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Por Carmen Enid Acevedo
Bonita Radio
DLA Piper, una firma multinacional con cabilderos de gobierno y de negocios en el mundo y que defiende a LUMA Energy en Puerto Rico, ha cobrado la friolera de $18.9 millones en contratos de la chequera del pueblo y hoy tiene vigentes, $1.6M con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAF) y la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPR), esta última el ente que otorgó el contrato al consorcio de compañías energéticas en junio del 2020.
El bufete cayó parado en el gobierno de Pedro Pierluisi Urrutia, a quien uno de sus socios en Estados Unidos, John A. Merrigan, tan cerca como dos días antes de las elecciones generales, contribuyó a la campaña del hoy Gobernador con $2,077.46 en trasferencia electrónica desde Virginia. Al Partido Popular Democrático (PPD) y a su candidato a la gobernación en el 2016, David Bernier, donó $2,600 y $5,200, respectivamente.
Una investigación de Bonita Radio pone al descubierto una madeja de enlaces entre al menos dos gobernadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), donativos políticos y conflictos de interés, que colocan como protagonistas al que un día fue Comisionado Residente y que hoy gobierna el país. En al menos tres momentos de su vida política, Pierluisi Urrutia habría defendido a DLA Piper como lo hace hoy con LUMA Energy.
Los abogados de LUMA Energy, la privatizadora de la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, ha crecido en la Isla desde que Pierluisi Urrutia fue comisionado residente, y gobernador, Luis Fortuño Burset, entre el 2009 y el 2012. El bufete continuó afincado como contratista cuando llegó al poder el gobernador renunciante, Ricardo Rosselló Neváres y el hoy Gobernador era asesor de la Junta de Control Fiscal. Han facturado sobre $2M en trabajos realizados a la privatizadora que dirige Wayne Stensby, desde entre mayo del 2020 y agosto del 2021. En ese bufete en Puerto Rico, hay por lo menos un abogado que hizo donativos a Pierluisi Urrutia y otro al PPD y sus candidatos.
Si se va más lejos, la historia cibernética da cuenta de que las conexiones entre el bufete DLA Piper, Estados Unidos y el gobernador Pierluisi Urrutia, datan de sus años en la Universidad Georgetown en Washington DC cuando fue oficial jurídico de la firma a tiempo parcial mientras estudiaba su carrera legal.
Ese bufete tiene como clientes en el mundo a empresas de la producción de energía y recursos naturales, escenario al que pertenece el consorcio entre Quanta y Atco, mejor conocido como Luma Energy. Con el gobierno de Puerto Rico tiene hoy contratos registrados en la Oficina del Contralor, por $2.9 millones entre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la AAPPR y la AFAF.
Cuando se negociaba el contrato de LUMA entre el 2019 y el 2020, firmado por el director ejecutivo de la AFAF, el 22 de junio del 2020, DLA Piper tenía otra cara en la agencia bajo una contratación de $500K que vencían el 30 de junio de 2020. Esos contratos, cancelados entre febrero y marzo 2020, se relacionan con la propuesta de convertir el Muelle Tres de San Juan en un mega puerto de Yates. Los contratos 65 y 66, fueron cancelados también a principios del 2020 y se relacionaron con la asesoría en leyes fiscales y tributarias.
Quedó vivo el número 38 que cubrió la asesoría por la propuesta de operación y mantenimiento de nueve aeropuertos en la Isla. Todas, eran propuestas impulsadas por el entonces director de la Autoridad de Puertos (AP) y brother del escandaloso, Telegram Chat, Anthony Maceira Zayas.
En el 2021, DLA Piper tiene al menos cinco contratos registrados en la OC. Todos los contratos del bufete con el gobierno de Puerto Rico tienen una cláusula 11 de conflicto de intereses. Sin embargo, en el contrato vigente aunque hay un encasillado para detallar los que tenga el contratista con el gobierno, no contienen información, a pesar de que tienen contrato con AFAF y la AAPP.
ANTECEDENTE DE CONFLICTO DE INTERESES
DLA Piper protagonizó, bajo el manto de Pierluisi Urrutia como CR en el 2009, una controversia pública en cuanto al contrato de cabildeo que tenía con la empresa que se llevó a Isla Virgenes, la producción de ron Captain Morgan que antes estaba en la Isla. En aquél momento, Diageo, también tenía un contrato con DLA Piper para cabildear para su beneficio.
A su vez, DLA Piper tenía un contrato de cabildeo con el gobierno de Puerto Rico bajo la dirección de Fortuño Burset y Pierluisi Urrutia, para otros asuntos.
