Search Results

La transacción con la Fiscalia de Distrito de San Juan, que también supone acuerdos para los dos co acusados, hace colapsar la acusación de Gran Jurado que bajó en agosto del 2022 Por Carmen Enid Acevedo De Bonita Radio La acusación federal que un día se dijo que estaba sustentada por 27 testigos, incluidos ex empleados de La Fortaleza de la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garced, se hizo sal y agua luego de que tanto la ex secretaria del Departamento de Justicia; el banquero venezolano, Julio Herrera Velutini y el ex agente federal, Mark Rossini, llegaron a un acuerdo de culpabilidad que para ella podría suponer entre 12 y seis meses de cárcel por un solo cargo menos grave que radicará directamente la fiscalía que dirige en PR, Stephen Muldrow. Wanda Vázquez Garced. Foto: Juan Costa La defensa de los tres acusados tenía hasta ayer lunes 16 para informarle a la jueza, Silvia Carreño Coll, si llegaron a algún acuerdo con los fiscales, Nicholas Cannon y Seth Erbe, quienes desde Washington y San Juan, respectivamente, presentaron las acusaciones contra el trío en agosto del 2022 y que incluían tres delitos, a saber: conspiración, soborno y fraude electrónico en el contexto de la campaña primarista y de las elecciones generales del 2020. Este desenlace pone fin a la expectativa pública sobre el financiamiento de las campañas del 2020, en medio de la pandemia del COVID 19 - desde que en Mayo del 2022, Bonita Radio trajo en exclusiva la trama de las investigaciones que tenía ante sí la fiscalía desde la Unidad de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington en conjunto con Puerto Rico. Todo sobre el financiamiento de las campañas del PNP y el PPD en el 2020, en materia de los SuperPac que se crearon bajo la ley electoral de Estados Unidos con instrumentos en Puerto Rico a través de la creación de organizaciones sin fines de lucro . El hilo conductor entre los partidos era el donante venezolano, Herrera Velutini. El pasado 27 de mayo este medio adelantó que el cambio en las conversaciones entre fiscales y abogados para finiquitar el proceso, tenía el rostro del licenciado Christopher Kise, un republicano y ex Procurador General de Justicia cuando la actual secretaria del Departamento de Justicia, Pam Bondi, era lo propio pero en el estado de la Florida. Christopher Kise fue uno de los abogados del presidente Donald Trump en el caso que este enfrentó en Nueva York. Ayer, l a defensa de los imputados notificó al foro judicial pasadas las cinco de la tarde que las partes se harán culpables de un pliego acusatorio por un solo cargo y solicitaron una vista en la que "se le leerá la acusación y harán alegación de culpa" por la misma. Fuentes de Bonita Radio aseguraron que Vázquez Garced se hará culpable de un cargo que supone que acepta que tuvo una promesa de contribución política de hasta $25K de parte de Herrera Velutini pero a su Comité de Campaña para la primaria con Pedro Pierluisi Urrutia. Esto implicaría que no obtuvo ni en el ofrecimiento, beneficio alguno del dinero que ilegalmente daría el banquero venezolano. La acusación alegaba que Herrera Velutini le pagó una encuesta a Vázquez Garcés para conocer sus oportunidades de convertirse en la candidata del PNP. Esa alegación supuestamente se sustentaría en parte con la cooperación del funcionario de una empresa inglesa que fue idnetificado por las autoridades del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). El pago de la encuesta habría sido a cambio de sacar del medio al entonces director de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner. El entonces funcionario público fue despedido el seis de marzo del 2020 aunque trascendió que renunció a su posición. A los extremos, Mark Rossini y Julio Herrera Velutini. Al centro, Vazquez Garced. Joyner participaba junto al ex gobernador, Ricardo Rosselló Neváres y la entonces directora de Bancredito, Frances Diaz Fossé, de actividades de la industria donde también estaba Herrera Velutini. Díaz Fosse se convirtió en testigo del caso junto a su compañero y asesor de la campaña de Vazquez Garced, John Blakeman Ortiz. George Joyner. Entretanto, se aleg el banquero venezolano, aceptará que en efecto hizo la promesa de pago aunque se desconoce si esa alegación estará apegada a su participación en la conspiración para llenar un Super Pac y así apoyar los esfuerzos de Vázquez Garced para correr a la gobernación y más tarde del que resultó ganador de la primaria, Pedro Pierluisi Urrutia. Herrera Velutini hizo aportaciones al Super Pac de Salvemos a Puerto Rico en octubre del 2020 y en agosto del 2021. Donativo de Bancredito Holding a Super Pac, Salvemos a PR que lleno las arcas de la campaña de Pierluisi en el 2020. Esa operación de recaudación de fondos a través de organizaciones sin fines de lucro creadas aquí en la Isla, fue la que abortó el testigo de la fiscalía, Joseph "Joey" Fuentes Fernández, sin que tuviera mayores repercusiones para él y los presuntos implicados entre ellos, allegados al gobernador Pierluisi, quien es un amigo íntimo del cooperador. Como parte del descubrimiento de prueba del caso contra el trío que incluye a Vázquez Garced, la fiscalía alegó que tenía evidencia de la conspiración a través de mensajes de correos electrónicos de los acusados en cuentas de Yahoo, Apple y Google donde intercambiaban información con los testigos y convictos por el caso, John Blakeman Ortiz y su compañera, Frances Díaz Fossé. Además serian testigos de esas comunicaciones, la ex secretaria de la gobernación, Lilian Sánchez Pérez y la ayudante de la entonces gobernadora, Marisol Blasco Montaña que también se comunicaron con el también testigo, Fahad Ghaffar. A las 11 en Esto es lo Último por Youtube , traeremos más información y análisis.

