Por Carmen Enid Acevedo Una corporación del desarrollador e inversionista político, Federico Stubbe; la tienda militar de la Guardia Nacional, así como entidades de ingenieros, contadores públicos autorizados y dedicadas al negocio de seguros, figuran entre las ocho que lista la alegación de culpabilidad del SuperPac y Fundación, Salvemos a Puerto Rico, en la que su presidente y tesorero admitió haber gestado el esquema para favorecer la campaña del hoy gobernador, Pedro Pierluisi. La alegación de culpa del CPA, Joseph “Joey” Fuentes Fernandez, quien coopera con las autoridades federales y se hará culpable mañana jueves cinco de mayo ante el juez de New Hampshire, Joseph Laplante, destacado en San Juan para ver este caso, jamaquea desde el miércoles los cimientos de La Fortaleza. Sobre todo por la información que traen documentos oficiales y que plantea la interrogante de cuánto sabía el inquilino allí sobre lo que ocurría en materia de financiamiento de su campaña a la primaria y a la gobernación en el 2020. Fuentes de entero credito aseguran que están en la mirilla de las autoridades federales, por lo menos dos personalidades de alto perfil del Partido Nuevo Progresista (PNP), entre un oficial del Ejecutivo y otros no electos. La alegación de culpa de Fuentes Fernández habla de un ''abogado consultor'y un recaudador de fondos, como parte de los co conspiradores del esquema. Por lo menos se recibieron $495K entre marzo y noviembre del 2020, para pagar pautas de anuncios que salieron del SuperPac, Salvemos a Puerto Rico, mientras eran donativos individuales a través de una Fundación del mismo nombre radicada en marzo de 2019 con Luis Roig Casilla y Cynthia Martínez Martínez, secretaria y presidente, respectivamente. Una segunda corporación, Salvemos a Puerto Rico fue presentada en el DE en junio del 2020 por el testigo cooperador, Fuentes Fernández. La empresa Essential Insurance es la firma que más dinero dio en el esquema, con dos donativos de $100K cada uno el 18 de junio y el 20 de octubre del 2020. La fiscalía federal, por voz de los fiscales Seth Erb y un allegado en la Isla del Departamento de Justicia en Washington, alegaron tener como parte de la evidencia, mensajes de textos entre los conspiradores acordando incluso hacer transferencias del dinero recibido mediante el esquema ilegal. Northshore Management Corp, inscrita desde el 2007 en el Departamento de Estado y cuyo presidente es Federico Stubbe, es la primera que surge del listado que hace la página 17 en el acuerdo de culpabilidad suscrito por Salvemos a Puerto Rico Corp. El acuerdo está firmado por el licenciado Joaquín Monserrate Matienzo, abogado de la corporación, Fuentes Fernández y su abogado, José Aguayo con fecha del pasado 28 de abril. Según el acuerdo, Nortshore donó $25k el 15 de junio del 2020. El Gobernador ha sido un férreo defensor de Stubbe y sus desarrollos con el Grupo Prisa, incluido uno en el humedal La Montserrate en Luquillo. En agosto del 2021, participó activamente de uno de sus nuevos negocios conocido como Distrito TMobile en el Centro de Convenciones de San Juan. (Foto: José Pérez) Ayer, Pierluisi negó cualquier irregularidad de sus campañas en materia de financiamiento y donativos. Asimismo, dos donativos de $100k cada uno, en junio y octubre del 2020, fueron hechos por la corporación, Essential Insurance, registrada en el DE y cuyo presidente es Luvian Rodríguez. LLama la atención que uno de los donantes se identifique como la Tienda Militar de la Guardia Nacional, con un donativo de $50K el 19 de octubre de 2020, a poco menos de dos semanas de las elecciones generales y cuando aprieta la gestión publicitaria de un candidato. En octubre de 2020, se registró un donativo de la empresa BAE Fe LLC, cuyo presidente es Alejandro P. Brito desde que fue radicada el 23 de abril del 2019, en el DE. Un segundo donativo de $50K está inscrito a nombre de Alejandro Brito Zubizarreta, el 23 de junio de 2020. Brito Zubizarreta es el dueño de BAE Fe. La firma de contadores públicos autorizados, JAAP LLC, figura con otros dos donativos de $35K y $40,800 cada uno y Little Pictures con $25K. AP Engenieering dio $59,200; Arturo Díaz Agueira, $20K y Las Enterprises $15K.

