Search Results

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El bufete del ex director de Asuntos Públicos de la administración del gobernador, Ricardo Rosselló Nevárez, Anthony Maceira Zayas, quien fungiera como uno de los testigos en el caso de corrupción contra Sixto George y cuyo nombre trajeron sin vacilar dos convictos que lo identificaron como cabildero de una empresa de recogido de basura, mantiene contratos de sobre $400K con agencias del Ejecutivo en el presente año fiscal. En momentos en que se cuestionan los gastos millonarios en nóminas de confianza en agencias constitucionales como Departamento de Educación y empleados públicos denuncian la disparidad del Plan de Clasificación y Retribución con esos puestos, Maceira Zayas podría ganarse hasta $650K con su "boutique law firm" MZLS LLC, si logra completar los cobros a compañías aseguradoras en la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, para lo que fue contratado a contingencia hasta un máximo de $250K a razón de veinte porciento de lo que recaude. En los últimos tres meses del año fiscal, Maceira Zayas firmó un segundo contrato con ASEM y con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, de $250K y $45K, respectivamente. Entre julio y septiembre del 2023, firmó contratos por $364K con la Junta Reglamentadora de Comunicaciones; la Comisión de Desarrollo Cooperativo; el Departamento de Estado y la Junta de Retiro del Gobierno. Fue precisamente la administración de ASEM, por voz de su director ejecutivo, Jorge Matta González, la que se pronunció el pasado ocho de abril en una vista pública y a preguntas del representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Marquez, sobre por qué no habían acudido a los tribunales a exigir el pago de la deuda, que el funcionario dijo que lo había hecho y que "hace dos o tres semanas atrás contratamos un bufete legal para ir en contra de ellos (las aseguradoras), que es lo próximo que nos queda". Cuando estuvo ante los legisladores en las vistas de presupuesto, Matta González ya había firmado un contrato con MZLS por $250K a contingencia el cuatro de marzo de 2024 para "análisis y evaluación del expediente de las cuentas de deudas de las aseguradoras de servicios médicos catalogadas como no cobrables por los medios ordinarios". En aquél momento no reveló el nombre del bufete. Bonita Radio intentó comunicarse con Maceira Zayas, así como a su bufete, y sólo se escuchó contestadoras automáticas. Se envió correo electrónico y al cierre esta edición no se había recibido respuesta a la pregunta de qué gestiones se han hecho en o fuera del ámbito judicial para exigir la deuda sin cobrar que tienen las aseguradoras con ASEM que en el memorial de presupuesto se estimó en $16.7M. Tampoco contestó requerimientos de información, Matta González, quien ya en el 2022 había sido cuestionado por la contratación de la firma Continium Care Solutions (CCS), una que se alega inició la privatización de la facturación en ASEM, impulsada por la Junta de Control Fiscal, sin que haya logrado su cometido. Los contratos firmados por Maceira Zayas y/o su madre Carmen Zayas Tirado, administradora de su corporación - con vigencia en el Departamento de Estado en el 2019 - se dieron con el gobierno de Pierluisi a seis meses de que tomara la silla de los testigos en el caso contra Sixto George, para relatar cómo el que fuera productor de radio lo extorsionó en relación a lo que estaba ocurriendo con su entonces jefe, Rosselló Nevárez y Raul Maldonado Nieves, hijo de quien fuera secretario de Hacienda y CFO del gobierno de entonces, Raúl Maldonado Gautier. En el juicio contra el ex alcalde de Guaynabo, Angel Pérez, se presentó una grabación por voz del testigo del caso, Oscar Santamaría y el propio Pérez, en la que se identificó a Maceira Zayas como el cabildero de la empresa de basura, EC Waste. “A mí Anthony me llamó, Anthony Maceira, porque Anthony es cabildero de ellos (EC Waste), dijo Peerez a lo que Santamaría contestó: “Si es Maceira, pues Thommy entró en el contrato", en referencia al antiguo patrono de Maceira Zayas, Rivera Schatz. Los contratos de Maceira Zayas en el gobierno de Pierluisi, antecedieron a sobre $50K en donativos a candidatos del PNP como el Gobernador y pre candidato, Pierluisi, los legisladores Rivera Schatz, Gregorio Matías, Jorge Navarro, Carlos Johnny Méndez y el pre candidato Héctor Joaquín Sánchez yel alcalde de Camuy, Gabriel Hernández. Sintoniza Qué palo es noticia a las 5PM por YouTube Live, para conocer más detalles de esta historia.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La administración de Corrección puede estar en violación de por lo menos tres artículos que le impone el Reglamento 7818 de 2010 bajo el cual excarcelaron a Hermes Ávila Vázquez, entre estos investigar la peligrosidad del convicto y riesgo de seguridad para la comunidad que está obligada a referir para investigación la Administradora de la agencia, en este caso, Ana Escobar Pabon. El Reglamento sobre Procedimientos para Atender los Casos Especiales de las Personas que Están Afectadas por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, Otras Enfermedades Terminales y Condiciones Deformantes e Incapacitantes Severas en el Sistema Correccional de Puerto Rico, establece además en su articulo VIII que el confinado que salga de pase tendrá que ser evaluado cada 15 por el técnico socio penal asignado al caso. Se duda de la investigación y supervisión de Ávila Vázquez en la libre comunidad, toda vez que trascendió que laboraba en el negocio De Aquí Pa Donde en Vega Baja, según dijo a Noticel, Egui, el dueño de ese negocio que incluso lo vio por primera vez allí el año pasado. Ávila Vázquez llegó al negocio en el 2023 en una silla eléctrica y más tarde fue caminando con bastón. Fue allí donde se presume que divisó a Ivette Joan Meléndez la mujer de 56 años, a quien se alega que degolló y violó en el área de la Playa Los Tubos en Manatí el domingo 21 de abril, exactamente un año después de que lo excarcelaran bajo la mencionada Ley. Bonita Radio ha insistido sin éxito desde el pasado martes 22 que la secretaria de Corrección, Escobar Pabón, conteste preguntas sobre las incidencias que rodean el caso de Ávila Vázquez, convicto y sentenciado a 122 años de cárcel por la muerte mediante degollación de una mujer de 28 años a quien violó en un acto de necrofilia en hechos ocurridos en Caguas en junio del 2005. Tras salir de pase extendido por una alegada paraplejia progresiva, aprobado por la AC el 19 de abril del 2023, se alega que asesinó del mismo modo a Meléndez en hechos ocurridos en horas de la madrugada del domingo 21 en Manatí. La Secretaria no ha contestado los requerimientos de información pero ha dicho a otros medios que “la agencia trabaja con la información que los médicos le proveen. Yo no he visto el expediente médico. He visto parte del expediente social y criminal de la persona. Nosotros estamos en un proceso investigativo para analizar esta situación preocupante con las evaluaciones médicas y más aún ya yo ordené el reingreso de esta persona a prisión". El Reglamento 5772 de 1998 y enmendado en el 2010 establece en su articulo VIII que se "se remitirá copia de la recomendación inicial al Administrador de Corrección a través de la Coordinadora de Servicios de Salud de la agencia o al funcionario que para ello se designe. El administrador (a) de Corrección será responsable de ordenar el proceso correspondiente de evaluación e investigación de peligrosidad o riesgo e seguridad de la comunidad de concederse la eventual salida del confinado". La poca información que ha producido Escobar Pabón desde el domingo pasado, una ferviente estadista con participación en las actividades proselitistas del Partido Nuevo Progresista (PNP), visible desde que es jefa de agencia en el 2021, no menciona siquiera el Reglamento que la obliga a ella, a médicos y a personal gerencial en los casos bajo la Ley 25. No se sabe además, si Corrección cumplió con todo lo que establece el Reglamento en sus artículos VI y VII, sobre Proceso de Evaluación por el Panel de Médicos y el VIII sobre Proceso de Salida en la Administración de Corrección, donde incluso se refiere a la investigación en la comunidad donde vivirá el convicto que deberá hacerse con 48 años desde que se recibe la recomendación de excarcelación. "Esta investigación tendrá como fin conocer las opiniones de las personas con las que vivirá el convicto", lee el Reglamento. El citado Reglamento de 29 páginas y que sirve de base a la Ley 25 de 1992 que fue firmado en marzo de 1998 por la entonces secretaria, Norma Burgos Andújar y enmendado el dos de marzo de 2010, establece además las obligaciones del Panel de Médicos que tiene que seguir para recomendar o no el paso extendido. El servicio de salud está privatizado y está a cargo de la corporación Physician Correctional. El director médico de Physician es José Rodríguez Galarza y preliminarmente el viernes trascendió que el panel que atendió la solicitud del pase extendido de Ávila Vázquez fueron una internista de la correccional de Bayamón; la ex directora médica y tres médicos generalistas. PANEL DE MEDICOS Y EVIDENCIA EN CASO DE AVILA VÁZQUEZ Bonita Radio supo a través de fuentes del Fondo del Seguro del Estado (FSE), donde se determinó incapacidad total de Avila Vázquez, que fue en el 2015 cuando se le diagnosticó "una enfermedad no especificada del cordón espinal" bajo el código 336.9, luego de que se accidentara en un trabajo en el 2010 estando confinando en Corrección. Un documento de noviembre del 2015 da cuenta de la determinación bajo la firma de la doctora Rosalia Santiago Torres y un funcionario de nombre Hector L. Orengo cuyo titulo de puesto no se especifica. El documento establece que la decisión, informada a la AC en Ponce, se tomó luego de que se recibiera informe del 21 de septiembre de 2015, con esa recomendación de un tal "Dr Naredo". Ayer, la oficial de prensa de Corrección, Yvonne Guadalupe no contestó mensajes de Bonita Radio sobre las interrogantes que surgen de esta pesquisa. A las 8AM en FB Live de Bonita Radio tendremos más información y análisis.

