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SEGUNDA PARTE Por Carmen Enid Acevedo  | Para el Centro de Periodismo Investigativo El coordinador del movimiento Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (IDEBAJO),  en Salinas, Roberto José Thomas Ramírez, opinó que es indudable el conflicto de interés del Secretario de Agricultura y Presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, Ramón González Beiró, y que, a su juicio, raya en la corrupción, cuando la agencia arrienda fincas públicas para facilitar la siembra de placas solares que resultarán en lucro de una corporación en la que es inversionista.  “[Al secretario] se le paga con fondos públicos para proteger las tierras y lo que hace es aprovechar su poder asignado por el Gobernador Pedro Pierluisi en este Departamento”, dijo Thomas Ramírez, al ser confrontado con la pesquisa periodística que establece con evidencia el tracto de negocios entre la ATPR y Clean Flexible Energy, que desarrollará proyectos fotovoltaicos en tierras de Agriart LLC, donde el jefe de agencia posee un 18 porciento de participación. “Él está enriqueciéndose y además faltándole al deber ministerial que se le asignó de proteger terrenos públicos. Personas como Ramón González, que han sido dueños de Salinas como parte de su familia por años, y que opera casi como hacendado, no tienen ningún tipo de interés ni importancia sobre lo que pase con la población porque él y su familia se benefician”, añadió. El líder comunitario afirmó que las fincas solares industriales como las de Salinas afectan de múltiples maneras a las comunidades.  “No es un modelo que vaya a resolver los problemas que tenemos con el sistema eléctrico del país”, señaló Thomas Ramírez. “Si seguimos sembrando placas, profundizamos el problema de acceso a la alimentación. Imposibilita y crea otros problemas como las inundaciones. Le creas una avenida al agua al eliminar toda la vegetación y compactar la tierra. Impermeabilizas el terreno, y el agua no puede entrar por la tierra”, explicó  destacando que eso ya está ocurriendo en comunidades como la de El Coquí, en Salinas, donde la empresa Ciro One Salinas tiene otro proyecto de fincas solares. PRACTICA CONTRARIA A PLAN DE USO DE TERRENOS Los permisos para el proyecto de las fincas solares de Clean Flexible Energy en tierras de Agriart, LLC, están registrados en el expediente de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y de la Junta de Planificación en donde se establece que, por lo menos, tres de los lotes donde se propone el mismo están clasificadas como Suelos Rústicos Especialmente Protegidos Agrícolas en un 95%, lo que implica que tiene restricciones de uso porque se consideran de alta productividad agropecuaria. La misión de la ATPR “es adquirir, custodiar y administrar los terrenos de más alto valor productivo con el propósito de fomentar la agricultura auto sostenible y rentable, potenciar el desarrollo socio económico de la sociedad puertorriqueña y garantizar la permanencia  de los mejores terrenos de labranza a las futuras generaciones”. El uso de estas tierras para la producción de energía viola también el Plan de Uso de Terrenos (PUT) de la Junta de Planificación que los clasificó “como protegidos para el fin de sembrar alimentos, no placas solares”, dijo el expresidente de la Junta de Planificación, Luis García Pellati.  El Planificador explicó que la alteración del uso restringido se ha dado durante las administraciones de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, con el argumento de que la infraestructura instalada se retira eventualmente y para eso se han servido de cambios en el Reglamento Conjunto.   “El problema es que tenemos contratos (para fincas solares) de hasta 30 años. Eso enajena el terreno para su uso, que es la siembra”, destacó García Pellati. El Secretario de Agricultura, Ramón González Beiró dijo, por su parte, que apoya “la generación de energía mediante la instalación de fincas solares y su uso combinado con la agricultura” y afirmó que “las fincas solares están permitidas en suelos catalogados como Rústico Especialmente Protegido” porque, a su juicio, “el impacto al terreno en dichas instalaciones es mínimo y completamente reversible al cabo de la vida útil de los proyectos”.  Los predios propiedad de Agriart LLC entre Salinas y Guayama en tierras de Agriart, LLC, se distribuyen en 13 lotes, identificados con 12 catastros distintos, comprados el 17 de febrero del 2021 a Mycogen Seeds, cuando ya González Beiró estaba nominado como Secretario de Agricultura.  De  acuerdo al PUT, en el área hay diversidad de suelos con clasificación de Agrícola-Productivo, Agrícola Mecanizable, Conservación de Recursos-1 y Conservación de Cuencas. En el sector se cruzan recursos de agua como el canal de riego de Patillas, la quebrada Amorós y el canal de riego Guamaní Oeste. Según el Catastro Digital del CRIM, las fincas Reunión y Josefa que la ATPR le alquiló a Clean Flexible son colindantes con las fincas donde se propone sembrar placas solares y que están inscritas bajo el nombre de Agriart LLC.  POR Por su parte, Pedro Cardona Roig, planificador y perito en casos judiciales que ha cuestionado la legalidad de la utilización de terrenos agrícolas para sembrar placas solares, dijo que “el Single Business Portal y el Mapa Interactivo de la Junta de Planificación tienen un problema en su programado y cuando se presenta un proyecto que abarca varias fincas y contiene varios número de catastro, el sistema sólo registra un número. Esto tiene el efecto de dar la impresión errónea del alcance de la actividad propuesta y minimizar el posible impacto. Ejemplo de esto son las fincas solares que se pretende desarrollar sobre suelo agrícola". LOS NEGOCIOS DE GONZÁLEZ BEIRÓ Y SU FAMILIA SIENDO SECRETARIO   González Beiró, nominado secretario en enero del 2021 por el gobernador Pedro Pierluisi y confirmado el 10 de mayo de ese año por la Legislatura, ha sido confrontado en varios reportajes periodísticos por los posibles conflictos de interés entre sus funciones oficiales y los negocios que lo involucran a él y a sus hijos. Entre ellos, transacciones de compra de equipo que adquiere la agencia a la empresa González Agro Inc. propiedad de su padre, Ramón González Rodríguez.  Entre los posibles conflictos están, además, la venta de equipo a agricultores que Agro Power, otra empresa que preside  su hijo Ramón M. González Bennazar, ha logrado mediante subvenciones del programa federal Renacer Agrícola (Re-Grow, en inglés), fondos que supervisa el Departamento de la Vivienda, según una investigación anterior del CPI . Los tractores que vende Agro Power son, incluso, exhibidos a los agricultores en actividades auspiciadas por el Departamento de Agricultura a las que el Secretario acude a hablar de los programas que su agencia tiene disponibles para los trabajadores de la tierra. Según documentos de la OEG, González Beiró tenía 100% de participación en esta compañía.   Otra investigación periodística   reveló que la AT, bajo la presidencia de González Beiro,  permitió que el municipio de Toa Baja subarrendara 501 cuerdas de tierras agrícolas a Coastal Farms, empresa integrada por Christopher Dowling y Manuel Pérez, quienes ocupan las posiciones de secretario y tesorero en la empresa Agriart LLC. En las inmediaciones del pueblo de Salinas y de Guayama, zonas agrícolas en las que el agrónomo González Beiró desarrolló su capital, que ronda los $2.1M, se habla de la influencia que tiene 'Pirul', apodo con el que se le conoce al Secretario, sobre los negocios que se dan con terrenos del Gobierno.  Una de tres fuentes de información que han seguido la pista de los negocios de fincas solares en el área de Salinas sostienen que González Beiró “manda y va” en todas esas empresas; y que sus hijos son el frente.  "Lo último que adquirió el propio Pirul son esas tierras donde estaba la semillera [MYcogen]", dijo una fuente en referencia a las fincas en hilera que se amontonan detrás de un letrero de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) a nombre de Clean Flexible Energy. La fuente se refirió a los terrenos que compró Agriart, LLC a MYcogen Seeds, lo que está confirmado en el CRIM. Además, al revisar el registro público del CRIM, se evidencia que la empresa del padre del Secretario, Ramón González Rodríguez, la corporación González Agro — con registro de 1967 — y la Corporación Agrícola Fortuna — de 1979 — , tienen registradas a su nombre sobre 14 fincas y unos cinco solares en el barrio Aguirre de Salinas.  En González Agro se identifica a la hermana del Secretario, María del Rosario González, como vicepresidenta.

