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Las disidentes del Alto Foro en el caso que deja fuera de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a Proyecto Dignidad, plantean que la mayoría utilizó como excusa la economía fiscal para justificar la “intención discriminatoria". Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio En una decisión suscrita por el juez Erick Koltoff, la mayoría del Tribunal Supremo, compuesta por jueces nombrados por dos gobernadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), decidió que Proyecto Dignidad (PD) como colectividad de minoría no estará representado en la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por haber perdido la clasificación de 'partido propietario" aunque retuvo su franquicia al obtener 6.2 porciento de los votos en las pasadas elecciones. La opinión del caso incoado por PD, cuando en diciembre pasado la CEE los dejó fuera de la entidad desde enero del 2025, decide que es constitucional la clasificación de "partido propietario" creada por de la Ley Electoral del 2020 que empujó la Legislatura de Thomas Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez y convirtió en ley la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garced. La CEE controlada administrativamente por el PNP, despidió a dos empleados de PD en la Junta del Voto Ausente y Adelantado (JAVAA), de la oficina del Comisionado Electoral y siete de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP). Juez Asociado, Erick Koltoff. Foto: Juan Costa La mayoría por voz de Koltoff, un ex asesor del hoy presidente del Senado, Rivera Schatz, decidió que "en el caso que nos ocupa, de ninguna forma nos enfrentamos a una obstaculización del proceso eleccionario, sino a una disposición que facilita el proceso administrativo dentro de la CEE, que recalcamos, se encuentra dentro de las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa". El PNP alega que eliminar la representación de PD en la CEE se hace por un asunto de economía fiscal. A la opinión del Tribunal suscrita por Koltoff consintieron los jueces asociados, que como él, también fueron nombrados por Luis Fortuño, a saber, Mildred Pabón Charneco, Roberto Filiberti y Rafael Martínez. También constituyeron mayoría los recientemente nombrados por la gobernadora, Jenniffer González Colón, Raúl Candelario López y Camille Rivera Pérez. Thomas Ribvera Schatz y Erick Koltoff "Recalcamos hoy para el beneficio de las partes y la posteridad que las normas constitucionales protegen solo la igualdad ante la ley y, contrario a lo expuesto por el Peticionario no garantizan la igualdad económica, ni de ninguna otra índole que no sea la jurídica", sosteniendo que la igualdad económica no es de alcance constitucional. TODO PARTIDO CON FRANQUICIA ELECTORAL DEBE PARTICIPAR DE LA CEE Una de dos opiniones disidentes del caso la suscribió el también nombrado por Fortuño, Luis Estrella Martínez, a la que se unió la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez. El juez asociado Angel Colón, escribió la suya incluso recordándole a la mayoría como deshacen de un plumazo las decisiones que antes había sostenido el Alto Foro sobre violaciones a la cláusula constitucional de libre asociación. "....opino que las disposiciones del Código Electoral aquí en controversia crean una desigualdad indebida o una situación de inferioridad representativa no justificada de unos partidos políticos sobre otros que contraviene nuestro ordenamiento democrático, consagrado en la Constitución de Puerto Rico y en la Constitución de los Estados Unidos". Gobernadora y jueces Camille Rivera Pérez y Raúl Candelaro López. Establece además que "Más importante aún, considero que el Estado no logró superar el escrutinio constitucional estricto ni demostrar que despojar de su igual representación a un partido como Proyecto Dignidad, a pesar de que goza de una franquicia electoral, persigue un interés público apremiante y que no existen otros medios menos onerosos para hacerlo. Por el contrario, el presunto interés en procurar la eficiencia, el ahorro fiscal y la proporcionalidad es, a todas luces, un pretexto evidente para ocultar la intención discriminatoria contra los partidos de nueva creación, limitando así los espacios de pluralidad y, con ello, consolidando la hegemonía de los partidos mayoritarios en los procedimientos electorales. Después de todo, "{d]istinto a las alegaciones simplistas de algunos sectores, el sistema electoral no es un gasto, sino una inversión vital para garantizar la democracia en Puerto Rico". Al parecer, la disidente de Estrella Martínez le dolió al presidente del Senado Rivera Schatz. En un comentario en redes sociales intimó que la minoría del Tribunal "se estrelló" en su análisis y estableció una analogía entre la economía fiscal que sigue el Tribunal Supremo, teniendo paneles de tres jueces, y la que justifica la CEE PNP para alejar a los partidos de minoría de su operación. Publicación del presidente del Senado en su muro de FB, sábado 17 de mayo. Estrella Martínez fue un asesor de Rivera Schatz en la CEE y más tarde en el Senado. De otra parte, la disidente del juez Colón también pone hincapié en que la mayoría del Foro Judicial se aparta de los principios básicos de democracia al decidir que la CEE puede discriminar contra los partidos minoritarios. "Recordemos que, para el buen y normal funcionamiento de nuestro sistema político, en un País que se hace llamar democrático, es indispensable garantizar que los partidos minoritarios o de oposición tengan representación plena en aquellos espacios, -- como la CEE --, en los que se forja política pública. Al igual que, en su momento y en escenarios similares, lo hicieron la delegada y los delegados a la Convención Constituyente, en esta ocasión, -- desde la disidencia --, nos oponemos a permitir que los partidos políticos de mayoría posean control absoluto de los organismos gubernamentales de naturaleza electoral. Destacó al menos siete casos donde el Tribunal Supremo ha sostenido "en innumerables ocasiones, al amparo de este derecho de estirpe constitucional, el Estado no puede aprobar o poner en vigor ley o norma alguna que establezca un trato desigual para algunas personas, salvo que tenga una razón justificada para ello". "En términos generales, el axioma de igualdad electoral pretende impedir que un partido mayoritario: (1) limite el nacimiento de otros partidos; (2) agrave la situación de los partidos de oposición existentes; o (3) introduzca cambios en las leyes y reglas electorales en beneficio de determinado partido o en perjuicio de los demás existentes o de aquellos que estén por inscribirse. P.R.P. y. E.L.A., supra, págs. 637-638. En suma, este axioma tiene el propósito de prevenir que nuestro País se convierta en una sociedad unipartidista".

