SIN HOGAR BAJO CUSTODIA DEL ESTADO

El Departamento de la Familia mantiene a menores maltratados días y hasta semanas en las Unidades Investigación Especializadas de una región sin que los trabajadores sociales tengan acceso a ‘petty cash’ para alimentarlos

Por Carmen Enid Acevedo, Barbara Figueroa y Jay Fonseca

Una alianza investigativa entre Bonita Radio y Jay Fonseca PR

La teoría de la psicología moderna establece que un niño de tres años que esté “en un desarrollo ordinario, se encuentra en una etapa de transición hacia una mayor independencia motriz, social, del lenguaje y el control de su cuerpo”.

El estándar federal sobre el número de casos de niños bajo ciudado del Estado, por trabajador-a social, aceptado por Servicios Sociales en el Departamento de Recursos Humanos Federal, es de 15 por cada trabajador-a. En Puerto Rico tienen de 25 a 30.

Ni el niño-a, ni el trabajador a cargo, tiene una realidad de apoyo, de justicia o de vida digna. En ese cuadro ambos se descompensan.

"Nos esmeramos en salvar a los niños pero no encontramos un hogar digno para colocarlos...eso es dejarlos en riesgo", dijo un trabajador social con quien hablamos para conocer la realidad de unos y de otros.

La realidad de Reina, nombre falso para proteger su identidad y una de los protagonistas de esta historia, no tuvo nada de control del cuerpo ni un ambiente que se lo facilitara. A esa edad, en algún lugar de Carolina, era sostenida en brazos por una trabajadora social del Departamento de la Familia de Puerto Rico, porque en la casa de su familia biológica el ambiente era de abuso sexual contra uno de sus tres hermanos. 

Desde septiembre, en las regiones de Carolina, San Juan, Bayamón y Arecibo son los trabajadores sociales y supervisores de estos quienes cuidan de los menores en las UIE.

No hay hogares sustitutos ni instituciones para ubicarlos. En las regiones no hay choferes, amas de llave y tampoco dinero público para alimentar a los menores.

En el Departamento de la Familia hay unos 2,175 menores bajo la custodia del Estado y 39 permanecían evadidos de hogares o instituciones, según cifras ofrecidas en septiembre en una conferencia de la gobernadora Jenniffer González Colón, reseñada por Metro. Para atenderlos, Familia cuenta con 851 profesionales de Trabajo Social en toda la isla, con un salario base de $2,850 mensuales, según informó la agencia en mayo. La secretaria Suzanne Roig Fuertes reconoció entonces ante la Cámara de Representantes que la agencia necesita entre 200 y 250 profesionales de Trabajo Social adicionales.

EL CASO DE REINA

En el 2026, Reina tiene 17 años y una conducta violenta que la ha llevado a intervenciones policiacas y que la mantiene recluída en una celda de la Administración de Instituciones Judiciales en Ponce, donde hay más menores identificados como transgresores porque han cometido una falta antes de cumplir 18 años. 

“Capestrano (Hospital Psiquiátrico) la evalúa y dice que no tienen criterios. (para ingresarla) Tampoco sabemos diagnóstico”. Esa es la respuesta de más de una profesional del DF que conoce de primera mano el caso de Reina, quien está bajo la custodia de la agencia desde que tiene tres años.

En el 2023 se escapó del hogar sustituto donde se encontraba en Caguas y la Policía la reportó como desaparecida. La encontraron. Volvió al sistema donde hoy se estima que hay 2,200 menores que sufren las inestabilidades de un sistema que hoy, según los que trabajan día a día atendiendo a esa la población, tampoco tienen condiciones de trabajo que los haga tener condiciones “aceptables”.

Desde aquél momento, Reina ha pasado por más de tres hogares para niños con ‘problemas de violencia’. Hospitales psiquiátricos que le cobran al estado sobre $13mil mensuales. El sistema no tiene diagnóstico. Ha estado en dos instituciones psiquiátricas y de ahí sale sin uno.

El DF no tiene amas de llave para cuidar a la menor. “Las trabajadoras sociales hacen recolectas para comprarle desayuno, almuerzo y comida. Y el personal se turna para cuidarla”. 

A la menor la han esposado a la espalda y le han colocado cadenas en los pies. “Me he cansado de decir que va a golpear gravemente a alguien”, alega una de las empleadas que ha tenido contacto con la joven. Se descompensa, ha tenido brotes de violencia en cuarteles de la Policía. Ha mordido a sus cuidadores.

La investigación que fundamenta esta narración provocó una veintena de preguntas a la secretaria del DF, Suzanne Roig Fuertes. Nunca contestó.

“NO ES NORMAL”

La situación por la que pasa Reina y otros menores que están pernoctando en las UIE, “no es normal. Para la  exsecretaria del DF Ciení Rodríguez Troche, afirmó que la situación que hoy enfrentan los menores bajo la custodia del Estado, que pasan días en las Unidades de Investigaciones Especiales por falta de hogares sustitutos, no es normal.

“No, no, no, y me da mucha tristeza”, respondió al preguntarle si lo que ocurre en la agencia es habitual.