Hasta la hija de la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto está en la nómina de confianza por $5,504 al mes. Repite el hijo del representante, Gabriel Rodríguez Aguiló Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio En la nómina de confianza del Departamento de Educación está la hija de la alcaldesa de Canóvanas, el hijo de Gabriel Rodríguez Aguiló, así como funcionarios que dieron la luz de alerta de una investigación que sacó al hoy senador, Héctor J. Sánchez Alvarez de esa agencia y lo mantiene bajo pesquisa de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por trucar con los procesos para favorecer a una maestra de Aguada y hoy representante por el Distrito 18. El grupo de 75 "buenos penepés" en Educación lo completan unos 56 empleados con destaque en el Senado (11) y en la Cámara de Representantes (15) hasta el próximo 30 de junio y que se espera que sean extendidos más allá del próximo año. En el Senado está en destaque la ex candidata en primarias del PNP, Leyda Cruz Berríos y Lilliam Rodríguez Laboy que repiten de la pasado nómina de confianza. Están en destaque maestros de inglés, directores y de Educación Especial, entre otros. También hay destaque en otras agencias y municipios. "Esa es la gente (los de confianza) que hacen el trabajo electoral en los municipios, en los distritos", dijo una fuente de entero crédito sobre como el PNP organiza la plantilla de confianza en la agencia de educación pública, con salarios de entre $3,734 hasta $10,884. En una investigación y depuración hecha por Bonita Radio de la lista de 75 empleados de confianza reportados por la nueva administración del DE bajo el secretario, Eliezer Ramos Parés, se encontró a la hija de la Alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, Pamela Osorio Soto, quien fue Primera Dama de ese municipio en el 2020, más tarde trabajó en CJ Painting y en el 2023 fue supervisora de seguridad interna del DE. El hijo de Rodriguez Aguiló, Joshua Rodríguez Rodríguez, repite como empleado de la Oficina de Comunicaciones, con un salario de $5,464 mensuales. En total, en la actual nómina de confianza repiten 19 empleados que estuvieron en la administración de Yanira Raíces Vega. Llama la atención que funge como secretaria auxiliar de Recursos Humanos, Frances Pelet Roman, una de las personas que estaba en el renglón de confianza de Ramos Parés en el 2023 cuando se ejecutó el fraude por el que se investiga a Sanchez Álvarez en torno el Certamen de Maestro del año en el 2022. Foto captura Video La Fortaleza De hecho, la lista bajó de 90 que tenía Yanira Raíces Vega como secretaria de los dos últimos años de la administración de Pedro Pierluisi Urrutia, hasta 75 o 15 menos. Junto a Pelet Román - funcionaria en DE desde la administración de Luis Fortuño en el 2011 - sí repite en la lista de confianza, Félix Pérez Rivera, quien fuera el director de la Oficina de Política Pública de la agencia, cuando se suscitó el fraude en el mencionado Certamen y quien estuvo con Raíces Vega a partir de verano del 2023. "O los quieren bien cerca o son realmente personas de total confianza del Secretario, pero obivio también son PNP", dijo sobre esos nombramientos, una fuente con información que sabe cómo se engendra una plantilla de comisionados de barrio del PNP en la agencia con más presupuesto del gobierno de Puerto Rico además del Departamento de la Familia. Pelet Roman fue la Jefa de Recursos Humanos cuando el senador por Carolina, Sánchez Alvarez, un allegado al hoy presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, fue referido a investigación por solicitarle a un panel de jurados que favorecieran a los maestros de Aguada y Naranjito que estaban alineados con la política pública del entonces Gobernador. El Fiscal Especial Independiente lo exoneró. Queda viva una queja ante la OEG. Odalys González y Héctor Joaquín Sanchez en el 2021. Ella es Representante hoy yen el 2022, fue la maestra del año en el Certamen amañado. EL "alineamiento" alegado de los maestros era por su activismo en el PNP y en el caso de González González ya fungía como una candidata al Distrito 18 de la Cámara de Representantes lo que en efecto ganó en el 2024. De acuerdo a investigaciones que hizo del tema el Centro de Periodismo Investigativo, Pelet Roman fue despedida por instrucciones de La Fortaleza de Pierluisi luego de que la Secretaría de Asuntos Legales emitió 13 declaraciones juradas que dieron cuenta de cómo Sánchez Álvarez propuso desde el inicio que se escogiera a Odalys González González de Aguada y maestra de Estudios Sociales y al maestro de Educación Especial en Naranjito, Bryan Rivera Medina. En el caso de Pérez Rivera emitió declaración jurada indicando que recibió una llamada de un ayudante especial quien pidió que subieran a la Oficina del Secretario, en el segundo piso de la sede del DE en Hato Rey. Se le indicó que sólo debían acudir los cuatro miembros del jurado que eran empleados del DE en el nivel central, según su declaración jurada. Allí recibieron instrucciones por voz de Sánchez Alvarez quien estaba reunido con los siete superintendentes regionales de la agencia. Sánchez Álvarez brinca de agencia en agencia, haciendo lo que es parte de su trabajo en el PNP de los últimos 15 años. "Es un busca fondos para el partido". De hecho, su vinculación a la hermana de Pierluisi, Caridad, quien fungió como directora ejecutiva de la Oficina del Gobernador, se dice que le valió su salida a Ramos Parés en verano del 2023. Sánchez Álvarez y Caridad Pierluisi en verano 2024 Entretanto, otro dato que sobresale de la lista de empleados de confianza que también estaban en la de Raíces Vega es que se mantienen activos aportando políticamente al PNP. La secretaria de Administración; Yullymar Octaviani Vega aportó $3,850 entre el 2022 y el 2024; Janice M Claudio, Ayudante Esp. I de Asuntos Legales y Política Pública, $2,047. 46, entre el 2019 y el 24; la Secretaria de Asuntos Académicos, Beverly Morro Vega, $750, entre 2022 y 2023; Irving E Otero Narváez, Ayudante Esp. en Secretaría Auxiliar de Asuntos Legales, $950 entre el 2019 y el 2024 y José Velázquez Quíles, Ayudante Secretario II, en la Oficina de Apelación del Sistema de Educación.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La mujer dominicana de 47 años que fue a buscar información para poner un negocio en la playa de Cabo Rojo y en cambio un guardia municipal le llamó a las autoridades de Inmigración federal, está en una carpa de detencion en El Paso, Texas, en espera de que la procesen por delitos que hasta hoy se desconocen. Aracelis Terrero Mota se encuentra en una “carpa de procesamiento” en Texas luego de que en Cabo Rojo el guardia José Toro la delatara ante agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a pesar de que tiene una Visa bajo la Ley de Protección de Violencia Doméstica (VAWA, por su siglas en inglés). Fuentes de entero crédito dejaron saber a Bonita Radio que la mujer estaba en proceso de finiquitar su status migratorio recibiendo “green card” o permiso de residencia cuando llegó a las oficinas de la Alcaldía de Cabo Rojo a conocer los pormenores de los permisos para poner un negocio de venta de helado en la playa de ese ayuntamiento. Toro, un allegado al acalle PNP de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, llamó a los agentes de ICE quienes la detuvieron y la sacaron de la Isla hacia una de las carpas de procesamiento del Centro de Detención de El Paso. El abogado de Terrero Mota, identificado como Angel Robles, se comunicó con abogados de la Liga Americana de Derechos Civiles y se espera que esa organización vaya por los derechos de la mujer en una petición de Habeas Corpus por entender que está ilegalmente detenida. El caso de Terrero Mota es uno de sobre 550 que han procesado las autoridades de ICE, una agencia dentro de la Agencia de Seguridad Nacional que en la Isla dirige la agente Rebecca González. La semana pasada, el país se enteró de que el gobierno de Jenniffer González, entregó a ICE las identificaciones de licencia de conducir que le son otorgadas bajo una Ley del 2013 aún cuando no tuvieran status migratorio definido. La Gobernadora y el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), ingeniero Edwin González, alegaron que la entregaron por mediar un “subpoena” o citación federal. Sin embargo, Bonita Radio solicitó copia del documento, y el ingeniero Edwin González negó su entrega, alegando mediante declaraciones escritas que “ese tipo de solicitudes supone un manejo confidencial y riguroso de la información como parte de nuestras responsabilidades legales”. Gobernadora González Colón en la Fortaleza el viernes cuando habló del tema de las deportaciones de dominicanos. La gobernadora González Colón no quiso el viernes contestar sobre el alegado documento legal que llegó al DTOP y refirió las preguntas al Ingeniero González. Además, desmintió a su Secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, sobre que supo desde enero que su gobierno entrega información sobre personas con status migratorio no definido para que las agencias federales persigan su búsqueda y captura para ser deportados. A las 8AM en Noticias con café tendremos más información y análisis sobre esta historia.

