Por José Ariel Nazario Colaborador La Comisión de Asuntos de la Mujer ha convocado a ejecutiva a las 10 AM. Si se produce un informe negativo y se radica existe la posibilidad que mediante la moción correspondiente, se pida el descargue de ambos informes de Reglas y Calendarios. Si es así, aplicará entonces la siguiente disposición R. 32.1, “…En caso de que cualquiera de las Comisiones a las cuales haya sido referida una medida rinda su informe, la Comisión de Reglas y Calendario notificará a las demás Comisiones sobre el recibo del mismo, enviándoles copia de éste. .... La Comisión de Reglas y Calendario procederá, conforme a este Reglamento, entonces a incluir la medida o asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, de así entenderlo conveniente. De surgir diferencias entre las Comisiones sobre una medida o asunto, el Senado considerará en primer orden el informe radicado por la Comisión con jurisdicción primaria. Esta disposición no aplicará a las medidas que disponen una asignación de fondos....". Evidentemente lo que van a hacer es que la medida se va a discutir siempre y cuando la Comisión de la Mujer pueda radicar a tiempo, pues yo no sé si ya han pasado tres días desde que fueron notificados que se radicó el informe positivo. Así las cosas es de esperarse que la urgencia de la reunión sea por los tres días y que previa moción a tales efectos, de pasar los tres días se puede pedir el relevo de la comisión correspondiente lo que dejaría a consideración únicamente el positivo. Es decir, esto parece que se va a dar hoy en el Senado de Puerto Rico. Recordemos que la medida cuya aprobación se recomienda, viene a su vez con múltiples enmiendas que podrán ser discutidas ya sea por reglas especiales (en conjunto, etc.) o sin reglas especiales lo que quiere decir que estaremos un buen rato escuchando deliberaciones. Presumo también que se formularán las mociones correspondientes en oposición a la inclusión de la medida en calendario, y otras, propias de un filibusterismo bien merecido.

Por Carmen Enid Acevedo Una empresa que representa a 1,700 corporaciones en Puerto Rico a través de un intermediario que recibe su correspondencia, emplazamientos, etc, es parte de la estructura legal que se colocó en el tablero de ajedrez de las dos fundaciones que se crearon en el Departamento de Estado de Puerto Rico en junio 2020 para encubrir los nombres de quienes aportaron hasta tres cifras para llenar las arcas de Salvemos a Puerto Rico. The Prentice Hall Corporation System, una corporación que hace negocios en Puerto Rico desde 1961, es la matriz que a su vez contrató en Puerto Rico a Fast Solutions LLC, como agente residente de Foundation for Progress y Fundación Pro Igualdad. Los empresarios Armando Oliver Ortiz y Maria de L. Paraliticci Morales, son los propietarios de Fast Solutions, cuyos nombres fueron registrados desde el 2020 como los agentes residentes de esas OSFL en el DE. A preguntas de Bonita Radio, Oliver Ortiz dijo que nunca ha sido entrevistado por las autoridades federales pero no puede contestar que su cliente The Prentice no haya sido contactado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). "Yo no me entero nunca de lo que pasa con esos clientes. Solo recibo correspondencia. Mi cliente es The Prentice", dijo. Ese esquema de corporación sobre otra, deja fuera del registro del DE a quienes realmente dirigen las corporaciones. Es más difícil llegar a ellos como de hecho ha pasado en la pesquisa de Salvemos a Puerto Rico y las fundaciones que llenaron en parte su fondo para dirigir campañas de descrédito a los retadores de Pierluisi. "Se crearon instrumentos legítimos para a través de esos introducir el producto sucio (en este caso donativos de individuos) y así llevarlos limpios al pote del SuperPac, a sabiendas que mentían sobre el origen del dinero. Es lo más parecido a un esquema de "money laundering" pero en el escenario de campañas políticas", dijo una fuente de entero crédito, especialista de la Ley de Corporaciones de Puerto Rico y de pesquisas de corrupción pública sobre el rastro que descubrió Bonita Radio en cuanto a la forma en que se produjo un esquema que mantiene convicto a quien mintió sobre los donativos para fondear Salvemos a Puerto Rico, el Contador Público Autorizado (CPA), Joseph Fuentes Fernández. La pregunta hoy, cuando se asegura que colaboradores cercanos a la campaña de #Pierluisi2020 cooperan con las autoridades, como el licenciado Alejandro Figueroa Colón, es, si el que incorporó las sin fines de lucro que son parte fundamental del esquema, Alvaro Pilar Vilagrán, igualmente se entregó a las autoridades a través de un acuerdo de cooperación. El abogado de las corporaciones SFL, Frank Torres Viada, no contestó llamadas de Bonita Radio que fueron dejados con su secretaria. Pilar