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Por Carmen Enid Acevedo de Bonita Radio Steven Tanabaum es un coleccionista de arte dueño del “hedge fund” Golden Tree. Vive en Palm Beach, Florida a sus 61 años. Le quita el sueño la posibilidad de que la deuda de la que es dueño a través de es firma, el segundo tenedor de bonos de Puerto Rico con más dinero amarrado en esta Isla bajo ese concepto, se le recorte en un 96% porque la mayoría del pueblo no puede pagar los altos costos de energía para que él cobre cantidades astronómicas porque especuló con el mercado de la quiebra. No duerme no por el sufrimiento que causaría, si no porque no amasaría más fortuna. La deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) está en parte en manos de ese buitre que ha demostrado no tener escrúpulos a la hora de poner a correr sus inversiones en países con serios problemas económicos como hizo en Puerto Rico en medio del desastre del huracán Maria en el 2018. La prestigiosa publicación de negocios Bloomberg, previamente ese año lo catálogo como "uno de los mayores inversores de Wall Street en deuda en dificultades". Los expertos que le justifican a Golden Tree que siga pidiendo más y más por el pago de su deuda, la empresa paga $1,150 la hora de trabajo. $500 menos de lo que se gana un trabajador/a por 160 horas mensuales a base del salario mínimo de $10.50 por hora. Golden Tree tiene en su historia haber invertido en acciones de una quebrada empresa eléctrica en California y la vendió dejando a miles de familias sin cobrar indemnizaciones por incendios provocados por la empresa. Goldentree es uno de los fondos a que la jueza Laura Taylor Swain le dio 60 días y le ordenó sentarse con la Junta de Control Fiscal para atender con sensibilidad la negociación de la reorganización de la deuda de la corporación. pública. Es el segundo fondo con mayor capacidad de bonos luego de Nuveen Asset Management. Es posible que esa orden caiga en oídos sordos, a juzgar por cómo se comporta la firma haciendo negocios para lucrarse de las quiebras de otros. “…es el fondo buitre más agresivo durante todo el proceso de quiebra de Puerto Rico. En su afán de lucrarse de la crisis del gobierno puertorriqueño ha comprado hasta mil millones de dólares en bonos de la AEE. Golden Tree comenzó la compra de bonos de la AEE en la segunda mitad del 2018, cuando ya la AEE llevaba años en quiebra y el sistema eléctrico estaba en su peor crisis, luego del impacto del huracán María que destruyó gran parte de la infraestructura de transmisión y distribución, con daños estimados en $20 mil millones”. El informe cuenta el papel de GoldenTree en la quiebra de la empresa eléctrica californiana Pacific Gas & Electric (PG&E). “La red de esta empresa provocó varios incendios devastadores que, entre otras tragedias, causaron la muerte de 84 personas y destruyeron unos 14.000 hogares. PG&E se declaró en quiebra en enero de 2019, adeudando indemnizaciones millonarias a miles de familias que habían sufrido los estragos de estos incendios. “GoldenTree, junto con otros acreedores, invirtió en las acciones de la quebrada PG&E como parte de un plan para sacar a la corporación de la quiebra, en el que también prometieron comprar acciones adicionales para estabilizar la empresa y que PG&E pudiera pagar a las víctimas de los incendios. Sin embargo, cuando PG&E logró salir de la quiebra, GoldenTree y otros inversores vendieron rápidamente sus participaciones, obteniendo unos beneficios estimados en 2.000 millones de dólares en total. Esto dejó a la empresa sin fondos suficientes para pagar a las víctimas”. La información la trajo en un informe de la pasada semana, el Centro para la Democracia Popular, una ONG que está apoyada por la Comisión Ciudadana para la Auditoría de Crédito Público de Puerto Rico y la campaña No + Aumentos a la Luz. En el caso de la quiebra de Puerto Rico, el informe establece que “como parte de su cuestionable estrategia legal, GoldenTree compró Syncora Guarantee, una de las aseguradoras de bonos de la AEE. Syncora es una aseguradora de bonos que prestó servicios a la AEE durante muchos años, asegurando una parte de sus bonos. Por ello, cuando la Junta de Control Fiscal radicó la petición de quiebra de la AEE, Syncora se convirtió en un acreedor importante. Dos años después de presentada la petición de quiebra, en septiembre de 2019, GoldenTree adquirió Syncora por $429 millones.” Syncora ha seguido los pasos de su nuevo propietario, apoyando la ofensiva legal de GoldenTree, rechazando el Plan de Ajuste de la AEE propuesto por entender que Puerto Rico puede permitirse pagar más, y respaldando la decisión de apelar las decisiones del juez Swain ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston. Según la página 14.16 de su informe anual de 2023, Syncora ha asegurado 100 millones de dólares en bonos de la AEE y “está representada por los bufetes de abogados Quinn Emanuel y Reichard & Escalera, que también participaron en las negociaciones para confirmar los planes de ajuste de la Corporación para el Financiamiento del Impuesto sobre las Ventas de Puerto Rico (COFINA) y el gobierno central de Puerto Rico”. El análisis plantea que además de comprar bonos de la AEE, GoldenTree ha sido uno de los principales