No está claro si la representación legal del tercer co acusado, Mark Rossini, comparecerá a una reunión en la Capital Federal y el registro del caso no descubre quien representará en la cumbre a la Secretaria de Justicia de la administración de Donald Trump, Pam Bondi Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El próximo jueves en la mañana, en un salón de conferencias del edificio del Departamento de Justicia de la avenida Pennsylvania en Washington DC, "liderato" de esa agencia se reunirá con el fiscal de Distrito de San Juan, Stephen Muldrow y, entre otros, el licenciado Christopher Kise, abogado del banquero venezolano, Julio Herrera Velutini a discutir el futuro del caso. Kise fue parte prominente del equipo legal que representó al presidente, Donald Trump en uno de sus casos ante la justicia en el 2024 en Nueva York. Además de Kise, un ex Procurador General de Florida durante la administración del gobernador, Jeff Bush en Florida, otros tres defensores de los acusados, Wanda Vázquez Garced y Herrera Vellutini, estarán en la reunión que fue dada a conocer por la Fiscalía Federal en una moción denominada “Informe conjunto y petición de prórroga" el pasado jueves para que se retrasara el calendario del caso. Kise parece ser el abogado en mejor posición frente a las autoridades de Justicia Federal. Fue Procurador General cuando Bondi era secretaria de Justicia del estado de la Florida y el actual sub secretario de Justicia, Todd Blanche, fue su compañero de labores en el equipo de defensa del caso de Trump en Nueva York. La ex gobernadora ducesoral y el banquero venezolano con residencia en Londres y Nueva York, junto a Mark Rossini, ex agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), están procesados desde el 2023 por conspiración y soborno en torno a los esfuerzos de recaudación de fondos de la primera para ser candidata a la gobernación en el 2020 si lograba salir victoriosa en la primaria contra Pedro Pierluisi. Los ex fiscales federales, Sonia Torres y Luis Plaza Mariotta, abogados de Herrera Velutini y Vázquez Garced, respectivamente, Kise y su compañera en el equipo legal, también de Florida, Lilly Ann Sanchez, se sentarán con funcionarios de Justicia a discutir el caso que la jueza Silvia Carreño Coll tiene para juicio el próximo 25 de agosto. Presidente Trump y Christopher Kise a su derecha. Fuentes de entero crédito aseguraron a Bonita Radio que los dos ex fiscales, en el caso de Plaza Mariotta. nominado a justicia por la administración de Ronald Reagan, "también van para DC " a participar de la reunión que el fiscal Muldrow y el jefe de la División Criminal en PR, Seth Erbe, anunciaron en una moción el pasado jueves que "las partes han acordado entablar conversaciones de buena fe para resolver este caso en interés de la Justicia". De izquierda a derecha, el licenciado Plaza Mariotta, Ignacio Fernández y Peter John Porrata, equippo legal de Vázquez Garced. Aunque la Fiscalía quizo que la información no quedara para el récord público del caso, la jueza Carreño Coll no accedió a sellar la moción por lo que se encuentra pública en el número 864 del registro digital del caso. Licenciadas Sonia Torres y Lily Ann Sanchez, abogadas de Herrera Velutini En esa moción, que solicitaba a Carreño Coll mover 30 días la fecha limite para radicar mociones con antelación a juicio así como la fecha de inicio del proceso, se hace la representación de que las partes - fiscales y defensa - conversarían en esa reunión que supo Radio es el jueves 29 a las diez de la mañana, para disponer del caso, nombrando a los tres acusados. Pero, no se establece quienes participarán de la reunión. Bonita Radio no pudo corroborar quien, si Michael Nadler, Lydia Lizarribar o Juan Michelen, equipo de defensa de Rossini, asistirán a la reunión. Si si se constató que participarán Kise, Torres y Sánchez, por parte de Herrera Velutini. Torres fue fiscal nombrada por el ex presidente George W. Bush y destacada en San Juan bajo la administración de Guillermo Gil Bonar. Las conversaciones entre las partes para “disponer del caso” pueden haber comenzado en abril de este año, según se sospecha de una revisión del registro electrónico del caso. Llama la atención que una primera moción del 18 de abril pasado, tiene como título también "Informe Conjunto y Petición de Prórroga". Esa si estuvo sellada hasta el 22 de de mayo, cuando la Fiscalía volvió a radicar otra con el mismo título y no corrió la misma suerte de permanecer oculta al ojo público. En esta ocasión, la Jueza la hizo pública y sólo accedió a cambiar la fecha de la vista con antelación a juicio y dejó vivo el calendario de la radicación de mociones dispositivas para el 16 de junio y un mes más tarde, las réplicas. A las 11AM en Esto es lo último por Youtube ampliaremos esta historia con más información y análisis.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El informe de auditoría que la Oficina del Contralor reveló ayer sobre $34 millones en contratos pagados ilegalmente en la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), trae nuevamente a una la corporación del activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ramón A. Pabón García, asesor hoy del secretario del Departamento de Salud y quien mantiene contratos de sobre $185K con otras entidades gubernamentales municipios. Ramon A. Pabón García Esta es la segunda ocasión en que un ente gubernamental de corrupción emite auditorías que involucran a Pabón García en manejos ilegales con sus contrataciones de gobierno. La primer fue la Oficina de la Inspectora General la semana pasada. Esta vez el Informe OC-25-76, intervención de auditoría a la ASES entre junio 2016 y 2022 - establece que el primero de agosto del 2018, se contrató "a una firma de relaciones públicas por $91,800 el cual estuvo vigente hasta el 30 de junio del 2018". Aunque el informe no menciona el nombre del contratista ni de la corporación, Bonita Radio investigó los registros de la OC y dio con el contrato a nombre de Tacticas Inc., una empresa de relaciones públicas inscrita por Pabón García en el Departamento de Estado desde el 2014. El dos de mayo del 2018 los servicios excedieron el importe máximo del contrato. "aún así la ASES permitió que el contratista siguiera prestando los servicios". El 31 de mayo se enmendó el contrato para aumentar la cantidad del contrato por $25 mil y poder pagar los servicios sin contrato". Página cinco del Informe de Auditoría OC-25-76 El contratista presentó una factura de $13 mil por los servicios de mayo que incluyeron una cantidad de $10,300, la que se pagó el 15 de junio del 2018". El primer señalamiento que involucra a Pabón García y a su corporación Health Strategy Services, fue la semana pasada cuando el Informe de auditoría de la Oficina de la Inspectora General (OIG) sobre el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), planteó que se pagaron servicios sin formalizar contratos. En esa auditoría se reveló - luego de ser traído opor el Centro de Periodismo Investigativo en febfero - que "el DCR pagó $114,100 por servicios profesionales a la empresa Health Strategy Consulting mediante órdenes de compra, sin formalizar un contrato. "Además de los servicios que adquirió mediante órdenes de compra en 2020 y 2021, entre 2017 y 2022, el DCR le otorgó cinco contratos a la empresa Health Strategy Consulting, que sumaban $416,000, para servir de enlace y asegurar el cumplimiento del contrato entre la agencia y los proveedores de servicios de salud en las cárceles", se establece en el informe del OIG. Una tercera corporación de Pabón García, Alogi, Inc. tiene contratos con los municipios de Canóvanas y Vega Alta. está inscrita por el mismo contratista desde septiembre del 2020 cuando ha tenido contratos con las alcaldesas, Lorna Soto y María Vega, respectivamente. Pabón García y la alcaldesa PNP de Canóvanas, Lorna Soto.