Gracias DLA Piper, su cliente Diageo logró irse a Islas Virgenes y dejar a Puerto Rico sin un ingreso anual de sobre $180 millones como parte del reembolso de arbitrios del ron. En aquél momento, la dupla del Ejecutivo, Fortuño-Pierluisi negaron conflicto de interés de DLA Piper y defendieron sus contratos. https://thehill.com/business-a-lobbying/71073-dla-piper-clients-at-odds-in-rum-battle?rl=1
El bufete alegó, en aquél momento, “DLA Piper obtuvo la aprobación para representar al gobierno de Puerto Rico en el entendido de que DLA Piper no cabildearía sobre el asunto de la cobertura del ron para Puerto Rico y que habría un cortafuegos en la firma con respecto al asunto de la cobertura del ron”.
Ni Fortuño ni su Comisionado Residente dijeron mucho sobre el tema. Pierluisi Urrutia radicó una medida en el Congreso sin ninguna consecuencia. Los contratos a DLA Piper entre PRAFAA y el gobierno de Puerto Rico continuaron sin problemas a pesar del duro golpe a la economía por el logro que tuvo con su también cliente, Diageo.
La historia digital de la época establece que sobre la controversia, el hoy Gobernador habría dicho: “No tengo motivo para pensar que se haya violado la ley o se haya incurrido en conducta antiética o que denote corrupción”. Esto, luego de que un grupo de interés de la diáspora, la Coalición Nacional Puertorriqueña, haya pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigara la transacción que concluyó en la fuga de la producción del ron, de Ponce a Santa Cruz.
DLA Piper se registró para cabildear en la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRAFA) en febrero de 2009 a dos meses de que la dupla Fortuño Burset y Pierluisi Urrutia llegaran a sus cargos. La firma se llevó en el primer año, $280K en honorarios de cabildeo, según los registros públicos. En ese momento la firma también cabildeaba por el proyecto en favor de la estadidad HR2499 y en contra del ObamaCare, una propuesta que abrió las posibilidades a la población sin acceso a servicios de salud.
Fortuño Burset hizo migas con DLA Piper luego de haber participado de un viaje congresional cuando era Comisionado Residente y otro de vacaciones a Dubai y a Egipto, en el que trató con el jeque Mohammed Bin Rashid, un cliente del bufete de abogados. Al llegar a La Fortaleza, le dio contratos a DLA Piper de sobre $1.3 millones.
Más recientemente, también en el gobierno penepé de Rosselló Neváres, al filo de su renuncia en el 2019 – DLA Piper se balanceó en la soga de otro conflicto de interés. En el 2019, mientras asesoraba al gobierno en asuntos de la Zona de Oportunidades Económicas, dos de sus abogados eran los abogados de dos fondos que irían a aprovecharse de esa Ley.
El periodismo lo descubrió a través del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). A preguntas del CPI el entonces secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier y al jefe de inversiones del Gobierno, Gerardo Portela, sobre “si entendían que había un conflicto de interés en que una abogada de la firma que asesora al Gobierno sobre las Zonas de Oportunidad fuese la agente autorizada de un fondo que se va a beneficiar de esa ley. Ninguno de los funcionarios contestó la pregunta enviada por escrito”.
ORIGEN DEL TUBO POR DONDE SE CUELAN POLITICOS DEL PATIO Y DE EEUU
DLA Piper es una empresa de abogados-cabilderos fundada por un grupo de letrados que formaban el bufete Verner Liipfer Bernhard, McPherson and Hand, el mismo de donde salió el hoy fenecido Álvaro Cifuentes, secretario de la gobernación de Pedro Rosselló González entre 1992-1996 y gestor del esquema de centralización de la contratación del gobierno en la Mansión Ejecutiva. Ideó y promovió desde allí de las reuniones de Empresarios con Rosselló que pagaban las campañas del PNP, del candidato a Gobernador y de muchos legisladores a partir del ‘qui proquo” que llevó a muchos, entre empresarios y oficiales públicos, a la cárcel. El más notorio, el ex secretario del Departamento de Educación, Victor Fajardo.
En el 2002, Piper Rudnick adquirió Verner, Liipfert, Bernhard, McPherson and Hand de Washington, D.C., “una de las firmas cabildeo más poderosas y destacadas de la capital del país”. En aquél momento, la firma comenzó a operar bajo el nombre de Piper Rudnick, con sobre 900 abogados y oficinas entre Maryland y sobre 30 estados en Estados Unidos. En enero de 2005 se fusionaron con otras firmas en Europa por lo que creció su poderío hacia el mundo con oficinas en el continente americano, Europa – la sede es hoy en Londres – Latinoamérica, Oriente Medio, Africa y Asia.
DLA Piper es un donante recurrente de los partidos Republicano y Demócrata en Estados Unidos, más del segundo que del primero. De la jornada electoral del 2012 al 2020, el grupo, como corporación, donó $8.5 millones a ambos partidos, según el portal de datos, https://www.opensecrets.org/orgs/dla-piper/summary?id=D000021569.
En los ciclos electorales, 2009, 2012 y 2014, contribuyeron con $8K a la campaña del entonces Comisionado Residente en Washington, hoy Gobernador, Pierluisi Urrutia.