actores y acreedores en casi todos los demás casos de reestructuración de la deuda de Puerto Rico presentados en virtud de la Ley Promesa, sacando millones de dólares en beneficios de un gobierno en quiebra que se ha visto afectado en múltiples ocasiones por huracanes y terremotos. Por ejemplo, GoldenTree compró casi 1.790 millones de dólares en bonos de COFINA en el mercado secundario cuando esa empresa pública también estaba en quiebra; la fuente de reembolso de los bonos de COFINA son los ingresos procedentes del impuesto sobre ventas y uso (IVU) de Puerto Rico. La "Public Accountability Initiative" (LittleSis), una organización con sede en Estados Unidos, estimó que, como resultado del plan de ajuste de COFINA respaldado por la Junta de Control Fiscal, GoldenTree obtuvo $278 millones en ganancias en su inversión en bonos senior y $159 millones en ganancias en su inversión en bonos subordinados justo después de la devastación del huracán María. “GoldenTree también participó en la reestructuración de la deuda del gobierno central de Puerto Rico, en la que compró casi 776 millones de dólares (Prueba H) en bonos. Del mismo modo, fue el principal tenedor de bonos de la Compañía de Desarrollo Industrial de Puerto Rico (PRIDCO), donde logró un acuerdo de reestructuración que pagó el 100% del valor original de los bonos, que GoldenTree había comprado con descuento a los bonistas originales”, lee el informe de CDC. GoldenTree ha participado activamente en las negociaciones para reestructurar la deuda de la AEE desde finales de 2018 y ha abogado consistentemente por aumentos en la tarifa eléctrica mucho más altos que los propuestos por la Junta de Control Fiscal. GoldenTree ha validado las opiniones de "expertos" que afirman que los clientes residenciales que están sujetos al aumento de tarifas propuesto ("Legacy Charge") pueden permitirse pagar más de lo que propone la Junta. Según los expertos de GoldenTree, la clase de clientes con ingresos más bajos que estará sujeta al Legacy Charge tiene un coste medio de vivienda del 18,7% de sus ingresos, que es mucho más bajo que el umbral del 30% que la literatura económica considera el máximo que un hogar debería pagar en vivienda. Por tanto, argumenta GoldenTree, estos hogares podrían pagar más en su factura eléctrica. Los estudios de los buitres no reflejan la realidad de la Isla. Estudios recientes indican que uno de cada siete dueños de hogares paga un 50 por ciento de su salario en pago de vivienda. #deuda #puertorico #buitres

Por Bonita Radio La privatizadora de generación de energía, Genera PR, presentó un plan requerido por el Negociado de Energía (NEPR) sobre estabilización de sistema eléctrico, que contempla la utilización de las plantas generatrices existentes gasificando el sistema y utilizando generadores como los que compró el gobierno a la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). El informe presentado ayer, el ultimo día para entregarlo o se exponía a $25K en multas diariamente, tiene 102 páginas en las que se resume lo que se sabe desde que el huracán María destruyó la infraestructura eléctrica: que está destruido y que la planta más antigua es del 1965 y la más joven, del 2009. El apagón del 12 de junio y los constantes a nivel Isla, provocaron que el 13 de junio el (NEPR) solicitara tanto a Genera como a Luma Energy, privatizador del sistema de transmisión y distribución, solicitara un informe de cómo se estabilizaría el sistema, so pena de las multas diarias. Llama la atención que en su informe Genera PR advierte como retos que "Puerto Rico es una Isla con muchas complejidades inherentes al servicio de electricidad, incluida la geografía montañosa, el crecimiento de la vegetación durante todo el año y los desafíos de la infraestructura, además del hecho de que la mayor parte de la producción de generación se encuentra en el sur de la isla, mientras que la mayor parte de la demanda se encuentra en el área norte". "El aumento previsto en el uso de gas natural (metano) en CS (planta de Costa Sur en Guayanilla) reduce el uso de diesel y petróleo pesado en otros lugares, mediante el empleo de nuevos GTG, una unidad RICE y BESS según lo definido por el Plan de Estabilización del Sistema Eléctrico", lee el informe en su página 60. Hasta el momento Luma Enegry no ha entregado el informe. No se conoce entonces como la deficiencia precisamente de que la mayor energía se consume en el norte de la Isla pero se produce en San Juan a través de un sistema que distribuye a través de lineas eléctricas LUMA Energy, cómo será resuelta para estabilizar el sistema. Lea al informe aquí:

Por Carmen Enid Acevedo