Comunidad de Luquillo impugna deslinde por entender que está en violación a los requisitos procesales del Reglamento 4860 e insisten en que el deslinde desaparece el humedal que existe en la zona Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Alfonso Valdés Acevedo, hijo del desarrollador de Azure Development, LLC que intenta construir en el sector Punta Bandera en Luquillo en medio de un humedal, aportó $2mil a la campaña de la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) tres días antes de que el deslinde que viabilizaría la construcción del proyecto fue certificado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Los contactos de donantes y familiares de la candidata a la gobernación del PNP no se han limitado en el pasado mes y a dos de las elecciones generales, a una aportación económica a su campaña en medio de los trámites que el desarrollador sigue en las agencias expertas. Como si fuera poco, el secretario interino del DRNA, Roberto Méndez Martínez, otorgó un contrato de examinador por $79k al primo hermano de la Comisionada Residente, Luis González Ortiz, a través de su corporación González Ortiz Law Offices, que en el 2023 intervino como examinador en el proceso de vistas que por ley la agencia tiene que celebrar en casos de deslinde que afecta a terceros. Asimismo, la Comisionada González intervino el año pasado en el caso de Punta Bandera cuando envió una misiva al alto mando de USACE para conocer el status de los trámites de los permisos en esa agencia y así acelerar lo que culminaría en el deslinde de la #ZMT de un proyecto turístico y residencial de lujo que impactaría la zona marítimo terrestre-bien de dominio público. Bonita Radio descubrió que el hijo de Valdés García, Alfonso Valdés Acevedo, es un contratista del gobierno Pierluisi-Gonzalez a través de Vanguard Asset Management Group, una corporación que brinda servicios en el Departamento de Educación. El registro de donativos en la Oficina del Contralor Electoral establece que el pasado 27 de agosto donó $2K a la campaña de González. El DRNA certificó el deslinde en el caso O-AG-CERO2-PO0038-29122022 de Punta Bandera, el 30 de agosto pasado y lo hizo público en el portal de la agencia el cuatro de septiembre. Los donativos del desarrollador y padre de Valdés Acevedo, Valdés García, incluyeron a Thomas Rivera Schatz y Pedro Pierluisi por $6,211.04 en total entre el 2019 y el 2023, cuando luchaba para que saliera el deslinde del proyecto. De otra parte, el contrato de examinador fue adjudicado a González Ortiz Law Offices el pasado seis de septiembre, tres semanas más tarde de que la secretaria en propiedad de la agencia, Anais Rodríguez Vega, salió en licencia por maternidad y dos días antes de que la agencia certificara el deslinde del proyecto. Luis, nombre de pila del abogado, es primo hermano de González y ya había sido contratado por el DRNA como examinador pero su contrato no había sido renovado. Méndez Martínez, quien está en destaque desde La Fortaleza, firmó el contrato para quien, en mayo del 2023, intervino como examinador en la controversia e incluso logró suspender vistas públicas relacionadas al deslinde alegando que habían muchas personas solicitando la intervención en el proceso administrativo, un derecho que le otorga la Ley y el Reglamento a las comunidades colindantes con el proyecto. En junio del 2023, González Ortiz se inhibió  'motu proprio' de atender las vistas públicas de Punta Bandera. Ha tenido contacto con casos de alto interés público como los desarrollos del Muelle del Azúcar en Aguadilla y el caso de Sol y Playa en Rincón. Un mes antes y en mayo del año pasado, Bonita Radio investigó el caso de Punta Bandera y llamó la atención de la intervención de la Comisionada Residente González, sin que su oficina contestara reclamos de información. El dato se hizo público en el caso de quiebras que tiene Azure Development en la Corte de Quiebras de Estados Unidos en Puerto Rico, donde hablaba de peticiones de intervención a González en su vcarácter de Comisionada y de Nydia Velázquez, congresista. Velázquez negó la información a través de una comunicación en sus redes sociales, sin contestar peticiones de entrevista. Asimismo, la comunidad de Punta Bandera impugnó el deslinde el pasado viernes 27 de septiembre alegando que: hubo omisión en la notificación a los colindantes según lo establece el Reglamento 4860; Falta de la rotulación conforme a los artículos 3.1(C) y 3.1(D) del Reglamento 4860; Falta de cumplimiento con presentar los folios digitalizados de la finca hasta la primera inscripción y 4. Falta de cumplimiento con presentar el Good Standing y el Certificado de Incorporación Vigente del titular del predio. Más extremos de esta historia en Qué palo...es noticia hoy a las 5PM por YouTube Live.

Opina Gerardo A Vargas Cruz Fraile Franciscano En cada ciclo electoral, la sociedad puertorriqueña enfrenta una encrucijada que define su porvenir. El próximo 5 de noviembre no es la excepción. En esta jornada electoral, no solo se decidirá quién administrará los recursos del país o qué partido estará en el poder; se decidirá el tipo de sociedad que queremos construir. En este sentido, ejercer el derecho al voto no es simplemente un acto individual, sino una manifestación colectiva de la voluntad del pueblo y una expresión de fraternidad. El voto, entonces, representa el compromiso de cada ciudadano con el futuro de su comunidad y de su patria, en un contexto donde los desafíos políticos, económicos y sociales son innegables. Desde finales del siglo pasado, Puerto Rico ha enfrentado situaciones que han marcado profundamente su desarrollo, como la creciente deuda pública, la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal en 2016, la migración masiva en busca de mejores oportunidades y la devastación causada por desastres naturales como el huracán María, un sistema eléctrico inexistente y más.Tenemos que reconocer que estos eventos han transformado el paisaje social, económico y demográfico de la isla, dejando al descubierto las desigualdades y la necesidad de líderes comprometidos -no solo en las esferas electivas sino en la base-. En este contexto, la participación activa de la ciudadanía se torna crucial para elegir a aquellos que tendrán en sus manos la dirección de la sociedad y su renovación. En cuanto a la enseñanza de la Iglesia sobre la participación política, la Doctrina Social enfatiza que esta debe estar al servicio del bien común. Como señala el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, “todos los ciudadanos deben recordar su derecho y, al mismo tiempo, su deber de ejercer el voto libremente para promover el bien común” (GS 75). Desde esta perspectiva, el voto no es solo un derecho cívico, sino un deber moral para los creyentes. Al participar en las elecciones, los cristianos están llamados a iluminar las decisiones políticas con los valores del Evangelio, como la dignidad humana, la justicia, la solidaridad y la subsidiaridad, buscando siempre el bien de toda la sociedad y, en especial, de los más vulnerables. El principio del bien común, clave en la Doctrina Social de la Iglesia, establece que la política debe garantizar las condiciones necesarias para que todas las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo. En este sentido, votar no se trata solo de elegir a líderes que beneficien nuestros intereses particulares, sino de elegir a aquellos que trabajen en favor de una sociedad más justa y equitativa. 𝗘𝗹 𝘃𝗼𝘁𝗼 𝗲𝘀, 𝗲𝗻𝘁𝗼𝗻𝗰𝗲𝘀, 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗳𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗳𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗻 𝘂𝗻 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀. Este acto no debe ser visto como un mero trámite electoral, sino como una oportunidad para construir una sociedad que refleje los valores de fraternidad, solidaridad y justicia que nos enseñó Cristo. Sin embargo, el panorama político puertorriqueño también ha estado marcado por sombras, como la corrupción y el abuso de poder, que han generado desilusión y apatía entre los votantes. Desde el 1999, la participación electoral ha disminuido significativamente, reflejando una desconexión entre los ciudadanos y la clase política. A pesar de ello, la renuncia de un gobernador en 2019 tras semanas de protestas masivas demostró que, cuando el pueblo se une, puede lograr cambios significativos. Este evento fue una muestra de que la voz de la ciudadanía es poderosa y de que la política, aunque imperfecta, puede ser transformada cuando los ciudadanos deciden participar activamente. En este sentido, la participación cristiana en la política no se limita al simple acto de votar, sino que implica una responsabilidad continua de exigir rendición de cuentas a nuestros líderes y de ser vigilantes en el cumplimiento de las promesas electorales. Como menciona el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, los cristianos están llamados a ser “protagonistas de la historia” (EG 231), lo que implica no quedarse al margen, sino participar activamente en la transformación de las estructuras sociales y políticas. 