.png)
Por Carmen Enid Acevedo
Las letras pequeñas del informe de la Contralora Yesmín Valdivieso, sobre las irregularidades de un contrato entre el Departamento de Educación (DE) y el Taller de Fotoperiodismo en el 2015, dan cuenta de que la agencia, sabía, por lo menos desde el 2011, que la entidad no cumplía con una de las condiciones de la contratación de presentar "single audits" de su actividad fiscal que provenía exclusivamente de fondos federales.
La conducta del DE provocó que "incumpliera con la OMB Circular A-133 y con el 2 CFR Part 20019, Subpart F, y le otorgara contratos a la Corporación (sin fines de lucro, Taller de Fotoperiodismo) sin asegurarse, mediante el Single Audit, de que esta estuviera en cumplimiento".
"Las situaciones comentadas se atribuyen a que la Unidad de Monitoria de la Oficina de Asuntos Federales no realizó las monitorías programáticas de cinco (83%) de los seis planes de trabajo. Además, en el que se realizó, no se finalizó la misma. En esta se indicó “En proceso” en el apartado dirigido a verificar el cumplimiento del Single Audit, por tal razón; no se evidenció ni se documentó como hallazgo la situación para que pudiera dársele seguimiento mediante el plan de acción correctiva".
"Una declaración jurada y dos entrevistas se realizaron durante la auditoría y se publicó el Informe de Auditoría DA-19-05 del 28 de septiembre de 2018", es la nota al calce en la página siete incluida del informe RIQ - DIE - 2 2 - 0 4 que fue difundido el miércoles, 16 de marzo de 2022 y que provocó que la OC refiriera al contratista Taller a agencias investigadoras estatales y federales en relación a un contrato firmado en diciembre del 2015 pero ejecutado en octubre de ese año. El secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emmanuelli ha dicho que en su jurisdicción los delitos están prescritos. Las autoridades del Inspector General en Educación Federal, que están enteradas del informe de la OC, no han emitido declaraciones.
La nota al calce revela que los auditores de la OC advirtieron en el 2016 al DE, que el Taller recibió unos $29 millones - entre el 2011 y el 2016 - sin cumplir con dos de los requisitos para acceder a los fondos federales a pesar de que lo relacionado a las "single audits" estaba contenido expresamente en el contrato.
Un borrador del informe de la mencionada auditoría fue remitida para comentarios a la hoy convicta por corrupción, ex secretaria, Julia Keleher y a su homólogo pero en el 2013, Rafael Román Meléndez. Mediante carta del 10 de septiembre, el secretario asociado, Eligio Hernández Pérez contestó en representación de la Secretaria. "Sus comentarios fueron considerados en la redacción final de este Informe, y se incluyen en el hallazgo. El ex secretario no contestó", lee la auditoría.
El DE del 2018 alegó que estaban conscientes de la importancia del cumplimiento y plantearon que "a tales fines, se realizan gestiones proactivas para mejorar los procesos y controles internos y actualmente se encuentra en un proceso de reestructuración" en la Unidad de Monitorías de la Oficina de Asuntos Federales.
"El Departamento desembolsó a la Corporación $2,711,304 para el año fiscal 2010-11, $5,275,703 para el 2011-12, $3,950,883 para el 2012-13, $4,311,954 para el 2013-14, $5,763,379 para el 2014-15 y $7,085,842 para el 2015-16", a pesar de que nunca cumplieron con dos de los requisitos del contrato, 30 y 15 días después de emitido, respectivamente.
El Taller de Fotoperiodismo, Inc es una organización sin fines de lucro según los registros del Departamento de Estado, inscrita por su fundador, el periodista Ismael Fernández, en 1995. Al día de hoy y hasta que se acogió al Capitulo 11 de Quiebras en enero del 2019, figura como presidente, Pedro L. Borges Matos y el periodista retirado, Juan R. Ramos, como vicepresidente. Ambos de manera indefinida.
