pierluisi Rojo, uno de sus cuatro hijos, gestionó a su favor la compra por $1.7M de la icónica casa de playa, Mary Lee by The Seas en el barrio Carenero o Cerro Punta Jacinto en Guánica, a través de su corporación Silver Beach LLC, de la que es presidente desde su incorporación el 13 de abril de 2021. Una investigación de documentos oficiales entre el Registro de la Propiedad, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y su Catastro Digital, determinó que para esa propiedad, constituída en dos fincas, suscribió un préstamo según la escritura de hipoteca sobre el inmueble, de $2.1M otorgada por el Banco Popular de Puerto Rico en noviembre 2021. Por un lado, una de las fincas costó $908,460 y $891,540, la segunda. El comprador, Pierluisi, el hijo, dio un depósito de $90K a favor de la vendedora, Susan Lee Alvarez Grossman. Con cuatro baños y cinco habitaciones, amplias salas y con vista al mar, desde la propiedad se va a la Isla de Guilligan, cerrada al público pero no así a quienes ostentan el alquiler de la propiedad a base de $423 la noche. La historia de Pierluisi Rojo tiene un antecedente familiar también de éxito mientras su padre ha tenido puestos electivos bajo el PNP. Ese perfil de crecimiento en las finanzas de Pierluisi Rojo compara favorablemente con la historia de su ex madrastra, Maria Elena Carrión, quien en el cuatrienio en que su marido fue Comisionado Residente se ganó portadas en el New York Times, bajo la firma de los periodistas Eric Lipton y Michael Corkery, que catalogaron a la pareja como una "poderosa en DC". Pierluisi legislaba en favor de los buitres que habrían quebrado el país con la anuencia de gobernadores como su compañero, Luis Fortuño Burset, que se gestionaba por esos días en el gobierno de Barack Omaba, y ella los recibía como clientes para los que tenía acceso directo al primero. En el caso de Carrión y el aumento en sus finanzas mientras su esposo fue Comisionado Residente, The New York Times detalló que a 20 días de llegar a Washington en 2009, en aquél entonces la esposa de Pierluisi, Carrión, organizó una firma de manejo de inversiones en la Capital Federal y se constató que en el cuatrienio y en medio de la presión de los fondos buitres que mantenían bonos de Puerto Rico, "Hizo hecho su trabajo para estas firmas y la oficina del Sr. Pierluisi ha sido presionada por dos de sus clientes, Fundamental Advisors y Och-Ziff Capital Management, según documentos proporcionados por su oficina en el Capitolio Federal. Por otra parte, un ejecutivo de fondos de cobertura de Wall Street cuya firma participó en una venta de bonos de $3.500 millones en 2014 para Puerto Rico, recaudó dinero para la carrera de Pierluisi por gobernador de Puerto Rico, según muestran los registros financieros de campaña y los correos electrónicos. En el caso de Pierluisi Rojo, hoy con 40 años y con dos poropiedades a su nombre antes de la llegada su Padre a la Gobernación, no solo acapara el mercado de propiedades de alquiler bajo la firma AirBnb en la Isla, sino que de las 172 tiene bajo ese régimen al menos dos le pertenecen a una nueva corporación a su nombre, a través de la cual adquirió la "Mary lee by the Seas". Una segunda propiedad está localizada en el sector de Isla Verde, el condominio Marbella del Caribe y fue comprada por Silver Beach LLC en septiembre 2021. La tercera propiedad ubica en el condominio Racquet Club también de Isla Verde y fue adquirida por Pierluisi Rojo en el 2016. El primer negocio del joven, West Indies data del 2011 y no fuee hasta 10 años más tarde, durante la incumbencia de su padre en la Gobernación, que compró otras dos propiedades de mucho mayor costo. El pasado mes de febrero, el periodismo independiente trajo a colación el protagonismo de Pierluisi Rojo en el mercado de renta a corto plazo e incluso en Bonita Radio se reseñó como la plataforma de publicidad del gobierno, para esos fines, anuncia su negocio, West Indies Vacation Rentals donde también listan las propiedades a su nombre. Pierluisi Rojo no quiso contestar a Cuarto Poder cuáles eran sus propiedades en ese listado aunque negó que acapare el mercado. Mientras, la información recopilada por el geógrafo y analista de datos, Norberto Quiñones Vilches, se estableció que a través de su empresa West Indies Vacation Rentals, el hijo del gobernador administra sobre 88 propiedades solamente en San Juan, además de otras entre Cabo Rojo, La Parguera en Lajas y en Rincón. “Esto ya está fuera de control. ¿Cómo hay una sola compañía, West Indies Vacation Rentals, con 88 Airbnb en San Juan nada más? Ya el gobierno tiene que regular este sistema. Ubicar propiedades bajo plataformas como AirBnB en zonas turísticas solamente, o no dejar que compañías de responsabilidad limitada o ‘LLC’ compren viviendas en zonas residenciales. Hay soluciones, pero hay muchos intereses económicos que no dejan hacer el cambio”, dijo Quiñones Vilches a Sandra Rodríguez Cotto.