𝗘𝗹 𝘃𝗼𝘁𝗼 𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗮𝗴𝗼𝗻𝗶𝘀𝗺𝗼, 𝘂𝗻 𝗮𝗰𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗳𝗿𝗮𝘁𝗲𝗿𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘆𝗲 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗺𝗮́𝘀 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗼 𝘆 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀. Es cierto que la política en Puerto Rico, como en muchas partes del mundo, puede parecer desalentadora debido a la corrupción y al desinterés de algunos líderes por el bienestar común. Sin embargo, como creyentes, no podemos permitir que la desilusión nos lleve a la apatía. 𝐄𝐥 𝐯𝐨𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐬𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐞𝐫𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐦𝐚́𝐬 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫𝐨𝐬𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐮𝐢𝐫 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐠𝐢𝐫 𝐚 𝐚𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐠𝐮𝐢𝐚𝐫𝐚́𝐧 𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐮𝐧 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐲 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨. No votar es renunciar a esta responsabilidad, es dejar que otros decidan por nosotros y es ceder nuestro poder de ser partícipes en la creación de una sociedad más justa. En definitiva, el próximo 5 de noviembre es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con Puerto Rico y para reafirmar nuestra fe en el poder transformador de la democracia. Las elecciones no son solo un proceso de selección de candidatos; son un acto de esperanza y de responsabilidad compartida, en el que cada voto cuenta para construir el futuro de nuestra patria. Como cristianos, estamos llamados a ejercer nuestro voto con responsabilidad y a ser luz en medio de las tinieblas, guiados por los valores del Evangelio. 𝐄𝐥 𝐯𝐨𝐭𝐨 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐦𝐨𝐫 𝐚 𝐏𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐑𝐢𝐜𝐨, 𝐮𝐧 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐟𝐫𝐚𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐮́𝐧, 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐮𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐚𝐠𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚. (El padre Vargas Cruz es profesor de la Universidad Central de Bayamón)

Por Carmen Enid Acevedo ' La Comisionada Residente en Washington, Jennifer González, no contestó qué gestiones hace si alguna, con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos en favor de empresarios con proyectos en la Isla, tal y como lo dijo a la Corte de Quiebras, el mayagüezano, Alfonso Valdés García, para adelantar los permisos y endosos de un millonario desarrollo en un área de mangle en Punta La Bandera en Luquillo. La Congresista Nydia Velázquez, otra implicada por García Valdés en una moción judicial del 24 de abril de este año, no contestó requerimiento de información que se hizo a través del director de prensa de su oficina congresional, Michael McGinnis. Catalogó como "falso" la alegación de García Valdés pero en su cuenta oficial de Twitter y dos horas media más tarde de que se hiciera la petición de información por escrito, vía correo electrónico. Bonita Radio hizo un primer contacto con la oficina de la Congresista mediante llamada telefónica - 31/5/23, 4:30PM - y se refirió el asunto al correo electrónico de McGinnis. Los nombres de Gonzalez y Velázquez están contenidos en el inciso D, página cinco de la moción en respuesta a la petición de sentencia sumaria o para "convertir a Capitulo 7" en el mencionado caso judicial, una quiebra de la corporación Azure Development, propietaria de las dos fincas que se pretenden desarrollar en Punta La Bandera "Para agilizar la "Determinación Jurisdiccional del Cuerpo de Ingenieros, Valdés está en contacto con las oficinas de la Comisionada Residente, Jennifer González y la Congresista, Nydia Velázquez. La JD puede demorarse sobre nueve meses, un periodo de tiempo que Valdés pretende acortar ", lee el documento del registro público judicial. La pregunta de ¿Qué intervención hace la Comisionada con el Cuerpo de Ingenieros para proyectos-contratistas en la Isla que necesitan endosos de esa agencia? no ha sido contestada por el portavoz de prensa de la Comisionada, Ramón Alejandro. García Valdés contesta sobre las gestiones que hace para intentar desarrollar Punta La Bandera, ante el hecho de que ambas fincas están dadas como garantizadoras de un prestamo que es parte de la quiebra de Azure Development. El último movimiento del caso en el registro público de la Corte de Quiebras, se dio ayer en relación a una carta del 2015 del Banco tenedor del préstamo sobre nuevos términos para satisfacer la deuda antes de referirlo a abogados que inicien gestiones de cobro. La vista sobre deslinde de la #zmt en la mencionada área costera en Luquillo - está notificada para atenderse el próximo jueves ocho de junio, por el primo de la Comisionada Residente, González, Luis González Ortiz, como Examinador del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) mientras la funcionaria no contesta las alegaciones del empresario de que está cabildeando en su Oficina para que se agilice procedimiento de “Determinación Jurisdiccional" ante el Cuerpo de Ingenieros. González Ortiz es un contratista del DRNA que atiende las querellas que se presentan en la agencia ambiental y que está al frente de otras como lo ocurrido en Rincón con la #ZMT de Playa Los Almendros donde ubica el condominio Sol y Playa y en Aguadilla, con el desarrollo sobre Cueva Las Golondrinas, por parte de la corporación Aguadilla Pier. Entretanto, Valdés García cataloga al DRNA como "lento" en el proceso de hacer el deslinde de la zona marítimo terrestre y dice además que mantiene esfuerzos con legisladores, alcaldes y jefes de agencia en torno a un proyecto que tiene pendiente por lo menos cuatro permisos de infraestructura. Alegó además que uno de sus asesores en esa gestión, es el ex director de subastas de la Autoridad de Carreteras, Moises Sánchez Loperena, quien el año pasado instaló un “camper” en medio de #bdpzmt en Joyuda, Cabo Rojo.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El ex presidente de la Cámara, Carlos 'Johnny' Méndez, se asegura que fue parte de una reunión que grabó la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garced, al convertirse en testigo de una pesquisa que procuraba dilucidar si Thomas Rivera Schatz y la Comisionada Residente, Jenniffer González Colón la sobornaban para que uno de estos llegara a La Fortaleza ante la renuncia de Ricardo Rosselló en el Verano del 19. La grabación que está en poder de la Fiscalía y la defensa de los tres acusados del caso de financiamiento de campañas en el 2020, pendiente en el foro judicial de Estados Unidos en Puerto Rico sin fecha de juicio, se dio en el Capitolio y allí estaba Méndez, confirmaron fuentes de entero crédito a Bonita Radio. La pieza de audio fue entregada el año pasado por la fiscalía como parte del descubrimiento de prueba del caso 22-cr-0342 que atiende la jueza Sylvia Carreño Coll desde agosto del 2022 y que mantiene como acusados a Vázquez Garced, al banquero venezolano Julio Herrera Velutini y a Mark Rossini. Méndez, hoy activo en la campaña de González Colón y quien ha anunciado su intención de ser Presidente de la Cámara Baja si el Partido Nuevo Progresista (PNP) obtiene mayoría en las elecciones de noviembre, no contestó llamadas de Bonita Radio. Tanto él como su oficial de prensa, Raúl Colon, supieron del tema de las preguntas que esta periodista tenía para el Representante. El último mensaje se envío esta mañana sin contestación. En el contexto del caso Federal trascendió el viernes pasado que se investigaron los supuestos intentos de soborno por parte de Rivera Schatz y González Colón, sobre la información que llevó la propia Vázquez Garced el tres de agosto del 2019. Un informe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre hechos ocurridos entre el 30 de julio y "semanas subsiguientes" establece además que los acercamientos al esposo de Vázquez Garced, el ex juez Jorge Díaz Reverón, para que la Secretaria de Justicia dialogara con Rivera Schatz, comenzaron