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Y LUMA NO CUMPLE CON ANALIZAR LA CAPACIDAD DE LOS ALIMENTADORES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA QUE LLEVAN LA ENERGIA A LOS HOGARES Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés) publicó un informe este mes sobre la implantación de la energía solar en Puerto Rico en el que establece que la privatizadora de la generación de energía en la Isla, Genera PR, tiene un modelo de negocios para transformar el sistema a base de gas "natural" con su subsidiaria New Fortress y los esfuerzos que hace para lograrlo "parecen estar autorizados por el gobierno de la Isla". En medio de los apagones más recientes y la crisis con un generador en el sur del país que amenaza la estabilidad energética de los pueblos de Santa Isabel, Coamo y Aibonito, el organismo independiente trae un análisis denominado "La encrucijada que enfrenta la implantación de la energía solar en Puerto Rico" de 28 páginas que tiene como base entrevistas a expertos y documentos de la quiebra de la AEE que traen admisiones de parte de las privatizadoras sobre su "desempeño" diario. El informe, firmado por el director financiero, Tom Sanzillo establece que "una de las más significativas amenazas a largo plazo que enfrenta esta transformación (de la red eléctrica con fuentes renovables) es la presencia de Genera PR, la subsidiaria de New Fortress Energy, en calidad de operador de las plantas de generación de Puerto Rico. New Fortress ha afirmado públicamente que su objetivo es que Puerto Rico tenga un sistema eléctrico a partir de gas natural, “complementado” por energía solar con almacenaje". Concluye que "este dicho contradice flagrantemente la política pública de la isla de una transición hacia el 100 % de energía renovable. La acción más significativa que el gobierno de Puerto Rico podría tomar como evidencia de su compromiso ante su propia política pública energética sería proceder a la cancelación del contrato con Genera".El análisis de la organización independiente coloca también a Luma Energy, privatizadora de la transmisión y distribución de energía arrastrando los pies para analizar la capacidad de alojamiento de los alimentadores de distribución, los cuales llevan la electricidad de la subestación a los hogares y negocios individuales una ecuación determinante para evitar las fluctuaciones de voltaje. Explican que la “capacidad de alojamiento” se refiere al nivel de generación distribuida que se puede añadir a un alimentador de distribución antes de causar infracciones de voltaje o corriente. "Un documento presentado por LUMA ante el Negociado de Energía el 1 de mayo de 2024, muestra que LUMA solamente ha analizado la capacidad de alojamiento de una pequeña fracción de los más de 1,000 alimentadores de distribución en Puerto Rico". El informe publicado el pasado 12 de junio establece que teóricamente añadir "almacenamiento de energía en baterías por parte de la operador de la red a nivel del sistema de distribución o el uso de "inversores inteligentes" en instalaciones de energía solar en techos con almacenamiento se pueden utilizar para aumentar la capacidad de alojamiento de un alimentador". Pero, ante el "limitado análisis" por parte de LUMA sobre ;a capacidad de alojamiento de los alimentadores individuales, "se desconoce la magnitud del trabajo que pudiera ser necesario para incrementar dicha capacidad". IEEFA "examina cuestiones relacionadas con los mercados, las tendencias y las políticas energéticas" Su misión es acelerar la transición hacia una economía energética diversificada, sostenible y rentable". En su junta de directores se sienta como vice presidenta, la ingeniera Ingrid Villa Biaggi, quien preside Cambio, una organización sin fines de lucro que ​"concentra sus esfuerzos en la investigación, el diseño y la implantación de políticas y estrategias sustentables y responsables". Sobre el regulador Negociado de Energía el informe recomienda que "debería llevar a cabo un proceso de planificación con amplia participación de la comunidad respecto a la ubicación de los proyectos futuros de energía renovable a gran escala. En la adquisición de tierras para todos los tramos en el futuro se deberán excluir aquellas que sean agrícolas o áreas naturales protegidas, teniendo como prioridad vertederos, terrenos contaminados y tierras degradadas. Además recomienda crear un Inspector General Independiente del Sector Privado "que tendría la autoridad para monitorear, auditar y hacer investigaciones para referir conductas corruptas e ilegales a las autoridades de ley y orden pertinentes y para diseñar e implementar programas para prevenir el malgasto, el fraude y el abuso". Especificamente recomienden que investiguen "los retrasos y los sobrecostos en el calendario de compras del Tramo 1 y para hacer recomendaciones de manera transparente y pública para todos los tramos presentes y futuros". Entre los hallazgos más relevantes, IEEFA establece que: Las recomendaciones son: La FOMB debería permitir la vigencia de la nueva legislación de Puerto Rico, a través de la que se prolonga la medición neta hasta el año 2030. La FOMB debe tener en cuenta varios pronósticos a futuro para el crecimiento de la instalación de placas solares en los techos en su próximo plan fiscal, a fin de analizar y planificar las implicaciones presupuestarias de las distintas trayectorias de ese incremento. Los programas futuros financiados con fondos federales deberían dirigirse específicamente a los hogares más vulnerables, como el DOE está intentando hacer actualmente, y deberían apoyar sistemas estandarizados y más pequeños para maximizar el alcance de dichos fondos. El Negociado de Energía de Puerto Rico debe llevar un registro y publicar las métricas relacionadas con la estabilidad del voltaje a nivel del sistema de distribución de energía eléctrica. LUMA y el Negociado de Energía deberían publicar información actualizada sobre la capacidad de alojamiento del sistema de distribución y priorizar incrementarla donde sea necesario, idealmente utilizando los fondos federales que estén disponibles. Los clientes no deberían ser responsables de cubrir el costo de las mejoras al sistema de distribución que son necesarias para integrar las placas solares en los techos adicionales. En Noticias con café a las 8AM por Facebook Live podrás conocer más sobre esta historia. ¡Comparte!

Por Rodrigo Otero Goyco Bonita Radio La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), presidida por Iván Rivera Gutiérrez, negó la entrada a los periodistas José E. Bartolomei Torres y Gabriel Quíles, al partido de clasificación a la Copa del Mundo 2026 entre la Selección Nacional Masculina y la Selección de Anguila, celebrado anoche en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón. A pesar de que la credencial de Bartolomei Torres de El Nuevo Día fue aprobada y este cubrió los entrenamientos previos al juego, se le impidió el acceso al estadio. En el caso de Gabriel Quíles, de El Vocero nunca se le aprobó una credencial de prensa, a pesar de haberla solicitado. La Asociación de Periodistas de Puerto Rico emitió un comunicado repudiando las acciones de la FPF y solicitó a su presidente “dejar sin efecto estas directrices”. En el último año, la FPF ha estado involucrada en diversas controversias, incluyendo su desafiliación del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) por negarse a reconocer el Tribunal de Apelación y Arbitraje Deportivo del COPUR, un requisito esencial para la afiliación. En mayo pasado, el Tribunal de Arbitraje del Deporte en Suiza desestimó una apelación presentada por la FPF y mantuvo la desafiliación del organismo. Tan reciente como el pasado lunes, el veterano jugador de la Selección Nacional y de Minnesota United FC en la Major League Soccer (MLS), Zarek Valentín, denunció en una entrevista con el medio Twin Cities Pioneer Press de Minnesota la baja compensación que los jugadores de Puerto Rico reciben por cada partido. Valentín afirmó que recibió solo $75 por el juego celebrado en El Salvador el jueves pasado. Estas declaraciones fueron publicadas en Puerto Rico por Bartolomei Torres, apenas horas antes del partido de anoche. El presidente de la FPF, Iván Rivera Gutiérrez, y el oficial de prensa del organismo, José Suárez, no respondieron las llamadas de Bonita Radio.