Rodríguez Troche, quien dirigió el

Departamento entre 2023 y 2024, aclaró que no conoce lo que pasa hoy dentro de la agencia, pero que imagina “un grado de incertidumbre” entre empleados “porque es todo el tiempo trabajando en una crisis”. Siempre faltaron hogares, pero hoy hay menos.

Lo que cuentan las trabajadoras

Cuando un juez ordena remover a un menor de su hogar y Familia no le encuentra ubicación, el niño se queda en la oficina local o en la Unidad de Investigaciones Especializadas (UIE) de la región. Trabajadoras sociales de varias regiones aceptaron hablar con nosotros bajo la condición de no ser identificadas, por temor a represalias.

“La realidad es que no tenemos hogares al presente. Son bien escasos, prácticamente los hogares temporeros ya no existen”, nos dijo una de ellas. Las instituciones, añadió, “están sobrecargadas”.

Describieron el espacio donde duermen los menores: “Es una oficina de trabajo, para empezar, donde hay un cuarto habilitado con una cama, una cama litera y un televisor. Para que el cuidador, que ahora mismo somos los mismos sociales, porque no tenemos servicios de ama de llaves”.

“Han estado semanas, día y noche, y los mismos trabajadores sociales tenemos que hacer turnos, a veces y en ocasiones hasta de 12 horas, para que ese menor no se quede sin supervisión”, relató otra. También cubren turnos en hospitales cuando el menor tiene una condición de salud mental. “Prácticamente la agencia nos obliga a eso”.

Durante una semana una joven de 17 años con condiciones de salud mental pernoctó en la UIE de la región de Bayamón. Durante el día la llevaban a una oficina local; a las 4:30 de la tarde la regresaban a la UIE, donde la esperaba un cuarto con una cama litera y un televisor. En el lugar hay ducha, pero no lavadora. Una trabajadora social se llevó la ropa de la joven a su casa para lavarla y pagó de su bolsillo su desayuno, almuerzo y cena, porque no hay ¨petty cash¨ o dinero en caja disponible para cubrir estos servicios básicos.. Al principio, dos trabajadoras la cuidaron en turnos de 12 horas. Luego se aprobó una ama de llaves, pero solo para las noches.

Las trabajadoras agregaron que cubren de su sueldo mucho más que la comida. Pagan certificados de nacimiento y otros documentos que los casos necesitan, y artículos de higiene y ropa interior para las menores. “Nosotros, como trabajadores sociales, es inhumano que veamos la necesidad y que no esté en nuestras manos cubrirla”, dijo una de ellas. “Sentimos ese sentido de vocación de poder cumplir con los menores, no con la agencia, con los menores”.

“Es mejor que el nene esté con el papá que es negligente, a traerlo a vivir a una oficina donde no tengo dónde bañarlo ni dónde dormirlo”, reflexionó otra.

Una trabajadora social con 27 años en la agencia lo resumió así: “He pasado temporadas que no son buenas, pero en 27 años no había visto la debacle que hay en el Departamento de la Familia: niños sin hogares, padres sin servicios, hogares cerrando por falta de pagos, no hay ama de llaves. En mi vida lo había vivido”.

Esa labor de cuidado no les corresponde. Según el plan estatal 2025-2029 de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), son los asistentes de servicios a la familia quienes cuidan a los menores en hospitales y albergues y atienden sus necesidades básicas en custodia de emergencia, y son los choferes quienes transportan a las trabajadoras sociales. El mismo documento describe que el personal de las UIE trabaja en zonas de alta criminalidad, de día o de noche, sin protección adicional. Las UIE también han perdido terreno en su función principal: en 2019 atendieron el 98% de los referidos de maltrato y en 2023, el 55%, según las tablas de la propia agencia.

A las trabajadoras les dejamos una pregunta final: ¿qué le dirían a la secretaria? “Necesitamos que verdaderamente esas personas que pongan allá sean los que hayan ido a la calle, que hayan ido al campo”, respondió una. “Los que están en las altas esferas de la agencia, por favor, que se pongan a trabajar”, dijo otra con contundencia.

La experiencia de Rodríguez Troche

Según explicó la Ex Secretaria, trabajadora social de profesión, la ley federal Family First redujo en parte la necesidad, porque ahora el pr Smer recurso para ubicar a un menor es su círculo familiar, y que en su tiempo esos procesos tomaban “uno, dos, tres días”.

“Siempre hay situaciones y jóvenes y niños que por situaciones bien particulares requieren hogares. Y lejos de estarse ampliando esos hogares, han ido reduciéndose”, dijo.

Los casos más difíciles, explicó, son los de jóvenes de 16 y 17 años con problemas severos de conducta, que suelen pasar de hogar en hogar. Recordó que algunos hogares solo aceptaban a esos menores con una condición: “Yo te lo acepto, pero te lo acepto si me mandas además una ama de llaves que se ocupe nada más de él”.

Rodríguez Troche atribuyó el deterioro actual, en parte, a la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema. “Yo creo que la situación se ha recrudecido porque hay mucho escepticismo de las personas a abrir nuevos hogares”, afirmó.

