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Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) tiene por lo menos 47 proyectos en propiedades históricas de bajo la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) sin comenzar pero le ha pagado hasta $605K a la contratista que gerencia los mismos desde el 2021, que resulta ser la ex secretaria del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) de la administración de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez Garced, Adriana Sanchez Parés. La administración del ICP que dirige Carlos Ruiz Cortés responsabilizó la semana pasada a FEMA por no haber completado proyectos como el del techo del Fortín Conde de Mirasol en Vieques, cuando en realidad quien arrastra los pies con los proyectos es el ICP, según dos fuentes consultadas. El ICP tiene $39M para atender las reclamaciones y en el contrato 2023-234 con Nove Group, Sánchez Parés adjudicó al trabajo de esa corporación la obtención de unos $11M adicionales para la gestión de reclamaciones. No especifica sin embargo, qué gestiones de gerencia de proyectos se han hecho para iniciar o completar los mismos. En esa propuesta, con fecha del nueve de diciembre del 2022, Sánchez Parés alega que "hemos finalizado con éxito los procesos de solicitud de propuestas para los servicios de arquitectura e ingeniería del Museo Casa Blanca, el Fortín Conde de Mirasol, el Museo de la Música y la Casa de los Dos Zaguanes. El proyecto del Museo Casa Blanca y la Casa de los Dos Zaguanes ya han formalizado los contratos y las obras comenzarán en las próximas semanas. Mientras, para Fortín Conde de Mirasol y Museo de la Música, ICP está completando el proceso de evaluación de las propuestas recibidas. El resto de proyectos han seguido su curso de forma ágil y nos sitúa en disposición de continuar desarrollando los procesos de contratación para Galería Nacional, Archivo General, Museo de la Masacre, Arsenal de la Marina y Parque Ceremonial Caguana, entre otros". A pesar de que en el 2022 representaron que los trabajos de Casa Blanca y la Casa de Dos Zaguanes, "comenzarán en las próximas semanas", un año y nueve meses más tarde no han iniciado, confirmó Bonita Radio. Según la propuesta de servicios a la agencia, Nove Group "proporcionará supervisión y dirección, así como liderazgo, gestión y experiencia al ICP en el Programa de Asistencia Pública (PA) de FEMA, Procedimientos Alternativos (Sección 428), Programa de Asistencia Pública y Guía de Políticas de FEMA (PAPPG), Política de Recuperación de FEMA FP-104-009-5 Implementación de la Sección 20601 de la Ley de Presupuesto Bipartidista de 2018 a través del Programa de Asistencia Pública, Programa de Subvención de Mitigación de Peligros (HMGP) de la Sección 404 de FEMA y Programa de Subvención de Desarrollo Comunitario en Bloque para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR)". La investigación de Bonita Radio corroboró que Ruiz Cortés contrató desde el 2021 a la firma Nove Group de Sánchez Parés, para gerenciar los proyectos de reclamaciones a FEMA y que irían a reconstruir, entre otras propiedades, el Fortín en Vieques; el Fortín San Gerónimo; el Museo de la Música Puertorriqueña y el Museo de la Masacre de Ponce. La semana pasada, FEMA contestó a un reclamo de que el problema de los proyectos es de FEMA, que la administración de Ruiz Cortés tiene desde noviembre del 2020 $1,862,770 para completar el proyecto de reparación del Fortín Conde de Mirasol en Vieques que incluyeron $107,292 para costos de estudios de diseño e ingeniería de proyecto. "Desde esa fecha, el ICP ha tenido fondos de recuperación de FEMA disponibles para hacer reparaciones a la instalación por daños asociados al huracán María. Igualmente, el ICP como dueño de sus instalaciones pudo tomar medidas temporeras de emergencia para prevenir que el daño en el fortín se exacerbara. “El ICP es el responsable de la planificación y ejecución de los trabajos con el apoyo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia del Gobierno de Puerto Rico (COR3) y la asistencia técnica de FEMA como agencia que provee los fondos”, añaden” Fondos ARPA 25 proyectos para reconstrucción Fuentes de entero crédito confirmaron que las reclamaciones iniciales a FEMA "se hicieron en el ICP por parte de los arquitectos de Patrimonio Histórico Edificado" Se alega que se ha desembolsado dinero público para hacer el trabajo de revisión de reclamaciones y el trabajo de gerencia de proyectos, logística de calendario, contratistas, etc. se ha hecho. Solo hay dos proyectos culminados, el de la Antigua Iglesia Metodista (antiguo Centro Cultural de Hatillo) y el del Museo Casa Luis Muñoz Rivera en Barranquitas. Bonita Radio circuló por escrito el pasado martes, preguntas específicas a la administración del ICP sobre el contrato a Sanchez Parés y los proyectos de reconstrucción y ninguna fue contestada. Se preguntó: Cuántas reclamaciones a FEMA tiene el ICP. (Información obtenida mediante la investigación) ¿Cuántos proyectos se han completado? Información obtenida mediante la fuentes) ¿Qué medidas de protección y conservación ha tomado el ICP en diversos edificios que tienen reclamaciones a FEMA, como el Fortín San Gerónimo, Fortín Conde de Mirasol, Museo de la Música Puertorriqueña, Museo de la Masacre, entre otros, que exhiben problemas a su estructura. ¿Qué otros fondos federales tiene asignado el ICP? ¿En qué condiciones se encuentran sus propiedades? Tampoco fue posible conseguir una reacción de la contratista y ex Jefa del DRD, Sánchez Parés. No contestó mensajes con el contacto de la corporación que está identificada en el registro de corporaciones del Departamento de Estado. A las 5PM en ¡Qué palo...es noticia! ampliamos esta investigación.