con una llamada de un juez retirado como el emisario del hoy portavoz de la minoría PNP en el Senado. Los movimientos de los 'interesados" se darían ante la realidad de que al no haber secretario de Estado y declararse inconstitucional el nombramiento de Pedro Pierluisi, a Vázquez Garced le correspondía ser la gobernadora por el orden de sucesión que dicta la Constitución. El nombramiento tendría que ser confirmado por ambos cuerpos legislativos. El documento del FBI cita otra llamada que se hizo "días más tarde" por un segundo abogado, que según supo Bonita Radio, la habría hecho el licenciado Pablo Colón, hoy candidato a alcalde por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en Ponce. Según el informe, la segunda llamada de Colón habría "confirmado las intenciones del Funcionario electo uno". La propuesta era clara: si la Sra. Vázquez nombraba al Oficial Electo 1 como Secretario de Estado y luego renunciaba, le aseguraría a Díaz Reverón un puesto en el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y le ofrecería a Vázquez un papel en su administración. Al ser confrontado con la información, Colón dijo anoche vía telefónica, "no, eso es totalmente falso". La pesquisa se cerró en noviembre del 2019 "por dificultades para concertar reuniones con Vázquez después de que ésta se convirtiera en gobernadora". Juró al cargo el siete de agosto del 2019. La información que se reveló en cuatro páginas de una moción del coacusado Rossini sacó a Rivera Schatz a pedir que se revele lo que haya dejado una pesquisa que dirigió personalmente el entonces jefe del FBI, Douglas Leff. El funcionario fue traslado de San Juan en enero del 2020 y hoy trabaja para la empresa privada, según su perfil de la red de negocios Linkend. El documento citado por los licenciados Lydia Lizarribar, Michael Adler y Juan J. Michelen, da cuenta que “la propuesta era clara: si Vázquez nombraba a (Rivera Schatz) como secretario de Estado y entonces renunciaba, él le aseguraría a Díaz Reverón una silla en el Tribunal de Apelaciones y le ofrecería a Vázquez un rol en su administración”. "La propuesta implicaba que, al Vázquez Garced renunciar, Rivera Schatz se convertiría en gobernador sin someterse a una votación y sin que le tocara por orden sucesoral". Al día de hoy no está claro si la reunión con la hoy candidata a la gobernación, González Colón, se dio con Vázquez Garced, aunque el documento del FBI que está sellado en el registro judicial del caso, destaca: "en las semanas siguientes, bajo la dirección del FBI, Vázquez grabó varias conversaciones". Esas negociaciones cuadran con el record histórico noticioso en cuanto al interés de González Colón en convertirse en Gobernadora. Fue el propio Rivera Schatz quien dijo el ocho de agosto que el caucus del PNP respaldaba que fuera González Colón la nombrada como secretaria de Estado, para así llegar, por el orden sucesoral, a ser la gobernadora ante la renuncia de Rosselló. En julio del 2019 , en medio de las protestas que solicitaban la renuncia del gobernante, González Colón le solicitó a Rosselló, su compañero de papeleta en las elecciones del 2016, que saliera de la presidencia del PNP. UNA INVESTIGACIÓN SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL En una pesquisa en la que una secretaria de Justicia, como era Vázquez Garced en momentos en que se vislumbraba su ascenso a Gobernadora, por disposición constitucional, el FBI coordinó los trabajos de la misma con la entonces fiscal interina del Distrito de San Juan, Rosa Emilia Rodríguez. "Esto fue una decisión entre la agencia (FBI) y el "district attorney", dijo una fuente con conocimiento del caso dejando la puerta abierta a que pudiera haberse contactado a los supervisores de Leff y de la propia Rodríguez en el Departamento de Justicia en Washington para conseguir el "go ahead" (visto bueno) y continuar con la intención de grabar conversaciones con los dos funcionarios electos. Eso colocó a Rodríguez a participar de las decisiones de un caso que ubicaría a Vázquez Garced a ser testigo de un alegado intento de soborno. Ya para esa fecha, entre el 30 de julio y las primeras semanas de agosto del 2019, Rodríguez había hecho pública su intención de acogerse al retiro y solo esperaría porque el entonces presidente, Donald Trump, nominara a un Fiscal en propiedad y este fuera confirmado por el Senado estadounidense. Esa designación recayó en Stephen Muldrow en junio del 2019 pero no fue confirmado sino hasta el cuatro de octubre del 2019. Rodríguez renunció el 30 de noviembre y en febrero del 2020 fue nombrada por la entonces gobernadora sucesoral al Consejo de Asesores para el Manejo de los Programas Federales en unión al ex juez José Fusté. Ya para esa fecha, Vázquez Garced había confirmado su interés en correr para la gobernación en noviembre de ese año. Se sabe que Rodríguez era en ese momento amiga personal de González Colón, hoy candidata a la gobernación por el PNP que ha sido parca en sus expresiones y en solo dos medios de comunicación desde el viernes pasado. González Colón es amiga de la ex fiscal Rodríguez, al punto de comparecer juntas a un concierto de los reguetoneros Wisin y Yandel en el Coliseo José Miguel Agrelot en el 2018. Entretanto, al día de hoy se desconoce si hubo o han habido conversación entre los equipos defensores de los co acusados, Rossini y Herrera Vellutini, y los de Vázquez Garced, sobre la información que reveló Rossini y que incide en el carácter de la acusada. El conocimiento entre todos los defensores - que incluyen tres abogados para Vázquez Garced e igual número para los co acusados, con letrados de otras jurisdicciones de Estados Unidos - debería dejarse ver en la vista de 'status' del caso que celebre la Jueza el próximo jueves, a seis días de que haya sido pública la moción de Rossini donde se descubre el alegado intento de soborno por parte de dos funcionarios electos. Herrera Vellutini, con equipo defensor en la Isla dirigido por la ex fiscal Sonia Torres y en Estados Unidos por la abogada de Florida y de casos de alto perfil, Lily Ann Sanchez, ha insistido, así como Rossini, en cuestionar el interés del FBI de acusarlos toda vez que así como Vázquez Garced llamaron la atención de posibles actos de corrupción pública y terminaron acusados. De los conflictos de la Ex Jefa de Fiscales en la administración de su oficina y su relación con Leff, así como los contactos con su amiga González Colón, hablamos a las 8AM en Noticias con café por YouTube Live.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) tiene por lo menos 47 proyectos en propiedades históricas de bajo la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) sin comenzar pero le ha pagado hasta $605K a la contratista que gerencia los mismos desde el 2021, que resulta ser la ex secretaria del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) de la administración de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez Garced, Adriana Sanchez Parés. La administración del ICP que dirige Carlos Ruiz Cortés responsabilizó la semana pasada a FEMA por no haber completado proyectos como el del techo del Fortín Conde de Mirasol en Vieques, cuando en realidad quien arrastra los pies con los proyectos es el ICP, según dos fuentes consultadas. El ICP tiene $39M para atender las reclamaciones y en el contrato 2023-234 con Nove Group, Sánchez Parés adjudicó al trabajo de esa corporación la obtención de unos $11M adicionales para la gestión de reclamaciones. No especifica sin embargo, qué gestiones de gerencia de proyectos se han hecho para iniciar o completar los mismos. En esa propuesta, con fecha del nueve de diciembre del 2022, Sánchez Parés alega que "hemos finalizado con éxito los procesos de solicitud de propuestas para los servicios de arquitectura e ingeniería del Museo Casa Blanca, el Fortín Conde de Mirasol, el Museo de la Música y la Casa de los Dos Zaguanes. El proyecto del Museo Casa Blanca y la Casa de los Dos Zaguanes ya han formalizado los contratos y las obras comenzarán en las próximas semanas. Mientras, para Fortín Conde de Mirasol y Museo de la Música, ICP está completando el proceso de evaluación de las propuestas recibidas. El resto de proyectos han seguido su curso de forma ágil y nos sitúa en disposición de continuar desarrollando los procesos de contratación para Galería Nacional, Archivo General, Museo de la Masacre, Arsenal de la Marina y Parque Ceremonial Caguana, entre otros". A pesar de que en el 2022 representaron que los trabajos de Casa Blanca y la Casa de Dos Zaguanes, "comenzarán en las próximas semanas", un año y nueve meses más tarde no han iniciado, confirmó Bonita Radio. Según la propuesta de servicios a la agencia, Nove Group "proporcionará supervisión