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Por Carmen Enid Acevedo
El ex secretario del Departamento De Recursos Naturales Y Ambientales Rafael Machargo Maldonado certificó el proceso de deslinde de la Zona Marítimo Terrestre en el área del desarrollo The Cliff a pasos de la Cueva Las Golondrinas en barrio Borinquen de Aguadilla, a pesar de que no se cumplió con los requisitos de notificarlo a los propietarios de una de las firmas colindantes y se incluyó una localización incorrecta donde se ubicaría el proyecto residencial y que no tiene línea costera.
A un día de que la protesta en los bienes de dominio público de Aguadilla produjera una persona herida de bala, cuando un guardia de seguridad de los contratistas, Carlos R. Román González y Julio López Vicente, dispararon contra manifestantes, se conoce que Vilmasor LLC, propietario de una de las fincas colindantes impugnó el deslinde de la zona marítima terrestre que hizo el DRNA en septiembre del 2020.
El documento que cuestiona la legalidad del deslinde tiene dos fechas de entrada como tramitados ante el DRNA. Una del 16 de diciembre 2022 y otra del pasado viernes 27 de enero.
Ni la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, ni el Gobernador Pedro Pierluisi han informado de este procedimiento que coloca a los demandados contratistas en posición de tener que defenderse de los alegados errores en proceso administrativo de endosos ante la agencia experta. Tampoco lo ha hecho González Román cuando ha recurrido a través de su contacto de prensa, el ex representante del Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico, Antonio “Tony” Soto a medios tradicionales a plantear que tienen permisos al día para continuar construcción de The Cliff.
De otra parte, Machargo Maldonado, quien renunció en medio de conflictos ambientales en la zona protegida de Bahía de Jobos en Salinas, hizo la determinación - favor del contratista Carlos R Roman González y Julio López Vicente, propietarios de The Cliff, en septiembre del 2020, a un mes de celebrarse las elecciones generales.
La impugnación radicada por voz del licenciado Miguel Sarriera, establece que "el Reglamento es claro en cuanto a los requisitos procesales aplicables a una solicitud de deslinde. No estamos ante un simple o aislado error procesal. Resulta evidente de todo lo anterior que el procedimiento de deslinde que la querellada llevó acabo fue totalmente ilegal y privó a la querellante y al público de su oportunidad de participar en el proceso. Se trata de una actitud displicente y temeraria manifestada a través de un inconcebible cúmulo de violaciones. Por tal razón es forzoso concluir que el objetivo en todo momento fue ocultarle al público y a la colindante el procedimiento de deslinde y la verdadera razón de la solicitud con la expectativa de engañar y así evitar el escrutinio público".
Alega además que ni la colindante ni el público fueron informados de que la solicitud de deslinde tenía como objetivo un desarrollo residencial. Esto contrasta con el hecho de que el
Secretario del DRNA si fue informado al respecto, como expone en su carta de
aprobación del deslinde, y a pesar de esto permitió y aprobó un proceso claramente ilegal
en el cual se le ocultó sistemáticamente al público ese importante hecho".
“Ni a la querellante colindante ni al público se les informó que la solicitud de deslinde tenía como objetivo un desarrollo residencial. Esto contrasta con el hecho de que el Secretario del DRNA si fue informado al respecto y así lo dejó saber en su carta de aprobación del deslinde. (Ver apéndice pág. 27) De lo anterior se deprende que, a pesar de tener conocimiento del propósito del deslinde, el Secretario permitió y aprobó un proceso ilegal en el cual se le ocultó este hecho al público sistemática e ilegalmente”, reza el documento de ocho paginas radicado por el licenciado Miguel Sarriera, abogado de Inversiones Vilmasor LLC.
El documento publicado en exclusiva por Bonita Radio establece que el contratista Grupo Caribe y The Cliff, ambas corporaciones de Román González, incluso informaron que el desarrollo se verificaría en el barrio Camaseyes, cuando en realidad está ubicado en el barrio Borinquen que si tiene costa. Nunca se notificó además que era un proyecto residencial.
“El rótulo colocado en el caso O-AG-CER02-AG-00019-22082019 indica que está en la carretera 111 cuando en realidad la carretera más cercana es la 4458. Dicho rótulo no fue colocado en la propiedad objeto del deslinde sino en otra perteneciente en aquel momento a RL Partners LLC., y hoy a Aguadilla Pier, Corp”.