Por Carmen Enid Acevedo Periodista Bonita Radio En dos días y a un mes de pasadas las elecciones generales del 2020, el recién renunciante secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, firmó 11 contratos para empresas afiliadas al Grupo Prisa, corporación del desarrollador Federico 'Friedel' Stubbe Arsuaga, que sumaron $8.03M de fondos del Tesoro Federal bajo la Ley Cares, Fondo de Ayuda para atender la crisis de la pandemia del COVID-19. Las transacciones fueron autorizadas por Marrero cuando fungía como director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal (AFAF), lo que es al día de hoy y quien ocupa la gobernación interina cuando Pedro Pierluisi se ausenta del país y el que fuera hasta el 31 de enero secretario de Hacienda, Parés Alicea. El pasado martes seis de febrero, la publicación del Informe de Auditoría de 24-31 de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), develó un esquema de aprobación de fondos federales bajo el mencionado estatuto, que dejó 13 de esas sin descubrir cuando la AFAF no presentó los contratos a esa agencia tal y como dispone la Ley. Esta semana la AFAF radicó los contratos en la agencia que dirige la Contadora Pública Autorizada, Yesmín Valdivieso. Los hallazgos del devastador informe sobre el manejo de fondos Cares bajo la administración de la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garced, y de los dos funcionarios de la actual de Pedro Pierluisi, están referidos al Departamento de Justicia y a las autoridades federales. El informe de auditoría nunca trajo los nombres de las corporaciones que recibieron los cerca de $28M que se desembolsaron para esa industria en pleno año eleccionario y mientras la población estaba encerrada por la pandemia. Bonita Radio los descubrió en una pesquisa que contextualiza quienes fueron los beneficiarios y cómo se comportan en años pre y eleccionarios con la oferta político partidista. "El 8 de diciembre de 2020 el secretario de Hacienda y el director ejecutivo de la AAFAF formalizaron el Coronavirus Relief Fund Transfer Agreement (contratos) con cada una de las 13 entidades privadas, para un total de $24,420,348. Para los $3,667,264 otorgados a la Autoridad no se formalizó contrato por ser entidad pública", lee el Informe sobre los contratos que una investigación de Bonita Radio descubrió que se dieron en parte para las empresas de quienes son activos donantes del Partido Nuevo Progresista, Partido Popular en cuanto a legisladores y alcaldes. Las otras dos entidades a las que el Comité de Supervisión de Desembolsos - que creó a su vez el Programa de Asistencia a la Industria Turística y el Programa de Proyectos Estratégicos, para proyectos relacionados con el turismo y las campañas de mercadeo turístico - otorgó otros $15.6M sin descubrir los contratos a la OCPR son la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO, por sus siglas en inglés) y Metro Cinema Corp, propietaria de Caribbean Cinemas. El DMO es la corporación sin fines de lucro creada por la administración de Ricardo Rosselló Nevares, que maneja una porción significativa de dinero público para el mercadeo de Puerto Rico como destino. Bonita Radio tuvo acceso a por lo menos seis contratos de las empresas de gastronomía, administración y mantenimiento de propiedades hoteleras bajo el Grupo Prisa y los que se suscribieron con el DMO y Metro Cinema. Las entidades recibieron hasta $2M, DL Hotel Company y DL LLC, en contratos con AFAF que fueron desembolsados a través del sistema SURI de Hacienda, luego de contar con la firma de Parés Alicea y su subalterna, Natalia Villavicencio y del funcionario de AFAF, Guillermo Camba Casas. En medio de la pesquisa de la OCPR, AFAF justificó no enviar los contratos de fondos públicos con las corporaciones del Grupo PRISA, DMO y Metro Cinemas a la agencia alegando que "según la subdirectora de los Programas de Recuperación Fiscal de la AAFAF, el propósito del documento es traspasar la responsabilidad de cumplimiento a quien recibió los fondos. No mediante una relación contractual, sino una aceptación de que debían cumplir con los requisitos regulatorios", consigna el informe de OCPR en su página ocho. DONANTES POLÍTICOS LOS RECIPIENTES DE LOS FONDOS OTORGADOS A ESCONDIDAS Todas y cada una de las 11 corporaciones que recibieron fondos federales bajo el Cares Act, cuyos contratos no fueron descubiertos a la Oficina de la Contralora, están registradas en el Departamento de Estado por el Grupo Prisa , entidad de Stubbe padre e hijos, Federico y Cecilia a Stubbe González. La incorporadora y persona contacto de las inscripciones en el Departamento de Estado es Lourdes López, descrita como "coordinadora de proyectos y administradora general" en la página web del emporio. Las entidades agraciadas de fondos federales fueron negocios de venta de productos gastronómicos, administración de estacionamientos, una barra y dos entidades "hospitality". El entretenimiento y los negocios de gastronomía está constituido en negocios del Distrito T-Mobile, una propiedad de los Stubbe que ha estado apadrinada por el gobierno de Pierluisi desde su llegada en el 2021. Los Stubbe son donantes del PNP, de sus candidatos, Pierluisi, Thomas Rivera Schatz, los senadores Carmelo Rios y María Vega Pagan, los representantes, José Torres Zamora y Carlos Johnny Méndez y el alcalde de San Juan, Miguel Romero. También han donado a manos llenas a la Comisionada Residente, Jennifer González Colón. Los stubbe también donan al Partido Popular Democrático, sus candidatos como el hoy presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez y el portavoz de la minoría en ese Cuerpo, Angel Matos; el presidente del Senado, José Luis Dalmau y sus pasados candidatos a la gobernación. En pleno año eleccionario y en verano, Stubbe Arsuaga fue uno de los que llenó las arcas del Superpac, Salvemos a Puerto Rico, la herramienta que utilizó el convicto amigo íntimo de Pierluisi, Joseph Fuentes Fernández, para cargar financieramente la campaña del entonces candidato a la gobernación con donativos de individuos y empresas desde Puerto Rico a organizaciones sin fines de lucro tales como Puerto Rico Igualdad Futuro. Para conocer otros extremos de esta historia y a quienes más otorga donativos la familia Stubbe y sus allegados, sintoniza a las 8AM Noticias con Café en FB Live.