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La Núm 13 de 1989, pero con enmiendas hasta el 2017, solo permite un diferencial de 1/3 parte del salario base de $80 mil para secretarios de agencia Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio La secretaria del Departamento de Estado, Verónica Ferraiuoli Hornedo y la del Departamento de Justicia, Janet Parra, ganan hoy entre $84 y $34 mil respectivamente, por encima de los $106K que según la Ley para Fijar el Sueldo del Gobernador y de Otros Funcionarios de Gobierno ganarían jefes de agencia por tener hasta 1/3 parte del salario base de $80K como diferencial por dinero dejado de ganar en el empleo anterior a tener el cargo público. En el caso de la Secretaria de Estado el tipo es de $90k. El estatuto, que data de la administración del ex gobernador Rafael Hernández Colón, ha sido enmendado en 14 ocasiones entre otras razones, para designar el mencionado diferencial a otros 'Secretarios" otorgándole al Gobernador "la facultad de honrar el sueldo original de aquellos funcionarios públicos que por razón de necesidades del servicio público hayan tenido que asumir la dirección de un organismo o entidad gubernamental que conlleve la reducción del salario que devengaban en su anterior posición". Las últimas tres administraciones, todas del Partido Nuevo Progresista (PNP) han dado salarios a manos llenas sin cumplir con la Ley 13. La gobernadora Jenniffer González Colón defendió los salarios de su gabinete constitucional y otras agencias como ASEM, en una conferencia de prensa en La Fortaleza. Foto: Toñito Zayas, END El salario más alto de los jefes de agencia del Gobierno de la administración de Jenniffer González Colón es el del doctor, Regino Colón Alsina que devenga $274 mil anuales por dirigir la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), el conglomerado del Centro Médico. Esta cifra representa $168 mil por encima del tope de $80K si le aplicara la Ley 13. Ayer, González Colón defendió y justificó ese y demás salarios, incluídos los del matrimonio, de Francisco Domenech y Ferraiouli Hornedo, alegando que "Obviamente, se ganan más que eso en el sector privado. Estas personas que están en esos salarios, literalmente, están recibiendo un pay cut por trabajar en el gobierno ”. Bonita Radio intentó obtener reacción de La Fortaleza sobre la información que ubica a Secretarios y otros jefes de agencia ganando sobre el diferencial permitido por Ley y la oficial de Prensa de la gobernadora, Marieli Padró, no contestó llamadas ni mensajes a través de Whatsapp . La última enmienda a la Ley 13 que amplió a otros "Secretarios" el diferencial de una tercera parte del salario base de $80K, se dio bajo la Ley 199 de agosto del 2003 que estableció además que el estatuto aplicaría a "cualquier otro Secretario que mediante la creación de un departamento establezca la Asamblea Legislativa". Los salarios más altos del gobierno de la presente administración del Partido Nuevo Progresista (PNP), contrastan con los que devengaban en otros gobiernos de la misma colectividad en los que la Gobernadora hoy fue Comisionada Residente. En el caso del salario del Secretario de Seguridad Pública, (DSP), agencia creada por la legislatura de Thomas Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez en abril del 2017, el nuevo secretario, Arthur Juluis Garffer Croly, tiene un salario de $160K versus los $126K que se ganaba el saliente, que según trascendió en su vista de confirmación en marzo del 2021 se recortó en $84K anuales por entender que la situación fiscal de la agencia así lo ameritaba. En comparación con la administración de Ricardo Rosselló Neváres, Ferraiuoli Hornedo sobrepasa por $75 mil el salario de Luis Rivera Marín y Domenech supera por $57 mil los que ganaba en el 2017, William Villafañe. Conéctate a Esto es lo último a las 11AM por canal de Bonita Radio en Youtube donde ampliamos la historia y te decimos cual es el único salario que estaría cumpliendo con la disposición de la Ley 13.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El ex alcalde penepé de Cidra, José E. Carrasquillo Cruz, hoy secretario de administración del Senado que preside, Thomas Rivera Schatz, no será procesado por corrupción en cuanto a sus vínculos con contratos de basura con el convicto federal, Oscar Santamaría, según lo decidió el Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) el pasado 12 de febrero, el mismo día en que firmó un contrato con el 'brother del chat", Anthony Maceira Zayas. Javier Carrasquillo Cruz, ex alcalde de Cidra y Asesor de Asuntos Municipales de la administración Pierluisi hasta 2022. Foto: Noticel En una decisión que no ha sido hecha pública por el FEI pero entregada por esa oficina a petición de Bonita Radio, el Panel alega que las fiscales, Ileana Agudo Calderón y Leticia Espada, decidieron que no obtuvieron prueba para acusar a Carrasquillo Cruz por delitos relacionados a violaciones de la Ley de Etica y soborno alrededor de los contratos de Waste Collection en el municipio de Cidra. El lunes, Bonita Radio reveló que Maceira Zayas tiene u n contrato de $150K de cuatro meses en el Senado, que precisamente lo llevaron el domingo a Washington a cabildear por la estadidad junto a Rivera Schatz y una delegación senatorial y otros políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP). Anthony Maceira Zayas y Thomas Rivera Schatz en Washington cabildeando por la estadidad. Waste Collection era la empresa de Santamaría, un ex asesor del PNP que se convirtió en testigo en los casos de corrupción contra los hoy convictos, Angel Pérez, Félix El Cano Delgado, del PNP, Luis Arroyo Chiqués y Eduardo Cintrón Suárez, del Partido Popular Democrático (PPD), entre otros. En el caso de Carrasquillo Cruz, durante su incumbencia en Cidra fue que Santamaría y Waste Collection obtuvieron su primer contrato millonario para el recogido de basura y según Arroyo Chiqués dijo en su vista de sentencia en el Tribunal Federal, desde allí se gestó el pedido de sobornos a través de esas contrataciones Oscar Santamaría saliendo del Tribunal Federal Pero, el FEI alega que no encontró evidencia contra Carrasquillo Cruz. La pesquisa original data del 2015 y siete años más tarde fue investigado por el FEI - que dirige la ex jueza Ygri Rovera y el ex juez, Rubén Vélez. Las mencionadas fiscales "coinciden con la conclusión del informe del Departamento de Justicia de que no hubo una actuación del exalcalde Carrasquillo Cruz violatoria de alguna disposición de naturaleza criminal por infracciones a la Ley de Etica Gubernamental, ni a las disposiciones del Código Penal de Puerto Rico. Esto, particularmente, respecto al Articulo 254 del Código Penal de Puerto Rico de 2012, sobre Intervención Indebida en las Operaciones Gubernamentales y el Articulo 259. sobre soborno", lee la resolución del Panel después de haber recibido un informe de las fiscales el 23 de enero de este año. Alegaron que "no existe evidencia documental o testifical de que Carrasquillo Cruz obtuviera algún beneficio ilegal para 51 o un tercero como requiere la configuración del delito que contempla el Articulo 254 del Código Penal. Tampoco se obtuvo prueba de que Carrasquillo Cruz hubiese solicitado a recibido dinero o cualquier beneficio no permitido en ley al suscribir el contrato del municipio de Cidra con Waste Collection, Corp., ni que un tercero hubiese participado en un esquema de soborno en unión a Carrasquillo Cruz", establece el documento. En su informe final, las fiscales especiales independientes incluyeron la declaración del querellante y el resumen del testimonio de nueve testigos adicionales, "quienes no aportaron evidencia alguna sobre hechos que sostengan alguna actuación ilegal por parte del exalcalde Carrasquillo Cruz". El caso contra Carrasquillo Cruz se atendió desde el 2015 en el FEI sin resolverse hasta que en el 2022 se reactivó ante la petición de la prensa sobre la pesquisa que data de la administración de Alejandro García Padilla como gobernador. La querella presentada el 11 de agosto de 2015, en ci Departamento de Justicia de Puerto Rico, por Azriel Rosario Martinez, quien alegó, que el entonces alcalde incurrió en actos de corrupción y conflicto de intereses. "La OPFEI no fue notificada por dicho Departamento, conforme requiere la ley, de que se realizaría una investigación, ni de ningún otro procedimiento posterior, relacionado con dicha querella". En aquél momento realizaron la investigación en Justicia - años 2015 y 2016, y el 5 de abril de 2016 - los entonces fiscales Alberto Valcárcel Ruiz, Wilda Joy Nin Pacheco y Vilmary Rodriguez Pardo, quienes "suscribieron un informe sobre el resultado de ésta, titulado Informe en Solicitud de Cierre de la Investigación relacionado con alegadas violaciones" por parte de Carrasquillo Cruz.