Nota Editorial BONITA RADIO El pasado viernes, amaneció en la red del diario El Nuevo Día una historia firmada por la periodista, Gloria Ruiz Kuilan, en un seguimiento puntual a la historia originada por la denuncia de Carlos Díaz, candidato del PPD al Senado, desde el domingo ocho de abril sobre cuestionamientos en las construcciones en dos propiedades del hijo del Gobernador en Punta Jacinto, Guanica que inciden en el Reglamento 4860 que rige los aprovechamientos en bienes de dominio público zona marítimo terrestre. Bonita Radio produjo desde el martes 10 de abril documentos que dan cuenta de que Anthony Pierluisi Rojo, hijo mayor del Gobernador, intentó obtener del Departamento de Recursos Naturales un permiso de la agencia experta para remodelar la propiedad que tiene aprovechamientos en el bien de dominio público zona marítimo terrestre. La agencia archivó la petición en el 2023 luego de que ni el ingeniero Jan Ballester Maclay ni la corporación Silver Beach propiedad de Pierluisi Rojo, mostraron la evidencia de deslindes y los detalles de cómo y con qué materiales se remodelarían muelles y un paseo tablado. No sabemos las razones, pero en horas de la tarde del viernes, la historia titulada: Hijo de Pierluisi se defiende ante falta de permisos en Guanica: “Los muelles están fuera de la propiedad”, fue retirada del alcance de la audiencia digital con suscripción al diario. Cientos de internautas, así como colegas periodistas, se comunicaron con este medio para tratar de dar con la historia, ante el hecho de que la reseñamos con su debida adjudicación al diario y a su periodista. El sábado, el arquitecto y planificador, Pedro Cardona Roig, denunció la desaparición de la historia y se cuestionó si se debió a censura, persecución, represión o fascismo? Bonita Radio la reproduce luego de que, un asunto técnico como usuarios de las historias por suscripción del portal de “endi”, nos obligara a hacer un “copy and paste” y guardáramos el texto integro de la historia. ¡Porque el pueblo tiene derecho a saber! #PonloEnLaNevera Por Gloria Ruiz Kuilan El Nuevo Día Anthony Pierluisi Rojo –hijo mayor del gobernador Pedro Pierluisi– defendió que los muelles de las propiedades de alquiler a corto plazo que posee, en la bahía de Guánica, son “estructura pública” y están “fuera” de sus bienes, al tiempo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) reveló que no cuentan con los permisos requeridos por esa dependencia para velar el cumplimiento de dos leyes federales. Mediante declaraciones escritas enviadas el jueves a El Nuevo Día a través del abogado Leonardo Aldridge, Pierluisi Rojo indicó que los dos muelles en controversia son “adyacentes a Mary Lee’s by the Sea”, nombre que el empresario utiliza en la plataforma Airbnb para promover sus propiedades. Añadió que los muelles “no le pertenecen ni son administrados por Silver Beach, LLC”, empresa que, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, pertenece a Pierluisi Rojo. “El muelle está fuera de la propiedad y es una estructura pública que ha existido desde la década de 1970. Al ser una propiedad en bien de dominio público, es el DRNA (Departamento de Recursos Naturales y Ambientales) el custodio del mismo. El muelle lo utilizan inquilinos de la propiedad, como también pescadores de la zona y kayakeros del área, entre otros”, leen las declaraciones de Pierluisi Rojo, quien no estuvo disponible para entrevista. En Airbnb, el empresario alquila sus propiedades con “acceso a muelles”, kayaks y tablas de “paddle”, y describe que están “a 10 minutos” de distancia de la isla de Gilligan. Por tercer día consecutivo, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, no contestó una petición de entrevista ni se expresó por escrito. En tanto, Pierluisi optó el jueves por repetir que su hijo no construyó los muelles y, por lo tanto, no tiene responsabilidad sobre las estructuras. En entrevista con este medio, el jefe de la División de Permisos del Programa Regulatorio del USACE en Jacksonville, José Alicea Pou, confirmó que los muelles de las propiedades carecen de los permisos en virtud de la Ley federal de Agua Limpia (“Clean Water Act”) y la Ley federal de Ríos y Muelles (“Rivers and Harbors Act”). Se revisó el récord, y no encontramos en los sistemas que tenemos digitalizados que hubiera un permiso, ahora mismo, accesible en años recientes”, dijo Alicea Pou. “Se necesita un permiso. Si no, no está autorizado por el USACE para que esa estructura (muelle en cada propiedad hacia la bahía) esté ahí impidiendo, probablemente, la navegabilidad”, agregó. De acuerdo con Alicea Pou –quien también es científico ambiental y profesor universitario de biología marina–, los muelles deben contar con un permiso de mantenimiento y otro llamado “Nationwide Permit” para mostrar cumplimiento con ambos estatutos. Deben tener, además, una “concesión” del DRNA, como agencia encargada de proteger los bienes públicos y recursos naturales de la isla. Al momento, el DRNA no ha confirmado si existe o no dicha concesión. “Ellos (DRNA), obviamente, tienen jurisdicción sobre la zona marítimo terrestre y los terrenos debajo del agua, y ellos también pueden solicitar la remoción de la estructura, de los pilotes y, en ocasiones, colaboramos como agencia estatal y federal”, dijo. Alicea Pou explicó que los permisos, tanto del USACE como del DRNA, son necesarios, independientemente de si Pierluisi Rojo construyó, remodeló o no los muelles o si adquirió las propiedades con dichas estructuras. “(Los permisos) son necesarios para proteger la navegabilidad de los cuerpos de agua, porque la idea es evitar la construcción excesiva y descontrolada de obstáculos a la navegación bajo el ‘Rivers and Harbors Act’ y bajo el ‘Clean Water Act’. Colaboramos con la EPA (Agencia federal de Protección Ambiental) para efectos de contaminación y calidad de agua”, destacó. La persona tiene una estructura en el agua, y toda estructura en el agua necesita un permiso del Cuerpo de Ingenieros. Todo ese tipo de estructura, que se convierte en un obstáculo a la navegación, en efecto, necesita un permiso del Cuerpo de Ingenieros. Al no tenerlos, estaría en incumplimiento, como cientos de otras alrededor de toda la isla, que es lo lamentable”, enfatizó el funcionario federal. No instalaron ni construyeron” Confrontado con las advertencias del USACE, el gobernador insistió –como en pasados días– en que su hijo no tiene responsabilidad sobre los muelles, ya que no los construyó. Reitero que mi hijo y su empresa no instalaron ni construyeron esos muelles. Esos muelles se instalaron y construyeron hace décadas atrás, probablemente, para la década de 1970. Es imposible, para mí, opinar de por qué, en aquel entonces, no se obtuvo esos permisos que mencionas. Nuevamente, reitero que mi hijo y su empresa no son propietarios de esos muelles”, dijo Pierluisi, en un aparte con El Nuevo Día, tras un evento oficial. En tanto, Alicea Pou fue categórico al señalar que, si como ha dicho el gobernador, Pierluisi Rojo compró las propiedades en 2021, al momento de la transacción, debió velar por que el dueño anterior le entregase los permisos. “Hay un ejercicio que tiene que hacerse en la agencia para llevar a esa persona a cumplimiento con las disposiciones de las regulaciones. Las personas que se acercan al Cuerpo de Ingenieros y solicitan ese permiso, el equipo de trabajo de ‘Enforcement and Compliance’, en Jacksonville, determina cuál es el mecanismo por el cual lo va a llevar a cumplimiento”, explicó. Qué procede? Según Alicea Pou, toda persona que tenga muelles en su propiedad y no cuente con los permisos del USACE se expone a un “proceso administrativo, que conlleva notificaciones de violaciones a disposiciones