Al descalificar a cuatro de cinco candidatos de Victoria Ciudadana Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La decisión de la mayoría del Tribunal Supremo que descalificó a cuatro de cinco candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), provocó argumentaciones en derecho de la minoría de tres jueces que de lo menos que acusan a los primeros cinco es de intervenir indebidamente en el derecho fundamental a la libertad de asociación y al del voto de los electores en la Isla. El juez asociado Luis Estrella Martínez fue más lejos y subrayó la posibilidad que los partidos políticos representados en los demandantes puedan manipular el proceso en la Comisión Estatal de Elecciones y a través de la legislación vigente para "su propio beneficio". "Debido a que el derecho al voto y a la libertad de asociación son parte de la médula de la democracia electoral, no debemos perder de perspectiva que aunque el Estado tiene un interés legítimo en la regulación de las elecciones, este no es un ente completamente independiente o neutral. En cambio, es controlado por la partidocracia de las organizaciones políticas incumbentes que presumiblemente tienen un interés particular en moldear los estatutos electorales para su propio beneficio". La jueza presidenta, Maité Oronoz Rodríguez y los jueces asociados, Estrella Martínez y Angel Colón, coincidieron además - algunas veces por separado - en que la decisión supone intervención indebida en el poder legislativo; que carece de rigor en el análisis jurídico; es simplista, se abastrae de la realidad y "pasa por alto el derecho fundamental al voto y a la libre asociación así como al axioma de igualdad electoral". La opinión de la mayoría compuesta por los jueces Eric Koltoff (ponente), Mildred Pabón Charneco, Edgardo Rivera, Rafael Martínez y Roberto Feliberti, encontró en el análisis parcial de Héctor Luis Acevedo - ante la revisión del Código Electoral de 1974 y ocurrida en la Legislatura en 1982 - la justificación para establecer como termino fatal el 30 de diciembre para "la radicación de candidaturas como la fecha límite para presentar aquellos candidatos únicos que no cuenten con competencia para el escaño dentro de su partido, al igual que para presentar a los candidatos que resulten victoriosos en los métodos alternos celebrados por los partidos que opten por acogerse a ellos". Alegaron que el análisis de la controversia debía culminar con la "uniformidad" en el trato a unos y otros candidatos, los que se acogen al método alterno y los que optan por las primarias de ley, a pesar de que la Ley 158 del 2020 no establece que los segundos deben recoger endosos. La decisión de la mayoría plantea que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), no indujo a error a los candidatos cuando a través de las múltiples comunicaciones virtuales les representó que si estaban acogidos a un método alterno no tenían que recoger endosos. Además, los Jueces imponen la carga de que el trámite del aspirante en la Comisión culmina cuando "está obligado a visitar la Unidad de Radicaciones para recibir la orientación respecto a la obligación o no de presentar los endosos antes de culminar el trámite de la solicitud de intención de candidatura". De las tres opiniones disidentes, la de Estrella Martínez narra el camino que siguió su análisis para llegar a la conclusión de que: "La medida drástica promovida por una Mayoría, y respaldada ante este Tribunal por una Comisión Estatal de Elecciones que cada vez más destila menos confianza en la ciudadanía, simple y sencillamente se asemeja a las determinaciones de inhabilitación de opositores avaladas por foros judiciales de jurisdicciones extranjeras, lo cual ha sido objeto de un contundente rechazo por parte de la comunidad internacional". Esto en obvia referencia a las políticas de países donde la democracia es cuestionada incluso por los políticos de los dos partidos de los demandantes, Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD) que incoaron el pleito contra MVC y Proyecto Dignidad. Estrella Martínez describió los cinco postulados que dieron base a su disidencia, con referencias jurídicas desde la metodología del escrutinio estricto - "un test de revisión judicial respecto a determinadas leyes que se consideran inconstitucionales por limitar un determinado derecho fundamental. El objetivo del test es evaluar si la restricción del derecho se justifica por ser “necesaria” o “apta” para servir a un interés gubernamental dominante o imperioso" - hasta la descripción de cada uno de los defectos del análisis de la mayoría. Los postulados son, a saber El Código Electoral de 2020 no exige que los aspirantes de un partido que se acogió al método alterno para la nominación de sus candidatos tengan que recoger endosos como parte del proceso de presentación de su candidatura. La eliminación en el Código Electoral de 2020 de la exención contenida en las leyes electorales predecesoras que disponía que los partidos políticos acogidos a un método alterno pueden exigir a los aspirantes recoger endosos, no implica que el legislador tipificó el requerimiento obligatorio de endosos para este procedimiento. La Sección 3.1 del Reglamento para la radicación de candidaturas de los partidos Políticos y candidatos independientes del 15 de julio de 2023, que trae el requisito de recogido de endosos es nula por imponer requisitos que no están traídos en la Ley. Es incorrecta jurídicamente la conclusión de que la celebración del método alterno posterior a la fecha establecida reglamentariamente violentaría la prerrogativa de las personas afiliadas y los miembros del partido a reclamar su derecho a solicitar primarias. Lo anterior es más crucial todavía dado que, en este caso, en ningún momento un elector del Movimiento Victoria Ciudadana o el Proyecto Dignidad ejerció esta prerrogativa, por lo cual tal premisa resulta totalmente especulativa. La descalificación ordenada por este Tribunal vulnera el axioma de la igualdad electoral, el derecho a la libre asociación y el ejercicio al voto garantizado por la Constitución de Puerto Rico. Ello cobra una importancia mayor en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, ya que estos llevaron a cabo asambleas distritales y una asamblea nacional en la que los miembros de esta colectividad seleccionaron con su voto a los candidatos de su preferencia para los próximos comicios electorales. La jueza presidenta, por su parte, estableció de entrada que la decisión "es contraria a los cánones de hermenéutica, a la intención legislativa clara y a la tradición jurídica electoral". Oronoz Rodríguez hizo un recuento de la legislación electoral incluso desde la Exposición de Motivos de la Ley del 2020, que trae la herramienta del método alterno para candidatos un mecanismo a discreción de cada colectividad política. Llegó a describir el proceso histórico que siguió en la Legislatura del 1982, la revisión del Código de 1977, para atender el asunto de la intención legislativa que al mayoría solo menciona para traer el análisis del término fatal por voz del entonces asesor, Hector Luis Acevedo. A esos fines se aprobó un proyecto de ley, el 719, que se convirtió en ley bajo la firma del entonces gobernador en 1983, Carlos Romero Barceló, el que añadió en el Art. 4.006A "regular los métodos alternos de selección de candidatos. Además de incorporar una serie de garantías mínimas que estos debían cumplir, casi al final de lo que allí se disponía se expresaba que "(1] as personas seleccionadas de conformidad con el procedimiento antes descrito no tendrán que cumplimentar los requisitos de radicación de peticiones de primarias para cualificar como candidato en la papeleta electoral". "Aquí, el proceder mayoritario representa una limitación de acceso a la papeleta al imponer el requisito inexistente de presentación de peticiones de endosos para los aspirantes impugnados. Añadir algo que no está en la ley es un acto burdo de legislación judicial", sentenció la Jueza Presidenta al tiempo que se preguntó y contestó: ¿Acaso ese entendido histórico cambió meramente porque en el Código Electoral vigente se omitió incluir una exención expresa al cumplimiento de recogido de endosos? ¿Esto significa que la omisión de esa exención ahora representa la exigencia de ese requisito? La contestación a ambas interrogantes es que no". El juez Colón, por su parte, habría resuelto la controversia con un remedio en equidad ante la conducta de la CEE que indujo a error a los candidatos de MVC. "Como mencionamos, ordenar el recogido de endosos, y, posteriormente, el que se pase a la selección de candidatos o candidatas mediante el método que se elija en el referido partido político, era el remedio en equidad para un caso como el de marras, -- uno muy particular, matizado de errores de parte y parte --, donde está envuelto el derecho fundamental al voto". Concluyó: "Le toca ahora al Pueblo, -- con su voto, en las urnas de la democracia --, silenciar a quienes le han silenciado. No queda más". Síguenos mañana en FB y YouTube Live para otros extremos de esta historia.

