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Abogado de uno de los caseteros fue el autor del Memorando de Derecho que dio pie al Reglamento 4860 que delineó claramente la prohibición del crecimiento de estructuras en LP Por Carmen Enid Acevedo BONITA RADIO El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emitió dos de las cuatro querellas que tiene pendiente por crímenes ambientales en la Reserva La Parguera, contra caseteros que construyeron en el mangle y en instalaciones que tienen allí a pesar de que están sembradas en un bien de dominio público. Uno de esos es Fidel Alonso Valls, empresario de educación técnica allegado al Partido Nuevo progresista (PNP quien el pasado cuatro de julio prestó la caseta por el fin de semana a Carlos Johnny Méndez, representante estadista y ex Presidente cameral. El avispero que se revuelca desde que ciudadanos denunciaron que la familia política de la Comisionada Residente, Jennifer González, construyó en el mangle que rodea la caseta #48 en La Parguera, comenzó a agitarse más cuando dos de sus vecinos, los doctores Aurora Soler López y Vicente Velázquez y el empresario penepé, Alonso Valls, recibieran querellas de parte de la agencia ambiental hace dos semanas. Bonita Radio supo que las querellas contra los suegros de González, José del Carmen Vargas Rodríguez e Iris Llavona, han tenido problemas de ser diligenciadas por los Vigilantes del DRNA, así como una cuarta que trata de la construcción de un muelle y que responde a otra persona que tiene caseta en LP. Pero, el jueves se supo que fueron diligenciadas por correo certificado y personalmente. Entretanto, la querella 23-195 #ZMT contra Alonso Vals fue confirmada por el abogado de éste, Patricio Martínez Lorenzo, un abogado ambientalista de alto renombre, que en los años 90n fue abogado del DRNA y bajo cuyo contrato en 1992, redactó el Memorial Explicativo que dio pie al Reglamento 4860 PARA EL APROVECHAMIENTO, VIGILANCIA, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS TERRITORIALES, LOS TERRENOS SUMERGIDOS BAJO ESTAS Y LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. "Hay un procedimiento ante la agencia y no tengo nada más que decir", dijo Martínez Lorenzo cuando se le preguntó si hay alguna querella contra Alonso Valls, quien incluso fue presidente de la Asociación de Casas de La Parguera, una entidad corporativa que incorporó en el 2009 y que fue cancelada en el 2014 . La misma fue radicada en el Departamento de Estado por el licenciado Martínez Lorenzo. Lcdo. Patricio Martínez Lorenzo La querella contra Alfonso Vals, firmada por los abogados del interés público, José Báez Martínez Radio y Rafael González, alega que construyó estructura tipo almacen en madera, con planchas de zinc, aledaña a la caseta #75 que ocupa desde hace por lo menos dos décadas. Esto en violación al artículo 1.4 del Reglamento 4860 de 1992 que establece que las actividades permitidas mediante concesión y al 4.1 que tiene que ver con la prohibición de entrar en "Nuevos aprovechamientos". En este caso, el Reglamento se da 20 años más tarde a la concesión que había otorgado el DRNA a caseteros originales mediante el Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) entre el Cuerpo de Ingenieros y la agencia estatal, que disponía que tenían 12 años para limpiar el área de caseteros y se les prohibió "ampliar la huella" de la Reserva que ya habían afectado las casetas existentes hasta ese momento. El MOU de 1978 vencería en el 1990. Fue el 29 de diciembre del 92 que se firmó el Reglamento 4860. Ni la agencia federal ni Recursos Naturales actuaron conforme al MOU para remover las casetas ilegales ni condicionar y conservar el área de la Reserva La Parguera. Ese Memorando disponía de un plan de manejo que procuraría que el área se convirtera en un lugar recreacional, tipo las cabañas de Boquerón en Cabo Rojo o lo que existe en el Monte del Estado en Maricao. El DRNA nunca hizo nada. Contra Vargas Rodríguez y Llavona se radicaron igualmente una querella que se relaciona con la construcción de una terraza en la que se cloraron pilotes de pvc rellenados de cemento y madera. Una segunda querella por violaciones en el área de La Reserva de La Parguera se relaciona con la construcción de un muelle por parte de la dentista, Aurora López y Vicente Velázquez, residentes en Dorado. Se les imputa la construcción de una residencia. Conéctate al canal de YouTube de Bonita y escucha el programa donde se analiza la información de la nueva pesquisa. https://youtu.be/5jmLoXw1ID4

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Empresarios de instituciones educativas; comerciantes de zapatos y carteras; corredores de bienes raíces con hincapié en el alquiler de propiedades a entidades de gobierno; prominentes abogados de la región y 'socialité' ponceña; desarrolladores y empresarios de la construcción y asfalto, fueron los identificados en el 2013 por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), como los ocupantes de La Parguera. Un inventario de facilidades físicas así lo constata. Humberto Vidal Nadal, Fidel Alonso Valls, Arturo Díaz, ingeniero Luis Rivera Siaca, eran algunos de los 'ocupantes' de casetas en el bien de dominio público de La Parguera cuando en el 2013, la vigilante Ana García de Cabo Rojo, hizo un inventario de las facilidades físicas en el área. Cuatro de ellas se encontraban en el agua. Díaz murió un año antes. Rivera Siaca y Alonso Valls siguen allí. Siete años antes y en el año 2006, cuando Javier Vélez Arocho era el secretario del DRNA comisionó a la Abogada Principal de la agencia un memorando de derecho sobre el Reglamento 4860 de 1992, para indagar sobre concepto del carácter público que debe imperar en la otorgación de autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público marítimo terrestre por parte de la autoridad nominadora. La abogada del interés público de más alto rango todavía hoy en la agencia, licenciada Mildred Sotomayor Bourbon, terminó su encomienda anotando: " Los únicos ingredientes que hacen falta para lograr que el Departamento cumpla con su propósito y razón de existencia es valentía, voluntad política ejecutiva y altura moral , ya que nos ampara un ordenamiento jurídico y un expediente administrativo histórico favorable. Devolvamos al Pueblo de Puerto Pico la confianza en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales como custodio, protector y manejador de sus recursos naturales garantizándoles el mayor desarrollo y aprovechamiento, e integridad de los mismos para beneficio de la comunidad en general". Diez y siete años más tarde, aquél memorando "EN DEFENSA DEL ARTÍCULO 5(h) DE LA LEY NÚM. 23 DE 26 DE JUNIO DE 1972, SEGÚN ENMENDADA; LOS PRINCIPIOS RECTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL REGLAMENTO #4860 DEL 2g DE DICIEMBRE DE 1992, SEGÚN ENMENDADO; Y EL ALCANCE DEL CONCEPTO DE CARÁCTER PÚBLICO QUE DEBE IMPERAR EN LA OTORGACIÓN DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES PARA EL USO Y APROVECHAMIENTODELOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE POR PARTE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA", constituye una pieza de fondo para aquéllos que hoy se posicionan de frente a las denuncias de La Parguera en Lajas; Playa Los Almendros en Rincón, Punta La Bandera en Luquillo, Joyuda en Cabo Rojo, barrio Borinquen en Aguadilla, Las Picúas en Río Grande y tantos otros fogones prendíos por parte de las comunidades de los 45 municipios costeros que tiene el país. En el mencionado memorando con fecha de febrero de 2006, al que tuvo acceso Bonita Radio , Sotomayor Bourbon invita al DRNA a "hacer una introspección y evaluar críticamente su gestión a través de sus 33 años de existencia y determinar si conforme a sus leyes y reglamentos ha cumplido cabalmente con el mandato constitucional de velar, proteger, conservar y manejar los recursos naturales bajo su jurisdicción en beneficio de su legítmo titular el Pueblo de Puerto Pico. La realidad fáctica puede que no sea muy generosa a favor de la gestión realizada. Entonces se mantiene en la misma actitud paralizante o asume su responsabilidad histórica y cumple con su encomienda y con el mandato constitucional legal y reglamentario esbozado a través de todo este documento". La realidad se acercaba a la letra de aquél memorando. En el 1995, bajo la incumbencia de Pedro Gelabert, se inició un censo de las edificaciones de una de las áreas más impactadas por las construcciones en los bienes de dominio público, La Parguera Barrio en Lajas. De hecho, un año antes, el jefe de Gelabert y gobernador, Pedro Rosselló González firmó la orden ejecutiva 08-1995-75 PARA APROBAR EL PLAN DE MANEJO PARA EL AREA DE PLANIFICACION ESPECIAL DEL SUROESTE, SECTOR LA PARGUERA. Era presidenta de la Junta de Planigicacion, Norma Burgos Andujar. Pero, Rosselló cambió de opinión. Intentaron desaparecer la Orden Ejecutiva y fuentes de entero crédito, entre ellos empleados jubilados de esa agencia, atestiguaron a Bonita Radio que fue una llamada de La Fortaleza la que dejó sin efecto, lo que se había iniciado desde la División de Agrimensura del DRNA. Más tarde, las "nefastas administraciones de Daniel Pagán, Daniel Galán Kerkadó y más recientemente, Tania Vázquez...hicieron barbaridades y desmantelaron la agencia". En el caso de Pagan, fue el Secretario que contrario a la recomendación de Agrimensura, avaló el deslinde de la #ZMT del condominio Sol y Playa, el que se ha demostrado con los incidentes recientes, que estuvo mal aprobado por la agencia a favor del desarrollador, el ex alcalde convicto penepé de Rincón, Liborio Caro Muñiz. Hoy sufren las consecuencias de aquélla negligencia gubernamental de "los de arriba". En el 2013, bajo la incumbencia de la secretaria Carmen Guerrero, administración del gobernador, Alejandro García Padilla, hubo un segundo intento de dejar para el 'record' un inventario o censo de construcciones en La Reserva Natural de La Parguera. La vigilante García lo hizo tomando fotografías, identificando coordenadas y 'ocupantes' que señala como dueños, sus direcciones y números de contacto. Así identificó la caseta del empresario de asfalto y construcción, Díaz, propietario del edificio donde ubica el Partido Popular Democrático (PPD) en Puerta de Tierra; dueño de Empresas Diaz y del desaparecido negocio de asfalto, Better Asphald Road, responsable del desarrollo de carreteras desde los años 60 en la Isla. "Un popular del corazón del rollo y donante del Partido". La de otro amigo de Díaz y del PPD, el empresario e ingeniero, Rivera Siaca, un contratista del gobierno de Puerto Rico a través del alquiler de propiedades para agencias de gobierno, tales como el edificio en Hato Rey donde ubica el Departamento de Educación en reciente litigio por cobro de mensualidades por la friolera de $4M. El abogado ponceño Wendell Colón Muñoz, cuyo padre banquero, Ramiro Colón, era un íntimo amigo del ex gobernador, Rafael Hernández Colón; el dueño del Instituto de Banca y MBTI, Fidel Alonso Valls, un donante y empresario allegado al Partido Nuevo Progresista (PNP) también figuran en la lista de VIP descubiertos entonces por el DRNA. También trajo la del empresario de "zapatos y carteras" Humberto Vidal Nadal, cuya exitosa empresa data de 1971 en el área del casco urbano de Río Piedras y que al día de hoy regentan sus herederos a través de múltiples tiendas. Otros que también están identificados son la de Violeta Pagán Ferrer, quien donó dos casetas 11 y 159, a sus hijos, como resultado de una controversia por cobro en la que las dos estructuras estaban garantizando un préstamo de $15K que otorgó la primera a los hoy ocupantes. Al menos ocho casetas fueron identificadas como "dueño desconocido" aunque igual fueron fotografiadas. Lo menos que hay en el récord público del DRNA, que no ha sido revelado por el Gobierno, son planes de Restauración de La Parguera desde 1993. Un documento de 67 paginas establece que ese proceso se daría en dos fases, una de limpieza y otra de desarrollo y construcción de las obras. La única acción gubernamental, por voz y mano de la Policía y del Departamento de Justicia ha sido encausar a ocho manifestantes por cargos de destrucción de la propiedad en relación a los hechos del nueve de julio cuando se allegaron a la caseta #48 de los suegros de Jennifer González. La jueza del TPI de Mayagüez, María del Pilar Vázquez, fijó fianzas de hasta $50k por acusado sumando $490k, lo que ha sido señalado por entendidos en derecho como e censuró y anticonstitucional de acuerdo a los criterios de garantía de comparecencia que tendría que tener ante sí el juez para fijar la misma.