Por Carmen Enid Acevedo Una demanda inocada por un alto ejecutivo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), alegando haber sido suspendido de empleo y sueldo por la Junta de Síndicos de esa institución sin que mediaran razones ni tiempo para ser escuchado, puso al descubierto su perfil como presidente o agente residente de por lo menos cuatro corporaciones, en una de las cuales comparte funciones con el ex presidente de la campaña de la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garced, Jorge L. Dávila Torres y su hijo, Jorge M. Dávila Nieves. El ex director ejecutivo de la presidencia de la Universidad Interamericana, licenciado Dominique Gilormini De Gracia, con posiciones en la oficina del presidente, licenciado Manuel Fernós por los pasados diez años y profesor de la escuela de Derecho con plaza desde hace año y medio, radicó un pleito el pasado 12 de abril que trae consigo una madeja de informaciones que según fuentes de entero crédito originan a partir de una querella recibida por la Junta de Síndicos de la institución. Ese organismo ha tenido una recomposición desde la muerte de su ex presidente, Dennis W. Hernández Santiago, en julio del 2020 que ha colocado en bandos a favor y en contra de los manejos administrativos de la UIPR que incluyen el cuestionamiento del poder de Gilormini De Gracia en muchas facetas de la vida universitaria. La demanda presentada por voz de los licenciados Carlos J. Sagardía Abreu y Héctor Arroyo Aguilar el pasado 12 de abril, alega que Gilormini De Gracia fue suspendido de empleo y sueldo por Fernós el 23 de marzo, después de que éste recibiera el pedido de la Junta de Síndicos de así hacerlo. Tanto Fernós, como el presidente de la Junta de Síndicos, José R. Muñoz Avila y el presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento, Domingo Más, están demandados en su carácter oficial. Tras una pesquisa de Bonita Radio a partir de la radicación de la demanda, se confirmó una de las líneas que deja caer el pliego legal incoado por Gilormini De Gracia y que establece en la alegación 44 que "por información y/o creencia, el Bufete Emanuelli alegadamente investiga contratos otorgados por la UIPR, pero ello no ha sido informado al Lcdo. Gilormini, quien no tiene capacidad de contratación en la UIPR". La demanda advierte que la Junta de Síndicos contrató al 'Bufete Emanuelli' para realizar una pesquisa que en efecto se está llevando a cabo por ese despacho legal ubicado en Ponce, propiedad del licenciado Rolando Emanuelli. Se han incautado sobre 20 computadoras y teléfonos celulares entre estos el de la esposa del licenciado Gilormini De Gracia, identificada como Tatiana Colorado, quien labora como Vice Presidenta de Asuntos Internacionales de la UIPR. La institución universitaria se estima que ha recibido sobre $30 millones en fondos federales tras la pandemia y su cartera se sostiene con sobre un 70 porciento de ayudas de organismos del gobierno de Estados Unidos. El presidente Fernós contestó por escrito a Bonita Radio "no tengo comentario alguno" a la pregunta sobre la demanda presentada por Gilormini De Gracia. Este último, contestó "me remito a las alegaciones de la demanda", cuando se le preguntó vía telefónica sobre algunos extremos del documento legal. Fue imposible conseguir reacción de la Junta de Síndicos. Los registros del Departamento de Estado dan cuenta de que Gilormini De Gracia es agente residente y presidente de la corporación DGD Development, LLC, creada el 20 de enero de 2021 y en la que es vice presidente su amigo desde la "escuela intermedia", Davila Nieves y secretario, el padre de éste, Dávila Torres, ex Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) y director ejecutivo de la Compañía de Turismo, bajo la administración de Pedro Rosselló. Se alega que fue Dávila Torres quien llevó a la gobernadora sucesoral, Vázquez Garced a conseguir una posición temporera en la docencia en el Departamento de Justicia Criminal de la UIPR, recinto Metro. Además, se confirmó que ha sido contratista de la Universidad. Dos días más tarde de radicarse DGD, se incorporó en el Departamento de Estado, Lifetime Solar, con Gilormini De Gracia como agente residente y Andrew B. Foti como presidente y secretario. El 27 de abril del 2021 se radicó en el DE la empresa Hyde Entertainment, de la que Gilormini De Gracia es incorporador, agente residente, presidente y secretario. Hay por lo menos otras dos corporaciones canceladas que datan del 2009 y el 2012. La pesquisa en manos de un ente independiente de la Universidad trataría de establecer los vínculos, si alguno, que pudieran tener corporaciones allegadas a Gilormini De Gracia, entre las que se encuentran De Gracia Investments, del 14 de noviembre del 2019, de la que es secretario y su madre, Lilia G. De Gracia Barahona, presidenta. Entre la alegación 31 y 32 de la demanda se establece que "el 23 de marzo de 2022, el presidente Fernós cursó al Lcdo una notificación de separación. En la Notificación de Separación, el presidente Fernós le informó al Demandante que en esa misma fecha quedó separado de todos los cargos administrativos y docentes manteniendo su sueldo, todo ello en virtud de las instrucciones que impartió el Sr. Muñoz como presidente de la Junta". "En un acto de buena fe, el Lcdo. Gilormini cursó a la UIPR un detallado requerimiento de información sobre el proceso y las alegaciones en su contra con una fecha límite del 1 de abril de 2022, y solicitó una Audiencia para el 7 de abril de 2022 a los fines de poder defenderse adecuadamente de unas alegaciones que desconocía al momento y que aún desconoce. A la fecha de hoy, la UIPR se ha negado a contestar el requerimiento de información cursado por el Lcdo. Gilormini, por lo que este desconoce las razones por las cuales la UIPR ha tomado acciones adversas de empleo en su contra", sostiene la demanda. La petición de interdicto preliminar y permanente será atendida en el Tribunal Superior de San Juan por la jueza Ive Liz Morales Correa, a quien le fue asignada luego de que el juez Anthony Cuevas, de la sala de recursos extraordinarios se inhibiera toda vez que es profesor a tiempo parcial de la Escuela de Derecho de la UIPR.