Un nuevo sistema de distribución de medicamentos antirretrovirales que administra ASES para pacientes de VIH SIDA, podría dejarlos sin acceder a ellos, denunció hoy el activista de derechos humanos, Pedro Julio Serrano. “El sistema de ADAP, un programa federal adscrito al Departamento de Salud, proveyó por más de 15 años los antirretrovirales a su red de farmacias y clínicas sin costo alguno. Este sistema nos ha servido bien y ha logrado que muchas personas que vivimos con vih podamos ser indetectables y tener una vida saludable y plena. Lo que sirve no se debe de cambiar”, aseveró Serrano. El portavoz de Puerto Rico Para Todes, quien lleva viviendo con vih por más de 30 años, exigió al gobierno a que garantice, más allá del plan temporero que estableció el Departamento de Salud hasta final de año, una solución permanente que permita la provisión sin obstáculos de los medicamentos. Dijo que hay clínicas y farmacias que no tienen la solvencia económica para comprar los medicamentos y esto pondría en riesgo el acceso a los tratamientos para las personas que viven con vih. Planteó que se han reunido con el secretario del DS, Carlos Mellado, así como con ASES, “pero no estamos satisfechos con el plan temporero. Necesitamos una solución final y permanente para garantizar que nuestros tratamientos, que nos dan vida, se mantengan como merecemos: sin barreras, ni complicaciones”. Hasta 2022, en Puerto Rico vivían 16,581 persona con VIH Sida. De los 51, 655 que se diagnosticaron entre 1980 y el 2022, 31,254 han muerto de la enfermedad. San Juan sigue siendo el municipio de mayor diagnóstico. #VIH #SIDA #salupública

Se trata de Roberto Cacho Pérez, quien quebró el Hotel W en Vieques y que fue demandado por impago de un préstamo para el desarrollo de Cabo Rojo por $1M con el Banco de Desarrollo Económico Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El inversionista que recibió del gobierno de Ricardo Rosselló Nevarez, unos $193M en excención contributiva de la Compañía de Turismo para desarrollar un mega proyecto hotelero y residencial en la costa oeste del país, es el mismo que hoy compró las 52 fincas donde se desarrollará el proyecto Esencia Puerto Rico, cuyos financiadores ingleses alegaron que no esperarían por incentivos contributivos para iniciar el proyecto. Roberto Cacho Pérez, es la pieza clave en la adquisición de las fincas ubicadas en la faja de la costa de la Bahía de Boquerón donde pretende desarrollarse el mega proyecto Esencia Puerto Rico, según se anunció el viernes con otros tres rostros pero con la ausencia de quien fuera uno de los que llenó con $78K el pote de Salvemos a Puerto Rico, el Super Pac que organizó el amigo del gobernador, hoy convicto por corrupción, Joseph Fuentes Fernández para financiar su campaña en el 2020. Cacho Pérez tuvo la intención de desarrollar el área con un concepto denominado Boqueron Bay Cabo Rojo, cuya huella quedó en la red de internet desde el 2022, cuando se difundió información sobre el desarrollo de sobre 944 cuerdas de terreno que incluía un hotel con 600 habitaciones, 18 hoyos de campo de golf, una marina para 200 botes, 1,152 villas residenciales y 222 residencias y áreas de "shopping malls". Para eso, el gobierno le dio $193M en un decreto contributivo que alega perdió en medio de un negocio con financiamiento de una mujer de la India. Según un pleito en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, Cacho perdió el decreto contributivo firmado en diciembre del 2020 por la ex directora ejecutiva de Turismo, Carla Campos, luego de que alega fue defraudado por el fondo Dawn Holding y la ciudadana india, Kaushalya Siriwardana y otros, quienes se comprometieron a proveer un primer financiamiento base de $950K. Entretanto, el proyecto anunciado el pasado viernes a través de envío de comunicados de prensa a medios tradicionales, no destacó que fue la firma Cabo Rojo Land Acquisition la que hizo la compra de fincas que incluyó una de sobre $55M a la sucesión de Zoraida Ramírez de Arrellano Bártoli. Todo se hizo entre el 2022 y marzo de este año. Los inversionistas y desarrolladores originarios de Inglaterra, Reuben Brothers y la firma Three Rules Capital, radicaron el plano conceptual en la Oficina de gerencia de Permisos con el plano de la firma de arquitectos, Alvarez, Díaz y Villalón. El arquitecto Ricardo Alvarez Díaz es precisamente la persona que firma los documentos de Bay Boquerón y quien dijo que ha estado por dos años y medio estudiando el terreno para generar un concepto que alega protejerá 75 porciento de los terrenos, no impactará la zona marítimo terrestre y contará con la opinión de las comunidades. Según un pleito en el Tribunal de estados Unidos en Puerto Rico, Cacho perdió el decreto contributivo firmado en diciembre del 2020 por la ex directora ejecutiva de Turismo, Carla Campos, luego de que alega fue defraudado por el fondo Dawn Holding y la ciudadana india, Kaushalya Siriwardana y otros, quienes se comprometieron a proveer financiamiento base de $950K. FINANCIAMIENTO CABO ROJO RESSORT Los problemas de Cacho Pérez con el proyecto de Boqueron Bay, que tendría un hotel denominado Cabo Rojo Ressort, cubren dos capítulos adicionales que comenzaron en el gobierno de Alejandro García Padilla cuando consiguió un préstamo de un millón del Banco de Desarrollo Económico para las gestiones iniciales del concepto hotelero-residencial. El Banco vendió la cartera en el 2019 y el nuevo tenedor de ese préstamo, Puerto Rico Discovery alegó falta de pago por parte de Cacho Pérez. Demandó a la Sociedad de Bienes Gananciales de él y su esposa, la ex modelo, Ileana Cambó y tras una victoria de esa corporación en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Cacho Pérez apeló al Tribunal de Apelaciones y volvió a perder. A las 5PM en Qué palo…es noticia discutimos más extremos de esta historia. ¡Sintoniza y comparte!