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG) emitió el 15 de abril una resolución para paralizar los procesos de la subasta adjudicada a GM Sectec, un contratista del Departamento de Educación y cliente de Politank, para investigar a fondo los reclamos de un competidor de que no cumplió con por lo menos cinco requisitos de ley. Los procesos de contratación que según reveló en exclusiva Bonita Radio el viernes nueve de mayo, empujaba Politank en el DE, “o cualquier otro proceso relacionado con la adjudicación, del RFP Núm. RFPDEPR-OC-2024-006”, quedaron paralizados. La Junta aceptó además que “la Lcda. Irma E. Castro Dieppa y el Lcdo. Carlos M. Rivera Vicente, se unan a la representación legal de Génesis”. Politank, la firma de cabilderos que se alega que perteneció hasta enero pasado al secretario de la gobernación, Francisco Domenech, hacía gestiones para empujar la contratación de Sectec, incluso a sabiendas de que hay un procedimiento pendiente ante la Junta Revisora de Subastas de la ASG. Gobernadora Jenniffer González y el secretario de la gobernación, Francisco Domenech. GM Sectec, una subsidiaria de St James Security, recibió la adjudicación de la subasta RFP-DEPR-OC-2024-06, Para la contratación de servicios de vigilancia electrónica para el Departamento de Educación en marzo de 2025, luego de que el anuncio de RFP se dio el cuatro de octubre del 2024. La contratación de Sectec es $45M más cara que la propuesta de Génesis quien ha atendido el control de seguridad mediante cámaras en las escuelas por los últimos diez años. La controversia entre GM Sectec y Génesis, pone además al descubierto los problemas que hay entre los que en un momento fueron parte de la campaña de la hoy gobernadora, Jenniffer González Colón, Oriol Campos, ex jefe de Finanzas, y el director del esfuerzo electoral de la entonces comisionada residente, hoy secretario de la gobernación, Domenech. Oriol Campos en las vistas del Comité de Transición de la administración de González Colón donde también participó el licenciado Marcos Rodríguez Emma y el hoy director de la Oficina de la Gobernadora, César Alvarado. “Esa comunicación se rompió”, dijo una fuente de entero crédito sobre lo que a todas luces coloca a Campos fuera del círculo íntimo de la Gobernadora. Campos es abogado de Génesis, junto a Francisco Reyes Caparrós y Politank el cabildero de GM Holdings, según el Registro de Cabilderos del Departamento de Justicia. GM Holdings, sombrilla de GM Setec, carga a Carlos Díaz Vivó y Jesús Cortina Martínez, activos donantes y a manos llenas del Partido Nuevo Progresista (PNP). El primero aportó $34k del 2019 al 2024 que incluyó donativos a la hoy gobernadora González Colón y el segundo, Donativos Carlos Díaz Vivó en registro Oficina de Contralor Electoral Un tercer cabildero se alega es parte del panorama. Anthony Maceira Zayas haría lo propio a favor de GM en ASG . Maceira es el esposo de la compradora principal de ASG, Karla Mercado, una posición creada a la medida para la joven abogada en el 2019 por el entonces presidente del Senado y que hoy repite, Thomas Rivera Schatz. El Abogado es cabildero certificado en el Senado y tiene contratos con el Alto Cuerpo. Domenech empujaría a GM en las oficinas de Educación con la pasada secretaria, Yanira Raíces, hoy en destaque en el Senado. Raíces tendría a acceso al DE a través de la Sub Secretaria del DE, confirmaron dos fuentes de entero crédito. Llama la atención que en el pasado, sería Raíces la que firmaría un contrato con Campos como abogado precisamente del área de Subastas, una vez González Colón ganó la candidatura a la gobernación en la primaria con Pedro Pierluisi en junio del 2024. El contrato fue cancelado ante el escándalo que generó ante la opinión pública. Anthony Maceira Zayas, a la salida del Tribunal Federal en San Juan donde fue testigo en el caso de Sixto George. Se alega que en el DE que dirige el secretario Eliezer Ramos Parés los cabilderos empujan la redacción de un contrato y la asignación presupuestaria para finiquitar la transacción a pesar de que hay un procedimiento de revisión en la Junta Revisora de Subastas de ASG. Ex secretaria del DE, Yanira Raíces Vega. El proponente Génesis fue descartado de plano en el RFP por incumplir con la fianza que por ley y reglamento debió poner en el proceso. Alega que fue descalificado “por el incumplimiento de un tercero encargado de gestionar la fianza exigida en el Art. 4(e) y Art. 7 de la Ley 108-1965, la cual no se expidió a tiempo”. Pero, la defensa de Génesis parece ser que si ellos incumplieron, la corporación a la que se le adjudicó la subasta GM Sectec, falló en traer cinco requisitos reglamentarios entre otros, estados financieros auditados y una licencia de agencia de seguridad propia y en cambio utilizó la de un tercero, en este caso, St James Security. El siete de abril pasado y en un escrito de 25 páginas, Campos solicitó a la Junta de ASG que revisara su determinación alegando por lo menos cinco errores en el proceso entre otros que cuando el DE emitió Aviso de Requerimiento de Propuestas (RFP) para servicios de seguridad y cámaras de seguridad, estableció como requisito indispensable presentar prueba de licencia válida de “agencia de guardias de seguridad” conforme a la Ley Núm. 108-1965”. Que este requisito no es subsanable y argumenta que el Artículo 4 de la Ley 108-1965 dispone expresamente los “Requisitos para la licencia como guardia privado”, entre los cuales figura la presentación de fianza o póliza de seguro conforme al Art. 7. Además que la norma no faculta al DE para eximir o sustituir este requisito, pues la expedición de licencia corresponde al Negociado de la Policía de Puerto Rico y su inaplicación vicia todo el procedimiento de licitación. En las vistas de confirmación de la designada secretaria del Departamento de Estado, Verónica Ferraiuoli, el presidente del Senado, Rivera Schatz, alertó al Director de la Oficina de Ética Gubernamental, el acarreo de cabildeos que se suscitan en gobierno con Politank. Conéctate a Noticias con cafe en el canal de Bonita Radio en YouTube para conocer más de esta historia.

La firma de contabilidad Horne ha facturado $348M en contratos con el gobiernoPR y sus cabilderos aquí son los de la firma Politiank, hasta enero de este año propiedad del secretario de la gobernación, Francisco Domenech. La sub secretaria trabajó con Horne hasta que fue nombrada como al gobierno de Jenniffer González Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La firma con más contratos pagaderos con fondos de recuperación a partir de los desastres de los huracanes Irma y María en 2017, Horne, LLP, acordó pagar $1,206 millones en reclamaciones civiles al admitir que sobre facturó a la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario - Recuperación de Catástrofes (CDBG-DR) mientras gerenciaba proyectos de reconstrucción en el Distrito Sur de Virginia entre el 2017 y el 2018. La información fue registrada el pasado 16 de abril en el portal del Departamento de Justicia de Estados Unidos y anunciada por la fiscal federal en funciones, Lisa G. Johnston, sobre el acuerdo de transacción a que llegó Horne LLP, de Ridgeland (Misisipi), para pagar al gobierno "$1.207.600 para resolver las acusaciones civiles de que recibió pagos indebidos de fondos de subvenciones federales para la recuperación de catástrofes en relación con los servicios de recuperación de catástrofes que prestó en 2017 y 2018 en Virginia Occidental". A raíz de la declaración presidencial de catástrofe emitida en respuesta a las inundaciones, el Congreso asignó fondos para la recuperación de Virginia Occidental, que serían administrados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE.UU. en CDBG-DR. Estos fondos se pusieron a disposición para financiar las necesidades de recuperación en Virginia Occidental, incluida la rehabilitación y sustitución de viviendas para propietarios de bajos ingresos". Poco después de que se asignaran los fondos CDBG-DR, Horne fue seleccionada por la Oficina de Desarrollo de Virginia Occidental (WVDO) para desarrollar el Plan de Acción del estado para el uso de los fondos de subvención de recuperación de desastres, se explica en el comunicado y se advierte que el contrato original era de $900,000 y fue aumentado a $18 millones sin subasta. En Puerto Rico, las enmiendas del contrato original de Horne - cuyo principal ejecutivo era en aquél momento Neil Forbes y desde agosto de 2019 es Samir El Hage Arocho - han sido cinco y en dos ocasiones el aumento en cuantía fue de $45,560,039 y $4,523,789 millones, respectivamente. Esas enmiendas se dieron en mayo del 2022 y el 19 de abril de 2024. De acuerdo al registro de cabilderos del Departamento de Justicia de PR, Horne es cliente de Politank, la firma de cabilderos de la que era propietario Domenech, principal de la campaña a la gobernación de Gonzalez Colón y hoy gobernadora. Además, la subalterna de Domenech y hoy sub secretaria de la gobernación, Itza García Rodriguez, fue la empleada de Horne hasta el pasado mes de enero cuando fue anunciada por la gobernadora González Colón como