Borrador de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) trae información de los impactos y la pretensión del desarrollador de construir un museo con las piezas Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El 24 porciento de los yacimientos arqueológicos que existen en la huella de construcción del proyecto hotelero y residencial de lujo Esencia en Cabo Rojo, sería impactado directamente por el desarrollo y un tres porciento sería integrado y mantenido visible para "el disfrute de los visitantes del proyecto". Un borrador de Declaración de Impacto Ambiental de 308 páginas es parte de los documentos que se encuentran en el portal de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y establece en su página 176 que un 24 porciento de los recursos culturales sería impactados por el desarrollo, un 73% quedará en los campos de golf fuera de las "áreas construidas libres de impacto directo" aunque aclara que "cuando sea necesario quedarán sellados bajo el terreno, siguiendo las metodologías arqueológicas aceptadas luego de los estudios pertinentes". El área de Los Pozos en Boquerón donde se pretende desarrollar Esencia. . (Foto captura del documental, la Esencia del Conflicto de Gabo Morales) Además, el proyecto contempla, según el borrador de la DIA, "un área de exhibición en el museo a localizarse en el West Town Center. En el mismo se conservarán y se exhibirán para el disfrute del público los yacimientos impactados que el ICP indiquen se pueden conservar". El proyecto propuesto está compuesto de 81 parcelas en un predio de unas 1,549 cuerdas. "Específicamente, se propone el desarrollo de: 530   unidades de hotel; 1,132 residencias turísticas unifamiliares y multifamiliares ; una escuela con 500 unidades de vivienda o dormitorios para estudiantes ; áreas recreativas; campos de golf; áreas de servicio médico; áreas comerciales y de entretenimiento; áreas de agricultura; y áreas de servicio e infraestructur”. A una semana de que se celebren vistas públicas en la Legislatura Municipal de ese pueblo, sobre el desarrollo que se planifica en el en la bahía de Boquerón, el informe que realizó la firma que diseñó el proyecto para cumplir con el requerimiento del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) de un Estudio Arqueologico Fase IA-IB, no arroja luz sobre cual sería la estrategia de campo para llevar a cabo la próxima fase de estudio que negaría o confirmaría yacimientos arqueológicos en una zona ya identificada como de alta sensitividad. Tal y como reveló Bonita Radio en exclusiva el pasado dos de febrero, la Fase IA  contiene la información base necesaria para poder establecer la sensitividad arqueológica del área bajo estudio y que identificó no menos de 140 recursos culturales lo que obligó al ICP a requerir la Fase IB  que "consta de intervenir (usualmente por medio de excavación de pozos de sondeo y/o trincheras) la superficie del terreno del área propuesta para desarrollo con el propósito de determinar si existe material arqueológico bajo la superficie del terreno estudiado".    Los arquitectos Álvarez, Díaz y Villalon - Ricardo Álvarez Díaz y Cristina Villalón - contrataron a la firma Arqueo, del arqueólogo Federico Freytes para fizar la evaluación Fase IA. Además de desarrolladora Villalón se sienta en la Junta de Directores del ICP. Ella y Álvarez Díaz son donantes activos de la gobernadora, Jenniffer González Colón y del Partido Nuevo Progresista (PNP). Se alega que esa Fase IB está en proceso de planificación por lo que "al momento no contamos con el beneficio de que el proceso de identificación de los recursos culturales existentes en el área.  Esto debería afectar el proceso de cumplimiento ambiental del proyecto (que se está trabajando por medio de una Declaración de Impacto Ambiental o DIA) ya que el tema de los recursos culturales es ámbito de evaluación de las DIAs", dijo a Bonita Radio la arqueóloga Raquel Camacho.  "Al no tener identificadas todas las áreas arqueológicas, no se puede pasar a establecer las medidas de evitar, minimizar y/o mitigar los impactos que el proyecto pudiera causar a dichos recursos.  No podemos proteger lo que no sabemos que existe", destacó Camacho, quien ha sido voz de los peritos arqueólogos sobre cómo el gobierno ha dejado fuera de los proyectos de construcción el cumplimiento con la Ley 112 de 1988 que crea el Consejo Arqueológico . Mapa del área de Esencia, publicado por Rumbo Alterno. Además, el gobierno tampoco ha hecho valer el Reglamento 8932 para la Radicación y Evaluación Arqueológica de Proyectos de Construcción y Desarrollo, aprobado el ocho de febrero de 2017 y que otorga jurisdicción al Consejo para intervenir en las diferentes etapas de los proyectos de construcción.   Es con los resultados de la Fase IB que "tendríamos un inventario completo de los recursos culturales existentes dentro del área propuesta para desarrollo", según lo establece el reglamento 8932, insistió Camacho. La Ley 112 en su Sección 10 establece que cualquier actividad que implique movimiento de terreno será ilegal si no cuenta con la autorización del Consejo Arqueológico. El Consejo ha sido desarticulado por la dirección del ICP que no los reune desde el 2019. El presidente es el director del Instituto, Carlos Ruiz Cortés. Conoce más detalles de esta historia a las 11AM en Esto es lo último en el canal de YouTube de Bonita Radio .

El impacto de proyectos de construcción como el de Esencia en Cabo Rojo no se atienden porque el director del ICP no convoca a los expertos en la materia Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Sitios arqueológicos identificados en la zona donde se pretende construir el proyecto Esencia en el sector Melones en Cabo Rojo. El Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico, creado por la Ley 112 de 1988, ha venido sufriendo de la desidia de las administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y desde el 2019 no ha sido convocado por el director del Instituto de Cultura y presidente, Carlos Ruiz Cortés, para atender querellas relacionadas a desarrollos como el de Esencia en Cabo Rojo y antes, el de la construcción de un hotel en medio de un embalse en Luquillo. Los desarrollos del Hotel en Fairfield by Marriott en Luquillo y el de Esencia en Cabo Rojo tienen un asunto en común: uno fue propuesto y se materializó por el donante del PNP, Federico Stubbe y el segundo en vías de gestionar los permisos a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), también tiene como principal diseñador al arquitecto y donante, Ricardo Álvarez Díaz y su esposa, Cristina Villalón. De izquierda a derecha, arquitecto, Ricardo Alvarez Díaz y Roberto Ruiz y Will Bennett del inversionista de Esencia, Three Rules Capital. La última vez que Ruiz Cortés convocó al Consejo que preside fue en septiembre del 2023 para apercibirlos de que su función fue transferida a la OGPe desde que el ex gobernador, Luis Fortuño realizó una reforma de ese trámite en el 2009. Ese fue el inicio del “plan por diseño” de sacar del medio a las agencias expertas que intervienen en los permisos de construcción. Carlos Ruiz Cortes, presidente Consejo Arqueológico de Patrimonio Arqueológico Terrestre y director del ICP La expresión pública de Ruiz Cortés la dejó caer flanqueado de un par de abogados novatos y el sub director del ICP, Freddy Vélez, en una vista en la Cámara de Representantes en el 2023 donde se investigó el abandono en que mantiene la administración PNP del ICP a ese Consejo. Esa interpretación la trajo Ruiz Cortés luego de que arqueólogos como Ivor Hernández y Maritza Torres Martínez, miembros del Consejo insistieron en que la Ley 161 de Reforma de Permisos de la autoría de la administración de Fortuño, Thomas Rivera Schatz en el Senado y Carlos Johnny Mendez en la Cámara, "no deroga la Ley 112 y no elimina los deberes y prerrogativas establecidas en relación con recursos de interés arqueológico terrestre en Puerto Rico” El resultado de que el Consejo no se haya convocado es que las decisiones de temas expertos de protección arqueológica han recaído en arqueólogos empleados por el director del ICP como por ejemplo, la decisión de que en el embalse de La Montserrate donde se construyó un hotel por parte de las empresas de la familia Stubbe, no interfería con yacimientos arqueológicos. “El movimiento de terreno relacionado con la obra “puede ser destructivo” para el sitio arqueológico Monserrate, que data de la época precolombina o indígena, y la Hacienda La Monserrate, del siglo 19”, dijo en aquel momento Isabel Collazo, arqueóloga ambiental. El Consejo nunca pudo investigar en el sitio porque Ruiz Cortés “me dijo que él ya lo había examinado” y determinó que no había daño. Entonces, dirigía la Oficina de Etnohistoria y Patrimonio arqueológico, Nancy Santiago Capetillo. Federico Stubbe Arsuaga; oficial de Marriott ex gobernador Pedro Pierluisi y Federico Stubbe González. Otra inacción se dio en Jayuya cuando hubo querella por lo que causaba la construcción de un desarrollador de apellido Muntaner en las inmediaciones del barrio Jauca donde existe un yacimiento de la época indígena. Aun cuando el Consejo celebró vista en el 2019, no se volvió a convocar y el yacimiento sufrió una segunda intervención en el 2020. “La excusa fue en aquel momento la pandemia y luego vino la justificación de que la Ley del 2009 nos dejó sin campo de acción. Eso es totalmente falso”, dijo Ivor Hernández, arqueólogo con 20 años de experiencia en el Instituto y miembro del Consejo. Ni Ruiz Cortés ni su oficial de prensa Lemil Collazo contestaron requerimientos de información y/o entrevista de Bonita Radio sobre el tema. El 28 de septiembre del 2023, el director del ICP convocó una reunión con