Solo del 31 de julio de 2007 al 12 de febrero de 2019, COFINA realizó 16 emisiones de bonos 30 por $28,336,412,433 Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Una auditoría de la Oficina de la Contralora, Yesmín Valdivieso, donde el lenguaje de 'hallazgos' cambia por "resultados", hecha a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) entre el primero de enero del 2017 al 30 de enero del 2023, trae información que coloca a los administradores del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Ejecutivo y el Legislativo, emitiendo y aprobando emisiones de bonos bajo la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) o deuda extraconstitucional, que resultaron en déficits ascendentes a $110,986 millones sin fuentes de repago y su índice de endeudamiento fluctuó entre 94.28% y el 97.19% . "Durante los años fiscales del 2007-08 al 2009-10, del 2011-12 al 2013-14, y 2018-19; COFINA no tuvo ingresos suficientes provenientes del IVU por $1,650,454,076 para el pago de la deuda. En dichos años fiscales, COFINA tuvo ingresos por $3,264,435,497, mientras el servicio de la deuda fue por $4,914,889,573", concluye el informe en su página 35. Lo que ha sido un secreto a voces entre analistas independientes a los partidos políticos que han dirigido al país, PNP y Partido Popular Democrático (PPD), la auditoría 0C-25-39 del 15 de noviembre y hecha pública el domingo 24 en el portal de la OCPR destacó que la deuda de COFINA debe ser considerada extraconstitucional. "A base del estado de derecho se concluye que, aunque la imposición del IVU es parte de los poderes de imponer contribuciones del ELA, COFINA no es considerado parte del margen prestatario del ELA de 15 %, establecido en la Constitución. Esto, debido a que COFINA no es una obligación directa que compromete la buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del ELA. Este estado de derecho permite que no toda contribución impuesta llegue al Fondo General. Incluso, permite que se utilice para otros propósitos, ya sea de entidades públicas que no estén relacionadas con el pago de obligaciones directas que comprometan el crédito del ELA ". El informe hace silencio sobre hacia donde fueron a parar las cuantías de emisiones de bonos de COFINA que agravaron la situación fiscal al punto en que en el 2016 se activó la petición de quiebra y mantiene al país, desde entonces, con la imposición del Congreso de Estados Unidos y Barack Obama como presidente, de una Junta de Control Fiscal que tiene como prioridad pagar a los deudores. El informe establece que el uso de los fondos recibidos de las emisiones de bonos se evaluará en otra auditoría "más adelante". La Contralora Valdivieso tiene su nombramiento vencido desde el 2020 y se espera que la administración de González Colón llene la vacante. Según el análisis de los auditores de la Contralora, del 2007 al 2019 se emitieron bonos por la suma $28.333.412 millones de los cuales 39.1% o $11.077.341,643 corresponden al cuatrienio de Luis Fortuño y la Legislatura de Thomas Rivera Schatz y Jenniffer González - hoy gobernadora electa - en la Cámara. Del 2017 al 2019, bajo la gobernación Ricardo Rosselló Nevárez, Rivera Schatz y Carlos 'Johnny' Méndez en la Cámara se emitieron $12,021,321,817 en duda o 42.5 % del total. En el cuatrienio de Aníbal Acevedo Vilá, según el informe de la Contralora, se endeudó el país mediante COFINA en un 18.5% o $5,237,748,973. La Legislatura del 2005 estaba dominada por el PNP, en el Senado, Kenneth McClintock y en la Cámara, José Aponte. Fue en ese período, en el 2006 que se creó COFINA, "inicialmente como una subsidiaria, y posteriormente como una corporación independiente del BGF, con el propósito de emitir bonos o utilizar otros mecanismos de financiamiento para pagar o refinanciar la deuda extra constitucional del ELA existente al 30 de junio de 2006". A partir del 2007, COFINA se convirtió finalmente en un cuerpo corporativo político, independiente y separado del Gobierno del Puerto Rico y de cualquier otra entidad gubernamental. El informe de la Contralora no es tan claro como otros que presentan hallazgos y hace señalamientos puntuales de responsabilidades y las implicaciones de las conductas de quienes toman decisiones en las agencias auditadas. En las recomendaciones solo menciona, de la 14 a las 16, una linea pro forma que establece . "Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que las situaciones comentadas no se repitan. [Resultado 2 y Comentario especial de la Parte 2] 15. Velar por que el director ejecutivo de COFINA cumpla con la Recomendación 16. [Resultado 2 y Comentario especial de la Parte 2] Sobre los ingresos propios, el informe de la Contralora establece que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) tuvo "pérdidas operacionales acumuladas por $6,659 millones y fondos insuficientes para sus actividades corporativas". Llama la atención que la emisión de bonos más grandedel BGF de las examinadas por cuatrienio corresponde igualmente al de Fortuño cuando del 2 ene. 09 al 2 ene. 13 se endeudó en $9,686,412,000 o un 73 %; del 2013 al 2016, de Alejandro García Padilla, $1,010,000,000 para un 7% y en el de Acevedo Vilá, $2,651,493,0 o un 20% del total de la deuda emitida. "De dichas emisiones, evaluamos la emisión de bonos que incluía los Government Development Bank for Puerto Rico Senior Notes, 2011 Series H por $1,399,045,000, del 28 de diciembre de 2011; y la Senior Notes, 2011 Series I por $397,935,000, del 12 de enero de 2012. Esta fue aprobada el 21 de diciembre de 2011 por el Comité Ejecutivo de la Junta mediante la Resolución EC-2011-104. Mediante memorando del 21 de diciembre de 2011, el vicepresidente ejecutivo y tesorero, el vicepresidente ejecutivo de financiamiento, y el vicepresidente y asesor de financiamiento del BGF indicaron al Comité Ejecutivo del BGF que el Banco necesitaba continuar fortaleciendo su liquidez, entre otras cosas, debido al crecimiento acelerado de los préstamos a las entidades gubernamentales, lo que requería altos niveles de solvencia. En dicha Resolución se establece que el principal y los intereses de las notas eran pagaderos de los fondos disponibles del BGF, y se considerarían las obligaciones generales no garantizadas de este", destaca el informe sobre el tracto que siguió la transacción en términos de funcionarios a cargo y justificaciones para emitir la deuda. Se añadió en el informe que en "el Official Statement se estableció que el uso propuesto de la emisión era para fines corporativos generales incluido, pero no limitado a, aumentar su cartera de inversiones; otorgar préstamos; comprar obligaciones del ELA, sus corporaciones públicas, entidades y municipios; redimir o comprar todas o parte de ciertas notas emitidas previamente por el BGF, y pagar los costos asociados a la emisión", establece el informe que las agencias acreditadoras Moodys y Standard and Poor, "evaluaron la emisión y concluyeron que estaba sujeta a un riesgo crediticio moderado y que era probable que condiciones económicas adversas ocasionaran el debilitamiento de la capacidad del BGF para cumplir con sus compromisos financieros". "Luego de la emisión de las senior notes realizadas en el año fiscal 2011-12, el BGF tuvo pérdidas operacionales acumuladas por $6,659,576,737, durante los años fiscales del 2013-14 al 2014-15, del 2016-17 al 2017-18 y 2019-20". La transacción hecha en la administración Fortuño fue tan perdidosa que dejó al BGF inoperante en el 2013, teniendo más deudas que activos. "También encontramos que, para los años fiscales 2005-06 y del 2007-08 al 2014-15, el BGF tuvo que emitir deuda por $15,996,685,89439 para financiar sus actividades operacionales, de inversión y de financiamiento. El balance de los bonos por pagar del BGF para el año fiscal 1999-00 fue por $267,000,000, y $3,765,565,851 para el 2017-18, para un incremento de $3,498,565,851 o un 1,310 %". Para los años fiscales del 2013-14 al 2019-20, el balance de los préstamos otorgados por el BGF al sector público tenía de un 29 a un 100 % de riesgo de ser incobrables. El balance de dichos préstamos fluctuó entre $889,768,000 y $8,955,026,000. Además, la reserva para pérdidas por dichos préstamos fluctuó entre $889,768,000 a $6,049,911,000. Entre los personajes de la administración Fortuño que están atados a las transacciones perdidosas están Juan Carlos Batlle Hernaiz, presidente del BGF del 2011 al 2012, hermano de Fernando, quien fuera director ejecutivo de COFINA, del 2009 al 2011. Batlle Hernaiz fue a trabajar en el 2017 con Ankura Consulting Group, una firma que ha tenido contratos con el gobierno de sobre $189.5M del 2017 al presente, como asesores financieros de AFFAF y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En la administración del gobernador, Pedro Pierluisi y la comisionada residente, González Colón, entre el 2021 y el 2025, tienen contratos por sobre $99.7M. Precisamente sobre las emisiones de bonos en la AEE, el informe establece que se hicieron 23 por $11,899 millones del 2000 al 2016. La emisión del 7 de abril de 2010, por $822 millones, fue calificada de bajo riesgo por las agencias calificadoras, que consideraban que la capacidad de pago de los compromisos financieros era adecuada. Pero, ya al 30 de junio del 2009 , ocho meses antes de la emisión, la AEE registró $147 millones en pérdidas y tenía un índice de endeudamiento con respecto a sus activos de 100%.  El balance de cuentas por cobrar aumentó de $403 millones a $769 millones del 2000 al 2020 y los bonos por pagar aumentaron en un 123%, de $3,743 millones a $8,330 millones. Entrwtanto, Ankura fue parte de los asesores del BGF en el proceso de reestructuración bajo el Título VI. Para más detalles de esta historia sintoniza Esto es lo último 11AM por Bonita Radio YouTube Live.