Vilagrán es un ex director ejecutivo de la Autoridad de Puertos (AP) cuando Luis Fortuño era gobernador y Pierluisi era Comisionado Residente. Es un cercano al grupo de trabajo de la campaña del hoy Gobernador. Desde el siete de diciembre 2021, a un año de defender a brazo partido la existencia de las dos organizaciones sin fines de lucro, obtuvo un contrato con el Departamento de Educación, a razón de $10K mensuales que vence el próximo 30 de junio. Por su parte, Figueroa Colón así como Andrés Guillemard Noble eran, respectivamente, el "asesor legal" y 'recaudador significativo allegado al Gobernador" en la campaña #Pierluisi2020. "Hay que ver qué dice Joey sobre quiénes participaron de ese esquema. ¿Estará cooperando Alvaro?", se cuestionó una fuente con conocimiento de la investigación sin soltar prenda sobre esa posibilidad. En el DE se consignó, para las dos corporaciones SFL, que "está organizada y será operada exclusivamente con fines benéficos y/o educativos, para la promoción del bienestar social en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico u otros fines que permitan a la Fundación calificar como una organización exenta de contribuciones bajo las disposiciones de Sección 1101.01(a)(2)(A) de 2011 del Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico (el "Código de PR") y/o 501(c)(4) del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos de 1986 ( el "Código de EE. UU."), ya que dichas secciones pueden ser enmendadas de vez en cuando, o las secciones equivalentes de cualquier ley que pueda sustituir o reemplazar el Código de PR y/o el Código de EE. UU". La ficción jurídica que crea la corporación pone a los directivos a responder por ésta toda vez que la misma exista sin problemas de organización, defina quienes son sus directivos y se establezcan, conforme a derecho, los artículos de incorporación. La no existencia de esos requisitos pudo darse cuando en el momento de radicadas no se identificó ni dirección, incorporadores y a qué se dedicaría la SFL, lo que es un requisito indispensable de la Ley de Corporaciones. Ese hecho fue subsanado cuando Pilar Vilagrán acudió en demanda contra el DE - luego de que la agencia canceló las corporaciones - en agosto de 2020 y el juez Alfonso Martínez Piovannetti resolvió en su favor el primero de septiembre de 2020, por lo que le fue restituido el status de sin fines de lucro de ambas corporaciones. Entretanto, Fuentes Fernández hizo alegación de culpa el cinco de mayo, coopera con las autoridades y ha estado grabando en diversas actividades con allegados a la conspiración, aseguran las fuentes. Pilar Vilagrán ha contestado preguntas de periodistas y se ha sorprendido de la alegación de culpa de su amigo, Fuentes Fernández. Fue Pilar Vilagrán quien el cinco de agosto del 2020, se querelló de un alegado esquema de esconder información en los informes de ingresos y gastos de la campaña primarista de la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garced. Precisamente un día antes, el cuatro de agosto, ya el Departamento de Estado, bajo la dirección de Elmer Roman, habría cancelado las dos corporaciones que se crearon para el esquema de fondos a Salvemos a Puerto Rico luego de que fuera denunciado por el director de campaña de Váquez Garced, Jorge Dávila. El 14 de septiembre del 2020, a un mes de que los donativos fluyeran como la espuma hacia las dos Fundaciones y de allí al SuperPac, Pilar Vilagrán radicó en el DE un documento que enmienda los artículos de incorporación colocandose él como incorporador y a Fast Solutions como agente residente. LOS DONANTES Y LAS CORPORACIONES La Fundación por la Igualdad y Foundation for Progress, tienen nombres con imaginario de estadidad y fueron creadas para encubrir los verdaderos donantes del Super Pac, Salvemos a Puerto Rico, donde llegaron donativos de inversionistas políticos como Marc Tacher, Federico Stubbe y Ricky Castro, para apoyar el intento de Pedro Pierluisi de convertirse en Gobernador y hacerle la campaña 'sucia" a sus contendientes más cercanos, dentro y fuera del Partido Nuevo progresista (PNP). Todos los estadistas y correligionarios del Gobernador que donaron a Salvemos a Puerto Rico, mediante el esquema ilegal identificados hasta el momento por las autoridades federales, recibieron contratos con el gobierno a través de sus corporaciones y exenciones contributivas para sus negocios, entre el 2021 y el presente año. Castro y su corporación Castro Buisiness - que donó $50K en octubre del 2020 - mantiene contratos con el gobierno a través de las tiendas militares de la Guardia Nacional que han sumado ya $34M Stubbe, un ex oficial del gobierno de Carlos Romero Barceló, tiene hasta un 90 porciento en excención contributiva con sus negocios de hospedería, desarrollo de viviendas de lujo y