Y LUMA NO CUMPLE CON ANALIZAR LA CAPACIDAD DE LOS ALIMENTADORES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA QUE LLEVAN LA ENERGIA A LOS HOGARES Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés) publicó un informe este mes sobre la implantación de la energía solar en Puerto Rico en el que establece que la privatizadora de la generación de energía en la Isla, Genera PR, tiene un modelo de negocios para transformar el sistema a base de gas "natural" con su subsidiaria New Fortress y los esfuerzos que hace para lograrlo "parecen estar autorizados por el gobierno de la Isla". En medio de los apagones más recientes y la crisis con un generador en el sur del país que amenaza la estabilidad energética de los pueblos de Santa Isabel, Coamo y Aibonito, el organismo independiente trae un análisis denominado "La encrucijada que enfrenta la implantación de la energía solar en Puerto Rico" de 28 páginas que tiene como base entrevistas a expertos y documentos de la quiebra de la AEE que traen admisiones de parte de las privatizadoras sobre su "desempeño" diario. El informe, firmado por el director financiero, Tom Sanzillo establece que "una de las más significativas amenazas a largo plazo que enfrenta esta transformación (de la red eléctrica con fuentes renovables) es la presencia de Genera PR, la subsidiaria de New Fortress Energy, en calidad de operador de las plantas de generación de Puerto Rico. New Fortress ha afirmado públicamente que su objetivo es que Puerto Rico tenga un sistema eléctrico a partir de gas natural, “complementado” por energía solar con almacenaje". Concluye que "este dicho contradice flagrantemente la política pública de la isla de una transición hacia el 100 % de energía renovable. La acción más significativa que el gobierno de Puerto Rico podría tomar como evidencia de su compromiso ante su propia política pública energética sería proceder a la cancelación del contrato con Genera".El análisis de la organización independiente coloca también a Luma Energy, privatizadora de la transmisión y distribución de energía arrastrando los pies para analizar la capacidad de alojamiento de los alimentadores de distribución, los cuales llevan la electricidad de la subestación a los hogares y negocios individuales una ecuación determinante para evitar las fluctuaciones de voltaje. Explican que la “capacidad de alojamiento” se refiere al nivel de generación distribuida que se puede añadir a un alimentador de distribución antes de causar infracciones de voltaje o corriente. "Un documento presentado por LUMA ante el Negociado de Energía el 1 de mayo de 2024, muestra que LUMA solamente ha analizado la capacidad de alojamiento de una pequeña fracción de los más de 1,000 alimentadores de distribución en Puerto Rico". El informe publicado el pasado 12 de junio establece que teóricamente añadir "almacenamiento de energía en baterías por parte de la operador de la red a nivel del sistema de distribución o el uso de "inversores inteligentes" en instalaciones de energía solar en techos con almacenamiento se pueden utilizar para aumentar la capacidad de alojamiento de un alimentador". Pero, ante el "limitado análisis" por parte de LUMA sobre ;a capacidad de alojamiento de los alimentadores individuales, "se desconoce la magnitud del trabajo que pudiera ser necesario para incrementar dicha capacidad". IEEFA "examina cuestiones relacionadas con los mercados, las tendencias y las políticas energéticas" Su misión es acelerar la transición hacia una economía energética diversificada, sostenible y rentable". En su junta de directores se sienta como vice presidenta, la ingeniera Ingrid Villa Biaggi, quien preside Cambio, una organización sin fines de lucro que ​"concentra sus esfuerzos en la investigación, el diseño y la implantación de políticas y estrategias sustentables y responsables". Sobre el regulador Negociado de Energía el informe recomienda que "debería llevar a cabo un proceso de planificación con amplia participación de la comunidad respecto a la ubicación de los proyectos futuros de energía renovable a gran escala. En la adquisición de tierras para todos los tramos en el futuro se deberán excluir aquellas que sean agrícolas o áreas naturales protegidas, teniendo como prioridad vertederos, terrenos contaminados y tierras degradadas. Además recomienda crear un Inspector General Independiente del Sector Privado "que tendría la autoridad para monitorear, auditar y hacer investigaciones para referir conductas corruptas e ilegales a las autoridades de ley y orden pertinentes y para diseñar e implementar programas para prevenir el malgasto, el fraude y el abuso". Especificamente recomienden que investiguen "los retrasos y los sobrecostos en el calendario de compras del Tramo 1 y para hacer recomendaciones de manera transparente y pública para todos los tramos presentes y futuros". Entre los hallazgos más relevantes, IEEFA establece que: Las recomendaciones son: La FOMB debería permitir la vigencia de la nueva legislación de Puerto Rico, a través de la que se prolonga la medición neta hasta el año 2030. La FOMB debe tener en cuenta varios pronósticos a futuro para el crecimiento de la instalación de placas solares en los techos en su próximo plan fiscal, a fin de analizar y planificar las implicaciones presupuestarias de las distintas trayectorias de ese incremento. Los programas futuros financiados con fondos federales deberían dirigirse específicamente a los hogares más vulnerables, como el DOE está intentando hacer actualmente, y deberían apoyar sistemas estandarizados y más pequeños para maximizar el alcance de dichos fondos. El Negociado de Energía de Puerto Rico debe llevar un registro y publicar las métricas relacionadas con la estabilidad del voltaje a nivel del sistema de distribución de energía eléctrica. LUMA y el Negociado de Energía deberían publicar información actualizada sobre la capacidad de alojamiento del sistema de distribución y priorizar incrementarla donde sea necesario, idealmente utilizando los fondos federales que estén disponibles. Los clientes no deberían ser responsables de cubrir el costo de las mejoras al sistema de distribución que son necesarias para integrar las placas solares en los techos adicionales. En Noticias con café a las 8AM por Facebook Live podrás conocer más sobre esta historia. ¡Comparte!

Por Rodrigo Otero Goyco Bonita Radio La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), presidida por Iván Rivera Gutiérrez, negó la entrada a los periodistas José E. Bartolomei Torres y Gabriel Quíles, al partido de clasificación a la Copa del Mundo 2026 entre la Selección Nacional Masculina y la Selección de Anguila, celebrado anoche en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón. A pesar de que la credencial de Bartolomei Torres de El Nuevo Día fue aprobada y este cubrió los entrenamientos previos al juego, se le impidió el acceso al estadio. En el caso de Gabriel Quíles, de El Vocero nunca se le aprobó una credencial de prensa, a pesar de haberla solicitado. La Asociación de Periodistas de Puerto Rico emitió un comunicado repudiando las acciones de la FPF y solicitó a su presidente “dejar sin efecto estas directrices”. En el último año, la FPF ha estado involucrada en diversas controversias, incluyendo su desafiliación del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) por negarse a reconocer el Tribunal de Apelación y Arbitraje Deportivo del COPUR, un requisito esencial para la afiliación. En mayo pasado, el Tribunal de Arbitraje del Deporte en Suiza desestimó una apelación presentada por la FPF y mantuvo la desafiliación del organismo. Tan reciente como el pasado lunes, el veterano jugador de la Selección Nacional y de Minnesota United FC en la Major League Soccer (MLS), Zarek Valentín, denunció en una entrevista con el medio Twin Cities Pioneer Press de Minnesota la baja compensación que los jugadores de Puerto Rico reciben por cada partido. Valentín afirmó que recibió solo $75 por el juego celebrado en El Salvador el jueves pasado. Estas declaraciones fueron publicadas en Puerto Rico por Bartolomei Torres, apenas horas antes del partido de anoche. El presidente de la FPF, Iván Rivera Gutiérrez, y el oficial de prensa del organismo, José Suárez, no respondieron las llamadas de Bonita Radio.