El Documental Boricua es seleccionado para el International Puerto Rican Heritage Film Festival Nueva York COMUNICADO DE PRENSA El documental El Monte, sobre la obra del Puerto Rico de los años 60 se presentará en el 14th Annual International Puerto Rican Heritage Film Festival, el domingo 17 de noviembre, en el Regal Essex Crossings Cinema en Nueva York. El evento contará con la proyección de esta obra cinematográfica que destaca la arquitectura y la identidad cultural de Puerto Rico. Producido por Abjoh Films y la Fundación por la Arquitectura, con el apoyo de Humanidades Puerto Rico y el National Endowment for the Humanities, el documental relata la historia del desarrollo, diseño y construcción del icónico complejo de vivienda multifamiliar El Monte, ubicado entre urbanizaciones de Hato Rey. El complejo fue diseñado por el arquitecto Edward Larrabee Barnes  (1915-2004) junto a los arquitectos asociados Reed, Basora y Menéndez. Con una narración visual impactante, El Monte ofrece una reflexión profunda sobre la arquitectura de este edificio, conocido por su diseño innovador y su relación íntima con la comunidad. El documental cuenta con la participación del arquitecto Santiago Gala Aguilera, Melba Ferrer Quintero, Sofía Irene Cardona y Vivian Otero Barrera, quienes brindan sus experiencias como residentes de El Monte. Abnel Jo. Hernández, director del documental, afirmó que el "proyecto es un testimonio de cómo la arquitectura puede transformar no solo un espacio, sino toda una comunidad. Lo que hace único a ‘El Monte’ es su capacidad para mostrar que el diseño, cuando está en sintonía con las necesidades y valores de su gente, puede tener un impacto profundo y positivo en la vida cotidiana”. Desde su estreno en noviembre de 2023, El Monte ha sido presnetado en funciones completamente llenas en la Sede de la Fundación por la Arquitectura en Santurce. Además, se presentó ante un centenar de residentes del Condominio El Monte Sur y en la Escuela de Arquitectura de la UPR, con una excelente acogida. Este año fue seleccionado por CineMásCorto y, en un logro aún mayor, se proyectó en pantalla gigante en el Festival Cine Internacional 2024 en los cines Fine Arts de Miramar y Ponce. “Estos hitos han colocado a El Monte en el radar internacional, demostrando cómo una organización sin fines de lucro puede emplear el cine como un medio eficaz para resaltar la importancia y la riqueza cultural de Puerto Rico a través de la arquitectura. Nuestra Fundación se ha consolidado como un espacio clave para el diálogo y la reflexión, donde la arquitectura se convierte en una poderosa herramienta para transformar nuestra sociedad." expresó Samayra Romero Pérez, directora ejecutiva de la Fundación. Destacó que el reconocimiento "refleja la importancia y relevancia de El Monte en la conversación global sobre la arquitectura y la cultura. Invitamos a la comunidad puertorriqueña, a los apasionados de la cultura y la historia, a asistir y celebrar este hito en el festival". Los boletos pueden adquirirse en la página oficial: www.iprhff.org/2024-films .

Opinión Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio A 48 horas de las elecciones generales, parece que la gente está lista a emitir un voto, ‘sin miedo’.  En el el cierre de la alianza electoral se dieron cita 50k personas en el Lote 4 del Distrito de Convenciones mientras el PNP reunía unas 4k en el estacionamiento del Quijote Morales en Guaynabo. ¿El miedo cambió de bando? El referente histórico más cercano del grito de sin miedo, fue aquél que emitió Inés Mendoza en tiempos en que el PPD proponía el discurso oficialista de pertenecer y permanecer como ciudadanos americanos con asentamiento de nación puertorriqueña. Eran los 80 y no es casualidad que aquélla cerrada elección entre Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló llamara la atención del ‘miedo’ en una campaña donde el Partido Nuevo Progresista (PNP) llamó comunista al PPD y a su candidato y lo colocó recibiendo dinero de la Cuba de Fidel Castro.   A 44 años de aquélla elección, el PNP volvió a infundir miedo en esta ocasión por voz de la candidata y comisionada residente, Jenniffer González y sus repetidores en medios de comunicación, unos del PNP y otros del centro derecha del PPD. Lo último que hizo González, hace 24 horas, fue comparar al artista de influencia internacional, Benito Antonio Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, con Adolfo Hitler haciendo alusión al que dirigió el Holocausto contra 5M de judíos. Todo porque Benito favorece la alianza electoral entre el Partido Independentista (PIP) y Victoria Ciudadana, que propone llevar a la gobernación a Juan Dalmau y de Comisionada Residente a la también independentista, Ana Irma Rivera Lassen.   En ese punto y con el perdón de la disgresión, González no solo miente cuando dice que Bad Bunny le deseó la muerte a un estadista. El también grito de “muerte al PNP”, se refiere a la institución que a la sazón tiene no menos de 65 líderes, entre funcionarios electos y públicos nombrados por sus gobernantes, convictos por corrupción y hasta auto desterrados después de cumplir cárcel.   Se le olvida a González que entre sus filas hay funcionarios como Thomas Rivera Schatz, que si han atacado la democracia, a fuerza de mollero y utilización de sus poderes públicos, al no permitir el paso a la libertad de expresión cerrando las gradas del Capitolio para evitar la comparecencia del pueblo, el soberano. Un TRS que de un tiempo a esta parte utiliza los medios sociales para discrepar del otro vociferando palabras soeces, así como Hitler utilizó los que tuvo a su alcance para burlarse del otro y la otra que no fuera blanco y germano.    Rivera Schatz, con torpeza y fichaje de guapetón de barrio, también se hizo de un espacio en un canal de TV tradicional, donde como analista vaciaba los ‘talking points’ que disemina el Partido entre aquéllos que tienen espacio en medios tradicionales.  Una violencia verbal y algunos dicen que hasta física contra el profesor universitario, José Molinelli, le costó el espacio cuando lo persiguió en el pasillo del estudio de TV y amenazó con agredirlo. Lo sacaron en menos de 24 horas y fue recibido entonces, en un foro de entretenimiento, Jugando Pelota Dura, donde su productor lo sentó junto a José Luis Dalmau, estableciendo que en las próximas elecciones son los únicos con posibilidades de convertirse en presidentes del Senado.   Con anuncios y pautas desde que asumió la presidencia de su partido en julio, la campaña de miedo se fue intensificando en imágenes y discursos. La repite Rivera Schatz a su manera y hoy, distinto a las 48 horas antes de noviembre de 1980, se cacarea con imagen y verbo incendiario en las redes sociales con fotutos y ‘troles’ pagados por el Partido y en algunos casos por millonarios contratos públicos desde La Fortaleza hasta agencias públicas.   Al grupo de analistas o productores de entretenimiento se han unido también Populares con espacio como columnistas y/o ejecutivos de emisoras radiales. De ahí que en las últimas dos semanas, el ex presidente del Senado, Eduardo Bhatia y el gerente de Radio Isla, Armando Valdés, hayan hecho expresiones de lo que se juega en estas elecciones con el miedo de telón de fondo.   Bhatia se quedó en el “mood” veleta que ha predominado el discurso de los Populares. En su más reciente columna disfraza de pragmatismo y ‘moderado’ su posición de mantenerse en el ‘status quo’ sin gritarlo, bajito y con algún tipo de sordera y ceguera a ver, en efecto, lo los tiempos dibujan en la pared de por donde va el país y su gente.   Esa no fue, sin embargo, la postura del hoy profesor universitario cuando dirigió el Senado. Allí, con poder dado por el pueblo Popular con su voto, asumió conductas  de derecha y neoliberales que lo llevaron a aceptar en uno de esos programas de entretenimiento que el abrazo a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) lo daba porque quería salir del líder sindical Ángel Figueroa Jaramillo y de la UTIER, a cuyo paso de casi 50 años por la Autoridad le adjudicó las condiciones en que se encontraba. Allí se cogió de la mano del PNP y apoyó que el gobierno colocara en dos entes privados lo que había sido hechura de las políticas de Muñoz y los trabajadores.   En esa coyuntura no escuché ni a Bhatia ni a Valdés hablar de pragmatismo, disenso y negociaciones entre la derecha y la ‘izquierda’ para proyectos como fueron la privatización de la AEE.   No cuestionó que en los medios de comunicación tradicionales se dijera solo la “verdad” de los que empujaron la privatización, no se discutiera en profundidad y se manipulara desde el gobierno jugando con las formulas del entretenimiento en lugar de informar sin visos de propaganda. En eso se han convertido los medios con la anuencia y participación de los partidos políticos.   Hoy Bhatia habla de extremos y que por eso, por no seguir el del PNP y al otro, compuesto por la alianza electoral, votaría por el PPD. Utiliza el subterfugio para llamar la atención de la audiencia que lo lee a lo que tiene bien metido entre cuero y carne, el cuco de la independencia, el miedo al cambio, el miedo a lo desconocido.   No contextualiza en quienes fueron los protagonistas del populismo, la derecha del PNP y la del PPD o la de movimientos que antes no tenían vela en aquel entierro, pero que hoy son fuerza política porque la gente se cansó de votar una sola X y que los gobiernos no respondieran a sus necesidades.   En ese discursar desde el miedo de los Populares, Valdés va más lejos y asume las letanías del liderato PNP.  “El separatismo desharía el progreso que hemos alcanzado…”, escribe con ahínco aludiendo a Muñoz, al Puerto Rico moderno y advirtiendo que “de la corrupción del PNP el país puede recuperarse”. Dejando fuera la corrupción del PPD, que de un tiempo a esta parte le pisa los talones al Partido que ha sido objeto de la muletilla de “miembro del PNP” cuando de escribir la historia de acusaciones se trata.   ¿Será el miedo infundido por los suyos los que hacen hablar a Bhatia y a Valdés desde las notas que trae JGo y su pandilla? Ellos sabrán.  Si algún día tocan fondo y delante del espejo lacaniano o freudiano rebuscan y se hablan con honestidad y encuentran la respuesta, será una buena conversación desde columnas y podcast.   