entretenimiento. También tiene $10 millones en créditos contributivos por el desarrollo turístico médico de un hospital en Dorado. En el caso del empresario Elvin Pagán Padilla, donó al Super Pac, en junio del 2020, $59,200 a nombre de su empresa AP Engineering. Entre el 2021 y el presente, ha firmado contratos por $7.4 millones bajo su también corporación LT Automation, con la Autoridad de Energía Eléctrica, Acueductos y Alcantarillados; la privatizadora de distribución y transmisión de energía, Luma Energy y el municipio de San Juan. Otra corporación, Díaz y Vázquez Law Firm, tiene contratos con la AEE y la AAA, por $16M, entre el 2020 y el 2022. Entre el 26 de abril del 2021 y el 30 de junio del 2022, tiene contratos con gobierno por unos $5.4M. Uno de sus socios, Arturo Díaz Angueira, donó $20K al SuperPac el 23 de junio de 2020. A Roberto Cacho Pérez, quien donó al Super Pac $76,800 en octubre del 2020, recibió una exención de $193M el 12 de diciembre del 2020 para el desarrollo de un complejo hotelero en Cabo Rojo, a través de su corporación Cabo Rojo Land Adquisition. El complejo tiene playas privadas; dos hoteles, uno de ellos boutique, campo de golf, centro comercial, entre otros y está planificado para comenzar en una primera fase en enero del 2023. Cacho Pérez, amigo de Fuentes Fernández con quien tiene otros negocios en la Isla y del gobernador Pierluisi, busca inversionistas que apoyen el proyecto de desarrollo en medio de tierras conocidas en Cabo Rojo como de alto valor ecológico y protegidas como es el área de Los Pozos. Tiene a su haber, ser un desarrollador de proyectos como el Hotel W en Vieques, que dejó abandonado tras el huracán María y que recientemente fue vendido por el gobierno al critpto inversionista de la Ley 60, Brock Pierce. Otro de los donantes, Luillo Ruiz, hijo de la representante penepé, Iris Miriam Ruiz, donó $25K el 19 de octubre de 2020. En la administración Rosselló, recibió incentivos contributivos de hasta $63 millones para sus corporaciones, Little Pictures y Pimienta Films. Little Pictures fue la que donó a las fundaciones SFL. Mientras, el gobierno hace silencio con relación a la pesquisa que tiene en la mirilla a allegados al Gobernador. El último en ser confrontado con el status de las dos Fundaciones en el esquema ilegal, fue el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, quien no dice qué pasa en esa agencia con los donantes de las dos sin fines de lucro que no tienen ese status de excentas contributivas a pesar de que así lo consignaron en el Departamento de Estado.

Por Carmen Enid Acevedo El vínculo del cuñado del Gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, Andrés Guillemard Noble, con el empresario Ricky Castro Ortiz, uno de los donantes ilegales al Súper PAC Salvemos a Puerto Rico, se acerca una vez más a la campaña del entonces candidato primarista a la gobernación, cuando se constató que el primero recibió información de la mano del contratista, sobre la venta de pruebas rápidas COVID-19 con otro cliente suyo y propietario de la firma que las producía. Esa gestión fue confirmada en el 2020 por otro de los colaboradores de campaña de Pierluisi Urrutia, el hoy secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, cuando se investigó la procedencia de los contratistas de pruebas rápidas. Mellado fue una de las personalidades más vocales en la campaña. Fue el jefe del programa de gobierno como Director del Instituto de Política Pública Luis A. Ferré y director del Comité de Plataforma del PNP. La coordinación o no del recaudador del hoy Gobernador, Guillemard Noble, con el Super Pac del convicto Contador Público Autorizado (CPA), Joseph Fuentes Fernández se complica cuando se asegura que en medio de la pesquisa que dirige el Departamento de Justicia en Washington, hay grabaciones obtenidas bajo Titulo 3 del Código Federal que colocarían a miembros de la conspiración citados en la acusación del testigo con conocimiento del esquema que llenaba las arcas del SuperPac. Incluso, uno de los donantes que son cuestionados en el Super Pac, Bancredito Holding, de Julio Herrera Velutini, dio $25K a Salvemos en agosto de 2021 ya activa la cooperación de Fuentes Fernández. Una reunión entre un equipo de campaña para la reelección de Pierluisi Urrutia en el 2024, que se dio en el 2021, es parte de los extremos que se alega contradicen las aseveraciones de la directora de campaña de #Pierluisi2020, Caridad Pierluisi, sobre cuanta coordinación hubo en el 2020 con Salvemos a Puerto Rico y su gestor, Fuentes Fernández. Tal y como indicó Bonita Radio al destapar la pesquisa de las autoridades federales con relación al financiamiento de campañas en el 2020, uno de los directivos de la campaña de Pierluisi, el licenciado Alejandro Figueroa, figuró en una de esas reuniones en que el