en la reglamentación federal, multas, la remoción de trabajo o de restauración y/o, en ciertos casos, al aceptar una solicitud de permiso posterior al hecho, iniciar acciones legales o recomendar la remoción a la EPA” “La intención del USACE no es penalizar a nadie. La intención original es llevarlos a cumplimiento”, dijo. Enfatizó que, cuando Pierluisi Rojo adquirió las propiedades, debió solicitar los permisos y, si se le entregaron, debió “solicitar una transferencia de permiso para extender ese derecho que tuvo esa otra persona al momento de construir (los muelles)”. Señaló que, para iniciar el proceso administrativo, el USACE “prefiere” recibir un referido del municipio donde se ubiquen las propiedades en controversia, un ciudadano o el DRNA, en vez de actuar por iniciativa propia, porque “el Estado no quiere proyectar que está actuando de manera arbitraria, caprichosa y subjetiva... porque me dio la gana de ir allá”. Obviamente, esto es un caso de muchos, y sería bueno que la gente se oriente y se eduque, porque hay muchas estructuras de muelles residenciales que no tienen permiso, y nosotros estamos conscientes y queremos, junto a las agencias estatales, empezar a atender… a hacer esto. Lo primero es ir al Cuerpo de Ingenieros”, recalcó Alicea Pou. Múltiples” referidos al DRNA De otra parte, Miguel Canals, exoficial de manejo del Bosque Seco de Guánica –declarado como Reserva Internacional de la Biósfera–, recordó que, mientras ocupó esa posición, hizo “múltiples referidos” al DRNA, sin acción de la agencia, por la ausencia de permisos del USACE para los muelles y porque se permitía su uso para llegar a la isla de Gilligan En los archivos del DRNA, hay un archivo –bien grande– de cómo se alquilaban esas propiedades, desde hace tiempo, con esos muelles. Tienen que tener todos los documentos. Se usaban como punto de embarque y desembarque, como parte de la propiedad. (En los archivos) están mis evaluaciones y mis preocupaciones. Mis luchas. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales permite ese uso, sin permisos del Cuerpo de Ingenieros”, dijo Canals. Lo que están haciendo es claudicando sobre ese muelle para no buscarse líos”, aseveró.

Por Carmen Enid Acevedo El representante novoprogresista por el distrito 13, Gabriel Rodríguez Aguiló, desde hoy siente el calor que produce un señalamiento de la super compradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), licenciada Karla Mercado, que identificó a un empleado suyo como quien llamó a su agencia para interceder por un empresario con una subasta pendiente. A preguntas de la periodista Sofía Rico, de si el recién convertido en empresario de asfalto, Guillermo Meléndez Ramirez, es la persona por la que Manuel Matos intercedió para que su empresa GM Caribe fuera la agraciada en una subasta ante la ASG, Rodríguez Aguiló dijo desconocer y rechazó que la corporación le haya dado dinero a sus campañas. Bonita Radio detectó en los records públicos de la Oficina del Contralor Electoral que en efecto, Guillermo A. Meléndez Ramírez le dio dinero al comité de campaña de Rodríguez Aguiló en dos ocasiones y también sirvió a la campaña del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia el 12 de febrero de 2020 con el máximo permitido por ley, $2,500. Al Comité Amigos de Gabriel Rodríguez Aguiló le dio $1,500 el 30 de septiembre de 2021 y ya había aportado $400 el 20 de mayo del mismo año. Rodríguez Aguiló ha dicho que "todos me han notificado que no han hecho gestiones en ASG a favor de un contratista de asfalto, y que ninguno, incluyéndolo él (Matos), hizo gestiones para intervenir en un proceso de subastas". Habría sido Matos quien llamó y hoy, Rodríguez Aguiló dijo que se investigue el asunto y por lo pronto Matos no tendrá contrato con el Representante del #PNP. La super compradora del gobierno, Mercado - cuyo puesto se creó precisamente desde la administración del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz - insiste en que no sólo Matos la llamó a través de su personal de confianza sino que ella notificó a La Fortaleza cuando lo hizo, el año pasado. El Gobernador ha dicho que no va a intervenir en el señalamiento de "influencia indebida" que toca a las puertas de la oficina legislativa de Rodríguez Aguiló. Los donativos del empresario se producen entre mayo y septiembre de 2021. Mercado ha dicho que “personal de la oficina del representante Rodríguez Aguiló llamó a personal de mi staff de confianza procurando la contratación de una compañía en particular”. Meléndez Ramirez es presidente de GM Caribe y de otra corporación creada el 2012 y cancelada en el 2014, de nombre Cloudtek1, según el registro oficial de corporaciones en el Departamento de Estado. Rodríguez Aguiló fue quien en mayo pasado refirió al alcalde de Arecibo, el Popular Carlos Ramírez Irizarry, por supuestamente violar el Código Municipal, el Código Penal y la Ley de Ética Gubernamental al tener contratada a la ex senafora convicta por corrupción, Maritere González.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El licenciado, Richard W. Cruz Franqui, ayudante de la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces, desde el estado de la Florida a razón de $10,079 mensuales, fue el que firmó la carta que le dio al hoy director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, la aprobación para que la agencia emitiera en el 2013, un cheque por $38K para sumarlo a su pote de beneficios de pensión aún cuando no había llegado a los 30 años de servicio. El pedigree de Cruz Franqui en la segunda agencia pública para la que ha trabajado durante la administración del gobernador renunciante, Ricardo Rosselló Nevares y la actual de Pedro Pierluisi, a pesar de que vive en Orlando, Fla desde después del huracán Maria en el 2017, tiene un historial documentado con resoluciones de la Junta de Gobierno de la AEE bajo la administración del entonces gobernador Luis Fortuño Burset el que endeudó más en más corto tiempo a esa quebrada agencia pública. Documentos en poder de Bonita Radio dan cuenta de que la Junta de Gobierno de la corporación pública presidida entonces por el ingeniero y ex director de la agencia hasta el 2019, José Ortiz, cuando el organismo aprobó el pago de $38,419.17 como "condiciones de su jubilación", "asumir el tiempo del costo acreditable que reconoce dicha resolución desde el mes de enero de 1988". La Junta emitió dicha resolución el 29 de diciembre del 2012, a un mes y medio de que el Partido Nuevo Progresista y Fortuño perdieran las elecciones y a una semana de que jurara como nuevo Gobernador, Alejandro García Padilla. Cruz Franqui, entra en el panorama cuando, como director de Asuntos Jurídicos de la AEE y secretario auxiliar de la Junta de Gobierno, firmó una carta y memorando una carta el ocho de enero de 2013 para hacer valer la resolución 3393, solicitando que se emitiera el cheque de las cuentas de la corporación pública para ir a pagar los 38K a nombre del Sistema de Retiro de la AEE y así "en el momento en que el ingeniero Josué Colón decida acogerse a los beneficios de su jubilación, se deberá solicitar al Sistema de Retiro de la AEE los cómputos actualizados de su aportación que deberá hacer la autoridad para hacer los ajustes correspondientes". La transacción, paralizada por la administración de la nueva Junta y dirección de la AEE en el 2013, supuso que tanto el ingeniero Ortiz, como Cruz Franqui y el entonces director de Recursos Humanos de la AEE, Luis M. Morales Tañón, estuvieron de acuerdo en impactar las finanzas de la agencia para que Colón se jubilara cinco años antes de cumplirse los 30 de servicio acreditándole los que trabajó como empleado transitorio. Hoy, Colón alega que "ante la