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Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El tercer salario más alto en la nómina de confianza del Departamento de Educación, después de la secretaria, Yanira Raíces y la sub secretaria de administración, Jullymar Octaviani Vega, el licenciado, Richard W. Cruz Franqui, reside en Florida desde antes del 2023 cuando trabajaba en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Asimismo, una investigación de Bonita Radio constató que la nomina de confianza del Departamento de Educación hecha pública luego de que la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Ada García Montes, la solicitara a la agencia y se la entregaran con siete meses de dilación, podría violentar la Ley 8 del cuatro de Febrero de 2017 conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”. Ese estatuto establece en su Sección 8.3. — Aprobación de Puestos de Confianza que: "Los planes de clasificación aprobados contarán con un número máximo de quince (15) puestos de confianza. Cuando la estructura organizativa, complejidad funcional o tamaño de la Agencia requiera el ocuparlos, bien sea un número mayor o menor, será necesaria la aprobación previa de la Oficina de Gerencia y Presupuesto". Bonita Radio intenta desde el pasado 18 de marzo que la Secretaria Raíces conteste preguntas relacionadas con la nómina de confianza que supera por 79 puestos los permitidos por ley. Su oficial de prensa, Alexis Ramos, dijo ayer tras una visita de Bonita Radio a la agencia - ante la no contestación de mensajes de pedidos de información - que "la Secretaria no te va a atender antes de la vista de presupuesto. Está concentrada en ese asunto". Entretanto, uno de los pupilos de la Secretaria en esa nomina descomunal, Cruz Franqui, un ex director de asuntos jurídicos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para el 2013 y que regresó a la agencia en el 2022, confirmó a este diario que vive en la Florida, luego de que se le cuestionó si a la hora en que Bonita Radio lo llamó - 1:20PM martes 26 de marzo - estaba en su oficina en la agencia en Hato Rey desde donde se le paga el tercer salario más alto de la agencia. En una llamada a su teléfono celular para confirmar la información de que en efecto es el Ayudante Secretario II y no reside en la Isla, al contestar el teléfono, el Abogado dijo a Bonita Radio: "pues mira... ahora mismo...si me puedes llamar mas tardecito...yo tengo una reunión a la 1:28...perdón son la 1:28...tengo una reunión ahora mismo con el gobierno federal...precisamente". Al plantearle que no le tomaríamos mucho tiempo, Cruz Franqui accedió a contestar las preguntas de Bonita Radio. ¿Usted está en el Departamento...allí en la agencia? Si, si, si, si ¿Allí en la agencia...en Educación? Si, en la agencia. ¿Usted no vive en Florida? (Silencio) "Si, yo vivo en Florida. De hecho, estoy ahora mismo en Florida...de hecho yo viajo...me quedo allá y viajo los fines de semana acá...como cada dos semanas a Florida. Esta semana por ser Semana Santana...llegué un poquito antes pero...cada tres semanas es que puedo viajar". ¿qué tipo de trabajo usted hace para la Secretaria?, preguntó Bonita Radio "Pues mire yo coordino el Plan de Acción Correctiva que tiene el Departamento con el gobierno federal. Coordino o facilito los asuntos federales, el uso de los fondos públicos etcétera...este, trabajo con el agente fiduciario...de hecho esa es la reunión que vamos a tener en unos minutos y también con el área de informática...ayudando al departamento en la implementación del 'erp' de Hacienda" ¿Cuándo se fue de la AEE? "Como en agosto". El Abogado Cruz Franqui es parte del tema de la nómina que persigue desde hace una semana al gobernador y pre candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, cuando el país se enteró por el periodismo de que la principal agencia de educación del Estado paga $700K mensual y $8.4M anuales en salarios de 93 personas entre los que hay políticos derrotados, candidatos a la Legislatura en la elección del 2024 y familiares de políticos como Joshua Rodríguez Rodríguez, hijo del portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló. Cruz Franqui había pasado por debajo del radar en un listado que ha traído 72 de los 93 empleados de confianza de la agencia que dirige en propiedad la secretaria Raices desde noviembre del año pasado cuando fue confirmada por el Senado. Raíces le dio trabajo al hijo de Rodríguez Aguiló quien es un Ayudante con salario de $5,486 sin que al día de hoy ni la agencia ni su padre, Rodríguez Aguiló, revelen qué preparación académica tiene. Rodríguez Rodríguez es un activista del PNP que le ha hecho campaña al ex presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Entre los candidatos a las primarias del PNP que se encuentran en la nómina están Leyda Cruz Berrios, candidata al Senado por Acumulación por el PNP con salario de $7,684.95; Wendy Lee Colón Martínez, candidata al Senado por distrito Humacao, con $7,897.05 como Ayudante Especial. También figura Odalys Aponte Jiménez, esposa del director de la Autoridad de Carreteras el Ing. Edwin González y ayudante especial, gana $5,061.00; Gustavo Meza Buelvas, coordinador de Servidores Públicos de San Juan es ayudante especial y devenga $6,638.10; los ex representantes del PNP, Víctor Torres González, coordinador político y ayudante especial con $4,312.35 de salario mensual y Paula Rodríguez Homs, coordinadora regional político y superintendente regional con $8,050.00, entre otros. Además, son parte de la nómina de lujo, el exalcalde de Guánica, Santos Seda 'Papichy' Nazario, coordinador de movilización y ejecutivo IV con $5,399.10 y Noel Toro Zambrana, un ayudante especial del Departamento de Agricultura con destaque en Educación como coordinador político y ayudante ejecutivo con $9,142.00 de salario. Sintoniza Bonita Radio a las 8AM por FB Live para que conozcas cómo Cruz Frranqui hace vida en Florida y trabaja en el Gobierno de Pedro Pierluis con un salario de sobre $120K al año.

Por Carmen Enid Acevedo De Bonita Radio La maestra que escogió Héctor Joaquín Sánchez para darle un premio como maestra del año en el 2022, corre para una silla en la Cámara de Representantes en las elecciones generales de noviembre y es parte de un grupo de correligionarios de ese partido que incluyen a un instructor electoral y su madre, una ex contratista del Senado de Thomas Rivera Schatz. Odalis González González es la candidata del Distrito Representativo 18 por el PNP luego de que recibiera una medalla tras la intervención indebida que realizó Sánchez en el 2022 y por lo que tiene una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental. La historia de González González es parte de la estructura que crea Rivera Schatz y otros candidatos a la reelección en la Cámara Baja como Rodríguez Aguiló utilizando como base la principal agencia de educación del Gobierno de Puerto Rico. Rodríguez Aguiló corre en esta elección como Representante por Acumulación. Mientras el secretario del Departamento de Educación Federal, Miguel Cardona, trata de llevar a buen término la descentralización de esa agencia, la politización se entroniza con una vieja táctica: “colocar a los suyos en el grupo electoral de determinada región de la Isla”. Así narró a Bonita Radio un penepé de la región educativa de Mayaguez. González González fue la directora de la campaña de una de sus madrinas en la política, la ex candidata al Senado en el ciclo electoral del 2016, Yolanda Varela Rosa, una médica de Familia del pueblo de Aguada que corrió para el Senado en la elección del 2016. Varela Rosa fue contratista del Senado bajo Rivera Schatz entre el 2018 y el 2020 y asignada a la oficina del senador Ángel "Chayanne" Martínez Santiago. Su hijo, Jorlan Torres Varela, es maestro se inglés de la escuela Conrado Rodríguez en Rincón, y labora en la campaña de Rodríguez Aguiló y a su vez es instructor electoral. Hoy Varela Rosa es el contacto del tema de adultos mayores de la campaña de Jennifer González como pre candidata a la Gobernación. Varela Rosa es hoy la encargada del tema de los adultos mayores en la campaña de lampee candidata a la gobernación en el PNP, Jenniffer González. Se alega que el hoy legislador por el distrito 13 - Arecibo, Barceloneta, Ciales, Florida y y Manatí - tiene planes de "llevárselo de administrador de oficina" si gana la contienda electoral en noviembre, dijo a Bonita Radio un allegado a la oficina del Legislador. Por su parte, la estrategia de dar a conocer a González González, maestra de Estudios Sociales de la Escuela Superior Carlos González de Aguada, culminó en la agencia con la distinción de maestra del año 2022 pero se inició con un certificado de reconocimiento del Senado de Rivera Schatz en el 2019. Tres años más tarde, el entonces aún secretario Sanchez, se alega que “utilizó las facultades y deberes de su cargo como subsecretario del Departamento de Educación a los fines de obtener, directa o indirectamente, un beneficio no permitido por ley concediendo una ventaja indebida” a los dos participante del concurso de Maestro del Año por los que abogó indebidamente el 10 de mayo de 2022. La hoy pre candidata a la Cámara por el PNP fue seleccionada junto al también maestro, Edwin Figueroa y sus premios conllevaron pagos de $5,000 a cada uno. Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo estableció que “en su declaración jurada, el superintendente de la ORE de Mayagüez, Ricardo Pitre Feliciano, escribió que quería hacer constar "que las personas o maestros seleccionados no los conozco y que no interferí en el proceso de ninguna forma". Sin embargo, Bonita Radio descubrió al oficial del DE en fotografías compartiendo con González González en plan de amigos. Pitre Feliciano publicó en mayo del 2022, una fotografía con González González y Figueroa celebrando desde la página oficial de la Oficina de la Región Educativa de Mayaguez. González González publicó en sus redes una fotografía con Pitre Feliciano en mayo de 2023. Sintoniza Esto es lo último a las 11 por Facebook Live y termina de armar los extremos de esta investigación.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Katherine Erazo García es hoy contratista de la oficina del portavoz de la minoría en el Senado, Thomas Rivera Schatz y a su vez tiene un acuerdo de inmunidad con la Oficina del Panel Especial Independiente (FEI) para decir todo lo que sabe sobre cómo utilizó en el 2018 la plataforma del Negociado de Telecomunicaciones (NET) para realizar una actividad de recaudación de fondos para la campaña a la reelección del entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevárez. La puerta giratoria en el caso de Erazo García, con fondos públicos, incluye a la persona donde se hizo aquélla actividad de 'FR' en la urbanización Montehiedra en Rio Piedras en el verano del 2018, un coronel retirado de la Guardia Nacional y productor de seguros que ha tenido $7.6M en contratos con el gobierno de Pedro Pierluisi hasta el 2024. "Ese nivel de recaudación es de una maquinaria aceitada como la que ha creado Kathy a través de los años. Son donantes de mucho dinero", señaló una fuente de conocimiento de la estructura de "fund raising" en el PNP quien alega que la recaudadora lleva mínimo 30 años en esa gestión. Entre el 2019 y el 2023, el actual cliente de Erazo García, Rivera Schatz ha reportado ingresos en sus campañas de $898,584.15 en 1001 donativos. De estos siete son de dos dígitos; 396 de cuatro dígitos, entre $1k y 3K; y 598 donativos entre $125 y $500, siendo el grueso de esta última cifra. La máquina de recoger dinero del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) coloca a sus recaudadores en posición de contratistas en agencias públicas y allí, en y fuera del año eleccionario, éstos, como Erazo García, se encargan de buscar dinero entre los que brindan servicios o tienen vínculos con las agencias públicas. En su caso, para julio 2018 reclutó a los esposos Edwin I. Rivera Malavé y Giselle Declere. Una investigación de Bonita Radio sobre el récord público de la vista preliminar del caso contra la ex jefa de la Junta, licenciada Sandra Torres, establece que ésta mantuvo bajo contrato a Erazo García mientras la ex esposa del ex presidente del Senado, Charlie Rodríguez, se dedicaba a identificar donantes y solicitarle dinero para el PNP y la campaña de Rosselló Nevárez. Hoy, Erazo García tiene contratos con su firma, BCS Consulting Services, para proveer servicios de "estrategia y consultoría en administración pública" en la oficina de Rivera Schatz por $50K anuales. Quedó claro en la audiencia ante la jueza Alexandra Rivera Sáez, que Erazo García era la recaudadora principal en esa agencia y que le pidió a Torres hacer un evento de recaudación para su entonces jefe. En ese momento, la hoy "jefe de oficina" de Rivera Schatz también tenía un contrato con el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC). Erazo García ha sido directora de finanzas del Partido Demócrata y ayudante del senador Pedro Rosselló cuando se agenció un trueque con un senador electo en el 2009 para poder cotizar los años que le faltaban para obtener una pensión de retirado del gobierno de Puerto Rico. Del 2009 a esta fecha, nada ha cambiado en el esquema de recaudación de fondos en la Palma. En el mencionado caso y según la transcripción de los días de vista en la sala judicial de San Juan en junio 2021, el operativo se ejecuta desde que Erazo García, trae al empleado de la Junta Reglamentadora, Excel López Vélez y a los potenciales donantes-contratistas, todos con intervención directa con esa agencia pública, como corporaciones que son reguladas por la institución pública. Surge además la figura del recaudador 'viejo" del PNP, ex presidente de la Telefónica, Agustín García, como el enlace con el comité de Finanzas del Comité de Rosselló Nevárez. "Lo increíble es que Kathy hable de un esquema ilegal y ahora contrate con el mismo gobierno pagada con fondos públicos", dijo un allegado al Departamento de Justicia ante la sorpresa que esa testigo tenga un acuerdo de hablar sobre esquema ilegales y sea contratista del gobierno al que defraudó en el 2018. Tanto Erazo García como López Vélez, ex director de comunicaciones de la JT, se hicieron testigos con inmunidad luego de que la fiscal en el Departamento de Justicia que atendió el caso nunca le leyó las advertencias cuando comenzaron a hablar de lo que sabían del esquema ilegal. De hecho, Erazo García testificó en un momento de la audiencia judicial en verano del 2021, que no sabe por qué tienen un acuerdo de inmunidad que fue tramitado con el FEI, por el licenciado César López Cintrón y el ex juez, Heriberto Sepulveda. Las reuniones para identificar donantes se dieron en la oficina de la Junta en Santurce y el recogido de dinero en horas laborables. Aunque tanto López Vélez como García Acevedo, aseguraron que el recaudo de la actividad sobrepasó los $30K, el informe de la actividad en la Oficina del Contralor Electoral solo reportó $24K. La OCE detectó problemas en el manejo de efectivo que resultaron en multas al Comité. La actividad en cuestión se realizó en la residencia de Rivera Malavé, un ascendido a coronel de la Guardia Nacional en el 2017 por el entonces gobernador, Rosselló Nevárez. Rivera Malavé, identificado por Erazo García como su cliente, es un donante activo del PNP y a las campañas de Rivera Schatz, Pierluisi, el senador Gregorio Matías, entre otros. Rivera Malavé no compareció al proceso judicial contra Torres López toda vez que el FEI no pudo vincularlo con la acusada a quien dijo no conocía. Solo conoce a Erazo García. Para conocer más detalles de esta historia, sintoniza hoy a las 11AM, Esto es lo último en Facebook Live.

OPINION Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Diría mi abuela Reyes Vázquez, crítica y honesta en el registro cristiano, que Tata Charbonier se puso a jugar con el Altísimo y perdió. “Con El no se juega. A El se le sirve”, me parece estarla escuchando en una de esas ocasiones en que yo, con 15 o 16 años, dialogaba con una mujer ya de 75, en medio del calor de una tarde de verano en su amplio balcón de la casa de Reparto Metroplitano en San Juan. Doña Reyes sabía un poco de eso. Miembra fundadora de la Iglesia Bautista de Río Piedras, le tocó ver de cerca la transformación de muchos pastores que cambiaron el púlpito “de la palabra” por la sucursal comercial del “evangelio de la prosperidad”. Que se desafilaron de la Iglesia Histórica para ir a fundar chinchales religiosos que mantenían sus arcas personales llenas a merced de la venta del miedo y del perdón de Dios. Presencié una de esas discusiones con uno al que no voy a nombrar mientras visitaba a mi tía Lila para pedir la indulgencia de abuela. No hubo manera. Mi abuela murió en el 1986 con la convicción de que aquéllos se habían convertido en la estampa de los mercaderes del templo que convirtieron la nave principal en mercadillo desatando la ira de Jesucristo. Doña Reyes era de Canóvanas, del barrio Hoyo Frío, circundante con el Cubuy que Charbonier conoce y donde tiene una propiedad. La convicción de “Tata” por cargos de corrupción me llevaron atrás a aquellos tiempos en que Reyes vivía con mucha Fe pero con una idea puntual sobre esa que venía de educación de principio de Siglo 20. “Para ser buen cristiano no hay que pregonarlo….solo serlo”. Esa que el viernes se vio por primera vez aturdida por un demoledor veredicto de culpabilidad en cuatro horas, debería hoy estar repasando las escrituras que re-interpretaba para discriminar y sepultar a la comunidad LGBTTIQ+ y a tantos más que no coligieran con su ideología. En ese y todos los sentidos de su vida y obra pública, el evangelio según Tata Charbonier, sigue el catecismo de una obra literaria así como lo hizo desde la ficción, José Saramago, cuando escribió el Evangelio según Jesucristo y deconstruyó la historia desde lo mundano. ¿El detalle? que Charbonier no escribió una obra literaria ni hizo crítica del 'evangelio'. Tergiversó y se apegó sin