testigo cooperador participó el año pasado. Entretanto, el trasfondo entre el vendedor de pruebas rápidas Castro Ortiz, como el productor de las mismas, el estadounidense, Timothy Wagner, con Guillemard Noble, es tan fuerte como que ambos eran sus clientes cuando iniciaron gestiones para venderle pruebas rápidas al gobierno tan temprano como el 22 de marzo del 2020 a siete días del primer “cierre total” de emergencia al inicio de la pandemia. Wagner es donante del #PNP desde las campañas de Ricardo Rosselló Nevárez y Castro Ortiz un activo donante de Thomas Rivera Schatz, entre otros. Un correo electrónico evidencia la relación del 2020 entre uno y otro, cuando el vendedor de alimentos y productor de cannabis medicinal, Castro Ortiz, gestionó la venta de pruebas rápidas al gobierno penepé junto a Wagner, propietario de MedRX360. De ese contacto directo también supo, por medio de la misma comunicación electrónica, el hoy secretario del DS Mellado, uno de los formó parte de la campaña del 2020 del entonces cabildero y candidato primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pierluisi Urrutia. Fue a Guillemard Noble y a Mellado que se dirigió el correo electrónico el domingo 22 de marzo del 2020 a la 1:59PM para notificar que las pruebas estaban aprobadas por la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). "Carlos: Adjunto la documentación de "Point of Care Test Kits. Como ves está especificamente listada en el sitio web de la FDA". Tres semanas más tarde y en medio del tiroteo entre bandos de los candidatos primaristas a la gobernación, Mellado se quejó públicamente que no fue aceptado en el “task force” científico de la pandemia “porque no apoya públicamente” las intenciones de la gobernadora sucesoral de correr para la gobernación en las elecciones generales de noviembre. Mellado fue nombrado por Pierluisi Urrutia al comité de transición del gobierno electo. El Super Pac Salvemos a Puerto Rico se creó por Fuentes Fernández en Arlington Virginia, el 19 de mayo de 2020, en medio de las gestiones del cuñado del Gobernador, Guillemard Noble y de Mellado, con Castro Ortiz y Wagner. Ese viejo contacto entre los clientes de Guillemard Noble surge dos meses antes de la creación del mecanismo financiero electoral cuando Wagner certifica a Castro Ortiz que las pruebas están aprobadas por la FDA. Y a cinco de que Castro Ortiz aportara de manera ilegal al Super Pac. El empresario de las tiendas militares de la Guardia Nacional a su vez dirigió el correo electrónico a la secretaria de administración de Salud, Adil Rosa, quien fungía como la que gestionaba las compras en momentos en que todavía era sub secretaria de la agencia de salud, la doctora Concepcion Quiñones de Longo. Tal y como surge de la evidencia documental, el primer correo, fue originado por Wagner a Guillemard Noble y a Mellado, sobre el mismo asunto. Todo se dio entre la 1:18 y las 3:34 de la tarde del domingo 22. El correo circuló en mayo del 2020 a través de internet cuando se descubrió que Castro Ortiz era uno de dos empresarios que nunca habían vendido una jeringuilla pero que se posicionó en el mercado de emergencia pandémica como vendedores de las pruebas rápidas para detectar COVID-19. En ese momento, Guillemard Noble le dijo al Centro de Periodismo Investigativo que Wagner fue su cliente, que es su amigo pero negó haber hecho gestiones para la venta de pruebas rápidas. Nunca dijo que Castro Ortiz también era su cliente y hoy no contesta preguntas relacionadas a sus vínculos con ese donante de Salvemos a Puerto Rico. Hoy, en el contexto de la pesquisa federal sobre los donantes ilegales al SuperPac, Salvemos a Puerto Rico, cobra vigencia el junte entre Castro Ortiz y Guillemard Noble. Castro Ortiz donó $50k en octubre del 2020 a Salvemos a Puerto Rico y a través de su corporación Castro Business con la que administra las tiendas de la GN, mediante el esquema ilegal con Foundation for Progress y Fundación Pro Igualdad. El único ingreso de Salvemos a Puerto Rico después del 2020, fue en enero del 2021 por parte de Foundation for Progress, una de las corporaciones sin fines de lucro a través de la cual se hicieron los donativos ilegales de individuos que ingresaron al Súper PAC. El segundo donativo de ese año fue de Bancredito Holding, la entidad con bandera venezolana que buscaba que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) le sacara el guante de la cara a la institución ante auditorías que cuestionaban su solvencia vs la clientela y por la falta de controles para prevenir el lavado de dinero. Ayer, la OCIF le dio 20 días a Bancredito para que contesten por qué no debe liquidar voluntariamente ante las auditorías que datan del 2016 y ponen al descubierto señalamientos relacionados con poco o ningún control con relación a lavado de dinero.

