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Comunidad de Luquillo impugna deslinde por entender que está en violación a los requisitos procesales del Reglamento 4860 e insisten en que el deslinde desaparece el humedal que existe en la zona
Por Carmen Enid Acevedo
Bonita Radio
Alfonso Valdés Acevedo, hijo del desarrollador de Azure Development, LLC que intenta construir en el sector Punta Bandera en Luquillo en medio de un humedal, aportó $2mil a la campaña de la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) tres días antes de que el deslinde que viabilizaría la construcción del proyecto fue certificado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
Los contactos de donantes y familiares de la candidata a la gobernación del PNP no se han limitado en el pasado mes y a dos de las elecciones generales, a una aportación económica a su campaña en medio de los trámites que el desarrollador sigue en las agencias expertas.
Como si fuera poco, el secretario interino del DRNA, Roberto Méndez Martínez, otorgó un contrato de examinador por $79k al primo hermano de la Comisionada Residente, Luis González Ortiz, a través de su corporación González Ortiz Law Offices, que en el año intervino como examinador en el proceso de vistas que por ley la agencia tiene que celebrar en casos de deslinde que afecta a terceros.
Asimismo, la Comisionada González intervino el año pasado en el caso de Punta Bandera cuando envió una misiva al alto mando de USACE para conocer el status de los trámites de los permisos en esa agencia y así acelerar lo que culminaría en el deslinde de la #ZMT de un proyecto turístico y residencial de lujo que impactaría la zona marítimo terrestre-bien de dominio público.
Bonita Radio descubrió que el hijo de Valdés García, Alfonso Valdés Acevedo, es un contratista del gobierno Pierluisi-Gonzalez a través de Vanguard Asset Management Group, una corporación que brinda servicios en el Departamento de Educación.
El registro de donativos en la Oficina del Contralor Electoral establece que el pasado 27 de agosto donó $2K a la campaña de González.
El DRNA certificó el deslinde en el caso O-AG-CERO2-PO0038-29122022 de Punta Bandera, el 30 de agosto pasado y lo hizo público en el portal de la agencia el cuatro de septiembre.
Los donativos del desarrollador y padre de Valdés Acevedo, Valdés García, incluyeron a Thomas Rivera Schatz y Pedro Pierluisi por $6,211.04 en total entre el 2019 y el 2023, cuando luchaba para que saliera el deslinde del proyecto.
De otra parte, el contrato de examinador fue adjudicado a González Ortiz Law Offices el pasado seis de septiembre, tres semanas más tarde de que la secretaria en propiedad de la agencia, Anais Rodríguez Vega, salió en licencia por maternidad y dos días antes de que la agencia certificara el deslinde del proyecto.
Luis, nombre de pila del abogado, es primo hermano de González y ya había sido contratado por el DRNA como examinador pero su contrato no había sido renovado.
Méndez Martínez, quien está en destaque desde La Fortaleza, firmó el contrato para quien, en mayo del 2023, intervino como examinador en la controversia e incluso logró suspender vistas públicas relacionadas al deslinde alegando que habían muchas personas solicitando la intervención en el proceso administrativo, un derecho que le otorga la Ley y el Reglamento a las comunidades colindantes con el proyecto.
En junio del 2023, González Ortiz se inhibió 'motu proprio' de atender las vistas públicas de Punta Bandera. Ha tenido contacto con casos de alto interés público como los desarrollos del Muelle del Azúcar en Aguadilla y el caso de Sol y Playa en Rincón.
Un mes antes y en mayo del año pasado, Bonita Radio investigó el caso de Punta Bandera y llamó la atención de la intervención de la Comisionada Residente González, sin que su oficina contestara reclamos de información. El dato se hizo público en el caso de quiebras que tiene Azure Development en la Corte de Quiebras de Estados Unidos en Puerto Rico, donde hablaba de peticiones de intervención a González en su vcarácter de Comisionada y de Nydia Velázquez, congresista.
Velázquez negó la información a través de una comunicación en sus redes sociales, sin contestar peticiones de entrevista.
Asimismo, la comunidad de Punta Bandera impugnó el deslinde el pasado viernes 27 de septiembre alegando que: hubo omisión en la notificación a los colindantes según lo establece el Reglamento 4860; Falta de la rotulación conforme a los artículos 3.1(C) y 3.1(D) del Reglamento 4860; Falta de cumplimiento con presentar los folios digitalizados de la finca hasta la primera inscripción y 4. Falta de cumplimiento con presentar el Good Standing y el Certificado de Incorporación Vigente del titular del predio.
Más extremos de esta historia en Qué palo...es noticia hoy a las 5PM por YouTube Live.
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