politiquería" de la administración Popular pagó "de mi propio pecunio" los $38K que le faltaban en su pote de beneficios para poder jubilarse con 30 años de servicio. En una entrevista con Bonita Radio que estuvo matizada por sus continuas alusiones a la política partidista y a cuestionar la validez de la pesquisa de este medio, Colón evadió la pregunta de lo que fue en efecto la participación que tuvo Cruz Franqui en la decisión de "ayudarlo" con su pensión y jubilación que por haberse retirado con un salario de director ejecutivo de $150K por lo que el calculo del beneficio se alega es de $9K mensual. Sobre el trabajo de Cruz Franqui en la AEE, una vez Colón salió del retiro hacia la Dirección Ejecutiva, dijo que trabajó presencial hasta el 2022 cuando supuestamente "su esposa tuvo que ser operada de cancer" y se mudó a la Florida. Sin embargo, las publicaciones de Cruz Franqui en las redes sociales y las transacciones que ha hecho en Orlando, Florida lo delatan. Admite que es residente del municipio 79 incluso en horas en que se supone que trabaje en Puerto Rico, primero en la AEE y desde diciembre del 2023 como ayudante del Departamento de Educación en una nomina de lujo-confianza de Raices que le cuesta al pueblo sobre $700K al mes y $8.4M al año. Cruz Franqui y su esposa Gricell Quetell compraron casa en la Florida en el 2019, según la transacción pública en Kissimmee. Según sus redes sociales, Quetell se emplea en el Departamento de Salud de Florida desde el 2018. Cruz Franqui recibe un salario mensual de la nomina confidencial del DE sin que hasta el momento la secretaria Raíces conteste preguntas relacionadas a ese hecho. Sintoniza Noticias con café 8AM por FB Live y entérate de más detalles de esta pesquisa.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El tercer salario más alto en la nómina de confianza del Departamento de Educación, después de la secretaria, Yanira Raíces y la sub secretaria de administración, Jullymar Octaviani Vega, el licenciado, Richard W. Cruz Franqui, reside en Florida desde antes del 2023 cuando trabajaba en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Asimismo, una investigación de Bonita Radio constató que la nomina de confianza del Departamento de Educación hecha pública luego de que la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Ada García Montes, la solicitara a la agencia y se la entregaran con siete meses de dilación, podría violentar la Ley 8 del cuatro de Febrero de 2017 conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”. Ese estatuto establece en su Sección 8.3. — Aprobación de Puestos de Confianza que: "Los planes de clasificación aprobados contarán con un número máximo de quince (15) puestos de confianza. Cuando la estructura organizativa, complejidad funcional o tamaño de la Agencia requiera el ocuparlos, bien sea un número mayor o menor, será necesaria la aprobación previa de la Oficina de Gerencia y Presupuesto". Bonita Radio intenta desde el pasado 18 de marzo que la Secretaria Raíces conteste preguntas relacionadas con la nómina de confianza que supera por 79 puestos los permitidos por ley. Su oficial de prensa, Alexis Ramos, dijo ayer tras una visita de Bonita Radio a la agencia - ante la no contestación de mensajes de pedidos de información - que "la Secretaria no te va a atender antes de la vista de presupuesto. Está concentrada en ese asunto". Entretanto, uno de los pupilos de la Secretaria en esa nomina descomunal, Cruz Franqui, un ex director de asuntos jurídicos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para el 2013 y que regresó a la agencia en el 2022, confirmó a este diario que vive en la Florida, luego de que se le cuestionó si a la hora en que Bonita Radio lo llamó - 1:20PM martes 26 de marzo - estaba en su oficina en la agencia en Hato Rey desde donde se le paga el tercer salario más alto de la agencia. En una llamada a su teléfono celular para confirmar la información de que en efecto es el Ayudante Secretario II y no reside en la Isla, al contestar el teléfono, el Abogado dijo a Bonita Radio: "pues mira... ahora mismo...si me puedes llamar mas tardecito...yo tengo una reunión a la 1:28...perdón son la 1:28...tengo una reunión ahora mismo con el gobierno federal...precisamente". Al plantearle que no le tomaríamos mucho tiempo, Cruz Franqui accedió a contestar las preguntas de Bonita Radio. ¿Usted está en el Departamento...allí en la agencia? Si, si, si, si ¿Allí en la agencia...en Educación? Si, en la agencia. ¿Usted no vive en Florida? (Silencio) "Si, yo vivo en Florida. De hecho, estoy ahora mismo en Florida...de hecho yo viajo...me quedo allá y viajo los fines de semana acá...como cada dos semanas a Florida. Esta semana por ser Semana Santana...llegué un poquito antes pero...cada tres semanas es que puedo viajar". ¿qué tipo de trabajo usted hace para la Secretaria?, preguntó Bonita Radio "Pues mire yo coordino el Plan de Acción Correctiva que tiene el Departamento con el gobierno federal. Coordino o facilito los asuntos federales, el uso de los fondos públicos etcétera...este, trabajo con el agente fiduciario...de hecho esa es la reunión que vamos a tener en unos minutos y también con el área de informática...ayudando al departamento en la implementación del 'erp' de Hacienda" ¿Cuándo se fue de la AEE? "Como en agosto". El Abogado Cruz Franqui es parte del tema de la nómina que persigue desde hace una semana al gobernador y pre candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, cuando el país se enteró por el periodismo de que la principal agencia de educación del Estado paga $700K mensual y $8.4M anuales en salarios de 93 personas entre los que hay políticos derrotados, candidatos a la Legislatura en la elección del 2024 y familiares de políticos como Joshua Rodríguez Rodríguez, hijo del portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló. Cruz Franqui había pasado por debajo del radar en un listado que ha traído 72 de los 93 empleados de confianza de la agencia que dirige en propiedad la secretaria Raices desde noviembre del año pasado cuando fue confirmada por el Senado. Raíces le dio trabajo al hijo de Rodríguez Aguiló quien es un Ayudante con salario de $5,486 sin que al día de hoy ni la agencia ni su padre, Rodríguez Aguiló, revelen qué preparación académica tiene. Rodríguez Rodríguez es un activista del PNP que le ha hecho campaña al ex presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Entre los candidatos a las primarias del PNP que se encuentran en la nómina están Leyda Cruz Berrios, candidata al Senado por Acumulación por el PNP con salario de $7,684.95; Wendy Lee Colón Martínez, candidata al Senado por distrito Humacao, con $7,897.05 como Ayudante Especial. También figura Odalys Aponte Jiménez, esposa del director de la Autoridad de Carreteras el Ing. Edwin González y ayudante especial, gana $5,061.00; Gustavo Meza Buelvas, coordinador de Servidores Públicos de San Juan es ayudante especial y devenga $6,638.10; los ex representantes del PNP, Víctor Torres González, coordinador político y ayudante especial con $4,312.35 de salario mensual y Paula Rodríguez Homs, coordinadora regional político y superintendente regional con $8,050.00, entre otros. Además, son parte de la nómina de lujo, el exalcalde de Guánica, Santos Seda 'Papichy' Nazario, coordinador de movilización y ejecutivo IV con $5,399.10 y Noel Toro Zambrana, un ayudante especial del Departamento de Agricultura con destaque en Educación como coordinador político y ayudante ejecutivo con $9,142.00 de salario. Sintoniza Bonita Radio a las 8AM por FB Live para que conozcas cómo Cruz Frranqui hace vida en Florida y trabaja en el Gobierno de Pedro Pierluis con un salario de sobre $120K al año.