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La administración del gobernador Pedro Pierluisi inició movimientos de personal en nueve agencias que incluye a la Oficina del Gobernador, para atornillar a empleados de confianza del Partido Nuevo Progresista (PNP) en posiciones de carrera a solo dos semanas de que venza la prohibición de transacciones de personal por ser año de elecciones. La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OARTH) publica en su portal lo que es un secreto a voces entre empleados públicos de carrera, que desde el mes de abril vieron la intención de los oficiales de recursos humanos de las agencias de iniciar las convocatorias "internas" para atornillar al personal de confianza. A este nuevo grupo de convocatorias, que vencen entre el 16 y el 20 de agosto, le antecedió otro "montón en el (Corporación del) Fondo y en (Departamento de) Educación. Lo que hacen es asegurarse que tendrán trabajo en enero con salarios iguales o bastante similares a los que tenían mientras fueron de confianza", dijo una de tres fuentes de entero crédito sobre el operativo de atornillados en la administración de Pierluisi, quien no va a la reelección luego de perder la primaria con la Comisionada Residente, Jenniffer González Colón. Las transacciones de personal supondrían que el-la nueva gobernante electo, tendría poco o ningún margen de nombramiento a su llegada a La Fortaleza y a la Rama Ejecutiva. En el portal de la OARTH hay 36 convocatorias todas internas entre la Oficina del Gobernador (18), Autoridad de Carreteras y Departamento de Seguridad Pública (DSP) (6); Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Administración de Compoensación de Accidentes Automóviles (ACAA), Autoridad de Puertos, Autoridad para el Desarrollo de Terrenos y Facilidades de Roosevelt Roads, Departamento de Asuntos al Consumidor (DAC) y Comisión para la Seguridad en el Transito (1), respectivamente. Vencieron el 10 de julio otras 12 en el CFSE. Entre las plazas abiertas para que sean ocupadas por personal de la Oficina del Gobernador, figuran Coordinadores de Eventos; de Ayuda al Ciudadano; de Conservación y Mantenimiento; Trabajador de Mantenimiento; Gerente de Gerencia de Proyectos, Ilustrador Gráfico y Supervisor de Archivo y Correspondencia. Los salarios en las convocatorias de La Fortaleza comienzan en $ En el CFSE, hubo convocatorias igualmente internas, Subgerente de Servicios Corporativos; Sub director de tesorería y Pagador. Hubo una convocatoria para Enfermera pero se hizo externa. En el caso del DE, el cúmulo de transacciones se inició entre los directores de Regiones Educativas, uno de los empleados de confianza que tiene el salario más alto en esa agencia. El Centro de Periodismo Investigativo reseñó en julio la existencia de "u na demanda por parte de seis directores escolares alega irregularidades durante los procesos de reclutamiento de las convocatorias relacionadas a IDEAR. Los demandantes, José Luis Jiménez Negrón, Pablo D. Ortiz Feliciano, Nitza M. Sánchez Cartagena, Rubén Díaz Flores, Jessica Ortega Irizarry y Ramón Burgos Rosado reclaman que “el único elemento común de todos los demandantes que fueron rechazados por el Departamento es que no eran afiliados al Partido Nuevo Progresista o eran simpatizantes de un sector del Partido Nuevo Progresista distinto al de la Secretaria Raíces y el Gobernador de Puerto Rico”.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El 20 de enero de 2019, Christian Sobrino escribió un mensaje en el "war room" del Telegram Chat en conversación con sus compañeros de gobierno, incluido el gobernador, Ricardo Rosselló Nevárez, utilizando la imagen de los muertos que ocasionó el huracán María en el 2017, para tratar de desviar la atención de la crisis que causó que las autopsias tardaban en realizarse hasta tres semanas por problemas de personal de patología forense. Sobrino Vega, un novato en la administración pública con entonces múltiples sombreros en el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) - director ejecutivo de la Administración de las Alianzas Público Privadas; representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal y Principal Oficial Financiero - repitió la palabra "CUERVOS" en tres ocasiones hasta que espetó sin compasión ni medida, ¿No tenemos un cadáver para alimentar a nuestros cuervos? Para Sobrino Vega, esos cuervos eran los periodistas o comunicadores que insistían en cuestionar a los administradores del gobierno de Rosselló Nevárez lo que sus asesores trataron de esconder y manipular hasta el último día de su renuncia en el verano del 2019. Esos que según él recogen "lo que está en el piso ya. Pero así son los cuervos. Le das un ojo y quieren el otro. Muy fuerte el asunto". En el 2024, el denominado en redes el “zobrinovich” no ha dejado de intentar manipular la opinión pública con propaganda. Tiene claro que esa es su función en las horas que tiene en medios tradicionales. Cinco años más tarde del descubrimiento colectivo de cómo pensaba el “servidor público” del país y de la prensa y a propósito de su posicionamiento como "vaciador de 'talking points'" a favor del PNP, Sobrino Vega llamó "pendeja" a la representante de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, luego de que ésta criticara a la periodista Carmen Jovet en una entrevista con Alexandra Lúgaro. Entre un comentario y otro - solo se disculpó por el comentario del 2019 - Sobrino Vega sin embargo, se inclinó hacia el mundo de las organizaciones sin fines de lucro que alegan tener como misión dar "júbilo, alegría gozo", como "hombres de Cristo" a la humanidad, según la escritura en latín del Gaudium et spes. (El Gaudium es la única constitución pastoral del Concilio Vaticano II, trata sobre «la Iglesia en el mundo contemporáneo y fue aprobada por los padres conciliares el 7 de diciembre de 1965 "y solemnemente promulgada por el papa Pablo VI ese mismo día"). "Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo", lee el Gaudium que Sobrino Vega; los financieros Mikel Eguía Moreda y Raul Vidal y Sepúlveda y el licenciado Rafael Rovira Arbona, utilizaron como base para crear la Fundación que recibe donativos de beneficiarios de la Ley 60, a pesar de que su obra principal es el apoyo a la construcción de un hospital en El Cairo, capital de Egipto. El apego a la historia de la Iglesia Católica de los directivos de Gaudium, define la imagen de su marca, desde el nombre hasta las actividades en Roma, la Basílica de San Pedro, el Vaticano y las comparecencias con el "Santo Padre". De los $228K que recibieron de dinero de los beneficiarios de la Ley 60 en el 2022, se destinó en parte a la construcción de un hospital para niños y mujeres en El Cairo, Egipto, proyecto de la Fundación de ese país “Bambino Gesù of Cairo Onlus”. "El Hospital prestará asistencia médica y sanitaria a niños desfavorecidos y mujeres embarazadas en la Nueva Capital Administrativa de la República de Egipto", lee la descripción en la página web de Gaudium. De entre los directivos de Gaudium, las redes dan cuenta de la devoción de Sobrino Vega y de Vidal Sepulveda. Eguia Moreda y Rovira Arbona solo se ven