#bahía#reserva#salinas La denuncia de una Representante de #MVC seguida de investigaciones de Bonita Radio y otros medios independientes, trajo a escenario público lo que se teme se ha replicado en otros lugares protegidos del país. Impunidad, desarrollo desmedido y crímenes ambientales. Aquí las imágenes del despelote de Las Mareas y el 'a mi plin' gubernamental. El análisis de lo que hoy se convierte en una pesquisa legislativa que parecerá traer más fango sobre los administradores de lo público,

#UPR#Emérito#comunicación Profesora de historia, investigadora incesante hasta tocar el esfuerzo de comunicación de la UPR de formar periodistas y tantos otros comunicadores. En tiempos en que el país se enfrenta a cambios vertiginosos de su concepción como Primer Centro Docente del país, la Doctora Emeritus, Silvia Alvarez Curbelo, discursa sobre su pasar por ese "gran proyecto cultural" que es en esta y todas las épocas, la zapata del país del futuro. #UPR

#estudiantes#UPR#riopiedras La periodista y escritora, Magali García Ramis, lo dice sin tintas medias al recibir la distinción de Profesora Emérito de la Universidad de Puerto Rico. "Aprendí que ayudar a formar ciudadanos nunca es un gasto. Que los estudiantes nunca son clientes. Que los profesores nunca son contratistas. Que lo que se enseña y lo que se aprende, no se puede medir en procentajes como si de un negocio se tratara". ¡Escucha y comparte! #ponloenlanevera#educacion#País