Por Carmen Enid Acevedo El jefe de la Administración de Cuidado Integral para el Desarrollo de la Niñez (ACUDEN), Roberto C. Pagán Santiago, negó categóricamente que vaya a correr para una posición política electa y aseveró que es el único que coloca contenido en su página personal de redes sociales en las que se publican a diario actividades de la agencia y político partidistas. Pagán Santiago contestó las preguntas de Bonita Radio en relación a los documentos publicados que dan cuenta de las deficiencias encontradas por la Administración de Familias y Niños del Departamento de Salud y Recursos Humanos Federal (HHS, por sus siglas en inglés) y dos querellas anónimas en que se alertó al ente financiero de los programas Head Start y Early Head Start, que hay malversación de fondos. "Yo pedí que se investigara y vamos a cumplir los términos del plan correctivo", indicó Pagán Santiago, quien llegó a la ACUDEN a supervisar 349 empleados desde la antigua Oficina de la Juventud del gobierno, hoy, Programa de Desarrollo de la Juventud bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio bajo la administración de Ricardo Rosselló. El funcionario, que posee un bachillerato y una maestría de la Universidad Interamericana, dijo que la ex secretaria de la Familia, Carmen González Magaz contrató los servicios del licenciado Rodrigo Altieri Cartagena para investigar las alegaciones de las dos querellas, que incluyen información relacionada con el uso de fondos para enaltecer su imagen en las redes sociales. A la pregunta de quién maneja el contenido de la página de la red social Facebook que se identifica como blog personal, Pagán Santiago insistió en contestar "ese blog es mío". Ante la pregunta de Bonita Radio si no quería contestar la pregunta si alguna otra persona lo administra, el funcionario dijo: "Yo". La realidad es que la página de FB identificada como Roberto Carlos Pagán, establece que la misma está administrada por más de una persona que "pueden tener permiso para publicar contenido, comentar y enviar mensajes". "El que diga eso está mintiendo", aseveró Pagán Santiago cuando se le preguntó si tenía interés en correr para un puesto político electo bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP). El jefe de ACUDEN corrió en el 2019 para presidir el organismo de la Juventud del PNP. "Estoy enfocado en ser servidor público y entregar la agencia con buenos números en el 2024", sentenció. El informe que ACUDEN tiene que rendir al gobierno federal sobre las dos querellas presentada a HHS, será el que entregue el licenciado Altieri Cartagena, quien haría el trabajo como parte del bufete JJPagan Legal Services, un bufete que tiene contratos con el DF desde el 2021. El Administrador se comprometió a entregar copias del informe de ambas querellas "tan pronto culmine el proceso y se haga público". Escucha la entrevista completa en Ivoox, Spotify, Google Podcast y FB y Twitter. https://twitter.com/Bonita_Radio/status/1637937698810855424?s=20

Por Carmen Enid Acevedo Una firma de consultores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP) que ha tenido contratos por $14M con el gobierno, acogió como buenas las representaciones que le hizo Genera PR sobre los ahorros de entre $50 y $100M anuales que alegaron proveerá la privatización de la generación de energía sin solicitarle al contratista evidencia de cómo llegó a ese cálculo y conclusión. El pasado 24 de enero el gobierno de Puerto Rico firmó un contrato con Genera PR, filial de New Fortress Energy Inc, a pesar de que la empresa FTI Consulting - consultora que figura como contratista del gobierno desde el 2017 - nunca definió la “metodología” con la que pueda verificarse que la contratación de la privatizadora supondrá un ahorro que pasará a los consumidores. El análisis que hizo el director de política pública del Centro para la Nueva Economía, Sergio Marxuach, abogado y economista, plantea que “en esencia, a la gente de Puerto Rico se le está pidiendo que crea por