Por Carmen Enid Acevedo De Bonita Radio La maestra que escogió Héctor Joaquín Sánchez para darle un premio como maestra del año en el 2022, corre para una silla en la Cámara de Representantes en las elecciones generales de noviembre y es parte de un grupo de correligionarios de ese partido que incluyen a un instructor electoral y su madre, una ex contratista del Senado de Thomas Rivera Schatz. Odalis González González es la candidata del Distrito Representativo 18 por el PNP luego de que recibiera una medalla tras la intervención indebida que realizó Sánchez en el 2022 y por lo que tiene una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental. La historia de González González es parte de la estructura que crea Rivera Schatz y otros candidatos a la reelección en la Cámara Baja como Rodríguez Aguiló utilizando como base la principal agencia de educación del Gobierno de Puerto Rico. Rodríguez Aguiló corre en esta elección como Representante por Acumulación. Mientras el secretario del Departamento de Educación Federal, Miguel Cardona, trata de llevar a buen término la descentralización de esa agencia, la politización se entroniza con una vieja táctica: “colocar a los suyos en el grupo electoral de determinada región de la Isla”. Así narró a Bonita Radio un penepé de la región educativa de Mayaguez. González González fue la directora de la campaña de una de sus madrinas en la política, la ex candidata al Senado en el ciclo electoral del 2016, Yolanda Varela Rosa, una médica de Familia del pueblo de Aguada que corrió para el Senado en la elección del 2016. Varela Rosa fue contratista del Senado bajo Rivera Schatz entre el 2018 y el 2020 y asignada a la oficina del senador Ángel "Chayanne" Martínez Santiago. Su hijo, Jorlan Torres Varela, es maestro se inglés de la escuela Conrado Rodríguez en Rincón, y labora en la campaña de Rodríguez Aguiló y a su vez es instructor electoral. Hoy Varela Rosa es el contacto del tema de adultos mayores de la campaña de Jennifer González como pre candidata a la Gobernación. Varela Rosa es hoy la encargada del tema de los adultos mayores en la campaña de lampee candidata a la gobernación en el PNP, Jenniffer González. Se alega que el hoy legislador por el distrito 13 - Arecibo, Barceloneta, Ciales, Florida y y Manatí - tiene planes de "llevárselo de administrador de oficina" si gana la contienda electoral en noviembre, dijo a Bonita Radio un allegado a la oficina del Legislador. Por su parte, la estrategia de dar a conocer a González González, maestra de Estudios Sociales de la Escuela Superior Carlos González de Aguada, culminó en la agencia con la distinción de maestra del año 2022 pero se inició con un certificado de reconocimiento del Senado de Rivera Schatz en el 2019. Tres años más tarde, el entonces aún secretario Sanchez, se alega que “utilizó las facultades y deberes de su cargo como subsecretario del Departamento de Educación a los fines de obtener, directa o indirectamente, un beneficio no permitido por ley concediendo una ventaja indebida” a los dos participante del concurso de Maestro del Año por los que abogó indebidamente el 10 de mayo de 2022. La hoy pre candidata a la Cámara por el PNP fue seleccionada junto al también maestro, Edwin Figueroa y sus premios conllevaron pagos de $5,000 a cada uno. Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo estableció que “en su declaración jurada, el superintendente de la ORE de Mayagüez, Ricardo Pitre Feliciano, escribió que quería hacer constar "que las personas o maestros seleccionados no los conozco y que no interferí en el proceso de ninguna forma". Sin embargo, Bonita Radio descubrió al oficial del DE en fotografías compartiendo con González González en plan de amigos. Pitre Feliciano publicó en mayo del 2022, una fotografía con González González y Figueroa celebrando desde la página oficial de la Oficina de la Región Educativa de Mayaguez. González González publicó en sus redes una fotografía con Pitre Feliciano en mayo de 2023. Sintoniza Esto es lo último a las 11 por Facebook Live y termina de armar los extremos de esta investigación.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Katherine Erazo García es hoy contratista de la oficina del portavoz de la minoría en el Senado, Thomas Rivera Schatz y a su vez tiene un acuerdo de inmunidad con la Oficina del Panel Especial Independiente (FEI) para decir todo lo que sabe sobre cómo utilizó en el 2018 la plataforma del Negociado de Telecomunicaciones (NET) para realizar una actividad de recaudación de fondos para la campaña a la reelección del entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevárez. La puerta giratoria en el caso de Erazo García, con fondos públicos, incluye a la persona donde se hizo aquélla actividad de 'FR' en la urbanización Montehiedra en Rio Piedras en el verano del 2018, un coronel retirado de la Guardia Nacional y productor de seguros que ha tenido $7.6M en contratos con el gobierno de Pedro Pierluisi hasta el 2024. "Ese nivel de recaudación es de una maquinaria aceitada como la que ha creado Kathy a través de los años. Son donantes de mucho dinero", señaló una fuente de conocimiento de la estructura de "fund raising" en el PNP quien alega que la recaudadora lleva mínimo 30 años en esa gestión. Entre el 2019 y el 2023, el actual cliente de Erazo García, Rivera Schatz ha reportado ingresos en sus campañas de $898,584.15 en 1001 donativos. De estos siete son de dos dígitos; 396 de cuatro dígitos, entre $1k y 3K; y 598 donativos entre $125 y $500, siendo el grueso de esta última cifra. La máquina de recoger dinero del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) coloca a sus recaudadores en posición de contratistas en agencias públicas y allí, en y fuera del año eleccionario, éstos, como Erazo García, se encargan de buscar dinero entre los que brindan servicios o tienen vínculos con las agencias públicas. En su caso, para julio 2018 reclutó a los esposos Edwin I. Rivera Malavé y Giselle Declere. Una investigación de Bonita Radio sobre el récord público de la vista preliminar del caso contra la ex jefa de la Junta, licenciada Sandra Torres, establece que ésta mantuvo bajo contrato a Erazo García mientras la ex esposa del ex presidente del Senado, Charlie Rodríguez, se dedicaba a identificar donantes y solicitarle dinero para el PNP y la campaña de Rosselló Nevárez. Hoy, Erazo García tiene contratos con su firma, BCS Consulting Services, para proveer servicios de "estrategia y consultoría en administración pública" en la oficina de Rivera Schatz por $50K anuales. Quedó claro en la audiencia ante la jueza Alexandra Rivera Sáez, que Erazo García era la recaudadora principal en esa agencia y que le pidió a Torres hacer un evento de recaudación para su entonces jefe. En ese momento, la hoy "jefe de oficina" de Rivera Schatz también tenía un contrato con el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC). Erazo García ha sido directora de finanzas del Partido Demócrata y ayudante del senador Pedro Rosselló