#MásDeUnaMilla#CarlosCorrea#AdrianaDíaz Sube en el ranking mundial Adriana Díaz | El contrato de Carlos Correa es de ensueño | Boxeadores prospectos boricuas en Nueva York exhiben sus talentos, unos brillaron y otros no | La historia del boxeador ucraniano Vasily Lomachenko #HayPaís#QueClaseSwiing#TiempoDeDeportes#PonloEnLaNevera#OrgullosPUR

#MásDeUnaMilla#LiaThomas#COPUR Hablemos de Lia Thomas, la nadadora trans de la Universidad de Pensilvania que ganó el campeonato de NCAA en los 500 metros y las reacciones no se hicieron esperar | COPUR premia a nuestros atletas | Exitoso el evento Puerto Rico Archery Cup en Bayamón #HayPaís#QueClaseSwiing#TiempoDeDeportes#PonloEnLaNevera#OrgullosPUR

#Ética#querella#PNP ¿Quién gobierna bajo el manto de la Ley en Puerto Rico? Esa es la pregunta que atraviesa hoy las Noticias con café cuando Administrador del Fondo del Seguro del Estado atornilla a un oficial con querella ética en la división de contratos y denuncian que el director de la Oficina de Gerencia de Permisos viola la ley del Corredor Ecológico del Noreste. El PNP en asamblea dice que son partido de futuro. ¡Sintoniza y comparte! #PeriodismoDigital#periodismoinvestigativo

La organización Kilómetro Cero publica el estudio Licencia para matar que establece que son los hombres jóvenes, pobres y sin educación formal, los más vulnerables al disparo de un oficial de la Policía. Entre 2014-2020, murieron 71 personas a manos de las fuerzas policiacas del Estado. "Las muertes que ocurren por uso de fuerza policial no son una consecuencia inevitable de la acción policial, sino un problema que puede y debe modificarse, tanto en su magnitud como en su naturaleza, a través de la acción gubernamental y ciudadana. Este es el primer estudio en Puerto Rico que documenta y analiza estadísticamente las muertes por uso de fuerza policial y produce tasas de mortalidad para identificar los grupos de la población más afectados y hacer comparaciones internacionales", lee el informe que da a conocer la colega periosista, Mari Mari Narváez, directora y fundadora de KM0. De las 71 muertes, 46 (64.8%) ocurrieron por disparos de armas de reglamento por oficiales estatales (36) y 10 por agentes municipales. Ocho se dieron mientras la víctima se encontraba bajo custodia de las autoridades, cuatro en persecuciones vehiculares y dos por el uso de una pistola “taser”. Licencia para matar aspira a establecer el problema de estas muertes como un asunto prioritario en la agenda de seguridad, salud pública y derechos humanos. Documenta y presenta ejemplos de diversos tipos de muertes que ocurren por uso de fuerza policial, cuantifica la cantidad anual de este tipo de muertes y produce tasas de mortalidad con el objetivo de determinar cuáles grupos poblacionales en Puerto Rico tienen mayor riesgo de morir como consecuencia de una intervención policial. Este informe analiza estadísticamente la magnitud de un aspecto de la violencia policial que el Negociado de la Policía de Puerto Rico oculta rutinariamente y, por lo tanto, se constituye en un mecanismo que obstaculiza la debida rendición de cuentas, las reparaciones, la justicia y la verdadera seguridad pública que nuestro país merece y necesita.