la que ocuparía la posición de Sub Secretaria de la Gobernación. Horne es uno de los 31 clientes que tiene Politank, donde figura como socio el ex presidente del Senado, Kenneth MClintock y el ex secretario del Senado bajo la presidencia de Thomas Rivera Schatz, Manuel Torres. El principal ejecutivo de Horne hoy, El Hage Arocho, era uno de los cinco subcontratistas de Horne cuando en el 2109, tuvo e l contrato más cuantioso pago con fondos CDBG-DR. En ese año, Horne LLP estableció en su contrato de $122,503,689 hasta mayo del 2022, que subcontrató a otras cinco compañías, tres de las cuales mantenían contratos con el gobierno: Hage Consulting - de El Hage Arocho, que tuvo cinco contratos hasta el 30 de junio del 2019, uno con la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP); el Municipio de Carolina; dos con la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) y uno con la Administración de Vivienda Pública (AVP), para un total de $267,390. La firma de El Hage Arocho tuvo los contratos con el Departamento de Vivienda, la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI), el Departamento de Desarrollo Económico y Vivienda Pública desde el ocho de julio del 2019, cuando se convirtió en oficial de Horne en el área de servicios de gobierno, según un contrato y su perfil en la red de negocios Linkedin . El Hage Arocho es un donante político activo desde el 2016 cuando donó al Partido Popular y al PNP pero se mostró más dadivoso a partir del 21019, cuando donó $11 mil a candidatos del partido de gobierno hoy, incluido el candidato y más tarde gobernador, Pedro Pierluisi. Garcia Rodriguez, por su parte, alega en su perfil de la red de negocios que salió de Horne, como Senior Port Folio Manager en marzo del 2025 sin embargo comenzó funciones en La Fortaleza en enero de ese mismo año. Donantivos politicos antes del 2019 Donativos de El Hage Arocho a partir del 2019. García Rodríguez dona en menos cantidades a su PNP. A partir del 2019 ha donado $940. García Rodriguez fue sub secretaria de la gobernación bajo la administración de Ricardo Rosselló Neváres y se involucró en el escándalo del Chat de Whatsapp junto a su ex jefe, William Villafañe, caso que le costó el titulo de abogado al ex juez y presidente de la Junta de Inscripción Permanente de Moca, Rafael Ramos Sáenz. 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Las interrogantes de Bonita Radio ante la información de que LUMA Energy tiene cuatro contratos para desganche que suman $1,195M en un año, fueron contestadas por un trabajador con conocimiento de las unidades de poda que se crearon hace 23 años para palear la crisis que crea la vegetación en las líneas de transmisión Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El exhorbitante gasto del privatizador de la transmisión y distribución de energía de Puerto Rico, Luma Energy, para el desganche de vegetación y que en el último año será de $1,195 millones pagaderos con fondos federales de la recuperación, contrasta con los $8,731,840.00 que se gastaban de fondos públicos a partir del 2002 para realizar labores constantes a nivel Isla. Aún aplicando un aumento de hasta un 30% de aumento por los 23 años transcurridos, Puerto Rico todavía el pueblo paga un exceso de $248 millones al año en un solo contrato para realizar la labor que antes llegaron a realizar hasta 80 empleados de la privatizada Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en las unidades creadas a principios del año 2002 y que un segundo grupo en el 2006, fueron bautizadas como 'Las Termitas'. Brigadas de poda de la AEE en el 2016. Foto suministrada El apagón de miércoles Santo, que se achacó a despeje inadecuado "en la línea número 50100, de 230 Kv, la cual discurre desde el centro de transmisión de Manatí hasta la central de Cambalache en Arecibo" colocó varias preguntas en el tintero. ¿Cuánto se gastaba en la AEE por el trabajo de desganche o despeje? ¿Quiénes lo realizaban? ¿Con qué frecuencia? En el año 2002, la administración de Sila María Calderon y del entonces director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Héctor Rosario, creó grupos de trabajadores para realizar el desganche en las líneas de transmisión de 115kv y 230Kv, precisamente una de las cuales salió de servicio por un trabajo mal realizado por los contratistas que sub contrata LUMA. Entre el 2021 y el 2025, LUMA ha emitido 10 contratos para despeje de vegetación que suman $1,405 millones. "Son la espina dorsal del sistema eléctrico de Puerto Rico", dijo Karlexy Rosario, un celador de la AEE de 22 años de experiencia que hoy trabaja como conductor de camiones en el almacén de alimentos del Departamento de Educación. Es de los cerca de 2mil trabajadores de la AEE que están dispersos entre las agencias de gobierno al rechazar moverse a trabajar con el privatizador cuando ese proceso advino final y firme en el 2021. Karlexy Rosario en una protesta de la UTIER en contra de la privatización de la AEE En un análisis que hizo a petición de las interrogantes de Bonita Radio , Rosario trazó la ruta histórica que vivió el trabajo de despeje de vegetación en las líneas de transmisión en los 22 años que trabajó en la Autoridad. Narró que hasta el 2000, la AEE tenía podadores para realizar el trabajo de desganche en los Distritos Técnicos de cada región. "Eran trabajos programados y cuando surgía la necesidad de realizar despeje de emergencia en las líneas de transmisión tenían que movilizar los podadores que estaban realizando esos trabajos ya programados". Rosario indicó que el propósito de la creación de estos grupos fue tener brigadas de desganche que atendieran directamente las líneas de transmisión (115Kv y 230KV) "en todo momento, para no tener que mover las brigadas de los Distritos Técnicos. El primer grupo de desganche de Transmisión fue en el 2002. Eran cerca de 35 podadores que fueron distribuidos en dos Regiones de Caguas y Bayamón. "Pero hubo un problema, cómo esos compañeros no tenían plazas en propiedad según fueron saliendo plazas y se fueron nombrando las brigadas fueron desapareciendo". Un segundo grupo de desganche se conoció como 'Las Termitas de Transmisión' y se formó en el 2006, luego de dos escuelas de aproximadamente 40 candidatos cada una. "La AEE para evitar que el grupo se fuera desvaneciendo como ocurrió con el primer grupo y en violación al Convenio Colectivo entre la agencia y la UTIER, nombró a los podadores en propiedad tan pronto salieron de escuela. ¿Por qué Las Termitas? "Por la manera en que estos podadores realizaban los despejo de las líneas de Transmisión. Literalmente no dejaban vegetación debajo de esas líneas", explicó Rosario, llevando su relato a un documento que incluso publicó en sus redes sociales. La única responsabilidad de esas brigadas era el despejo de las líneas de transmisión de 115Kv y 230Kv de toda la Isla. "A diferencia de los Podadores de los Distritos Técnicos que realizaban despejo en líneas secundarias (120v/240v), líneas de distribución (7,200v, 8,320v y 13,200v), líneas de sub transmisión (38Kv) y las líneas de transmisión (115Kv y 230Kv), estas brigadas desganchaban las líneas de Transmisión de toda Isla. Estaban destacados en Guayama. El nuevo programa se creó bajo la administración del ex gobernador, Aníbal Acevedo Vila, siendo director ejecutivo, Juan Alicea Flores. El salario de las Termitas era de $18.00 en jornada regular, de L-V de 7:30am a 4:00pm; 37.5hrs semanales ($675.00) Había 'Tiempo Extraordinario' de 28.5 semanales ($1,026.00) "Para esta fecha el TE era doble. Las dietas sumaban $398.00 semanales para un total de $2,099.00 semanal por persona", planteó Rosario, a base de la experiencia que tuvo en aquéllas brigadas que fueron eliminadas por la administración de Luis Fortuño Burset, como gobernador y Josué Colón, hoy 'Zar de Energía', como director ejecutivo de la AEE. Josué Colón en su época de Director Ejecutivo de la AEE, cuando eliminaron Las Termitas como unidad para despejar de vegetación en las líneas de transmisión La matemática no falla, a razón de 80 trabajadores a $2,099.00 mensuales, el costo mensual era de $167,920.00 para un trabajo que según Rosario, "mientras existió ese programa sólo hubo un evento cuando una bambúa hizo contacto con una línea de transmisión. El sistema operó pero no hubo clientes sin servicio". $167,920.00pp x 52 semanas = $8,731,840.00 al año (80 Podadores) "Después de la aprobación de la Ley 26 -2017 la paga por trabajo extraordinario es 1.5.Los compañeros tenían turnos de L-V y trabajaban un 6to día con horario fijo de 6am a 6pm y cobraban dieta semanal de $398 ($4.50, $8.00, $8.00 y $55.00)", sentenció. "Ese patrullaje notificaba al Centro de Control Energético las deficiencias del sistema y ellos se encargaban de asignar las tareas", dijo Rosario al tiempo que explicío que en aquél momento "habían tres tipos de notificaciones" 1. Crítico: Que había que atenderlo con urgencia 2. Preventivo Preferencial: Qué tenían que ponerle atención. 3. Preventivo o Mantenimiento de rutina. A las 8AM en Noticias con café traemos más información y análisis de esta historia en el canal de YouTube .