y dirección, así como liderazgo, gestión y experiencia al ICP en el Programa de Asistencia Pública (PA) de FEMA, Procedimientos Alternativos (Sección 428), Programa de Asistencia Pública y Guía de Políticas de FEMA (PAPPG), Política de Recuperación de FEMA FP-104-009-5 Implementación de la Sección 20601 de la Ley de Presupuesto Bipartidista de 2018 a través del Programa de Asistencia Pública, Programa de Subvención de Mitigación de Peligros (HMGP) de la Sección 404 de FEMA y Programa de Subvención de Desarrollo Comunitario en Bloque para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR)". La investigación de Bonita Radio corroboró que Ruiz Cortés contrató desde el 2021 a la firma Nove Group de Sánchez Parés, para gerenciar los proyectos de reclamaciones a FEMA y que irían a reconstruir, entre otras propiedades, el Fortín en Vieques; el Fortín San Gerónimo; el Museo de la Música Puertorriqueña y el Museo de la Masacre de Ponce. La semana pasada, FEMA contestó a un reclamo de que el problema de los proyectos es de FEMA, que la administración de Ruiz Cortés tiene desde noviembre del 2020 $1,862,770 para completar el proyecto de reparación del Fortín Conde de Mirasol en Vieques que incluyeron $107,292 para costos de estudios de diseño e ingeniería de proyecto. "Desde esa fecha, el ICP ha tenido fondos de recuperación de FEMA disponibles para hacer reparaciones a la instalación por daños asociados al huracán María. Igualmente, el ICP como dueño de sus instalaciones pudo tomar medidas temporeras de emergencia para prevenir que el daño en el fortín se exacerbara. “El ICP es el responsable de la planificación y ejecución de los trabajos con el apoyo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia del Gobierno de Puerto Rico (COR3) y la asistencia técnica de FEMA como agencia que provee los fondos”, añaden” Fondos ARPA 25 proyectos para reconstrucción Fuentes de entero crédito confirmaron que las reclamaciones iniciales a FEMA "se hicieron en el ICP por parte de los arquitectos de Patrimonio Histórico Edificado" Se alega que se ha desembolsado dinero público para hacer el trabajo de revisión de reclamaciones y el trabajo de gerencia de proyectos, logística de calendario, contratistas, etc. se ha hecho. Solo hay dos proyectos culminados, el de la Antigua Iglesia Metodista (antiguo Centro Cultural de Hatillo) y el del Museo Casa Luis Muñoz Rivera en Barranquitas. Bonita Radio circuló por escrito el pasado martes, preguntas específicas a la administración del ICP sobre el contrato a Sanchez Parés y los proyectos de reconstrucción y ninguna fue contestada. Se preguntó: Cuántas reclamaciones a FEMA tiene el ICP. (Información obtenida mediante la investigación) ¿Cuántos proyectos se han completado? Información obtenida mediante la fuentes) ¿Qué medidas de protección y conservación ha tomado el ICP en diversos edificios que tienen reclamaciones a FEMA, como el Fortín San Gerónimo, Fortín Conde de Mirasol, Museo de la Música Puertorriqueña, Museo de la Masacre, entre otros, que exhiben problemas a su estructura. ¿Qué otros fondos federales tiene asignado el ICP? ¿En qué condiciones se encuentran sus propiedades? Tampoco fue posible conseguir una reacción de la contratista y ex Jefa del DRD, Sánchez Parés. No contestó mensajes con el contacto de la corporación que está identificada en el registro de corporaciones del Departamento de Estado. A las 5PM en ¡Qué palo...es noticia! ampliamos esta investigación.

Por Carmen Enid Acevedo Periodista Bonita Radio En dos días y a un mes de pasadas las elecciones generales del 2020, el recién renunciante secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, firmó 11 contratos para empresas afiliadas al Grupo Prisa, corporación del desarrollador Federico 'Friedel' Stubbe Arsuaga, que sumaron $8.03M de fondos del Tesoro Federal bajo la Ley Cares, Fondo de Ayuda para atender la crisis de la pandemia del COVID-19. Las transacciones fueron autorizadas por Marrero cuando fungía como director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal (AFAF), lo que es al día de hoy y quien ocupa la gobernación interina cuando Pedro Pierluisi se ausenta del país y el que fuera hasta el 31 de enero secretario de Hacienda, Parés Alicea. El pasado martes seis de febrero, la publicación del Informe de Auditoría de 24-31 de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), develó un esquema de aprobación de fondos federales bajo el mencionado estatuto, que dejó 13 de esas sin descubrir cuando la AFAF no presentó los contratos a esa agencia tal y como dispone la Ley. Esta semana la AFAF radicó los contratos en la agencia que dirige la Contadora Pública Autorizada, Yesmín Valdivieso. Los hallazgos del devastador informe sobre el manejo de fondos Cares bajo la administración de la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garced, y de los dos funcionarios de la actual de Pedro Pierluisi, están referidos al Departamento de Justicia y a las autoridades federales. El informe de auditoría nunca trajo los nombres de las corporaciones que recibieron los cerca de $28M que se desembolsaron para esa industria en pleno año eleccionario y mientras la población estaba encerrada por la pandemia. Bonita Radio los descubrió en una pesquisa que contextualiza quienes fueron los beneficiarios y cómo se comportan en años pre y eleccionarios con la oferta político partidista. "El 8 de diciembre de 2020 el secretario de Hacienda y el director ejecutivo de la AAFAF formalizaron el Coronavirus Relief Fund Transfer Agreement (contratos) con cada una de las 13 entidades privadas, para un total de $24,420,348. Para los $3,667,264 otorgados a la Autoridad no se formalizó contrato por ser entidad pública", lee el Informe sobre los contratos que una investigación de Bonita Radio descubrió que se dieron en parte para las empresas de quienes son activos donantes del Partido Nuevo Progresista, Partido Popular en cuanto a legisladores y alcaldes. Las otras dos entidades a las que el Comité de Supervisión de Desembolsos - que creó a su vez el Programa de Asistencia a la Industria Turística y el Programa de Proyectos Estratégicos, para proyectos relacionados con el turismo y las campañas de mercadeo turístico - otorgó otros $15.6M sin descubrir los contratos a la OCPR son la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO, por sus siglas en inglés) y Metro Cinema Corp, propietaria de Caribbean Cinemas. El DMO es la corporación sin fines de lucro creada por la administración de Ricardo Rosselló Nevares, que maneja una porción significativa de dinero público para el mercadeo de Puerto Rico como destino. Bonita Radio tuvo acceso a por lo menos seis contratos de las empresas de gastronomía, administración y mantenimiento de propiedades hoteleras bajo el Grupo Prisa y los que se suscribieron con el DMO y Metro Cinema. Las entidades recibieron hasta $2M, DL Hotel Company y DL LLC, en contratos con AFAF que fueron desembolsados a través del sistema SURI de Hacienda, luego de contar con la firma de Parés Alicea y su subalterna, Natalia Villavicencio y del funcionario de AFAF, Guillermo Camba Casas. En medio de la pesquisa de la OCPR, AFAF justificó no enviar los contratos de fondos públicos con las corporaciones del Grupo PRISA, DMO y Metro Cinemas a la agencia alegando que "según la subdirectora de los Programas de Recuperación Fiscal de la AAFAF, el propósito del documento es traspasar la responsabilidad de cumplimiento a quien recibió los fondos. No mediante una relación contractual, sino una aceptación de que debían cumplir con los requisitos regulatorios", consigna el informe de OCPR en su página ocho. DONANTES POLÍTICOS LOS RECIPIENTES DE LOS FONDOS OTORGADOS A ESCONDIDAS Todas y cada una de las 11 corporaciones que recibieron fondos federales bajo el Cares Act, cuyos contratos no fueron descubiertos a la Oficina de la Contralora, están registradas en el Departamento de Estado por el Grupo Prisa , entidad de Stubbe padre e hijos, Federico y Cecilia a Stubbe González. La incorporadora y persona contacto de las inscripciones en el Departamento de Estado es Lourdes López, descrita como "coordinadora de proyectos y administradora general" en la página web del emporio. Las entidades agraciadas de fondos federales fueron negocios de venta de productos gastronómicos, administración de estacionamientos, una barra y dos entidades "hospitality". El entretenimiento y los negocios de gastronomía está constituido en negocios del Distrito T-Mobile, una propiedad de los Stubbe que ha estado apadrinada por el gobierno de Pierluisi desde su llegada en el 2021. Los Stubbe son donantes del PNP, de sus candidatos, Pierluisi, Thomas Rivera Schatz, los senadores Carmelo Rios y María Vega Pagan, los representantes, José Torres Zamora y Carlos Johnny Méndez y el alcalde de San Juan, Miguel Romero. También han donado a manos llenas a la Comisionada Residente, Jennifer González Colón. Los stubbe también donan al Partido Popular Democrático, sus candidatos como el hoy presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez y el portavoz de la minoría en ese Cuerpo, Angel Matos; el presidente del Senado, José Luis Dalmau y sus pasados candidatos a la gobernación. En pleno año eleccionario y en verano, Stubbe Arsuaga fue uno de los que llenó las arcas del Superpac, Salvemos a Puerto Rico, la herramienta que utilizó el convicto amigo íntimo de Pierluisi, Joseph Fuentes Fernández, para cargar financieramente la campaña del entonces candidato a la gobernación con donativos de individuos y empresas desde Puerto Rico a organizaciones sin fines de lucro tales como Puerto Rico Igualdad Futuro. Para conocer otros extremos de esta historia y a quienes más otorga donativos la familia Stubbe y sus allegados, sintoniza a las 8AM Noticias con Café en FB Live.