más desde el poder de corrupción y manipulación. Hace once años atrás, entrevisté por última vez a Charbonier cuando se ventilaban las incongruencias en las facturas que radicaba para cobrar contratos que mantenía con el Departamento de Educación y con el municipio de Canóvanas. “Eso no es cierto”, gritó a través del teléfono la entonces candidata a Representante y comenzó a vaciar los “talking points” para intentar evitar las preguntas. La entrevista terminó intempestivamente para evitar la gallera y la falta de respeto al oficio que tiene la urgencia y responsabilidad de preguntar. Charbonier se volvió más altanera cuando ganó en las elecciones del 2012. Y a partir de ahí, su altanería aumentó cuando coincidía su ascenso en el panorama de su partido político hasta convertirse en la que atraía a los candidatos de la zona Este del país. Casi todos salidos de una “Cristo Inc”, precisamente en lo que se convirtió la nomenclatura DiosTeBendiga+ que trajo la conversión de muchos hacia la interpretación de versículos como el de Lucas 7:25 ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes”. Y de ahí que Tata reclutara a esas que como “Una Mujer De Dios”, Nayda Venegas Brown corrieran las calles de Río Grande y Canóvanas buscando almas, corderos y mercaderes del templo al servicio del PNP. No es causalidad que en el grupo, quien fungiría como presidente de la Cámara en el  cuatrienio nefasto del 2017-2020, Carlos Johnny Méndez, de Fajardo, del Distrito 38 el que más iglesias tiene por milla cuadrada, también se asomara a ese cohorte de religiosos fundamentalistas. Famosa es la historia real de que le pagó $10k mensuales a su “pastora”, la que dirige la iglesia donde se congrega, AMEC, Casa de Alabanza. Wilmarie Leduc Jorge recibió $120k en un año por dirigir la Oficina de Bases de Fe y Comunitaria de la Cámara. Sin serlo pero avistando la carroña de los votos del fundamentalismo religioso, se montó Thomas Rivera Schatz presidente del Senado, quien la reclutó cuando fueron al Tribunal Federal en guagua a apoyar al acusado, Héctor Martínez.  De ahí que ese corte de fundamentalistas-políticos del PNP haya percolado a la Corte Suprema, con uno de sus voceros principales, el juez asociado Erick Koltoff, un ex director de la Oficina de Nombramientos del Senado. Hoy, un Juez con negocios en el ámbito de la educación legal continúa, un proyecto regulado por el Tribunal en el que participa. Ese mismo Tribunal solo dio un regaño y mínimo castigo a Charbonier cuando  violó cánones de ética de su profesión. No tuve consecuencias y ya en el 2017 se atrevió a chanchullar con el dinero público y de ahí que 12 miembros del pueblo adjudicaran los hechos que escucharon y vieron por 11 días consecutivos. Esos nueve mujeres y tres hombres no se constituyeron como 12 apóstoles o discípulos de la Iglesia de Jesus que tanto pregona Tata. Son personas del entorno PaísPR que debieron cumplir con reglas estrictas para el análisis de la prueba. Son gente de a pie que viven en un país que ha tenido múltiples experiencias con la corrupción sin que haya consecuencias para sus protagonistas. La expresión del jurado se extiende como júbilo - con corito incluido - de un pueblo que al recibir la noticia encontró en ese sentimiento su más común expresión. Sacrílego o no esa fue la expresión popular. No sabemos cómo se levantó Charbonier hoy. Si con los ojos hinchados por el sufrimiento de saber lo que le espera o por el arrepentimiento cristiano de haber llegado hasta aquí, a las puertas de la cárcel, a sus 60 años y después de desenfundar su cristianismo a mansalva. Sus publicaciones en redes del domingo, no demuestran arrepentimiento ni constricción. Re-utiliza la palabra para seguir justificándose. Sobre el arrepentimiento, el evangelista Sam Storm ha dicho: “El verdadero arrepentimiento cristiano implica una convicción sincera del pecado, una contrición sobre la ofensa hecha a Dios, un alejamiento del estilo de vida pecaminoso y un giro hacia una forma de vida que honre a Dios”. Tata tendría que aceptar que pecó para entonces ir a la vida cristiana con el corazón en la mano y no pregonar, sino obrar. ¿Ha sido honesta su vida cristiana? “Por sus frutos los conoceréis”, decía Reyes citando a Mateo 7:15. Esta historia de Charnonier alegando que “todos le fallamos a Dios”, continúa.

Alegan la AEE no pueden financiar déficit de sistema de pensiones, pagar beneficios acumulados y las reclamaciones de los sindicatos Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La Junta de Control Fiscal llegó de vacaciones de Navidad a solicitarle a la jueza del Tribunal de Quiebras y que atiende la de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, que deje sin efecto el convenio colectivo que data del 2008 de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y el de la Unión de Empleados Profesionales Independiente (UEPI) de la AEE, ante la alegación que no pueden cumplir con lo allí dispuesto y además pagar las reclamaciones que tienen de los sindicatos que suman sobre mil millones. En la moción se advierte que bajo el convenio de la UTIER hay 139 empleados y cuatro en el caso de la UEPI. "La AEE no puede asumir sus convenios colectivos porque es incapaz de subsanar la significativa multimillonaria infra-financiación de su plan de beneficios definidos, cumplir con las futuras obligaciones de financiación para mantener el sistema tal y como existe actualmente y como exigen los convenios, o pagar las reclamaciones de los sindicatos que superan los 1.000 millones de dólares", establece una moción de 32 páginas, suscrita por los licenciados Luis F. del Valle-Emmanuelli y Martin J. Bienenstock, representantes de la AEE y de la Junta de Control Fiscal. Entretanto, llama la atención que en la página 30, la Junta establece que el alza en las facturas para cumplir con el pago a los bonistas podría suponer en la fuga de consumidores hacia la producción de energía a traves de fuentes renovables que dejarían a la AEE sin poder facturar el único ingreso que alegan tienen para sostener el sistema. "Limitar los costos impuestos a los contribuyentes también es esencial para el éxito de la reestructuración de la AEE. Los aumentos más grandes de tarifas obviamente aumentan el riesgo de conversiones aceleradas a la energía solar y Puerto Rico menos competitivo y más oneroso para los residentes. Imponer costos significativos a los contribuyentes para financiar completamente el sistema de pensiones tal y como está estructurado actualmente puede resultar en que muchos contribuyentes no puedan costear sus gastos de electricidad y abandonen la red eléctrica de la AEE o consuman menos de lo razonable como resultado. Los contribuyentes de la AEE son su única fuente de ingresos, y garantizar que permanezcan en la red de la AEE y realicen pagos a la AEE es esencial para la capacidad de la AEE de reestructurar no sólo su sistema de pensiones, sino también su sistema de salud", establecen en el inciso 59, página 27 de la moción. La moción está acompañada de un análisis de la contratista de la firma Ernst & Young, identificada como Sheva R. Levy, quien hace los análisis actuariales "sobre los sistemas de pensiones en Puerto Rico, incluyendo el sistema de pensiones de la AEE, el Sistema de Retiro de Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica ("PREPA ERS") para, entre otros entre otras cosas, estimar el impacto financiero de las medidas de reforma de pensiones propuestas por la Junta de Supervisión y apoyar a la Junta de Supervisión en sus negociaciones con ciertas contrapartes". Según la Junta "asumir los convenios también sería incompatible con las medidas de reforma de las pensiones que la Junta de Supervisión ha determinado que son esenciales para garantizar una financiación adecuada de las prestaciones de pensiones devengadas. Las medidas de reforma de las pensiones son las mismas que aplicadas a los empleados públicos del ELA y otros deudores del Título III". "La congelación contemplada de las acumulaciones de beneficios, la eliminación de los ajustes (por inflación) y la transición del plan de beneficios definidos de la AEE a un sistema PayGo bajo el plan de ajuste propuesto por la AEE resultaría en ahorros de más de $425 millones en el futuro", sostiene la moción. Sostienen que la modificación de ese aspecto de los convenios "se justifica además para alinearse con la Ley 26-2017, la que estandariza los beneficios a través del Estado Libre Asociado, sus agencias y corporaciones públicas". ...."rechazar los convenios de la AEE con UTIER y UEPI es necesario para la reorganización de la AEE y para permitir la reforma esencial de los beneficios de pensión para los participantes en el ERS de la AEE y para evitar la responsabilidad de una contribuciones patronales a y reclamaciones bajo los convenios". La Junta alegó además que han habido intentos de acordar cambios a los convenios con los representantes de los sindicatos y no se ha llegado a ningún acuerdo. Fue imposible conseguir una reacción de los abogados de la UTIER.