en las fotos del verano del 2023 en la sede de El Vaticano. La página de la Asociación Bambino Gesu, establece que Vidal Sepulveda viajó a Egipto en unión a otros comerciantes y oficiales que apoyan a la Asociación, incluido el embajador de los Emiratos Arabes en El Cairo. Vidal Sepulveda, un ex asesor en La Fortaleza de Luis Fortuño, es interesantemente uno de los pocos miembros de la Junta de Gobierno de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), donde se sienta desde el 2018. Su perfil en la red de profesionales Linkedln así lo confirma. La oficina de Prensa del Departamento de Desarrollo Económico no contestó la pregunta de quienes son los miembros de esa Junta. Del tracto legislativo de los nombramientos a esa Junta desde el 2017, se establece que otra miembra es Adriana B. Ramírez - 6/8/2017 y Eric Santiago Justiniano. Desde la administración de Rosselló Nevárez han habido otros dos nombramientos - José Carrero Pagán y Zulma N Suárez González, de Baxter Pharmaceutical y Boston Scientific, respectivamente y ambos fueron retirados. Vidal Sepulveda es socio propietario de Omnia Economic Solutions desde donde precisamente son cabilderos y asesores de los beneficiarios de la Ley 60. Se auto describen como "la única firma de desarrollo económico de servicio completo en Puerto Rico, combinando años de experiencia tanto en el sector público como en el privado, incluyendo la participación inicial durante la creación y promoción de las Leyes 20&22. A través de sus oficinas en San Juan y Nueva York, Omnia ha transferido con éxito docenas de entidades e individuos a las costas fiscalmente amigables de Puerto Rico". Su socio es Roberto Corretjer Reyes. Como miembro de la Junta de PRIDCO, Vidal Sepúlveda tiene acceso al catálogo de propiedades de PRIDCO que según su portal web, "ofrece un lugar ideal para iniciar o expandir su negocio. "Es la compañia de bienes raíces industriales y comerciales más grande y completa de Puerto Rico". Bonita radio solicitó entrevista a Sobrino Vega y a sus socios y ninguno contestó la petición. El Centro de Periodismo Investigativo reveló la semana pasada los movimientos de donativos de beneficiarios de la Ley 60 a OSFL que incluyen a Gaudium et Spes, que no cumplen con la ley en términos de que utilizan ese dinero para adelantar proyectos fuera del país, en lugar de invertirlos en la Isla. En el caso de Gaudium, incluso a donado dinero a una OSFL organizada en el 2021 "para promover el espíritu empresarial y facilitar el desarrollo económico de la isla. Nuestro equipo cree en el poder de las personas y sus ideas. Al conectar a individuos y organizaciones con los recursos adecuados, podemos crear un Puerto Rico más fuerte lleno de oportunidades de negocio e inversión". Uno de sus directivos, Happy Walters y co fundadores, es donante del gobernador, Pedro Pierluisi. El fundador de Puerto Rico Icon es Richard Santana Villanueva, propietario de Colectivo Group, firma de bienes raíces que consigue propiedades para aquéllos que reciben incentivos contributivos bajo la Ley 60. Para conocer más sobre esta historia, conéctate hoy a Youtube Live en ¡Qué palo...es noticia! a las 5PM.

Abogada de carrera contesta con evidencia señalamientos de prejuicio por parte de abogado de José del Carmen Vargas e Irma Llavona Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La secretaria del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Anais Rodríguez Vega, no aceptó la petición de la abogada de carrera en la agencia, María Ortega Ramírez, para retirarse del caso ante la estrategia de la defensa de los suegros de la Comisionada Residente Jennifer González Colón, de imputarle prejuicio para desbancarla como examinadora del asunto que imputa en el ámbito de lo civil, crímenes ambientales en La Parguera. El documento de dos páginas intitulado, Resolución Interlocutoria con fecha del 31 de julio, establece en su página dos inciso D que: “ Se Declara NO HA LUGAR la inhibición solicitada por la Oficial Examinadora, en el caso de epígrafe y se le instruye a continuar atendiendo el mismo”. Miguel Torres Torres, abogado de Josue del Carmen Vargas e Irma Llavona, suegros de la candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la gobernación, González Colón, insiste desde agosto del año pasado cuando se radicó la querella por crímenes ambiéntale, que los abogados de la agencia experta son selectivos manejando el caso. Vargas Ramírez, una abogada con sobre 30 años de servicio en la agencia, rindió un informe del caso contestado al pedido de inhibición y estableciendo que Torres Torres - un ex abogado de la Junta de Calidad Ambiental - “falta a la verdad y tergiversa los hechos y escritos que obran” en el expediente. “En mis más de 27 años actuando como Oficial Examinadora, 30 como funcionaria pública, hasta las imputaciones y acusaciones recibidas en este caso, no había sido tan atacada en mi gestión profesional como lo he sido en el caso de epígrafe, de parte del abogado de los querellados. Debe de haber un límite razonable y ético a la hora de representar los intereses de un cliente y no se puede bajo la alegación de "debido procedimiento de ley" tratar de controlar un caso y esperar o exigir que se acepten todas sus solicitudes a conveniencia y por los fundamentos que él entienda pertinentes”, acotó Ortega Ramírez en el informe sobre el caso. En abril, la abogada amonestó a los querellados advirtiendo que “la conducta procesal reiterada de la parte querellada de no cumplir con lo ordenado en el curso del caso de autos está plasmada en todo el expediente”, expresó citando vista para el 16 de mayo de este año que quedó suspendida ante la solicitud de inhibición que radicó la defensa y que tuvo el efecto de paralizar los procedimientos. En esa vista, Torres Torres tendría la oportunidad de refutar la prueba del DRNA, traer peritos y contra interrogar testigos. Aquí el informe de la examinadora: #periodismoindendiente #noticia #seguimiento