Al descalificar a cuatro de cinco candidatos de Victoria Ciudadana Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La decisión de la mayoría del Tribunal Supremo que descalificó a cuatro de cinco candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), provocó argumentaciones en derecho de la minoría de tres jueces que de lo menos que acusan a los primeros cinco es de intervenir indebidamente en el derecho fundamental a la libertad de asociación y al del voto de los electores en la Isla. El juez asociado Luis Estrella Martínez fue más lejos y subrayó la posibilidad que los partidos políticos representados en los demandantes puedan manipular el proceso en la Comisión Estatal de Elecciones y a través de la legislación vigente para "su propio beneficio". "Debido a que el derecho al voto y a la libertad de asociación son parte de la médula de la democracia electoral, no debemos perder de perspectiva que aunque el Estado tiene un interés legítimo en la regulación de las elecciones, este no es un ente completamente independiente o neutral. En cambio, es controlado por la partidocracia de las organizaciones políticas incumbentes que presumiblemente tienen un interés particular en moldear los estatutos electorales para su propio beneficio". La jueza presidenta, Maité Oronoz Rodríguez y los jueces asociados, Estrella Martínez y Angel Colón, coincidieron además - algunas veces por separado - en que la decisión supone intervención indebida en el poder legislativo; que carece de rigor en el análisis jurídico; es simplista, se abastrae de la realidad y "pasa por alto el derecho fundamental al voto y a la libre asociación así como al axioma de igualdad electoral". La opinión de la mayoría compuesta por los jueces Eric Koltoff (ponente), Mildred Pabón Charneco, Edgardo Rivera, Rafael Martínez y Roberto Feliberti, encontró en el análisis parcial de Héctor Luis Acevedo - ante la revisión del Código Electoral de 1974 y ocurrida en la Legislatura en 1982 - la justificación para establecer como termino fatal el 30 de diciembre para "la radicación de candidaturas como la fecha límite para presentar aquellos candidatos únicos que no cuenten con competencia para el escaño dentro de su partido, al igual que para presentar a los candidatos que resulten victoriosos en los métodos alternos celebrados por los partidos que opten por acogerse a ellos". Alegaron que el análisis de la controversia debía culminar con la "uniformidad" en el trato a unos y otros candidatos, los que se acogen al método alterno y los que optan por las primarias de ley, a pesar de que la Ley 158 del 2020 no establece que los segundos deben recoger endosos. La decisión de la mayoría plantea que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), no indujo a error a los candidatos cuando a través de las múltiples comunicaciones virtuales les representó que si estaban acogidos a un método alterno no tenían que recoger endosos. Además, los Jueces imponen la carga de que el trámite del aspirante en la Comisión culmina cuando "está obligado a visitar la Unidad de Radicaciones para recibir la orientación respecto a la obligación o no de presentar los endosos antes de culminar el trámite de la solicitud de intención de candidatura". De las tres opiniones disidentes, la de Estrella Martínez narra el camino que siguió su análisis para llegar a la conclusión de que: "La medida drástica promovida por una Mayoría, y respaldada ante este Tribunal por una Comisión Estatal de Elecciones que cada vez más destila menos confianza en la ciudadanía, simple y sencillamente se asemeja a las determinaciones de inhabilitación de opositores avaladas por foros judiciales de jurisdicciones extranjeras, lo cual ha sido objeto de un contundente rechazo por parte de la comunidad internacional". Esto en obvia referencia a las políticas de países donde la democracia es cuestionada incluso por los políticos de los dos partidos de los demandantes, Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD) que incoaron el pleito contra MVC y Proyecto Dignidad. Estrella Martínez describió los cinco postulados que dieron base a su disidencia, con referencias jurídicas desde la metodología del escrutinio estricto - "un test de revisión judicial respecto a determinadas leyes que se consideran inconstitucionales por limitar un determinado derecho fundamental. El objetivo del test es evaluar si la restricción del derecho se justifica por ser “necesaria” o “apta” para servir a un interés gubernamental dominante o imperioso" - hasta la descripción de cada uno de los defectos del análisis de la mayoría. Los postulados son, a saber El Código Electoral de 2020 no exige que los aspirantes de un partido que se acogió al método alterno para la nominación de sus candidatos tengan que recoger endosos como parte del proceso de presentación de su candidatura. La eliminación en el Código Electoral de 2020 de la exención contenida en las leyes electorales predecesoras que disponía que los partidos políticos acogidos a un método alterno pueden exigir a los aspirantes recoger endosos, no implica que el legislador tipificó el requerimiento obligatorio de endosos para este procedimiento. La Sección 3.1 del Reglamento para la radicación de candidaturas de los partidos Políticos y candidatos independientes del 15 de julio de 2023, que trae el requisito de recogido de endosos es nula por imponer requisitos que no están traídos en la Ley. Es incorrecta jurídicamente la conclusión de que la celebración del método alterno posterior a la fecha establecida reglamentariamente violentaría la prerrogativa de las personas afiliadas y los miembros del partido a reclamar su derecho a solicitar primarias. Lo anterior es más crucial todavía dado que, en este caso, en ningún momento un elector del Movimiento Victoria Ciudadana o el Proyecto Dignidad ejerció esta prerrogativa, por lo cual tal premisa resulta totalmente especulativa. La descalificación