el Consejo para notificarles de que la Ley 161 del 2009 eliminó sus facultades para con la supervisión de los proyectos de construcción desde el punto de vista arqueológico y “transferir o se les dé participación en la preservación del patrimonio arqueológico terrestre”. La inacción de Ruiz Cortés así como la de la Junta del ICP, presidida por el director de la Oficina de Conservación Histórica, Carlos Rubio Cancel, coloca a mega desarrollos como el de Esencia en Cabo Rojo, arrastrando los pies para presentar la evaluación arqueológica que realizó por espacio de un año y resultó en un voluminoso informe, sobre la existencia de sobre 140 sitios culturales en el predio de Los Pozos de Boquerón. Allí se propone un desarrollo de 530 unidades de hotel; 1,132 residencias turísticas unifamiliares y multifamiliares; una escuela con 500 dormitorios para estudiantes; áreas recreativas; campos de golf; áreas de servicio médico; áreas comerciales y de entretenimiento; áreas de agricultura; y áreas de servicio e infraestructura. El proyecto incluría además cuatro accesos públicos vehiculares a la playa con instalaciones sanitarias, apoyo para actividades públicas recreativas como el senderismo, observación de aves y ciclismo de montaña, y dos centros de actividades (Towncenters), donde se proveerá espacio para comercios y servicios, estableciendo ofertas gastronómicas, recreativas, culturales, religiosas y otros servicios esenciales para la comunidad en general”, según lees descripción en el informe realizado por la firma Arqueo Consulting. La firma de arquitectos Álvarez Díaz y Villalón conceptualizó el proyecto desde que en el 2019 era uno a cargo de Roberto Cacho Pérez, a través de Cabo Rojo Acquisition, íntimo amigo del ex gobernador Pedro Pierluisi y activo donante de sus campañas y del PNP. Cacho Pérez fue el encargado de conseguir con la administración Pierluisi, los incentivos contributivos que tiene el proyecto y que generó un decreto enmendado en agosto del 2024 a través de la Compañía de Turismo. Fue firmado por el director ejecutivo de entonces, Catlos Mercado. lLa inversión elegible del megaproyecto Esencia es de $1,244,229,092.00. El 40% o $497.6M caen en el renglón de “ alternative tax credits”. La CTPR bajo Mercado añadió otras cuatro nuevas exenciones de 90% a 100% que incluyen que del primero de enero del año en el que inicien operaciones, el megaproyecto contaría con una exención de 90% en impuestos de la propiedad bajo el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) por diez años. Esencia tiene la oposición de múltiples grupos comunitarios y científicos que han incluso protestado por el endoso que dio el alcalde PNP, Antonio Morales Wiscovitch, al mega proyecto. David y Simón Reuben. Los desarrolladores, entre ellos inversionistas de Nueva York y Londres, The Ruben Brothers y Three Rules Capital, han hecho múltiples giras de medios vendiendo el proyecto como uno bueno para el desarrollo económico de la zona. Los desarrolladores han comprado 200 cuerdas de terreno para el proyecto y entre sus vendedores están Antonio Fas Alzamora, ex presidente del Senado bajo el Partido Popular Democrático y su hermana. El desarrollo se daría en un área de anidaje y convivencia del ave autóctona, el Guabairo, una especie en peligro de extinción.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El análisis arqueológico que hiciera el desarrollador del proyecto Esencia, un mega proyecto en 1,549 cuerdas que amenaza la costa de Cabo Rojo, identificó al menos 140 recursos culturales en la zona, de los cuales 77 serían pre-históricos y 68 históricos por lo que ya el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), advirtió que debe entregar los resultados de una evaluación arqueológica Fase IAB, que confirme o descarte los hallazgos según las disposiciones del Reglamento para la Radicación y Evaluación Arqueológica de Proyectos de Construcción y Desarrollo. Documentos en poder de Bonita Radio dan cuenta que la firma Arqueo Consulting Group, contratada por los arquitectos Alvarez Díaz y Villalón, diseñadores del proyecto, informó del hallazgo en un voluminoso documento el pasado 30 de agosto del 2024. La evaluación es parte de la Declaración de Impacto Ambiental que tiene que hacerse del proyectado mega desarollo que provocó la organización de las comunidades en una Coalición denominada "La verdadera Esencia de Cabo Rojo". El documento no ha sido incluido aún al caso que tiene la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) bajo el número 2024-579429-SRA-300493. En ese análisis la firma advierte que estudios previos de investigacióm identifican un total de 42 sitios documentados. "La investigación documental no dejó lugar a dudas con respecto a la alta sensitividad arqueológica de la zona del proyecto". EL ICP, agencia que hoy está bajo la amenaza del proyecto del Senado 273 de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que pretende eliminarlo para poner en manos del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) el patrimonio histórico-cultural que custodia y a la OGPe los endosos a proyectos de construcción, envió una misiva al director de ésta última en la que establece que luego de un análisis del caso de Esencia, "hemos llegado a la conclusión de que existen altas probabilidades de que las actividades de desarrollo que contempla este proyecto pudieran afectar recursos de naturaleza arqueológica". La notificación a OGPe fue hecha por el sub director del ICP, Freddy Vélez, el seis de noviembre de 2024, un día después de las elecciones generales. La reglamentación vigente, a base del reglamento 4643 de 1992 y enmendado en el 2017, establece que el proponente, en este caso la firma de arquitectos en representación de Esencia y sus inversionistas entre ellos, Cabo Rojo Land Acquisition, tienen que presentar la segunda fase de la evaluación arqueológica. El estudio de los desarrolladores plantea que gran cantidad de las estructuras identificadas de los mencionados periodos están relacionadas a industrias agrícolas, y a la recolección y almacenamiento de agua (bebederos, pozos, aljibes, molinos, etc.). Hay de uso residencial (remanentes de viviendas, pozos sépticos, cisternas, etc.) y en el área del litoral, "se identificaron varias estructuras que podrían estar relacionadas a infraestructura de transporte marítimo (bases de muelles, rampa de carga)" Se identificó además una estructura en el medio de un humedal, que "es un remanente de infraestructura relacionada a la industria de la sal. Algunas de estas estructuras presentan una tipología de construcción desde a partir del siglo XIX". Portada del documento de evaluación arqueológica proyecto Esencia Esencia, un proyecto conceptualizado por Díaz y Villalón y el inversionista Roberto Cacho, amigo del ex gobernador, Pedro Pierluisi y donante del Partido Nuevo Progresista (PNP), también tuvo un movimiento interesante la semana pasada cuando el Departamento de Recursos Naturales (DRNA), resolvió dejar sin efecto el deslinde de la zona marítimo terrestre ante una impugnacion de vecinos del sector que alegaron defectos de notificación. Planos e identificación de inversionistas Ley 60 proyecto Esencia “Se deja sin efecto la Certificación O-AG-CERO2-SJ-00848- 29022024, emitida el 28 de agosto de 2024 a Cabo Rojo Land Acquisition LLC”, lee la resolución firmada por el designado secretario DRNA, Waldemar Quiles, quien acogió un informe del director de la Oficjna de Examinadora, Samuel Acosta. Mientras, cinco días más tarde, el sábado primero de febrero, el DRNA notificó mediante edicto un nuevo procedimiento de deslinde que a todas luces corresponde a Esencia pero en el anuncio se establece que “se desconoce” nombre del titular. La información verificada por la evaluación arqueológica en el lugar que se intenta desarrollar en Cabo Rojo, fue denunciada por los portavoces de la organización Verdadera Esencia de Cabo Rojo. Han planteado, con información científica, que el desarrollo atenta contra especies en peligro de extinción como es el Guabairo. La construcción se desarrollaría entre dos áreas protegidas de aves. Video de Gabo Ramos sobre proyecto Esencia La información que se reconoce en las evaluaciones ambientales del proyecto Esencia toma importancia en momentos en que la Legislatura se apresta a evaluar el Proyecto 273 que de ser aprobado dejaría en manos de la OGPe las decisiones sobre la viabilidad de desarrollos en lugares de alta susceptibilidad arqueológica en los que hoy tiene injerencia el ICP. Los diseñadores y encargados de los trámites de permisos del proyecto Esencia, Ricardo Alvarez Díaz y Cristina Villalón, resultan ser donantes de la hoy gobernadora, Jenniffer González y dos meses antes de las elecciones, 11 de septiembre, fueron anfitriones de un evento de recaudación de fondos en la residencia de la contratista de Luma Energy, Pam Petanaude, quien fuera oficial del primer gobierno de Donald Trump. La semana pasada la Gobernadora planteó que su administración tiene proyectos de Ley relaiconados a los endosos de agencias expertas como las del ICP y el Departamento de Recursos Naturales que insistió en catalogarlas como "agencias que emiten permisos". La agencia que otorga permisos es OGPe. Las demás evalúan proyectos de construcción a la luz de leyes y reglamentaciones de protección de recursos naturales o bienes de dominio público y en el caso del Instituto, ante intervencion con patrimonio arqueológico, histórico edificado, entre otros. A las 8AM en Noticias con Café traemos imagenes y detalles de la intervención que ha tenido la comunidad cuestionando el deslinde del proyecto y en manos de quién están las decisiones en el DRNA. A las 8AM por YouTube Live. ¡Comparte!