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La auditoría de la Oficina del Contralor sobre las contrataciones en la Puerto Rico Innovation and Technology Service ( PRITS, por sus siglas en inglés), que provocó referidos a agencias anti corrupción de un abogado con múltiples contratos con la Rama Ejecutiva y municipios, también puso el ojo en otra abogada que contrata como 'relacionista profesional', sin tener licencia para ello, con una corporación y bajo su nombre para un total de sobre $6M entre el 2015 y el 2024. La olla que destapó la autoría de la OCPR bajo la dirección de la CPA, Yesmín Valdivieso, el pasado siete de abril, en el caso de Hiram Carlo Rivera López, cuyo referido por facturar hasta 30 horas en un día está desde verano en el Departamento de Justicia, incluyó un señalamiento sobre la contratación de Leticia Jover Lucío, como relacionista profesional sin tener licencia. Jover Lucío, quien contrata con el gobierno desde el 2015 bajo la corporación LJL, LLC. también tuvo un contrato bajo su nombre por unos $72,500. En total, LJL tuvo contratos hasta con diez agencias de gobierno a la misma vez, según se lista en uno de los negocios que tuvo con PRITS que sumaron $198 mil bajo la administración Pierluisi. Con la nueva administración PNP, de la gobernadora Jenniffer González, firmó un contrato de $33,330 con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres con vigencia del primero de febrero al 30 de junio de 2025. En el 2022, una enmienda a un contrato de PRITS fue firmada por el vice presidente de LJL y hermano de la contratista, Aníbal Jover Lucío. Una investigación de Bonita Radio sobre la auditoría OC-25-70, descubrió a la contratista cuyo nombre no se trae en el informe. Además, de un análisis de los múltiples documentos radicados en la OCPR, se encontró que contrató bajo su nombre y seguro social entre el 2020 y el 2021, por unos $72,500 con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Entre el 2015 y el 2021 contrató con la Comisión de Servicio Público, también por servicios de relaciones públicas, por unos $472 mil pero bajo el nombre de su corporación LJL, LLC. El presidente de esa Comisión era entonces el ex secretario general del PNP, Omar Negrón Judice. Jover Lucío es abogada-notaria desde el 2013 y no tiene licencia de relacionista profesional a pesar de haber contratado tanto en agencias como en el municipio de San Juan para realizar trabajos de estrategia y monitoreo de medios, prensa, redacción de comunicados, entre otras. La abogada no contestó pedidos de información sobre sus contratos con PRITS y el municipio de San Juan y una ayudante suya alegó que estaba en el hospital. Sin embargo, esta no contestó si los contratos de LJL en PRITS y en San Juan están vigentes al día de hoy. Fuentes de entero crédito aseguraron que el contrato del municipio de San Juan fue cancelado una vez finalizadas las Fiestas de la Calle San Sebastian, trabajo que dejó publicado en sus redes sociales. LA CONTRALORA IDENTIFICA TRABAJOS DE RELACIONES PÚBLICAS SIN LICENCIA Y LO ADVIERTE A LA JUNTA REGLAMENTADORA DE ESA PROFESIÓN Según la auditoría de la OCPR, la contratista Jover Lucío "facturó $63,697 en el 2021, rindió sus servicios como una compañía de responsabilidad limitada que requiere que sus oficiales cuenten con las licencias profesionales correspondientes. "Esta situación se notificó al Presidente de la Junta Reglamentadora de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico el 1 de octubre de 2024 para que tome las medidas correspondientes". En octubre era el presidente, Carlos Ramos Domenech, ante la salida de Daniel Rodríguez. La última vez que Jover Lucío contrató en gobierno bajo su nombre para rendir servicios de relaciones públicas, fue entre el primero de julio del 2020 y junio del 2021 cuando firmó un contrato con la AAA, bajo la dirección de la ingeniera, Doriel Pagán Crespo. El último contrato adjudicado por Pagán Crespo a LJL en el 2024, le fue cancelado el cuatro de abril de este año. Entretanto, la auditoría de la OCPR sobre las transacciones fiscales de PRITS entre enero del 2019 al 31 ed diciembre de 2023, reveló que el entonces principal ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno, Enrique Volkers y la abogada principal de la agencia , " no se aseguraron de que la persona contratada para realizar tareas cónsonas con la profesión de relacionista público tuviera la licencia requerida". Mas tarde, ese contrato fue otorgado por la segunda directora de PRITS, Nanette Martínez Ortiz. El cambio de administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Ejecutivo y el Legislativo alteró con nuevos nombres el panorama de contrataciones en el renglón de comunicaciones pero persiste el gasto público para promover la "imagen positiva" del gobierno de Jenniffer González desde contenidos en redes sociales, discursos controlados y de entretenimiento como fuente de información en medios tradicionales. Jover Lucío es donante del PNP a partir del 2019, tanto para Pierluisi como para La actual gobernadora Gonzalez Colón. En Esto es lo último a las 11AM , te traemos más información documental y análisis de esta investigación. ¡Conéctate, comenta y comparte!

Un empresario y una figura influyente de la administración de Pedro Pierluisi, se asegura tienen participación en el negocio Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) se propone aprobar la transacción para una nueva planta de generación de energía a base de gas metano y seleccionar a la empresa Tropigas que tendrá un acuerdo de negocios con inversionistas del patio como el empresario Federico Stubbe Arsuaga y el cuñado del gobernador, licenciado Andrés Guillemard Noble. Fuentes de entero crédito aseguraron a Bonita Radio que la Junta en pleno de la AAPPR, incluidos los dos representantes del interés público, estarían de acuerdo con la transacción pero se desconoce si la administración que sale el dos de enero, va a finiquitarla antes del 31 de diciembre y a hacer público los pormenores. Contrario a lo que se conoce como una APP, la nueva planta, a ubicarse en el área norte del país, sería operada por los contratistas que entrarían en un acuerdo de compra de combustible con el gobierno, conocido como PPA, por sus siglas en inglés. Tropigas tiene sus facilidades en la urbanización Luchetti en Bayamón. Un PPA (Power Purchase Agreement) es un contrato a largo plazo entre un comprador y un vendedor de energía que establece los términos de compraventa de electricidad. En Puerto Rico, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) ha aprobado y revisado PPAs de energía. Un ejemplo es el que mantiene el gobierno con la planta de carbón de 500MW que corre la empresa AES en Guayama. El PPA de AES se mantiene vigente hasta 2027, pero se espera que el uso de la generación a carbón en Puerto Rico se elimine en 2028 por lo que es una de las razones para que el gobierno de Pierluisi discuta públicamente desde el 2023 la aprobación de una nueva planta de generación. Nunca se ha revelado quiénes son los miembros del Comité de Selección de la APP que incluye a un funcionario de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de la Junta de Gobierno de la AEE y quienes son los dos empleados de una agencia pública seleccionados por la Junta de Directores de la AAPP. Entretanto, Bonita Radio supo que las negociaciones con empresarios puertorriqueños que participarían del negocio se dieron aquí y en Estados Unidos con un inversionista de allá, no identificado. En junio pasado, el renunciante director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés Gómez estuvo en Nueva York reunido con potenciales contratistas. Asimismo, Bonita Radio supo que el dos de octubre pasado, Stubbe, Guillemard Noble, Berríos y otras dos personas no identificadas, se reunieron en el Hotel Vanderbilt en Condado “a discutir el negocio”. “Será un contrato de 30 años, mínimo”, dijo una fuente. Humberto Berríos, vice presidente de Tropigas PR. Foto: News its my business Andrés Guillemard, junto a su esposa Caridad Pierluisi En septiembre pasado, el gobernador Pierluisi dijo sobre el tema que “espero que, en el futuro cercano, por no decir inmediato, se esté haciendo el anuncio de qué entidad es la seleccionada