COMUNICADO DE PRENSA San Juan, Puerto Rico (lunes 10 de junio 2024)- La periodista dueña de la plataforma informativa multimedios Carmen Enid Acevedo tuvo que recurrir al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que se ordene a seis agencias del gobierno de Puerto Rico, incluidos la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) y el Departamento de Seguridad Pública, entregar información pública sobre los empleados de confianza con sus nombres, puestos y salarios, desde año 2021 hasta el presente. Las otras agencias incluidas en el "recurso especial de acceso a información pública" son: la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) - que administra el plan Vital -, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSEC), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Junta de Planificación de Puerto Rico. La periodista sostiene en la demanda que entre las fechas del 29 abril y el 2 de mayo de 2024  "envió solicitudes de información a las entidades gubernamentales recurridas" requiriendo "una lista de sus respectivos empleados de confianza para el período comprendido desde el año 2021 hasta el presente",  pero ninguna de las agencias ni sus respectivos oficiales de prensa ha provisto la información solicitada. La demanda sometida el viernes 6 de junio pasado explica que todas las solicitudes de información cumplieron "con los requisitos de forma y contenido establecidos en el artículo 6 de la ley número 141 del 2019 o Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública de Puerto Rico, y que "fueron remitidas a las y los oficiales de prensa de las partes recurridas de conformidad con lo dispuesto" en ese mismo estatuto, "quienes tienen el deber de entregar la información solicitada". El alegato recuerda que en sus expresiones más recientes sobre este tema, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que “las restricciones impuestas por el aparato gubernamental [al acceso a la información] deben responder a un interés apremiante del Estado”, y no meramente a un interés importante o sustancial", y agrega que "en aquellos casos en los que el Estado logre invocar exitosamente algún reclamo de confidencialidad, procede entonces determinar si el interés público en divulgar la información excede el reclamo de privacidad" para lo cual debe "presentar prueba y demostrar la existencia de intereses apremiantes de mayor jerarquía que los valores protegidos por este derecho de libertad de información de los ciudadanos". Carmen Enid y Bonita Radio sostienen que "la información solicitada no está protegida de forma alguna por algún privilegio o reclamo de confidencialidad y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información, igualmente, las partes recurridas no han levantado ningún privilegio o reclamo de confidencialidad". El recurso legal pide al tribunal que ordene a las agencias recurridas entregar a Bonita Radio la información solicitada y actuar de conformidad en el futuro ante solicitudes similares de acceso a información pública. Bonita Radio y la periodista Acevedo con interés en que se provea el acceso a la información pública están representadas por los licenciados Luis Torres Ascencio, Steven P Lausell y Jeffrey Martinez Aguiar, de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

PRIVATIZADOR SALUD CORRECCIONAL TIENE $91M EN CONTRATOS CON LA PRINCIPAL AGENCIA DE SALUD PÚBLICA Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La política pública de privatización de la administración de Pedro Pierluisi llega al Departamento de Salud (DS) que dirige, Carlos Mellado, cuando más allá de los $73M en contratos con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el grupo médico de los hermanos Raúl y Javier Villalobos, constituido en por lo menos tres empresas, tiene contratos mediante los que provee personal de enfermería, escoltas y hasta trabajadores en las salas de cirugía. Los contratos de Physician HMO con el DS y otras agencias suman $91M bajo la administración de incumbente Pedro Pierluisi del Partido Nuevo Progresista (PNP). De aus contratos con el DS, el principal hacedor de salud pública del país, Carlos Mellado no dijo una sola palabra en medio de los cuestionamientos de cómo PC aprobó la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, un asesino que simuló ser impedido para salir bajo la Ley 25 y que fue evaluado solo por expediente por los galenos de la corporación. Physician HMO es una de tres corporaciones reconocidas en el registro del Departamento de Estado y de los hermanos Villalobos Diaz, que hacen negocios con el gobierno. La también nombrada como Physician Correctional, es parte de las corporaciones de los Galenos en unión a Grupo Empresas de Salud, LLC, mejor conocida como GES (2002) y Physician Villalobos que originó en el 2023. De los $153.1M en contratos que Physician HMO tiene con fondos públicos, $91.1 han sido con el gobierno de Pierluisi en instituciones tales como DS; Administración de Servicios de Salud Mental (AMSSCA); Universidad de Puerto Rico, recinto de Rio Piedras; Hospital Universitario y WIPR. Llama la atención que la corporación tiene contratos para proveer a Salud de "Director Médico, Director de Enfermería y personal de enfermería para los distintos puestos, Técnicos Auxiliares y Técnicos de Rayos X. Se determinará, de acuerdo con la necesidad del servicio, turnos y programas en conjunto con nuestro personal coordinador". Además, un segundo contrato establece que la corporación proveerá "escoltas/auxíIiares estará encargado de cubrir todas las áreas clínicas en funciones esenciales tales como requisiciones de material médico quirúrgico, organización almacenes, suplido material necesario, limpieza de equipo, medición de temperatura, traslados, admisiones y altas de pacientes, transporte muestras de laboratorios, transporte de sangre y derivado entre otros". La operación de salud en las cárceles le costará al pueblo unos $126M pagaderos a Physician Correctional/HMO entre el 2018 y cuando finalice el segundo contrato en el 2028. Las empresas de los hermanos Villalobos han tenido contratos con el gobierno desde el 2011, luego de que saliera del panorama Correctional Health Services Corp., la primera privatizadora de salud correccional y que comandó el hoy presidente del Colegio de Abogados, Manuel Quilinchini en unión a Nuria Rivera. Esa coro fue disuelta. Dos fuentes allegadas al escenario laboral de la empresa destacó que uno de los problemas que se identifica en su administración "es un patrón de malos manejos de personal que incluye la supervisión por parte de profesionales que no pueden hacerlo de acuerdo a su preparación o educación". "Se trabaja por servicios profesionales sin derecho (laborales como el pago de horas extra) y te descuentan hasta un minuto que llegues tarde". "La supervisión en las salas de emergencia no se hace conforme a los estándares legales. Los que son "Board Certified" se van porque