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Y Gobierno de Alejandro García Padilla había permutado la finca a una compañía española
Por Carmen Enid Acevedo
La Administración de Terrenos de Puerto Rico (ATPR) bajo el gobierno de Pedro Pierluisi recurrió a los tribunales para sacar a una familia del barrio Florida, sector Martineau en Vieques, donde uno de sus miembros vive hace 60 años, en la costa donde quedan hoy los restos del Hotel W. Esto para desarrollar un malecón o venderla al mejor postor en lo que constituye una más de las historias del desplazamiento que se verifican a lo largo y ancho del país en los últimos años.
Edwin Velázquez Rodríguez, hijo de Eugenia Cruz González, es la tercera generación de ocupantes de dos lotes de terreno - donde hay dos casas de hormigón - que componen la franja costera donde una vez brilló el Hotel W, Vieques, hoy propiedad del criptomillonario estadounidense, Brock Pierce, un recipiente de los beneficios contributivos que otorga la Ley 60, antes Leyes 20 y 22.
Las intenciones de la ATPR de hoy coinciden con la transacción que llegó a hacer el ex director ejecutivo, Luis Rivero Cubano, en el 2014 y bajo la administración de Alejandro García Padilla, al suscribir un contrato de compra venta con los antiguos propietarios del W Vieques, los empresarios españoles, Carlos Enseñat Reig y su madre, María Reig, por $25K o $6,500 por cuerda de terreno. El contrato, con capacidad de extenderse por 18 meses más allá del término de vencimiento en el 2016, venció en el 2018.
Una pesquisa de Bonita Radio del expediente judicial del caso de la Sucesión de Eugenia Rodriguez González, compuesta por Velázquez Rodríguez y sus hermanos Ernesto y Marianela Rodriguez Cruz, propone un complicado pleito que comienza en el 2017 cuando los demandantes recurrieron al foro judicial de Primera Instancia, sala de Vieques, solicitando un Expediente de Dominio y reclamaron la titularidad de la tierra en la que vivió su abuela, su madre y ellos desde los años 40 hasta hoy.
Aunque el Tribunal de Apelaciones - por voz de los jueces Grana Martínez, Rodríguez Flores y Figueroa Cabán les dio la razón, el gobierno insiste en recurrir al Tribunal Supremo, foro que ya le dio un primer No Ha Lugar para entrar en los méritos del caso a través del recurso de Certiorari.
EL CASO SEGUN LOS DEMANDANTES
La titularidad de la tierra emanaría de las transacciones que hizo la Marina de Guerra de Estados Unidos hace 70 años, cuando junto al Departamento del Interior de Estados Unidos, desalojaron a dos terceras partes de la Isla para ubicar la infraestructura Naval de ese cuerpo militar. A la abuela de Edwin, Hilaria, la sacaron de "Mosquito y la trajeron aquí" a los terrenos donde ubican hoy las casas de donde quieren sacarlo.
"A su vez, afirmaron que han estado en posesión de la finca a título de dueño, quieta, pública y sin interrupciones desde que la adquirieron, sumando su posesión a la de los dueños anteriores por un término mayor a 30 años. Por lo tanto, solicitaron la inscripción del predio en cuestión a su nombre en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico.
La AT reclamó titularidad sobre los terrenos alegando que la Marina de Guerra se los vendió en 1980 y solicitó del juez Santos Ramos Lugo que dictara sentencia, entre otras razones procesales, porque los demandantes fallaron en contestar una demanda de reconvención y en otro caso porque no tuvieron abogados disponibles, toda vez que la Licenciada que los representó, Lilia Quiñones Fuentes, renunció por razones de salud. Los demandantes tardaron en conseguir abogados pero siempre asistieron al foro judicial a insistir en la titularidad de los terrenos.