Abogado de uno de los caseteros fue el autor del Memorando de Derecho que dio pie al Reglamento 4860 que delineó claramente la prohibición del crecimiento de estructuras en LP Por Carmen Enid Acevedo BONITA RADIO El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emitió dos de las cuatro querellas que tiene pendiente por crímenes ambientales en la Reserva La Parguera, contra caseteros que construyeron en el mangle y en instalaciones que tienen allí a pesar de que están sembradas en un bien de dominio público. Uno de esos es Fidel Alonso Valls, empresario de educación técnica allegado al Partido Nuevo progresista (PNP quien el pasado cuatro de julio prestó la caseta por el fin de semana a Carlos Johnny Méndez, representante estadista y ex Presidente cameral. El avispero que se revuelca desde que ciudadanos denunciaron que la familia política de la Comisionada Residente, Jennifer González, construyó en el mangle que rodea la caseta #48 en La Parguera, comenzó a agitarse más cuando dos de sus vecinos, los doctores Aurora Soler López y Vicente Velázquez y el empresario penepé, Alonso Valls, recibieran querellas de parte de la agencia ambiental hace dos semanas. Bonita Radio supo que las querellas contra los suegros de González, José del Carmen Vargas Rodríguez e Iris Llavona, han tenido problemas de ser diligenciadas por los Vigilantes del DRNA, así como una cuarta que trata de la construcción de un muelle y que responde a otra persona que tiene caseta en LP. Pero, el jueves se supo que fueron diligenciadas por correo certificado y personalmente. Entretanto, la querella 23-195 #ZMT contra Alonso Vals fue confirmada por el abogado de éste, Patricio Martínez Lorenzo, un abogado ambientalista de alto renombre, que en los años 90n fue abogado del DRNA y bajo cuyo contrato en 1992, redactó el Memorial Explicativo que dio pie al Reglamento 4860 PARA EL APROVECHAMIENTO, VIGILANCIA, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS TERRITORIALES, LOS TERRENOS SUMERGIDOS BAJO ESTAS Y LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. "Hay un procedimiento ante la agencia y no tengo nada más que decir", dijo Martínez Lorenzo cuando se le preguntó si hay alguna querella contra Alonso Valls, quien incluso fue presidente de la Asociación de Casas de La Parguera, una entidad corporativa que incorporó en el 2009 y que fue cancelada en el 2014 . La misma fue radicada en el Departamento de Estado por el licenciado Martínez Lorenzo. Lcdo. Patricio Martínez Lorenzo La querella contra Alfonso Vals, firmada por los abogados del interés público, José Báez Martínez Radio y Rafael González, alega que construyó estructura tipo almacen en madera, con planchas de zinc, aledaña a la caseta #75 que ocupa desde hace por lo menos dos décadas. Esto en violación al artículo 1.4 del Reglamento 4860 de 1992 que establece que las actividades permitidas mediante concesión y al 4.1 que tiene que ver con la prohibición de entrar en "Nuevos aprovechamientos". En este caso, el Reglamento se da 20 años más tarde a la concesión que había otorgado el DRNA a caseteros originales mediante el Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) entre el Cuerpo de Ingenieros y la agencia estatal, que disponía que tenían 12 años para limpiar el área de caseteros y se les prohibió "ampliar la huella" de la Reserva que ya habían afectado las casetas existentes hasta ese momento. El MOU de 1978 vencería en el 1990. Fue el 29 de diciembre del 92 que se firmó el Reglamento 4860. Ni la agencia federal ni Recursos Naturales actuaron conforme al MOU para remover las casetas ilegales ni condicionar y conservar el área de la Reserva La Parguera. Ese Memorando disponía de un plan de manejo que procuraría que el área se convirtera en un lugar recreacional, tipo las cabañas de Boquerón en Cabo Rojo o lo que existe en el Monte del Estado en Maricao. El DRNA nunca hizo nada. Contra Vargas Rodríguez y Llavona se radicaron igualmente una querella que se relaciona con la construcción de una terraza en la que se cloraron pilotes de pvc rellenados de cemento y madera. Una segunda querella por violaciones en el área de La Reserva de La Parguera se relaciona con la construcción de un muelle por parte de la dentista, Aurora López y Vicente Velázquez, residentes en Dorado. Se les imputa la construcción de una residencia. Conéctate al canal de YouTube de Bonita y escucha el programa donde se analiza la información de la nueva pesquisa. https://youtu.be/5jmLoXw1ID4

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Empresarios de instituciones educativas; comerciantes de zapatos y carteras; corredores de bienes raíces con hincapié en el alquiler de propiedades a entidades de gobierno; prominentes abogados de la región y 'socialité' ponceña; desarrolladores y empresarios de la construcción y asfalto, fueron los identificados en el 2013 por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), como los ocupantes de La Parguera. Un inventario de facilidades físicas así lo constata. Humberto Vidal Nadal, Fidel Alonso Valls, Arturo Díaz, ingeniero Luis Rivera Siaca, eran algunos de los 'ocupantes' de casetas en el bien de dominio público de La Parguera cuando en el 2013, la vigilante Ana García de Cabo Rojo, hizo un inventario de las facilidades físicas en el área. Cuatro de ellas se encontraban en el agua. Díaz murió un año antes. Rivera Siaca y Alonso Valls siguen allí. Siete años antes y en el año 2006, cuando Javier Vélez Arocho era el secretario del DRNA comisionó a la Abogada Principal de la agencia un memorando de derecho sobre el Reglamento 4860 de 1992, para indagar sobre concepto del carácter público que debe imperar en la otorgación de autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público marítimo terrestre por parte de la autoridad nominadora. La abogada del interés público de más alto rango todavía hoy en la agencia, licenciada Mildred Sotomayor Bourbon, terminó su encomienda anotando: " Los únicos ingredientes que hacen falta para lograr que el Departamento cumpla con su propósito y razón de existencia es valentía, voluntad política ejecutiva y altura moral , ya que nos ampara un ordenamiento jurídico y un expediente administrativo histórico favorable. Devolvamos al Pueblo de Puerto Pico la confianza en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales como custodio, protector y manejador de sus recursos naturales garantizándoles el mayor desarrollo y aprovechamiento, e integridad de los mismos para beneficio de la comunidad en general". Diez y siete años más tarde, aquél memorando "EN DEFENSA DEL ARTÍCULO 5(h) DE LA LEY NÚM. 23 DE 26 DE JUNIO DE 1972, SEGÚN ENMENDADA; LOS PRINCIPIOS RECTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL REGLAMENTO #4860 DEL 2g DE DICIEMBRE DE 1992, SEGÚN ENMENDADO; Y EL ALCANCE DEL CONCEPTO DE CARÁCTER PÚBLICO QUE DEBE IMPERAR EN LA OTORGACIÓN DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES PARA EL USO Y APROVECHAMIENTODELOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE POR PARTE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA", constituye una pieza de fondo para aquéllos que hoy se posicionan de frente a las denuncias de La Parguera en Lajas; Playa Los Almendros en Rincón, Punta La Bandera en Luquillo, Joyuda en Cabo Rojo, barrio Borinquen en Aguadilla, Las Picúas en Río Grande y tantos otros fogones prendíos por parte de las comunidades de los 45 municipios costeros que tiene el país. En el mencionado memorando con fecha de febrero de 2006, al que tuvo acceso Bonita Radio , Sotomayor Bourbon invita al DRNA a "hacer una introspección y evaluar críticamente su gestión a través de sus 33 años de existencia y determinar si conforme a sus leyes y reglamentos ha cumplido cabalmente con el mandato constitucional de velar, proteger, conservar y manejar los recursos naturales bajo su jurisdicción en beneficio de su legítmo titular el Pueblo de Puerto Pico. La realidad fáctica puede que no sea muy generosa a favor de la gestión realizada. Entonces se mantiene en la misma actitud paralizante o asume su responsabilidad histórica y cumple con su encomienda y con el mandato constitucional legal y reglamentario esbozado a través de todo este documento". La realidad se acercaba a la letra de aquél memorando. En el 1995, bajo la incumbencia de Pedro Gelabert, se inició un censo de las edificaciones de una de las áreas más impactadas por las construcciones en los bienes de dominio público, La Parguera Barrio en Lajas. De hecho, un año antes, el jefe de Gelabert y gobernador, Pedro Rosselló González firmó la orden ejecutiva 08-1995-75 PARA APROBAR EL PLAN DE MANEJO PARA EL AREA DE PLANIFICACION ESPECIAL DEL SUROESTE, SECTOR LA PARGUERA. Era presidenta de la Junta de Planigicacion, Norma Burgos Andujar. Pero, Rosselló cambió de opinión. Intentaron desaparecer la Orden Ejecutiva y fuentes de entero crédito, entre ellos empleados jubilados de esa agencia, atestiguaron a Bonita Radio que fue una llamada de La Fortaleza la que dejó sin efecto, lo que se había iniciado desde la División de Agrimensura del DRNA. Más tarde, las "nefastas administraciones de Daniel Pagán, Daniel Galán Kerkadó y más recientemente, Tania Vázquez...hicieron barbaridades y desmantelaron la agencia". En el caso de Pagan, fue el Secretario que contrario a la recomendación de Agrimensura, avaló el deslinde de la #ZMT del condominio Sol y Playa, el que se ha demostrado con los incidentes recientes, que estuvo mal aprobado por la agencia a favor del desarrollador, el ex alcalde convicto penepé de Rincón, Liborio Caro Muñiz. Hoy sufren las consecuencias de aquélla negligencia gubernamental de "los de arriba". En el 2013, bajo la incumbencia de la secretaria Carmen Guerrero, administración del gobernador, Alejandro García Padilla, hubo un segundo intento de dejar para el 'record' un inventario o censo de construcciones en La Reserva Natural de La Parguera. La vigilante García lo hizo tomando fotografías, identificando coordenadas y 'ocupantes' que señala como dueños, sus direcciones y números de contacto. Así identificó la caseta del empresario de asfalto y construcción, Díaz, propietario del edificio donde ubica el Partido Popular Democrático (PPD) en Puerta de Tierra; dueño de Empresas Diaz y del desaparecido negocio de asfalto, Better Asphald Road, responsable del desarrollo de carreteras desde los años 60 en la Isla. "Un popular del corazón del rollo y donante del Partido". La de otro amigo de Díaz y del PPD, el empresario e ingeniero, Rivera Siaca, un contratista del gobierno de Puerto Rico a través del alquiler de propiedades para agencias de gobierno, tales como el edificio en Hato Rey donde ubica el Departamento de Educación en reciente litigio por cobro de mensualidades por la friolera de $4M. El abogado ponceño Wendell Colón Muñoz, cuyo padre banquero, Ramiro Colón, era un íntimo amigo del ex gobernador, Rafael Hernández Colón; el dueño del Instituto de Banca y MBTI, Fidel Alonso Valls, un donante y empresario allegado al Partido Nuevo Progresista (PNP) también figuran en la lista de VIP descubiertos entonces por el DRNA. También trajo la del empresario de "zapatos y carteras" Humberto Vidal Nadal, cuya exitosa empresa data de 1971 en el área del casco urbano de Río Piedras y que al día de hoy regentan sus herederos a través de múltiples tiendas. Otros que también están identificados son la de Violeta Pagán Ferrer, quien donó dos casetas 11 y 159, a sus hijos, como resultado de una controversia por cobro en la que las dos estructuras estaban garantizando un préstamo de $15K que otorgó la primera a los hoy ocupantes. Al menos ocho casetas fueron identificadas como "dueño desconocido" aunque igual fueron fotografiadas. Lo menos que hay en el récord público del DRNA, que no ha sido revelado por el Gobierno, son planes de Restauración de La Parguera desde 1993. Un documento de 67 paginas establece que ese proceso se daría en dos fases, una de limpieza y otra de desarrollo y construcción de las obras. La única acción gubernamental, por voz y mano de la Policía y del Departamento de Justicia ha sido encausar a ocho manifestantes por cargos de destrucción de la propiedad en relación a los hechos del nueve de julio cuando se allegaron a la caseta #48 de los suegros de Jennifer González. La jueza del TPI de Mayagüez, María del Pilar Vázquez, fijó fianzas de hasta $50k por acusado sumando $490k, lo que ha sido señalado por entendidos en derecho como e censuró y anticonstitucional de acuerdo a los criterios de garantía de comparecencia que tendría que tener ante sí el juez para fijar la misma.