Las disidentes del Alto Foro en el caso que deja fuera de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a Proyecto Dignidad, plantean que la mayoría utilizó como excusa la economía fiscal para justificar la “intención discriminatoria". Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio En una decisión suscrita por el juez Erick Koltoff, la mayoría del Tribunal Supremo, compuesta por jueces nombrados por dos gobernadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), decidió que Proyecto Dignidad (PD) como colectividad de minoría no estará representado en la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por haber perdido la clasificación de 'partido propietario" aunque retuvo su franquicia al obtener 6.2 porciento de los votos en las pasadas elecciones. La opinión del caso incoado por PD, cuando en diciembre pasado la CEE los dejó fuera de la entidad desde enero del 2025, decide que es constitucional la clasificación de "partido propietario" creada por de la Ley Electoral del 2020 que empujó la Legislatura de Thomas Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez y convirtió en ley la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garced. La CEE controlada administrativamente por el PNP, despidió a dos empleados de PD en la Junta del Voto Ausente y Adelantado (JAVAA), de la oficina del Comisionado Electoral y siete de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP). Juez Asociado, Erick Koltoff. Foto: Juan Costa La mayoría por voz de Koltoff, un ex asesor del hoy presidente del Senado, Rivera Schatz, decidió que "en el caso que nos ocupa, de ninguna forma nos enfrentamos a una obstaculización del proceso eleccionario, sino a una disposición que facilita el proceso administrativo dentro de la CEE, que recalcamos, se encuentra dentro de las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa". El PNP alega que eliminar la representación de PD en la CEE se hace por un asunto de economía fiscal. A la opinión del Tribunal suscrita por Koltoff consintieron los jueces asociados, que como él, también fueron nombrados por Luis Fortuño, a saber, Mildred Pabón Charneco, Roberto Filiberti y Rafael Martínez. También constituyeron mayoría los recientemente nombrados por la gobernadora, Jenniffer González Colón, Raúl Candelario López y Camille Rivera Pérez. Thomas Ribvera Schatz y Erick Koltoff "Recalcamos hoy para el beneficio de las partes y la posteridad que las normas constitucionales protegen solo la igualdad ante la ley y, contrario a lo expuesto por el Peticionario no garantizan la igualdad económica, ni de ninguna otra índole que no sea la jurídica", sosteniendo que la igualdad económica no es de alcance constitucional. TODO PARTIDO CON FRANQUICIA ELECTORAL DEBE PARTICIPAR DE LA CEE Una de dos opiniones disidentes del caso la suscribió el también nombrado por Fortuño, Luis Estrella Martínez, a la que se unió la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez. El juez asociado Angel Colón, escribió la suya incluso recordándole a la mayoría como deshacen de un plumazo las decisiones que antes había sostenido el Alto Foro sobre violaciones a la cláusula constitucional de libre asociación. "....opino que las disposiciones del Código Electoral aquí en controversia crean una desigualdad indebida o una situación de inferioridad representativa no justificada de unos partidos políticos sobre otros que contraviene nuestro ordenamiento democrático, consagrado en la Constitución de Puerto Rico y en la Constitución de los Estados Unidos". Gobernadora y jueces Camille Rivera Pérez y Raúl Candelaro López. Establece además que "Más importante aún, considero que el Estado no logró superar el escrutinio constitucional estricto ni demostrar que despojar de su igual representación a un partido como Proyecto Dignidad, a pesar de que goza de una franquicia electoral, persigue un interés público apremiante y que no existen otros medios menos onerosos para hacerlo. Por el contrario, el presunto interés en procurar la eficiencia, el ahorro fiscal y la proporcionalidad es, a todas luces, un pretexto evidente para ocultar la intención discriminatoria contra los partidos de nueva creación, limitando así los espacios de pluralidad y, con ello, consolidando la hegemonía de los partidos mayoritarios en los procedimientos electorales. Después de todo, "{d]istinto a las alegaciones simplistas de algunos sectores, el sistema electoral no es un gasto, sino una inversión vital para garantizar la democracia en Puerto Rico". Al parecer, la disidente de Estrella Martínez le dolió al presidente del Senado Rivera Schatz. En un comentario en redes sociales intimó que la minoría del Tribunal "se estrelló" en su análisis y estableció una analogía entre la economía fiscal que sigue el Tribunal Supremo, teniendo paneles de tres jueces, y la que justifica la CEE PNP para alejar a los partidos de minoría de su operación. Publicación del presidente del Senado en su muro de FB, sábado 17 de mayo. Estrella Martínez fue un asesor de Rivera Schatz en la CEE y más tarde en el Senado. De otra parte, la disidente del juez Colón también pone hincapié en que la mayoría del Foro Judicial se aparta de los principios básicos de democracia al decidir que la CEE puede discriminar contra los partidos minoritarios. "Recordemos que, para el buen y normal funcionamiento de nuestro sistema político, en un País que se hace llamar democrático, es indispensable garantizar que los partidos minoritarios o de oposición tengan representación plena en aquellos espacios, -- como la CEE --, en los que se forja política pública. Al igual que, en su momento y en escenarios similares, lo hicieron la delegada y los delegados a la Convención Constituyente, en esta ocasión, -- desde la disidencia --, nos oponemos a permitir que los partidos políticos de mayoría posean control absoluto de los organismos gubernamentales de naturaleza electoral. Destacó al menos siete casos donde el Tribunal Supremo ha sostenido "en innumerables ocasiones, al amparo de este derecho de estirpe constitucional, el Estado no puede aprobar o poner en vigor ley o norma alguna que establezca un trato desigual para algunas personas, salvo que tenga una razón justificada para ello". "En términos generales, el axioma de igualdad electoral pretende impedir que un partido mayoritario: (1) limite el nacimiento de otros partidos; (2) agrave la situación de los partidos de oposición existentes; o (3) introduzca cambios en las leyes y reglas electorales en beneficio de determinado partido o en perjuicio de los demás existentes o de aquellos que estén por inscribirse. P.R.P. y. E.L.A., supra, págs. 637-638. En suma, este axioma tiene el propósito de prevenir que nuestro País se convierta en una sociedad unipartidista".

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG) emitió el 15 de abril una resolución para paralizar los procesos de la subasta adjudicada a GM Sectec, un contratista del Departamento de Educación y cliente de Politank, para investigar a fondo los reclamos de un competidor de que no cumplió con por lo menos cinco requisitos de ley. Los procesos de contratación que según reveló en exclusiva Bonita Radio el viernes nueve de mayo, empujaba Politank en el DE, “o cualquier otro proceso relacionado con la adjudicación, del RFP Núm. RFPDEPR-OC-2024-006”, quedaron paralizados. La Junta aceptó además que “la Lcda. Irma E. Castro Dieppa y el Lcdo. Carlos M. Rivera Vicente, se unan a la representación legal de Génesis”. Politank, la firma de cabilderos que se alega que perteneció hasta enero pasado al secretario de la gobernación, Francisco Domenech, hacía gestiones para empujar la contratación de Sectec, incluso a sabiendas de que hay un procedimiento pendiente ante la Junta Revisora de Subastas de la ASG. Gobernadora Jenniffer González y el secretario de la gobernación, Francisco Domenech. GM Sectec, una subsidiaria de St James Security, recibió la adjudicación de la subasta RFP-DEPR-OC-2024-06, Para la contratación de servicios de vigilancia electrónica para el Departamento de Educación en marzo de 2025, luego de que el anuncio de RFP se dio el cuatro de octubre del 2024. La contratación de Sectec es $45M más cara que la propuesta de Génesis quien ha atendido el control de seguridad mediante cámaras en las escuelas por los últimos diez años. La controversia entre GM Sectec y Génesis, pone además al descubierto los problemas que hay entre los que en un momento fueron parte de la campaña de la hoy gobernadora, Jenniffer González Colón, Oriol Campos, ex jefe de Finanzas, y el director del esfuerzo electoral de la entonces comisionada residente, hoy secretario de la gobernación, Domenech. Oriol Campos en las vistas del Comité de Transición de la administración de González Colón donde también participó el licenciado Marcos Rodríguez Emma y el hoy director de la Oficina de la Gobernadora, César Alvarado. “Esa comunicación se rompió”, dijo una fuente de entero crédito sobre lo que a todas luces coloca a Campos fuera del círculo íntimo de la Gobernadora. Campos es abogado de Génesis, junto a Francisco Reyes Caparrós y Politank el cabildero de GM Holdings, según