cuando se agenció un trueque con un senador electo en el 2009 para poder cotizar los años que le faltaban para obtener una pensión de retirado del gobierno de Puerto Rico. Del 2009 a esta fecha, nada ha cambiado en el esquema de recaudación de fondos en la Palma. En el mencionado caso y según la transcripción de los días de vista en la sala judicial de San Juan en junio 2021, el operativo se ejecuta desde que Erazo García, trae al empleado de la Junta Reglamentadora, Excel López Vélez y a los potenciales donantes-contratistas, todos con intervención directa con esa agencia pública, como corporaciones que son reguladas por la institución pública. Surge además la figura del recaudador 'viejo" del PNP, ex presidente de la Telefónica, Agustín García, como el enlace con el comité de Finanzas del Comité de Rosselló Nevárez. "Lo increíble es que Kathy hable de un esquema ilegal y ahora contrate con el mismo gobierno pagada con fondos públicos", dijo un allegado al Departamento de Justicia ante la sorpresa que esa testigo tenga un acuerdo de hablar sobre esquema ilegales y sea contratista del gobierno al que defraudó en el 2018. Tanto Erazo García como López Vélez, ex director de comunicaciones de la JT, se hicieron testigos con inmunidad luego de que la fiscal en el Departamento de Justicia que atendió el caso nunca le leyó las advertencias cuando comenzaron a hablar de lo que sabían del esquema ilegal. De hecho, Erazo García testificó en un momento de la audiencia judicial en verano del 2021, que no sabe por qué tienen un acuerdo de inmunidad que fue tramitado con el FEI, por el licenciado César López Cintrón y el ex juez, Heriberto Sepulveda. Las reuniones para identificar donantes se dieron en la oficina de la Junta en Santurce y el recogido de dinero en horas laborables. Aunque tanto López Vélez como García Acevedo, aseguraron que el recaudo de la actividad sobrepasó los $30K, el informe de la actividad en la Oficina del Contralor Electoral solo reportó $24K. La OCE detectó problemas en el manejo de efectivo que resultaron en multas al Comité. La actividad en cuestión se realizó en la residencia de Rivera Malavé, un ascendido a coronel de la Guardia Nacional en el 2017 por el entonces gobernador, Rosselló Nevárez. Rivera Malavé, identificado por Erazo García como su cliente, es un donante activo del PNP y a las campañas de Rivera Schatz, Pierluisi, el senador Gregorio Matías, entre otros. Rivera Malavé no compareció al proceso judicial contra Torres López toda vez que el FEI no pudo vincularlo con la acusada a quien dijo no conocía. Solo conoce a Erazo García. Para conocer más detalles de esta historia, sintoniza hoy a las 11AM, Esto es lo último en Facebook Live.

OPINION Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Diría mi abuela Reyes Vázquez, crítica y honesta en el registro cristiano, que Tata Charbonier se puso a jugar con el Altísimo y perdió. “Con El no se juega. A El se le sirve”, me parece estarla escuchando en una de esas ocasiones en que yo, con 15 o 16 años, dialogaba con una mujer ya de 75, en medio del calor de una tarde de verano en su amplio balcón de la casa de Reparto Metroplitano en San Juan. Doña Reyes sabía un poco de eso. Miembra fundadora de la Iglesia Bautista de Río Piedras, le tocó ver de cerca la transformación de muchos pastores que cambiaron el púlpito “de la palabra” por la sucursal comercial del “evangelio de la prosperidad”. Que se desafilaron de la Iglesia Histórica para ir a fundar chinchales religiosos que mantenían sus arcas personales llenas a merced de la venta del miedo y del perdón de Dios. Presencié una de esas discusiones con uno al que no voy a nombrar mientras visitaba a mi tía Lila para pedir la indulgencia de abuela. No hubo manera. Mi abuela murió en el 1986 con la convicción de que aquéllos se habían convertido en la estampa de los mercaderes del templo que convirtieron la nave principal en mercadillo desatando la ira de Jesucristo. Doña Reyes era de Canóvanas, del barrio Hoyo Frío, circundante con el Cubuy que Charbonier conoce y donde tiene una propiedad. La convicción de “Tata” por cargos de corrupción me llevaron atrás a aquellos tiempos en que Reyes vivía con mucha Fe pero con una idea puntual sobre esa que venía de educación de principio de Siglo 20. “Para ser buen cristiano no hay que pregonarlo….solo serlo”. Esa que el viernes se vio por primera vez aturdida por un demoledor veredicto de culpabilidad en cuatro horas, debería hoy estar repasando las escrituras que re-interpretaba para discriminar y sepultar a la comunidad LGBTTIQ+ y a tantos más que no coligieran con su ideología. En ese y todos los sentidos de su vida y obra pública, el evangelio según Tata Charbonier, sigue el catecismo de una obra literaria así como lo hizo desde la ficción, José Saramago, cuando escribió el Evangelio según Jesucristo y deconstruyó la historia desde lo mundano. ¿El detalle? que Charbonier no escribió una obra literaria ni hizo crítica del 'evangelio'. Tergiversó y se apegó sin más desde el poder de corrupción y manipulación. Hace once años atrás, entrevisté por última vez a Charbonier cuando se ventilaban las incongruencias en las facturas que radicaba para cobrar contratos que mantenía con el Departamento de Educación y con el municipio de Canóvanas. “Eso no es cierto”, gritó a través del teléfono la entonces candidata a Representante y comenzó a vaciar los “talking points” para intentar evitar las preguntas. La entrevista terminó intempestivamente para evitar la gallera y la falta de respeto al oficio que tiene la urgencia y responsabilidad de preguntar. Charbonier se volvió más altanera cuando ganó en las elecciones del 2012. Y a partir de ahí, su altanería aumentó cuando coincidía su ascenso en el panorama de su partido político hasta convertirse en la que atraía a los candidatos de la zona Este del país. Casi todos salidos de una “Cristo Inc”, precisamente en lo que se convirtió la nomenclatura DiosTeBendiga+ que trajo la conversión de muchos hacia la interpretación de versículos como el de Lucas 7:25 ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes”. Y de ahí que Tata reclutara a esas que como “Una Mujer De Dios”, Nayda Venegas Brown corrieran las calles de Río Grande y Canóvanas buscando almas, corderos y mercaderes del templo al servicio del PNP. No es causalidad que en el grupo, quien fungiría como presidente de la Cámara en el  cuatrienio nefasto del 2017-2020, Carlos Johnny Méndez, de Fajardo, del Distrito 38 el que más iglesias tiene por milla cuadrada, también se asomara a ese cohorte de religiosos fundamentalistas. Famosa es la historia real de que le pagó $10k mensuales a su “pastora”, la que dirige la iglesia donde se congrega, AMEC, Casa de Alabanza. Wilmarie Leduc Jorge recibió $120k en un año por dirigir la Oficina de Bases de Fe y Comunitaria de la Cámara. Sin serlo pero avistando la carroña de los votos del fundamentalismo religioso, se montó Thomas Rivera Schatz presidente del Senado, quien la reclutó cuando fueron al Tribunal Federal en guagua a apoyar al acusado, Héctor Martínez.  