para llevar a cabo ese proyecto. Hace falta más generación en Puerto Rico. Ya el Negociado de Energía aprobó que tengamos una planta de gas natural de 300 megavatios. Así que eso viene seguro y en su momento se hará el anuncio correspondiente”. El lunes. Pierluisi insistió en que la gasificación de la producción de energía es la solución. La semana pasada y ante la renuncia de ‘impromptu’ del director ejecutivo, Fontanés Gómez, el secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero, indicó, a preguntas de la prensa, que “el proceso sigue su curso. Hay un comité para eso”. Omar Marrero, secretario de Estado Marrero es parte de la Junta de la AAPP como director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de PR (AAFAF) Los miembros del interés público son la licenciada Liza Ortiz y el ex representante Popular, Eduardo Ferrer Ríos. El gobierno lanzó una convocatoria el pasado primero de marzo del 2023 para la nueva planta bajo el modelo de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento (DBOM, en inglés). Fueron seis las compañías que presentaron propuestas para el proyecto de la nueva planta: CH4 Green Energy LLC , Eco-Renovable LLC , Haina Investment Co. Ltd. , InterEnergy Group Limited , Karpower International B.V. y Tropigas de Puerto Rico Inc. El requerimiento de la APPO contempló que el elegido diseñe, construya, financie, opere y mantenga la instalación generatriz , que entraría en un contrato de venta de energía con la AEE. Tropigas es una empresa puertorriqueña fundada en 1959 y en este momento dirigida por, Luis Humberto Berrios Rivera como presidente y su hijo, Humberto Berrios, vice presidente y a cargo del día día de la operación. Berríos hijo no contestó llamadas dejadas a su secretaria en la oficina de la empresa ubicada en el sector industrial Luchetti en Bayamón, ni los mensajes a la contestadora de su celular. Tampoco Stubbe Arsuaga contestó dos llamadas hechas a través de la relacionista profesional Milagros Hernández, de la agencia Comstat, de Badillo Saatchi, Saatchi, que atiende la cuenta de sus negocios bajo Prisa Group. Su asistente personal, Limaris Zayas, tampoco contestó mensajes en su oficina y los enviados a su correo electrónico. Por su parte, Guillemard Noble, no contestó las llamadas que se hicieron al bufete Nachman y Guillemard. Por su parte, Fontanés dijo en declaraciones escritas del pasado 22 de noviembre que: "El proyecto de alianza público-privada para una nueva facilidad de generación continúa en curso. Como hemos expresado y en virtud de la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley Núm. 29-2009), la información relacionada al proceso de evaluación, selección, negociación y adjudicación de las propuestas se mantiene bajo parámetros de confidencialidad. Una vez culminado dicho proceso, se dará a conocer la selección final y se hará pública y disponible toda la información relacionada”. Asimismo, la propuesta no parece tener problemas con el gobierno entrante de Jenniffer González Colón, toda vez que el pasado viernes creó un Comité de Transformación Energética que tendrá como prioridad enmendar la política pública para permitir el uso de gas natural y buscarle un sustituto a LUMA Energy, privatizadora del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica. A ese Comité nombró a Federico Stubbe González, hijo de quien se alega tendrá intereses financieros en la propuesta de la nueva planta de generación. Gobernador Pierluisi y los empresarios Federico Stubbe González y Stubbe Arsuaga. En noviembre González Colón dijo en entrevista con El Vocero que favorece diversificar las fuentes de energía y añadió: “….debemos usar gas natural, debemos usar hidrógeno, debemos ampliar nuestra huella hidroeléctrica, creo mucho en eso. Creo en ampliar más nuestra huella de energía eólica y creo también en la solar”. Gobernadora electa. Foto: Peter Amador El Gobernador ha dicho que la nueva planta se desarrollará a futuro con fuentes de hidrógeno, una tecnología que no está disponible en este momento. A las 8AM en Noticias con Café por el canal de Bonita Radio en YouTube Live traemos más información y análisis sobre esta última entrega de investigación.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El primer acusado de evadir contribuciones en Estados Unidos a través de la Ley 60 de Puerto Rico resulta ser un donante de la campaña del entonces candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y virtual gobernador, Pedro Pierluisi, cuyo donativo se dio en el 2020, cinco meses más tarde de obtener el decreto contributivo. El ciudadano de la India y residente en Miami, Susher Gajwani, que obtuvo un decreto contributivo en mayo del 2020 bajo el Código de Incentivos Contributivos aprobado en julio del 2019, fue acusado en Florida de evadir el pago de contribuciones de las ganancias de sobre $80 millones luego de mentir en el formulario 2353 para cualificar retroactivamente bajo los términos de la entonces Ley 22 en la Isla. Gobernador Pedro Pierluisi en el 2021. Foto: Ramon Zayas, END Gajwani, quien según la acusación tuvo residencia en la Isla desde el 2019 - un requisito para poder cualificar para un decreto contributivo bajo la mencionada ley, fue acusado mediante un "criminal information" el pasado 19 de marzo y compareció el miércoles nueve de abril a la sala de la jueza Cecilia Altonaga en el Distrito Sur de Florida donde renunció a que el gobierno presentara prueba ante un Gran Jurado. Aunque la Jueza emitió una orden de calendario del caso para verse mediante juicio en junio, se espera que Gajwani haga alegación de culpabilidad y quedó libre bajo fianza. Los hechos relativos al caso se dan luego de que se alega que un contable y un abogado asesoraron a Gajwani para que cambiara la corporación Nimco, radicada en Delaware como una corporación tipo C a una S, para que así pudiera cualificar para el decreto en la Isla. "El Contable 1 aconsejó a SURESH GAJWANI a convertir Nimco de una Corporación C a una S porque una C no podía acogerse a los beneficios de la Ley 60", lee la acusación firmada por los fiscales Hayden P OByrne, Michael Berger y Ashley Stein, Fiscal de Distrito, abogado principal y fiscal de Evasión Contributiva, respectivamente. Se alega que entre el 2019 y 2022, "Nimco tuvo ganancias netas de capital por un total aproximado de 80 millones y distribuyó una cantidad correspondiente a sus accionistas. Como resultado de la conversión indebida de Nimco, SURESH GAJWANI no pagó los impuestos debidos y adeudados sobre las ganancias de capital obtenidas", terminó leyendo la acusación. Llama la atención que Nimco fue radicada como corporación LLC en diciembre del 2019 en el Departamento de Estado de Puerto Rico y en agosto del 2020 presentó una resolución de disolución voluntaria. El registro fue radicado bajo una dirección en el número 100 de la calle Marina Aprt 3702 donde ubica el condominio Capitolio Plaza. Sin embargo, en el catastro digital del CRIM no hay ningún registro a nombre de Susher en esa dirección, si no a nombre de un tercero con siglas GACG desde el 2008 fecha en que se entregaron los primeros apartamentos por el desarrollador, Mora Development. La disolución de Nimco se dio en agosto del 2020, luego de que Gajwani presentara una resolución a esos efectos el 29 de julio de ese mismo año. En julio de 2023, el Servicio de Rentas Internas Federal, (IRS, por sus siglas en inglés), anunció que investigaba al menos 100 beneficiarios de la Ley 60 por evasión contributiva. El gobernador entonces, Pedro Pierluisi, le dio la bienvenida a las investigaciones alegando que el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), que otorga los decretos, los fiscalizaba. A pesar de que en el 2021, el entonces secretario del DDEC, Manuel Cidre, dijo que realizaban una auditoría y habría fuete para los infractores, de los 278 decretos cancelados, los beneficiarios le debían $24 millones al fisco y el entonces secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, reaccionó a los datos que reveló una pesquisa del Centro de Periodismo Investigativo alegando que el recobro de ese dinero era "cuesta arriba". Para más detalles de esta historia, conéctate a Noticias con café a las 8AM a través de nuestro canal de Youtube.