EL CONTUBERNIO DEL TPI DE VIEQUES
El juez Ramos Lugo dictó sentencia desestimando el pleito sin perjuicio, tal y como se lo pidió la AT, por voz del licenciado Christian Lourido Alonso. Sin que se pasara prueba sobre los hechos del caso que plantean la disputa por titularidad, el Juez desestimó sin haber nombrado un abogado de oficio a los demandantes.
"En dicho contexto procesal, a base de las alegaciones de la Reconvención, el TPI dictó sentencia en rebeldía contra los apelantes, y decretó que el título de absoluto dominio de la parcela en controversia corresponde a la Administración de Terrenos. Además, ordenó que los apelantes desalojaran el inmueble".
La orden de deshaucio llegó a Edwin a finales del mes de noviembre del 2022. Ya con representación legal, entre el licenciado Fermín Arraiza, Julio Marcano y Luis J Torres Ascencio, recurrieron de la decisión del TPI al Tribunal de Apelaciones, que les dio la razón, determinando en parte: "La Sucesión Cruz González alega que erró el TPI al desestimar la Petición Enmendada de Expediente de Dominio sin haberlos sancionado previamente. Sostienen, además, que al desestimar la Petición Enmendada por no haber informado nueva representación legal se les violentó su debido proceso de ley, así como “la política pública sobre acceso a la justicia para partes que enfrentan procedimientos en los que su vivienda se encuentra amenazada”. Dada su incuestionable insolvencia económica, correspondía asignarles una representación legal de oficio conforme establece el Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico.
Sobre el hecho de que el TPI "resolvió la controversia mediante el procedimiento sumario de desahucio, cuando la acción se había tramitado por la vía ordinaria, dijo además el foro apelaytibo "Peor aún, adjudicó la controversia sumariamente aunque la apelada no había solicitado el despacho sumario del pleito, no acreditó la autenticidad".
RIVERO CUBANO EL VENDEDOR DEL PATRIMONIO EDIFICADO AL MEJOR POSTOR PRIVADO DE ADMINISTRACION GARCIA PADILLA
Las intenciones de venta de la propiedad donde ubican las casas humildes de la Sucesión Eugenia Rodríguez González, es una de cuatro transacciones que firmó entre el 2014 y el 2016, el entonces director ejecutivo de la AT, Rivero Cubano.
A solo días de que asumiera posesión como gobernador, Ricardo Rosselló Neváres, Rivero Cubano firmó la permuta del edificio donde ubica la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña en San Juan. Lo hizo a favor del empresario y hotelero, Arnold Benus, bajo la compañía Gran Hotel San Felipe del Morro, en un contrato que no ha podido ser ejecutado porque dicha edificación está a nombre del Departamento del Interior y el gobierno de Puerto Rico tiene derecho al uso que no ha sido cambiado por el gobierno estadounidense.
El contrato firmado por Rivero Cubano establece que "se pagará una renta de $5,000 mensuales durante el proceso de construcción, $85,000 anuales los primeros tres años de operación, y $100,000 anual los restantes años. Al término del año 10, se aumentará la renta 15 % de la base o 3.5 % de la ganancia de la operación del hotel cada cinco años, mientras que después del cuarto año de renta, además pagarán 5 % de las ganancias netas después de los impuestos.
Además, Rivero Cubano logró vender la antigua sede del Departamento de Estado de Puerto Rico, a Benus y su socio de negocios, Cirilo Meduña, en donde desarrollaron el Hotel Palacio Provincial.
Una tercera transacción. se dió en el 2016 por parte de Rivero Cubano, en relación a la cesión de los terrenos del estacionamiento del Departamento de Hacienda a las firmas del desarrollador, Ruben Vélez Lebrón. El contrato con la empresa Plaza La Marina LLC propiedad de Vélez Lebrón - registrada en febrero del 2016 - y que desarrollará un mega hotel de la firma Hard Rock Café, se dio el 22 de noviembre de 2016, a 14 días de las elecciones generales en las que perdió la gobernación el PPD, así como el control de la Legislatura.