Por Carmen Enid Acevedo Las letras pequeñas del informe de la Contralora Yesmín Valdivieso, sobre las irregularidades de un contrato entre el Departamento de Educación (DE) y el Taller de Fotoperiodismo en el 2015, dan cuenta de que la agencia, sabía, por lo menos desde el 2011, que la entidad no cumplía con una de las condiciones de la contratación de presentar "single audits" de su actividad fiscal que provenía exclusivamente de fondos federales. La conducta del DE provocó que "incumpliera con la OMB Circular A-133 y con el 2 CFR Part 20019, Subpart F, y le otorgara contratos a la Corporación (sin fines de lucro, Taller de Fotoperiodismo) sin asegurarse, mediante el Single Audit, de que esta estuviera en cumplimiento". "Las situaciones comentadas se atribuyen a que la Unidad de Monitoria de la Oficina de Asuntos Federales no realizó las monitorías programáticas de cinco (83%) de los seis planes de trabajo. Además, en el que se realizó, no se finalizó la misma. En esta se indicó “En proceso” en el apartado dirigido a verificar el cumplimiento del Single Audit, por tal razón; no se evidenció ni se documentó como hallazgo la situación para que pudiera dársele seguimiento mediante el plan de acción correctiva". "Una declaración jurada y dos entrevistas se realizaron durante la auditoría y se publicó el Informe de Auditoría DA-19-05 del 28 de septiembre de 2018", es la nota al calce en la página siete incluida del informe RIQ - DIE - 2 2 - 0 4 que fue difundido el miércoles, 16 de marzo de 2022 y que provocó que la OC refiriera al contratista Taller a agencias investigadoras estatales y federales en relación a un contrato firmado en diciembre del 2015 pero ejecutado en octubre de ese año. El secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emmanuelli ha dicho que en su jurisdicción los delitos están prescritos. Las autoridades del Inspector General en Educación Federal, que están enteradas del informe de la OC, no han emitido declaraciones. La nota al calce revela que los auditores de la OC advirtieron en el 2016 al DE, que el Taller recibió unos $29 millones - entre el 2011 y el 2016 - sin cumplir con dos de los requisitos para acceder a los fondos federales a pesar de que lo relacionado a las "single audits" estaba contenido expresamente en el contrato. Un borrador del informe de la mencionada auditoría fue remitida para comentarios a la hoy convicta por corrupción, ex secretaria, Julia Keleher y a su homólogo pero en el 2013, Rafael Román Meléndez. Mediante carta del 10 de septiembre, el secretario asociado, Eligio Hernández Pérez contestó en representación de la Secretaria. "Sus comentarios fueron considerados en la redacción final de este Informe, y se incluyen en el hallazgo. El ex secretario no contestó", lee la auditoría. El DE del 2018 alegó que estaban conscientes de la importancia del cumplimiento y plantearon que "a tales fines, se realizan gestiones proactivas para mejorar los procesos y controles internos y actualmente se encuentra en un proceso de reestructuración" en la Unidad de Monitorías de la Oficina de Asuntos Federales. "El Departamento desembolsó a la Corporación $2,711,304 para el año fiscal 2010-11, $5,275,703 para el 2011-12, $3,950,883 para el 2012-13, $4,311,954 para el 2013-14, $5,763,379 para el 2014-15 y $7,085,842 para el 2015-16", a pesar de que nunca cumplieron con dos de los requisitos del contrato, 30 y 15 días después de emitido, respectivamente. El Taller de Fotoperiodismo, Inc es una organización sin fines de lucro según los registros del Departamento de Estado, inscrita por su fundador, el periodista Ismael Fernández, en 1995. Al día de hoy y hasta que se acogió al Capitulo 11 de Quiebras en enero del 2019, figura como presidente, Pedro L. Borges Matos y el periodista retirado, Juan R. Ramos, como vicepresidente. Ambos de manera indefinida. "En las cláusulas de los contratos otorgados para el desarrollo de los seis planes de trabajo (planes de trabajo sufragados con fondos de Título I-A) se establecieron los informes que la Corporación tenía que remitir al Departamento", lee el informe de investigación. Sin embargo, "el Departamento no solicitó ni la Corporación remitió, en el tiempo estipulado en las cláusulas de los contratos otorgados, 5 'single audits' correspondientes a los años fiscales del 2010-11 al 2014-15. Estos se remitieron al Departamento con tardanzas que fluctuaron entre 259 y 1,706 días. Los informes fueron solicitados