fe, que estos ahorros son viables”. En un informe de FTI Consulting incluido como anejo en el complejo contrato entre Genera PR y el gobierno de Pedro Pierluisi, “no hay indicios, al menos en el texto del Informe de que (FTI) llevó a cabo una evaluación independiente o ejecutó cualquier diligencia independiente para validar o verificar las afirmaciones de Genera sobre los ahorros esperados”, sentenció Marxuach en una presentación que hizo a medios de comunicación en la que participó Bonita Radio. Dijo además que aún cuando para efecto del análisis esas representaciones se acojan como razonables, “FTI debió haber solicitado a Genera la documentación de la metodología que utilizó para calcular dichos ahorros esperados. Sin embargo, el Informe FTI no incluye ninguna explicación de los supuestos, la metodología utilizada, o las variables analizadas por Genera para estimar los ahorros”. FTI se describe en su página web como "una firma independiente de asesoría comercial global dedicada a ayudar a las organizaciones a administrar el cambio, mitigar el riesgo y resolver disputas: financieras, legales, operativas, políticas y regulatorias, reputacionales y transaccionales. Individualmente, cada práctica es líder en su campo específico, con expertos reconocidos por la profundidad de su conocimiento y un historial de impacto". En Puerto Rico, han ganado sobre $14M desde el 2017 al 2022, siendo los años de administración Pierluisi los de mayor ganancia con sobre $10M, de acuerdo a los registros de la Oficina del Contralor. El último contrato firmado en agosto de 2022, versa sobre asesoría financiera y servicios de consultoría sobre ciertos proyectos de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica descritos en el apéndice A. Según el análisis de Marxuach, Genera PR estima ahorros alcanzables en operación y mantenimiento de $19 millones por año, principalmente por mano de obra y actividades de mantenimiento más eficientes. Además, la privatizadora Genera PR, un consorcio de New Fortress, también estima ahorros de combustible (sin conversión de plantas o reemplazo de equipos) de aproximadamente. $85 millones por año, "que provendrían de la optimización de combustible existente contratos” ($56 millones), “logrando mejores términos de riesgo y crédito en los contratos petroleros existentes” ($20 millones), y “hacer cambios operativos en Legacy Generation Assets para aumentar eficiencia de combustible” ($9 millones). "Genera también “cree” que, sujeto a la aprobación del NEPR (Negociado de Energía de Puerto Rico) que “hay ahorros adicionales de combustible”, en exceso de $100 millones, "alcanzable a través de la conversión de unidades de combustible"... Estas "conversiones implicaría la puesta en marcha de la operación de combustible de gas para unidades que tienen capacidad de combustible dual o conversiones” de aquéllas unidades que se pueden convertir". “Genera está empujando la conversión de plantas a gas natural. En la práctica, eso va en contra de la política pública establecida, que es salirnos de los combustibles fósiles. De acuerdo con el reporte de FTI, Genera dice que esas conversiones generarían más o menos el 50% de los ahorros totales,.....otra vez, “sin que sepamos cómo llegaron a ese número”. En Puerto Rico, New Fortress tiene desde el 2019, un centro de procesamiento y distribución de gas natural frente a la Central San Juan de la AEE. En el 2023, el principal ejecutivo de New Fortress, Wes Edens y a propósito de la firma del contrato de generación dijo que “todos los puertorriqueños merecen acceso a energía limpia, confiable y de bajo costo. Según se hacen grandes inversiones para modernizar la red eléctrica de Puerto Rico y para la transición a energía renovable, esta alianza proveerá ahorros significativos para los consumidores y los negocios; mejorará la confiabilidad, y reducirá el impacto ambiental de un sistema de generación anticuado. Creemos que la transformación de Puerto Rico a renovables, apoyada por