colocan enfermeras por encima de ellos". El ambiente de trabajo es de favoritismo y tóxico", dijo una de las fuentes que laboró en la corporación que da servicios en el Hospital Universitario. El crecimiento de las empresas de los hermanos Villalobos con fondos públicos se ha dado mayormente luego de que resultara electo Pierluisi en el 2020. Esto coincide con las contribuciones de otros parientes dos que se presume son hijos de quien da cara en Physician Correctional, Raul Javier y Raúl D., también médicos. Las aportaciones suman $107,420 entre el 2014 y el 2024. Las contribuciones políticas fueron a Pierluisi, Thomas Rivera Schatz, Johnny Méndez, José Memo González, Georgie Navarro, Gabriel Rodriguez Aguiló del PNP. Javier Villalobos Díaz, le hizo dos donaciones a la ex alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz y otras dos al ex gobernador, Alejandro García Padilla y una a David Bernier. Su hermano Raúl le hizo dos a García Padilla. A partir de la privatización de salud correccional en el 1997 y tras la orden del 1998 por parte del juez federal, Juan Perez Giménez - con el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá - se ordenó la privatización de esos servicios y estos se otorgaron con una primera corporación, Correctional Health Services, que entonces era regentada por el licenciado Quillichini y era presidenta, Nuria P. Rivera Pacheco. Un contrato del 2005 establece los términos y condiciones de esa primera contratación y llama la atención que la cuantía fiue de $81.075M, ocho más de lo que en la actualidad como figura el último contrato de Physician Correctional. Bonita Radio intentó sin éxito comunicarse con Raúl Villalobos para conversar sobre los hallazgos de esta investigación. Conoce más detalles de esta historia a las 8AM en Noticias con café por FB Live.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La sub secretaria del Departamento de Desarrollo Económico hasta noviembre de 2023, Iris E. Santos Díaz, era la agente residente de una segunda empresa de la que es presidente, Carlos Mercader Delgado, padre de Humberto, hoy segundo en mando en la agencia, cuando le dieron un contrato de $225K como suplidor del Programa Apoyo Energético para pequeños y medianos comerciantes. Santos Díaz, ex directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto cuando se aprobó la transacción de $18M para comprar pruebas rápidas en medio de la pandemia y una ex vice presidenta jubilada de Hewlett Packard, inició labores en el DDEC bajo la dirección de Manuel Cidre en 2021 y desde el 2011 es la agente residente de la empresa CSD, Inc. de la que es presidente Mercader Delgado, activa al día de hoy. "Carlos Mercader la llama tía", dijo una fuente sobre la manera familiar en que tanto el ex director de la Oficina de Puerto Rico en Washington, Carlos Mercader Pérez, como su hermano, Humberto, se refieren a Santos Díaz. Una investigación de Bonita Radio reveló la semana pasada que el padre de los hermanos Carlos y Humberto Mercader Pérez recibió el mencionado contrato en abril del 2022 siendo su hijo Ingeniero el secretario auxiliar de asuntos estratégicos del DDEC. Ni el hoy Sub Secretario, Mercader ni Cidre estuvieron disponibles para contestar preguntas de Bonita Radio. Ayer, este medio envió mensajes de correo electrónico a Santos Díaz pero nunca contestó. Tampoco el ex director de PRFAA, Carlos Mercader, contestó la pregunta sobre su parentesco a través de un mensaje enviado por Whatsapp. Mientras Santos Díaz era Sub Secretaria del DDEC, en abril del 2022, la administradora de y su empresa Usasol, Inc. firmó un contrato de $225K con la agencia para servir de suplidor de placas solares a cinco negocios Pymes que cualificaron para un incentivo sobre apoyo energético. Los documentos de la corporación en el registro del Departamento de Estado dan cuenta que Santos Díaz es la Agente Residente de CSD, su esposo, José Eduardo Robert Colón, tesorero y Mercader Delgado, presidente. La corporación no presentó informes anuales entre el 2022 y el 2023. Santos Díaz llegó al gobierno de Puerto Rico tras el huracán María a una posición gerencial en la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a cinco días de que renunciara en julio del 2019, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevarez la nombró directora al cargo en propiedad. Como jefa de OGP tuvo que dar cuenta de cómo aprobó la transacción de $18M para pagar las pruebas rápidas en medio del cierre por la pandemia del COVID19, transacción que resultó ser fatula en cuanto al contenido de las pruebas y que fue detenida por una empleada de la banca comercial tras resultarle sospechosa. En mayo de 2020, Santos Díaz compareció a una vista de la pesquisa de la Cámara de Representantes sobre la transacción y dijo que lo único que verificó para aprobarla fue la disponibilidad de los fondos. El informe de la comisión cameral sostiene que falló al aprobar la transacción solo porque había balance en la cuenta del Departamento de Salud para pagarla. Conéctate a tu noticiero de las 5PM en Bonita Radio por YouTube para conocer más extremos de esta historia.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La empresa del padre del sub secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Humberto Mercader Pérez, Usasol Inc. obtuvo un contrato para instalación de placas solares en empresas PYMES por $225K del Programa de Apoyo Energético en abril del 2022, mientras el primero fungía como secretario auxiliar de asuntos estratégicos de la agencia. Los movimientos entre la empresa de Carlos H. Mercader Delgado, padre del sub secretario, se dan en el DDEC bajo la firma del secretario del DDEC, Manuel Cidre, entre abril del 2022 y septiembre del 2023. El contrato fue enmendado para extenderse la fecha de vigencia hasta el 31 de octubre y fue firmado por la administradora de la corporación identificada como Paola Cruz Noel. A pedidos de una entrevista con el Secretario del DDEC, Cidre o con el propio Mercader Pérez, la portavoz de prensa de la agencia, Brenda Vázquez contestó con una reacción por escrito descartando "cualquier posibilidad de conflicto de interés" ya que en el 2022, el hoy sub secretario "ocupaba el puesto de secretario auxiliar de Asuntos Estratégicos, desde el cual no tenía inherencia, ni relación alguna con el PPPE. Por lo que, no participó ni tuvo nada que ver con los procesos de selección llevados a cabo en el programa de Apoyo Energético". De los cinco trabajos que estaban adjudicados y listados en el contrato de Usasol, Bonita Radio constató que dos de ellos fueron completados satisfactoriamente. No se obtuvo comunicación ni con portavoces de la empresa instaladora ni con los comerciantes de los otros negocios que obtuvieron el incentivo. Mercader Pérez es el hermano del ex director de la Oficina de Puerto Rico en Washington (PRFAA, por sus siglas en inglés) bajo la administración de Ricardo Rosselló, Carlos Mercader Pérez. La portavoz de prensa del DDEC dijo además que Mercader Pérez fue nombrado subsecretario en noviembre del 2023, cuando ya los fondos del programa habían sido agotados y que "uego de cualificadas las empresas instaladoras, eran las propias empresas subvencionadas las que seleccionaban la instaladora de su preferencia a través de la plataforma creada". Sin embargo, tan cercano como el pasado 18 de abril, el gobernador Pedro Pierluisi, anunció junto al secretario Cidre, una segunda fase del Programa para Pymes. USASOL se mercadea en redes sociales utilizando el gancho del incentivo que provee Desarrollo Económico y cuya convocatoria para incluirse como suplidores en la nueva ronda de incentivos en año electoral, estuvo abierta hasta el pasado tres de mayo.