#costas #erosión #mar El director del Programa Seagrant en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez Ruperto Chaparro, va tan atrás a que el gobierno comenzó a desproteger las áreas de la costa desde que se desarrolló en Humacao, el complejo hotelero Palmas del Mar. En este primer episodio de la serie, Lo que de la mar es, a la mar Vuelve, Chaparro pone en perspectiva la historia de la destrucción de costa que parece estar hacienda crisis a 50 años de la primera gran intervención en la costa de Humacao, de parte del Desarrollo desmedido. ¡Sintoniza y comparte! #periodismodigita #periodismodigital

#desarrollo#costas#erosión La licenciada Verónica González narra cómo es la lucha de las comunidades para vindicar sus derechos de permanecer en sus entornos naturales que huelen los depredadores de la costa borincana para desarrollarla desmedidamente. La participación en los pleitos judiciales es cada vez más difícil pero las comunidades están listas para la lucha. ¡Sintoniza y comparte! #periodismodigital#periodismoinvestigativo

#ciencia#costa#desarrollo La científica Aurea Rodríguez, investigadora instalada en la Bahía de Investigación Estuarina de Jobos en Salinas, comparte con nuestras audiencias cuál es la importancia de la única Reserva de este tipo en el Caribe en el contexto de la destrucción ambiental de la zona a partir de la venta de parcelas o solares desde los años 80. ¡Sintoniza y comparte! #periodismodigital#periodismoinvestigativo

#puntabandera#luquillo#desarrollo Las comunidades son diversas. Unos se asientan desde que nacen en el entorno; otros vienen de vacaciones o hacen de esas sus lugares de vida entre verano y verano. Todos quieren proteger el ambiente natural que les da vida. Conoce a la comunidad de Punta Bandera donde se ha intentado construir un mega proyecto en el único recodo de pulmón en Luquillo de frente al mar. ¡Sintoniza y comparte!

#LAI#BSN#fútbol Gary Brown pudiera estar en acción lo antes posible. Haaland lo cambian a Inglaterra. Seguimos subiendo el nivel en tennis de mesa. Habrá, posiblemente, nuevos deportes para las justas LAI del año que viene. Los Yankees continúan dominante en su conferencia. ¡Sintoniza y comparte! #tiempodedeportes#haypais#queclaseswing

#MLB#BSN#Atletismo Se retira Alvin Cruz luego de 22 temporadas. Los Gigantes de Carolina consiguien su segunda victoria en la temporada. Grandes atletas del atletismo se medirán mañana en Ponce. Coamo gana el primer partido de la serie final de La Puertorriqueña. Puerto Rico consigue que varios atletas de lucha clasifiquen en los próximos Juegos Panamericanos. Los boricuas en las mayores. ¡Sintoniza y comparte! #tiempodedeportes#haypais#queclaseswing

Por Carmen Enid Acevedo John S. Blakeman Ortiz, el que en su día fue administrador de Vivienda Pública, bajo la administración de Pedro Rosselló, se declaró culpable de delitos relacionados a las actuaciones como colaborador en más de una campaña electoral del penepé en 2020, en medio de una pesquisa que se dirige desde los cuarteles de la División de Integridad Pública en el Departamento de Justicia en Washington. "Es un hecho. Ya se hizo culpable y coopera", dijo la fuente de entero crédito con conocimiento de lo que lleva sobre ocho meses cocinándose entre la fiscalía federal ubicada en la avenida Chardón y la División de Integridad Pública en DC. Por un lado, la cooperación del SuperPac Salvemos a Puerto Rico y en febrero de este año, el descubrimiento de lo que había en el teléfono de la ex secretaria del Departamento de Justicia de la administración de Ricardo Rosselló y ex Procuradora de las Mujeres de Luis Fortuño Burset. Fue imposible conseguir entrevista con la licenciada Anita Hill, identificada como la abogada de record del hoy convicto, Blakeman Ortiz. Fuentes de entero crédito confirmaron que Blakeman Ortiz, quien entraba a La Fortaleza, "como Pedro por su casa" durante la estadía de Vázquez Garced, fue el compañero de Frances Díaz, la ex presidenta de Bancredito Holding, institución de origen venezolano que dio donativos a la campaña de Vázquez Garced y al SuperPac, Salvemos a Puerto Rico. Ese Super Pac fue el gestó el Contador Público Autorizado (CPA), Joseph Fuentes Fernández, desde Arlington Virginia y que se utilizó para allegar dinero de individuos mediante transferencias de dos fundaciones creadas en Puerto Rico. Habría servido como fuente de campaña de descrédito en contra de los contrincantes de Pedro Pierluisi Urrutia, hoy Gobernador. Ante la pesquisa de Bonita Radio y cuestionado por periodistas en una actividad oficial, Pierluisi Urrutia dijo hoy: "Esto lo voy a decir otra vez y lo he dicho durante toda mi trayectoria política. No existe donante a una campaña mía que haya recibido una gestión oficial como resultado de esa donación. Nunca, nunca jamás. Todos los que han estado envueltos en los procesos de recaudo