combustible bajo en carbono, será un modelo para los mercados alrededor del mundo, y un paso significativo en la misión de nuestra empresa”. Entretanto, quien estará a cargo de NF en la transición de 100 días para comenzar de lleno como privatizadores, Brannen McElmurray, presidente de Genera PR, reconoció en entrevista con Istra Pacheco que quieren "hacer negocios implementando el hidrógeno como “solución” y que si surgiera la oportunidad, y el Negociado de Energía lo aprueba, “nos encantaría traer esa tecnología a Puerto Rico y demostrar su efectividad como parte de la transición energética”. Precisamente el apéndice A del último contrato de FTI y la APP se establece el monto por proyecto y los identifica. Uno de las asesorías que FTI está cobrando en ese contrato es el "apoyo económico y financiero" de un proyecto de hidrógeno. "Esa es una operación que todavía no es comercialmente viable. ¿Qué quieren, hacer de Puerto Rico, un laboratorio de ese tipo de proyecto con hidrógeno?", cuestionó Marxuach del CNE sobre las letras pequeñas que quedan en el contrato sobre esa nueva fuente de producción de energía. En la definición de Iniciativas de Ahorro de Costos de Combustible, el contrato de Genera PR "también incluye cualquier ahorro generado al cambiar a la quema de hidrógeno. "Esto es interesante porque New Fortress declaró en su informe anual para el año que terminó el 31 de diciembre de 2021 “que el hidrógeno de bajo costo desempeñará un papel cada vez más importante como combustible libre de carbono para apoyar las energías renovables y desplazar a los combustibles fósiles en la energía, el transporte y mercados industriales”. "Con ese fin, NFE ha formado una nueva división, a la que llama Zero, “para evaluar tecnologías prometedoras y buscar iniciativas que nos posicionarán para capitalizar esta industria emergente”. Además, firmó un acuerdo "para hacer la transición de una planta de energía para que sea capaz de quemar hidrógeno 100% verde durante la próxima década”, y ha realizado su “primera inversión relacionada con el hidrógeno en H2Pro, una empresa con sede en Israel que desarrolla una tecnología de producción de hidrógeno verde novedosa, eficiente y de bajo costo”. "El riesgo para Puerto Rico aquí es doble. Primero, tenemos que estar atentos a que la isla no se use una vez como un "laboratorio" para probar alguna idea descabellada que impone altos costos y produce poco o nada de beneficios para los residentes de Puerto Rico, como ha sucedido tantas veces en nuestra historia", destacó el economista. "Si la producción de hidrógeno verde eventualmente se vuelve comercialmente factible, tenemos que asegurar que tanto la tecnología como 'el know-how' (conocimiento de cómo hacerlo" sea transferido a empresas puertorriqueñas e ingenieros para que la isla no termine dependiendo una vez más de un recurso que no producimos y no controlamos para generar nuestra energía", alertó. EL PEDIGREE DE FALTA DE CUMPLIMIENTO DE NEW FORTRESS En junio del pasado año, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia decidió un pleito radicado por la Comisión Reguladora de Energía de Estados Unidos, luego de que las comunidades de Cataño radicaran un caso contra NF en la que argumentaron que no tenían permisos para operar y por otro lado, la AEE los acusó de que no entregaron durante seis meses parte del gas para venderlo en otros mercados y obtener mejores ganancias. El foro apelativo decidió que NF tiene que ajustarse al escrutinio de la agencia reguladora, que exige una declaración de impacto ambiental y explicaciones sobre la seguridad de las operaciones de New Fortress en Puerto Rico lo que al día de hoy no ha ocurrido. Además que tiene que revelar cuales son los daños que podrían causar sus actividades en el Muelle de San Juan. La empresa tiene un decreto contributivo otorgado por el Gobierno por lo que paga una tasa de 4% de sus ganancias hasta 2035. Se estima en $20,000 millones los beneficios que tuvo NF entre 2020 y 2021. .