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El bufete del ex director de Asuntos Públicos de la administración del gobernador, Ricardo Rosselló Nevárez, Anthony Maceira Zayas, quien fungiera como uno de los testigos en el caso de corrupción contra Sixto George y cuyo nombre trajeron sin vacilar dos convictos que lo identificaron como cabildero de una empresa de recogido de basura, mantiene contratos de sobre $400K con agencias del Ejecutivo en el presente año fiscal. En momentos en que se cuestionan los gastos millonarios en nóminas de confianza en agencias constitucionales como Departamento de Educación y empleados públicos denuncian la disparidad del Plan de Clasificación y Retribución con esos puestos, Maceira Zayas podría ganarse hasta $650K con su "boutique law firm" MZLS LLC, si logra completar los cobros a compañías aseguradoras en la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, para lo que fue contratado a contingencia hasta un máximo de $250K a razón de veinte porciento de lo que recaude. En los últimos tres meses del año fiscal, Maceira Zayas firmó un segundo contrato con ASEM y con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, de $250K y $45K, respectivamente. Entre julio y septiembre del 2023, firmó contratos por $364K con la Junta Reglamentadora de Comunicaciones; la Comisión de Desarrollo Cooperativo; el Departamento de Estado y la Junta de Retiro del Gobierno. Fue precisamente la administración de ASEM, por voz de su director ejecutivo, Jorge Matta González, la que se pronunció el pasado ocho de abril en una vista pública y a preguntas del representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Marquez, sobre por qué no habían acudido a los tribunales a exigir el pago de la deuda, que el funcionario dijo que lo había hecho y que "hace dos o tres semanas atrás contratamos un bufete legal para ir en contra de ellos (las aseguradoras), que es lo próximo que nos queda". Cuando estuvo ante los legisladores en las vistas de presupuesto, Matta González ya había firmado un contrato con MZLS por $250K a contingencia el cuatro de marzo de 2024 para "análisis y evaluación del expediente de las cuentas de deudas de las aseguradoras de servicios médicos catalogadas como no cobrables por los medios ordinarios". En aquél momento no reveló el nombre del bufete. Bonita Radio intentó comunicarse con Maceira Zayas, así como a su bufete, y sólo se escuchó contestadoras automáticas. Se envió correo electrónico y al cierre esta edición no se había recibido respuesta a la pregunta de qué gestiones se han hecho en o fuera del ámbito judicial para exigir la deuda sin cobrar que tienen las aseguradoras con ASEM que en el memorial de presupuesto se estimó en $16.7M. Tampoco contestó requerimientos de información, Matta González, quien ya en el 2022 había sido cuestionado por la contratación de la firma Continium Care Solutions (CCS), una que se alega inició la privatización de la facturación en ASEM, impulsada por la Junta de Control Fiscal, sin que haya logrado su cometido. Los contratos firmados por Maceira Zayas y/o su madre Carmen Zayas Tirado, administradora de su corporación - con vigencia en el Departamento de Estado en el 2019 - se dieron con el gobierno de Pierluisi a seis meses de que tomara la silla de los testigos en el caso contra Sixto George, para relatar cómo el que fuera productor de radio lo extorsionó en relación a lo que estaba ocurriendo con su entonces jefe, Rosselló Nevárez y Raul Maldonado Nieves, hijo de quien fuera secretario de Hacienda y CFO del gobierno de entonces, Raúl Maldonado Gautier. En el juicio contra el ex alcalde de Guaynabo, Angel Pérez, se presentó una grabación por voz del testigo del caso, Oscar Santamaría y el propio Pérez, en la que se identificó a Maceira Zayas como el cabildero de la empresa de basura, EC Waste. “A mí Anthony me llamó, Anthony Maceira, porque Anthony es cabildero de ellos (EC Waste), dijo Peerez a lo que Santamaría contestó: “Si es Maceira, pues Thommy entró en el contrato", en referencia al antiguo patrono de Maceira Zayas, Rivera Schatz. Los contratos de Maceira Zayas en el gobierno de Pierluisi, antecedieron a sobre $50K en donativos a candidatos del PNP como el Gobernador y pre candidato, Pierluisi, los legisladores Rivera Schatz, Gregorio Matías, Jorge Navarro, Carlos Johnny Méndez y el pre candidato Héctor Joaquín Sánchez yel alcalde de Camuy, Gabriel Hernández. Sintoniza Qué palo es noticia a las 5PM por YouTube Live, para conocer más detalles de esta historia.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La administración de Corrección puede estar en violación de por lo menos tres artículos que le impone el Reglamento 7818 de 2010 bajo el cual excarcelaron a Hermes Ávila Vázquez, entre estos investigar la peligrosidad del convicto y riesgo de seguridad para la comunidad que está obligada a referir para investigación la Administradora de la agencia, en este caso, Ana Escobar Pabon. El Reglamento sobre Procedimientos para Atender los Casos Especiales de las Personas que Están Afectadas por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, Otras Enfermedades Terminales y Condiciones Deformantes e Incapacitantes Severas en el Sistema Correccional de Puerto Rico, establece además en su articulo VIII que el confinado que salga de pase tendrá que ser evaluado cada 15 por el técnico socio penal asignado al caso. Se duda de la investigación y supervisión de Ávila Vázquez en la libre comunidad, toda vez que trascendió que laboraba en el negocio De Aquí Pa Donde en Vega Baja, según dijo a Noticel, Egui, el dueño de ese negocio que incluso lo vio por primera vez allí el año pasado. Ávila Vázquez llegó al negocio en el 2023 en una silla eléctrica y más tarde fue caminando con bastón. Fue allí donde se presume que divisó a Ivette Joan Meléndez la mujer de 56 años, a quien se alega que degolló y violó en el área de la Playa Los Tubos en Manatí el domingo 21 de abril, exactamente un año después de que lo excarcelaran bajo la mencionada Ley. Bonita Radio ha insistido sin éxito desde el pasado martes 22 que la secretaria de Corrección, Escobar Pabón, conteste preguntas sobre las