Por Carmen Enid Acevedo La Junta de Planificación ha estado cinco meses para producir información pública de la alegada subasta con la que adjudicó a una novata compañía de publicidad, $6.8M de fondos de la reconstrucción para producir una campaña sobre códigos de construcción a partir del huracán María a pesar de que tenía una propuesta de oferta de otra agencia, 50% más económica. La información que publicó Bonita Radio en julio del 2023 y que hizo referencia al acuerdo millonario adjudicado por la JP a la empresa P2P, con solo dos años de experiencia contratando con gobierno, nunca ha sido contestada en cuanto a cuál fue la propuesta que la empresa dirigida por Maria del Pilar Cartagena Luca, Gwendolyn Crowder Medina, presentaron más allá de dos páginas habidas en el contrato registrado en la Oficina del Contralor. El presidente de la JP, Julio Lassús, nunca ha estado disponible para entrevista con Bonita Radio sobre este y otros temas relacionados a la agencia que dirige desde la llegada de la administración de Pedro Pierluisi. La millonaria contratación se nutrió del Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (FEMA-43349-DR- PRlHMPG Project #4339-0001) que tiene como objetivo "investigar y auditar las quejas presentadas por ciudadanos, agencias, municipios y motu proprio y desarrollar procesos para proporcionar notificación de violaciones y referencias a la división legal de la JP, para garantizar que se logre el cumplimiento en todos los casos", según se establece en el contrato 2022-00023 según el registro de la Oficina del Contralor. Desde el pasado 19 de junio, fecha en que Bonita Radio hizo la primera petición a la directora de prensa de la JP, Ivelisse Prado, la agencia sólo ha enviado - con sobre un mes de retraso - las dos propuestas que se alegó radicaron otras dos agencias de publicidad con experiencia en el mundo de la contratación de gobierno como The Reavis y Key Integrated Solutions o KIS, una subsidiaria de la reconocida firma de publicidad, De la Cruz y Asociados. Aún cuando las propuestas de trabajo de ambas agencias se le solicitaron a la JP el 11 de julio, no fue hasta el 10 de agosto que fueron entregadas. Ambas contienen metodología de trabajo e incluso razonamientos éticos, listado de costos y en el caso de la propuesta de KIS que sumó 121 páginas, se incluyo un costo total de $3.450,000 M por el proyecto, un 50 porciento menos que la adjudicada a P2P. Aún cuando la suma es un estimado de lo que costaría la campaña, entendidos en la materia de contratación de publicidad aseguraron que c"como mucho podía aumentar un 20 a un 30% y todavía se estaba pagando menos de los $6.8M". En el caso de la propuesta de KIS, no se incluyó el anejo 11 que según el pliego de propuesta es el que contiene el costo total del proyecto. La propuesta de P2P, una empresa que tiene contratos con gobierno desde el 2020 y que terminaron en julio con acuerdos para producción de campañas con el Departamento de Justicia, sólo contiene dos páginas con los costos individuales por producción y los costos por pauta en medios. A través de envío de correos electrónicos Bonita Radio ha insistido en que la Junta de Planificación entregue el documento público que sirvió de base a la contratación que se adjudicó a P2P, y al 15 de noviembre, no se había recibido ninguna información al respecto. Los criterios de la subasta fueron publicados en anuncio en periódicos tradicionales pero se desconoce aún cuáles fueron los criterios para escoger a P2P, incluso cuando uno de ellos es el costo y la evidencia muestra que una de las agencias que compiteron estimó hasta un 50 porciento más barato que la seleccionada.

Por Carmen Enid Acevedo El presidente de la Junta de Planificación (JP), Julio Lassús, otorgó un contrato por $6.8 a una empresa de mercadeo, con solo tres años de experiencia en gobierno que se supone que ejecute un plan de información a la ciudadania sobre los códigos de construcción y que fue escogida en un proceso que se desconoce contra qué otras empresas compitió. La propuesta de dos páginas contenida en el contrato no describe trabajos a realizar, no propone calendario y sólo identifica el costo por hora de recursos y un plan de medios general. El planificador que llegó a la JP en un momento en que afloraban casos de violaciones a los reglamentos de permisos de construcción en medio de zonas protegidas en los cuatro puntos cardinales de la Isla, adjudicó el millonario contrato a la empresa P2P Communications Group sin que sea transparente en la página web de la agencia, cuál fue el proceso de "Request for proposal" que se alega se dio y que se supone que cumpla con la Orden Ejecutiva 2021-29. A pesar de que en medio de la investigación, Bonita Radio encontró un aviso de solicitud de propuestas - en español e inglés - por parte de la JP, de junio de 2021 ninguna de las páginas tienen contenido. La propuesta de P2P se supone que fue radicada el 13 de julio - ultimo día de vencimiento para el recibo de propuestas, según el anuncio - y como consta en el documento de contrato encontrado en el registro de la Oficina del Contralor. Fue enmendada en agosto con una "mejor oferta". La orden 2021-29, mercadeada por La Fortaleza de Pedro Pierluisi como una medida "anti corrupción". requiere "a las agencias gubernamentales, instrumentalidades y corporaciones públicas realicen un proceso abierto, competitivo y público en la contratación de servicios profesionales cuando la cuantía es de $250 mil o más, durante un año fiscal". A pesar de esto, en la JP no hay evidencia pública del proceso que siguió el contrato otorgado a la empresa de las socias, Maria del Pilar Cartagena Luca y Gwendolyn Crowder Medina. La millonaria contratación se nutre del Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (FEMA-43349-DR- PRlHMPG Project #4339-0001) que tiene como objetivo "investigar y auditar las quejas presentadas por ciudadanos, agencias, municipios y motu proprio y desarrollar procesos para proporcionar notificación de violaciones y referencias a la división legal de la JP, para garantizar que se logre el cumplimiento en todos los casos". Así lo establece el contrato 2022-00023 según el registro de la Oficina del Contralor. Según ese contrato, la subvención tiene como objetivo procurar "aumentar el intercambio de datos entre las Entidades del Gobierno de Puerto Rico ("GPR"), como la Oficina del Comisionado de Seguros, para garantizar que la toma de decisiones y la aplicación de las Leyes, Reglamentos y Códigos Aplicables sea consistente en todas las Entidades del GPR, utilizando los mejores datos disponibles y establecer una metodología para medir los impactos de este trabajo propuesto, con énfasis en reducir el número de estructuras construidas "informalmente" para permitir que la JP y la OGPe realicen los ajustes necesarios a medida que avanzan los programas previstos por el Proyecto". Las jovenes empresarias Crowder Medina y Cartagena Luca, contratan desde mayo del 2022 con la JP para desarrollar "servicios de comunicaciones profesionales para apoyar un esfuerzo de divulgación y comunicación en toda la isla para garantizar la conciencia pública y la comprensión, la afinidad y la participación en los esfuerzos y objetivos de la Subvención. Las actividades de divulgación de comunicaciones también tendrán como objetivo educar sobre los peligros de la construcción informal y los beneficios del cumplimiento de los códigos de construcción". La propuesta contenida en el documento público de contrato, contiene dos hojas que solamente detallan los costos de los servicios a prestarse; el descuento que supone por cada renglón y el presupuesto anual de una campaña de medios. No se detallan trabajos a realizarse a razón de una fase inicial que se alega comenzó desde el día de la firma del contrato hasta septiembre del 2022; una segunda, de octubre 2022 a septiembre 2023 y una tercera de octubre 2023 al 31 de enero de 2024. Los trabajos solo se identifican como Servicio, Media, Producción e Investigación. Bonita Radio hizo petición de información a la JP sobre la investigación aquí publicada mediante correo electrónico el pasado lunes. En específico se preguntó, ¿Qué otras agencias compitieron en el proceso de presentación de propuestas? Al momento de esta publicación no se recibió contestación. P2P tuvo su primer contrato en gobierno en febrero del 2020 y con la Comisión Estatal de Elecciones, agencia con la que ha tenido otros cuatro. El contrato de febrero fue avalado solo por el Comisionado del Partido Nuevo Progresista, según el contrato de abril del 2021. La empresa ha tenido tres contratos con el Departamento de Justicia y el más grande, el otorgado por la JP en mayo del 2022.