de mis campañas saben que la regla inquebrantable y mi posición firme de siempre es que no puede haber un donativo a cambio de una gestión oficial de mi parte. Y eso ha sido así. También pongo la mano en el fuego en cuanto a que eso es así y siempre será así”. De otra parte, en el 2020, la realidad de que la Gobernadora entonces no tendría oportunidad de llegar a los niveles de recaudo de su contendor primarista, Pierluisi Urrutia, la apartó del grupo de inversionistas políticos, sostuvo otra fuente. La apuesta al segundo candidato, colocó incluso al que una vez estuvo con ella, el ex representante, Gary Rodríguez, a seguir a Pierluisi hacia la Gobernación. Rodríguez, quien estuvo presente cuando se presentó una encuesta a la Gobernadora que habría sido pagada por Herrera Velutini, habla con las autoridades y se espera que sea citado a Gran Jurado. El que también abandonó el barco comandado por Vázquez fue Blakeman Ortiz, quien estuvo en su campaña incluso en una actividad con voluntarios en la sede de la Asociación de Miembros de la Policía el 22 de febrero 2020 y en la que se celebró que se recogieron los endosos en ‘tiempo record”. Blakeman Ortiz, compañero de gabinete del director de campaña de Vázquez Garced, Jorge Dávila, quien fuera director ejecutivo de la Compañía de Turismo bajo la administración de Pedro Rosselló, se alega que fue quien ayudó a provocar el cambio de mando en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, (OCIF). Dávila confirmó esta mañana que Blakeman Ortiz colaboró con la campaña de Vázquez Garced. Una vez fuera del panorama político partidista la Gobernadora Sucesoral, Blakeman Ortiz se agenció llegar al circulo de Pierluisi Urrutia ya en 2021 y habría tenido contacto con la nueva administración de OCIF. El ex administrador de AVP, que tiene en su hoja pública haber sido investigado por las autoridades federales en medio de pesquisas de desviación de fondos en esa agencia para la época del 90, figura en las múltiples fotografías que inundan las redes cuando el presidente de Bancredito Holding, Julio Herrera Velutini, trajo al área del edificio Plaza International donde ubica el banco en el centro bancario de Hato Rey, una escultura del colombiano, Fernando Botero. En los 90, fueron acusados de corrupción a través del esquema de pagos de sobornos, por lo menos cinco empleados de AVP, entre ellos, el que entonces fungía como administrador del Sistema de Retiro, Andrés Barbeito Cambiella, así como dos contratistas, Robert Prann Laborda y José Cobián. Blakeman Ortiz es un donante activo de las campañas de Thomas Rivera Schatz ($5,250), Ricardo Rosselló Nevárez ($2,800) e igual cantidad a la de Vázquez Garced en agosto de 2020, a pocos días de la primaria. De otra parte, uno de los extremos que se investigan es que fue en en la propia Mansión Ejecutiva en el primer trimestre del 2020 que Fahad Gaffar le hizo una presentación a la Gobernadora sobre cómo funciona un Super Pac. De hecho, fuentes de entero crédito aseguran que hasta su esposo, entonces juez del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, Jorge Díaz Reverón, estuvo presente, junto a la entonces sub secretaria de la Gobernación, Lilian Sánchez Pérez y Marisol Blasco Montaña. Las autoridades investigan hasta donde el inversionista de la Ley 60 y socio del multimillonario John Paulson, Fahad Ghaffar, fue a la campaña de Vázquez Garced, lo que fue ‘Joey’ Fuentes Fernández a la del candidato a la gobernación de las elecciones del 2020 y hoy Gobernador, Pierluisi Urrutia. “La diferencia es una importante, el CPA (Fuentes Fernández) tuvo éxito. Los inversionistas abandonaron a Wanda Vázquez”, dijo una fuente de entero crédito en referencia a que Salvemos a Puerto Rico siguió la ruta hacia llenar las arcas de la intención #Pierluisi2020 pasando por dos fundaciones sin fines de lucro, alusivas al ideal de la estadidad. En esa reunión, donde también estuvieron presentes la sub secretaria de la Gobernación, Sánchez y la ayudante de la Gobernadora, Blasco Montaña, “se hizo la presentación del funcionamiento de un Super Pac pero nunca se activó”. Fue incorporado el ocho de abril de 2020 bajo el nombre de Prosperity Through Leadership pero no tuvo movimiento de dinero. Aunque se especuló que Blakeman Ortiz podría ser uno de los que haría alegación de culpa mañana viernes, además de que ya hizo ese movimiento ante un Juez Federal, la alegación de culpa que estaba pautada no está relacionada con el caso que dirige, Seth Erbe en la fiscalía federal aquí, bajo la dirección de NIcholas Cannon, un abogado de la División de Integridad Pública en Washington. Es un caso de corrupción pública pero de un oficial no electo.

#BSN#MLB#tennis Thomas Robinson seguirá suspendido. La ruta por el MVP en la Grandes ligas. Monica Puig se perderá los próximos torneos. Nuevo galardón en la NBA. ¡Sintoniza y comparte!