ordenada por este Tribunal vulnera el axioma de la igualdad electoral, el derecho a la libre asociación y el ejercicio al voto garantizado por la Constitución de Puerto Rico. Ello cobra una importancia mayor en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, ya que estos llevaron a cabo asambleas distritales y una asamblea nacional en la que los miembros de esta colectividad seleccionaron con su voto a los candidatos de su preferencia para los próximos comicios electorales. La jueza presidenta, por su parte, estableció de entrada que la decisión "es contraria a los cánones de hermenéutica, a la intención legislativa clara y a la tradición jurídica electoral". Oronoz Rodríguez hizo un recuento de la legislación electoral incluso desde la Exposición de Motivos de la Ley del 2020, que trae la herramienta del método alterno para candidatos un mecanismo a discreción de cada colectividad política. Llegó a describir el proceso histórico que siguió en la Legislatura del 1982, la revisión del Código de 1977, para atender el asunto de la intención legislativa que al mayoría solo menciona para traer el análisis del término fatal por voz del entonces asesor, Hector Luis Acevedo. A esos fines se aprobó un proyecto de ley, el 719, que se convirtió en ley bajo la firma del entonces gobernador en 1983, Carlos Romero Barceló, el que añadió en el Art. 4.006A "regular los métodos alternos de selección de candidatos. Además de incorporar una serie de garantías mínimas que estos debían cumplir, casi al final de lo que allí se disponía se expresaba que "(1] as personas seleccionadas de conformidad con el procedimiento antes descrito no tendrán que cumplimentar los requisitos de radicación de peticiones de primarias para cualificar como candidato en la papeleta electoral". "Aquí, el proceder mayoritario representa una limitación de acceso a la papeleta al imponer el requisito inexistente de presentación de peticiones de endosos para los aspirantes impugnados. Añadir algo que no está en la ley es un acto burdo de legislación judicial", sentenció la Jueza Presidenta al tiempo que se preguntó y contestó: ¿Acaso ese entendido histórico cambió meramente porque en el Código Electoral vigente se omitió incluir una exención expresa al cumplimiento de recogido de endosos? ¿Esto significa que la omisión de esa exención ahora representa la exigencia de ese requisito? La contestación a ambas interrogantes es que no". El juez Colón, por su parte, habría resuelto la controversia con un remedio en equidad ante la conducta de la CEE que indujo a error a los candidatos de MVC. "Como mencionamos, ordenar el recogido de endosos, y, posteriormente, el que se pase a la selección de candidatos o candidatas mediante el método que se elija en el referido partido político, era el remedio en equidad para un caso como el de marras, -- uno muy particular, matizado de errores de parte y parte --, donde está envuelto el derecho fundamental al voto". Concluyó: "Le toca ahora al Pueblo, -- con su voto, en las urnas de la democracia --, silenciar a quienes le han silenciado. No queda más". Síguenos mañana en FB y YouTube Live para otros extremos de esta historia.

COMUNICADO DE PRENSA San Juan, Puerto Rico (lunes 10 de junio 2024)- La periodista dueña de la plataforma informativa multimedios Carmen Enid Acevedo tuvo que recurrir al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que se ordene a seis agencias del gobierno de Puerto Rico, incluidos la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) y el Departamento de Seguridad Pública, entregar información pública sobre los empleados de confianza con sus nombres, puestos y salarios, desde año 2021 hasta el presente. Las otras agencias incluidas en el "recurso especial de acceso a información pública" son: la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) - que administra el plan Vital -, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSEC), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Junta de Planificación de Puerto Rico. La periodista sostiene en la demanda que entre las fechas del 29 abril y el 2 de mayo de 2024  "envió solicitudes de información a las entidades gubernamentales recurridas" requiriendo "una lista de sus respectivos empleados de confianza para el período comprendido desde el año 2021 hasta el presente",  pero ninguna de las agencias ni sus respectivos oficiales de prensa ha provisto la información solicitada. La demanda sometida el viernes 6 de junio pasado explica que todas las solicitudes de información cumplieron "con los requisitos de forma y contenido establecidos en el artículo 6 de la ley número 141 del 2019 o Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública de Puerto Rico, y que "fueron remitidas a las y los oficiales de prensa de las partes recurridas de conformidad con lo dispuesto" en ese mismo estatuto, "quienes tienen el deber de entregar la información solicitada". El alegato recuerda que en sus expresiones más recientes sobre este tema, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que “las restricciones impuestas por el aparato gubernamental [al acceso a la información] deben responder a un interés apremiante del Estado”, y no meramente a un interés importante o sustancial", y agrega que "en aquellos casos en los que el Estado logre invocar exitosamente algún reclamo de confidencialidad, procede entonces determinar si el interés público en divulgar la información excede el reclamo de privacidad" para lo cual debe "presentar prueba y demostrar la existencia de intereses apremiantes de mayor jerarquía que los valores protegidos por este derecho de libertad de información de los ciudadanos". Carmen Enid y Bonita Radio sostienen que "la información solicitada no está protegida de forma alguna por algún privilegio o reclamo de confidencialidad y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información, igualmente, las partes recurridas no han levantado ningún privilegio o reclamo de confidencialidad". El recurso legal pide al tribunal que ordene a las agencias recurridas entregar a Bonita Radio la información solicitada y actuar de conformidad en el futuro ante solicitudes similares de acceso a información pública. Bonita Radio y la periodista Acevedo con interés en que se provea el acceso a la información pública están representadas por los licenciados Luis Torres Ascencio, Steven P Lausell y Jeffrey Martinez Aguiar, de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