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Be Social, una corporación de relaciones públicas que se creó en el Departamento de Estado en el 2018, fue incorporada por Juan José Díaz Díaz, propietario de Dilo Comunicaciones y ambas entidades tienen contratos que suman $449K del 2024-2025 con el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) con la definición de las mismas tareas en el renglón de comunicaciones. Mientras los administradores del DRNA, que dirige Anaís Rodríguez Vega, alegan que tienen problemas de presupuesto que este año sufrió reducciones de hasta $60 millones del que se dio en el 2024, la agencia encuentra dinero para satisfacer los contratos de Be Social y Dilo Comunicaciones, a pesar de que ambos tienen tareas idénticas como diseño de estrategias; manejo de crisis, diseño gráfico, 'branding", discursos, adiestramientos de prensa; media training, entre otras. La pesquisa que trajo Bonita Radio el pasado lunes y que coloca a Díaz Díaz con contratos de $2.1M bajo la administración de Pedro Pierluisi, se expande cuando fuentes de entero crédito pusieron en contexto la relación de negocios de este contratista con Luis Joel Díaz Rivera y Aniel Bigio, quienes figuran como agente residente y presidente, respectivamente, en la radicación de los documentos oficiales de Be Social en el DE, el 17 de febrero del 2018. Díaz Díaz, también es incorporador en esa corporación y fue tesorero en el 2018. Los documentos de Be Social del 2023, colocan a Díaz Rivera como presidente y tesorero con dirección postal en PO Box 1885, COROZAL, PR, 00783. Esta es la misma dirección de Dilo Comunicaciones desde que fue incorporada por Díaz Díaz en el 2014. El gobierno de Pedro Pierluisi ha pagado sobre $2 millones a Díaz Díaz y otros $2.3M a Díaz Rivera, al aprobarle contratos de relaciones públicas con agencias como Departamento de Transportación y Obras Públicas; Administración de Familias y Niños; ACUDEN; Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico; Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico; Autoridad de Transporte Integrado (ATI); Departamento de la Familia, Sistema 911, entre otras. Del 2023 al 2024, Pierluisi pagó $8.4 millones a miembros del PNP que fungen como oficiales de prensa que tienen entre sus deberes ser el enlace entre periodistas y oficiales públicos y no contestan pedidos de información pública. En el caso de Díaz Díaz, el pasado lunes intentó desmentir la investigación de Bonita Radio sobre sus contratois en la actual administración y en la de Ricardo Rosselló Nevárez y lo llevó a identificarse como un fotuto del Partido Nuevo Progresista (PNP) trabajo que según dijo: "lo hago de gratis". A las 8AM en Noticias con Café por FB live traemos más información y análisis sobre la continuación de esta pesquisa.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El gobierno de Pedro Pierluisi gastó $16.9M del 2021 al 30 de junio de este año , en contratos con relacionistas profesionales allegados al Partido Nuevo Progresista (PNP) que a pesar de que tienen entre sus deberes contestar peticiones de información y ser elementos de enlace con periodistas, en su mayoría no cumplen con esa claúsula del contrato. Se renegociaron nuevos contratos entre julio del 2024 y algunos de los que llegan a junio de 2025, por $1.1M de los cuales la corporación JLJ, LLC, de Leticia Jover, tiene una tajada de $407K con cuatro agencias. En un solo año y en el que Pedro Pierluisi se esforzaba para ser el candidato a la gobernación de noviembre, su administración pagó $8.4 millones en contratos a relacionistas profesionales, entre estos a uno que es fotuto en redes sociales a favor del PNP y de su directora de comunicaciones en la campaña primarista. Juan José Díaz y Lisdián Acevedo Roman, Dilo Comunicaciones y Perfect Pivot LLC, respectivamente, figuran como dos de los oficiales que más contratos tienen y que mantienen un patrón de no contestar peticiones de información y solicitudes de entrevistas con jefes de agencia. Caso 1: 1:36 PM 10 de abril 2024 Un oficial de comunicaciones por contrato del gobierno de Puerto Rico no contesta las peticiones de información que se le hacen a través de correo electrónico y por mensajería de Whatsapp. A las 11:30 del mismo día había invertido de su tiempo en comentar el desempeño de la prensa en cuanto a la denuncia de que el hijo del Gobernador Pedro Pierluisi tiene dos propiedades en Punta Jacinto en Guánica, con desarrollos y renovaciones con aprovechamientos en el bien de dominio público zona marítimo terrestre. La petición de información nunca fue contestada. Uno de los múltiples contratos que tiene Juan José Díaz y su corporación, Dilo Communications es precisamente con el Departamento de Recursos Naturales (DRNA), agencia con jurisdicción en la controversia pública que involucra al exitoso empresario de alquileres a corto plazo, Anthony Pierluisi Rojo. Entre todos los contratos, Díaz amasa $3.4M hasta el 30 de junio entre las administraciones de Ricardo Rosselló Nevárez, Wanda Vázquez Garced y Pierluisi Urrutia. A partir del primero de julio, tiene otro vigente con la Administración de Familias y Niños con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, por $124,500 y otro del 15 de julio al 30 de junio de 2025, por $249K con el DRNA. Caso 2:50PM 24 de abril de 2024 . Bonita Radio solicita información pública sobre nómina de Departamento de Salud a Lisdián Acevedo Román y a su 'ayudante' Valerie Idel Díaz. 10:33AM Bonita Radio recibió comunicado de prensa de relaciones públicas anunciando actividad de Autoridad de Tierras. Los contratos de Perfect Pivot, corporación de Acevedop Roman en gobierno llegan a una facturación de $1.7M sólo en la administración de su jefe político, Pierluisi Urrutia. La petición de información nunca fue contestada. A pesar de esa inversión de dinero público, la practica de no contestar peticiones de información se ha agudizado en las últimas dos administraciones de gobierno. Solo en este cuatrienio, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) ha tenido que presentar 20 demandas por acceso a la información. Una de las demandantes ha sido la oficial de comunicaciones por contrato y quien fuera jefa de Comunicaciones de la campaña primarista de Pedro Pierluisi, Acevedo Roman. La joven empresaria tuvo contratos de sobre $650K entre julio de 2023 y el 30 de junio del 2024, y es una de las que aúpa parte de los $16.9M que el incumbente ha gastado en contrataciones con empresas e individuos cuyo trabajo es asesorar a jefes de agencia en materia de comunicaciones. Acevedo Roman tiene contratos con la AT para manejarle las relaciones con la prensa; escribir y mover comunicados de prensa entre los medios, entre otras funciones. Su facturación es tan irregular que en un solo mes, facturó seis meses para un monto de $47,150. Ni Díaz ni Acevedo Román contestan peticiones de información pública de Bonita Radio, ni de otros periodistas. "Verifico", "Tramito tu solicitud", "Lo canalizo", son algunas de las contestaciones que se dan al recibo de una petición y tampoco contestan ni cumplen con los términos de la Ley de Transparencia que le da a las agencias y funcionarios, diez días para atender las peticiones de información pública. En el caso de Díaz, quien ha tenido hasta $2.1M en contratos con la actual administración, no ha contestado peticiones de información pública de Bonita Radio desde el 2022, a pesar de que entre sus funciones descritas en los instrumentos legales que firma todos los veranos con duración