“No es una oficina”.

Ante el testimonio de trabajadoras sociales que describen camas y literas en las UIE, Rodríguez Troche sostuvo que la mayoría de esas unidades tiene espacios preparados para ese fin: pequeños apartamentos aledaños a las oficinas, con baño propio, camas y, en muchos casos, televisor y sofá.

“Es un minestudio con el propósito único y exclusivo de que si se remueve un menor o se remueve un adulto mayor a altas horas de la noche, pues puedan ir a ubicarse a un lugar seguro”, explicó.

Pero reconoció que esos espacios son para emergencias de una noche. “Claro, no que pasen allí días o semanas”, aclaró. Y admitió que la espera afecta a los menores: “Ciertamente crea un periodo de inestabilidad, el trauma puede agravarse. Si el caso no es bien manejado, puede ser sumamente contraproducente para el bienestar de ese menor”.

Contó que visitó casi todas las oficinas durante su incumbencia y que la reacción de los menores varía. Recordó a una niña removida por abuso sexual para quien el rostro de su cuidadora “da alivio”, mientras otros “quieren irse, se tornan violentos”. Pero, aseguró, “siempre van a preferir un hogar”.

Sobre los menores que se evaden de hogares e instituciones, explicó que algunos llegan decididos a irse, “otros no encuentran lo que están buscando, no encuentran la seguridad” y otros “no entienden por qué fueron removidos”.

El costo de cuidar a un menor

La escasez de hogares se da también por los costos. Explicó que cuidar a adolescentes es más complejo y más caro, y que durante su gestión los hogares recibían $1,300 al mes por menor. Tras un análisis, la subvención subió a $1,900 y se igualó a la de los hogares de adultos mayores. Era una subvención escalonada, según el nivel de cuidado que requería el menor.

Aun así, Rodríguez Troche dijo, lo recibido no alcanzan. “Si tú haces los números, nada más de que esos hogares tienen que pagar la luz comercial, los alimentos, la inflación, cuando tú vienes a ver realmente terminan bien finitos, terminan necesitando más apoyo”, afirmó.

Sobre los niños con autismo, síndrome Down o discapacidad intelectual, que según las trabajadoras sociales son los más difíciles de ubicar, Rodríguez Troche indicó que bajo su administración se crearon programas para menores con problemas severos de salud mental, entre ellos una unidad especializada en Capestrano para estabilizarlos y luego moverlos a hogares menos restrictivos. Admitió que no sabe si esos programas siguen activos: “Mentiría si digo que sé”.

Recordó que en su tiempo había unas 18 a 22 instituciones acreditadas, además de decenas de hogares sustitutos, para unos 2,000 menores en el sistema. “Siempre había manera de ubicarlo”, dijo, aunque reconoció que hubo casos que llegaron a su oficina con niños que llevaban cuatro días esperando. En esos casos, explicó, se autorizaba el pago de una ama de llaves adicional para que el hogar aceptara al menor.

Las amas de llaves

La Ex Secretaria explicó que la agencia no recluta directamente a las amas de llaves, sino que contrata compañías mediante solicitudes de propuestas. Recordó que, durante su gestión, ADFAN tenía un contrato con una compañía que ubicaba a una ama de llaves con una llamada, pero que “hasta donde tengo entendido, ese no está vigente”.

Sobre el contrato de la Corporación de Servicios de Ama de Llaves (COSALL), que atiende a adultos mayores y que la Junta de Supervisión Fiscal no ha aprobado, dijo no saber qué ocurre en el gobierno. Pero añadió que, cuando la política pública establece que los adultos mayores son prioridad, “tú sabes que eso es lo primero a lo que tú le tienes que dar atención”.

El problema está en la gerencia

Rodríguez Troche defendió al personal de base de la agencia. “En un 85% es gente súper comprometida”, afirmó, y agregó que hay “un 15% que realmente hay que sacarlo”. El problema, según ella, está en otro lugar: “Donde está el problema a nivel de gobierno es gerencia intermedia y alta gerencia”.

“Me da mucha pena que los funcionarios del Departamento de la Familia se sientan menospreciados”, afirmó. “El 85% es gente trabajadora, decente, fajona, que ama lo que hace”. 

Reconoció además la presión política partidista. “Está la batata política”, dijo, y explicó que su mensaje a esos empleados era que “no importa quién te puso aquí, tú viniste a hacer un trabajo”.

Para ilustrar cómo la falta de recursos afecta al personal, habló de los celulares. Explicó que pedirle a una trabajadora social que use su teléfono personal la expone: si una familia obtiene ese número, “te van a perseguir por siempre en tu celular personal”.

Al día de hoy, el DF tiene un contrato con la empresa Priority Care Services pero no tiene empleados. El contrato no está registrado en la Oficina del Contralor.

Los salarios

Rodríguez Troche contó que, cuando llegó, los trabajadores sociales ganaban “bien cerquita del mínimo”, unos $1,900 al mes, y que negoció con la Junta de Supervisión Fiscal para subirlos a $2,750, el mismo salario de un trabajador social escolar. El aumento a los supervisores, dijo, “se quedó a mitad”.