PRIVATIZADOR SALUD CORRECCIONAL TIENE $91M EN CONTRATOS CON LA PRINCIPAL AGENCIA DE SALUD PÚBLICA Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La política pública de privatización de la administración de Pedro Pierluisi llega al Departamento de Salud (DS) que dirige, Carlos Mellado, cuando más allá de los $73M en contratos con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el grupo médico de los hermanos Raúl y Javier Villalobos, constituido en por lo menos tres empresas, tiene contratos mediante los que provee personal de enfermería, escoltas y hasta trabajadores en las salas de cirugía. Los contratos de Physician HMO con el DS y otras agencias suman $91M bajo la administración de incumbente Pedro Pierluisi del Partido Nuevo Progresista (PNP). De aus contratos con el DS, el principal hacedor de salud pública del país, Carlos Mellado no dijo una sola palabra en medio de los cuestionamientos de cómo PC aprobó la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, un asesino que simuló ser impedido para salir bajo la Ley 25 y que fue evaluado solo por expediente por los galenos de la corporación. Physician HMO es una de tres corporaciones reconocidas en el registro del Departamento de Estado y de los hermanos Villalobos Diaz, que hacen negocios con el gobierno. La también nombrada como Physician Correctional, es parte de las corporaciones de los Galenos en unión a Grupo Empresas de Salud, LLC, mejor conocida como GES (2002) y Physician Villalobos que originó en el 2023. De los $153.1M en contratos que Physician HMO tiene con fondos públicos, $91.1 han sido con el gobierno de Pierluisi en instituciones tales como DS; Administración de Servicios de Salud Mental (AMSSCA); Universidad de Puerto Rico, recinto de Rio Piedras; Hospital Universitario y WIPR. Llama la atención que la corporación tiene contratos para proveer a Salud de "Director Médico, Director de Enfermería y personal de enfermería para los distintos puestos, Técnicos Auxiliares y Técnicos de Rayos X. Se determinará, de acuerdo con la necesidad del servicio, turnos y programas en conjunto con nuestro personal coordinador". Además, un segundo contrato establece que la corporación proveerá "escoltas/auxíIiares estará encargado de cubrir todas las áreas clínicas en funciones esenciales tales como requisiciones de material médico quirúrgico, organización almacenes, suplido material necesario, limpieza de equipo, medición de temperatura, traslados, admisiones y altas de pacientes, transporte muestras de laboratorios, transporte de sangre y derivado entre otros". La operación de salud en las cárceles le costará al pueblo unos $126M pagaderos a Physician Correctional/HMO entre el 2018 y cuando finalice el segundo contrato en el 2028. Las empresas de los hermanos Villalobos han tenido contratos con el gobierno desde el 2011, luego de que saliera del panorama Correctional Health Services Corp., la primera privatizadora de salud correccional y que comandó el hoy presidente del Colegio de Abogados, Manuel Quilinchini en unión a Nuria Rivera. Esa coro fue disuelta. Dos fuentes allegadas al escenario laboral de la empresa destacó que uno de los problemas que se identifica en su administración "es un patrón de malos manejos de personal que incluye la supervisión por parte de profesionales que no pueden hacerlo de acuerdo a su preparación o educación". "Se trabaja por servicios profesionales sin derecho (laborales como el pago de horas extra) y te descuentan hasta un minuto que llegues tarde". "La supervisión en las salas de emergencia no se hace conforme a los estándares legales. Los que son "Board Certified" se van porque colocan enfermeras por encima de ellos". El ambiente de trabajo es de favoritismo y tóxico", dijo una de las fuentes que laboró en la corporación que da servicios en el Hospital Universitario. El crecimiento de las empresas de los hermanos Villalobos con fondos públicos se ha dado mayormente luego de que resultara electo Pierluisi en el 2020. Esto coincide con las contribuciones de otros parientes dos que se presume son hijos de quien da cara en Physician Correctional, Raul Javier y Raúl D., también médicos. Las aportaciones suman $107,420 entre el 2014 y el 2024. Las contribuciones políticas fueron a Pierluisi, Thomas Rivera Schatz, Johnny Méndez, José Memo González, Georgie Navarro, Gabriel Rodriguez Aguiló del PNP. Javier Villalobos Díaz, le hizo dos donaciones a la ex alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz y otras dos al ex gobernador, Alejandro García Padilla y una a David Bernier. Su hermano Raúl le hizo dos a García Padilla. A partir de la privatización de salud correccional en el 1997 y tras la orden del 1998 por parte del juez federal, Juan Perez Giménez - con el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá - se ordenó la privatización de esos servicios y estos se otorgaron con una primera corporación, Correctional Health Services, que entonces era regentada por el licenciado Quillichini y era presidenta, Nuria P. Rivera Pacheco. Un contrato del 2005 establece los términos y condiciones de esa primera contratación y llama la atención que la cuantía fiue de $81.075M, ocho más de lo que en la actualidad como figura el último contrato de Physician Correctional. Bonita Radio intentó sin éxito comunicarse con Raúl Villalobos para conversar sobre los hallazgos de esta investigación. Conoce más detalles de esta historia a las 8AM en Noticias con café por FB Live.