de un año, está "Relaciones con los medios (radio, prensa escrita, televisión, etc.)". La única ocasión en que contestó un mensaje de texto dijo: "en este momento estoy sin contrato, pero una vez lo reciba lo canalizo". Nunca contestó la petición. Dilo Comunicaciones tiene contratos registrados con Departamento de la Familia; DRNA; Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia; Familias y Niños; Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico; Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) y Autoridad de Carreteras; Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1 Junta de Calidad Ambiental. Los de ADSEF fueron cancelados en diciembre 2023. Díaz no contesta mensajes de petición de información pero tiene no menos de tres mensajes diarios contestando y comentando contenido periodístico de corte político partidista con lineas favoreciendo al PNP. Su activismo se intensificó previo a la primaria de Ley el pasado dos de junio. El caso arriba mencionado es uno de ellos. Sus publicaciones siguen la línea de políticos del PNP que atacan al mensajero cuando es periodista en lugar de ir sobre el contenido que se publica. Díaz se vanagloria de hacer el trabajo de posicionar la retórica del PNP en las redes mientras no cumple con una de las cláusulas de sus contratos pagados con dinero público. La actividad "fotutera" y/o de "troll" del PNP bajó de intensidad cuando su candidato a la primaria, Pierluisi, perdió la posibilidad de ser el candidato a la gobernación en noviembre. Entretanto, Acevedo Román vio un aumento de sus contratos en un 600% dos meses después de que el Gobernador llegó al poder en el 2021. Entre el 2017 y el 2020, contrató con su nombre antes de que creara PP a tres semanas de que Pierluisi Urrutia juramentara a su posición electa. Salud, Departamento de Asuntos del Consumidor, el Senado y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), fueron sus contratos bajo su nombre entre el 2009 y el 2021 por $287K. Hoy tiene contratos por $1.7M con Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico; ACUDEN, AT; Salud; CEE; Centro de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC). La última vez que este medio solicitó información de una agencia pública a Acevedo Roman fue la tercera semana de junio en torno a COSSEC, sin obtener respuesta. Como contratista de la AT, Acevedo Roman presenta facturas que llegan a cubrir sobre seis meses en una sola facturación para un monto total de $47,150 pagaderos en enero del 2024. Ha donado a las campañas de su jefe, Pierluisi, unos $4,750 en tres donativos en diciembre 2022, septiembre 2023 y el 30 de abril pasado. Su corporación fue creada en diciembre del 2020 a un mes de que Pierluisi ganara la elección general. Entretanto, Damarisse Martínez, relacionista profesional también contrata con gobierno y ha tenido de sobre $1millón durante la presente administración que termina en diciembre. Martínez, esposa del analista político, Carlos Díaz Olivo tampoco contesta requerimientos de información y en cambio, planifica actividades mediáticas de relaciones públicas que circula sin fallar a los medios informativos. Entre estas, organiza las coberturas mañaneras de las incidencias policiacas y las jiras de medios del comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa en casos de alto interés público. Martínez firmó un nuevo contrato con el DJ por $56K entre julio y diciembre del 2024. En total son diez las corporaciones que crearon estos allegados al PNP para acceder a los contratos de gobierno en materia de comunicaciones, una actividad corporativa que esa colectividad puso de moda a partir de los años 90, época del ex gobernador Pedro Rosselló. Ese operativo se intensificó en la época de su hijo, Ricardo Rosselló, cuando en su mayoría esos relacionistas fueron traídos al gobierno por el ex asesor de La Fortaleza, Carlos Bermúdez, hoy encargado de comunicaciones de la campaña a la gobernación de Jenniffer González. La experiencia periodística es que sólo algunos de los que quedan con mayor tiempo en el campo de las relaciones públicas, como Migdalia Rivera, contestan llamadas y pedidos de información. MR Best Communications ha acumulado contratos de sobre $1.7M en las dos administraciones del Ejecutivo PNP, Rosselló Neváres, Wanda Vázquez Garced y Pierluisi Urrutia, así como en el municipio de Bayamón donde tiene contratos desde los años 80. Si quieres conocer más de esta historia, sintoniza, Bonita Radio en Facebook, Noticias con café a las 8AM.

Por Carmen Enid Acevedo de Bonita Radio Steven Tanabaum es un coleccionista de arte dueño del “hedge fund” Golden Tree. Vive en Palm Beach, Florida a sus 61 años. Le quita el sueño la posibilidad de que la deuda de la que es dueño a través de es firma, el segundo tenedor de bonos de Puerto Rico con más dinero amarrado en esta Isla bajo ese concepto, se le recorte en un 96% porque la mayoría del pueblo no puede pagar los altos costos de energía para que él cobre cantidades astronómicas porque especuló con el mercado de la quiebra. No duerme no por el sufrimiento que causaría, si no porque no amasaría más fortuna. La deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) está en parte en manos de ese buitre que ha demostrado no tener escrúpulos a la hora de poner a correr sus inversiones en países con serios problemas económicos como hizo en Puerto Rico en medio del desastre del huracán Maria en el 2018. La prestigiosa publicación de negocios Bloomberg, previamente ese año lo catálogo como "uno de los mayores inversores de Wall Street en deuda en dificultades". Los expertos que le justifican a Golden Tree que siga pidiendo más y más por el pago de su deuda, la empresa paga $1,150 la hora de trabajo. $500 menos de lo que se gana un trabajador/a por 160 horas mensuales a base del salario mínimo de $10.50 por hora. Golden Tree tiene en su historia haber invertido en acciones de una quebrada empresa eléctrica en California y la vendió dejando a miles de familias sin cobrar indemnizaciones por incendios provocados por la empresa. Goldentree es uno de los fondos a que la jueza Laura Taylor Swain le dio 60 días y le ordenó sentarse con la Junta de Control Fiscal para atender con sensibilidad la negociación de la reorganización de la deuda de la corporación. pública. Es el segundo fondo con mayor capacidad de bonos luego de Nuveen Asset Management. Es posible que esa orden caiga en oídos sordos, a juzgar por cómo se comporta la firma haciendo negocios para lucrarse de las quiebras de otros. “…es el fondo buitre más agresivo durante todo el proceso de quiebra de Puerto Rico. En su afán de lucrarse de la crisis del gobierno puertorriqueño ha comprado hasta mil millones de dólares en bonos de la AEE. Golden Tree