De ahí que ese corte de fundamentalistas-políticos del PNP haya percolado a la Corte Suprema, con uno de sus voceros principales, el juez asociado Erick Koltoff, un ex director de la Oficina de Nombramientos del Senado. Hoy, un Juez con negocios en el ámbito de la educación legal continúa, un proyecto regulado por el Tribunal en el que participa. Ese mismo Tribunal solo dio un regaño y mínimo castigo a Charbonier cuando  violó cánones de ética de su profesión. No tuve consecuencias y ya en el 2017 se atrevió a chanchullar con el dinero público y de ahí que 12 miembros del pueblo adjudicaran los hechos que escucharon y vieron por 11 días consecutivos. Esos nueve mujeres y tres hombres no se constituyeron como 12 apóstoles o discípulos de la Iglesia de Jesus que tanto pregona Tata. Son personas del entorno PaísPR que debieron cumplir con reglas estrictas para el análisis de la prueba. Son gente de a pie que viven en un país que ha tenido múltiples experiencias con la corrupción sin que haya consecuencias para sus protagonistas. La expresión del jurado se extiende como júbilo - con corito incluido - de un pueblo que al recibir la noticia encontró en ese sentimiento su más común expresión. Sacrílego o no esa fue la expresión popular. No sabemos cómo se levantó Charbonier hoy. Si con los ojos hinchados por el sufrimiento de saber lo que le espera o por el arrepentimiento cristiano de haber llegado hasta aquí, a las puertas de la cárcel, a sus 60 años y después de desenfundar su cristianismo a mansalva. Sus publicaciones en redes del domingo, no demuestran arrepentimiento ni constricción. Re-utiliza la palabra para seguir justificándose. Sobre el arrepentimiento, el evangelista Sam Storm ha dicho: “El verdadero arrepentimiento cristiano implica una convicción sincera del pecado, una contrición sobre la ofensa hecha a Dios, un alejamiento del estilo de vida pecaminoso y un giro hacia una forma de vida que honre a Dios”. Tata tendría que aceptar que pecó para entonces ir a la vida cristiana con el corazón en la mano y no pregonar, sino obrar. ¿Ha sido honesta su vida cristiana? “Por sus frutos los conoceréis”, decía Reyes citando a Mateo 7:15. Esta historia de Charnonier alegando que “todos le fallamos a Dios”, continúa.

Alegan la AEE no pueden financiar déficit de sistema de pensiones, pagar beneficios acumulados y las reclamaciones de los sindicatos Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La Junta de Control Fiscal llegó de vacaciones de Navidad a solicitarle a la jueza del Tribunal de Quiebras y que atiende la de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, que deje sin efecto el convenio colectivo que data del 2008 de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y el de la Unión de Empleados Profesionales Independiente (UEPI) de la AEE, ante la alegación que no pueden cumplir con lo allí dispuesto y además pagar las reclamaciones que tienen de los sindicatos que suman sobre mil millones. En la moción se advierte que bajo el convenio de la UTIER hay 139 empleados y cuatro en el caso de la UEPI. "La AEE no puede asumir sus convenios colectivos porque es incapaz de subsanar la significativa multimillonaria infra-financiación de su plan de beneficios definidos, cumplir con las futuras obligaciones de financiación para mantener el sistema tal y como existe actualmente y como exigen los convenios, o pagar las reclamaciones de los sindicatos que superan los 1.000 millones de dólares", establece una moción de 32 páginas, suscrita por los licenciados Luis F. del Valle-Emmanuelli y Martin J. Bienenstock, representantes de la AEE y de la Junta de Control Fiscal. Entretanto, llama la atención que en la página 30, la Junta establece que el alza en las facturas para cumplir con el pago a los bonistas podría suponer en la fuga de consumidores hacia la producción de energía a traves de fuentes renovables que dejarían a la AEE sin poder facturar el único ingreso que alegan tienen para sostener el sistema. "Limitar los costos impuestos a los contribuyentes también es esencial para el éxito de la reestructuración de la AEE. Los aumentos más grandes de tarifas obviamente aumentan el riesgo de conversiones aceleradas a la energía solar y Puerto Rico menos competitivo y más oneroso para los residentes. Imponer costos significativos a los contribuyentes para financiar completamente el sistema de pensiones tal y como está estructurado actualmente puede resultar en que muchos contribuyentes no puedan costear sus gastos de electricidad y abandonen la red eléctrica de la AEE o consuman menos de lo razonable como resultado. Los contribuyentes de la AEE son su única fuente de ingresos, y garantizar que permanezcan en la red de la AEE y realicen pagos a la AEE es esencial para la capacidad de la AEE de reestructurar no sólo su sistema de pensiones, sino también su sistema de salud", establecen en el inciso 59, página 27 de la moción. La moción está acompañada de un análisis de la contratista de la firma Ernst & Young, identificada como Sheva R. Levy, quien hace los análisis actuariales "sobre los sistemas de pensiones en Puerto Rico, incluyendo el sistema de pensiones de la AEE, el Sistema de Retiro de Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica ("PREPA ERS") para, entre otros entre otras cosas, estimar el impacto financiero de las medidas de reforma de pensiones propuestas por la Junta de Supervisión y apoyar a la Junta de Supervisión en sus negociaciones con ciertas contrapartes". Según la Junta "asumir los convenios también sería incompatible con las medidas de reforma de las pensiones que la Junta de Supervisión ha determinado que son esenciales para garantizar una financiación adecuada de las prestaciones de pensiones devengadas. Las medidas de reforma de las pensiones son las mismas que aplicadas a los empleados públicos del ELA y otros deudores del Título III". "La congelación contemplada de las acumulaciones de beneficios, la eliminación de los ajustes (por inflación) y la transición del plan de beneficios definidos de la AEE a un sistema PayGo bajo el plan de ajuste propuesto por la AEE resultaría en ahorros de más de $425 millones en el futuro", sostiene la moción. Sostienen que la modificación de ese aspecto de los convenios "se justifica además para alinearse con la Ley 26-2017, la que estandariza los beneficios a través del Estado Libre Asociado, sus agencias y corporaciones públicas". ...."rechazar los convenios de la AEE con UTIER y UEPI es necesario para la reorganización de la AEE y para permitir la reforma esencial de los beneficios de pensión para los participantes en el ERS de la AEE y para evitar la responsabilidad de una contribuciones patronales a y reclamaciones bajo los convenios". La Junta alegó además que han habido intentos de acordar cambios a los convenios con los representantes de los sindicatos y no se ha llegado a ningún acuerdo. Fue imposible conseguir una reacción de los abogados de la UTIER.