a la Corporación, luego de que nuestros auditores los solicitaron al Departamento", se establece en la auditoría DA-19-05. La auditoría DA-19-05 establece que "para los años fiscales del 2009-10 al 2015-16, el Departamento otorgó, a la Corporación, 7 contratos y 4 enmiendas por $29,457,06912 para el desarrollo de 6 planes de trabajo del proyecto Desarrollo de Destrezas de Expresión Oral y Escrita mediante las Comunicaciones y para la propuesta del proyecto Desarrollo Profesional en Contexto y Aprendizaje Significativo. Según la información provista por la División de Pagaduría, el Departamento desembolsó a la Corporación fondos federales por $29,099,06513, relacionados con los contratos y las enmiendas. En las cláusulas de los contratos otorgados para el desarrollo de los seis planes de trabajo, se establecieron los informes que la Corporación tenía que remitir al Departamento". "Las situaciones comentadas se atribuyen a que la Unidad de Monitoría de la Oficina de Asuntos Federales no realizó las monitorías programáticas de cinco (83%) de los seis planes de trabajo. Además, en el que se realizó21, no se finalizó la misma. En esta se indicó “En proceso” en el apartado 22 dirigido a verificar el cumplimiento del Single Audit, por tal razón; no se evidenció ni se documentó como hallazgo la situación para que pudiera dársele seguimiento mediante el plan de acción correctiva", concluye la auditoría. El Taller tampoco cumplió con su responsabilidad contractual de entregar, 15 días más tarde de finiquitado el contrato, un informe programático y fiscal final, "en el que detalle el logro de los objetivos originalmente trazados en la propuesta, una discusión de los métodos utilizados para evaluar la efectividad del Programa y los resultados de dicha evaluación. Además, indica que el incumplimiento de la corporación de remitir los informes y evidencia documental requerida, será causa suficiente para que el Departamento suspenda el proceso de pago hasta la fecha en que se reciban los informes". Aún así, la principal agencia de educación del Estado pagó la cuantía del contrato en su totalidad. De acuerdo con los documentos del Departamento de Estado, la corporación Taller radicó un informe financiero en el 2019 aunque tiene fecha del 2017. En múltiples documentos en poder de Bonita Radio, tanto del expediente de la Quiebra del Taller como de transacciones financieras y contratos con la Administración de Vivienda Pública, la Corporación de Desarrollo Ocupacional y el DE, Borges Matos figura como Director Ejecutivo y más tarde como Presidente. Una auditoría externa de la firma Ramírez Flores and Co. radicada ante del Departamento de Estado el 21 de diciembre del 2017, anticipó lo que más tarde en el 2018, la Oficina de la Contralora deja por escrito ante una auditoría a los contratos otorgados al Taller del primero de enero del 2010 al 31 de marzo del 2018. La corporación no cumplía con lo requerido para el desembolso de fondos federales. El registro digital del caso 19-00091 del Tribunal de Quiebras de San Juan, establece una lista de al menos 20 reclamos no garantizados, entre los que se encuentra el propio Borges Matos y otros empleados del Taller. (En la foto, Borges Matos con el ex secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier) Un total de 153 acreedores están registrados en una moción de junio del 2019 en la que el Banco Popular acordó liquidar una deuda de $153K de una línea de crédito con un Certificado de Depósito de $200K que tenía el Taller. Bonita Radio trató de obtener una reacción de Borges Matos a través del número celular que se incluye en la documentación del Departamento de Estado. Nunca contestó.

En A la escucha, conversaciones con Juan Carlos Quintero Herencia, charlamos con Eduardo sobre su trayectoria y sobre su inminente conciertazo en el Centro de Bellas Artes el seis de mayo de 2022.

#narco#vancouver#puertorico Son muchos los presuntos implicados en la llegada del narco/apicultor a la isla desde el 2019. Trazamos la ruta de quienes han estado cerca y lejos de ese panal de abejas que amenaza con picar al #PNP. El inversionismo político desde Dorado. Senado quería colgar a Roberto Rodríguez Casillas y el Gobernador retira su nombramiento al Supremo antes de montarse en un avión hacia Washington. También le cuelgan a Volkers el candidato a Principal Ejecutivo de Informática del Gobierno. ¡Sintoniza y comparte! #periodismodigital#periodismoinvestigativo