el Registro de Cabilderos del Departamento de Justicia. GM Holdings, sombrilla de GM Setec, carga a Carlos Díaz Vivó y Jesús Cortina Martínez, activos donantes y a manos llenas del Partido Nuevo Progresista (PNP). El primero aportó $34k del 2019 al 2024 que incluyó donativos a la hoy gobernadora González Colón y el segundo, Donativos Carlos Díaz Vivó en registro Oficina de Contralor Electoral Un tercer cabildero se alega es parte del panorama. Anthony Maceira Zayas haría lo propio a favor de GM en ASG . Maceira es el esposo de la compradora principal de ASG, Karla Mercado, una posición creada a la medida para la joven abogada en el 2019 por el entonces presidente del Senado y que hoy repite, Thomas Rivera Schatz. El Abogado es cabildero certificado en el Senado y tiene contratos con el Alto Cuerpo. Domenech empujaría a GM en las oficinas de Educación con la pasada secretaria, Yanira Raíces, hoy en destaque en el Senado. Raíces tendría a acceso al DE a través de la Sub Secretaria del DE, confirmaron dos fuentes de entero crédito. Llama la atención que en el pasado, sería Raíces la que firmaría un contrato con Campos como abogado precisamente del área de Subastas, una vez González Colón ganó la candidatura a la gobernación en la primaria con Pedro Pierluisi en junio del 2024. El contrato fue cancelado ante el escándalo que generó ante la opinión pública. Anthony Maceira Zayas, a la salida del Tribunal Federal en San Juan donde fue testigo en el caso de Sixto George. Se alega que en el DE que dirige el secretario Eliezer Ramos Parés los cabilderos empujan la redacción de un contrato y la asignación presupuestaria para finiquitar la transacción a pesar de que hay un procedimiento de revisión en la Junta Revisora de Subastas de ASG. Ex secretaria del DE, Yanira Raíces Vega. El proponente Génesis fue descartado de plano en el RFP por incumplir con la fianza que por ley y reglamento debió poner en el proceso. Alega que fue descalificado “por el incumplimiento de un tercero encargado de gestionar la fianza exigida en el Art. 4(e) y Art. 7 de la Ley 108-1965, la cual no se expidió a tiempo”. Pero, la defensa de Génesis parece ser que si ellos incumplieron, la corporación a la que se le adjudicó la subasta GM Sectec, falló en traer cinco requisitos reglamentarios entre otros, estados financieros auditados y una licencia de agencia de seguridad propia y en cambio utilizó la de un tercero, en este caso, St James Security. El siete de abril pasado y en un escrito de 25 páginas, Campos solicitó a la Junta de ASG que revisara su determinación alegando por lo menos cinco errores en el proceso entre otros que cuando el DE emitió Aviso de Requerimiento de Propuestas (RFP) para servicios de seguridad y cámaras de seguridad, estableció como requisito indispensable presentar prueba de licencia válida de “agencia de guardias de seguridad” conforme a la Ley Núm. 108-1965”. Que este requisito no es subsanable y argumenta que el Artículo 4 de la Ley 108-1965 dispone expresamente los “Requisitos para la licencia como guardia privado”, entre los cuales figura la presentación de fianza o póliza de seguro conforme al Art. 7. Además que la norma no faculta al DE para eximir o sustituir este requisito, pues la expedición de licencia corresponde al Negociado de la Policía de Puerto Rico y su inaplicación vicia todo el procedimiento de licitación. En las vistas de confirmación de la designada secretaria del Departamento de Estado, Verónica Ferraiuoli, el presidente del Senado, Rivera Schatz, alertó al Director de la Oficina de Ética Gubernamental, el acarreo de cabildeos que se suscitan en gobierno con Politank. Conéctate a Noticias con cafe en el canal de Bonita Radio en YouTube para conocer más de esta historia.

La firma de contabilidad Horne ha facturado $348M en contratos con el gobiernoPR y sus cabilderos aquí son los de la firma Politiank, hasta enero de este año propiedad del secretario de la gobernación, Francisco Domenech. La sub secretaria trabajó con Horne hasta que fue nombrada como al gobierno de Jenniffer González Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La firma con más contratos pagaderos con fondos de recuperación a partir de los desastres de los huracanes Irma y María en 2017, Horne, LLP, acordó pagar $1,206 millones en reclamaciones civiles al admitir que sobre facturó a la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario - Recuperación de Catástrofes (CDBG-DR) mientras gerenciaba proyectos de reconstrucción en el Distrito Sur de Virginia entre el 2017 y el 2018. La información fue registrada el pasado 16 de abril en el portal del Departamento de Justicia de Estados Unidos y anunciada por la fiscal federal en funciones, Lisa G. Johnston, sobre el acuerdo de transacción a que llegó Horne LLP, de Ridgeland (Misisipi), para pagar al gobierno "$1.207.600 para resolver las acusaciones civiles de que recibió pagos indebidos de fondos de subvenciones federales para la recuperación de catástrofes en relación con los servicios de recuperación de catástrofes que prestó en 2017 y 2018 en Virginia Occidental". A raíz de la declaración presidencial de catástrofe emitida en respuesta a las inundaciones, el Congreso asignó fondos para la recuperación de Virginia Occidental, que serían administrados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE.UU. en CDBG-DR. Estos fondos se pusieron a disposición para financiar las necesidades de recuperación en Virginia Occidental, incluida la rehabilitación y sustitución de viviendas para propietarios de bajos ingresos". Poco después de que se asignaran los fondos CDBG-DR, Horne fue seleccionada por la Oficina de Desarrollo de Virginia Occidental (WVDO) para desarrollar el Plan de Acción del estado para el uso de los fondos de subvención de recuperación de desastres, se explica en el comunicado y se advierte que el contrato original era de $900,000 y fue aumentado a $18 millones sin subasta. En Puerto Rico, las enmiendas del contrato original de Horne - cuyo principal ejecutivo era en aquél momento Neil Forbes y desde agosto de 2019 es Samir El Hage Arocho - han sido cinco y en dos ocasiones el aumento en cuantía fue de $45,560,039 y $4,523,789 millones, respectivamente. Esas enmiendas se dieron en mayo del 2022 y el 19 de abril de 2024. De acuerdo al registro de cabilderos del Departamento de Justicia de PR, Horne es cliente de Politank, la firma de cabilderos de la que era propietario Domenech, principal de la campaña a la gobernación de Gonzalez Colón y hoy gobernadora. Además, la subalterna de Domenech y hoy sub secretaria de la gobernación, Itza García Rodriguez, fue la empleada de Horne hasta el pasado mes de enero cuando fue anunciada por la gobernadora González Colón como la que ocuparía la posición de Sub Secretaria de la Gobernación. Horne es uno de los 31 clientes que tiene Politank, donde figura como socio el ex presidente del Senado, Kenneth MClintock y el ex secretario del Senado bajo la presidencia de Thomas Rivera Schatz, Manuel Torres. El principal ejecutivo de Horne hoy, El Hage Arocho, era uno de los cinco subcontratistas de Horne cuando en el 2109, tuvo e l contrato más cuantioso pago con fondos CDBG-DR. En ese año, Horne LLP estableció en su contrato de $122,503,689 hasta mayo del 2022, que subcontrató a otras cinco compañías, tres de las cuales mantenían contratos con el gobierno: Hage Consulting - de El Hage Arocho, que tuvo cinco contratos hasta el 30 de junio del 2019, uno con la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP); el Municipio de Carolina; dos con la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) y uno con la Administración de Vivienda Pública (AVP), para un total de $267,390. La firma de El Hage Arocho tuvo los contratos con el Departamento de Vivienda, la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI), el Departamento de Desarrollo Económico y Vivienda Pública desde el ocho de julio del 2019, cuando se convirtió en oficial de Horne en el área de servicios de gobierno, según un contrato y su perfil en la red de negocios Linkedin . El Hage Arocho es un donante político activo desde el 2016 cuando donó al Partido Popular y al PNP pero se mostró más dadivoso a partir del 21019, cuando donó $11 mil a candidatos del partido de gobierno hoy, incluido el candidato y más tarde gobernador, Pedro Pierluisi. Garcia Rodriguez, por su parte, alega en su perfil de la red de negocios que salió de Horne, como Senior Port Folio Manager en marzo del 2025 sin embargo comenzó funciones en La Fortaleza en enero de ese mismo año. Donantivos politicos antes del 2019 Donativos de El Hage Arocho a partir del 2019. García Rodríguez dona en menos cantidades a su PNP. A partir del 2019 ha donado $940. García Rodriguez fue sub secretaria de la gobernación bajo la administración de Ricardo Rosselló Neváres y se involucró en el escándalo del Chat de Whatsapp junto a su ex jefe, William Villafañe, caso que le costó el titulo de abogado al ex juez y presidente de la Junta de Inscripción Permanente de Moca, Rafael Ramos Sáenz. Para más detalles de esta historia conéctate a Noticias con café a las 8AM en nuestro canal de YouTube.