Solo del 31 de julio de 2007 al 12 de febrero de 2019, COFINA realizó 16 emisiones de bonos 30 por $28,336,412,433 Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Una auditoría de la Oficina de la Contralora, Yesmín Valdivieso, donde el lenguaje de 'hallazgos' cambia por "resultados", hecha a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) entre el primero de enero del 2017 al 30 de enero del 2023, trae información que coloca a los administradores del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Ejecutivo y el Legislativo, emitiendo y aprobando emisiones de bonos bajo la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) o deuda extraconstitucional, que resultaron en déficits ascendentes a $110,986 millones sin fuentes de repago y su índice de endeudamiento fluctuó entre 94.28% y el 97.19% . "Durante los años fiscales del 2007-08 al 2009-10, del 2011-12 al 2013-14, y 2018-19; COFINA no tuvo ingresos suficientes provenientes del IVU por $1,650,454,076 para el pago de la deuda. En dichos años fiscales, COFINA tuvo ingresos por $3,264,435,497, mientras el servicio de la deuda fue por $4,914,889,573", concluye el informe en su página 35. Lo que ha sido un secreto a voces entre analistas independientes a los partidos políticos que han dirigido al país, PNP y Partido Popular Democrático (PPD), la auditoría 0C-25-39 del 15 de noviembre y hecha pública el domingo 24 en el portal de la OCPR destacó que la deuda de COFINA debe ser considerada extraconstitucional. "A base del estado de derecho se concluye que, aunque la imposición del IVU es parte de los poderes de imponer contribuciones del ELA, COFINA no es considerado parte del margen prestatario del ELA de 15 %, establecido en la Constitución. Esto, debido a que COFINA no es una obligación directa que compromete la buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del ELA. Este estado de derecho permite que no toda contribución impuesta llegue al Fondo General. Incluso, permite que se utilice para otros propósitos, ya sea de entidades públicas que no estén relacionadas con el pago de obligaciones directas que comprometan el crédito del ELA ". El informe hace silencio sobre hacia donde fueron a parar las cuantías de emisiones de bonos de COFINA que agravaron la situación fiscal al punto en que en el 2016 se activó la petición de quiebra y mantiene al país, desde entonces, con la imposición del Congreso de Estados Unidos y Barack Obama como presidente, de una Junta de Control Fiscal que tiene como prioridad pagar a los deudores. El informe establece que el uso de los fondos recibidos de las emisiones de bonos se evaluará en otra auditoría "más adelante". La Contralora Valdivieso tiene su nombramiento vencido desde el 2020 y se espera que la administración de González Colón llene la vacante. Según el análisis de los auditores de la Contralora, del 2007 al 2019 se emitieron bonos por la suma $28.333.412 millones de los cuales 39.1% o $11.077.341,643 corresponden al cuatrienio de Luis Fortuño y la Legislatura de Thomas Rivera Schatz y Jenniffer González - hoy gobernadora electa - en la Cámara. Del 2017 al 2019, bajo la gobernación Ricardo Rosselló Nevárez, Rivera Schatz y Carlos 'Johnny' Méndez en la Cámara se emitieron $12,021,321,817 en duda o 42.5 % del total. En el cuatrienio de Aníbal Acevedo Vilá, según el informe de la Contralora, se endeudó el país mediante COFINA en un 18.5% o $5,237,748,973. La Legislatura del 2005 estaba dominada por el PNP, en el Senado, Kenneth McClintock y en la Cámara, José Aponte. Fue en ese período, en el 2006 que se creó COFINA, "inicialmente como una subsidiaria, y posteriormente como una corporación independiente del BGF, con el propósito de emitir bonos o utilizar otros mecanismos de financiamiento para pagar o refinanciar la deuda extra constitucional del ELA existente al 30 de junio de 2006". A partir del 2007, COFINA se convirtió finalmente en un cuerpo corporativo político, independiente y separado del Gobierno del Puerto Rico y de cualquier otra entidad gubernamental. El informe de la Contralora no es tan claro como otros que presentan hallazgos y hace señalamientos puntuales de responsabilidades y las implicaciones de las conductas de quienes toman decisiones en las agencias auditadas. En las recomendaciones solo menciona, de la 14 a las 16, una linea pro forma que establece . "Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que las situaciones comentadas no se repitan. [Resultado 2 y Comentario especial de la Parte 2] 15. Velar por que el director ejecutivo de COFINA cumpla con la Recomendación 16. [Resultado 2 y Comentario especial de la Parte 2] Sobre los ingresos propios, el informe de la Contralora establece que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) tuvo "pérdidas operacionales acumuladas por $6,659 millones y fondos insuficientes para sus actividades corporativas". Llama la atención que la emisión de bonos más grandedel BGF de las examinadas por cuatrienio corresponde igualmente al de Fortuño cuando del 2 ene. 09 al 2 ene. 13 se endeudó en $9,686,412,000 o un 73 %; del 2013 al 2016, de Alejandro García Padilla, $1,010,000,000 para un 7% y en el de Acevedo Vilá, $2,651,493,0 o un 20% del total de la deuda emitida. "De dichas emisiones, evaluamos la emisión de bonos que incluía los Government Development Bank for Puerto Rico Senior Notes, 2011 Series H por $1,399,045,000, del 28 de diciembre de 2011; y la Senior Notes, 2011 Series I por $397,935,000, del 12 de enero de 2012. Esta fue aprobada el 21 de diciembre de 2011 por el Comité Ejecutivo de la Junta mediante la Resolución EC-2011-104. Mediante memorando del 21 de diciembre de 2011, el vicepresidente ejecutivo y tesorero, el vicepresidente ejecutivo de financiamiento, y el vicepresidente y asesor de financiamiento del BGF indicaron al Comité Ejecutivo del BGF que el Banco necesitaba continuar fortaleciendo su liquidez, entre otras cosas, debido al crecimiento acelerado de los préstamos a las entidades gubernamentales, lo que requería altos niveles de solvencia. En dicha Resolución se establece que el principal y los intereses de las notas eran pagaderos de los fondos disponibles del BGF, y se considerarían las obligaciones generales no garantizadas de este", destaca el informe sobre el tracto que siguió la transacción en términos de funcionarios a cargo y justificaciones para emitir la deuda. Se añadió en el informe que en "el Official Statement se estableció que el uso propuesto de la emisión era para fines corporativos generales incluido, pero no limitado a, aumentar su cartera de inversiones; otorgar préstamos; comprar obligaciones del ELA, sus corporaciones públicas, entidades y municipios; redimir o comprar todas o parte de ciertas notas emitidas previamente por el BGF, y pagar los costos asociados a la emisión", establece el informe que las agencias acreditadoras Moodys y Standard and Poor, "evaluaron la emisión y concluyeron que estaba sujeta a un riesgo crediticio moderado y que era probable que condiciones económicas adversas ocasionaran el debilitamiento de la capacidad del BGF para cumplir con sus compromisos financieros". "Luego de la emisión de las senior notes realizadas en el año fiscal 2011-12, el BGF tuvo pérdidas operacionales acumuladas por $6,659,576,737, durante los años fiscales del 2013-14 al 2014-15, del 2016-17 al 2017-18 y 2019-20". La transacción hecha en la administración Fortuño fue tan perdidosa que dejó al BGF inoperante en el 2013, teniendo más deudas que activos. "También encontramos que, para los años fiscales 2005-06 y del 2007-08 al 2014-15, el BGF tuvo que emitir deuda por $15,996,685,89439 para financiar sus actividades operacionales, de inversión y de financiamiento. El balance de los bonos por pagar del BGF para el año fiscal 1999-00 fue por $267,000,000, y $3,765,565,851 para el 2017-18, para un incremento de $3,498,565,851 o un 1,310 %". Para los años fiscales del 2013-14 al 2019-20, el balance de los préstamos otorgados por el BGF al sector público tenía de un 29 a un 100 % de riesgo de ser incobrables. El balance de dichos préstamos fluctuó entre $889,768,000 y $8,955,026,000. Además, la reserva para pérdidas por dichos préstamos fluctuó entre $889,768,000 a $6,049,911,000. Entre los personajes de la administración Fortuño que están atados a las transacciones perdidosas están Juan Carlos Batlle Hernaiz, presidente del BGF del 2011 al 2012, hermano de Fernando, quien fuera director ejecutivo de COFINA, del 2009 al 2011. Batlle Hernaiz fue a trabajar en el 2017 con Ankura Consulting Group, una firma que ha tenido contratos con el gobierno de sobre $189.5M del 2017 al presente, como asesores financieros de AFFAF y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En la administración del gobernador, Pedro Pierluisi y la comisionada residente, González Colón, entre el 2021 y el 2025, tienen contratos por sobre $99.7M. Precisamente sobre las emisiones de bonos en la AEE, el informe establece que se hicieron 23 por $11,899 millones del 2000 al 2016. La emisión del 7 de abril de 2010, por $822 millones, fue calificada de bajo riesgo por las agencias calificadoras, que consideraban que la capacidad de pago de los compromisos financieros era adecuada. Pero, ya al 30 de junio del 2009 , ocho meses antes de la emisión, la AEE registró $147 millones en pérdidas y tenía un índice de endeudamiento con respecto a sus activos de 100%.  El balance de cuentas por cobrar aumentó de $403 millones a $769 millones del 2000 al 2020 y los bonos por pagar aumentaron en un 123%, de $3,743 millones a $8,330 millones. Entrwtanto, Ankura fue parte de los asesores del BGF en el proceso de reestructuración bajo el Título VI. Para más detalles de esta historia sintoniza Esto es lo último 11AM por Bonita Radio YouTube Live.

