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DETENIDA EN RECURSOS NATURALES INVESTIGACIÓN QUERELLA SUEGROS GOBERNADORA
- carmenenid
- 10 nov
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El tracto del caso que data de mayo del 2023, pone a la nueva administración del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), bajo el gobierno de Jenniffer González, sin asignar examinador a la querella ni calendarizar vistas para seguir el procedimiento ordinario.
Por Carmen Enid Acevedo
Bonita Radio
La querella por crímenes ambientales en la Reserva de La Parguera, contra José Del Carmen Vargas e Irma Llavona, suegros de la gobernadora, Jenniffer González Colón, está detenida desde que la segunda llegó a La Fortaleza y el director de examinadores, Samuel D. Acosta Camacho, hoy candidato a Juez, le dio forma a una orden administrativa a finales del 2024 y acogida en enero, que procura otorgarle legalidad a quienes ocupan casetas hincadas en el bien de dominio público.
Acosta tiene su vista de confirmación hoy - luego de que la gobernadora lo nominara a Juez en agosto de este año - y se alega que tiene un informe positivo de la Comisión de Nombramientos del Senado que preside, Thomas Rivera Schatz, a pesar de que desde el 2020 tiene un referido a la Oficina de Etica Gubernamental (OEG) por una querella que le imputa ilegalidad en transacciones de personal en el DRNA.
Se desconoce si la querellante en ese caso, Damaris Miranda Maisonave, fue entrevistada por la Comisión de Nombramientos del Senado y qué razón, si alguna, tiene la OEG, para no haber emitido ninguna resolución en el asunto referido a la agencia anti corrupción en agosto del 2020. Los hechos relacionados a esa querella son públicos desde septiembre pasado cuando en la publicación En Blanco y Negro de la periodista Sandra Rodríguez Cotto.
Acosta Camacho - activista y donante del PNP - fue la ficha que en el tablero que se movió en medio de la campaña electoral del 2024, desde el DRNA y dejó en el escritorio del entonces secretario interino del DRNA, Roberto Méndez, un borrador de orden administrativa para legalizar el status de los que tienen casas de veraneo y alquileres a corto plano en la reserva de Lajas.
Ese borrador se convirtió en la primera emitida por la administración de Waldemar Quíles Pérez, el pasado nueve de enero, el mismo día en que la Gobernadora lo designó Secretario del DRNA.
La orden 2025-1 tuvo que ser enmendada toda vez que proponía retroactividad que habría cubierto a los suegros de la Gobernadora, con relación a la querella pendiente por crímenes ambientales.
"¿Coincidencia? Jenniffer González llegó al poder (en enero 2025) y se detuvo todo en la agencia", se preguntó y se contestó una fuente de entero crédito sobre lo que ha ocurrido en el caso que se radicó en agosto del 2023 cuando era secretaria Anaís Rodríguez Vega y la División Legal de la agencia a través de los abogados del interés público, emitieron querella contra los Vargas-LLavona por los hechos ocurridos el nueve de mayo del 2023.
La querella contra el matrimonio establece que los vigilantes de La Parguera constataron entre mayo y junio del 2023, "un tablado y terraza recientemente reconstruido con 45 pies de tablones de madera 4' x 8' y 30 pilotes nuevos (3 por fila) de PVC rellenados de cemento; todos los mangles rojos (Rhizophora mangle) y mangles negros (Avicennia germinans) cercanos al tablado fueron cortados a su tronco y podados indebidamente por sus raíces superficiales o ramas primarias. Las ramas, raíces y troncos recientemente cortados se observaron a solo pies de la construcción del tablado entre las raíces de otros manglares cercanos".
Los Vargas Llavona contrataron al licenciado Miguel Torres Torres para su defensa y desde que fue notificada la querella se negaron a contestar y presentar prueba ante la examinadora Maria V. Ortega Arzuaga al punto de imputarle prejuicio y solicitar su inhibición ante el Tribunal de Apelaciones.
En febrero pasado y en ese foro, dos de tres jueces fallaron en favor de los querellados, Vargas-Llavona, alegando que la secretaria del DRNA, Rodríguez Vega, "abuso de discreción" cuando no aceptó la inhibición voluntaria que pidió Ortega Arzuaga.
Una opinión disidente de la jueza Monsita Rivera Marchand, planteó que la recusación de la examinadora no se sustenta en el tracto del caso administrativo ante el DRNA, no procede en derecho y destacó que Vega Arzuaga le dio tres oportunidades al abogado de los Vargas-Llavona que contestaran el descubrimiento de prueba traído por la abogada del interés público, Mildred Sotomayor Bourbon.
"Al amparo de las normas reglamentarias que regulan el descubrimiento de prueba, la Oficial Examinadora actuó dentro del margen de la discreción otorgada, por lo que no se reúnen los criterios jurídicos que sostengan la revocación de la determinación administrativa impugnada", lee la opinión disidente de la Jueza Rivera Marchand en su página 17.
Destacó además la jueza que Vega Ortega, actuó "dentro del ejercicio legal de sus poderes y facultades en ausencia de arbitrariedad y parcialidad" y que a la luz de la jurisprudencia aplicable "se concluye que no existe una causa en derecho para descalificar o recusar a la Examinador" de continuar atendiendo la querella contra los Vargas-LLavona y que la Secretaria, Rodriguez Vega actuó dentro del ámbito de su discreción.
La sentencia del foro apelativo ordenó el reenvío del caso al DRNA para nombrar un examinador al caso. Nueve meses más tarde, Acosta Camacho no ha asignado examinador por lo que los procedimientos están detenidos en la agencia.
En la Oficina de Examinadores del DRNA solo se ha contratado una examinadora, Brendaliz Gómez Méndez y todavía tiene contrato el primo de la gobernadora, Luis Gonzalez Ortiz.
La semana pasada Bonita Radio trajo información que establece que las autoridades federales investigan lo que ocurrió en la caseta de los suegros de la Gobernadora en mayo del 2023, bajo la jurisdicción de la Ley de Aguas Limpias lo que trascendió en la vista de detención de Daniel García Martin, un vecino del barrio Papayo en Lajas que está identificado como quien remodeló la caseta. García Martin está detenido en el Centro Metropolitano de Guaynabo luego de que en un allanamiento a su residencia se le ocuparon tres armas de fuego para los que no tiene licencia.
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