Pero hay un protagonismo de esa campaña de miedo que vive y pervive en analistas y periodistas, también allegados a los partidos que han gobernado al país por los pasados 55 años. Si hay vergüenza ajena en las posturas de quienes salen de los partidos políticos, en la que incumbe a ‘periodistas’ me toca de cerca, la encona, la hincha.   Alex Delgado es el paladín de esa propaganda delineada por los Joseph Goebbles del Caribe del 2024, desde su escenario de periodista de medios tradicionales.   Las preguntas contenidas en los ‘talking points’ son anticipables en todas sus intervenciones. Escriba, hable por las ondas radiales o se pare detrás de un mic en TV, Alex no suelta al “independentismo”, “los fondos federales” y tanto otro cliché típico de la Guerra Fría cuando el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética tenía que ver con la ideología de cada uno y de ahí que lo político, social y económico, propusiera ruptura y un nuevo paradigma. Y el miedo quedaría como antesala a columnas, entrevistas y grandes titulares.   Las que pregunta Delgado parecen sacadas de un libreto de Don Eleuterio, el famoso personaje de Sushine Logroño que retrata a un boricua ochentoso y radiofónico de antena que habla de ser “americano” y fluye en un inglés de veterano de la Guerra de Vietnam.    Entre los analistas, Carlos Díaz Olivo, Luis Pabón Roca, Ramón Rosario y Leo Díaz, los ex funcionarios Carlos Mercader y Christian Sobrino, se colocan en la delantera de divulgar aquéllo que Hitler habría puesto en los documentales de Leni Rifensthal para demonizar a judíos y exaltar la raza aria. Aquí se demoniza a la “alianza”, a sus lideres y a todo aquél que huela a cambio, a quienes amenazan con sacarlos de la zona cómoda en que han vivido entre contratos con unos y otros pagados por la chequera del pueblo y la mensualidad de un medio de comunicación que busca hablar desde esos partidos políticos. Se acaba el guiso. Termina la jauja.   Las razones de más de uno y otros pueden ser diversas. Lo que los une, lo que los deja fuera del closet es su empeño es utilizar la palabra y los medios de información para mentirle al país. Si sienten miedo por lo que aparenta ser un cambio en la preferencia del voto de este pueblo, con todo lo que supone tener una cuota de terror colectivo por vivir en la colonia y nunca apartarse de votar PNP y PPD, el llamado es a que procuren mantener la decencia y no traigan al cuco cada vez que recuerdan que perderán mucho si gana el ‘cambio’.   Antes, pregúntenle al país por donde va. Si el miedo les hace mella. Si les mueve un ápice y si realmente se convencieron con información y datos que el país será otro porque otros ganen. Parecen ser ustedes los que siguen con ese miedo que hace que se embarraren los calzones, cuando el susto aprieta y el esfínter suelta de que gane otro que no sea el de siempre.   Poner a PR por delante cuando van a preguntar y a escribir, puede costarle unos cuantos pesos pero opinar con verdad y contexto histórico los pone delante en honor y vergüenza. ¡Que la dignidad no tiene precio, carajo!

Xavier Domínguez Méndez asesoró a Luis Fortuño Burset en el 2012 y en su último libro recomienda “Mienta pero no engañe”. Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El alcalde de San Juan y candidato a la reelección por el Partido Nuevo Progresista (PNP), en las próximas elecciones generales, Miguel Romero, mantiene contratado en el Municipio al consultor español de comunicación política electoral, Xavier Domínguez Méndez, bajo una corporación con sede en Miami mientras aquí no está claro desde donde opera, quienes son sus empleados y qué servicios le ofrece al municipio para ganarse hasta $615K en tres años. Dominguez Méndez, quien llegó al Partido Nuevo Progresista (PNP) de la mano Luis Fortuño, cuando se disputó la gobernación con Alejandro García Padilla en el 2012, ha firmado tres contratos entre el 2021 y el 2024 con el municipio de San Juan como presidente de la firma Wish & Win Corp. con sede en Miami y que alega tener sucursal en la Isla. Sin embargo, en el número 434 de la avenida Hostos en Hato Rey no están las oficinas de Wish & Win sino un proveedor de servicios de computadora. Tampoco las del agente residente que se nombra en el Departamento de Estado desde que se incorporó como corporación en octubre del 2020, identificado como Enrique R. Adames. El contrato más jugoso de Domínguez Méndez es el que firmó en julio y a tres meses de las elecciones generales y que tiene vigencia hasta ea 31 de diciembre, por $112K o $22,500 mensuales. En Estado, la firma tiene como agente residente, Enrique R. Adames (Soto) y como presidente, secretario y tesorero a Domínguez Méndez. El primer contrato con San Juan lo firmó el consultor y desde el 2022 lo hace Luz B. Torres Arrieta, quien figura en un pleito judicial de daños y perjuicios contra el Municipio. Arrieta Torres está nombrada en el pleito como parte de la evidencia del tracto de misivas relacionadas del caso que lleva el licenciado Adames Soto, un contratista del municipio. Domínguez Méndez destaca en sus perfiles digitales una de sus “frases célebres” y la que resulta ser título de uno de sus libros: “Mienta pero no engañe”. Hace malabares para normalizar el uso de la mentira en sus estrategias de comunicación porque según él, “todo el mundo miente”. "Coger la verdad de cada cual y exagerarla al máximo sin corromper los valores de la idea original", advierte Domínguez en defensa a su teoría. Domínguez Méndez incluyó hace una semana la descripción de su trabajo de “asesor” del alcalde de San Juan, Romero, entre las experiencias que describe en su página web como las que ha tenido como consultor de comunicación. Precisamente la semana pasada, el contrincante de Romero a la alcaldía, Manuel Natal, por Victoria Ciudadana, acusó al incumbente de la Capital de mentir reiteradamente desde el 2021 sobre las obras que realiza en el municipio. Mientras corre el último tramo de la campaña electoral, la empresa de Domínguez Méndez, Wish & Win, es descrita en la red Linked como "una consultoría en comunicación y marketing político, formada por profesionales de diferentes ámbitos. Especialistas en consultoría en comunicación estratégica, política y electoral. Nos dedicamos a ayudar a nuestros amigos a entenderse mejor con su entorno y comunicarse con sus públicos". De hecho, el año pasado se empresa fue identificada como la que creó múltiples “fake news” o bulos alrededor de la elección general España, contratado por el conservador Partido Popular en España y su candidato Alberto Núñez Feijoo. Sin embargo, en sus contratos con el municipio y la oficina de prensa, se describen tareas fuera de ese ámbito, tales como confección de planes de comunicación, adiestramiento de personal y revisión de diseño gráfico. Ninguna de esas tareas están contenidas en sus perfiles de Linked o en las múltiples entrevistas que trae en medios españoles y latinoamericanos donde hace amplio despliegue de las estrategias de mercadeo político que utiliza para que sus clientes ganen elecciones. Los servicios a prestar por Wish & Win se describen, entre otros, como: 1. E laborar plan de comunicac i ones para el G o b i erno Municipal en áreas programáticas. Se desarrollará el plan de comunicación atendiendo a los diferentes segmentos de la pob l ación y hábitos de consumo dig i ta l. 2. E v aluar el diseño grafico de l concepto creat i vo . Re v is io n y e v aluación del concepto creativo de l a comunicac i ón publica del Munic i pio enfocado en el bienestar ciudadano. L ectura e interp r etación de data . 3. Anali z ar, interpretar y presentar los resultados de la data pro v ista que se recopile para la definición de la estrateg i a mas efic i ente y costo - efect iv a de c o mun i cación publica . Domínguez Méndez, cuyo número telefónico de contacto registrado en el contrato, no responde ni tiene sistema de mensajería, hizo alardes en el 2022 y en una entrevista con el auto denominado “propagandista” del PNP en medios tradicionales, Christian Sobrino, que ayudó a Fortuño a disminuir su desventaja frente a García Padilla de 26 a perder solo por tres puntos en la elección del 2012. NEBULOSA EXISTENCIA DE WISH & WIN PR De una visita al número 434 de la avenida Hostos en Hato Rey, Bonita Radio constató que allí no se encuentran las oficinas de Wish & Win como se alega en el contrato y en el registro del Departamento de Estado. En el 436 hay una empresa de contabilidad cuyo recepcionista, Stephen Rodríguez Peña, dijo que el “bufete de abogados (Adames Soto) que estaba aquí se mudó para la (avenida) Cesar González”. Las propiedades 434 y 436 pertenecen al mismo dueño, las corporación RIM Development, según el Catastro Digital del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. No fue posible encontrar incorporación en el Departanento de Estado. La dirección de la corporación Wish & Win es la misma que tiene el bufete Adames Soto, cuyo abogado y Presidente tiene contratos con el municipio de San Juan. Entre julio del 2024 y diciembre, firmó un contrato de $400k como consultor legal para el municipio. El bufete corporación PSC, ERAS Legal Services, ha tenido sobre $1.8M en contratos con el municipio solo bajo la administración de Romero. Además, tiene contratos con la Autoridad de Tierras, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y con el Departamento de la Vivienda. Entre el 2012 y el 2024, Adames Soto y su bufete ERAS ha tenido $12.8M en contratos con agencias gubernamentales. Según el registro de donativos de la Oficina del Contralor Electoral, entre marzo del 2019 y abril del 2024, Adames Soto hizo donativos al Alcalde Romero, a Thomas Rivera Schatz, al gobernador, Pedro Pierluisi y al PNP por $30, 650. El pasado 23 de agosto dio una aportación de $3,100, el máximo permitido por Ley a la candidata a la gobernación, Jenniffer González. En el pasado donó a las campañas de Alejandro Garcia Padilla y a la también alcaldesa de San Juan, pero del Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz. Aunque Bonita Radio logró comunicación con su oficina, Adames Soto nunca contestó llamadas a este medio. A las 8AM en Noticias con café, YouTube Live traemos más información y análisis sobre esta investigación. ¡Sintoniza, comenta y comparte!