Por Carmen Enid Acevedo Casos de maltrato institucional en centros Head Start, ausencia de personal adiestrado y fallas en las practicas de salud y seguridad en la interacción entre niños y maestros, son parte de las deficiencias que encontró la Administración de Familias y Niños (ACF) del Departamento de Salud y Recursos Humanos Federal (HHS, por sus siglas en inglés) y que amenaza la permanencia de fondos en la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) del Departamento de la Familia. Asimismo, fuentes de entero crédito aseguran que las autoridades federales tienen en la mira la operación de ACUDEN, que dirige Roberto Carlos Pagán, sobrino de la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo luego de que se recibieran dos querellas relacionadas con mal uso de fondos públicos, nepotismo, problemas de gobernanza, entre otras, dirigidas a las oficinas de la ACF en Washington, entre octubre y noviembre del pasado año. ACUDEN recibe sobre $63M en fondos en los programas Head y Early Head Start, mientras que a través de la American Rescue Plan Act (ARPA, por sus siglas en inglés) ha recibido sobre $300M desde la pandemia. En una querella informada el 10 de noviembre por Tania García, directora Regional de Head Start, se le planteó al presidente de la Junta, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández, que la persona que se querelló alegó mal uso de fondos ARPA; adjudicación ilegal de contratos; alteración de ordenes de compra y utilización de fondos públicos para enaltecer la imagen del administrador de ACUDEN, Pagan. Llama la atención que la página personal de Pagán en la red social Facebook, utiliza la imagen de la agencia con el lema "Somos futuro" y el logo del Departamento de la Familia y hace despliegue de fotos suyas con niños y niñas a los que da servicio ACUDEN. El pasado ocho de marzo Pagán distribuyó entre todo el personal de ACUDEN, instrucciones para que se utilice el nuevo lema de la agencia, "ACUDEN del futuro", en la que se utiliza el mismo tipo de letras y colores del lema "Somos Futuro" que tiene su página personal de Facebook. Una segunda querella fue presentada en octubre y fue dirigida a la entonces presidenta de la Junta, Doralys Rivera Martínez, y establece que hay mal manejo de fondos; problemas en las áreas de salud y seguridad y falta de adiestramientos en centros que reciben fondos. Bonita Radio trató de comunicarse con la oficial de prensa de ACUDEN, Lisdián Acevedo, sin que hasta el momento de publicación haya contestado la disponibilidad de su cliente. Rivera Martínez, ex directora de la Autoridad de Tierras, fue referida a la Oficina del Fiscal Especial Independiente luego de una investigación del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, trajo hallazgos preliminares de una evaluación de los contratos y desembolsos de fondos legislativos asignados a entidades sin fines de lucro a través del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la ATPR. DEFICIENCIAS QUE PUEDEN LLEVAR A ACUDEN A RECOMPETENCIA EN PROGRAMAS HEAD START Las tres deficiencias detectadas por ACF en los programas de Head Start y Early Head Start, se relacionan con los renglones de políticas de personal; practicas de seguridad y el cumplimiento con los objetivos del programa en materia de informar incidentes de maltrato. La agencia dejó de reportar tres incidentes de marzo de 2022 a un oficial de la Región de Head Start, según lo requiere la Ley. ACUDEN tiene que presentar un informe de acción correctiva de las tres deficiencias a más tardar 30 días a partir del dos de marzo, fecha en que tanto el administrador de la agencia, Roberto Carlos Pagán como el presidente de la Junta de Head Start, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) José Aponte Hernández, recibieron la carta de HHS. La misiva hace claro a ACUDEN que las deficiencias pueden suponer que la agencia tenga que ir a competencia para recibir los fondos que se destinan a los servicios de ambos programas Head Start. "El programa tiene incidentes de maltrato de niños del 8 y el 14 de marzo 2022 y sin embargo, no los informó a la Oficina Regional hasta el 14 de octubre, siete meses más tarde de que ocurrieran", se establece en la misiva firmada por Tala Hooban, directora de la Oficina de Head Start. "Head Start" sirve a niños (as) desde los 3 años a 4 años y 11 meses, a través de 173 centros localizados en 28 municipios. "Early Head Start" sirve a niños(as) de 0 a 2 años con 11 meses. a través de 11 centros y 15 ambientes "Home Base". Esta sería la segunda ocasión en que ACUDEN tiene que ir a re-competencia para acceder a los fondos de administración de Head Start, siendo la primera por malos manejos durante la administración de Luis Fortuño Burset y de Yanitisia Irizarry como secretaria del DF, y la decisión de la HHS fue tomada durante el primer año de la administración del ex gobernador Popular, Alejandro García Padilla.

