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Por Carmen Enid Acevedo
No había organizado un Gabinete. A 26 días de jurar en enero de 2021 que defendería la Constitución del Estado Libre Asociado, ya el gobierno de Pedro Pierluisi, tenía una orden administrativa para enaltecer la figura de la “exclusión categórica” y poder justificar la intervención del desarrollo con piedra y cemento en lugares ambientalmente protegidos como son los accesos a las playas para el disfrute de la población.
El entonces secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo Maldonado, el mismo que se sentó en agosto 2020 con el ex alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell , en su casa, a negociar una querella ante la agencia porque éste construyó en la #ZMT en un solar de su propiedad, emitió la Orden Administrativa 2021-2 para incluir más a la Lista de Exclusiones Categóricas y "actualizado, modificado y simplificado para beneficio de la comunidad regulada".
Fue a base de uno de esos listados en esa Orden que el DRNA justificó el endoso al permiso de construcción de las dos zonas recreativas que inició el condominio Sol y Playa en Rincón,
en medio de la Zona Marítimo Terrestre y de salvamento.
La Orden Administrativa 002-2021, que le dio paso al nuevo listado de exclusiones categóricas que serían la justificación al desarrollo desmedido en áreas protegidas ambientalmente, fue emitida a 26 días que Pierluisi y su hermana Caridad y la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, llegaran a La Fortaleza.
Ese documento le dio la justificación a la “concesión” que solicitaron y le fue otorgada a Willidy Vega Acevedo y Moisés Sánchez Loperena cuando fueron al DRNA a solicitar instalar en Joyuda, Cabo Rojo, un "motorhome".
El Ex Secretario Machargo Maldonado emitió la concesión al ex empleado de esa agencia, Sánchez Loperena, en febrero de 2021. Sánchez Loperena es hoy ayudante del Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Edwin González Montalvo que para privatizó 30 pies de #ZMT en la carretera 102, KM 13.1 en Joyuda, Cabo Rojo, instalando la casa rodante y construyendo verjas y 'deck' de madera.
El que salió del DRNA en medio de las denuncias de inacción de su agencia con el crimen ambiental en la Bahía Estuarina de Investigación en Jobos en Salinas, no ha podido aclarar como alegó defender el carácter constitucional de los derechos ambientales y viabilizó endodos para multiples desarrollos cuestionados.
La evidencia documental pone a Machargo Maldonado a firmar una orden administrativa que habría sido utilizada por la secretaria Noelia García Bardales, como contestación a tanta irregularidad del Ejecutivo que se supone tenga el deber ministerial de defender los bienes de dominio público.
De hecho, el lunes la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez Escabí, canceló el permiso de concesión que le dio Machargo Maldonado a Sánchez Loperena
y planteó que nunca pudo citar una exclusión categórica como fue en lo que se amparó al solicitar el permiso en Joyuda.
Por el cedazo de esa agencia han pasado los desarrollos denunciados como ilegales en el humedal La Montserrate de Luquillo (del inversionista político, Federico Stubbe); la construcción de Sol y Playa que defendió a brazo partido el primo hermano del Gobernador y propietario, Walter Pierluisi Urrutia; el desarrollo de Aguadilla sobre la Cueva Golondrinas en el Muelle del Azúcar, entre otros.