Por Carmen Enid Acevedo El ex alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, era miembro de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) cuando en diciembre del 2014 una empleada suya solicitó la agrupación de fincas incluida la 709 de titularidad municipal, con la de su corporación Aquamak donde hoy opera un negocio de guardería de botes. En el 2019, cuando se cuestionó la legalidad de la privatización del terreno municipal a manos de Questell y el cierre de acceso al bien de dominio público y el desarrollo en la zona marítimo terrestre, el ex alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP) era el vice presidente de esa Junta, entidad que hizo una auditoría de la agrupación y lo exoneró de cualquier irregularidad en el trámite. El extremo investigativo y periodístico de los trámites en el CRIM de la actividad de negocio de Questell en la finca 709 propiedad del municipio de Santa Isabel, encontramos un informe de 20 páginas que deja serias dudas de la agrupación que hizo la agencia a pedidos del propio ex alcalde. A 72 horas de publicada la pesquisa de Bonita Radio que demuestra que Questell se apropió de terrenos municipales, el alcalde del PPD allí, Rafael Burgos Santiago, formalizó contrato con el agrimensor Carlos Vega Santos, para realizar mensura del lugar y recurrir "a los tribunales si es necesario para devolverle esas tierras a la gente de Santa Isabel". Una transacción solicitada por una empleada municipal, identificada como Ada I. Miranda Negrón, llegó a la Oficina Regional de Ponce el 10 de diciembre del 2014, donde la también empleada, Amarilys Costales, realizó el trámite que llegó a la Oficina de Cartografía y allí el encargado de hacerla fue, Eddie A. De León Santiago. El CRIM aceptó la representación del contribuyente Questell, pues en ese momento no habían adoptadpoprocedimiento formal para autorizar a representantes de contribuyentes. Lo hizo en el 2016. El informe realizado en el 2019, cuando los pescadores denunciaron que Questell se habría apropiado del terreno municipal durante su incumbencia en la alcaldía, estableció que el análisis de la agrupación se hizo con un "croquis' y no con un plano de mensura como debió hacerse. "Sobre las servidumbres a las que hace mención la escritura de la propiedad ésta no se detallan en la imagen del catastro digital ya que en el plano o corquis provisto por el contribuyente no se detallan por lo que el personal del catastro digital no lo pueden demarcar en el mapa. Para demarcarlos, hubiese sido necesario un plano de mensura certificado por un agrimensor, no obstante, contrario a los casos de segregaciones, el mismo no es requerido para casos de agrupaciones", lee la página nueve del informe suscrito por el Contador Público Autorizado, Carlos García Rosado. Además, surge del informe una nota que lee que *02 "posiblemente sea la faja del medio", ejemplos de la certeza con que se hizo en el análisis que finalmente le dio a Questell la oportunidad de alegar que la Finca 709 es propiedad de su corporación Aquamak. Sobre los requerimientos de información al CRIM , la agencia envió un Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría del 22019, que no contiene las incongruencias que tiene el documento completo. Bonita Radio - ¿Quién hizo la agrupación de fincas en el CRIM. Qué división, empleado y a petición de quien. CRIM: "Tal y como se indicó anteriormente, las agrupaciones de fincas NO están a cargo del CRIM. Las agrupaciones las realiza un ingeniero o agrimensor mediante escritura con un notario público la cual se presenta ante el Registro de la Propiedad. Ningún funcionario del CRIM participa en ese proceso de agrupación de fincas. Bonita Radio - ¿Qué ha hecho Paniagua Látimer ante el referido de la Cámara de Representantes - Estrella Martínez Soto - sobre informe que adjudica la titularidad de terrenos que ocupa Questell y donde opera un negocio privado de guardería de botes, al municipio de Santa Isabel? CRIM: "Aunque hubo una comunicación preliminar por parte de la Oficina de la Representante, el CRIM está a la espera de una comunicación oficial con el formato que se requiere, para proceder como corresponda de acuerdo a la solicitud". CRIM: Adjunto te compartimos un Resumen del contenido del informe, el cual fue solicitado por el director ejecutivo Reinaldo Paniagua, a la Oficina de de Auditoria Interna . La división de Auditoría Interna indicó que el informe forma parte de sus procesos internos, por lo cual no puede divulgarlo en su totalidad y el Resumen hace referencia a su protocolo de divulgación". La pesquisa de Bonita Radio desmiente al CRIM y a su director ejecutivo Paniagua Látimer. Si hubo agrupación por parte del empleado De León Santiago y al menos cuatro empleados hicieron trámites relacionados a la petición del Ex Alcalde. No hay escritura ni hay documento notarizado de mensura de un agrimensor. Sobre la agrupación de fincas en favor de Questell, el agrimensor Carlos Vega Santos determinó, como una de las conclusiones de la investigación de la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Centra que preside la representante Popular, Estrella Martínez Soto, que "los códigos con el número 67-07-437-046-004-03 son pertenecientes a la propiedad del municipio de Santa Isabel y de sus Usufructuarios ya que solo se inscribían sus estructuras. Mientras que el número 67-07-437-046- 004-05 es la propiedad del Sr. Manuel A. Emanuelli, dueño del Restaurante Aquarium para esta época. Es por esta razón que no entendemos cómo el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales pudo concluir en su informe que el municipio de Santa Isabel no tenia propiedades en esta área". Añadió que "la propia información provista por estos, señala claramente la tenencia de terrenos municipales en esta área de controversia. Razón por lo cual, le sugerimos al CRIM que vuelva a analizar su propia información histórica con el detenimiento que este caso amerita. Surge de su propia información histórica la ubicación de los terrenos municipales y las estructuras de sus usufructuarios identificados con el código: 67-07-437-046-004-03. "el mismo código que fue utilizado junto con el código 67-07-437-046-003-02 para agrupar varias fincas, allegadas de la corporación Aquamak, Corp. (Apéndice Núm. 34C). Agrupación que no procedía pues de la propia información histórica del CRIM, señalaban estos terrenos como propiedad del Gobierno Municipal de Santa Isabel".

Y las agencias de administración Pierluisi brillan por su ausencia Por Carmen Enid Acevedo ¿Quién protege a Enrique 'Quique' Questell? ¿Por qué? Estas son las únicas preguntas que quedan sin contestar en una pesquisa de Bonita Radio que coloca al ex alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP) de Santa Isabel, administrando una guardería de botes y construyendo un gazebo de actividades en el litoral costero del sector Playa, privatizando la rampa de pescadores e impidiendo el disfrute de ciudadanos al bien de dominio público. Peritos ingenieros agrimensores, como el del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en otros pleitos, Carlos Vega Santos, han concluido que: "La información brindada y obtenida fue robusta, clara, efectiva, convincente, corroborable, eficaz y sobre todo confiable para mostrar la titularidad de las Finca Núm. 832(DTOP) y Finca Núm. 709(Macelo) que le pertenecen al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al municipio de Santa Isabel". Es en esas fincas, colindantes a la 1009 propiedad de la corporación Aquamak, su presidente, Questell Alvarado montó una guardería de botes durante su incumbencia en la Alcaldía en la que cobra $8 por pie de longitud del bote. La conclusión de Vega Santos se dio en medio de la pesquisa que realizó una comisión cameral que preside la representante del Partido Popular Democratico, Estrella Martínez, del distrito 27. La delimitación de esas fincas incluso está consignada en un documento legal en uno de los cinco pleitos que ha generado la controversia entre vecinos del sector Playa contra AquamaK desde los años 80. Del mapa de la mensura realizada por el ingeniero Hugo Da Silva, en el 1999 y consignada en el pleito JAC-1995-0437 surge el deslinde correcto entre la finca 1009 y la 706 propiedad del municipio. A pesar de estar sobre la mesa del caso una estipulación entre las partes sobre ese deslinde, nunca se firmó la misma ante el hecho de que Questell Alvarado resultó ganador en las elecciones del 2004 y estaba impedido de comparecer como dueño de Aquamak y ente municipal. El Alcalde se agenció en el 2015 que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), agrupara las fincas en cuestión y emitiera una opinión alegando que la Finca 709 no es de titularidad municipal. Precisamente fue en el 2015 que Questell Alvarado intervino ilegalmente en los bienes de dominio público reparando "plataforma, gazebo, muelles, rampa y verja dentro de los bienes de dominio público-zona marítimo terrestre, aguas territoriales y terrenos sumergidos bajo estas - sitios en el barrio Playa, calle Villa del Mar, carret. #538 en municipio de Santa Isabel". Así consta en la Moción en Auxilio de Jurisdicción que radicó en DRENA en septiembre del 2022 ante el incumpliento del querellado con los acuerdos llegados con la agencia desde el 2021. Entretanto y tras la pesquisa de Vega Santos con los mismos documentos del CRIM, se concluye que "los códigos con el número 67-07-437-046-004-03 son pertenecientes a la propiedad del municipio de Santa Isabel y de sus Usufructuarios ya que solo se inscribían sus estructuras. Mientras que el número 67-07-437-046- 004-05 es la propiedad del Sr. Manuel A. Emanuelli, dueño del Restaurante Aquarium para esta época. Es por esta razón que no entendemos como el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales pudo concluir en su informe que el municipio de Santa Isabel no tenia propiedades en esta área". Añadió que "la propia información provista por estos, señala claramente la tenencia de terrenos municipales en esta área de controversia. Razón por lo cual, le sugerimos al CRIM que vuelva a analizar su propia información histórica con el detenimiento que este caso amerita. Surge de su propia información histórica la ubicación de los terrenos municipales y las estructuras de sus usufructuarios identificados con el código: 67-07-437-046-004-03. "el mismo código que fue utilizado junto con el código 67-07-437-046-003-02 para agrupar varias fincas, allegadas de la corporación Aquamak, Corp. (Apéndice Núm. 34C). Agrupación que no procedía pues de la propia información histórica del CRIM, señalaban estos terrenos como propiedad del Gobierno Municipal de Santa Isabel. "El entonces alcalde de Santa Isabel (2005) debía conocer los limites de su finca (1009(Aquamak)) con relación a los terrenos del municipio, pues ya los agrimensores lo habían establecido en el plano suministrado al tribunal. Mínimamente debía este reconocer que allí existían unos terrenos municipales. Nos parece altamente cuestionable que luego de estos eventos el Sr. Questell continue infiriendo que estos terrenos le pertenecen, pues ya había queda claro cuales erran los terrenos de este y los del municipio. Podemos observar hoy día que este ha movido las verjas más aun hacia dentro de los terrenos del municipio. Pues hoy podemos ver como la parte Oeste de la plazas construidas en el proyecto municipal “Centro Náutico de Sur”, ahora quedan dentro de las verjas del exalcalde Questell, apropiándose este de los terrenos del municipio de Santa Isabel". La utilización de terreno público colindante con la finca del ex alcalde, Questell Alvarado, ocurre entre el 2008 y el 2014, luego de que como incumbente no renovó la "Concesión para el Uso de las Aguas Territoriales, Terrenos Sumergidos y la Zona Marítimo Terrestre", que le otorgó el DRNA al municipio bajo la alcaldía de Angel M. Sánchez Bermúdez y que dio acceso a la ciudadanía al #bdp #zmt en el sector Playa de Santa Isabel. "Tenía que hacerlo (renovar la concesión) para que siguiéramos utilizando la rampa y en cambio privatizó, construyó en terrenos públicos y ninguna agencia, ni el municipio hacen nada para evitarlo. Así funciona esto aquí con Don Quique Questell", dijo a Bonita Radio, Alfonso Alfonso Cintrón, pescador quien junto a un grupo de pescadores y a Moisés Marrero, ex vice presidente de la Legislatura Municipal PNP, han denunciado desde el 2019 lo que ocurre en el sector Playa con la finca del municipio colindante con la del ex Alcalde. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tiene conocimiento e incluso compareció al foro judicial en 2021 y acordó con Questell Alvarado que removiera la verja de alambre eslabonado que construyó en la #zmt y que impide el paso hacia el malecón de Santa Isabel. Al día de hoy no ha cumplido. "Eso lo sabe la licenciada Sotomayor (Mildred, representante del interés público) y al día de hoy no han hecho nada. En el caso de Jennifer González en La Parguera no tardaron ni tres meses en ver la vista y aquí, con determinaciones y acuerdos judiciales no han hecho a 'Quique' cumplir con la ley. ¿Por qué? ", sostuvo Alfonso Cintrón, en referencia a la celeridad con que el DRNA ha actuado en el caso de querellas por crímenes ambientales en el solar 48 que ocupan los suegros de la Comisionada Residente en La Parguera. Las investigaciones que se hicieron desde la Legislatura Municipal de Santa Isabel - incluso la de su partido y bajo su incumbencia en el 2018; la que hizo un grupo de pescadores del empobrecido municipio liderados por Alfonso Cintrón, y la que produjo una Comisión Cameral en el 2023, acumula cientos de folios con evidencia suficiente para establecer mínimamente que Questell Alvarado opera un negocio lucrativo en terrenos del pueblo y por lo que ha presentado informes financieros con ingresos de sobre $1M. La OEG cerró sin consecuencias el referido que hizo a esa agencia la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OFEI), a pesar de que una una investigación de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) - de marzo 2021 - determinó que Questell Alvarado que fue Alcalde por 15 años "Al obstruir el paso impidió además el uso del Club Náutico y otras facilidades. Sin duda, éste utilizó su puesto para beneficiarse personalmente. Lo que antes era gratuito para el público y pescadores lo convirtió en un negocio al exigir $25 para el acceso a las facilidades cuando aún no se ha resuelto en los tribunales la titularidad de los terrenos. Así convirtió su negocio en proveer servicio de embarque y desembarque de lanchas o equipo acuático para el cual cobraba dinero. Para el cierre a las facilidades tampoco procuró la aprobación de una Resolución u Ordenanza autorizándola". Añadió la resolución UPAD-2021-0012 del FEI ante el informe de Melanie Grandoné Godreau que Questell Alvarado "no llevó a cabo gestión alguna para cumplir con el acuerdo judicial. Su falta de gestión para cumplir con dicho acuerdo, así como el cierre al acceso de las facilidades de desembarque y el negarse a reparar los muelles, tuvo el resultado directo de beneficiar un negocio del cual es dueño y el cual es administrado por su hija. Al impedir el paso, impidió además el uso del Club Náutico y otras facilidades". Refirieron a OEG alegando que el abogado que investigó para la UPAD, Rafael Sánchez concluyó que se refiriera a esa agencia "toda vez que el querella dejó de ocupar el puesto de alcalde". Bonita Radio cursó pedidos de información al DJ sin que la oficial de prensa de la agencia, Joan Hernández ni la contratista, Damarisse Martínez, contestaran los mismos. Por lo menos dos pescadores de Santa Isabel presentaron querellas en el DJ que dirige, Domingo Emanuelli, ante la fiscal Teresita Morales Arteaga, quien descartó que pudieran investigar las alegaciones contra Questell Alvarado. Justicia no recomendó designarle un FEI al Ex Alcalde que al día de hoy tiene tres querellas activas ante la OEG, una de ellas relacionada a la reunión que sostuvo con el ex secretario del DRNA, Rafael Machargo en 2020 sobre las querellas que ha tenido ante esa agencia. El director de la OEG, Luis Pérez Vargas, concedió entrevista a Bonita Radio y justificó el cierre de la querella contra Questell Alvarado sin consecuencias alegando que de "una evaluación del expediente referido por el FEI se determinó no presentar causa de acción bajo la Ley 1, 2012". No pudo precisar si la Unidad de investigaciones de su oficina tuvo ante si la evidencia consultada por esta periodista y que incluye folios en el CRIM, tracto registral del terreno municipal que acreditan su titularidad a favor del municipio. El Ex Alcalde PNP no solo opera el negocio de guardería sino que a las gestiones que hacen vigilantes del DRNA en el terreno municipal, se alega que él y personas allegadas a su negocio, hoy llamado "La bahía by Aquamak" destruyen y remueven los postes que marcan el deslinde. Se han producido dos pleitos en el foro judicial de Ponce, entre el 1995 y el 2012, en uno de los cuales Questell Alvarado tenía que cumplir con una estipulación de construir verjas que delimitaran el terreno municipal de la finca de su propiedad y que colinda con éste. Nunca lo hizo y en su defecto cerró el paso a pescadores tras el huracán María en el 2017 y comenzó a cobrar $25 - para su bolsillo a través de Aquamak - por la utilización de la rampa entre pescadores, usuarios de motoras acuáticas y kajacks. En un segundo pleito, incoado por los pescadores Alfonso Cintrón y José Tejero en el 2019, el ex Alcalde llegó a un acuerdo judicial para remover la verja. Tampoco lo hizo y al día de hoy, ni el DRNA, que firmó la estipulación, ni ninguna otra agencia ha ido contra Questell Alvarado para que cumpla con el mismo. TITULARIDAD DE LA FINCA DONDE UBICA 'LA BAHIA BY AQUAMAK'" La Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de los Fondos Públicos de la Región Sur Central de la Cámara de Representantes investigó el caso ante la no respuesta al querellante y pescador Alfonso Cintrón, de las agencias concernidas, incluído el Departamento de Transportación y Obras Públicas que tiene jurisdicción sobre la carretera donde discurre parte del cierre que ha provocado el desarrollo privado del Ex Alcalde y quien se asegura coquetea con volver en el 2020 a correr para la alcaldía. El informe de la autoría de la representante del Partido Popular Democrático (PPD), Estrella Martínez Soto, dejó claro que la finca 709 está inscrita en el Registro de Propiedad a título el Municipio de Santa Isabel y el paso de servidumbre, es de una carretera estatal perteneciente al Departamento de Transportación y Obras Públicas". La investigación hecha por el ingeniero y agrimensor, Carlos Vega Santos recomienda "solicitar a Aquamak, corp. que proceda con la debida rectificación de cabida y reconocimiento de la titularidad de los terrenos del Municipio de Santa Isabel y el Departamento de Obras Públicas Estatal (DTOP); Solicitar al Municipio de Santa Isabel que proceda con la debida recopilación documental, procediendo a hacer el debido uso y posesión de los predios en controversia, para el mejor disfrute de los santaisabelinos y solicitar al Departamento de Obras Públicas Estatal (DTOP) que proceda con la debida recopilación documental, procediendo a hacer el debido uso y posesión de los predios en controversia, para el mejor disfrute de los puertorriqueños". Vega Santos, el mismo perito que utiliza DRNA para reclamar la reivindicación de los terrenos en Bahía de Investigación estarina de jobos en Salinas concluyó que: ".... la Corporación Aquamak, Corp. está ocupando y/o reclamando terrenos que no le pertenecen como titular. Esto se pudo evidenciar con la propia titularidad estudiada de las partes envueltas. En adición a un voluminoso expediente de documentación que sustenta las alegaciones de los ciudadanos que han sido privados de la utilización de los terrenos del estado. Esta conclusión, pudo ser plasmada en una ilustración (Apéndice Núm. 28J), donde la misma presenta claramente la ubicación de los terrenos en controversia al día de hoy. Esta información surge de documentación registral y varios planos correspondientes al área en controversia". "El área que está ocupando y/o reclamando la Corporación Aquamak Inc. hoy día, es propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Municipio de Santa Isabel. Específicamente, hablamos de las Fincas Números 832(DTOP) y 709(Macelo). Respectivamente, ambas están inscritas a nombre de los dueños antes mencionados en el Registro de la Propiedad. La Finca Núm. 832(DTOP) está contenida parcialmente dentro de unas verjas establecidas incorrectamente por la corporación. Mientas que la Finca Núm. 709 (Macelo) nunca ha sido reconocida por la Corporación como propiedad del municipio, pues esta alega ser dueña de estos terrenos desde el año 1995. La corporación demandó al municipio de Santa Isabel, alegando ser dueña de estos terrenos en el caso número JAC1995-0437. El perito le recomienda a la Corporación de Aquamak lo que ni el estado ni el municipio le han exigido a su dueño, el ex alcalde Questell Alvarado: 'que reconozca que las fincas son del municipio "para que así se abra el paso para la utilización de los ciudadanos de Puerto Rico como se había designado desde sus orígenes. Querer privar al ciudadano de la utilización de estas tierras es contrario a la designación original de estos terrenos". Ni Questell ni el alcalde Popular de Santa Isabel Rafael Burgos Santiago contestaron peticiones de entrevista de Bonita Radio. Se alega que Burgos Santiago se comprometió con los pescadores en solicitar la reivindicación de los terrenos que invade Questell Alvarado sin que hasta el momento haya hecho gestiones para ejercer ese derecho en los tribunales en favor del pueblo de Santa Isabel. Conéctate a las plataformas digitales de Bonita Radio en FB, YouTube, Instagram y Twitter para que accedas a más información sobre esta pesquisa.