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La sub secretaria del Departamento de Desarrollo Económico hasta noviembre de 2023, Iris E. Santos Díaz, era la agente residente de una segunda empresa de la que es presidente, Carlos Mercader Delgado, padre de Humberto, hoy segundo en mando en la agencia, cuando le dieron un contrato de $225K como suplidor del Programa Apoyo Energético para pequeños y medianos comerciantes. Santos Díaz, ex directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto cuando se aprobó la transacción de $18M para comprar pruebas rápidas en medio de la pandemia y una ex vice presidenta jubilada de Hewlett Packard, inició labores en el DDEC bajo la dirección de Manuel Cidre en 2021 y desde el 2011 es la agente residente de la empresa CSD, Inc. de la que es presidente Mercader Delgado, activa al día de hoy. "Carlos Mercader la llama tía", dijo una fuente sobre la manera familiar en que tanto el ex director de la Oficina de Puerto Rico en Washington, Carlos Mercader Pérez, como su hermano, Humberto, se refieren a Santos Díaz. Una investigación de Bonita Radio reveló la semana pasada que el padre de los hermanos Carlos y Humberto Mercader Pérez recibió el mencionado contrato en abril del 2022 siendo su hijo Ingeniero el secretario auxiliar de asuntos estratégicos del DDEC. Ni el hoy Sub Secretario, Mercader ni Cidre estuvieron disponibles para contestar preguntas de Bonita Radio. Ayer, este medio envió mensajes de correo electrónico a Santos Díaz pero nunca contestó. Tampoco el ex director de PRFAA, Carlos Mercader, contestó la pregunta sobre su parentesco a través de un mensaje enviado por Whatsapp. Mientras Santos Díaz era Sub Secretaria del DDEC, en abril del 2022, la administradora de y su empresa Usasol, Inc. firmó un contrato de $225K con la agencia para servir de suplidor de placas solares a cinco negocios Pymes que cualificaron para un incentivo sobre apoyo energético. Los documentos de la corporación en el registro del Departamento de Estado dan cuenta que Santos Díaz es la Agente Residente de CSD, su esposo, José Eduardo Robert Colón, tesorero y Mercader Delgado, presidente. La corporación no presentó informes anuales entre el 2022 y el 2023. Santos Díaz llegó al gobierno de Puerto Rico tras el huracán María a una posición gerencial en la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a cinco días de que renunciara en julio del 2019, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevarez la nombró directora al cargo en propiedad. Como jefa de OGP tuvo que dar cuenta de cómo aprobó la transacción de $18M para pagar las pruebas rápidas en medio del cierre por la pandemia del COVID19, transacción que resultó ser fatula en cuanto al contenido de las pruebas y que fue detenida por una empleada de la banca comercial tras resultarle sospechosa. En mayo de 2020, Santos Díaz compareció a una vista de la pesquisa de la Cámara de Representantes sobre la transacción y dijo que lo único que verificó para aprobarla fue la disponibilidad de los fondos. El informe de la comisión cameral sostiene que falló al aprobar la transacción solo porque había balance en la cuenta del Departamento de Salud para pagarla. Conéctate a tu noticiero de las 5PM en Bonita Radio por YouTube para conocer más extremos de esta historia.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La empresa del padre del sub secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Humberto Mercader Pérez, Usasol Inc. obtuvo un contrato para instalación de placas solares en empresas PYMES por $225K del Programa de Apoyo Energético en abril del 2022, mientras el primero fungía como secretario auxiliar de asuntos estratégicos de la agencia. Los movimientos entre la empresa de Carlos H. Mercader Delgado, padre del sub secretario, se dan en el DDEC bajo la firma del secretario del DDEC, Manuel Cidre, entre abril del 2022 y septiembre del 2023. El contrato fue enmendado para extenderse la fecha de vigencia hasta el 31 de octubre y fue firmado por la administradora de la corporación identificada como Paola Cruz Noel. A pedidos de una entrevista con el Secretario del DDEC, Cidre o con el propio Mercader Pérez, la portavoz de prensa de la agencia, Brenda Vázquez contestó con una reacción por escrito descartando "cualquier posibilidad de conflicto de interés" ya que en el 2022, el hoy sub secretario "ocupaba el puesto de secretario auxiliar de Asuntos Estratégicos, desde el cual no tenía inherencia, ni relación alguna con el PPPE. Por lo que, no participó ni tuvo nada que ver con los procesos de selección llevados a cabo en el programa de Apoyo Energético". De los cinco trabajos que estaban adjudicados y listados en el contrato de Usasol, Bonita Radio constató que dos de ellos fueron completados satisfactoriamente. No se obtuvo comunicación ni con portavoces de la empresa instaladora ni con los comerciantes de los otros negocios que obtuvieron el incentivo. Mercader Pérez es el hermano del ex director de la Oficina de Puerto Rico en Washington (PRFAA, por sus siglas en inglés) bajo la administración de Ricardo Rosselló, Carlos Mercader Pérez. La portavoz de prensa del DDEC dijo además que Mercader Pérez fue nombrado subsecretario en noviembre del 2023, cuando ya los fondos del programa habían sido agotados y que "uego de cualificadas las empresas instaladoras, eran las propias empresas subvencionadas las que seleccionaban la instaladora de su preferencia a través de la plataforma creada". Sin embargo, tan cercano como el pasado 18 de abril, el gobernador Pedro Pierluisi, anunció junto al secretario Cidre, una segunda fase del Programa para Pymes. USASOL se mercadea en redes sociales utilizando el gancho del incentivo que provee Desarrollo Económico y cuya convocatoria para incluirse como suplidores en la nueva ronda de incentivos en año electoral, estuvo abierta hasta el pasado tres de mayo.