incidencias que rodean el caso de Ávila Vázquez, convicto y sentenciado a 122 años de cárcel por la muerte mediante degollación de una mujer de 28 años a quien violó en un acto de necrofilia en hechos ocurridos en Caguas en junio del 2005. Tras salir de pase extendido por una alegada paraplejia progresiva, aprobado por la AC el 19 de abril del 2023, se alega que asesinó del mismo modo a Meléndez en hechos ocurridos en horas de la madrugada del domingo 21 en Manatí. La Secretaria no ha contestado los requerimientos de información pero ha dicho a otros medios que “la agencia trabaja con la información que los médicos le proveen. Yo no he visto el expediente médico. He visto parte del expediente social y criminal de la persona. Nosotros estamos en un proceso investigativo para analizar esta situación preocupante con las evaluaciones médicas y más aún ya yo ordené el reingreso de esta persona a prisión". El Reglamento 5772 de 1998 y enmendado en el 2010 establece en su articulo VIII que se "se remitirá copia de la recomendación inicial al Administrador de Corrección a través de la Coordinadora de Servicios de Salud de la agencia o al funcionario que para ello se designe. El administrador (a) de Corrección será responsable de ordenar el proceso correspondiente de evaluación e investigación de peligrosidad o riesgo e seguridad de la comunidad de concederse la eventual salida del confinado". La poca información que ha producido Escobar Pabón desde el domingo pasado, una ferviente estadista con participación en las actividades proselitistas del Partido Nuevo Progresista (PNP), visible desde que es jefa de agencia en el 2021, no menciona siquiera el Reglamento que la obliga a ella, a médicos y a personal gerencial en los casos bajo la Ley 25. No se sabe además, si Corrección cumplió con todo lo que establece el Reglamento en sus artículos VI y VII, sobre Proceso de Evaluación por el Panel de Médicos y el VIII sobre Proceso de Salida en la Administración de Corrección, donde incluso se refiere a la investigación en la comunidad donde vivirá el convicto que deberá hacerse con 48 años desde que se recibe la recomendación de excarcelación. "Esta investigación tendrá como fin conocer las opiniones de las personas con las que vivirá el convicto", lee el Reglamento. El citado Reglamento de 29 páginas y que sirve de base a la Ley 25 de 1992 que fue firmado en marzo de 1998 por la entonces secretaria, Norma Burgos Andújar y enmendado el dos de marzo de 2010, establece además las obligaciones del Panel de Médicos que tiene que seguir para recomendar o no el paso extendido. El servicio de salud está privatizado y está a cargo de la corporación Physician Correctional. El director médico de Physician es José Rodríguez Galarza y preliminarmente el viernes trascendió que el panel que atendió la solicitud del pase extendido de Ávila Vázquez fueron una internista de la correccional de Bayamón; la ex directora médica y tres médicos generalistas. PANEL DE MEDICOS Y EVIDENCIA EN CASO DE AVILA VÁZQUEZ Bonita Radio supo a través de fuentes del Fondo del Seguro del Estado (FSE), donde se determinó incapacidad total de Avila Vázquez, que fue en el 2015 cuando se le diagnosticó "una enfermedad no especificada del cordón espinal" bajo el código 336.9, luego de que se accidentara en un trabajo en el 2010 estando confinando en Corrección. Un documento de noviembre del 2015 da cuenta de la determinación bajo la firma de la doctora Rosalia Santiago Torres y un funcionario de nombre Hector L. Orengo cuyo titulo de puesto no se especifica. El documento establece que la decisión, informada a la AC en Ponce, se tomó luego de que se recibiera informe del 21 de septiembre de 2015, con esa recomendación de un tal "Dr Naredo". Ayer, la oficial de prensa de Corrección, Yvonne Guadalupe no contestó mensajes de Bonita Radio sobre las interrogantes que surgen de esta pesquisa. A las 8AM en FB Live de Bonita Radio tendremos más información y análisis.

Nota Editorial BONITA RADIO El pasado viernes, amaneció en la red del diario El Nuevo Día una historia firmada por la periodista, Gloria Ruiz Kuilan, en un seguimiento puntual a la historia originada por la denuncia de Carlos Díaz, candidato del PPD al Senado, desde el domingo ocho de abril sobre cuestionamientos en las construcciones en dos propiedades del hijo del Gobernador en Punta Jacinto, Guanica que inciden en el Reglamento 4860 que rige los aprovechamientos en bienes de dominio público zona marítimo terrestre. Bonita Radio produjo desde el martes 10 de abril documentos que dan cuenta de que Anthony Pierluisi Rojo, hijo mayor del Gobernador, intentó obtener del Departamento de Recursos Naturales un permiso de la agencia experta para remodelar la propiedad que tiene aprovechamientos en el bien de dominio público zona marítimo terrestre. La agencia archivó la petición en el 2023 luego de que ni el ingeniero Jan Ballester Maclay ni la corporación Silver Beach propiedad de Pierluisi Rojo, mostraron la evidencia de deslindes y los detalles de cómo y con qué materiales se remodelarían muelles y un paseo tablado. No sabemos las razones, pero en horas de la tarde del viernes, la historia titulada: Hijo de Pierluisi se defiende ante falta de permisos en Guanica: “Los muelles están fuera de la propiedad”, fue retirada del alcance de la audiencia digital con suscripción al diario. Cientos de internautas, así como colegas periodistas, se comunicaron con este medio para tratar de dar con la historia, ante el hecho de que la reseñamos con su debida adjudicación al diario y a su periodista. El sábado, el arquitecto y planificador, Pedro Cardona Roig, denunció la desaparición de la historia y se cuestionó si se debió a censura, persecución, represión o fascismo? Bonita Radio la reproduce luego de que, un asunto técnico como usuarios de las historias por suscripción del portal de “endi”, nos obligara a hacer un “copy and paste” y guardáramos el texto integro de la historia. ¡Porque el pueblo tiene derecho a saber! #PonloEnLaNevera Por Gloria Ruiz Kuilan El Nuevo Día Anthony Pierluisi Rojo –hijo mayor del gobernador Pedro Pierluisi– defendió que los muelles de las propiedades de alquiler a corto plazo que posee, en la bahía de Guánica, son “estructura pública” y están “fuera” de sus bienes, al tiempo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) reveló que no cuentan con los permisos requeridos por esa dependencia para velar el cumplimiento de dos leyes federales. Mediante declaraciones escritas enviadas el jueves a El Nuevo Día a través del abogado Leonardo Aldridge, Pierluisi Rojo indicó que los dos muelles en controversia son “adyacentes a Mary Lee’s by the Sea”, nombre que el empresario utiliza en la plataforma Airbnb para promover sus propiedades. Añadió que los muelles “no le pertenecen ni son administrados por Silver Beach, LLC”, empresa que, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, pertenece a Pierluisi Rojo. “El