SOLICITA LA REIVINCACION DE LOS TERRENOS DONDE HAY HOY CASAS REMOLQUES Y ESTRUCTURAS COMO PISCINAS Y MUELLES ILEGALES Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) solicitó el viernes al Tribunal de Primera Instancia de Guayama que determine que los que ocupan solares con residencias de cemento, casas rodantes y hasta piscinas en el área del Camino El Indio en el barrio Las Mareas de Salinas, están en terrenos de una finca que le pertenece al gobierno y por ende al pueblo, por virtud de varias transacciones que datan de entre el 1889 hasta el 2019. La controversia que desde el 2022 se discute públicamente sobre la destrucción de mangle, relleno y hasta construcción ilegal de residencias de cemento de dos pisos y parques de alquiler de 'trailers" en el mencionado Camino, se simplificó en materia de derecho cuando la investigación del DRNA, hecha por el agrimensor, Carlos Vega Santos, colocó a los demandados en la Finca 5971, hoy 14269, propiedad del DRNA. "Hacemos un llamado al Honorable Tribunal. Estamos ante un asunto del más alto interes publico y necesitamos de su intervención inmediata, No hay razón por la que se deba prolongar resolución de este caso. Es una ob,ligación indelegable de todos protege la Reserva y garantiazar su utilización conforme a su destino público. El aprovechamiento continuo de dicha área, así como la proliferación de estructuras y obras ilegales para disfrutar de viviendas de veraneo o vacacionales atenta contra la más eficaz conservación y protección de los recursos naturales de Puerto Rico, así como contra el adecuado desarrollo de estos para fines educativos e investigativos en beneficio general de la comunidad puertorriqueña", suplica la agencia por voz de los licenciados Homero González y Maritere De Jesús Aponte. La compleja investigación de Vega Santos - contratado por el DRNA desde el 2014 para atender la proliferación de construcción ilegal en Bahía Estuarina de Jobos - fue parte de una pesquisa que descubrió Bonita Radio en mayo del 2022 cuando comunidades aledañas y ambientalistas de diferentes campamentos alrededor de la Isla denunciaron crímenes en los bienes de dominio público y zona marítimo terrestre. La Moción de Sentencia Sumaria solicita al juez José M. D'Anglada Rafucci que resuelva la controversia en favor del DRNA argumentando que los 13 co-demandados se encuentran en terrenos del gobierno y no en la finca 3752 donde se alega que compraron mediante la figura de 'común proindiviso' (Lo que significa que una persona tiene el derecho de propiedad sobre dicho bien solo de forma parcial, compartiendo la propiedad con otras personas, no teniendo ninguna de ellas la plena propiedad) Según la investigación del agrimensor Vega Santos, la finca matriz 267 o Monte del Estado, fue segregada en 1889 para traer la finca 383 o mejor conocida como Monte Manglar. De esa también se originó la 3752, cuando en 1971 Guillermo Godreau Marreo le compró a un tercero. En 1975 compró otras, La Cuarta y la Quinta. A pesar de que la primera compra de Godreau Marrero se derivó de un proceso de sindicatura en el Tribunal de Quiebras en 1971, nunca se mencionó esa en la transacción que hizo en 1975. Godreau Marrero vendió "condominios de 1/44 ava partes en común pro -indiviso", de la Finca La Cuarta, reza la alegación 82 de la Moción de Sentencia Sumaria del DRNA y es lo que dicen poseer los co-demandados en el área del Camino del Indio. En cambio, el origen de la 5791 - o Finca Lugo Viña, obtenida por el DRNA en 1981 por $400K - donde ubica Bahia Estuarina de Jobos - surge de la 383. En el 2019 la 5791 se agrupó con la 13,320 para así formar la hoy conocida como 14,269. La escritura 51 da cuenta de esa agrupación con fecha del 18 de junio de 2019 cuando ya Vega Santos se encontraba realizando esfuerzos para determinar sin lugar a dudas que se había invadido la finca del DRNA. Esa transacción fue de $500k de fondos públicos. Son las participaciones 'común pro indiviso' en la finca 3752 que vendió Godreau Marrero, entonces un abogado del foro de Guayama y Salinas, las que comienzan a proponer movimiento de desarrollo en el Camino El Indio a partir de los años 80. Se alega que el desarrollo se aceleró a partir del huracan María en el 2017. Pero, la construcción se dio en la Finca pública. "Analizando cada una de las colindancias, podemos concluir lo siguiente: Al momento de segregarse la finca 3752 la colindancia Sur de su finca matriz era una finca que pertenecía a Don Valentín Paoli. Dicha Finca resulta ser la Finca 828 de Salinas, según expusimos anteriormente. Enla descripción registral de dicha Finca Num 828, surge que esta colinda al Este con la Finca 383 y que al Sur en su totalidad con el Mar Caribe. La colindancia al este de la Finca 267 era la Bahía Negra, lo que actualmente se conoce como el Mar Negro", lee la Moción en su página 43. Una de las alegaciones en la Moción es que el trabajo pericial de Vega Santos en cuanto a las colindancias fue incluso reconocido por el perito de los demandados, quien no hizo ningún estudio registral ni investigó las fincas en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Conéctate a Bonita Radio en FB a las 8AM para que escuches más de esta historia.

Y abogado de defensa de la Jueza encontrada incursa en desacato fue acusado de perjuicio en caso de convicto abogado Lutgardo Acevedo Por Carmen Enid Acevedo BONITA RADIO La credibilidad de los protagonistas del insólito caso de la ex jueza María Negron Garcia que fue encontrada incursa en desacato de la Junta del condominio Sol y Playa, está tan cuestionada como la de quien debió cumplir carcel y hoy se encuentra en la libre comunidad cuando un ex compañero de labores resolvió que su privación de la libertad es ilegal sin traer justificación legal alguna. A menos de doce horas de que resolviera dejar sin efecto el desacato civil y la orden de encarcelación que emitió el juez Abid Quiñones Portalatin, su par y supervisado, el juez Miguel Trabal Cuevas, no había incluido en el registro del caso del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, una justificación legal para su decisión. Quien si emitió una orden de siete páginas dejando claro las razones y justificaciones legales para ordenar el ingreso en prisión de Negron Garcia, fue Quiñones Portalatin. En su escrito rezan por lo menos siete párrafos en las que relata el tracto de un caso que comenzó en el 2021 y que culminó en noviembre de ese año, cuando el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia de Quiñones Portalatin sobre los permisos nulos que dieron origen a la disputa por la reconstrucción de las zonas recreativas de Sol y Playa. Negron Garcia es la tercera presidenta de una Junta que estuvo dirigida por Kenny Gutiérrez y Carlos Torres, quienes estuvieron siempre luchando contra la sentencia emitida sobre los permisos ilegales para reconstruir lo que el huracán María destruyó en Sol y Playa. El complejo, construido en 1996, se dearrollo con un deslinde equivocado en la #ZMT de la Playa Los Almendros, según ha trascendido en las investigaciones del caso que ha traído Bonita Radio a la discusión pública. La ex jueza fue nombrada por primera vez en agosto del 2002, jueza municipal por la entonces gobernadora, Sila María Calderon y en el 2004, ascendida a jueza Superior. Se jubiló como tal en diciembre del 2021. "En nuestro ordenamiento es hartamente conocido que el procedimiento de desacato se funda en el poder inherente de los tribunales "para mantener y asegurar el orden en su presencia y en los procedimientos ante su consideración, para hacer cumplir sus órdenes, sentencias y providencias, y para realizar u ordenar cualquier acto que resulte necesario a fin de cumplir a cabalidad sus funciones". E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR669, 681 (1999); 4 LPRA sec. 24o. Para ejercer efectivamente todas estas facultades la ley les autoriza a castigar por desacato. El desacato es un procedimiento sui generis cuya característica esencial es que la parte perjudicada siempre es el tribunal. In re Cruz Aponte, 159 DPR 170, 182 (2003). No se persigue, no obstante, vindicar la persona del juez agraviado, sino que su propósito es rehabilitar la dignidad y autoridad de los foros judiciales. In re Cruz Aponte, supra", lee la resolución del Juez asminiatrador de la región judicial de aguadilla en su página 4. Añadió el Tribunal: "El desacato, ya sea en su modalidad directa o constructivo, puede ser civil o criminal, independientemente de la naturaleza del procedimiento en que ocurra. Por lo tanto, se puede cometer un desacato civil dentro de un procedimiento criminal y viceversa. Lo que determina si el procedimiento seguido es civil o criminal es "el propósito del castigo y no el carácter del acto castigado". E.L.A. v. Asoc. de Auditores, supra, pág. 683. La diferencia estriba en que la imposición del desacato civil persigue lograr el cumplimiento de una obligación, ya sea que esta emane de una sentencia, orden u otra fuente. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 804 (1992). Consiste en la imposición de una penalidad por un tiempo indefinido, sujeta a que la persona cumpla con una orden y obligación primaria que forma parte de la acción principal. In re Cruz Aponte, supra, págs. 182-183; Alvarez v. Arias, 156 DPR 352, 372 (2002). Se basa en el sano principio de que la observancia de las órdenes de los tribunal por parte de aquellos contra quienes van dirigidas es de cardinal importancia para la administración de la justicia. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., supra, pág. 804. El desacato civil solo está sujeto a las garantías mínimas del debido proceso de ley, lo que incluye el derecho a ser notificado y una adecuada oportunidad a ser escuchado. United Mine Workers v. Bagwell, 512 U.S. 821, 827 (1994).para la administración de la justicia. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., supra, pág. 804. El desacato civil solo está sujeto a las garantías mínimas del debido proceso de ley, lo que incluye el derecho a ser notificado y una adecuada oportunidad a ser escuchado. United Mine Workers v. Bagwell, 512 U.S. 821, 827 (1994). ¿Quien es el juez Cabral Cuevas que revocó la decisión de Quiñones Portalatin? Trabal Cuevas, un protegido del ex presidente del Sensdo, Thomas Rivera Schatz, perdió en una primaria en 2008 la candidatura a la Cámara de Representantes por el distrito 16 de San Sebastián, Isabela y Las Marías. Tras esa contienda, el alcalde de San Sebastián, el penepé Javier Jiménez, lo apoyó y más tarde le retiró el endoso por entender que "le falta temple" y "no tiene madurez". La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, emitió una decisión de la Comisión Evaluadora de Jueces que no recomendó a Trabal Cuevas Iara ascenso al foro apelativo. Entretanto, el abogado que presentó el recurso de Habeas Corpus en favor de Negron García, Edwin Lopez Pérez, es un ex fiscal que fue acusado por el Fiscal Especial Independiente en relación al contable y convicto, Lutgardo Acevedo, quien mató a un parroquiano en medio de un accidente de tránsito y su caso fue amapuchado en el Foro judicial de Aguadilla. López Pérez enfrentó un cargo de perjurio por presuntamente mentirle al Departamento de Justicia sobre su conocimiento y participación en la escena del accidente de tránsito que su amigo, el excontable Acevedo López, provocó y que segó la vida del guardia de seguridad Félix Babilonia, el 30 de junio de 2012. Se desconoce en qué quedó el caso de López Pérez ante el FEI que todavía hoy postula ante los foros judiciales del país. Conéctate a Bonita Radio en FB Live a las 11AM para conocer más detalles de esta historia.

PRIMERA PARTE SERIE ESPECIAL: LA PARGUERA, PROTECCION DE UNO, BENEFICIO DE TODOS POR CARMEN ENID ACEVEDO De las 112 casetas de La Parguera que están inscritas en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), hay por lo menos tres que son producto de transacciones judiciales en las que un Juez emitió sentencia poniendo en manos de un tercero una caseta que se erige en bienes de dominio público y que no está registrada en ninguna parte. A la pregunta de cómo han sobrevivido en zona de dominio público las cientos de casetas que hay entre mangle y mar en el barrio La Parguera de Lajas, la pregunta suele contestarse con evasivas, sin nombrar a nadie pero implicando a todos. "Mucha gente poderosa", dicen algunos. La historia también ha colocado en los años 60, el protagonismo de "abogados, ex jueces, médicos, profesores universitarios del (Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayaguez) y comerciantes de enorme talla", tal y como relata el antropólogo Manuel Valdés Pizzini en su publicación Antrópikos en la que deja para si los nombres de aquéllos. A finales de la década del 70 y en medio de la administración de Carlos Romero Barceló, un Memorando de Entendimiento entre el gobierno de Puerto Rico y el de Estados Unidos - a través del Cuerpo de Ingenieros - inició un proceso de terminar con las llamadas originales 'casas bote' pero quedaron casetas que si bien no estaban en el agua, siempre han ocupado el bien de dominio público. Al parecer un entendimiento entre las partes dejó establecido que no se podían ampliar ni intervenir con los alrededores que incluyen mangle negro y rojo. Eso no ocurrió. El desorden impera en una hermosa área costera que incluso pone en riesgo el ecosistema que incluye mangles que actúan en favor de la costa cuando viene un huracán. En aquél momento, una de esas figuras con poder, se asegura que era el hoy fenecido juez federal, Juan M. Pérez Giménez. El juez que iniciaba entonces una carrera judicial como magistrado, iba y venía en fines de semana y tiempos veraniegos a La Parguera desde los años 80, a una caseta que se alega le perteneció a su familia. Ninguna de las casetas en el CRIM están registradas a su nombre o de alguno de sus cinco hijos ni de su viuda. De hecho, al menos tres parguereños dijeron que no estaba claro si ante su muerte en el 2020 se había vendido. Pérez Giménez perteneció a la judicatura federal 45 años de los 79 que tenía cuando murió en el 2020. Sí hay evidencia de que en el 2006, siendo Juez de Distrito de Puerto Rico, Pérez Giménez intervino en un pleito que involucró el desarrollo de tubería sanitaria en La Parguera. Atendió la petición de Orden de Restricción Temporera que presentó en el Tribunal Federal, la administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA), precisamente por la alegada intervención del entonces alcalde de Lajas, Leovigildo Cotté Torres, impidiendo el trabajo de una construcción de alcantarillado que realizaba la agencia en el barrio La Parguera de Lajas. El caso 3-06-CV-01624 fue resuelto por el 'casetero' Pérez Giménez en favor de la AAA. "La eliminación de la EDAR de La Parguera se logrará por el desvío de caudal a la PTAR de Lajas mediante la construcción de una línea de alcantarillado, una línea de alcantarillado troncal forzado y dos (2) estaciones de bombeo (el “Proyecto)". De las múltiples historias que se han dirimido ante la opinión pública sobre La Parguera en los últimos 30 años, la última que involucra a los suegros de la Comisionada Residente, Jennifer González, parece estar moviendo un palo que nunca se había jamaqueado con fuerza. Los relatos siguen incluyendo a jueces pero no como propietarios o inquilinos de casetas, sino como quienes han emitido sentencias que colocan el bien ilegal en manos de otros. Miguel Torres Torres, abogado de José del Carmen Vargas Cortés y su esposa Irma Llavona Rovera, padres de Yovin Vargas, esposo de González, admite que la estructura está en bienes de dominio público y que por ella se otorgó una escritura pública. Allí se detectó el domingo un pillo de agua y desde el siete de junio, la ampliación de una terraza con evidencia de destrucción de mangle. Una investigación de Bonita Radio sobre las 112 casetas que están inscritas en el CRIM, reveló que en el registro de la número 7, la agencia establece que fue producto de una sentencia en el 2004 aunque no se detalla nada sobre la misma solo el numero KDI-99-2858. La transacción más clara que es producto de un pleito judicial es la que se relaciona con las casetas 11 y 159, que son el resultado de una controversia por cobro en la que las dos estructuras estaban garantizando un préstamo de $15K que otorgó la madre de los hoy ocupantes. Ninguna de las 112 casetas tiene inscripción en el Registro de la Propiedad del barrio La Parguera. Así se verificó en el sistema Karibe que reúne las transacciones registrales de toda la Isla. Salvo pocas excepciones, todos los caseteros en el CRIM, tienen registradas otras propiedades a su nombre. "Conforme se desprende del expediente del caso que nos ocupa, el 14 de julio de 1981, la co-peticionaria, Ida Violeta Pagán Ferrer, le prestó $15,000 a Daniel Cotté Báez y a su esposa, Carmen A. Cancel (esposos Cotté-Cancel). Para ello, los esposos Cotté-Cancel suscribieron un Pagaré al Portador por la suma de $15,000 con vencimiento a la presentación. Para garantizar el pago de la deuda, ese día, los esposos Cotté-Cancel otorgaron la Escritura Núm. 12 sobre Hipoteca al Portador sobre dos propiedades situadas en La Parguera en Lajas, Puerto Rico", lee la sentencia del Tribunal de Apelaciones del caso que se vio en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez y que versó sobre descualificación de representación legal. El originario de cobro se vio en el TPI de San Juan. Las referidas casetas fueron donadas mediante carta notarizada por la madre de los hoy ocupantes, según el registro del CRIM, Luis E. Cancel Pagán y Lissa Cancel Pagán. Precisamente, la controversia de la impugnación del abogado y que va a impugnar las donaciones se da porque otorgó las escrituras de donación el mismo abogado que notarizó el pagaré del préstamo que fue objeto del cobro garantizado con las casetas. En Noticias con Café a las 8AM, podrás escuchar la segunda parte de esta historia con el relato de los nombres que sobresalen del registro del CRIM, cómo y cuando construyeron sus casetas y qué políticos veraniegan en más de una. Por Facebook Live