"En las cláusulas de los contratos otorgados para el desarrollo de los seis planes de trabajo (planes de trabajo sufragados con fondos de Título I-A) se establecieron los informes que la Corporación tenía que remitir al Departamento", lee el informe de investigación. Sin embargo, "el Departamento no solicitó ni la Corporación remitió, en el tiempo estipulado en las cláusulas de los contratos otorgados, 5 'single audits' correspondientes a los años fiscales del 2010-11 al 2014-15. Estos se remitieron al Departamento con tardanzas que fluctuaron entre 259 y 1,706 días. Los informes fueron solicitados a la Corporación, luego de que nuestros auditores los solicitaron al Departamento", se establece en la auditoría DA-19-05.
La auditoría DA-19-05 establece que "para los años fiscales del 2009-10 al 2015-16, el Departamento otorgó, a la Corporación, 7 contratos y 4 enmiendas por $29,457,06912 para el desarrollo de 6 planes de trabajo del proyecto Desarrollo de Destrezas de Expresión Oral y Escrita mediante las Comunicaciones y para la propuesta del proyecto Desarrollo Profesional en Contexto y Aprendizaje Significativo. Según la información provista por la División de Pagaduría, el Departamento desembolsó a la Corporación fondos federales por $29,099,06513, relacionados con los contratos y las enmiendas. En las cláusulas de los contratos otorgados para el desarrollo de los seis planes de trabajo, se establecieron los informes que la Corporación tenía que remitir al Departamento".
"Las situaciones comentadas se atribuyen a que la Unidad de Monitoría de la Oficina de Asuntos Federales no realizó las monitorías programáticas de cinco (83%) de los seis planes de trabajo. Además, en el que se realizó21, no se finalizó la misma. En esta se indicó “En proceso” en el apartado 22 dirigido a verificar el cumplimiento del Single Audit, por tal razón; no se evidenció ni se documentó como hallazgo la situación para que pudiera dársele seguimiento mediante el plan de acción
correctiva", concluye la auditoría.
El Taller tampoco cumplió con su responsabilidad contractual de entregar, 15 días más tarde de finiquitado el contrato, un informe programático y fiscal final, "en el que detalle el logro de los objetivos originalmente trazados en la propuesta, una discusión de los métodos utilizados para evaluar la efectividad del Programa y los resultados de dicha evaluación. Además, indica que el incumplimiento de la corporación de remitir los informes y evidencia documental requerida, será causa suficiente para que el Departamento suspenda el proceso de pago hasta la fecha en que se reciban los informes". Aún así, la principal agencia de educación del Estado pagó la cuantía del contrato en su totalidad.
De acuerdo con los documentos del Departamento de Estado, la corporación Taller radicó un informe financiero en el 2019 aunque tiene fecha del 2017. En múltiples documentos en poder de Bonita Radio, tanto del expediente de la Quiebra del Taller como de transacciones financieras y contratos con la Administración de Vivienda Pública, la Corporación de Desarrollo Ocupacional y el DE, Borges Matos figura como Director Ejecutivo y más tarde como Presidente.
Una auditoría externa de la firma Ramírez Flores and Co. radicada ante del Departamento de Estado el 21 de diciembre del 2017, anticipó lo que más tarde en el 2018, la Oficina de la Contralora deja por escrito ante una auditoría a los contratos otorgados al Taller del primero de enero del 2010 al 31 de marzo del 2018. La corporación no cumplía con lo requerido para el desembolso de fondos federales.
El registro digital del caso 19-00091 del Tribunal de Quiebras de San Juan, establece una lista de al menos 20 reclamos no garantizados, entre los que se encuentra el propio Borges Matos y otros empleados del Taller. (En la foto, Borges Matos con el ex secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier)
Un total de 153 acreedores están registrados en una moción de junio del 2019 en la que el Banco Popular acordó liquidar una deuda de $153K de una línea de crédito con un Certificado de Depósito de $200K que tenía el Taller.
Bonita Radio trató de obtener una reacción de Borges Matos a través del número celular que se incluye en la documentación del Departamento de Estado. Nunca contestó.