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RIVERA SCHATZ RADICA PROYECTO INTENTA GOLPE DE ESTADO A JUEZA PRESIDENTA TRIBUNAL SUPREMO
- carmenenid
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El proyecto 1096 solo de la autoría de Thomas Rivera Schatz eliminaría la figura del Juez Municipal y crearía un Fideicomiso del Poder Judicial que tendría la capacidad de recibir dinero de la sociedad civil para subvencionar proyectos para mejoras a edificaciones de la Rama
Por Carmen Enid Acevedo
Bonita Radio
Banquete total y con la mesa servida. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz radicó un proyecto de ley el jueves 19 de febrero que le quita a la figura del Juez Presidente los poderes de administración que tiene en áreas como traslado y designación de jueces, las oficinas de prensa y comunicaciones y concentra el poder en una llamada "co administración" del pleno del Alto Foro que desde el 2009 tiene una mayoría ideológica del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Las nuevas posiciones que se crearían por ley en la administración de un Fideicomiso del Poder Judicial, por ejemplo, recaerían en personas allegadas a la figura del presidente del Senado, quien ha estado confirmando a manos llenas las posiciones en la judicatura desde la administración de Luis Fortuño 2009 al 2012 - cuando se aumentó el numero de jueces en el Supremo - y más tarde bajo la de Ricardo Roselló Nevaréz, Wanda Vázquez Garced y la actual de Jenniffer González.
Lo que ha sido interpretado por conocedores del derecho como un "proyecto inconstitucional de su faz", interviene con el poder de la actual jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, nombrada en febrero del 2016 por el entonces gobernador, Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD), en cuanto a una administración de la Rama. El proyecto por primera vez coloca en la legislación del Tercer Poder Constitucional, a la Academia Judicial, así como a las oficinas de prensa y comunicaciones.
El Artículo V, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico dispone expresamente que: “El Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los tribunales las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, asignación y fiscalización de fondos, y a otras leyes aplicables en general al gobierno. El Juez Presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director administrativo, quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado”.
El proyecto de Rivera Schatz, alega que la Ley de la Judicatura del 2003 - bajo el gobierno de Sila María Calderon - concentró los poderes en el Juez Presidente y por ende "transgredieron la letra y el espíritu de nuestra Constitución, pues, concentró en una sola figura poderes que debían ejercerse de forma compartida, por mandato constitucional, entre el Tribunal Supremo en Pleno y el Juez Presidente".
Rivera Schatz interpreta que "esta disposición constitucional consagra un modelo de co administración judicial compartida, que faculta al Tribunal Supremo a reglamentar todo lo relacionado a la administración de los tribunales y al Juez Presidente a dirigir la administración de éstos conforme a la reglamentación adoptada por el propio cuerpo colegiado".
El proyecto de ley no toca la figura del Juez Administrador de los tribunales, que hoy recae en el juez Sigfredo Steidel Figueroa, porque también es una ordenada por la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) que nombra la Jueza Presidenta, así como lo es el nombramiento de la presidencia por parte del Gobernador de turno.
La designación de jueces por ejemplo, "pone al Pleno a decidir sobre nombramientos en salas tan importantes como la de Recursos Extraordinarios donde se atienden asuntos electorales y otros de índole constitucional con gran impacto en la administración de la justicia y la democracia".
Sabido es lo que ha tratado de hacer Rivera Schatz con nombramientos de pespunte partidista "leales totalmente a quienes los designó y confirmó", dijo una fuente de entero credito y allegada al Poder Judicial.
Llama la atención que el proyecto de ley crea el Patronato o Fideicomiso del Poder Judicial cuyo propósito será "asistir en la labor de conservar, preservar y restaurar las estructuras y espacios donde opera el Poder Judicial".
Se define como " un organismo auxiliar destinado a allegar y administrar fondos provenientes de donaciones, aportaciones y subvenciones públicas o privadas, con el propósito de invertir en la preservación, restauración y modernización de las estructuras físicas del Poder Judicial".
"Nunca se había planteado comprometer la independencia judicial trayendo a terceros a financiar la Rama. ¿Te imaginas a los inversionistas políticos dándole dinero al Poder Judicial para mantener sus edificios? A dónde van ellos a procurar justicia?, manifestó un abogado de 30 años de experiencia sobre el mecanismo para atender la escasez de presupuesto para el Poder Judicial.