muelle está fuera de la propiedad y es una estructura pública que ha existido desde la década de 1970. Al ser una propiedad en bien de dominio público, es el DRNA (Departamento de Recursos Naturales y Ambientales) el custodio del mismo. El muelle lo utilizan inquilinos de la propiedad, como también pescadores de la zona y kayakeros del área, entre otros”, leen las declaraciones de Pierluisi Rojo, quien no estuvo disponible para entrevista. En Airbnb, el empresario alquila sus propiedades con “acceso a muelles”, kayaks y tablas de “paddle”, y describe que están “a 10 minutos” de distancia de la isla de Gilligan. Por tercer día consecutivo, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, no contestó una petición de entrevista ni se expresó por escrito. En tanto, Pierluisi optó el jueves por repetir que su hijo no construyó los muelles y, por lo tanto, no tiene responsabilidad sobre las estructuras. En entrevista con este medio, el jefe de la División de Permisos del Programa Regulatorio del USACE en Jacksonville, José Alicea Pou, confirmó que los muelles de las propiedades carecen de los permisos en virtud de la Ley federal de Agua Limpia (“Clean Water Act”) y la Ley federal de Ríos y Muelles (“Rivers and Harbors Act”). Se revisó el récord, y no encontramos en los sistemas que tenemos digitalizados que hubiera un permiso, ahora mismo, accesible en años recientes”, dijo Alicea Pou. “Se necesita un permiso. Si no, no está autorizado por el USACE para que esa estructura (muelle en cada propiedad hacia la bahía) esté ahí impidiendo, probablemente, la navegabilidad”, agregó. De acuerdo con Alicea Pou –quien también es científico ambiental y profesor universitario de biología marina–, los muelles deben contar con un permiso de mantenimiento y otro llamado “Nationwide Permit” para mostrar cumplimiento con ambos estatutos. Deben tener, además, una “concesión” del DRNA, como agencia encargada de proteger los bienes públicos y recursos naturales de la isla. Al momento, el DRNA no ha confirmado si existe o no dicha concesión. “Ellos (DRNA), obviamente, tienen jurisdicción sobre la zona marítimo terrestre y los terrenos debajo del agua, y ellos también pueden solicitar la remoción de la estructura, de los pilotes y, en ocasiones, colaboramos como agencia estatal y federal”, dijo. Alicea Pou explicó que los permisos, tanto del USACE como del DRNA, son necesarios, independientemente de si Pierluisi Rojo construyó, remodeló o no los muelles o si adquirió las propiedades con dichas estructuras. “(Los permisos) son necesarios para proteger la navegabilidad de los cuerpos de agua, porque la idea es evitar la construcción excesiva y descontrolada de obstáculos a la navegación bajo el ‘Rivers and Harbors Act’ y bajo el ‘Clean Water Act’. Colaboramos con la EPA (Agencia federal de Protección Ambiental) para efectos de contaminación y calidad de agua”, destacó. La persona tiene una estructura en el agua, y toda estructura en el agua necesita un permiso del Cuerpo de Ingenieros. Todo ese tipo de estructura, que se convierte en un obstáculo a la navegación, en efecto, necesita un permiso del Cuerpo de Ingenieros. Al no tenerlos, estaría en incumplimiento, como cientos de otras alrededor de toda la isla, que es lo lamentable”, enfatizó el funcionario federal. No instalaron ni construyeron” Confrontado con las advertencias del USACE, el gobernador insistió –como en pasados días– en que su hijo no tiene responsabilidad sobre los muelles, ya que no los construyó. Reitero que mi hijo y su empresa no instalaron ni construyeron esos muelles. Esos muelles se instalaron y construyeron hace décadas atrás, probablemente, para la década de 1970. Es imposible, para mí, opinar de por qué, en aquel entonces, no se obtuvo esos permisos que mencionas. Nuevamente, reitero que mi hijo y su empresa no son propietarios de esos muelles”, dijo Pierluisi, en un aparte con El Nuevo Día, tras un evento oficial. En tanto, Alicea Pou fue categórico al señalar que, si como ha dicho el gobernador, Pierluisi Rojo compró las propiedades en 2021, al momento de la transacción, debió velar por que el dueño anterior le entregase los permisos. “Hay un ejercicio que tiene que hacerse en la agencia para llevar a esa persona a cumplimiento con las disposiciones de las regulaciones. Las personas que se acercan al Cuerpo de Ingenieros y solicitan ese permiso, el equipo de trabajo de ‘Enforcement and Compliance’, en Jacksonville, determina cuál es el mecanismo por el cual lo va a llevar a cumplimiento”, explicó. Qué procede? Según Alicea Pou, toda persona que tenga muelles en su propiedad y no cuente con los permisos del USACE se expone a un “proceso administrativo, que conlleva notificaciones de violaciones a disposiciones en la reglamentación federal, multas, la remoción de trabajo o de restauración y/o, en ciertos casos, al aceptar una solicitud de permiso posterior al hecho, iniciar acciones legales o recomendar la remoción a la EPA” “La intención del USACE no es penalizar a nadie. La intención original es llevarlos a cumplimiento”, dijo. Enfatizó que, cuando Pierluisi Rojo adquirió las propiedades, debió solicitar los permisos y, si se le entregaron, debió “solicitar una transferencia de permiso para extender ese derecho que tuvo esa otra persona al momento de construir (los muelles)”. Señaló que, para iniciar el proceso administrativo, el USACE “prefiere” recibir un referido del municipio donde se ubiquen las propiedades en controversia, un ciudadano o el DRNA, en vez de actuar por iniciativa propia, porque “el Estado no quiere proyectar que está actuando de manera arbitraria, caprichosa y subjetiva... porque me dio la gana de ir allá”. Obviamente, esto es un caso de muchos, y sería bueno que la gente se oriente y se eduque, porque hay muchas estructuras de muelles residenciales que no tienen permiso, y nosotros estamos conscientes y queremos, junto a las agencias estatales, empezar a atender… a hacer esto. Lo primero es ir al Cuerpo de Ingenieros”, recalcó Alicea Pou. Múltiples” referidos al DRNA De otra parte, Miguel Canals, exoficial de manejo del Bosque Seco de Guánica –declarado como Reserva Internacional de la Biósfera–, recordó que, mientras ocupó esa posición, hizo “múltiples referidos” al DRNA, sin acción de la agencia, por la ausencia de permisos del USACE para los muelles y porque se permitía su uso para llegar a la isla de Gilligan En los archivos del DRNA, hay un archivo –bien grande– de cómo se alquilaban esas propiedades, desde hace tiempo, con esos muelles. Tienen que tener todos los documentos. Se usaban como punto de embarque y desembarque, como parte de la propiedad. (En los archivos) están mis evaluaciones y mis preocupaciones. Mis luchas. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales permite ese uso, sin permisos del Cuerpo de Ingenieros”, dijo Canals. Lo que están haciendo es claudicando sobre ese muelle para no buscarse líos”, aseveró.