El Documental Boricua es seleccionado para el International Puerto Rican Heritage Film Festival Nueva York COMUNICADO DE PRENSA El documental El Monte, sobre la obra del Puerto Rico de los años 60 se presentará en el 14th Annual International Puerto Rican Heritage Film Festival, el domingo 17 de noviembre, en el Regal Essex Crossings Cinema en Nueva York. El evento contará con la proyección de esta obra cinematográfica que destaca la arquitectura y la identidad cultural de Puerto Rico. Producido por Abjoh Films y la Fundación por la Arquitectura, con el apoyo de Humanidades Puerto Rico y el National Endowment for the Humanities, el documental relata la historia del desarrollo, diseño y construcción del icónico complejo de vivienda multifamiliar El Monte, ubicado entre urbanizaciones de Hato Rey. El complejo fue diseñado por el arquitecto Edward Larrabee Barnes  (1915-2004) junto a los arquitectos asociados Reed, Basora y Menéndez. Con una narración visual impactante, El Monte ofrece una reflexión profunda sobre la arquitectura de este edificio, conocido por su diseño innovador y su relación íntima con la comunidad. El documental cuenta con la participación del arquitecto Santiago Gala Aguilera, Melba Ferrer Quintero, Sofía Irene Cardona y Vivian Otero Barrera, quienes brindan sus experiencias como residentes de El Monte. Abnel Jo. Hernández, director del documental, afirmó que el "proyecto es un testimonio de cómo la arquitectura puede transformar no solo un espacio, sino toda una comunidad. Lo que hace único a ‘El Monte’ es su capacidad para mostrar que el diseño, cuando está en sintonía con las necesidades y valores de su gente, puede tener un impacto profundo y positivo en la vida cotidiana”. Desde su estreno en noviembre de 2023, El Monte ha sido presnetado en funciones completamente llenas en la Sede de la Fundación por la Arquitectura en Santurce. Además, se presentó ante un centenar de residentes del Condominio El Monte Sur y en la Escuela de Arquitectura de la UPR, con una excelente acogida. Este año fue seleccionado por CineMásCorto y, en un logro aún mayor, se proyectó en pantalla gigante en el Festival Cine Internacional 2024 en los cines Fine Arts de Miramar y Ponce. “Estos hitos han colocado a El Monte en el radar internacional, demostrando cómo una organización sin fines de lucro puede emplear el cine como un medio eficaz para resaltar la importancia y la riqueza cultural de Puerto Rico a través de la arquitectura. Nuestra Fundación se ha consolidado como un espacio clave para el diálogo y la reflexión, donde la arquitectura se convierte en una poderosa herramienta para transformar nuestra sociedad." expresó Samayra Romero Pérez, directora ejecutiva de la Fundación. Destacó que el reconocimiento "refleja la importancia y relevancia de El Monte en la conversación global sobre la arquitectura y la cultura. Invitamos a la comunidad puertorriqueña, a los apasionados de la cultura y la historia, a asistir y celebrar este hito en el festival". Los boletos pueden adquirirse en la página oficial: www.iprhff.org/2024-films .

Opinión Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio A 48 horas de las elecciones generales, parece que la gente está lista a emitir un voto, ‘sin miedo’.  En el el cierre de la alianza electoral se dieron cita 50k personas en el Lote 4 del Distrito de Convenciones mientras el PNP reunía unas 4k en el estacionamiento del Quijote Morales en Guaynabo. ¿El miedo cambió de bando? El referente histórico más cercano del grito de sin miedo, fue aquél que emitió Inés Mendoza en tiempos en que el PPD proponía el discurso oficialista de pertenecer y permanecer como ciudadanos americanos con asentamiento de nación puertorriqueña. Eran los 80 y no es casualidad que aquélla cerrada elección entre Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló llamara la atención del ‘miedo’ en una campaña donde el Partido Nuevo Progresista (PNP) llamó comunista al PPD y a su candidato y lo colocó recibiendo dinero de la Cuba de Fidel Castro.   A 44 años de aquélla elección, el PNP volvió a infundir miedo en esta ocasión por voz de la candidata y comisionada residente, Jenniffer González y sus repetidores en medios de comunicación, unos del PNP y otros del centro derecha del PPD. Lo último que hizo González, hace 24 horas, fue comparar al artista de influencia internacional, Benito Antonio Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, con Adolfo Hitler haciendo alusión al que dirigió el Holocausto contra 5M de judíos. Todo porque Benito favorece la alianza electoral entre el Partido Independentista (PIP) y Victoria Ciudadana, que propone llevar a la gobernación a Juan Dalmau y de Comisionada Residente a la también independentista, Ana Irma Rivera Lassen.   En ese punto y con el perdón de la disgresión, González no solo miente cuando dice que Bad Bunny le deseó la muerte a un estadista. El también grito de “muerte al PNP”, se refiere a la institución que a la sazón tiene no menos de 65 líderes, entre funcionarios electos y públicos nombrados por sus gobernantes, convictos por corrupción y hasta auto desterrados después de cumplir cárcel.   Se le olvida a González que entre sus filas hay funcionarios como Thomas Rivera Schatz, que si han atacado la democracia, a fuerza de mollero y utilización de sus poderes públicos, al no permitir el paso a la libertad de expresión cerrando las gradas del Capitolio para evitar la comparecencia del pueblo, el soberano. Un TRS que de un tiempo a esta parte utiliza los medios sociales para discrepar del otro vociferando palabras soeces, así como Hitler utilizó los que tuvo a su alcance para burlarse del otro y la otra que no fuera blanco y germano.    Rivera Schatz, con torpeza y fichaje de guapetón de barrio, también se hizo de un espacio en un canal de TV tradicional, donde como analista vaciaba los ‘talking points’ que disemina el Partido entre aquéllos que tienen espacio en medios tradicionales.  Una violencia verbal y algunos dicen que hasta física contra el profesor universitario, José Molinelli, le costó el espacio cuando lo persiguió en el pasillo del estudio de TV y amenazó con agredirlo. Lo sacaron en menos de 24 horas y fue recibido entonces, en un foro de entretenimiento, Jugando Pelota Dura, donde su productor lo sentó junto a José Luis Dalmau, estableciendo que en las próximas elecciones son los únicos con posibilidades de convertirse en presidentes del Senado.   Con anuncios y pautas desde que asumió la presidencia de su partido en julio, la campaña de miedo se fue intensificando en imágenes y discursos. La repite Rivera Schatz a su manera y hoy, distinto a las 48 horas antes de noviembre de 1980, se cacarea con imagen y verbo incendiario en las redes sociales con fotutos y ‘troles’ pagados por el Partido y en algunos casos por millonarios contratos públicos desde La Fortaleza hasta agencias públicas.   Al grupo de analistas o productores de entretenimiento se han unido también Populares con espacio como columnistas y/o ejecutivos de emisoras radiales. De ahí que en las últimas dos semanas, el ex presidente del Senado, Eduardo Bhatia y el gerente de Radio Isla, Armando Valdés, hayan hecho expresiones de lo que se juega en estas elecciones con el miedo de telón de fondo.   Bhatia se quedó en el “mood” veleta que ha predominado el discurso de los Populares. En su más reciente columna disfraza de pragmatismo y ‘moderado’ su posición de mantenerse en el ‘status quo’ sin gritarlo, bajito y con algún tipo de sordera y ceguera a ver, en efecto, lo los tiempos dibujan en la pared de por donde va el país y su gente.   Esa no fue, sin embargo, la postura del hoy profesor universitario cuando dirigió el Senado. Allí, con poder dado por el pueblo Popular con su voto, asumió conductas  de derecha y neoliberales que lo llevaron a aceptar en uno de esos programas de entretenimiento que el abrazo a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) lo daba porque quería salir del líder sindical Ángel Figueroa Jaramillo y de la UTIER, a cuyo paso de casi 50 años por la Autoridad le adjudicó las condiciones en que se encontraba. Allí se cogió de la mano del PNP y apoyó que el gobierno colocara en dos entes privados lo que había sido hechura de las políticas de Muñoz y los trabajadores.   En esa coyuntura no escuché ni a Bhatia ni a Valdés hablar de pragmatismo, disenso y negociaciones entre la derecha y la ‘izquierda’ para proyectos como fueron la privatización de la AEE.   No cuestionó que en los medios de comunicación tradicionales se dijera solo la “verdad” de los que empujaron la privatización, no se discutiera en profundidad y se manipulara desde el gobierno jugando con las formulas del entretenimiento en lugar de informar sin visos de propaganda. En eso se han convertido los medios con la anuencia y participación de los partidos políticos.   Hoy Bhatia habla de extremos y que por eso, por no seguir el del PNP y al otro, compuesto por la alianza electoral, votaría por el PPD. Utiliza el subterfugio para llamar la atención de la audiencia que lo lee a lo que tiene bien metido entre cuero y carne, el cuco de la independencia, el miedo al cambio, el miedo a lo desconocido.   No contextualiza en quienes fueron los protagonistas del populismo, la derecha del PNP y la del PPD o la de movimientos que antes no tenían vela en aquel entierro, pero que hoy son fuerza política porque la gente se cansó de votar una sola X y que los gobiernos no respondieran a sus necesidades.   En ese discursar desde el miedo de los Populares, Valdés va más lejos y asume las letanías del liderato PNP.  “El separatismo desharía el progreso que hemos alcanzado…”, escribe con ahínco aludiendo a Muñoz, al Puerto Rico moderno y advirtiendo que “de la corrupción del PNP el país puede recuperarse”. Dejando fuera la corrupción del PPD, que de un tiempo a esta parte le pisa los talones al Partido que ha sido objeto de la muletilla de “miembro del PNP” cuando de escribir la historia de acusaciones se trata.   ¿Será el miedo infundido por los suyos los que hacen hablar a Bhatia y a Valdés desde las notas que trae JGo y su pandilla? Ellos sabrán.  Si algún día tocan fondo y delante del espejo lacaniano o freudiano rebuscan y se hablan con honestidad y encuentran la respuesta, será una buena conversación desde columnas y podcast.   