El Patronato estaría constituído por nueve (9) miembros, a saber: Presidente del Tribunal Supremo; el director de la Oficina de Preservación del Poder Judicial; el director ejecutivo de la Asociación de Abogados; el director ejecutivo del Colegio de Abogados; y cinco (5) miembros en representación del interés público.
El director ejecutivo será el secretario del Tribunal Supremo "quien servirá como principal oficial ejecutivo y tendrá todos aquellos poderes que, mediante 21 reglamento, le delegue el Tribunal Supremo, relacionados con la administración del Patronato y será el responsable de que se lleven a cabo las labores referentes a la operación de este".
La Asociación de Abogados es una entidad organizada por abogados del PNP en el 2010, inscrita en el Departamento de Estado por su hoy director ejecutivo, Miguel Rodriguez Ramos y fue la organización que llevó un pleito judicial y logró la eliminación de la colegiación compulsoria de los letrados en la Isla. Su hoy presidente, el licenciado Ramón Rosario Cortés, fue el ex secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza de Ricardo Rosselló Navárez.
De aprobarse la Ley, Rodríguez Ramos, un ex oficial jurídico del juez asociado, Rafael Martínez Torres, sería miembro de la Junta del Patronato y el Secretario del Tribunal, Javier O. Sepulveda Rodríguez, un Ex Sub Procurador de Justicia bajo la administración del gobernador, Pedro Pierluisi, sería el director ejecutivo con poderes plenarios de la entidad.
Sepulveda Rodríguez, nombrado por Pierluisi juez Superior el 28 de junio del 2024, tres semanas después de que el poder nominador perdiera la posibilidad de ser candidato a la gobernación en las Elecciones Generales de noviembre.
Como secretario del Alto Foro, Sepulveda Rodríguez estuvo involucrado en la toma de juramento de la hija del abogado criminalista de Ponce y candidato a la alcaldía de esa ciudad, Pablo Colón Santiago, cuyo juramento como abogada le fue tomado por el juez Erick Koltoff, a pesar de que el Foro estaba cerrado por razón de la pandemia del Covid 19.
La teoría de tres abogados consultados por separado es que la legislación traída por RIvera Schatz, "se hizo allí adentro (en el Tribunal Supremo) con personas como el licenciado Rodriguez Ramos, sin descartar a un muy amigo de Rivera Schatz, el ex juez del Tribunal de Apelaciones, Gerardo Flores" García.
Este último - quien fuera asesor de Rivera Schatz en la administración Fortuño cuando fue nombrado al Tribunal de Apelaciones luego de cualificarlo al reducir el criterio de años de experiencia para poder nominarlo, salió del foro judicial en julio del 2021 y se especulaba podría ser nombrado al Tribunal Supremo en sustitución del juez Edgardo Rivera García. Hoy, Flores García es contratista del Senado a razón de $102K anuales.
Entretanto y en cuanto a la eliminación de la categoría de Juez Municipal, la Exposición de Motivos del proyecto de ley establece que "uno de los cambios más significativos que introduce esta legislación es la eliminación de la categoría de jueces municipales. En esa dirección, la ley buscar homogeneizar a todos los adjudicadores del Tribunal de Primera Instancia en un solo nivel, de forma tal que todos serán clasificados como jueces superiores".
Bonita Radio supo que el 60 porciento de los trabajos del poder judicial en PR se atienden en las salas de jueces municipales. Si todos son superiores.
El proyecto 1096 también establece la creación de salas especializadas en Asuntos Contributivos y Delitos Económicos en el Tribunal de Primera Instancia de la Región de San Juan; una Sala Especializada en Asuntos Hipotecarios en las Regiones Judiciales de San Juan, Mayagüez, Ponce y Fajardo, para atender controversias relacionadas a ejecuciones de hipoteca y una Sala Especializada en Reclamaciones de Seguros en cada región judicial, cuando el Gobernador de Puerto Rico decrete 22 un estado de emergencia.
Destaca además que el proyecto parece impregnar un elemento ideológico partidista al crear el Negociado de Traducciones del Tribunal Supremo para "de forma directa, (atender) un componente esencial de la accesibilidad y legitimidad del sistema judicial: la necesidad de que las decisiones del Tribunal Supremo estén disponibles en un idioma que permita su comprensión por ciudadanos residentes en Puerto Rico cuyo primer idioma no es el español. En esa dirección, se reafirma la importancia institucional del Negociado de Traducciones del Tribunal Supremo".
El proyecto no trae estadísticas para tratar de justificar la realidad de la necesidad de crear un Negociado de Traducciones que impactaría más el presupuesto del Poder Judicial.
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