Ramón González Beiró firmó Acta de la reunión Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras que viabiliza siembra de placas solares en terrenos de Salinas y de Guayama propiedad de una corporación en la que tiene 18 porciento de participación como inversionista Por Carmen Enid Acevedo  | Para el Centro de Periodismo Investigativo Primera Parte El secretario del Departamento de Agricultura (DA), Ramón González Beiró, aprobó con su firma un Acta de una reunión de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) en marzo de este año, en la cual la agencia extendió de 15 a 30 años, hasta 2053, un contrato para facilitar que la empresa Clean Flexible Energy (CFE) siembre placas solares en terrenos entre Salinas y Guayama que son propiedad de una corporación en la que participa como inversionista y en la que un hijo y un socio suyo figuran como vicepresidente y presidente, respectivamente. El pasado 13 de marzo del 2024, la Junta de la ATPR se reunió para atender el asunto, que quedó sin concluir en noviembre de 2023 cuando se discutió el arrendamiento de la Finca Reunión — propiedad de la ATPR — a Clean Flexible Energy , una afiliada de la privatizadora de producción de energía AES.  Esta extensión del periodo del alquiler de las tierras públicas no sería para propósitos agrícolas sino para acceder a las servidumbres de paso de LUMA y de las vías del antiguo tren y proveer acceso a las líneas eléctricas que se utilizarán en el proyecto fotovoltaico, según reza en documentos de la agencia.  El 22 de septiembre de 2023, la ATPR otorgó dos contratos de arrendamiento a Clean Flexible Energy, para el uso de las fincas Reunión y Josefa, en Guayama, necesarias para viabilizar el paso hacia el proyecto fotovoltaico. El canon de arrendamiento anual para la finca Reunión es de $9,537 y de la finca Josefa es $2,400.  Agriart LLC, empresa vinculada a la familia González Beiró, tiene más de 1,800 cuerdas de terreno entre el barrio Aguirre, en Salinas, y el barrio Jobos, en Guayama, según documento  del Departamento de Energía federal. En 641 cuerdas de esas fincas que Agriart alquila a Clean Flexible Energy se planifica la construcción de un proyecto fotovoltaico dividido en dos fases y con capacidad de almacenamiento de 180MW que busca vender energía eléctrica a la red de distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).  Las reuniones de Junta de la ATPR donde se discutieron los arrendamientos de dos fincas de la agencia que viabilizarían proyectos de siembra de placas solares se dieron entre noviembre del 2023 y marzo de este año. Un Acta Referéndum  del 13 de marzo de 2024 da cuenta de que se convocó a los miembros de la Junta de Directores de la Autoridad de Tierras para evaluar y votar para extender de 15 a 30 años el contrato de arrendamiento de la finca Reunión a Clean Flexible Energy. Según ese documento, el alquiler de la finca de la ATPR es necesaria para que Clean Flexible Energy pueda cumplir con su contrato con la AEE y conseguir financiamiento para el proyecto de las fincas solares.  Por disposición de ley, González Beiró al ser secretario de Agricultura preside la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras. Su firma al pie del acta hace constar que la reunión sobre la extensión del arrendamiento se aprobó por la mayoría de los miembros, pero no especifica cómo fue la votación.  El Acta señala que el “Presidente de la Junta se inhibió de participar en la evaluación y votación de este asunto”, pero no aclara si González Beiró permaneció en la sala de reunión durante la discusión del arrendamiento o si se salió en momentos en que se trataba el asunto y, de ser así, no indica cómo es que puede dar fe en el acta de lo acontecido en ella. “Yo no rec(uerdo)… yo no te puedo asegurar si me salí o no… pero… yo… y te explico a ti porque es más fácil en palabras, yo me inhibí aunque esto no tiene nada que ver conmigo… ni tiene que ver con mis negocios, ninguna de las fincas de mis negocios tiene nada que ver con la Autoridad de Tierras”, dijo el secretario al preguntársele si estuvo presente en la discusión sobre el arrendamiento a Clean Flexible Energy con quien Agriart tiene relaciones comerciales.  Esa Acta fue firmada también por el secretario de la Junta, Dickson Ortiz Maíz, quien en marzo se acogió a la jubilación bajo la Ley 80. Los otros asistentes a la reunión fueron el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, el presidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis Alemañy, y Luis Rivera Cruz, en representación del Banco Gubernamental de Fomento. La  Ley de Tierras  estableció que la Junta de Gobierno debe estar compuesta, además, por  tres representantes del sector agrícola y agroindustrial de Puerto Rico por el término de cuatro años, pero esas posiciones han estado vacantes  desde 2017.  El CPI no pudo corroborar lo ocurrido en esa reunión del 13 de marzo porque la ATPR no transmite ni tiene un archivo de grabaciones de las reuniones de su Junta de Directores, en violación a la   Ley 159-2013  que le impone la obligación de grabarlas y mantenerlas en el portal de la corporación pública . La legislación persigue que “los tiempos de manejar los asuntos públicos desde cuartos oscuros tienen que quedar en el pasado”. Ante el planteamiento de que que no hacer disponibles las vistas de la Junta de la ATPR vía internet, la agencia está en violación a la Ley 159, el secretario indicó: “pues señálalo”, dijo en referencia a esta periodista. “Que yo sepa, yo estoy en otras juntas y yo nunca veo que las transmiten, de verdad”, añadió. La ATPR tampoco tiene publicadas sus actas en su página electrónica. El director ejecutivo de esa corporación pública, Irving Rodríguez, entregó las actas en abril al CPI y Bonita Radio luego que se lo ordenó el Tribunal de Primera Instancia, a donde se recurrió cuando la corporación pública se negó a la petición de información hecha desde febrero de 2024.  La Junta de Gobierno entregó 57 Actas y aseguró que esas son las únicas que existen correspondientes a las reuniones de los años 2017 al 2024. Entre los documentos entregados no está ni el acta ni la minuta de la reunión donde se alega que la ATPR autorizó el primer arrendamiento a 15 años.  González Beiró dijo que esa transacción no se dio ante la Junta pues “los contratos los trabaja [la Oficina de] Bienes Raíces, [luego] los ve un Comité, los pasa al Director Ejecutivo, [y] los firma el Director. El término de los contratos es de 15 años. De muchos años en la Autoridad si alguien necesita un contrato de más tiempo, pues entonces, ese término se le consulta a la Junta”. El 16 de noviembre de 2023 se discutió en la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno la extensión de arrendamiento de la finca Reunión hasta 30 años a Clean Flexible Energy, según una minuta del 16 de noviembre de 2023. En esa minuta también se indica que González Beiró se obtuvo de participar y votar sobre ese asunto, pero tampoco especifica si se quedó a escuchar la discusión del asunto por parte de los otros miembros del grupo.    El secretario de Agricultura niega tener “conflicto moral o legal” cuando siendo presidente de la Junta de ATPR se aprueban contratos de arrendamiento para hacer posible la siembra de placas solares por lo que se le pagará a Agriart. "Para empezar, yo no soy dueño de una finca, soy inversionista en una corporación que esa corporación le va a arrendar tierras a Clean Flexible (Energy) eso es así y eso es completamente legal. Que tiene que ver mi negocio con la AT, no entiendo" , insistió González Beiró. Alegó además que “ yo no sé para qué ellos las quieren. Es que eso yo no lo sé. Ellos quieren dos predios, uno de ellos es en Guayama y el otro no se donde es” , en referencia a los proyectos de placas solares de CFE por lo que arrendaron terrenos de la ATPR. A la pregunta de ¿qué otras decisiones ha tomado entre el 2021 y el 2024 que benefician sus negocios o los de su familia?, González Beiró dijo: " Tantos mis negocios como los de mis familiares son agrícolas, de estos hemos vivido por cinco generaciones, así que todas las decisiones que tome como Secretario buenas o malas afectarán positivamente o negativamente nuestros negocios". González Beiro tiene un 18% de participación en Agriart, LLC desde el 2020, según documentos de la Oficina de Ética Gubernamental. A preguntas del CPI y de Bonita Radio, el Secretario de Agricultura insistió en que el arrendamiento de las fincas de la ATPR por parte de Clean Flexible Energy no beneficia a Agriart LLC. “CFE tiene proyectos en otros laos (sic). Usted está asumiendo que [el arrendamiento de las dos fincas] son para los proyectos de Agriart”, replicó González Beiró.  El funcionario ha dicho también que no existe ningún conflicto de interés en tanto gestionó un fideicomiso ciego en el que figuran sus negocios, incluyendo a Agriart LLC, para no intervenir en su administración mientras ocupe el cargo.  Según una misiva de la Oficina de Ética Gubernamental de mayo del 2021, la escritura del Fideicomiso Ciego se hizo en diciembre del 2020, cinco meses después de que se creara la corporación Agriart LLC. En ese mismo documento se establece que el Secretario ha mantenido negocios con tres corporaciones, incluida Agriart LLC .  La escritura de Fideicomiso fue presentada por el licenciado Antonio Marichal Aponte, quien fue el mismo que creó la corporación el 14 de julio del 2020. González Beiró fue designado Secretario del DA el 3 de diciembre de 2020. Sigue la segunda parte de esta historia aquí: https://www.bonitaradio.net/post/secretario-de-agricultura-que-funciona-como-hacendado A las 8AM, más información y análisis en Noticias con café en YouTube Live .