Por Carmen Enid Acevedo El representante novoprogresista por el distrito 13, Gabriel Rodríguez Aguiló, desde hoy siente el calor que produce un señalamiento de la super compradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), licenciada Karla Mercado, que identificó a un empleado suyo como quien llamó a su agencia para interceder por un empresario con una subasta pendiente. A preguntas de la periodista Sofía Rico, de si el recién convertido en empresario de asfalto, Guillermo Meléndez Ramirez, es la persona por la que Manuel Matos intercedió para que su empresa GM Caribe fuera la agraciada en una subasta ante la ASG, Rodríguez Aguiló dijo desconocer y rechazó que la corporación le haya dado dinero a sus campañas. Bonita Radio detectó en los records públicos de la Oficina del Contralor Electoral que en efecto, Guillermo A. Meléndez Ramírez le dio dinero al comité de campaña de Rodríguez Aguiló en dos ocasiones y también sirvió a la campaña del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia el 12 de febrero de 2020 con el máximo permitido por ley, $2,500. Al Comité Amigos de Gabriel Rodríguez Aguiló le dio $1,500 el 30 de septiembre de 2021 y ya había aportado $400 el 20 de mayo del mismo año. Rodríguez Aguiló ha dicho que "todos me han notificado que no han hecho gestiones en ASG a favor de un contratista de asfalto, y que ninguno, incluyéndolo él (Matos), hizo gestiones para intervenir en un proceso de subastas". Habría sido Matos quien llamó y hoy, Rodríguez Aguiló dijo que se investigue el asunto y por lo pronto Matos no tendrá contrato con el Representante del #PNP. La super compradora del gobierno, Mercado - cuyo puesto se creó precisamente desde la administración del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz - insiste en que no sólo Matos la llamó a través de su personal de confianza sino que ella notificó a La Fortaleza cuando lo hizo, el año pasado. El Gobernador ha dicho que no va a intervenir en el señalamiento de "influencia indebida" que toca a las puertas de la oficina legislativa de Rodríguez Aguiló. Los donativos del empresario se producen entre mayo y septiembre de 2021. Mercado ha dicho que “personal de la oficina del representante Rodríguez Aguiló llamó a personal de mi staff de confianza procurando la contratación de una compañía en particular”. Meléndez Ramirez es presidente de GM Caribe y de otra corporación creada el 2012 y cancelada en el 2014, de nombre Cloudtek1, según el registro oficial de corporaciones en el Departamento de Estado. Rodríguez Aguiló fue quien en mayo pasado refirió al alcalde de Arecibo, el Popular Carlos Ramírez Irizarry, por supuestamente violar el Código Municipal, el Código Penal y la Ley de Ética Gubernamental al tener contratada a la ex senafora convicta por corrupción, Maritere González.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El licenciado, Richard W. Cruz Franqui, ayudante de la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces, desde el estado de la Florida a razón de $10,079 mensuales, fue el que firmó la carta que le dio al hoy director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, la aprobación para que la agencia emitiera en el 2013, un cheque por $38K para sumarlo a su pote de beneficios de pensión aún cuando no había llegado a los 30 años de servicio. El pedigree de Cruz Franqui en la segunda agencia pública para la que ha trabajado durante la administración del gobernador renunciante, Ricardo Rosselló Nevares y la actual de Pedro Pierluisi, a pesar de que vive en Orlando, Fla desde después del huracán Maria en el 2017, tiene un historial documentado con resoluciones de la Junta de Gobierno de la AEE bajo la administración del entonces gobernador Luis Fortuño Burset el que endeudó más en más corto tiempo a esa quebrada agencia pública. Documentos en poder de Bonita Radio dan cuenta de que la Junta de Gobierno de la corporación pública presidida entonces por el ingeniero y ex director de la agencia hasta el 2019, José Ortiz, cuando el organismo aprobó el pago de $38,419.17 como "condiciones de su jubilación", "asumir el tiempo del costo acreditable que reconoce dicha resolución desde el mes de enero de 1988". La Junta emitió dicha resolución el 29 de diciembre del 2012, a un mes y medio de que el Partido Nuevo Progresista y Fortuño perdieran las elecciones y a una semana de que jurara como nuevo Gobernador, Alejandro García Padilla. Cruz Franqui, entra en el panorama cuando, como director de Asuntos Jurídicos de la AEE y secretario auxiliar de la Junta de Gobierno, firmó una carta y memorando una carta el ocho de enero de 2013 para hacer valer la resolución 3393, solicitando que se emitiera el cheque de las cuentas de la corporación pública para ir a pagar los 38K a nombre del Sistema de Retiro de la AEE y así "en el momento en que el ingeniero Josué Colón decida acogerse a los beneficios de su jubilación, se deberá solicitar al Sistema de Retiro de la AEE los cómputos actualizados de su aportación que deberá hacer la autoridad para hacer los ajustes correspondientes". La transacción, paralizada por la administración de la nueva Junta y dirección de la AEE en el 2013, supuso que tanto el ingeniero Ortiz, como Cruz Franqui y el entonces director de Recursos Humanos de la AEE, Luis M. Morales Tañón, estuvieron de acuerdo en impactar las finanzas de la agencia para que Colón se jubilara cinco años antes de cumplirse los 30 de servicio acreditándole los que trabajó como empleado transitorio. Hoy, Colón alega que "ante la politiquería" de la administración Popular pagó "de mi propio pecunio" los $38K que le faltaban en su pote de beneficios para poder jubilarse con 30 años de servicio. En una entrevista con Bonita Radio que estuvo matizada por sus continuas alusiones a la política partidista y a cuestionar la validez de la pesquisa de este medio, Colón evadió la pregunta de lo que fue en efecto la participación que tuvo Cruz Franqui en la decisión de "ayudarlo" con su pensión y jubilación que por haberse retirado con un salario de director ejecutivo de $150K por lo que el calculo del beneficio se alega es de $9K mensual. Sobre el trabajo de Cruz Franqui en la AEE, una vez Colón salió del retiro hacia la Dirección Ejecutiva, dijo que trabajó presencial hasta el 2022 cuando supuestamente "su esposa tuvo que ser operada de cancer" y se mudó a la Florida. Sin embargo, las publicaciones de Cruz Franqui en las redes sociales y las transacciones que ha hecho en Orlando, Florida lo delatan. Admite que es residente del municipio 79 incluso en horas en que se supone que trabaje en Puerto Rico, primero en la AEE y desde diciembre del 2023 como ayudante del Departamento de Educación en una nomina de lujo-confianza de Raices que le cuesta al pueblo sobre $700K al mes y $8.4M al año. Cruz Franqui y su esposa Gricell Quetell compraron casa en la Florida en el 2019, según la transacción pública en Kissimmee. Según sus redes sociales, Quetell se emplea en el Departamento de Salud de Florida desde el 2018. Cruz Franqui recibe un salario mensual de la nomina confidencial del DE sin que hasta el momento la secretaria Raíces conteste preguntas relacionadas a ese hecho. Sintoniza Noticias con café 8AM por FB Live y entérate de más detalles de esta pesquisa.