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La administración del gobernador Pedro Pierluisi inició movimientos de personal en nueve agencias que incluye a la Oficina del Gobernador, para atornillar a empleados de confianza del Partido Nuevo Progresista (PNP) en posiciones de carrera a solo dos semanas de que venza la prohibición de transacciones de personal por ser año de elecciones. La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OARTH) publica en su portal lo que es un secreto a voces entre empleados públicos de carrera, que desde el mes de abril vieron la intención de los oficiales de recursos humanos de las agencias de iniciar las convocatorias "internas" para atornillar al personal de confianza. A este nuevo grupo de convocatorias, que vencen entre el 16 y el 20 de agosto, le antecedió otro "montón en el (Corporación del) Fondo y en (Departamento de) Educación. Lo que hacen es asegurarse que tendrán trabajo en enero con salarios iguales o bastante similares a los que tenían mientras fueron de confianza", dijo una de tres fuentes de entero crédito sobre el operativo de atornillados en la administración de Pierluisi, quien no va a la reelección luego de perder la primaria con la Comisionada Residente, Jenniffer González Colón. Las transacciones de personal supondrían que el-la nueva gobernante electo, tendría poco o ningún margen de nombramiento a su llegada a La Fortaleza y a la Rama Ejecutiva. En el portal de la OARTH hay 36 convocatorias todas internas entre la Oficina del Gobernador (18), Autoridad de Carreteras y Departamento de Seguridad Pública (DSP) (6); Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Administración de Compoensación de Accidentes Automóviles (ACAA), Autoridad de Puertos, Autoridad para el Desarrollo de Terrenos y Facilidades de Roosevelt Roads, Departamento de Asuntos al Consumidor (DAC) y Comisión para la Seguridad en el Transito (1), respectivamente. Vencieron el 10 de julio otras 12 en el CFSE. Entre las plazas abiertas para que sean ocupadas por personal de la Oficina del Gobernador, figuran Coordinadores de Eventos; de Ayuda al Ciudadano; de Conservación y Mantenimiento; Trabajador de Mantenimiento; Gerente de Gerencia de Proyectos, Ilustrador Gráfico y Supervisor de Archivo y Correspondencia. Los salarios en las convocatorias de La Fortaleza comienzan en $ En el CFSE, hubo convocatorias igualmente internas, Subgerente de Servicios Corporativos; Sub director de tesorería y Pagador. Hubo una convocatoria para Enfermera pero se hizo externa. En el caso del DE, el cúmulo de transacciones se inició entre los directores de Regiones Educativas, uno de los empleados de confianza que tiene el salario más alto en esa agencia. El Centro de Periodismo Investigativo reseñó en julio la existencia de "u na demanda por parte de seis directores escolares alega irregularidades durante los procesos de reclutamiento de las convocatorias relacionadas a IDEAR. Los demandantes, José Luis Jiménez Negrón, Pablo D. Ortiz Feliciano, Nitza M. Sánchez Cartagena, Rubén Díaz Flores, Jessica Ortega Irizarry y Ramón Burgos Rosado reclaman que “el único elemento común de todos los demandantes que fueron rechazados por el Departamento es que no eran afiliados al Partido Nuevo Progresista o eran simpatizantes de un sector del Partido Nuevo Progresista distinto al de la Secretaria Raíces y el Gobernador de Puerto Rico”.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El 20 de enero de 2019, Christian Sobrino escribió un mensaje en el "war room" del Telegram Chat en conversación con sus compañeros de gobierno, incluido el gobernador, Ricardo Rosselló Nevárez, utilizando la imagen de los muertos que ocasionó el huracán María en el 2017, para tratar de desviar la atención de la crisis que causó que las autopsias tardaban en realizarse hasta tres semanas por problemas de personal de patología forense. Sobrino Vega, un novato en la administración pública con entonces múltiples sombreros en el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) - director ejecutivo de la Administración de las Alianzas Público Privadas; representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal y Principal Oficial Financiero - repitió la palabra "CUERVOS" en tres ocasiones hasta que espetó sin compasión ni medida, ¿No tenemos un cadáver para alimentar a nuestros cuervos? Para Sobrino Vega, esos cuervos eran los periodistas o comunicadores que insistían en cuestionar a los administradores del gobierno de Rosselló Nevárez lo que sus asesores trataron de esconder y manipular hasta el último día de su renuncia en el verano del 2019. Esos que según él recogen "lo que está en el piso ya. Pero así son los cuervos. Le das un ojo y quieren el otro. Muy fuerte el asunto". En el 2024, el denominado en redes el “zobrinovich” no ha dejado de intentar manipular la opinión pública con propaganda. Tiene claro que esa es su función en las horas que tiene en medios tradicionales. Cinco años más tarde del descubrimiento colectivo de cómo pensaba el “servidor público” del país y de la prensa y a propósito de su posicionamiento como "vaciador de 'talking points'" a favor del PNP, Sobrino Vega llamó "pendeja" a la representante de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, luego de que ésta criticara a la periodista Carmen Jovet en una entrevista con Alexandra Lúgaro. Entre un comentario y otro - solo se disculpó por el comentario del 2019 - Sobrino Vega sin embargo, se inclinó hacia el mundo de las organizaciones sin fines de lucro que alegan tener como misión dar "júbilo, alegría gozo", como "hombres de Cristo" a la humanidad, según la escritura en latín del Gaudium et spes. (El Gaudium es la única constitución pastoral del Concilio Vaticano II, trata sobre «la Iglesia en el mundo contemporáneo y fue aprobada por los padres conciliares el 7 de diciembre de 1965 "y solemnemente promulgada por el papa Pablo VI ese mismo día"). "Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo", lee el Gaudium que Sobrino Vega; los financieros Mikel Eguía Moreda y Raul Vidal y Sepúlveda y el licenciado Rafael Rovira Arbona, utilizaron como base para crear la Fundación que recibe donativos de beneficiarios de la Ley 60, a pesar de que su obra principal es el apoyo a la construcción de un hospital en El Cairo, capital de Egipto. El apego a la historia de la Iglesia Católica de los directivos de Gaudium, define la imagen de su marca, desde el nombre hasta las actividades en Roma, la Basílica de San Pedro, el Vaticano y las comparecencias con el "Santo Padre". De los $228K que recibieron de dinero de los beneficiarios de la Ley 60 en el 2022, se destinó en parte a la construcción de un hospital para niños y mujeres en El Cairo, Egipto, proyecto de la Fundación de ese país “Bambino Gesù of Cairo Onlus”. "El Hospital prestará asistencia médica y sanitaria a niños desfavorecidos y mujeres embarazadas en la Nueva Capital Administrativa de la República de Egipto", lee la descripción en la página web de Gaudium. De entre los directivos de Gaudium, las redes dan cuenta de la devoción de Sobrino Vega y de Vidal Sepulveda. Eguia Moreda y Rovira Arbona solo se ven en las fotos del verano del 2023 en la sede de El Vaticano. La página de la Asociación Bambino Gesu, establece que Vidal Sepulveda viajó a Egipto en unión a otros comerciantes y oficiales que apoyan a la Asociación, incluido el embajador de los Emiratos Arabes en El Cairo. Vidal Sepulveda, un ex asesor en La Fortaleza de Luis Fortuño, es interesantemente uno de los pocos miembros de la Junta de Gobierno de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), donde se sienta desde el 2018. Su