Por Carmen Enid Acevedo Una pesquisa de las autoridades del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) en Washington, tiene en la mira a la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garced; al incumbente gobernador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi Urrutia en las elecciones del 2020, luego de que en el caso de la primera recibiera donativos de una corporación cuyo presidente es un ciudadano venezolano y el posible conocimiento del segundo sobre las gestiones del Super Pac, Salvemos a Puerto Rico, al que también donó el "noncitizen". No se escapa de la pesquisa la campaña del candidato del partido Popular Democrático (PPD), Charlie Delgado Altieri, toda vez que un elemento de su campaña creó un Super Pac al que también contribuyó esa corporación. La declaración de culpa con cooperación de parte de Joseph ‘Joey’ Fuentes Fernández, amigo del Gobernador desde que estudiaron en ‘college’ en la década del 80 en Estados Unidos, es parte de una pesquisa mucho más amplia que tiene como elemento común los donativos que hizo a las tres campañas, Bancredito Holding, una corporación bancaria con orígenes en Venezuela y que preside, Julio Herrera Velutini. El titulo 52 del código federal, penaliza en su sección 30121 “una persona por solicitar, aceptar o recibir una contribución o donación y donaciones de extranjeros”. La contribución puede ser en dinero u otro valor”. Los hincapiés investigativos cambian de campaña en campaña. El tracto documental de contribuciones políticas en la Comisión Federal de Elecciones (FEC); las alegaciones de culpa de la corporación Salvemos a Puerto Rico y de Fuentes Fernández, así como fotografías y eventos de los presuntos implicados, proponen la línea de cada una de las pesquisas. Coinciden fechas y actuaciones.Coinciden fechas y actuaciones. Bonita Radio realizó una pesquisa que corrobora la información por parte de fuentes de entero crédito de una investigación que se asegura dirige desde los cuarteles generales de la División de Integridad Pública del DOJ en Washington, el abogado Nicholas Cannon, con el director de la División de Crimen de Cuello Blanco de la fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico, fiscal Seth Erbe. El jefe de Cannon, Corey Amundsen, estuvo presente en la conferencia de prensa del pasado jueves cuando hizo alegación de culpa Fuentes Fernández y la corporación, Salvemos a Puerto Rico. Cannon fue ‘AUSA’ Asistant US Attorney en la Fiscalía de Distrito de Puerto Rico entre 2014 y marzo de 2022. Un Gran Jurado está sesionando ya para atender los diferentes extremos investigados por los fiscales y agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). El pasado 28 de abril sesionó en momentos en que se dirimían las querellas contra Fuentes Fernández y Salvemos a Puerto Rico. EL CASO DE LA GOBERNADORA SUCESORAL Vázquez Garced se alega que está siendo investigada por lo que pudiera ser una exigencia de un donante de sacar del medio al entonces Comisionado de Instituciones Financieras (CIF), George Joyner. En efecto, Vázquez Garced le pidió la renuncia en marzo de 2020. Se supo que el ex fiscal federal y ex director de la División de Crimen de Cuello Blanco bajo la fiscalía de Daniel López Romo, Luis Plaza Mariotta es el abogado de la Gobernadora Sucesoral. No estuvo disponible para contestar preguntas de Bonita Radio. La lucha de poder en el PNP, entre las facciones de Vázquez Garced y Pierluisi Urrutia, llevaron a donantes e inversionistas políticos “con dinero en bruto” a invertir en una y otra campaña. Aunque Vázquez Garced tenía las de perder en términos de acceso al dinero, se le abrieron las puertas con un empleado-socio del multimillonario John Paulson. Fuentes de entero crédito confirmaron a Bonita Radio que mientras estaba corriendo la pesquisa del SuperPac, Salvemos a Puerto Rico - creado por Fuentes Fernández en Virginia y que recibió hasta $605K de donativos individuales que hacían empresarios en dos Fundaciones registradas en Puerto Rico para pagar así las campañas de descrédito de Vázquez Garced y más tarde de Delgado Altieri - se conoció que la Gobernadora recibió el pago de una encuesta a principios del 2020 luego de decidir en diciembre del 2019, enfrentarse en primarias a Pierluisi Urrutia. Esa encuesta se alega que la pagó Herrera Velutini. Fue imposible conseguir comunicación con Herrera Velutini, toda vez que no hay un número a llamar para Bancredito. Se solicitó información a través de un sistema de mensajería digital y se dejó un mensaje a la ex fiscal, María Domínguez Victoriano, quien se alega ha sido abogada en algunos asuntos de la institución. Al momento no se ha obtenido contestación. En el 2020, era parte de la campaña de Vázquez Garced el ex representante penepé y hoy analista de programas de noticias en televisión, Gary Rodríguez, quien se asegura que participó de una reunión en el Hotel Vanderbilt del Condado con ofíciales de la corporación y la entonces sub secretaria de la gobernación, Lilian Sánchez y la ayudante de la también ex secretaria del Departamento de Justicia, Marisol Blasco Montaña. Ambas habrían testificado ya ante autoridades federales. Estas últimas, “personas de total confianza de la Gobernadora”, fueron las que la