La Núm 13 de 1989, pero con enmiendas hasta el 2017, solo permite un diferencial de 1/3 parte del salario base de $80 mil para secretarios de agencia Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La secretaria del Departamento de Estado, Verónica Ferraiuoli Hornedo y la del Departamento de Justicia, Janet Parra, ganan hoy entre $84 y $34 mil respectivamente, por encima de los $106K que según la Ley para Fijar el Sueldo del Gobernador y de Otros Funcionarios de Gobierno ganarían jefes de agencia por tener hasta 1/3 parte del salario base de $80K como diferencial por dinero dejado de ganar en el empleo anterior a tener el cargo público. En el caso de la Secretaria de Estado el tipo es de $90k. El estatuto, que data de la administración del ex gobernador Rafael Hernández Colón, ha sido enmendado en 14 ocasiones entre otras razones, para designar el mencionado diferencial a otros 'Secretarios" otorgándole al Gobernador "la facultad de honrar el sueldo original de aquellos funcionarios públicos que por razón de necesidades del servicio público hayan tenido que asumir la dirección de un organismo o entidad gubernamental que conlleve la reducción del salario que devengaban en su anterior posición". Las últimas tres administraciones, todas del Partido Nuevo Progresista (PNP) han dado salarios a manos llenas sin cumplir con la Ley 13. La gobernadora Jenniffer González Colón defendió los salarios de su gabinete constitucional y otras agencias como ASEM, en una conferencia de prensa en La Fortaleza. Foto: Toñito Zayas, END El salario más alto de los jefes de agencia del Gobierno de la administración de Jenniffer González Colón es el del doctor, Regino Colón Alsina que devenga $274 mil anuales por dirigir la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), el conglomerado del Centro Médico. Esta cifra representa $168 mil por encima del tope de $80K si le aplicara la Ley 13. Ayer, González Colón defendió y justificó ese y demás salarios, incluídos los del matrimonio, de Francisco Domenech y Ferraiouli Hornedo, alegando que "Obviamente, se ganan más que eso en el sector privado. Estas personas que están en esos salarios, literalmente, están recibiendo un pay cut por trabajar en el gobierno ”. Bonita Radio intentó obtener reacción de La Fortaleza sobre la información que ubica a Secretarios y otros jefes de agencia ganando sobre el diferencial permitido por Ley y la oficial de Prensa de la gobernadora, Marieli Padró, no contestó llamadas ni mensajes a través de Whatsapp . La última enmienda a la Ley 13 que amplió a otros "Secretarios" el diferencial de una tercera parte del salario base de $80K, se dio bajo la Ley 199 de agosto del 2003 que estableció además que el estatuto aplicaría a "cualquier otro Secretario que mediante la creación de un departamento establezca la Asamblea Legislativa". Los salarios más altos del gobierno de la presente administración del Partido Nuevo Progresista (PNP), contrastan con los que devengaban en otros gobiernos de la misma colectividad en los que la Gobernadora hoy fue Comisionada Residente. En el caso del salario del Secretario de Seguridad Pública, (DSP), agencia creada por la legislatura de Thomas Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez en abril del 2017, el nuevo secretario, Arthur Juluis Garffer Croly, tiene un salario de $160K versus los $126K que se ganaba el saliente, que según trascendió en su vista de confirmación en marzo del 2021 se recortó en $84K anuales por entender que la situación fiscal de la agencia así lo ameritaba. En comparación con la administración de Ricardo Rosselló Neváres, Ferraiuoli Hornedo sobrepasa por $75 mil el salario de Luis Rivera Marín y Domenech supera por $57 mil los que ganaba en el 2017, William Villafañe. Conéctate a Esto es lo último a las 11AM por canal de Bonita Radio en Youtube donde ampliamos la historia y te decimos cual es el único salario que estaría cumpliendo con la disposición de la Ley 13.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El ex alcalde penepé de Cidra, José E. Carrasquillo Cruz, hoy secretario de administración del Senado que preside, Thomas Rivera Schatz, no será procesado por corrupción en cuanto a sus vínculos con contratos de basura con el convicto federal, Oscar Santamaría, según lo decidió el Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) el pasado 12 de febrero, el mismo día en que firmó un contrato con el 'brother del chat", Anthony Maceira Zayas. Javier Carrasquillo Cruz, ex alcalde de Cidra y Asesor de Asuntos Municipales de la administración Pierluisi hasta 2022. Foto: Noticel En una decisión que no ha sido hecha pública por el FEI pero entregada por esa oficina a petición de Bonita Radio, el Panel alega que las fiscales, Ileana Agudo Calderón y Leticia Espada, decidieron que no obtuvieron prueba para acusar a Carrasquillo Cruz por delitos relacionados a violaciones de la Ley de Etica y soborno alrededor de los contratos de Waste Collection en el municipio de Cidra. El lunes, Bonita Radio reveló que Maceira Zayas tiene u n contrato de $150K de cuatro meses en el Senado, que precisamente lo llevaron el domingo a Washington a cabildear por la estadidad junto a Rivera Schatz y una delegación senatorial y otros políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP). Anthony Maceira Zayas y Thomas Rivera Schatz en Washington cabildeando por la estadidad. Waste Collection era la empresa de Santamaría, un ex asesor del PNP que se convirtió en testigo en los casos de corrupción contra los hoy convictos, Angel Pérez, Félix El Cano Delgado, del PNP, Luis Arroyo Chiqués y Eduardo Cintrón Suárez, del Partido Popular Democrático (PPD), entre otros. En el caso de Carrasquillo Cruz, durante su incumbencia en Cidra fue que Santamaría y Waste Collection obtuvieron su primer contrato millonario para el recogido de basura y según Arroyo Chiqués dijo en su vista de sentencia en el Tribunal Federal, desde allí se gestó el pedido de sobornos a través de esas contrataciones Oscar Santamaría saliendo del Tribunal Federal Pero, el FEI alega que no encontró evidencia contra Carrasquillo Cruz. La pesquisa original data del 2015 y siete años más tarde fue investigado por el FEI - que dirige la ex jueza Ygri Rovera y el ex juez, Rubén Vélez. Las mencionadas fiscales "coinciden con la conclusión del informe del Departamento de Justicia de que no hubo una actuación del exalcalde Carrasquillo Cruz violatoria de alguna disposición de naturaleza criminal por infracciones a la Ley de Etica Gubernamental, ni a las disposiciones del Código Penal de Puerto Rico. Esto, particularmente, respecto al Articulo 254 del Código Penal de Puerto Rico de 2012, sobre Intervención Indebida en las Operaciones Gubernamentales y el Articulo 259. sobre soborno", lee la resolución del Panel después de haber recibido un informe de las fiscales el 23 de enero de este año. Alegaron que "no existe evidencia documental o testifical de que Carrasquillo Cruz obtuviera algún beneficio ilegal para 51 o un tercero como requiere la configuración del delito que contempla el Articulo 254 del Código Penal. Tampoco se obtuvo prueba de que Carrasquillo Cruz hubiese solicitado a recibido dinero o cualquier beneficio no permitido en ley al suscribir el contrato del municipio de Cidra con Waste Collection, Corp., ni que un tercero hubiese participado en un esquema de soborno en unión a Carrasquillo Cruz", establece el documento. En su informe final, las fiscales especiales independientes incluyeron la declaración del querellante y el resumen del testimonio de nueve testigos adicionales, "quienes no aportaron evidencia alguna sobre hechos que sostengan alguna actuación ilegal por parte del exalcalde Carrasquillo Cruz". El caso contra Carrasquillo Cruz se atendió desde el 2015 en el FEI sin resolverse hasta que en el 2022 se reactivó ante la petición de la prensa sobre la pesquisa que data de la administración de Alejandro García Padilla como gobernador. La querella presentada el 11 de agosto de 2015, en ci Departamento de Justicia de Puerto Rico, por Azriel Rosario Martinez, quien alegó, que el entonces alcalde incurrió en actos de corrupción y conflicto de intereses. "La OPFEI no fue notificada por dicho Departamento, conforme requiere la ley, de que se realizaría una investigación, ni de ningún otro procedimiento posterior, relacionado con dicha querella". En aquél momento realizaron la investigación en Justicia - años 2015 y 2016, y el 5 de abril de 2016 - los entonces fiscales Alberto Valcárcel Ruiz, Wilda Joy Nin Pacheco y Vilmary Rodriguez Pardo, quienes "suscribieron un informe sobre el resultado de ésta, titulado Informe en Solicitud de Cierre de la Investigación relacionado con alegadas violaciones" por parte de Carrasquillo Cruz.