perfil en la red de profesionales Linkedln así lo confirma. La oficina de Prensa del Departamento de Desarrollo Económico no contestó la pregunta de quienes son los miembros de esa Junta. Del tracto legislativo de los nombramientos a esa Junta desde el 2017, se establece que otra miembra es Adriana B. Ramírez - 6/8/2017 y Eric Santiago Justiniano. Desde la administración de Rosselló Nevárez han habido otros dos nombramientos - José Carrero Pagán y Zulma N Suárez González, de Baxter Pharmaceutical y Boston Scientific, respectivamente y ambos fueron retirados. Vidal Sepulveda es socio propietario de Omnia Economic Solutions desde donde precisamente son cabilderos y asesores de los beneficiarios de la Ley 60. Se auto describen como "la única firma de desarrollo económico de servicio completo en Puerto Rico, combinando años de experiencia tanto en el sector público como en el privado, incluyendo la participación inicial durante la creación y promoción de las Leyes 20&22. A través de sus oficinas en San Juan y Nueva York, Omnia ha transferido con éxito docenas de entidades e individuos a las costas fiscalmente amigables de Puerto Rico". Su socio es Roberto Corretjer Reyes. Como miembro de la Junta de PRIDCO, Vidal Sepúlveda tiene acceso al catálogo de propiedades de PRIDCO que según su portal web, "ofrece un lugar ideal para iniciar o expandir su negocio. "Es la compañia de bienes raíces industriales y comerciales más grande y completa de Puerto Rico". Bonita radio solicitó entrevista a Sobrino Vega y a sus socios y ninguno contestó la petición. El Centro de Periodismo Investigativo reveló la semana pasada los movimientos de donativos de beneficiarios de la Ley 60 a OSFL que incluyen a Gaudium et Spes, que no cumplen con la ley en términos de que utilizan ese dinero para adelantar proyectos fuera del país, en lugar de invertirlos en la Isla. En el caso de Gaudium, incluso a donado dinero a una OSFL organizada en el 2021 "para promover el espíritu empresarial y facilitar el desarrollo económico de la isla. Nuestro equipo cree en el poder de las personas y sus ideas. Al conectar a individuos y organizaciones con los recursos adecuados, podemos crear un Puerto Rico más fuerte lleno de oportunidades de negocio e inversión". Uno de sus directivos, Happy Walters y co fundadores, es donante del gobernador, Pedro Pierluisi. El fundador de Puerto Rico Icon es Richard Santana Villanueva, propietario de Colectivo Group, firma de bienes raíces que consigue propiedades para aquéllos que reciben incentivos contributivos bajo la Ley 60. Para conocer más sobre esta historia, conéctate hoy a Youtube Live en ¡Qué palo...es noticia! a las 5PM.

Abogada de carrera contesta con evidencia señalamientos de prejuicio por parte de abogado de José del Carmen Vargas e Irma Llavona Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La secretaria del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Anais Rodríguez Vega, no aceptó la petición de la abogada de carrera en la agencia, María Ortega Ramírez, para retirarse del caso ante la estrategia de la defensa de los suegros de la Comisionada Residente Jennifer González Colón, de imputarle prejuicio para desbancarla como examinadora del asunto que imputa en el ámbito de lo civil, crímenes ambientales en La Parguera. El documento de dos páginas intitulado, Resolución Interlocutoria con fecha del 31 de julio, establece en su página dos inciso D que: “ Se Declara NO HA LUGAR la inhibición solicitada por la Oficial Examinadora, en el caso de epígrafe y se le instruye a continuar atendiendo el mismo”. Miguel Torres Torres, abogado de Josue del Carmen Vargas e Irma Llavona, suegros de la candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la gobernación, González Colón, insiste desde agosto del año pasado cuando se radicó la querella por crímenes ambiéntale, que los abogados de la agencia experta son selectivos manejando el caso. Vargas Ramírez, una abogada con sobre 30 años de servicio en la agencia, rindió un informe del caso contestado al pedido de inhibición y estableciendo que Torres Torres - un ex abogado de la Junta de Calidad Ambiental - “falta a la verdad y tergiversa los hechos y escritos que obran” en el expediente. “En mis más de 27 años actuando como Oficial Examinadora, 30 como funcionaria pública, hasta las imputaciones y acusaciones recibidas en este caso, no había sido tan atacada en mi gestión profesional como lo he sido en el caso de epígrafe, de parte del abogado de los querellados. Debe de haber un límite razonable y ético a la hora de representar los intereses de un cliente y no se puede bajo la alegación de "debido procedimiento de ley" tratar de controlar un caso y esperar o exigir que se acepten todas sus solicitudes a conveniencia y por los fundamentos que él entienda pertinentes”, acotó Ortega Ramírez en el informe sobre el caso. En abril, la abogada amonestó a los querellados advirtiendo que “la conducta procesal reiterada de la parte querellada de no cumplir con lo ordenado en el curso del caso de autos está plasmada en todo el expediente”, expresó citando vista para el 16 de mayo de este año que quedó suspendida ante la solicitud de inhibición que radicó la defensa y que tuvo el efecto de paralizar los procedimientos. En esa vista, Torres Torres tendría la oportunidad de refutar la prueba del DRNA, traer peritos y contra interrogar testigos. Aquí el informe de la examinadora: #periodismoindendiente #noticia #seguimiento

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Be Social, una corporación de relaciones públicas que se creó en el Departamento de Estado en el 2018, fue incorporada por Juan José Díaz Díaz, propietario de Dilo Comunicaciones y ambas entidades tienen contratos que suman $449K del 2024-2025 con el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) con la definición de las mismas tareas en el renglón de comunicaciones. Mientras los administradores del DRNA, que dirige Anaís Rodríguez Vega, alegan que tienen problemas de presupuesto que este año sufrió reducciones de hasta $60 millones del que se dio en el 2024, la agencia encuentra dinero para satisfacer los contratos de Be Social y Dilo Comunicaciones, a pesar de que ambos tienen tareas idénticas como diseño de estrategias; manejo de crisis, diseño gráfico, 'branding", discursos, adiestramientos de prensa; media training, entre otras. La pesquisa que trajo Bonita Radio el pasado lunes y que coloca a Díaz Díaz con contratos de $2.1M bajo la administración de Pedro Pierluisi, se expande cuando fuentes de entero crédito pusieron en contexto la relación de negocios de este contratista con Luis Joel Díaz Rivera y Aniel Bigio, quienes figuran como agente residente y presidente, respectivamente, en la radicación de los documentos oficiales de Be Social en el DE, el 17 de febrero del 2018. Díaz Díaz, también es incorporador en esa corporación y fue tesorero en el 2018. Los documentos de Be Social del 2023, colocan a Díaz Rivera como presidente y tesorero con dirección postal en PO Box 1885, COROZAL, PR, 00783. Esta es la misma dirección de Dilo Comunicaciones desde que fue incorporada por Díaz Díaz en el 2014. El gobierno de Pedro Pierluisi ha pagado sobre $2 millones a Díaz Díaz y otros $2.3M a Díaz Rivera, al aprobarle contratos de relaciones públicas con agencias como Departamento de Transportación y Obras Públicas; Administración de Familias y Niños; ACUDEN; Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico; Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico; Autoridad de Transporte Integrado (ATI); Departamento de la Familia, Sistema 911, entre otras. Del 2023 al 2024, Pierluisi pagó $8.4 millones a miembros del PNP que fungen como oficiales de prensa que tienen entre sus deberes ser el enlace entre periodistas y oficiales públicos y no contestan pedidos de información pública. En el caso de Díaz Díaz, el pasado lunes intentó desmentir la investigación de Bonita Radio sobre sus contratois en la actual administración y en la de Ricardo Rosselló Nevárez y lo llevó a identificarse como un fotuto del Partido Nuevo Progresista (PNP) trabajo que según dijo: "lo hago de gratis". A las 8AM en Noticias con Café por FB live traemos más información y análisis sobre la continuación de esta pesquisa.