SEGUNDA PARTE Por Carmen Enid Acevedo  | Para el Centro de Periodismo Investigativo El coordinador del movimiento Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (IDEBAJO),  en Salinas, Roberto José Thomas Ramírez, opinó que es indudable el conflicto de interés del Secretario de Agricultura y Presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, Ramón González Beiró, y que, a su juicio, raya en la corrupción, cuando la agencia arrienda fincas públicas para facilitar la siembra de placas solares que resultarán en lucro de una corporación en la que es inversionista.  “[Al secretario] se le paga con fondos públicos para proteger las tierras y lo que hace es aprovechar su poder asignado por el Gobernador Pedro Pierluisi en este Departamento”, dijo Thomas Ramírez, al ser confrontado con la pesquisa periodística que establece con evidencia el tracto de negocios entre la ATPR y Clean Flexible Energy, que desarrollará proyectos fotovoltaicos en tierras de Agriart LLC, donde el jefe de agencia posee un 18 porciento de participación. “Él está enriqueciéndose y además faltándole al deber ministerial que se le asignó de proteger terrenos públicos. Personas como Ramón González, que han sido dueños de Salinas como parte de su familia por años, y que opera casi como hacendado, no tienen ningún tipo de interés ni importancia sobre lo que pase con la población porque él y su familia se benefician”, añadió. El líder comunitario afirmó que las fincas solares industriales como las de Salinas afectan de múltiples maneras a las comunidades.  “No es un modelo que vaya a resolver los problemas que tenemos con el sistema eléctrico del país”, señaló Thomas Ramírez. “Si seguimos sembrando placas, profundizamos el problema de acceso a la alimentación. Imposibilita y crea otros problemas como las inundaciones. Le creas una avenida al agua al eliminar toda la vegetación y compactar la tierra. Impermeabilizas el terreno, y el agua no puede entrar por la tierra”, explicó  destacando que eso ya está ocurriendo en comunidades como la de El Coquí, en Salinas, donde la empresa Ciro One Salinas tiene otro proyecto de fincas solares. PRACTICA CONTRARIA A PLAN DE USO DE TERRENOS Los permisos para el proyecto de las fincas solares de Clean Flexible Energy en tierras de Agriart, LLC, están registrados en el expediente de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y de la Junta de Planificación en donde se establece que, por lo menos, tres de los lotes donde se propone el mismo están clasificadas como Suelos Rústicos Especialmente Protegidos Agrícolas en un 95%, lo que implica que tiene restricciones de uso porque se consideran de alta productividad agropecuaria. La misión de la ATPR “es adquirir, custodiar y administrar los terrenos de más alto valor productivo con el propósito de fomentar la agricultura auto sostenible y rentable, potenciar el desarrollo socio económico de la sociedad puertorriqueña y garantizar la permanencia  de los mejores terrenos de labranza a las futuras generaciones”. El uso de estas tierras para la producción de energía viola también el Plan de Uso de Terrenos (PUT) de la Junta de Planificación que los clasificó “como protegidos para el fin de sembrar alimentos, no placas solares”, dijo el expresidente de la Junta de Planificación, Luis García Pellati.  El Planificador explicó que la alteración del uso restringido se ha dado durante las administraciones de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, con el argumento de que la infraestructura instalada se retira eventualmente y para eso se han servido de cambios en el Reglamento Conjunto.   “El problema es que tenemos contratos (para fincas solares) de hasta 30 años. Eso enajena el terreno para su uso, que es la siembra”, destacó García Pellati. El Secretario de Agricultura, Ramón González Beiró dijo, por su parte, que apoya “la generación de energía mediante la instalación de fincas solares y su uso combinado con la agricultura” y afirmó que “las fincas solares están permitidas en suelos catalogados como Rústico Especialmente Protegido” porque, a su juicio, “el impacto al terreno en dichas instalaciones es mínimo y completamente reversible al cabo de la vida útil de los proyectos”.  Los predios propiedad de Agriart LLC entre Salinas y Guayama en tierras de Agriart, LLC, se distribuyen en 13 lotes, identificados con 12 catastros distintos, comprados el 17 de febrero del 2021 a Mycogen Seeds, cuando ya González Beiró estaba nominado como Secretario de Agricultura.  De  acuerdo al PUT, en el área hay diversidad de suelos con clasificación de Agrícola-Productivo, Agrícola Mecanizable, Conservación de Recursos-1 y Conservación de Cuencas. En el sector se cruzan recursos de agua como el canal de riego de Patillas, la quebrada Amorós y el canal de riego Guamaní Oeste. Según el Catastro Digital del CRIM, las fincas Reunión y Josefa que la ATPR le alquiló a Clean Flexible son colindantes con las fincas donde se propone sembrar placas solares y que están inscritas bajo el nombre de Agriart LLC.  POR Por su parte, Pedro Cardona Roig, planificador y perito en casos judiciales que ha cuestionado la legalidad de la utilización de terrenos agrícolas para sembrar placas solares, dijo que “el Single Business Portal y el Mapa Interactivo de la Junta de Planificación tienen un problema en su programado y cuando se presenta un proyecto que abarca varias fincas y contiene varios número de catastro, el sistema sólo registra un número. Esto tiene el efecto de dar la impresión errónea del alcance de la actividad propuesta y minimizar el posible impacto. Ejemplo de esto son las fincas solares que se pretende desarrollar sobre suelo agrícola". LOS NEGOCIOS DE GONZÁLEZ BEIRÓ Y SU FAMILIA SIENDO SECRETARIO   González Beiró, nominado secretario en enero del 2021 por el gobernador Pedro Pierluisi y confirmado el 10 de mayo de ese año por la Legislatura, ha sido confrontado en varios reportajes periodísticos por los posibles conflictos de interés entre sus funciones oficiales y los negocios que lo involucran a él y a sus hijos. Entre ellos, transacciones de compra de equipo que adquiere la agencia a la empresa González Agro Inc. propiedad de su padre, Ramón González Rodríguez.  Entre los posibles conflictos están, además, la venta de equipo a agricultores que Agro Power, otra empresa que preside  su hijo Ramón M. González Bennazar, ha logrado mediante subvenciones del programa federal Renacer Agrícola (Re-Grow, en inglés), fondos que supervisa el Departamento de la Vivienda, según una investigación anterior del CPI . Los tractores que vende Agro Power son, incluso, exhibidos a los agricultores en actividades auspiciadas por el Departamento de Agricultura a las que el Secretario acude a hablar de los programas que su agencia tiene disponibles para los trabajadores de la tierra. Según documentos de la OEG, González Beiró tenía 100% de participación en esta compañía.   Otra investigación periodística   reveló que la AT, bajo la presidencia de González Beiro,  permitió que el municipio de Toa Baja subarrendara 501 cuerdas de tierras agrícolas a Coastal Farms, empresa integrada por Christopher Dowling y Manuel Pérez, quienes ocupan las posiciones de secretario y tesorero en la empresa Agriart LLC. En las inmediaciones del pueblo de Salinas y de Guayama, zonas agrícolas en las que el agrónomo González Beiró desarrolló su capital, que ronda los $2.1M, se habla de la influencia que tiene 'Pirul', apodo con el que se le conoce al Secretario, sobre los negocios que se dan con terrenos del Gobierno.  Una de tres fuentes de información que han seguido la pista de los negocios de fincas solares en el área de Salinas sostienen que González Beiró “manda y va” en todas esas empresas; y que sus hijos son el frente.  "Lo último que adquirió el propio Pirul son esas tierras donde estaba la semillera [MYcogen]", dijo una fuente en referencia a las fincas en hilera que se amontonan detrás de un letrero de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) a nombre de Clean Flexible Energy. La fuente se refirió a los terrenos que compró Agriart, LLC a MYcogen Seeds, lo que está confirmado en el CRIM. Además, al revisar el registro público del CRIM, se evidencia que la empresa del padre del Secretario, Ramón González Rodríguez, la corporación González Agro — con registro de 1967 — y la Corporación Agrícola Fortuna — de 1979 — , tienen registradas a su nombre sobre 14 fincas y unos cinco solares en el barrio Aguirre de Salinas.  En González Agro se identifica a la hermana del Secretario, María del Rosario González, como vicepresidenta.