acercaron a la figura de Herrera Velutini, a través de uno de los ayudantes del inversionista, John Paulson, Fahad Ghaffar. El grupo estuvo presente en la reunión al igual que el oficial de una firma inglesa de producción de encuestas. La historia mediática del 2019 da cuenta de que Ghaffar visitó La Fortaleza en diciembre del 2019 para según una publicación de la red social Twitter de Vázquez Garced y “discutir proyectos de desarrollo económico”. Este ha sido vinculado a la empresa que vendió, en medio de la pandemia, un lujoso auto BMW al entonces jueza y esposo de Vázquez Garced, Jorge Díaz Reverón. De hecho, las oficinas de Bancredito están localizadas en el piso 14 del edificio en la Milla de Oro en Hato Rey, propiedad de Paulson, conocido como American International Plaza en el #250 de la avenida Luis Muñoz Rivera. Esa información relativa el financiamiento de una campaña primarista que se adelantaba “costosa” fue la que llevó a las autoridades federales a entrevistar a la Ex Gobernadora y a solicitarle su teléfono móvil en febrero de este año 2022, toda vez que se alega que quedaron en el registro telefónico evidencia de mensajes de texto cuadrando las reuniones entre las partes. Evidentemente, la Gobernadora perdió la primaria y quedaron solo dos candidatos con posibilidad de ganar la elección general. Pierluisi Urrutia y Delgado Altieri. Bancredito aportó al SuperPac Salvemos a Puerto Rico el mismo día en que aportó $50k al SuperPac de Delgado Altieri, Puerto Rico Mejor Futuro, el 21 de octubre de 2021 a solo dos semanas de las elecciones generales. A Salvemos a Puerto Rico aportó la misma cantidad, según los registros de la FEC. PESQUISA SOBRE GOBERNADOR En el caso de Pierluisi Urrutia, quien ganó las elecciones en noviembre del 2020 y juró el dos de enero del 2021, se investiga cuánto conocimiento tenía del esquema ilegal que ideó Fuentes Fernández para sus campañas y los movimientos de un comité a la reelección en 2024. Además, que Bancredito Holding tiene por lo menos dos aportaciones al SuperPac Salvemos a Puerto Rico. Una en octubre del 2020 y otra, una vez ya era Gobernador en agosto de 2021. La de octubre está registrada un día antes de que fueran registradas en el FEC, dos donativos de $75K y $70K de Foundation for Progress, una de las sin fine de lucro que se utilizaron para esconder los verdaderos donantes individuales del SuperPac. El donativo de agosto 2021, según registros de la FEC, está sujeta a devolución al contribuyente aunque no queda claro si se hizo. Según la narración de hechos de la alegación de culpa de Fuentes Fernández - por la que el Ministerio Público ha recomendado una sentencia de 24 meses de prisión - hay por lo menos un “abogado consultor” y un “asociado al Oficial Público Electo” y “recaudador significativo” de fondos para la campaña que habrían participado en el esquema con Fuentes Fernández. Uno de los abogados más ligados a las campañas de Pierluisi Urrutia, es su cuñado Andrés Guillemard Noble, quien figuró como el líder de las finanzas de la campaña primarista en el 2020. En los ciclos electorales, 2008 y 2012, fue director de su campaña para la candidatura a Comisionado Residente en Washington. Ni él ni su esposa, Caridad Pierluisi han querido contestar u posible vinculación al esquema del SuperPac. Otro abogado, Alejandro Figueroa, ex asesor de Asuntos Públicos bajo la incumbencia de Luis Fortuño y un estrecho colaborador de las campañas de Pierluisi Urrutia, también figuró en la campaña del 2020 del hoy Gobernador. Fue director ejecutivo de la campaña del 2016 cuando Pierluisi Urrutia se enfrentó a Ricardo Rosselló Nevares en primarias a la Gobernación. Sus publicaciones en medios de comunicación para el tiempo de la primaria a la Gobernación 2020 hacían hincapié en las diferencias entre Pierluisi Urrutia y Vázquez Garced. La encrucijada entre los penepés según él, (si) ”los electores del PNP, quieren una candidata a la gobernación que representa los peores estilos del caudillismo (sin ninguna de las virtudes), como lo es la gobernadora Wanda Vázquez, o si prefieren a una persona que ha dedicado toda su vida a la lucha por la igualdad, con un estilo sereno, respetuoso y de búsqueda de soluciones, como lo es el ex comisionado residente Pedro Pierluisi”. Figueroa se alega que ha estado muy cerca a la campaña del 2020 y se sumó a un grupo que ya está organizado para buscar la reelección del Gobernador. El abogado fue despedido de la Mansión Ejecutiva en octubre del 2009, bajo la administración del gobernador, Luis Fortuño, al imputársele conflicto de interés cuando se sentó a negociar un contrato bajo el programa de Mi Salud para una corporación, cuyo padre, tenía intereses económicos. Entretanto, las autoridades federales también investigan el Super Pac, Puerto Rico Mejor Futuro, creado en agosto del 2020 por Edwin Quiñones, un abogado allegado al PPD. En el 2020, liderato del #PNP denunció que los anuncios de descrédito de la campaña del entonces candidato a la gobernación Popular, estaban coordinados con su campaña en Puerto Rico, lo que está prohibo por Ley. Delgado Altieri no contestó llamadas de Bonita Radio y el número que está en los registros del Super Pac en la FEC, pertenece a una corporación en Puerto Rico.