Por Carmen Enid Acevedo La Junta de Planificación ha estado cinco meses para producir información pública de la alegada subasta con la que adjudicó a una novata compañía de publicidad, $6.8M de fondos de la reconstrucción para producir una campaña sobre códigos de construcción a partir del huracán María a pesar de que tenía una propuesta de oferta de otra agencia, 50% más económica. La información que publicó Bonita Radio en julio del 2023 y que hizo referencia al acuerdo millonario adjudicado por la JP a la empresa P2P, con solo dos años de experiencia contratando con gobierno, nunca ha sido contestada en cuanto a cuál fue la propuesta que la empresa dirigida por Maria del Pilar Cartagena Luca, Gwendolyn Crowder Medina, presentaron más allá de dos páginas habidas en el contrato registrado en la Oficina del Contralor. El presidente de la JP, Julio Lassús, nunca ha estado disponible para entrevista con Bonita Radio sobre este y otros temas relacionados a la agencia que dirige desde la llegada de la administración de Pedro Pierluisi. La millonaria contratación se nutrió del Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (FEMA-43349-DR- PRlHMPG Project #4339-0001) que tiene como objetivo "investigar y auditar las quejas presentadas por ciudadanos, agencias, municipios y motu proprio y desarrollar procesos para proporcionar notificación de violaciones y referencias a la división legal de la JP, para garantizar que se logre el cumplimiento en todos los casos", según se establece en el contrato 2022-00023 según el registro de la Oficina del Contralor. Desde el pasado 19 de junio, fecha en que Bonita Radio hizo la primera petición a la directora de prensa de la JP, Ivelisse Prado, la agencia sólo ha enviado - con sobre un mes de retraso - las dos propuestas que se alegó radicaron otras dos agencias de publicidad con experiencia en el mundo de la contratación de gobierno como The Reavis y Key Integrated Solutions o KIS, una subsidiaria de la reconocida firma de publicidad, De la Cruz y Asociados. Aún cuando las propuestas de trabajo de ambas agencias se le solicitaron a la JP el 11 de julio, no fue hasta el 10 de agosto que fueron entregadas. Ambas contienen metodología de trabajo e incluso razonamientos éticos, listado de costos y en el caso de la propuesta de KIS que sumó 121 páginas, se incluyo un costo total de $3.450,000 M por el proyecto, un 50 porciento menos que la adjudicada a P2P. Aún cuando la suma es un estimado de lo que costaría la campaña, entendidos en la materia de contratación de publicidad aseguraron que c"como mucho podía aumentar un 20 a un 30% y todavía se estaba pagando menos de los $6.8M". En el caso de la propuesta de KIS, no se incluyó el anejo 11 que según el pliego de propuesta es el que contiene el costo total del proyecto. La propuesta de P2P, una empresa que tiene contratos con gobierno desde el 2020 y que terminaron en julio con acuerdos para producción de campañas con el Departamento de Justicia, sólo contiene dos páginas con los costos individuales por producción y los costos por pauta en medios. A través de envío de correos electrónicos Bonita Radio ha insistido en que la Junta de Planificación entregue el documento público que sirvió de base a la contratación que se adjudicó a P2P, y al 15 de noviembre, no se había recibido ninguna información al respecto. Los criterios de la subasta fueron publicados en anuncio en periódicos tradicionales pero se desconoce aún cuáles fueron los criterios para escoger a P2P, incluso cuando uno de ellos es el costo y la evidencia muestra que una de las agencias que compiteron estimó hasta un 50 porciento más barato que la seleccionada.

Por Carmen Enid Acevedo El presidente de la Junta de Planificación (JP), Julio Lassús, otorgó un contrato por $6.8 a una empresa de mercadeo, con solo tres años de experiencia en gobierno que se supone que ejecute un plan de información a la ciudadania sobre los códigos de construcción y que fue escogida en un proceso que se desconoce contra qué otras empresas compitió. La propuesta de dos páginas contenida en el contrato no describe trabajos a realizar, no propone calendario y sólo identifica el costo por hora de recursos y un plan de medios general. El planificador que llegó a la JP en un momento en que afloraban casos de violaciones a los reglamentos de permisos de construcción en medio de zonas protegidas en los cuatro puntos cardinales de la Isla, adjudicó el millonario contrato a la empresa P2P Communications Group sin que sea transparente en la página web de la agencia, cuál fue el proceso de "Request for proposal" que se alega se dio y que se supone que cumpla con la Orden Ejecutiva 2021-29. A pesar de que en medio de la investigación, Bonita Radio encontró un aviso de solicitud de propuestas - en español e inglés - por parte de la JP, de junio de 2021 ninguna de las páginas tienen contenido. La propuesta de P2P se supone que fue radicada el 13 de julio - ultimo día de vencimiento para el recibo de propuestas, según el anuncio - y como consta en el documento de contrato encontrado en el registro de la Oficina del Contralor. Fue enmendada en agosto con una "mejor oferta". La orden 2021-29, mercadeada por La Fortaleza de Pedro Pierluisi como una medida "anti corrupción". requiere "a las agencias gubernamentales, instrumentalidades y corporaciones públicas realicen un proceso abierto, competitivo y público en la contratación de servicios profesionales cuando la cuantía es de $250 mil o más, durante un año fiscal". A pesar de esto, en la JP no hay evidencia pública del proceso que siguió el contrato otorgado a la empresa de las socias, Maria del Pilar Cartagena Luca y Gwendolyn Crowder Medina. La millonaria contratación se nutre del Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (FEMA-43349-DR- PRlHMPG Project #4339-0001) que tiene como objetivo "investigar y auditar las quejas presentadas por ciudadanos, agencias, municipios y motu proprio y desarrollar procesos para proporcionar notificación de violaciones y referencias a la división legal de la JP, para garantizar que se logre el cumplimiento en todos los casos". Así lo establece el contrato 2022-00023 según el registro de la Oficina del Contralor. Según ese contrato, la subvención tiene como objetivo procurar "aumentar el intercambio de datos entre las Entidades del Gobierno de Puerto Rico ("GPR"), como la Oficina del Comisionado de Seguros, para garantizar que la toma de decisiones y la aplicación de las Leyes, Reglamentos y Códigos Aplicables sea consistente en todas las Entidades del GPR, utilizando los mejores datos disponibles y establecer una metodología para medir los impactos de este trabajo propuesto, con énfasis en reducir el número de estructuras construidas "informalmente" para permitir que la JP y la OGPe realicen los ajustes necesarios a medida que avanzan los programas previstos por el Proyecto". Las jovenes empresarias Crowder Medina y Cartagena Luca, contratan desde mayo del 2022 con la JP para desarrollar "servicios de comunicaciones profesionales para apoyar un esfuerzo de divulgación y comunicación en toda la isla para garantizar la conciencia pública y la comprensión, la afinidad y la participación en los esfuerzos y objetivos de la Subvención. Las actividades de divulgación de comunicaciones también tendrán como objetivo educar sobre los peligros de la construcción informal y los beneficios del cumplimiento de los códigos de construcción". La propuesta contenida en el documento público de contrato, contiene dos hojas que solamente detallan los costos de los servicios a prestarse; el descuento que supone por cada renglón y el presupuesto anual de una campaña de medios. No se detallan trabajos a realizarse a razón de una fase inicial que se alega comenzó desde el día de la firma del contrato hasta septiembre del 2022; una segunda, de octubre 2022 a septiembre 2023 y una tercera de octubre 2023 al 31 de enero de 2024. Los trabajos solo se identifican como Servicio, Media, Producción e Investigación. Bonita Radio hizo petición de información a la JP sobre la investigación aquí publicada mediante correo electrónico el pasado lunes. En específico se preguntó, ¿Qué otras agencias compitieron en el proceso de presentación de propuestas? Al momento de esta publicación no se recibió contestación. P2P tuvo su primer contrato en gobierno en febrero del 2020 y con la Comisión Estatal de Elecciones, agencia con la que ha tenido otros cuatro. El contrato de febrero fue avalado solo por el Comisionado del Partido Nuevo Progresista, según el contrato de abril del 2021. La empresa ha tenido tres contratos con el Departamento de Justicia y el más grande, el otorgado por la JP en mayo del 2022.