Las interrogantes de Bonita Radio ante la información de que LUMA Energy tiene cuatro contratos para desganche que suman $1,195M en un año, fueron contestadas por un trabajador con conocimiento de las unidades de poda que se crearon hace 23 años para palear la crisis que crea la vegetación en las líneas de transmisión Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El exhorbitante gasto del privatizador de la transmisión y distribución de energía de Puerto Rico, Luma Energy, para el desganche de vegetación y que en el último año será de $1,195 millones pagaderos con fondos federales de la recuperación, contrasta con los $8,731,840.00 que se gastaban de fondos públicos a partir del 2002 para realizar labores constantes a nivel Isla. Aún aplicando un aumento de hasta un 30% de aumento por los 23 años transcurridos, Puerto Rico todavía el pueblo paga un exceso de $248 millones al año en un solo contrato para realizar la labor que antes llegaron a realizar hasta 80 empleados de la privatizada Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en las unidades creadas a principios del año 2002 y que un segundo grupo en el 2006, fueron bautizadas como 'Las Termitas'. Brigadas de poda de la AEE en el 2016. Foto suministrada El apagón de miércoles Santo, que se achacó a despeje inadecuado "en la línea número 50100, de 230 Kv, la cual discurre desde el centro de transmisión de Manatí hasta la central de Cambalache en Arecibo" colocó varias preguntas en el tintero. ¿Cuánto se gastaba en la AEE por el trabajo de desganche o despeje? ¿Quiénes lo realizaban? ¿Con qué frecuencia? En el año 2002, la administración de Sila María Calderon y del entonces director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Héctor Rosario, creó grupos de trabajadores para realizar el desganche en las líneas de transmisión de 115kv y 230Kv, precisamente una de las cuales salió de servicio por un trabajo mal realizado por los contratistas que sub contrata LUMA. Entre el 2021 y el 2025, LUMA ha emitido 10 contratos para despeje de vegetación que suman $1,405 millones. "Son la espina dorsal del sistema eléctrico de Puerto Rico", dijo Karlexy Rosario, un celador de la AEE de 22 años de experiencia que hoy trabaja como conductor de camiones en el almacén de alimentos del Departamento de Educación. Es de los cerca de 2mil trabajadores de la AEE que están dispersos entre las agencias de gobierno al rechazar moverse a trabajar con el privatizador cuando ese proceso advino final y firme en el 2021. Karlexy Rosario en una protesta de la UTIER en contra de la privatización de la AEE En un análisis que hizo a petición de las interrogantes de Bonita Radio , Rosario trazó la ruta histórica que vivió el trabajo de despeje de vegetación en las líneas de transmisión en los 22 años que trabajó en la Autoridad. Narró que hasta el 2000, la AEE tenía podadores para realizar el trabajo de desganche en los Distritos Técnicos de cada región. "Eran trabajos programados y cuando surgía la necesidad de realizar despeje de emergencia en las líneas de transmisión tenían que movilizar los podadores que estaban realizando esos trabajos ya programados". Rosario indicó que el propósito de la creación de estos grupos fue tener brigadas de desganche que atendieran directamente las líneas de transmisión (115Kv y 230KV) "en todo momento, para no tener que mover las brigadas de los Distritos Técnicos. El primer grupo de desganche de Transmisión fue en el 2002. Eran cerca de 35 podadores que fueron distribuidos en dos Regiones de Caguas y Bayamón. "Pero hubo un problema, cómo esos compañeros no tenían plazas en propiedad según fueron saliendo plazas y se fueron nombrando las brigadas fueron desapareciendo". Un segundo grupo de desganche se conoció como 'Las Termitas de Transmisión' y se formó en el 2006, luego de dos escuelas de aproximadamente 40 candidatos cada una. "La AEE para evitar que el grupo se fuera desvaneciendo como ocurrió con el primer grupo y en violación al Convenio Colectivo entre la agencia y la UTIER, nombró a los podadores en propiedad tan pronto salieron de escuela. ¿Por qué Las Termitas? "Por la manera en que estos podadores realizaban los despejo de las líneas de Transmisión. Literalmente no dejaban vegetación debajo de esas líneas", explicó Rosario, llevando su relato a un documento que incluso publicó en sus redes sociales. La única responsabilidad de esas brigadas era el despejo de las líneas de transmisión de 115Kv y 230Kv de toda la Isla. "A diferencia de los Podadores de los Distritos Técnicos que realizaban despejo en líneas secundarias (120v/240v), líneas de distribución (7,200v, 8,320v y 13,200v), líneas de sub transmisión (38Kv) y las líneas de transmisión (115Kv y 230Kv), estas brigadas desganchaban las líneas de Transmisión de toda Isla. Estaban destacados en Guayama. El nuevo programa se creó bajo la administración del ex gobernador, Aníbal Acevedo Vila, siendo director ejecutivo, Juan Alicea Flores. El salario de las Termitas era de $18.00 en jornada regular, de L-V de 7:30am a 4:00pm; 37.5hrs semanales ($675.00) Había 'Tiempo Extraordinario' de 28.5 semanales ($1,026.00) "Para esta fecha el TE era doble. Las dietas sumaban $398.00 semanales para un total de $2,099.00 semanal por persona", planteó Rosario, a base de la experiencia que tuvo en aquéllas brigadas que fueron eliminadas por la administración de Luis Fortuño Burset, como gobernador y Josué Colón, hoy 'Zar de Energía', como director ejecutivo de la AEE. Josué Colón en su época de Director Ejecutivo de la AEE, cuando eliminaron Las Termitas como unidad para despejar de vegetación en las líneas de transmisión La matemática no falla, a razón de 80 trabajadores a $2,099.00 mensuales, el costo mensual era de $167,920.00 para un trabajo que según Rosario, "mientras existió ese programa sólo hubo un evento cuando una bambúa hizo contacto con una línea de transmisión. El sistema operó pero no hubo clientes sin servicio". $167,920.00pp x 52 semanas = $8,731,840.00 al año (80 Podadores) "Después de la aprobación de la Ley 26 -2017 la paga por trabajo extraordinario es 1.5.Los compañeros tenían turnos de L-V y trabajaban un 6to día con horario fijo de 6am a 6pm y cobraban dieta semanal de $398 ($4.50, $8.00, $8.00 y $55.00)", sentenció. "Ese patrullaje notificaba al Centro de Control Energético las deficiencias del sistema y ellos se encargaban de asignar las tareas", dijo Rosario al tiempo que explicío que en aquél momento "habían tres tipos de notificaciones" 1. Crítico: Que había que atenderlo con urgencia 2. Preventivo Preferencial: Qué tenían que ponerle atención. 3. Preventivo o Mantenimiento de rutina. A las 8AM en Noticias con café traemos más información y análisis de esta historia en el canal de YouTube .