Pero hay un protagonismo de esa campaña de miedo que vive y pervive en analistas y periodistas, también allegados a los partidos que han gobernado al país por los pasados 55 años. Si hay vergüenza ajena en las posturas de quienes salen de los partidos políticos, en la que incumbe a ‘periodistas’ me toca de cerca, la encona, la hincha.   Alex Delgado es el paladín de esa propaganda delineada por los Joseph Goebbles del Caribe del 2024, desde su escenario de periodista de medios tradicionales.   Las preguntas contenidas en los ‘talking points’ son anticipables en todas sus intervenciones. Escriba, hable por las ondas radiales o se pare detrás de un mic en TV, Alex no suelta al “independentismo”, “los fondos federales” y tanto otro cliché típico de la Guerra Fría cuando el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética tenía que ver con la ideología de cada uno y de ahí que lo político, social y económico, propusiera ruptura y un nuevo paradigma. Y el miedo quedaría como antesala a columnas, entrevistas y grandes titulares.   Las que pregunta Delgado parecen sacadas de un libreto de Don Eleuterio, el famoso personaje de Sushine Logroño que retrata a un boricua ochentoso y radiofónico de antena que habla de ser “americano” y fluye en un inglés de veterano de la Guerra de Vietnam.    Entre los analistas, Carlos Díaz Olivo, Luis Pabón Roca, Ramón Rosario y Leo Díaz, los ex funcionarios Carlos Mercader y Christian Sobrino, se colocan en la delantera de divulgar aquéllo que Hitler habría puesto en los documentales de Leni Rifensthal para demonizar a judíos y exaltar la raza aria. Aquí se demoniza a la “alianza”, a sus lideres y a todo aquél que huela a cambio, a quienes amenazan con sacarlos de la zona cómoda en que han vivido entre contratos con unos y otros pagados por la chequera del pueblo y la mensualidad de un medio de comunicación que busca hablar desde esos partidos políticos. Se acaba el guiso. Termina la jauja.   Las razones de más de uno y otros pueden ser diversas. Lo que los une, lo que los deja fuera del closet es su empeño es utilizar la palabra y los medios de información para mentirle al país. Si sienten miedo por lo que aparenta ser un cambio en la preferencia del voto de este pueblo, con todo lo que supone tener una cuota de terror colectivo por vivir en la colonia y nunca apartarse de votar PNP y PPD, el llamado es a que procuren mantener la decencia y no traigan al cuco cada vez que recuerdan que perderán mucho si gana el ‘cambio’.   Antes, pregúntenle al país por donde va. Si el miedo les hace mella. Si les mueve un ápice y si realmente se convencieron con información y datos que el país será otro porque otros ganen. Parecen ser ustedes los que siguen con ese miedo que hace que se embarraren los calzones, cuando el susto aprieta y el esfínter suelta de que gane otro que no sea el de siempre.   Poner a PR por delante cuando van a preguntar y a escribir, puede costarle unos cuantos pesos pero opinar con verdad y contexto histórico los pone delante en honor y vergüenza. ¡Que la dignidad no tiene precio, carajo!

Xavier Domínguez Méndez asesoró a Luis Fortuño Burset en el 2012 y en su último libro recomienda “Mienta pero no engañe”. Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El alcalde de San Juan y candidato a la reelección por el Partido Nuevo Progresista (PNP), en las próximas elecciones generales, Miguel Romero, mantiene contratado en el Municipio al consultor español de comunicación política electoral, Xavier Domínguez Méndez, bajo una corporación con sede en Miami mientras aquí no está claro desde donde opera, quienes son sus empleados y qué servicios le ofrece al municipio para ganarse hasta $615K en tres años. Dominguez Méndez, quien llegó al Partido Nuevo Progresista (PNP) de la mano Luis Fortuño, cuando se disputó la gobernación con Alejandro García Padilla en el 2012, ha firmado tres contratos entre el 2021 y el 2024 con el municipio de San Juan como presidente de la firma Wish & Win Corp. con sede en Miami y que alega tener sucursal en la Isla. Sin embargo, en el número 434 de la avenida Hostos en Hato Rey no están las oficinas de Wish & Win sino un proveedor de servicios de computadora. Tampoco las del agente residente que se nombra en el Departamento de Estado desde que se incorporó como corporación en octubre del 2020, identificado como Enrique R. Adames. El contrato más jugoso de Domínguez Méndez es el que firmó en julio y a tres meses de las elecciones generales y que tiene vigencia hasta ea 31 de diciembre, por $112K o $22,500 mensuales. En Estado, la firma tiene como agente residente, Enrique R. Adames (Soto) y como presidente, secretario y tesorero a Domínguez Méndez. El primer contrato con San Juan lo firmó el consultor y desde el 2022 lo hace Luz B. Torres Arrieta, quien figura en un pleito judicial de daños y perjuicios contra el Municipio. Arrieta Torres está nombrada en el pleito como parte de la evidencia del tracto de misivas relacionadas del caso que lleva el licenciado Adames Soto, un contratista del municipio. Domínguez Méndez destaca en sus perfiles digitales una de sus “frases célebres” y la que resulta ser título de uno de sus libros: “Mienta pero no engañe”. Hace malabares para normalizar el uso de la mentira en sus estrategias de comunicación porque según él, “todo el mundo miente”. "Coger la verdad de cada cual y exagerarla al máximo sin corromper los valores de la idea original", advierte Domínguez en defensa a su teoría. Domínguez Méndez incluyó hace una semana la descripción de su trabajo de “asesor” del alcalde de San Juan, Romero, entre las experiencias que describe en su página web como las que ha tenido como consultor de comunicación. Precisamente la semana pasada, el contrincante de Romero a la alcaldía, Manuel Natal, por Victoria Ciudadana, acusó al incumbente de la Capital de mentir reiteradamente desde el 2021 sobre las obras que realiza en el municipio. Mientras corre el último tramo de la campaña electoral, la empresa de Domínguez Méndez, Wish & Win, es descrita en la red Linked como "una consultoría en comunicación y marketing político, formada por profesionales de diferentes ámbitos. Especialistas en consultoría en comunicación estratégica, política y electoral. Nos dedicamos a ayudar a nuestros amigos a entenderse mejor con su entorno y comunicarse con sus públicos". De hecho, el año pasado se empresa fue identificada como la que creó múltiples “fake news” o bulos alrededor de la elección general España, contratado por el conservador Partido Popular en España y su candidato Alberto Núñez Feijoo. Sin embargo, en sus contratos con el municipio y la oficina de prensa, se describen tareas fuera de ese ámbito, tales como confección de planes de comunicación, adiestramiento de personal y revisión de diseño gráfico. Ninguna de esas tareas están contenidas en sus perfiles de Linked o en las múltiples entrevistas que trae en medios españoles y latinoamericanos donde hace amplio despliegue de las estrategias de mercadeo político que utiliza para que sus clientes ganen elecciones. Los servicios a prestar por Wish & Win se describen, entre otros, como: 1. E laborar plan de comunicac i ones para el G o b i erno Municipal en áreas programáticas. Se desarrollará el plan de comunicación atendiendo a los diferentes segmentos de la pob l ación y hábitos de consumo dig i ta l. 2. E v aluar el diseño grafico de l concepto creat i vo . Re v is io n y e v aluación del concepto creativo de l a comunicac i ón publica del Munic i pio enfocado en el bienestar ciudadano. L ectura e interp r etación de data . 3. Anali z ar, interpretar y presentar los resultados de la data pro v ista que se recopile para la definición de la estrateg i a mas efic i ente y costo - efect iv a de c o mun i cación publica . Domínguez Méndez, cuyo número telefónico de contacto registrado en el contrato, no responde ni tiene sistema de mensajería, hizo alardes en el 2022 y en una entrevista con el auto denominado “propagandista” del PNP en medios tradicionales, Christian Sobrino, que ayudó a Fortuño a disminuir su desventaja frente a García Padilla de 26 a perder solo por tres puntos en la elección del 2012. NEBULOSA EXISTENCIA DE WISH & WIN PR De una visita al número 434 de la avenida Hostos en Hato Rey, Bonita Radio constató que allí no se encuentran las oficinas de Wish & Win como se alega en el contrato y en el registro del Departamento de Estado. En el 436 hay una empresa de contabilidad cuyo recepcionista, Stephen Rodríguez Peña, dijo que el “bufete de abogados (Adames Soto) que estaba aquí se mudó para la (avenida) Cesar González”. Las propiedades 434 y 436 pertenecen al mismo dueño, las corporación RIM Development, según el Catastro Digital del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. No fue posible encontrar incorporación en el Departanento de Estado. La dirección de la corporación Wish & Win es la misma que tiene el bufete Adames Soto, cuyo abogado y Presidente tiene contratos con el municipio de San Juan. Entre julio del 2024 y diciembre, firmó un contrato de $400k como consultor legal para el municipio. El bufete corporación PSC, ERAS Legal Services, ha tenido sobre $1.8M en contratos con el municipio solo bajo la administración de Romero. Además, tiene contratos con la Autoridad de Tierras, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y con el Departamento de la Vivienda. Entre el 2012 y el 2024, Adames Soto y su bufete ERAS ha tenido $12.8M en contratos con agencias gubernamentales. Según el registro de donativos de la Oficina del Contralor Electoral, entre marzo del 2019 y abril del 2024, Adames Soto hizo donativos al Alcalde Romero, a Thomas Rivera Schatz, al gobernador, Pedro Pierluisi y al PNP por $30, 650. El pasado 23 de agosto dio una aportación de $3,100, el máximo permitido por Ley a la candidata a la gobernación, Jenniffer González. En el pasado donó a las campañas de Alejandro Garcia Padilla y a la también alcaldesa de San Juan, pero del Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz. Aunque Bonita Radio logró comunicación con su oficina, Adames Soto nunca contestó llamadas a este medio. A las 8AM en Noticias con café, YouTube Live traemos más información y análisis sobre esta investigación. ¡Sintoniza, comenta y comparte!