Borrador de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) trae información de los impactos y la pretensión del desarrollador de construir un museo con las piezas Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El 24 porciento de los yacimientos arqueológicos que existen en la huella de construcción del proyecto hotelero y residencial de lujo Esencia en Cabo Rojo, sería impactado directamente por el desarrollo y un tres porciento sería integrado y mantenido visible para "el disfrute de los visitantes del proyecto". Un borrador de Declaración de Impacto Ambiental de 308 páginas es parte de los documentos que se encuentran en el portal de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y establece en su página 176 que un 24 porciento de los recursos culturales sería impactados por el desarrollo, un 73% quedará en los campos de golf fuera de las "áreas construidas libres de impacto directo" aunque aclara que "cuando sea necesario quedarán sellados bajo el terreno, siguiendo las metodologías arqueológicas aceptadas luego de los estudios pertinentes". El área de Los Pozos en Boquerón donde se pretende desarrollar Esencia. . (Foto captura del documental, la Esencia del Conflicto de Gabo Morales) Además, el proyecto contempla, según el borrador de la DIA, "un área de exhibición en el museo a localizarse en el West Town Center. En el mismo se conservarán y se exhibirán para el disfrute del público los yacimientos impactados que el ICP indiquen se pueden conservar". El proyecto propuesto está compuesto de 81 parcelas en un predio de unas 1,549 cuerdas. "Específicamente, se propone el desarrollo de: 530   unidades de hotel; 1,132 residencias turísticas unifamiliares y multifamiliares ; una escuela con 500 unidades de vivienda o dormitorios para estudiantes ; áreas recreativas; campos de golf; áreas de servicio médico; áreas comerciales y de entretenimiento; áreas de agricultura; y áreas de servicio e infraestructur”. A una semana de que se celebren vistas públicas en la Legislatura Municipal de ese pueblo, sobre el desarrollo que se planifica en el en la bahía de Boquerón, el informe que realizó la firma que diseñó el proyecto para cumplir con el requerimiento del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) de un Estudio Arqueologico Fase IA-IB, no arroja luz sobre cual sería la estrategia de campo para llevar a cabo la próxima fase de estudio que negaría o confirmaría yacimientos arqueológicos en una zona ya identificada como de alta sensitividad. Tal y como reveló Bonita Radio en exclusiva el pasado dos de febrero, la Fase IA  contiene la información base necesaria para poder establecer la sensitividad arqueológica del área bajo estudio y que identificó no menos de 140 recursos culturales lo que obligó al ICP a requerir la Fase IB  que "consta de intervenir (usualmente por medio de excavación de pozos de sondeo y/o trincheras) la superficie del terreno del área propuesta para desarrollo con el propósito de determinar si existe material arqueológico bajo la superficie del terreno estudiado".    Los arquitectos Álvarez, Díaz y Villalon - Ricardo Álvarez Díaz y Cristina Villalón - contrataron a la firma Arqueo, del arqueólogo Federico Freytes para fizar la evaluación Fase IA. Además de desarrolladora Villalón se sienta en la Junta de Directores del ICP. Ella y Álvarez Díaz son donantes activos de la gobernadora, Jenniffer González Colón y del Partido Nuevo Progresista (PNP). Se alega que esa Fase IB está en proceso de planificación por lo que "al momento no contamos con el beneficio de que el proceso de identificación de los recursos culturales existentes en el área.  Esto debería afectar el proceso de cumplimiento ambiental del proyecto (que se está trabajando por medio de una Declaración de Impacto Ambiental o DIA) ya que el tema de los recursos culturales es ámbito de evaluación de las DIAs", dijo a Bonita Radio la arqueóloga Raquel Camacho.  "Al no tener identificadas todas las áreas arqueológicas, no se puede pasar a establecer las medidas de evitar, minimizar y/o mitigar los impactos que el proyecto pudiera causar a dichos recursos.  No podemos proteger lo que no sabemos que existe", destacó Camacho, quien ha sido voz de los peritos arqueólogos sobre cómo el gobierno ha dejado fuera de los proyectos de construcción el cumplimiento con la Ley 112 de 1988 que crea el Consejo Arqueológico . Mapa del área de Esencia, publicado por Rumbo Alterno. Además, el gobierno tampoco ha hecho valer el Reglamento 8932 para la Radicación y Evaluación Arqueológica de Proyectos de Construcción y Desarrollo, aprobado el ocho de febrero de 2017 y que otorga jurisdicción al Consejo para intervenir en las diferentes etapas de los proyectos de construcción.   Es con los resultados de la Fase IB que "tendríamos un inventario completo de los recursos culturales existentes dentro del área propuesta para desarrollo", según lo establece el reglamento 8932, insistió Camacho. La Ley 112 en su Sección 10 establece que cualquier actividad que implique movimiento de terreno será ilegal si no cuenta con la autorización del Consejo Arqueológico. El Consejo ha sido desarticulado por la dirección del ICP que no los reune desde el 2019. El presidente es el director del Instituto, Carlos Ruiz Cortés. Conoce más detalles de esta historia a las 11AM en Esto es lo último en el canal de YouTube de Bonita Radio .

El impacto de proyectos de construcción como el de Esencia en Cabo Rojo no se atienden porque el director del ICP no convoca a los expertos en la materia Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Sitios arqueológicos identificados en la zona donde se pretende construir el proyecto Esencia en el sector Melones en Cabo Rojo. El Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico, creado por la Ley 112 de 1988, ha venido sufriendo de la desidia de las administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y desde el 2019 no ha sido convocado por el director del Instituto de Cultura y presidente, Carlos Ruiz Cortés, para atender querellas relacionadas a desarrollos como el de Esencia en Cabo Rojo y antes, el de la construcción de un hotel en medio de un embalse en Luquillo. Los desarrollos del Hotel en Fairfield by Marriott en Luquillo y el de Esencia en Cabo Rojo tienen un asunto en común: uno fue propuesto y se materializó por el donante del PNP, Federico Stubbe y el segundo en vías de gestionar los permisos a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), también tiene como principal diseñador al arquitecto y donante, Ricardo Álvarez Díaz y su esposa, Cristina Villalón. De izquierda a derecha, arquitecto, Ricardo Alvarez Díaz y Roberto Ruiz y Will Bennett del inversionista de Esencia, Three Rules Capital. La última vez que Ruiz Cortés convocó al Consejo que preside fue en septiembre del 2023 para apercibirlos de que su función fue transferida a la OGPe desde que el ex gobernador, Luis Fortuño realizó una reforma de ese trámite en el 2009. Ese fue el inicio del “plan por diseño” de sacar del medio a las agencias expertas que intervienen en los permisos de construcción. Carlos Ruiz Cortes, presidente Consejo Arqueológico de Patrimonio Arqueológico Terrestre y director del ICP La expresión pública de Ruiz Cortés la dejó caer flanqueado de un par de abogados novatos y el sub director del ICP, Freddy Vélez, en una vista en la Cámara de Representantes en el 2023 donde se investigó el abandono en que mantiene la administración PNP del ICP a ese Consejo. Esa interpretación la trajo Ruiz Cortés luego de que arqueólogos como Ivor Hernández y Maritza Torres Martínez, miembros del Consejo insistieron en que la Ley 161 de Reforma de Permisos de la autoría de la administración de Fortuño, Thomas Rivera Schatz en el Senado y Carlos Johnny Mendez en la Cámara, "no deroga la Ley 112 y no elimina los deberes y prerrogativas establecidas en relación con recursos de interés arqueológico terrestre en Puerto Rico” El resultado de que el Consejo no se haya convocado es que las decisiones de temas expertos de protección arqueológica han recaído en arqueólogos empleados por el director del ICP como por ejemplo, la decisión de que en el embalse de La Montserrate donde se construyó un hotel por parte de las empresas de la familia Stubbe, no interfería con yacimientos arqueológicos. “El movimiento de terreno relacionado con la obra “puede ser destructivo” para el sitio arqueológico Monserrate, que data de la época precolombina o indígena, y la Hacienda La Monserrate, del siglo 19”, dijo en aquel momento Isabel Collazo, arqueóloga ambiental. El Consejo nunca pudo investigar en el sitio porque Ruiz Cortés “me dijo que él ya lo había examinado” y determinó que no había daño. Entonces, dirigía la Oficina de Etnohistoria y Patrimonio arqueológico, Nancy Santiago Capetillo. Federico Stubbe Arsuaga; oficial de Marriott ex gobernador Pedro Pierluisi y Federico Stubbe González. Otra inacción se dio en Jayuya cuando hubo querella por lo que causaba la construcción de un desarrollador de apellido Muntaner en las inmediaciones del barrio Jauca donde existe un yacimiento de la época indígena. Aun cuando el Consejo celebró vista en el 2019, no se volvió a convocar y el yacimiento sufrió una segunda intervención en el 2020. “La excusa fue en aquel momento la pandemia y luego vino la justificación de que la Ley del 2009 nos dejó sin campo de acción. Eso es totalmente falso”, dijo Ivor Hernández, arqueólogo con 20 años de experiencia en el Instituto y miembro del Consejo. Ni Ruiz Cortés ni su oficial de prensa Lemil Collazo contestaron requerimientos de información y/o entrevista de Bonita Radio sobre el tema. El 28 de septiembre del 2023, el director del ICP convocó una reunión con