Comunidad de Luquillo impugna deslinde por entender que está en violación a los requisitos procesales del Reglamento 4860 e insisten en que el deslinde desaparece el humedal que existe en la zona Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio Alfonso Valdés Acevedo, hijo del desarrollador de Azure Development, LLC que intenta construir en el sector Punta Bandera en Luquillo en medio de un humedal, aportó $2mil a la campaña de la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) tres días antes de que el deslinde que viabilizaría la construcción del proyecto fue certificado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Los contactos de donantes y familiares de la candidata a la gobernación del PNP no se han limitado en el pasado mes y a dos de las elecciones generales, a una aportación económica a su campaña en medio de los trámites que el desarrollador sigue en las agencias expertas. Como si fuera poco, el secretario interino del DRNA, Roberto Méndez Martínez, otorgó un contrato de examinador por $79k al primo hermano de la Comisionada Residente, Luis González Ortiz, a través de su corporación González Ortiz Law Offices, que en el 2023 intervino como examinador en el proceso de vistas que por ley la agencia tiene que celebrar en casos de deslinde que afecta a terceros. Asimismo, la Comisionada González intervino el año pasado en el caso de Punta Bandera cuando envió una misiva al alto mando de USACE para conocer el status de los trámites de los permisos en esa agencia y así acelerar lo que culminaría en el deslinde de la #ZMT de un proyecto turístico y residencial de lujo que impactaría la zona marítimo terrestre-bien de dominio público. Bonita Radio descubrió que el hijo de Valdés García, Alfonso Valdés Acevedo, es un contratista del gobierno Pierluisi-Gonzalez a través de Vanguard Asset Management Group, una corporación que brinda servicios en el Departamento de Educación. El registro de donativos en la Oficina del Contralor Electoral establece que el pasado 27 de agosto donó $2K a la campaña de González. El DRNA certificó el deslinde en el caso O-AG-CERO2-PO0038-29122022 de Punta Bandera, el 30 de agosto pasado y lo hizo público en el portal de la agencia el cuatro de septiembre. Los donativos del desarrollador y padre de Valdés Acevedo, Valdés García, incluyeron a Thomas Rivera Schatz y Pedro Pierluisi por $6,211.04 en total entre el 2019 y el 2023, cuando luchaba para que saliera el deslinde del proyecto. De otra parte, el contrato de examinador fue adjudicado a González Ortiz Law Offices el pasado seis de septiembre, tres semanas más tarde de que la secretaria en propiedad de la agencia, Anais Rodríguez Vega, salió en licencia por maternidad y dos días antes de que la agencia certificara el deslinde del proyecto. Luis, nombre de pila del abogado, es primo hermano de González y ya había sido contratado por el DRNA como examinador pero su contrato no había sido renovado. Méndez Martínez, quien está en destaque desde La Fortaleza, firmó el contrato para quien, en mayo del 2023, intervino como examinador en la controversia e incluso logró suspender vistas públicas relacionadas al deslinde alegando que habían muchas personas solicitando la intervención en el proceso administrativo, un derecho que le otorga la Ley y el Reglamento a las comunidades colindantes con el proyecto. En junio del 2023, González Ortiz se inhibió  'motu proprio' de atender las vistas públicas de Punta Bandera. Ha tenido contacto con casos de alto interés público como los desarrollos del Muelle del Azúcar en Aguadilla y el caso de Sol y Playa en Rincón. Un mes antes y en mayo del año pasado, Bonita Radio investigó el caso de Punta Bandera y llamó la atención de la intervención de la Comisionada Residente González, sin que su oficina contestara reclamos de información. El dato se hizo público en el caso de quiebras que tiene Azure Development en la Corte de Quiebras de Estados Unidos en Puerto Rico, donde hablaba de peticiones de intervención a González en su vcarácter de Comisionada y de Nydia Velázquez, congresista. Velázquez negó la información a través de una comunicación en sus redes sociales, sin contestar peticiones de entrevista. Asimismo, la comunidad de Punta Bandera impugnó el deslinde el pasado viernes 27 de septiembre alegando que: hubo omisión en la notificación a los colindantes según lo establece el Reglamento 4860; Falta de la rotulación conforme a los artículos 3.1(C) y 3.1(D) del Reglamento 4860; Falta de cumplimiento con presentar los folios digitalizados de la finca hasta la primera inscripción y 4. Falta de cumplimiento con presentar el Good Standing y el Certificado de Incorporación Vigente del titular del predio. Más extremos de esta historia en Qué palo...es noticia hoy a las 5PM por YouTube Live.

Opina Gerardo A Vargas Cruz Fraile Franciscano En cada ciclo electoral, la sociedad puertorriqueña enfrenta una encrucijada que define su porvenir. El próximo 5 de noviembre no es la excepción. En esta jornada electoral, no solo se decidirá quién administrará los recursos del país o qué partido estará en el poder; se decidirá el tipo de sociedad que queremos construir. En este sentido, ejercer el derecho al voto no es simplemente un acto individual, sino una manifestación colectiva de la voluntad del pueblo y una expresión de fraternidad. El voto, entonces, representa el compromiso de cada ciudadano con el futuro de su comunidad y de su patria, en un contexto donde los desafíos políticos, económicos y sociales son innegables. Desde finales del siglo pasado, Puerto Rico ha enfrentado situaciones que han marcado profundamente su desarrollo, como la creciente deuda pública, la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal en 2016, la migración masiva en busca de mejores oportunidades y la devastación causada por desastres naturales como el huracán María, un sistema eléctrico inexistente y más.Tenemos que reconocer que estos eventos han transformado el paisaje social, económico y demográfico de la isla, dejando al descubierto las desigualdades y la necesidad de líderes comprometidos -no solo en las esferas electivas sino en la base-. En este contexto, la participación activa de la ciudadanía se torna crucial para elegir a aquellos que tendrán en sus manos la dirección de la sociedad y su renovación. En cuanto a la enseñanza de la Iglesia sobre la participación política, la Doctrina Social enfatiza que esta debe estar al servicio del bien común. Como señala el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, “todos los ciudadanos deben recordar su derecho y, al mismo tiempo, su deber de ejercer el voto libremente para promover el bien común” (GS 75). Desde esta perspectiva, el voto no es solo un derecho cívico, sino un deber moral para los creyentes. Al participar en las elecciones, los cristianos están llamados a iluminar las decisiones políticas con los valores del Evangelio, como la dignidad humana, la justicia, la solidaridad y la subsidiaridad, buscando siempre el bien de toda la sociedad y, en especial, de los más vulnerables. El principio del bien común, clave en la Doctrina Social de la Iglesia, establece que la política debe garantizar las condiciones necesarias para que todas las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo. En este sentido, votar no se trata solo de elegir a líderes que beneficien nuestros intereses particulares, sino de elegir a aquellos que trabajen en favor de una sociedad más justa y equitativa. 𝗘𝗹 𝘃𝗼𝘁𝗼 𝗲𝘀, 𝗲𝗻𝘁𝗼𝗻𝗰𝗲𝘀, 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗳𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗳𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗻 𝘂𝗻 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀. Este acto no debe ser visto como un mero trámite electoral, sino como una oportunidad para construir una sociedad que refleje los valores de fraternidad, solidaridad y justicia que nos enseñó Cristo. Sin embargo, el panorama político puertorriqueño también ha estado marcado por sombras, como la corrupción y el abuso de poder, que han generado desilusión y apatía entre los votantes. Desde el 1999, la participación electoral ha disminuido significativamente, reflejando una desconexión entre los ciudadanos y la clase política. A pesar de ello, la renuncia de un gobernador en 2019 tras semanas de protestas masivas demostró que, cuando el pueblo se une, puede lograr cambios significativos. Este evento fue una muestra de que la voz de la ciudadanía es poderosa y de que la política, aunque imperfecta, puede ser transformada cuando los ciudadanos deciden participar activamente. En este sentido, la participación cristiana en la política no se limita al simple acto de votar, sino que implica una responsabilidad continua de exigir rendición de cuentas a nuestros líderes y de ser vigilantes en el cumplimiento de las promesas electorales. Como menciona el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, los cristianos están llamados a ser “protagonistas de la historia” (EG 231), lo que implica no quedarse al margen, sino participar activamente en la transformación de las estructuras sociales y políticas. 𝗘𝗹 𝘃𝗼𝘁𝗼 𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗮𝗴𝗼𝗻𝗶𝘀𝗺𝗼, 𝘂𝗻 𝗮𝗰𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗳𝗿𝗮𝘁𝗲𝗿𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘆𝗲 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗺𝗮́𝘀 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗼 𝘆 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀. Es cierto que la política en Puerto Rico, como en muchas partes del mundo, puede parecer desalentadora debido a la corrupción y al desinterés de algunos líderes por el bienestar común. Sin embargo, como creyentes, no podemos permitir que la desilusión nos lleve a la apatía. 𝐄𝐥 𝐯𝐨𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐬𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐞𝐫𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐦𝐚́𝐬 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫𝐨𝐬𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐮𝐢𝐫 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐠𝐢𝐫 𝐚 𝐚𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐠𝐮𝐢𝐚𝐫𝐚́𝐧 𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐮𝐧 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐲 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨. No votar es renunciar a esta responsabilidad, es dejar que otros decidan por nosotros y es ceder nuestro poder de ser partícipes en la creación de una sociedad más justa. En definitiva, el próximo 5 de noviembre es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con Puerto Rico y para reafirmar nuestra fe en el poder transformador de la democracia. Las elecciones no son solo un proceso de selección de candidatos; son un acto de esperanza y de responsabilidad compartida, en el que cada voto cuenta para construir el futuro de nuestra patria. Como cristianos, estamos llamados a ejercer nuestro voto con responsabilidad y a ser luz en medio de las tinieblas, guiados por los valores del Evangelio. 𝐄𝐥 𝐯𝐨𝐭𝐨 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐦𝐨𝐫 𝐚 𝐏𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐑𝐢𝐜𝐨, 𝐮𝐧 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐟𝐫𝐚𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐮́𝐧, 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐮𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐚𝐠𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚. (El padre Vargas Cruz es profesor de la Universidad Central de Bayamón)

Por Carmen Enid Acevedo ' La Comisionada Residente en Washington, Jennifer González, no contestó qué gestiones hace si alguna, con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos en favor de empresarios con proyectos en la Isla, tal y como lo dijo a la Corte de Quiebras, el mayagüezano, Alfonso Valdés García, para adelantar los permisos y endosos de un millonario desarrollo en un área de mangle en Punta La Bandera en Luquillo. La Congresista Nydia Velázquez, otra implicada por García Valdés en una moción judicial del 24 de abril de este año, no contestó requerimiento de información que se hizo a través del director de prensa de su oficina congresional, Michael McGinnis. Catalogó como "falso" la alegación de García Valdés pero en su cuenta oficial de Twitter y dos horas media más tarde de que se hiciera la petición de información por escrito, vía correo electrónico. Bonita Radio hizo un primer contacto con la oficina de la Congresista mediante llamada telefónica - 31/5/23, 4:30PM - y se refirió el asunto al correo electrónico de McGinnis. Los nombres de Gonzalez y Velázquez están contenidos en el inciso D, página cinco de la moción en respuesta a la petición de sentencia sumaria o para "convertir a Capitulo 7" en el mencionado caso judicial, una quiebra de la corporación Azure Development, propietaria de las dos fincas que se pretenden desarrollar en Punta La Bandera "Para agilizar la "Determinación Jurisdiccional del Cuerpo de Ingenieros, Valdés está en contacto con las oficinas de la Comisionada Residente, Jennifer González y la Congresista, Nydia Velázquez. La JD puede demorarse sobre nueve meses, un periodo de tiempo que Valdés pretende acortar ", lee el documento del registro público judicial. La pregunta de ¿Qué intervención hace la Comisionada con el Cuerpo de Ingenieros para proyectos-contratistas en la Isla que necesitan endosos de esa agencia? no ha sido contestada por el portavoz de prensa de la Comisionada, Ramón Alejandro. García Valdés contesta sobre las gestiones que hace para intentar desarrollar Punta La Bandera, ante el hecho de que ambas fincas están dadas como garantizadoras de un prestamo que es parte de la quiebra de Azure Development. El último movimiento del caso en el registro público de la Corte de Quiebras, se dio ayer en relación a una carta del 2015 del Banco tenedor del préstamo sobre nuevos términos para satisfacer la deuda antes de referirlo a abogados que inicien gestiones de cobro. La vista sobre deslinde de la #zmt en la mencionada área costera en Luquillo - está notificada para atenderse el próximo jueves ocho de junio, por el primo de la Comisionada Residente, González, Luis González Ortiz, como Examinador del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) mientras la funcionaria no contesta las alegaciones del empresario de que está cabildeando en su Oficina para que se agilice procedimiento de “Determinación Jurisdiccional" ante el Cuerpo de Ingenieros. González Ortiz es un contratista del DRNA que atiende las querellas que se presentan en la agencia ambiental y que está al frente de otras como lo ocurrido en Rincón con la #ZMT de Playa Los Almendros donde ubica el condominio Sol y Playa y en Aguadilla, con el desarrollo sobre Cueva Las Golondrinas, por parte de la corporación Aguadilla Pier. Entretanto, Valdés García cataloga al DRNA como "lento" en el proceso de hacer el deslinde de la zona marítimo terrestre y dice además que mantiene esfuerzos con legisladores, alcaldes y jefes de agencia en torno a un proyecto que tiene pendiente por lo menos cuatro permisos de infraestructura. Alegó además que uno de sus asesores en esa gestión, es el ex director de subastas de la Autoridad de Carreteras, Moises Sánchez Loperena, quien el año pasado instaló un “camper” en medio de #bdpzmt en Joyuda, Cabo Rojo.