HACE FIDEICOMISO CIEGO A DOS MESES DE QUE SU EMPRESA CONSIGUIÓ CONTRATO CON ACAA HASTA 2024 Por Carmen Enid Acevedo Una de las empresas que tiene corriendo el Centro de Salud de Canóvanas y que creó en el 2015, el hoy secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, consiguió un contrato hasta el 2024 para ser proveedor de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóvil, (ACAA) dos meses antes de que el Jefe de Agencia creara un Fideicomiso Ciego que lo impide interactuar con sus empresas por razón de conflictos de interés. Una investigación de Bonita Radio reveló que la escritura pública número 13 que crea el Fideicomiso Ciego en el que el Jefe de Gabinete Constitucional de la administración Pierluisi colocó a su sobrina y médica, Bimely Torres Mellado, al frente de Canóvanas Medical Center (CMC), tiene fecha del 28 de mayo 2021 otorgada por la notaria Irma E. Castro Dieppa. Antes de que la Oficina de Etica Gubernamental (OEG) le diera el visto bueno al Fideicomiso Ciego, CMC obtuvo un contrato con la ACAA, firmado por Torres Mellado y el ex alcalde de Naguabo, Noé Marcano Rivera por lo que el CDT de la familia Mellado cobra $110 por paciente recibido en el CDT por accidentes de tránsito. El monto total del contrato es de $270K con vigencia hasta el 2024. "Si es aparentemente correcto..puede tener su nubla por decirlo de esa forma. Uno siempre le aconseja a la gente, siempre piénselo más allá de lo que sea legal o ilegal, porque también para nosotros la apariencia cuenta mucho. Pero, uno puede llevar el caballo al rio pero no lo puede obligar a beber". Con esas palabras del director de la Oficina de Etica Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, contestó a la pregunta de qué debió llegar primero, la escritura pública o la transacción de negocios de la empresa creada por Mellado López en el 2015 y que hizo negocios todavía vigentes con ACAA, cuando ya era Secretario designado de Salud. "Cuide hasta la mera apariencia porque sino es tiempo que usted tiene que gastar en dar explicaciones que al fin a la postre, quizá no se las van a creer y esa apariencia es la que permea como si fuera lo habitual en el país y eso nos hace un gran daño", insistió Pérez Vargas. "Si hay un verdadero conflicto la Ley de Etica lo castiga... Nosotros lo recomendamos y no hemos tenido éxito. En las visitas que hacemos, igual..cuando nos reunimos con los jefes de agencia y con los alcaldes, también. Algunos si acogen nuestras recomendaciones, otros no. Que estén en el filo (en la línea del conflicto) pues si, deja mucho..porque la mujer del César no solo debe serlo si no aparentarlo". Mellado López no contesta requerimientos de información de este medio que despejen la apariencia de conflicto de interés entre su negocio de la salud y su función pública. Etica lo obligó a inhibirse en las transacciones de otra empresa de su titularidad, ER Management Group, donde también dejó a su sobrina, Torres Mellado al frente del negocio. Además, no puede realizar gestiones que le incumben a Salud como las certificaciones que da a los hospitales la Secretaria Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) que lo colocaría supervisando su negocio propio. ORIGEN DE LA APARIENCIA DE CONFLICTO Mellado López fue designado por el gobernador Pedro Pierluisi el tres de diciembre del 2020 y confirmado por la Legislatura el 10 de mayo de 2021. El 16 de diciembre, OEG recibió petición de consulta sobre el Fideicomiso Ciego, pero no fue hasta el primero de febrero de 2021 que Mellado López presentó una primera escritura pública - del 12 de enero 2021 - de ese instrumento para evitar conflictos de interés. Esa escritura fue dejada sin efecto cuando la OEG se percató de que el Secretario Designado dejaba de Fideicomisaria a su sobrina, Torres Mellado lo que es ilegal bajo la Ley de Fideicomisos. Torres Mellado es la actual directora de CMC y de ER Management Group, que también tiene contratos con el