el Consejo para notificarles de que la Ley 161 del 2009 eliminó sus facultades para con la supervisión de los proyectos de construcción desde el punto de vista arqueológico y “transferir o se les dé participación en la preservación del patrimonio arqueológico terrestre”. La inacción de Ruiz Cortés así como la de la Junta del ICP, presidida por el director de la Oficina de Conservación Histórica, Carlos Rubio Cancel, coloca a mega desarrollos como el de Esencia en Cabo Rojo, arrastrando los pies para presentar la evaluación arqueológica que realizó por espacio de un año y resultó en un voluminoso informe, sobre la existencia de sobre 140 sitios culturales en el predio de Los Pozos de Boquerón. Allí se propone un desarrollo de 530 unidades de hotel; 1,132 residencias turísticas unifamiliares y multifamiliares; una escuela con 500 dormitorios para estudiantes; áreas recreativas; campos de golf; áreas de servicio médico; áreas comerciales y de entretenimiento; áreas de agricultura; y áreas de servicio e infraestructura. El proyecto incluría además cuatro accesos públicos vehiculares a la playa con instalaciones sanitarias, apoyo para actividades públicas recreativas como el senderismo, observación de aves y ciclismo de montaña, y dos centros de actividades (Towncenters), donde se proveerá espacio para comercios y servicios, estableciendo ofertas gastronómicas, recreativas, culturales, religiosas y otros servicios esenciales para la comunidad en general”, según lees descripción en el informe realizado por la firma Arqueo Consulting. La firma de arquitectos Álvarez Díaz y Villalón conceptualizó el proyecto desde que en el 2019 era uno a cargo de Roberto Cacho Pérez, a través de Cabo Rojo Acquisition, íntimo amigo del ex gobernador Pedro Pierluisi y activo donante de sus campañas y del PNP. Cacho Pérez fue el encargado de conseguir con la administración Pierluisi, los incentivos contributivos que tiene el proyecto y que generó un decreto enmendado en agosto del 2024 a través de la Compañía de Turismo. Fue firmado por el director ejecutivo de entonces, Catlos Mercado. lLa inversión elegible del megaproyecto Esencia es de $1,244,229,092.00. El 40% o $497.6M caen en el renglón de “ alternative tax credits”. La CTPR bajo Mercado añadió otras cuatro nuevas exenciones de 90% a 100% que incluyen que del primero de enero del año en el que inicien operaciones, el megaproyecto contaría con una exención de 90% en impuestos de la propiedad bajo el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) por diez años. Esencia tiene la oposición de múltiples grupos comunitarios y científicos que han incluso protestado por el endoso que dio el alcalde PNP, Antonio Morales Wiscovitch, al mega proyecto. David y Simón Reuben. Los desarrolladores, entre ellos inversionistas de Nueva York y Londres, The Ruben Brothers y Three Rules Capital, han hecho múltiples giras de medios vendiendo el proyecto como uno bueno para el desarrollo económico de la zona. Los desarrolladores han comprado 200 cuerdas de terreno para el proyecto y entre sus vendedores están Antonio Fas Alzamora, ex presidente del Senado bajo el Partido Popular Democrático y su hermana. El desarrollo se daría en un área de anidaje y convivencia del ave autóctona, el Guabairo, una especie en peligro de extinción.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El análisis arqueológico que hiciera el desarrollador del proyecto Esencia, un mega proyecto en 1,549 cuerdas que amenaza la costa de Cabo Rojo, identificó al menos 140 recursos culturales en la zona, de los cuales 77 serían pre-históricos y 68 históricos por lo que ya el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), advirtió que debe entregar los resultados de una evaluación arqueológica Fase IAB, que confirme o descarte los hallazgos según las disposiciones del Reglamento para la Radicación y Evaluación Arqueológica de Proyectos de Construcción y Desarrollo. Documentos en poder de Bonita Radio dan cuenta que la firma Arqueo Consulting Group, contratada por los arquitectos Alvarez Díaz y Villalón, diseñadores del proyecto, informó del hallazgo en un voluminoso documento el pasado 30 de agosto del 2024. La evaluación es parte de la Declaración de Impacto Ambiental que tiene que hacerse del proyectado mega desarollo que provocó la organización de las comunidades en una Coalición denominada "La verdadera Esencia de Cabo Rojo". El documento no ha sido incluido aún al caso que tiene la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) bajo el número 2024-579429-SRA-300493. En ese análisis la firma advierte que estudios previos de investigacióm identifican un total de 42 sitios documentados. "La investigación documental no dejó lugar a dudas con respecto a la alta sensitividad arqueológica de la zona del proyecto". EL ICP, agencia que hoy está bajo la amenaza del proyecto del Senado 273 de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que pretende eliminarlo para poner en manos del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) el patrimonio histórico-cultural que custodia y a la OGPe los endosos a proyectos de construcción, envió una misiva al director de ésta última en la que establece que luego de un análisis del caso de Esencia, "hemos llegado a la conclusión de que existen altas probabilidades de que las actividades de desarrollo que contempla este proyecto pudieran afectar recursos de naturaleza arqueológica". La notificación a OGPe fue hecha por el sub director del ICP, Freddy Vélez, el seis de noviembre de 2024, un día después de las elecciones generales. La reglamentación vigente, a base del reglamento 4643 de 1992 y enmendado en el 2017, establece que el proponente, en este caso la firma de arquitectos en representación de Esencia y sus inversionistas entre ellos, Cabo Rojo Land Acquisition, tienen que presentar la segunda fase de la evaluación arqueológica. El estudio de los desarrolladores plantea que gran cantidad de las estructuras identificadas de los mencionados periodos están relacionadas a industrias agrícolas, y a la recolección y almacenamiento de agua (bebederos, pozos, aljibes, molinos, etc.). Hay de uso residencial (remanentes de viviendas, pozos sépticos, cisternas, etc.) y en el área del litoral, "se identificaron varias estructuras que podrían estar relacionadas a infraestructura de transporte marítimo (bases de muelles, rampa de carga)" Se identificó además una estructura en el medio de un humedal, que "es un remanente de infraestructura relacionada a la industria de la sal. Algunas de estas estructuras presentan una tipología de construcción desde a partir del siglo XIX". Portada del documento de evaluación arqueológica proyecto Esencia Esencia, un proyecto conceptualizado por Díaz y Villalón y el inversionista Roberto Cacho, amigo del ex gobernador, Pedro Pierluisi y donante del Partido Nuevo Progresista (PNP), también tuvo un movimiento interesante la semana pasada cuando el Departamento de Recursos Naturales (DRNA), resolvió dejar sin efecto el deslinde de la zona marítimo terrestre ante una impugnacion de vecinos del sector que alegaron defectos de notificación. Planos e identificación de inversionistas Ley 60 proyecto Esencia “Se deja sin efecto la Certificación O-AG-CERO2-SJ-00848- 29022024, emitida el 28 de agosto de 2024 a Cabo Rojo Land Acquisition LLC”, lee la resolución firmada por el designado secretario DRNA, Waldemar Quiles, quien acogió un informe del director de la Oficjna de Examinadora, Samuel Acosta. Mientras, cinco días más tarde, el sábado primero de febrero, el DRNA notificó mediante edicto un nuevo procedimiento de deslinde que a todas luces corresponde a Esencia pero en el anuncio se establece que “se desconoce” nombre del titular. La información verificada por la evaluación arqueológica en el lugar que se intenta desarrollar en Cabo Rojo, fue denunciada por los portavoces de la organización Verdadera Esencia de Cabo Rojo. Han planteado, con información científica, que el desarrollo atenta contra especies en peligro de extinción como es el Guabairo. La construcción se desarrollaría entre dos áreas protegidas de aves. Video de Gabo Ramos sobre proyecto Esencia La información que se reconoce en las evaluaciones ambientales del proyecto Esencia toma importancia en momentos en que la Legislatura se apresta a evaluar el Proyecto 273 que de ser aprobado dejaría en manos de la OGPe las decisiones sobre la viabilidad de desarrollos en lugares de alta susceptibilidad arqueológica en los que hoy tiene injerencia el ICP. Los diseñadores y encargados de los trámites de permisos del proyecto Esencia, Ricardo Alvarez Díaz y Cristina Villalón, resultan ser donantes de la hoy gobernadora, Jenniffer González y dos meses antes de las elecciones, 11 de septiembre, fueron anfitriones de un evento de recaudación de fondos en la residencia de la contratista de Luma Energy, Pam Petanaude, quien fuera oficial del primer gobierno de Donald Trump. La semana pasada la Gobernadora planteó que su administración tiene proyectos de Ley relaiconados a los endosos de agencias expertas como las del ICP y el Departamento de Recursos Naturales que insistió en catalogarlas como "agencias que emiten permisos". La agencia que otorga permisos es OGPe. Las demás evalúan proyectos de construcción a la luz de leyes y reglamentaciones de protección de recursos naturales o bienes de dominio público y en el caso del Instituto, ante intervencion con patrimonio arqueológico, histórico edificado, entre otros. A las 8AM en Noticias con Café traemos imagenes y detalles de la intervención que ha tenido la comunidad cuestionando el deslinde del proyecto y en manos de quién están las decisiones en el DRNA. A las 8AM por YouTube Live. ¡Comparte!