Por Carmen Enid Acevedo Bonita Radio El ex presidente de la Cámara, Carlos 'Johnny' Méndez, se asegura que fue parte de una reunión que grabó la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garced, al convertirse en testigo de una pesquisa que procuraba dilucidar si Thomas Rivera Schatz y la Comisionada Residente, Jenniffer González Colón la sobornaban para que uno de estos llegara a La Fortaleza ante la renuncia de Ricardo Rosselló en el Verano del 19. La grabación que está en poder de la Fiscalía y la defensa de los tres acusados del caso de financiamiento de campañas en el 2020, pendiente en el foro judicial de Estados Unidos en Puerto Rico sin fecha de juicio, se dio en el Capitolio y allí estaba Méndez, confirmaron fuentes de entero crédito a Bonita Radio. La pieza de audio fue entregada el año pasado por la fiscalía como parte del descubrimiento de prueba del caso 22-cr-0342 que atiende la jueza Sylvia Carreño Coll desde agosto del 2022 y que mantiene como acusados a Vázquez Garced, al banquero venezolano Julio Herrera Velutini y a Mark Rossini. Méndez, hoy activo en la campaña de González Colón y quien ha anunciado su intención de ser Presidente de la Cámara Baja si el Partido Nuevo Progresista (PNP) obtiene mayoría en las elecciones de noviembre, no contestó llamadas de Bonita Radio. Tanto él como su oficial de prensa, Raúl Colon, supieron del tema de las preguntas que esta periodista tenía para el Representante. El último mensaje se envío esta mañana sin contestación. En el contexto del caso Federal trascendió el viernes pasado que se investigaron los supuestos intentos de soborno por parte de Rivera Schatz y González Colón, sobre la información que llevó la propia Vázquez Garced el tres de agosto del 2019. Un informe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre hechos ocurridos entre el 30 de julio y "semanas subsiguientes" establece además que los acercamientos al esposo de Vázquez Garced, el ex juez Jorge Díaz Reverón, para que la Secretaria de Justicia dialogara con Rivera Schatz, comenzaron con una llamada de un juez retirado como el emisario del hoy portavoz de la minoría PNP en el Senado. Los movimientos de los 'interesados" se darían ante la realidad de que al no haber secretario de Estado y declararse inconstitucional el nombramiento de Pedro Pierluisi, a Vázquez Garced le correspondía ser la gobernadora por el orden de sucesión que dicta la Constitución. El nombramiento tendría que ser confirmado por ambos cuerpos legislativos. El documento del FBI cita otra llamada que se hizo "días más tarde" por un segundo abogado, que según supo Bonita Radio, la habría hecho el licenciado Pablo Colón, hoy candidato a alcalde por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en Ponce. Según el informe, la segunda llamada de Colón habría "confirmado las intenciones del Funcionario electo uno". La propuesta era clara: si la Sra. Vázquez nombraba al Oficial Electo 1 como Secretario de Estado y luego renunciaba, le aseguraría a Díaz Reverón un puesto en el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y le ofrecería a Vázquez un papel en su administración. Al ser confrontado con la información, Colón dijo anoche vía telefónica, "no, eso es totalmente falso". La pesquisa se cerró en noviembre del 2019 "por dificultades para concertar reuniones con Vázquez después de que ésta se convirtiera en gobernadora". Juró al cargo el siete de agosto del 2019. La información que se reveló en cuatro páginas de una moción del coacusado Rossini sacó a Rivera Schatz a pedir que se revele lo que haya dejado una pesquisa que dirigió personalmente el entonces jefe del FBI, Douglas Leff. El funcionario fue traslado de San Juan en enero del 2020 y hoy trabaja para la empresa privada, según su perfil de la red de negocios Linkend. El documento citado por los licenciados Lydia Lizarribar, Michael Adler y Juan J. Michelen, da cuenta que “la propuesta era clara: si Vázquez nombraba a (Rivera Schatz) como secretario de Estado y entonces renunciaba, él le aseguraría a Díaz Reverón una silla en el Tribunal de Apelaciones y le ofrecería a Vázquez un rol en su administración”. "La propuesta implicaba que, al Vázquez Garced renunciar, Rivera Schatz se convertiría en gobernador sin someterse a una votación y sin que le tocara por orden sucesoral". Al día de hoy no está claro si la reunión con la hoy candidata a la gobernación, González Colón, se dio con Vázquez Garced, aunque el documento del FBI que está sellado en el registro judicial del caso, destaca: "en las semanas siguientes, bajo la dirección del FBI, Vázquez grabó varias conversaciones". Esas negociaciones cuadran con el record histórico noticioso en cuanto al interés de González Colón en convertirse en Gobernadora. Fue el propio Rivera Schatz quien dijo el ocho de agosto que el caucus del PNP respaldaba que fuera González Colón la nombrada como secretaria de Estado, para así llegar, por el orden sucesoral, a ser la gobernadora ante la renuncia de Rosselló. En julio del 2019 , en medio de las protestas que solicitaban la renuncia del gobernante, González Colón le solicitó a Rosselló, su compañero de papeleta en las elecciones del 2016, que saliera de la presidencia del PNP. UNA INVESTIGACIÓN SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL En una pesquisa en la que una secretaria de Justicia, como era Vázquez Garced en momentos en que se vislumbraba su ascenso a Gobernadora, por disposición constitucional, el FBI coordinó los trabajos de la misma con la entonces fiscal interina del Distrito de San Juan, Rosa Emilia Rodríguez. "Esto fue una decisión entre la agencia (FBI) y el "district attorney", dijo una fuente con conocimiento del caso dejando la puerta abierta a que pudiera haberse contactado a los supervisores de Leff y de la propia Rodríguez en el Departamento de Justicia en Washington para conseguir el "go ahead" (visto bueno) y continuar con la intención de grabar conversaciones con los dos funcionarios electos. Eso colocó a Rodríguez a participar de las decisiones de un caso que ubicaría a Vázquez Garced a ser testigo de un alegado intento de soborno. Ya para esa fecha, entre el 30 de julio y las primeras semanas de agosto del 2019, Rodríguez había hecho pública su intención de acogerse al retiro y solo esperaría porque el entonces presidente, Donald Trump, nominara a un Fiscal en propiedad y este fuera confirmado por el Senado estadounidense. Esa designación recayó en Stephen Muldrow en junio del 2019 pero no fue confirmado sino hasta el cuatro de octubre del 2019. Rodríguez renunció el 30 de noviembre y en febrero del 2020 fue nombrada por la entonces gobernadora sucesoral al Consejo de Asesores para el Manejo de los Programas Federales en unión al ex juez José Fusté. Ya para esa fecha, Vázquez Garced había confirmado su interés en correr para la gobernación en noviembre de ese año. Se sabe que Rodríguez era en ese momento amiga personal de González Colón, hoy candidata a la gobernación por el PNP que ha sido parca en sus expresiones y en solo dos medios de comunicación desde el viernes pasado. González Colón es amiga de la ex fiscal Rodríguez, al punto de comparecer juntas a un concierto de los reguetoneros Wisin y Yandel en el Coliseo José Miguel Agrelot en el 2018. Entretanto, al día de hoy se desconoce si hubo o han habido conversación entre los equipos defensores de los co acusados, Rossini y Herrera Vellutini, y los de Vázquez Garced, sobre la información que reveló Rossini y que incide en el carácter de la acusada. El conocimiento entre todos los defensores - que incluyen tres abogados para Vázquez Garced e igual número para los co acusados, con letrados de otras jurisdicciones de Estados Unidos - debería dejarse ver en la vista de 'status' del caso que celebre la Jueza el próximo jueves, a seis días de que haya sido pública la moción de Rossini donde se descubre el alegado intento de soborno por parte de dos funcionarios electos. Herrera Vellutini, con equipo defensor en la Isla dirigido por la ex fiscal Sonia Torres y en Estados Unidos por la abogada de Florida y de casos de alto perfil, Lily Ann Sanchez, ha insistido, así como Rossini, en cuestionar el interés del FBI de acusarlos toda vez que así como Vázquez Garced llamaron la atención de posibles actos de corrupción pública y terminaron acusados. De los conflictos de la Ex Jefa de Fiscales en la administración de su oficina y su relación con Leff, así como los contactos con su amiga González Colón, hablamos a las 8AM en Noticias con café por YouTube Live.