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La auditoría de la Oficina del Contralor sobre las contrataciones en la Puerto Rico Innovation and Technology Service ( PRITS, por sus siglas en inglés), que provocó referidos a agencias anti corrupción de un abogado con múltiples contratos con la Rama Ejecutiva y municipios, también puso el ojo en otra abogada que contrata como 'relacionista profesional', sin tener licencia para ello, con una corporación y bajo su nombre para un total de sobre $6M entre el 2015 y el 2024. La olla que destapó la autoría de la OCPR bajo la dirección de la CPA, Yesmín Valdivieso, el pasado siete de abril, en el caso de Hiram Carlo Rivera López, cuyo referido por facturar hasta 30 horas en un día está desde verano en el Departamento de Justicia, incluyó un señalamiento sobre la contratación de Leticia Jover Lucío, como relacionista profesional sin tener licencia. Jover Lucío, quien contrata con el gobierno desde el 2015 bajo la corporación LJL, LLC. también tuvo un contrato bajo su nombre por unos $72,500. En total, LJL tuvo contratos hasta con diez agencias de gobierno a la misma vez, según se lista en uno de los negocios que tuvo con PRITS que sumaron $198 mil bajo la administración Pierluisi. Con la nueva administración PNP, de la gobernadora Jenniffer González, firmó un contrato de $33,330 con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres con vigencia del primero de febrero al 30 de junio de 2025. En el 2022, una enmienda a un contrato de PRITS fue firmada por el vice presidente de LJL y hermano de la contratista, Aníbal Jover Lucío. Una investigación de Bonita Radio sobre la auditoría OC-25-70, descubrió a la contratista cuyo nombre no se trae en el informe. Además, de un análisis de los múltiples documentos radicados en la OCPR, se encontró que contrató bajo su nombre y seguro social entre el 2020 y el 2021, por unos $72,500 con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Entre el 2015 y el 2021 contrató con la Comisión de Servicio Público, también por servicios de relaciones públicas, por unos $472 mil pero bajo el nombre de su corporación LJL, LLC. El presidente de esa Comisión era entonces el ex secretario general del PNP, Omar Negrón Judice. Jover Lucío es abogada-notaria desde el 2013 y no tiene licencia de relacionista profesional a pesar de haber contratado tanto en agencias como en el municipio de San Juan para realizar trabajos de estrategia y monitoreo de medios, prensa, redacción de comunicados, entre otras. La abogada no contestó pedidos de información sobre sus contratos con PRITS y el municipio de San Juan y una ayudante suya alegó que estaba en el hospital. Sin embargo, esta no contestó si los contratos de LJL en PRITS y en San Juan están vigentes al día de hoy. Fuentes de entero crédito aseguraron que el contrato del municipio de San Juan fue cancelado una vez finalizadas las Fiestas de la Calle San Sebastian, trabajo que dejó publicado en sus redes sociales. LA CONTRALORA IDENTIFICA TRABAJOS DE RELACIONES PÚBLICAS SIN LICENCIA Y LO ADVIERTE A LA JUNTA REGLAMENTADORA DE ESA PROFESIÓN Según la auditoría de la OCPR, la contratista Jover Lucío "facturó $63,697 en el 2021, rindió sus servicios como una compañía de responsabilidad limitada que requiere que sus oficiales cuenten con las licencias profesionales correspondientes. "Esta situación se notificó al Presidente de la Junta Reglamentadora de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico el 1 de octubre de 2024 para que tome las medidas correspondientes". En octubre era el presidente, Carlos Ramos Domenech, ante la salida de Daniel Rodríguez. La última vez que Jover Lucío contrató en gobierno bajo su nombre para rendir servicios de relaciones públicas, fue entre el primero de julio del 2020 y junio del 2021 cuando firmó un contrato con la AAA, bajo la dirección de la ingeniera, Doriel Pagán Crespo. El último contrato adjudicado por Pagán Crespo a LJL en el 2024, le fue cancelado el cuatro de abril de este año. Entretanto, la auditoría de la OCPR sobre las transacciones fiscales de PRITS entre enero del 2019 al 31 ed diciembre de 2023, reveló que el entonces principal ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno, Enrique Volkers y la abogada principal de la agencia , " no se aseguraron de que la persona contratada para realizar tareas cónsonas con la profesión de relacionista público tuviera la licencia requerida". Mas tarde, ese contrato fue otorgado por la segunda directora de PRITS, Nanette Martínez Ortiz. El cambio de administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Ejecutivo y el Legislativo alteró con nuevos nombres el panorama de contrataciones en el renglón de comunicaciones pero persiste el gasto público para promover la "imagen positiva" del gobierno de Jenniffer González desde contenidos en redes sociales, discursos controlados y de entretenimiento como fuente de información en medios tradicionales. Jover Lucío es donante del PNP a partir del 2019, tanto para Pierluisi como para La actual gobernadora Gonzalez Colón. En Esto es lo último a las 11AM , te traemos más información documental y análisis de esta investigación. ¡Conéctate, comenta y comparte!

Un empresario y una figura influyente de la administración de Pedro Pierluisi, se asegura tienen participación en el negocio Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) se propone aprobar la transacción para una nueva planta de generación de energía a base de gas metano y seleccionar a la empresa Tropigas que tendrá un acuerdo de negocios con inversionistas del patio como el empresario Federico Stubbe Arsuaga y el cuñado del gobernador, licenciado Andrés Guillemard Noble. Fuentes de entero crédito aseguraron a Bonita Radio que la Junta en pleno de la AAPPR, incluidos los dos representantes del interés público, estarían de acuerdo con la transacción pero se desconoce si la administración que sale el dos de enero, va a finiquitarla antes del 31 de diciembre y a hacer público los pormenores. Contrario a lo que se conoce como una APP, la nueva planta, a ubicarse en el área norte del país, sería operada por los contratistas que entrarían en un acuerdo de compra de combustible con el gobierno, conocido como PPA, por sus siglas en inglés. Tropigas tiene sus facilidades en la urbanización Luchetti en Bayamón. Un PPA (Power Purchase Agreement) es un contrato a largo plazo entre un comprador y un vendedor de energía que establece los términos de compraventa de electricidad. En Puerto Rico, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) ha aprobado y revisado PPAs de energía. Un ejemplo es el que mantiene el gobierno con la planta de carbón de 500MW que corre la empresa AES en Guayama. El PPA de AES se mantiene vigente hasta 2027, pero se espera que el uso de la generación a carbón en Puerto Rico se elimine en 2028 por lo que es una de las razones para que el gobierno de Pierluisi discuta públicamente desde el 2023 la aprobación de una nueva planta de generación. Nunca se ha revelado quiénes son los miembros del Comité de Selección de la APP que incluye a un funcionario de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de la Junta de Gobierno de la AEE y quienes son los dos empleados de una agencia pública seleccionados por la Junta de Directores de la AAPP. Entretanto, Bonita Radio supo que las negociaciones con empresarios puertorriqueños que participarían del negocio se dieron aquí y en Estados Unidos con un inversionista de allá, no identificado. En junio pasado, el renunciante director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés Gómez estuvo en Nueva York reunido con potenciales contratistas. Asimismo, Bonita Radio supo que el dos de octubre pasado, Stubbe, Guillemard Noble, Berríos y otras dos personas no identificadas, se reunieron en el Hotel Vanderbilt en Condado “a discutir el negocio”. “Será un contrato de 30 años, mínimo”, dijo una fuente. Humberto Berríos, vice presidente de Tropigas PR. Foto: News its my business Andrés Guillemard, junto a su esposa Caridad Pierluisi En septiembre pasado, el gobernador Pierluisi dijo sobre el tema que “espero que, en el futuro cercano, por no decir inmediato, se esté haciendo el anuncio de qué entidad es la seleccionada