comenzó la compra de bonos de la AEE en la segunda mitad del 2018, cuando ya la AEE llevaba años en quiebra y el sistema eléctrico estaba en su peor crisis, luego del impacto del huracán María que destruyó gran parte de la infraestructura de transmisión y distribución, con daños estimados en $20 mil millones”. El informe cuenta el papel de GoldenTree en la quiebra de la empresa eléctrica californiana Pacific Gas & Electric (PG&E). “La red de esta empresa provocó varios incendios devastadores que, entre otras tragedias, causaron la muerte de 84 personas y destruyeron unos 14.000 hogares. PG&E se declaró en quiebra en enero de 2019, adeudando indemnizaciones millonarias a miles de familias que habían sufrido los estragos de estos incendios. “GoldenTree, junto con otros acreedores, invirtió en las acciones de la quebrada PG&E como parte de un plan para sacar a la corporación de la quiebra, en el que también prometieron comprar acciones adicionales para estabilizar la empresa y que PG&E pudiera pagar a las víctimas de los incendios. Sin embargo, cuando PG&E logró salir de la quiebra, GoldenTree y otros inversores vendieron rápidamente sus participaciones, obteniendo unos beneficios estimados en 2.000 millones de dólares en total. Esto dejó a la empresa sin fondos suficientes para pagar a las víctimas”. La información la trajo en un informe de la pasada semana, el Centro para la Democracia Popular, una ONG que está apoyada por la Comisión Ciudadana para la Auditoría de Crédito Público de Puerto Rico y la campaña No + Aumentos a la Luz. En el caso de la quiebra de Puerto Rico, el informe establece que “como parte de su cuestionable estrategia legal, GoldenTree compró Syncora Guarantee, una de las aseguradoras de bonos de la AEE. Syncora es una aseguradora de bonos que prestó servicios a la AEE durante muchos años, asegurando una parte de sus bonos. Por ello, cuando la Junta de Control Fiscal radicó la petición de quiebra de la AEE, Syncora se convirtió en un acreedor importante. Dos años después de presentada la petición de quiebra, en septiembre de 2019, GoldenTree adquirió Syncora por $429 millones.” Syncora ha seguido los pasos de su nuevo propietario, apoyando la ofensiva legal de GoldenTree, rechazando el Plan de Ajuste de la AEE propuesto por entender que Puerto Rico puede permitirse pagar más, y respaldando la decisión de apelar las decisiones del juez Swain ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston. Según la página 14.16 de su informe anual de 2023, Syncora ha asegurado 100 millones de dólares en bonos de la AEE y “está representada por los bufetes de abogados Quinn Emanuel y Reichard & Escalera, que también participaron en las negociaciones para confirmar los planes de ajuste de la Corporación para el Financiamiento del Impuesto sobre las Ventas de Puerto Rico (COFINA) y el gobierno central de Puerto Rico”. El análisis plantea que además de comprar bonos de la AEE, GoldenTree ha sido uno de los principales actores y acreedores en casi todos los demás casos de reestructuración de la deuda de Puerto Rico presentados en virtud de la Ley Promesa, sacando millones de dólares en beneficios de un gobierno en quiebra que se ha visto afectado en múltiples ocasiones por huracanes y terremotos. Por ejemplo, GoldenTree compró casi 1.790 millones de dólares en bonos de COFINA en el mercado secundario cuando esa empresa pública también estaba en quiebra; la fuente de reembolso de los bonos de COFINA son los ingresos procedentes del impuesto sobre ventas y uso (IVU) de Puerto Rico. La "Public Accountability Initiative" (LittleSis), una organización con sede en Estados Unidos, estimó que, como resultado del plan de ajuste de COFINA respaldado por la Junta de Control Fiscal, GoldenTree obtuvo $278 millones en ganancias en su inversión en bonos senior y $159 millones en ganancias en su inversión en bonos subordinados justo después de la devastación del huracán María. “GoldenTree también participó en la reestructuración de la deuda del gobierno central de Puerto Rico, en la que compró casi 776 millones de dólares (Prueba H) en bonos. Del mismo modo, fue el principal tenedor de bonos de la Compañía de Desarrollo Industrial de Puerto Rico (PRIDCO), donde logró un acuerdo de reestructuración que pagó el 100% del valor original de los bonos, que GoldenTree había comprado con descuento a los bonistas originales”, lee el informe de CDC. GoldenTree ha participado activamente en las negociaciones para reestructurar la deuda de la AEE desde finales de 2018 y ha abogado consistentemente por aumentos en la tarifa eléctrica mucho más altos que los propuestos por la Junta de Control Fiscal. GoldenTree ha validado las opiniones de "expertos" que afirman que los clientes residenciales que están sujetos al aumento de tarifas propuesto ("Legacy Charge") pueden permitirse pagar más de lo que propone la Junta. Según los expertos de GoldenTree, la clase de clientes con ingresos más bajos que estará sujeta al Legacy Charge tiene un coste medio de vivienda del 18,7% de sus ingresos, que es mucho más bajo que el umbral del 30% que la literatura económica considera el máximo que un hogar debería pagar en vivienda. Por tanto, argumenta GoldenTree, estos hogares podrían pagar más en su factura eléctrica. Los estudios de los buitres no reflejan la realidad de la Isla. Estudios recientes indican que uno de cada siete dueños de hogares paga un 50 por ciento de su salario en pago de vivienda. #deuda #puertorico #buitres

Por Bonita Radio La privatizadora de generación de energía, Genera PR, presentó un plan requerido por el Negociado de Energía (NEPR) sobre estabilización de sistema eléctrico, que contempla la utilización de las plantas generatrices existentes gasificando el sistema y utilizando generadores como los que compró el gobierno a la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). El informe presentado ayer, el ultimo día para entregarlo o se exponía a $25K en multas diariamente, tiene 102 páginas en las que se resume lo que se sabe desde que el huracán María destruyó la infraestructura eléctrica: que está destruido y que la planta más antigua es del 1965 y la más joven, del 2009. El apagón del 12 de junio y los constantes a nivel Isla, provocaron que el 13 de junio el (NEPR) solicitara tanto a Genera como a Luma Energy, privatizador del sistema de transmisión y distribución, solicitara un informe de cómo se estabilizaría el sistema, so pena de las multas diarias. Llama la atención que en su informe Genera PR advierte como retos que "Puerto Rico es una Isla con muchas complejidades inherentes al servicio de electricidad, incluida la geografía montañosa, el crecimiento de la vegetación durante todo el año y los desafíos de la infraestructura, además del hecho de que la mayor parte de la producción de generación se encuentra en el sur de la isla, mientras que la mayor parte de la demanda se encuentra en el área norte". "El aumento previsto en el uso de gas natural (metano) en CS (planta de Costa Sur en Guayanilla) reduce el uso de diesel y petróleo pesado en otros lugares, mediante el empleo de nuevos GTG, una unidad RICE y BESS según lo definido por el Plan de Estabilización del Sistema Eléctrico", lee el informe en su página 60. Hasta el momento Luma Enegry no ha entregado el informe. No se conoce entonces como la deficiencia precisamente de que la mayor energía se consume en el norte de la Isla pero se produce en San Juan a través de un sistema que distribuye a través de lineas eléctricas LUMA Energy, cómo será resuelta para estabilizar el sistema. Lea al informe aquí:

Por Carmen Enid Acevedo

Un nuevo sistema de distribución de medicamentos antirretrovirales que administra ASES para pacientes de VIH SIDA, podría dejarlos sin acceder a ellos, denunció hoy el activista de derechos humanos, Pedro Julio Serrano. “El sistema de ADAP, un programa federal adscrito al Departamento de Salud, proveyó por más de 15 años los antirretrovirales a su red de farmacias y clínicas sin costo alguno. Este sistema nos ha servido bien y ha logrado que muchas personas que vivimos con vih podamos ser indetectables y tener una vida saludable y plena. Lo que sirve no se debe de cambiar”, aseveró Serrano. El portavoz de Puerto Rico Para Todes, quien lleva viviendo con vih por más de 30 años, exigió al gobierno a que garantice, más allá del plan temporero que estableció el Departamento de Salud hasta final de año, una solución permanente que permita la provisión sin obstáculos de los medicamentos. Dijo que hay clínicas y farmacias que no tienen la solvencia económica para comprar los medicamentos y esto pondría en riesgo el acceso a los tratamientos para las personas que viven con vih. Planteó que se han reunido con el secretario del DS, Carlos Mellado, así como con ASES, “pero no estamos satisfechos con el plan temporero. Necesitamos una solución final y permanente para garantizar que nuestros tratamientos, que nos dan vida, se mantengan como merecemos: sin barreras, ni complicaciones”. Hasta 2022, en Puerto Rico vivían 16,581 persona con VIH Sida. De los 51, 655 que se diagnosticaron entre 1980 y el 2022, 31,254 han muerto de la enfermedad. San Juan sigue siendo el municipio de mayor diagnóstico. #VIH #SIDA #salupública

Se trata de Roberto Cacho Pérez, quien quebró el Hotel W en Vieques y que fue demandado por impago de un préstamo para el desarrollo de Cabo Rojo por $1M con el Banco de Desarrollo Económico Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El inversionista que recibió del gobierno de Ricardo Rosselló Nevarez, unos $193M en excención contributiva de la Compañía de Turismo para desarrollar un mega proyecto hotelero y residencial en la costa oeste del país, es el mismo que hoy compró las 52 fincas donde se desarrollará el proyecto Esencia Puerto Rico, cuyos financiadores ingleses alegaron que no esperarían por incentivos contributivos para iniciar el proyecto. Roberto Cacho Pérez, es la pieza clave en la adquisición de las fincas ubicadas en la faja de la costa de la Bahía de Boquerón donde pretende desarrollarse el mega proyecto Esencia Puerto Rico, según se anunció el viernes con otros tres rostros pero con la ausencia de quien fuera uno de los que llenó con $78K el pote de Salvemos a Puerto Rico, el Super Pac que organizó el amigo del gobernador, hoy convicto por corrupción, Joseph Fuentes Fernández para financiar su campaña en el 2020. Cacho Pérez tuvo la intención de desarrollar el área con un concepto denominado Boqueron Bay Cabo Rojo, cuya huella quedó en la red de internet desde el 2022, cuando se difundió información sobre el desarrollo de sobre 944 cuerdas de terreno que incluía un hotel con 600 habitaciones, 18 hoyos de campo de golf, una marina para 200 botes, 1,152 villas residenciales y 222 residencias y áreas de "shopping malls". Para eso, el gobierno le dio $193M en un decreto contributivo que alega perdió en medio de un negocio con financiamiento de una mujer de la India. Según un pleito en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, Cacho perdió el decreto contributivo firmado en diciembre del 2020 por la ex directora ejecutiva de Turismo, Carla Campos, luego de que alega fue defraudado por el fondo Dawn Holding y la ciudadana india, Kaushalya Siriwardana y otros, quienes se comprometieron a proveer un primer financiamiento base de $950K. Entretanto, el proyecto anunciado el pasado viernes a través de envío de comunicados de prensa a medios tradicionales, no destacó que fue la firma Cabo Rojo Land Acquisition la que hizo la compra de fincas que incluyó una de sobre $55M a la sucesión de Zoraida Ramírez de Arrellano Bártoli. Todo se hizo entre el 2022 y marzo de este año. Los inversionistas y desarrolladores originarios de Inglaterra, Reuben Brothers y la firma Three Rules Capital, radicaron el plano conceptual en la Oficina de gerencia de Permisos con el plano de la firma de arquitectos, Alvarez, Díaz y Villalón. El arquitecto Ricardo Alvarez Díaz es precisamente la persona que firma los documentos de Bay Boquerón y quien dijo que ha estado por dos años y medio estudiando el terreno para generar un concepto que alega protejerá 75 porciento de los terrenos, no impactará la zona marítimo terrestre y contará con la opinión de las comunidades. Según un pleito en el Tribunal de estados Unidos en Puerto Rico, Cacho perdió el decreto contributivo firmado en diciembre del 2020 por la ex directora ejecutiva de Turismo, Carla Campos, luego de que alega fue defraudado por el fondo Dawn Holding y la ciudadana india, Kaushalya Siriwardana y otros, quienes se comprometieron a proveer financiamiento base de $950K. FINANCIAMIENTO CABO ROJO RESSORT Los problemas de Cacho Pérez con el proyecto de Boqueron Bay, que tendría un hotel denominado Cabo Rojo Ressort, cubren dos capítulos adicionales que comenzaron en el gobierno de Alejandro García Padilla cuando consiguió un préstamo de un millón del Banco de Desarrollo Económico para las gestiones iniciales del concepto hotelero-residencial. El Banco vendió la cartera en el 2019 y el nuevo tenedor de ese préstamo, Puerto Rico Discovery alegó falta de pago por parte de Cacho Pérez. Demandó a la Sociedad de Bienes Gananciales de él y su esposa, la ex modelo, Ileana Cambó y tras una victoria de esa corporación en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Cacho Pérez apeló al Tribunal de Apelaciones y volvió a perder. A las 5PM en Qué palo…es noticia discutimos más extremos de esta historia. ¡Sintoniza y comparte!