municipio de Canóvanas. El fideicomisario es el Contador Público Autorizado, Jorge Guzmán Alvelo. La OEG le escribió a Mellado López en junio de 2021 aceptándole la nueva escritura de Fideicomiso pero advirtiéndole que solo pasaba juicio por lo allí informado. Mellado López nunca descubrió a OEG que, antes de que estuviera activo el Fideicomiso Ciego en mayo 2021, la empresa que reó firmó contrato con la ACAA con efectividad de marzo 2021 a junio 2024. Las finanzas del médico-empresario Mellado López crecieron como la espuma luego de que saliera de ser Procurador del Paciente en el 2011, bajo la administración de Luis Fortuño, y se convirtió en contratista bajo la administración de la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto. Un resumen de su estado financiero como Procurador da cuenta que en el 2010 tuvo ingresos de $163,080 por su salario y $87K por un negocio propio que no se especifica en el informe. En el 2011, $147,484 por salario y $88, 359 son de negocio propio. El salto se dio en el 2020, cuando registró ingresos de salarios por $522,437 y $2.6 millones por negocio propio. En septiembre del 2022, una pesquisa de Bonita Radio descubrió que el Departamento de Salud que dirige Mellado López tiene contratos con la empresa de transportación aérea, Vieques AirLink, una empresa que se fusionó con Vieques Management y en la que Mellado López figura como vice presidente indefinido. En el 2019 Vieques Air Link se unió en una sola corporación con VM, según los registros de corporaciones en el Departamento de Estado. En los documentos públicos del 2015 y 2016, Mellado López, secretario de Salud, comparece como vice presidente "indefinido" de la corporación. En el 2017, comparece como 'secretario". No hay rastro en el DE que ubique a Mellado López fuera de esa corporación a través de una resolución corporativa que así lo certifique. Mellado López - sin hablar con este multimedio - ha intentado desmentir la información alegando que no tiene participación en esa línea aérea, que al día de hoy mantiene contratos con Salud, Autoridad de Puertos y Compañía de Turismo. Sin embargo, el Secretario nunca ha contestado la pregunta de dónde en el registro público del DE, establece que esa corporación dejó de ser de su propiedad mediante resolución corporativa tal y como requiere la Ley. Tampoco ha mostrado documento alguno que figure en el registro público. Ayer ante el pedido de contestar preguntas relacionadas a la pesquisa sobre el tracto de su inhibición con relación a los asuntos de CMC, Mellado López, dijo, a través de su oficial de prensa, Lisdián Acevedo, que "no va a hablar contigo porque la vez anterior, lo difamaste". Al día de hoy tampoco contesta en qué se basa su alegación de difamación. Este es el tercer asunto de las finanzas de Mellado López que ha salido a relucir en su vida pública desde el 2009. Además de los conflictos que no contesta sobre VAL y sus negocios bajo su incumbencia en DS, a principios del cuatrienio de Pedro Pierluisi, las autoridades federales hicieron pública la intervención que tuvo Mellado López en su empresa, SM Medical Services, al autorizar se declarara en quiebra teniendo $8.8M en deudas con planes médicos y proveedores. Era su socio Victor Simmons Félix, ex miembro de la Junta de Directores de ASES, quien fue acusado en el 2020 de fraude a ese proceso de quiebra. Este último es sub secretario de Vieques Air Link, según el informe anual de la corporación con fecha del 2021. Mellado López se desentendió de ese fraude alegando que dejaba todo en manos de su socio, Simmons Félix. En el 2013, cuando era Procurador del Paciente, Noticel, bajo la administración de los periodistas fundadores, Omaya Sosa Pascual y Oscar Serrano, publicó una noticia bajo el titulo "Procurador de la Salud inmerso en múltiples conflictos de interés" en la que se documentaron los conflictos entre S.M. Medical y el gobierno del que era parte Mellado López como Procurador del Paciente.