para llevar a cabo ese proyecto. Hace falta más generación en Puerto Rico. Ya el Negociado de Energía aprobó que tengamos una planta de gas natural de 300 megavatios. Así que eso viene seguro y en su momento se hará el anuncio correspondiente”. El lunes. Pierluisi insistió en que la gasificación de la producción de energía es la solución. La semana pasada y ante la renuncia de ‘impromptu’ del director ejecutivo, Fontanés Gómez, el secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero, indicó, a preguntas de la prensa, que “el proceso sigue su curso. Hay un comité para eso”. Omar Marrero, secretario de Estado Marrero es parte de la Junta de la AAPP como director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de PR (AAFAF) Los miembros del interés público son la licenciada Liza Ortiz y el ex representante Popular, Eduardo Ferrer Ríos. El gobierno lanzó una convocatoria el pasado primero de marzo del 2023 para la nueva planta bajo el modelo de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento (DBOM, en inglés). Fueron seis las compañías que presentaron propuestas para el proyecto de la nueva planta: CH4 Green Energy LLC , Eco-Renovable LLC , Haina Investment Co. Ltd. , InterEnergy Group Limited , Karpower International B.V. y Tropigas de Puerto Rico Inc. El requerimiento de la APPO contempló que el elegido diseñe, construya, financie, opere y mantenga la instalación generatriz , que entraría en un contrato de venta de energía con la AEE. Tropigas es una empresa puertorriqueña fundada en 1959 y en este momento dirigida por, Luis Humberto Berrios Rivera como presidente y su hijo, Humberto Berrios, vice presidente y a cargo del día día de la operación. Berríos hijo no contestó llamadas dejadas a su secretaria en la oficina de la empresa ubicada en el sector industrial Luchetti en Bayamón, ni los mensajes a la contestadora de su celular. Tampoco Stubbe Arsuaga contestó dos llamadas hechas a través de la relacionista profesional Milagros Hernández, de la agencia Comstat, de Badillo Saatchi, Saatchi, que atiende la cuenta de sus negocios bajo Prisa Group. Su asistente personal, Limaris Zayas, tampoco contestó mensajes en su oficina y los enviados a su correo electrónico. Por su parte, Guillemard Noble, no contestó las llamadas que se hicieron al bufete Nachman y Guillemard. Por su parte, Fontanés dijo en declaraciones escritas del pasado 22 de noviembre que: "El proyecto de alianza público-privada para una nueva facilidad de generación continúa en curso. Como hemos expresado y en virtud de la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley Núm. 29-2009), la información relacionada al proceso de evaluación, selección, negociación y adjudicación de las propuestas se mantiene bajo parámetros de confidencialidad. Una vez culminado dicho proceso, se dará a conocer la selección final y se hará pública y disponible toda la información relacionada”. Asimismo, la propuesta no parece tener problemas con el gobierno entrante de Jenniffer González Colón, toda vez que el pasado viernes creó un Comité de Transformación Energética que tendrá como prioridad enmendar la política pública para permitir el uso de gas natural y buscarle un sustituto a LUMA Energy, privatizadora del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica. A ese Comité nombró a Federico Stubbe González, hijo de quien se alega tendrá intereses financieros en la propuesta de la nueva planta de generación. Gobernador Pierluisi y los empresarios Federico Stubbe González y Stubbe Arsuaga. En noviembre González Colón dijo en entrevista con El Vocero que favorece diversificar las fuentes de energía y añadió: “….debemos usar gas natural, debemos usar hidrógeno, debemos ampliar nuestra huella hidroeléctrica, creo mucho en eso. Creo en ampliar más nuestra huella de energía eólica y creo también en la solar”. Gobernadora electa. Foto: Peter Amador El Gobernador ha dicho que la nueva planta se desarrollará a futuro con fuentes de hidrógeno, una tecnología que no está disponible en este momento. A las 8AM en Noticias con Café por el canal de Bonita Radio en YouTube Live traemos más información y análisis sobre esta última entrega de investigación.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El primer acusado de evadir contribuciones en Estados Unidos a través de la Ley 60 de Puerto Rico resulta ser un donante de la campaña del entonces candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y virtual gobernador, Pedro Pierluisi, cuyo donativo se dio en el 2020, cinco meses más tarde de obtener el decreto contributivo. El ciudadano de la India y residente en Miami, Susher Gajwani, que obtuvo un decreto contributivo en mayo del 2020 bajo el Código de Incentivos Contributivos aprobado en julio del 2019, fue acusado en Florida de evadir el pago de contribuciones de las ganancias de sobre $80 millones luego de mentir en el formulario 2353 para cualificar retroactivamente bajo los términos de la entonces Ley 22 en la Isla. Gobernador Pedro Pierluisi en el 2021. Foto: Ramon Zayas, END Gajwani, quien según la acusación tuvo residencia en la Isla desde el 2019 - un requisito para poder cualificar para un decreto contributivo bajo la mencionada ley, fue acusado mediante un "criminal information" el pasado 19 de marzo y compareció el miércoles nueve de abril a la sala de la jueza Cecilia Altonaga en el Distrito Sur de Florida donde renunció a que el gobierno presentara prueba ante un Gran Jurado. Aunque la Jueza emitió una orden de calendario del caso para verse mediante juicio en junio, se espera que Gajwani haga alegación de culpabilidad y quedó libre bajo fianza. Los hechos relativos al caso se dan luego de que se alega que un contable y un abogado asesoraron a Gajwani para que cambiara la corporación Nimco, radicada en Delaware como una corporación tipo C a una S, para que así pudiera cualificar para el decreto en la Isla. "El Contable 1 aconsejó a SURESH GAJWANI a convertir Nimco de una Corporación C a una S porque una C no podía acogerse a los beneficios de la Ley 60", lee la acusación firmada por los fiscales Hayden P OByrne, Michael Berger y Ashley Stein, Fiscal de Distrito, abogado principal y fiscal de Evasión Contributiva, respectivamente. Se alega que entre el 2019 y 2022, "Nimco tuvo ganancias netas de capital por un total aproximado de 80 millones y distribuyó una cantidad correspondiente a sus accionistas. Como resultado de la conversión indebida de Nimco, SURESH GAJWANI no pagó los impuestos debidos y adeudados sobre las ganancias de capital obtenidas", terminó leyendo la acusación. Llama la atención que Nimco fue radicada como corporación LLC en diciembre del 2019 en el Departamento de Estado de Puerto Rico y en agosto del 2020 presentó una resolución de disolución voluntaria. El registro fue radicado bajo una dirección en el número 100 de la calle Marina Aprt 3702 donde ubica el condominio Capitolio Plaza. Sin embargo, en el catastro digital del CRIM no hay ningún registro a nombre de Susher en esa dirección, si no a nombre de un tercero con siglas GACG desde el 2008 fecha en que se entregaron los primeros apartamentos por el desarrollador, Mora Development. La disolución de Nimco se dio en agosto del 2020, luego de que Gajwani presentara una resolución a esos efectos el 29 de julio de ese mismo año. En julio de 2023, el Servicio de Rentas Internas Federal, (IRS, por sus siglas en inglés), anunció que investigaba al menos 100 beneficiarios de la Ley 60 por evasión contributiva. El gobernador entonces, Pedro Pierluisi, le dio la bienvenida a las investigaciones alegando que el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), que otorga los decretos, los fiscalizaba. A pesar de que en el 2021, el entonces secretario del DDEC, Manuel Cidre, dijo que realizaban una auditoría y habría fuete para los infractores, de los 278 decretos cancelados, los beneficiarios le debían $24 millones al fisco y el entonces secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, reaccionó a los datos que reveló una pesquisa del Centro de Periodismo Investigativo alegando que el recobro de ese dinero era "cuesta arriba". Para más detalles de esta historia, conéctate a Noticias con café a las 8AM a través de nuestro canal de Youtube.