Ramón González Beiró firmó Acta de la reunión Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras que viabiliza siembra de placas solares en terrenos de Salinas y de Guayama propiedad de una corporación en la que tiene 18 porciento de participación como inversionista Por Carmen Enid Acevedo  | Para el Centro de Periodismo Investigativo Primera Parte El secretario del Departamento de Agricultura (DA), Ramón González Beiró, aprobó con su firma un Acta de una reunión de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) en marzo de este año, en la cual la agencia extendió de 15 a 30 años, hasta 2053, un contrato para facilitar que la empresa Clean Flexible Energy (CFE) siembre placas solares en terrenos entre Salinas y Guayama que son propiedad de una corporación en la que participa como inversionista y en la que un hijo y un socio suyo figuran como vicepresidente y presidente, respectivamente. El pasado 13 de marzo del 2024, la Junta de la ATPR se reunió para atender el asunto, que quedó sin concluir en noviembre de 2023 cuando se discutió el arrendamiento de la Finca Reunión — propiedad de la ATPR — a Clean Flexible Energy , una afiliada de la privatizadora de producción de energía AES.  Esta extensión del periodo del alquiler de las tierras públicas no sería para propósitos agrícolas sino para acceder a las servidumbres de paso de LUMA y de las vías del antiguo tren y proveer acceso a las líneas eléctricas que se utilizarán en el proyecto fotovoltaico, según reza en documentos de la agencia.  El 22 de septiembre de 2023, la ATPR otorgó dos contratos de arrendamiento a Clean Flexible Energy, para el uso de las fincas Reunión y Josefa, en Guayama, necesarias para viabilizar el paso hacia el proyecto fotovoltaico. El canon de arrendamiento anual para la finca Reunión es de $9,537 y de la finca Josefa es $2,400.  Agriart LLC, empresa vinculada a la familia González Beiró, tiene más de 1,800 cuerdas de terreno entre el barrio Aguirre, en Salinas, y el barrio Jobos, en Guayama, según documento  del Departamento de Energía federal. En 641 cuerdas de esas fincas que Agriart alquila a Clean Flexible Energy se planifica la construcción de un proyecto fotovoltaico dividido en dos fases y con capacidad de almacenamiento de 180MW que busca vender energía eléctrica a la red de distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).  Las reuniones de Junta de la ATPR donde se discutieron los arrendamientos de dos fincas de la agencia que viabilizarían proyectos de siembra de placas solares se dieron entre noviembre del 2023 y marzo de este año. Un Acta Referéndum  del 13 de marzo de 2024 da cuenta de que se convocó a los miembros de la Junta de Directores de la Autoridad de Tierras para evaluar y votar para extender de 15 a 30 años el contrato de arrendamiento de la finca Reunión a Clean Flexible Energy. Según ese documento, el alquiler de la finca de la ATPR es necesaria para que Clean Flexible Energy pueda cumplir con su contrato con la AEE y conseguir financiamiento para el proyecto de las fincas solares.  Por disposición de ley, González Beiró al ser secretario de Agricultura preside la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras. Su firma al pie del acta hace constar que la reunión sobre la extensión del arrendamiento se aprobó por la mayoría de los miembros, pero no especifica cómo fue la votación.  El Acta señala que el “Presidente de la Junta se inhibió de participar en la evaluación y votación de este asunto”, pero no aclara si González Beiró permaneció en la sala de reunión durante la discusión del arrendamiento o si se salió en momentos en que se trataba el asunto y, de ser así, no indica cómo es que puede dar fe en el acta de lo acontecido en ella. “Yo no rec(uerdo)… yo no te puedo asegurar si me salí o no… pero… yo… y te explico a ti porque es más fácil en palabras, yo me inhibí aunque esto no tiene nada que ver conmigo… ni tiene que ver con mis negocios, ninguna de las fincas de mis negocios tiene nada que ver con la Autoridad de Tierras”, dijo el secretario al preguntársele si estuvo presente en la discusión sobre el arrendamiento a Clean Flexible Energy con quien Agriart tiene relaciones comerciales.  Esa Acta fue firmada también por el secretario de la Junta, Dickson Ortiz Maíz, quien en marzo se acogió a la jubilación bajo la Ley 80. Los otros asistentes a la reunión fueron el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, el presidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis Alemañy, y Luis Rivera Cruz, en representación del Banco Gubernamental de Fomento. La  Ley de Tierras  estableció que la Junta de Gobierno debe estar compuesta, además, por  tres representantes del sector agrícola y agroindustrial de Puerto Rico por el término de cuatro años, pero esas posiciones han estado vacantes  desde 2017.  El CPI no pudo corroborar lo ocurrido en esa reunión del 13 de marzo porque la ATPR no transmite ni tiene un archivo de grabaciones de las reuniones de su Junta de Directores, en violación a la   Ley 159-2013  que le impone la obligación de grabarlas y mantenerlas en el portal de la corporación pública . La legislación persigue que “los tiempos de manejar los asuntos públicos desde cuartos oscuros tienen que quedar en el pasado”. Ante el planteamiento de que que no hacer disponibles las vistas de la Junta de la ATPR vía internet, la agencia está en violación a la Ley 159, el secretario indicó: “pues señálalo”, dijo en referencia a esta periodista. “Que yo sepa, yo estoy en otras juntas y yo nunca veo que las transmiten, de verdad”, añadió. La ATPR tampoco tiene publicadas sus actas en su página electrónica. El director ejecutivo de esa corporación pública, Irving Rodríguez, entregó las actas en abril al CPI y Bonita Radio luego que se lo ordenó el Tribunal de Primera Instancia, a donde se recurrió cuando la corporación pública se negó a la petición de información hecha desde febrero de 2024.  La Junta de Gobierno entregó 57 Actas y aseguró que esas son las únicas que existen correspondientes a las reuniones de los años 2017 al 2024. Entre los documentos entregados no está ni el acta ni la minuta de la reunión donde se alega que la ATPR autorizó el primer arrendamiento a 15 años.  González Beiró dijo que esa transacción no se dio ante la Junta pues “los contratos los trabaja [la Oficina de] Bienes Raíces, [luego] los ve un Comité, los pasa al Director Ejecutivo, [y] los firma el Director. El término de los contratos es de 15 años. De muchos años en la Autoridad si alguien necesita un contrato de más tiempo, pues entonces, ese término se le consulta a la Junta”. El 16 de noviembre de 2023 se discutió en la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno la extensión de arrendamiento de la finca Reunión hasta 30 años a Clean Flexible Energy, según una minuta del 16 de noviembre de 2023. En esa minuta también se indica que González Beiró se obtuvo de participar y votar sobre ese asunto, pero tampoco especifica si se quedó a escuchar la discusión del asunto por parte de los otros miembros del grupo.    El secretario de Agricultura niega tener “conflicto moral o legal” cuando siendo presidente de la Junta de ATPR se aprueban contratos de arrendamiento para hacer posible la siembra de placas solares por lo que se le pagará a Agriart. "Para empezar, yo no soy dueño de una finca, soy inversionista en una corporación que esa corporación le va a arrendar tierras a Clean Flexible (Energy) eso es así y eso es completamente legal. Que tiene que ver mi negocio con la AT, no entiendo" , insistió González Beiró. Alegó además que “ yo no sé para qué ellos las quieren. Es que eso yo no lo sé. Ellos quieren dos predios, uno de ellos es en Guayama y el otro no se donde es” , en referencia a los proyectos de placas solares de CFE por lo que arrendaron terrenos de la ATPR. A la pregunta de ¿qué otras decisiones ha tomado entre el 2021 y el 2024 que benefician sus negocios o los de su familia?, González Beiró dijo: " Tantos mis negocios como los de mis familiares son agrícolas, de estos hemos vivido por cinco generaciones, así que todas las decisiones que tome como Secretario buenas o malas afectarán positivamente o negativamente nuestros negocios". González Beiro tiene un 18% de participación en Agriart, LLC desde el 2020, según documentos de la Oficina de Ética Gubernamental. A preguntas del CPI y de Bonita Radio, el Secretario de Agricultura insistió en que el arrendamiento de las fincas de la ATPR por parte de Clean Flexible Energy no beneficia a Agriart LLC. “CFE tiene proyectos en otros laos (sic). Usted está asumiendo que [el arrendamiento de las dos fincas] son para los proyectos de Agriart”, replicó González Beiró.  El funcionario ha dicho también que no existe ningún conflicto de interés en tanto gestionó un fideicomiso ciego en el que figuran sus negocios, incluyendo a Agriart LLC, para no intervenir en su administración mientras ocupe el cargo.  Según una misiva de la Oficina de Ética Gubernamental de mayo del 2021, la escritura del Fideicomiso Ciego se hizo en diciembre del 2020, cinco meses después de que se creara la corporación Agriart LLC. En ese mismo documento se establece que el Secretario ha mantenido negocios con tres corporaciones, incluida Agriart LLC .  La escritura de Fideicomiso fue presentada por el licenciado Antonio Marichal Aponte, quien fue el mismo que creó la corporación el 14 de julio del 2020. González Beiró fue designado Secretario del DA el 3 de diciembre de 2020. Sigue la segunda parte de esta historia aquí: https://www.bonitaradio.net/post/secretario-de-agricultura-que-funciona-como-hacendado A las 8AM, más información y análisis en Noticias con café en YouTube Live .