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El gobierno de Pedro Pierluisi gastó $16.9M del 2021 al 30 de junio de este año , en contratos con relacionistas profesionales allegados al Partido Nuevo Progresista (PNP) que a pesar de que tienen entre sus deberes contestar peticiones de información y ser elementos de enlace con periodistas, en su mayoría no cumplen con esa claúsula del contrato. Se renegociaron nuevos contratos entre julio del 2024 y algunos de los que llegan a junio de 2025, por $1.1M de los cuales la corporación JLJ, LLC, de Leticia Jover, tiene una tajada de $407K con cuatro agencias. En un solo año y en el que Pedro Pierluisi se esforzaba para ser el candidato a la gobernación de noviembre, su administración pagó $8.4 millones en contratos a relacionistas profesionales, entre estos a uno que es fotuto en redes sociales a favor del PNP y de su directora de comunicaciones en la campaña primarista. Juan José Díaz y Lisdián Acevedo Roman, Dilo Comunicaciones y Perfect Pivot LLC, respectivamente, figuran como dos de los oficiales que más contratos tienen y que mantienen un patrón de no contestar peticiones de información y solicitudes de entrevistas con jefes de agencia. Caso 1: 1:36 PM 10 de abril 2024 Un oficial de comunicaciones por contrato del gobierno de Puerto Rico no contesta las peticiones de información que se le hacen a través de correo electrónico y por mensajería de Whatsapp. A las 11:30 del mismo día había invertido de su tiempo en comentar el desempeño de la prensa en cuanto a la denuncia de que el hijo del Gobernador Pedro Pierluisi tiene dos propiedades en Punta Jacinto en Guánica, con desarrollos y renovaciones con aprovechamientos en el bien de dominio público zona marítimo terrestre. La petición de información nunca fue contestada. Uno de los múltiples contratos que tiene Juan José Díaz y su corporación, Dilo Communications es precisamente con el Departamento de Recursos Naturales (DRNA), agencia con jurisdicción en la controversia pública que involucra al exitoso empresario de alquileres a corto plazo, Anthony Pierluisi Rojo. Entre todos los contratos, Díaz amasa $3.4M hasta el 30 de junio entre las administraciones de Ricardo Rosselló Nevárez, Wanda Vázquez Garced y Pierluisi Urrutia. A partir del primero de julio, tiene otro vigente con la Administración de Familias y Niños con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, por $124,500 y otro del 15 de julio al 30 de junio de 2025, por $249K con el DRNA. Caso 2:50PM 24 de abril de 2024 . Bonita Radio solicita información pública sobre nómina de Departamento de Salud a Lisdián Acevedo Román y a su 'ayudante' Valerie Idel Díaz. 10:33AM Bonita Radio recibió comunicado de prensa de relaciones públicas anunciando actividad de Autoridad de Tierras. Los contratos de Perfect Pivot, corporación de Acevedop Roman en gobierno llegan a una facturación de $1.7M sólo en la administración de su jefe político, Pierluisi Urrutia. La petición de información nunca fue contestada. A pesar de esa inversión de dinero público, la practica de no contestar peticiones de información se ha agudizado en las últimas dos administraciones de gobierno. Solo en este cuatrienio, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) ha tenido que presentar 20 demandas por acceso a la información. Una de las demandantes ha sido la oficial de comunicaciones por contrato y quien fuera jefa de Comunicaciones de la campaña primarista de Pedro Pierluisi, Acevedo Roman. La joven empresaria tuvo contratos de sobre $650K entre julio de 2023 y el 30 de junio del 2024, y es una de las que aúpa parte de los $16.9M que el incumbente ha gastado en contrataciones con empresas e individuos cuyo trabajo es asesorar a jefes de agencia en materia de comunicaciones. Acevedo Roman tiene contratos con la AT para manejarle las relaciones con la prensa; escribir y mover comunicados de prensa entre los medios, entre otras funciones. Su facturación es tan irregular que en un solo mes, facturó seis meses para un monto de $47,150. Ni Díaz ni Acevedo Román contestan peticiones de información pública de Bonita Radio, ni de otros periodistas. "Verifico", "Tramito tu solicitud", "Lo canalizo", son algunas de las contestaciones que se dan al recibo de una petición y tampoco contestan ni cumplen con los términos de la Ley de Transparencia que le da a las agencias y funcionarios, diez días para atender las peticiones de información pública. En el caso de Díaz, quien ha tenido hasta $2.1M en contratos con la actual administración, no ha contestado peticiones de información pública de Bonita Radio desde el 2022, a pesar de que entre sus funciones descritas en los instrumentos legales que firma todos los veranos con duración de un año, está "Relaciones con los medios (radio, prensa escrita, televisión, etc.)". La única ocasión en que contestó un mensaje de texto dijo: "en este momento estoy sin contrato, pero una vez lo reciba lo canalizo". Nunca contestó la petición. Dilo Comunicaciones tiene contratos registrados con Departamento de la Familia; DRNA; Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia; Familias y Niños; Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico; Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) y Autoridad de Carreteras; Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1 Junta de Calidad Ambiental. Los de ADSEF fueron cancelados en diciembre 2023. Díaz no contesta mensajes de petición de información pero tiene no menos de tres mensajes diarios contestando y comentando contenido periodístico de corte político partidista con lineas favoreciendo al PNP. Su activismo se intensificó previo a la primaria de Ley el pasado dos de junio. El caso arriba mencionado es uno de ellos. Sus publicaciones siguen la línea de políticos del PNP que atacan al mensajero cuando es periodista en lugar de ir sobre el contenido que se publica. Díaz se vanagloria de hacer el trabajo de posicionar la retórica del PNP en las redes mientras no cumple con una de las cláusulas de sus contratos pagados con dinero público. La actividad "fotutera" y/o de "troll" del PNP bajó de intensidad cuando su candidato a la primaria, Pierluisi, perdió la posibilidad de ser el candidato a la gobernación en noviembre. Entretanto, Acevedo Román vio un aumento de sus contratos en un 600% dos meses después de que el Gobernador llegó al poder en el 2021. Entre el 2017 y el 2020, contrató con su nombre antes de que creara PP a tres semanas de que Pierluisi Urrutia juramentara a su posición electa. Salud, Departamento de Asuntos del Consumidor, el Senado y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), fueron sus contratos bajo su nombre entre el 2009 y el 2021 por $287K. Hoy tiene contratos por $1.7M con Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico; ACUDEN, AT; Salud; CEE; Centro de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC). La última vez que este medio solicitó información de una agencia pública a Acevedo Roman fue la tercera semana de junio en torno a COSSEC, sin obtener respuesta. Como contratista de la AT, Acevedo Roman presenta facturas que llegan a cubrir sobre seis meses en una sola facturación para un monto total de $47,150 pagaderos en enero del 2024. Ha donado a las campañas de su jefe, Pierluisi, unos $4,750 en tres donativos en diciembre 2022, septiembre 2023 y el 30 de abril pasado. Su corporación fue creada en diciembre del 2020 a un mes de que Pierluisi ganara la elección general. Entretanto, Damarisse Martínez, relacionista profesional también contrata con gobierno y ha tenido de sobre $1millón durante la presente administración que termina en diciembre. Martínez, esposa del analista político, Carlos Díaz Olivo tampoco contesta requerimientos de información y en cambio, planifica actividades mediáticas de relaciones públicas que circula sin fallar a los medios informativos. Entre estas, organiza las coberturas mañaneras de las incidencias policiacas y las jiras de medios del comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa en casos de alto interés público. Martínez firmó un nuevo contrato con el DJ por $56K entre julio y diciembre del 2024. En total son diez las corporaciones que crearon estos allegados al PNP para acceder a los contratos de gobierno en materia de comunicaciones, una actividad corporativa que esa colectividad puso de moda a partir de los años 90, época del ex gobernador Pedro Rosselló. Ese operativo se intensificó en la época de su hijo, Ricardo Rosselló, cuando en su mayoría esos relacionistas fueron traídos al gobierno por el ex asesor de La Fortaleza, Carlos Bermúdez, hoy encargado de comunicaciones de la campaña a la gobernación de Jenniffer González. La experiencia periodística es que sólo algunos de los que quedan con mayor tiempo en el campo de las relaciones públicas, como Migdalia Rivera, contestan llamadas y pedidos de información. MR Best Communications ha acumulado contratos de sobre $1.7M en las dos administraciones del Ejecutivo PNP, Rosselló Neváres, Wanda Vázquez Garced y Pierluisi Urrutia, así como en el municipio de Bayamón donde tiene contratos desde los años 80. 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