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NI VALENTÍA, NI VOLUNTAD POLÍTICA PARA DEFENDER BIENES DEL PUEBLO

Por Carmen Enid Acevedo

Bonita Radio


Empresarios de instituciones educativas; comerciantes de zapatos y carteras; corredores de bienes raíces con hincapié en el alquiler de propiedades a entidades de gobierno; prominentes abogados de la región y 'socialité' ponceña; desarrolladores y empresarios de la construcción y asfalto, fueron los identificados en el 2013 por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), como los ocupantes de La Parguera. Un inventario de facilidades físicas así lo constata.


Humberto Vidal Nadal, Fidel Alonso Valls, Arturo Díaz, ingeniero Luis Rivera Siaca, eran algunos de los 'ocupantes' de casetas en el bien de dominio público de La Parguera cuando en el 2013, la vigilante Ana García de Cabo Rojo, hizo un inventario de las facilidades físicas en el área. Cuatro de ellas se encontraban en el agua. Díaz murió un año antes. Rivera Siaca y Alonso Valls siguen allí.



Siete años antes y en el año 2006, cuando Javier Vélez Arocho era el secretario del DRNA comisionó a la Abogada Principal de la agencia un memorando de derecho sobre el Reglamento 4860 de 1992, para indagar sobre concepto del carácter público que debe imperar en la otorgación de autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público marítimo terrestre por parte de la autoridad nominadora.


La abogada del interés público de más alto rango todavía hoy en la agencia, licenciada Mildred Sotomayor Bourbon, terminó su encomienda anotando: "Los únicos ingredientes que hacen falta para lograr que el Departamento cumpla con su propósito y razón de existencia es valentía, voluntad política ejecutiva y altura moral, ya que nos ampara un ordenamiento jurídico y un expediente administrativo histórico favorable. Devolvamos al Pueblo de Puerto Pico la confianza en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales como custodio, protector y manejador de sus recursos naturales garantizándoles el mayor desarrollo y aprovechamiento, e integridad de los mismos para beneficio de la comunidad en general".


Diez y siete años más tarde, aquél memorando "EN DEFENSA DEL ARTÍCULO 5(h) DE LA LEY NÚM. 23 DE 26 DE JUNIO DE 1972, SEGÚN ENMENDADA; LOS PRINCIPIOS RECTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL REGLAMENTO #4860 DEL 2g DE DICIEMBRE DE 1992, SEGÚN ENMENDADO; Y EL ALCANCE DEL CONCEPTO DE CARÁCTER PÚBLICO QUE DEBE IMPERAR EN LA OTORGACIÓN DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES PARA EL USO Y APROVECHAMIENTODELOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE POR PARTE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA", constituye una pieza de fondo para aquéllos que hoy se posicionan de frente a las denuncias de La Parguera en Lajas; Playa Los Almendros en Rincón, Punta La Bandera en Luquillo, Joyuda en Cabo Rojo, barrio Borinquen en Aguadilla, Las Picúas en Río Grande y tantos otros fogones prendíos por parte de las comunidades de los 45 municipios costeros que tiene el país.


En el mencionado memorando con fecha de febrero de 2006, al que tuvo acceso Bonita Radio, Sotomayor Bourbon invita al DRNA a "hacer una introspección y evaluar críticamente su gestión a través de sus 33 años de existencia y determinar si conforme a sus leyes y reglamentos ha cumplido cabalmente con el mandato constitucional de velar, proteger, conservar y manejar los recursos naturales bajo su jurisdicción en beneficio de su legítmo titular el Pueblo de Puerto Pico. La realidad fáctica puede que no sea muy generosa a favor de la gestión realizada. Entonces se mantiene en la misma actitud paralizante o asume su responsabilidad histórica y cumple con su encomienda y con el mandato constitucional legal y reglamentario esbozado a través de todo este documento".


La realidad se acercaba a la letra de aquél memorando. En el 1995, bajo la incumbencia de Pedro Gelabert, se inició un censo de las edificaciones de una de las áreas más impactadas por las construcciones en los bienes de dominio público, La Parguera Barrio en Lajas.


De hecho, un año antes, el jefe de Gelabert y gobernador, Pedro Rosselló González firmó la orden ejecutiva 08-1995-75

PARA APROBAR EL PLAN DE MANEJO PARA EL AREA DE PLANIFICACION ESPECIAL DEL SUROESTE, SECTOR LA PARGUERA. Era presidenta de la Junta de Planigicacion, Norma Burgos Andujar.


Pero, Rosselló cambió de opinión. Intentaron desaparecer la Orden Ejecutiva y fuentes de entero crédito, entre ellos empleados jubilados de esa agencia, atestiguaron a Bonita Radio que fue una llamada de La Fortaleza la que dejó sin efecto, lo que se había iniciado desde la División de Agrimensura del DRNA.


Más tarde, las "nefastas adminsitraciones de Daniel Pagán, Daniel Galán Kerkadó y más recientemente, Tania Vázquez...hicieron barbaridades y desmantelaron la agencia". En el caso de Pagan, fue el Secretario que contrario a la recomendación de Agrimensura, avaló el deslinde de la #ZMT del condominio Sol y Playa, el que se ha demostrado con los incidentes recientes, que estuvo mal aprobado por la agencia a favor del desarrollador, el ex alcalde convicto penepé de Rincón, Liborio Caro Muñiz. Hoy sufren las consecuencias de aquélla negligencia gubernamental de "los de arriba".

En el 2013, bajo la incumbencia de la secretaria Carmen Guerrero, administración del gobernador, Alejandro García Padilla, hubo un segundo intento de dejar para el 'record' un inventario o censo de construcciones en La Reserva Natural de La Parguera. La vigilante García lo hizo tomando fotografías, identificando coordenadas y 'ocupantes' que señala como dueños, sus direcciones y números de contacto.


Así identificó la caseta del empresario de asfalto y construcción, Díaz, propietario del edificio donde ubica el Partido Popular Democrático (PPD) en Puerta de Tierra; dueño de Empresas Diaz y del desaparecido negocio de asfalto, Better Asphald Road, responsable del desarrollo de carreteras desde los años 60 en la Isla. "Un popular del corazón del rollo y donante del Partido".

La de otro amigo de Díaz y del PPD, el empresario e ingeniero, Rivera Siaca, un contratista del gobierno de Puerto Rico a través del alquiler de propiedades para agencias de gobierno, tales como el edificio en Hato Rey donde ubica el Departamento de Educación en reciente litigio por cobro de mensualidades por la friolera de $4M.


El abogado ponceño Wendell Colón Muñoz, cuyo padre banquero, Ramiro Colón, era un íntimo amigo del ex gobernador, Rafael Hernández Colón; el dueño del Instituto de Banca y MBTI, Fidel Alonso Valls, un donante y empresario allegado al Partido Nuevo Progresista (PNP) también figuran en la lista de VIP descubiertos entonces por el DRNA.

También trajo la del empresario de "zapatos y carteras" Humberto Vidal Nadal, cuya exitosa empresa data de 1971 en el área del casco urbano de Río Piedras y que al día de hoy regentan sus herederos a través de múltiples tiendas.


Otros que también están identificados son la de Violeta Pagán Ferrer, quien donó dos casetas 11 y 159, a sus hijos, como resultado de una controversia por cobro en la que las dos estructuras estaban garantizando un préstamo de $15K que otorgó la primera a los hoy ocupantes.

Al menos ocho casetas fueron identificadas como "dueño desconocido" aunque igual fueron fotografiadas.







Lo menos que hay en el récord público del DRNA, que no ha sido revelado por el Gobierno, son planes de Restauración de La Parguera desde 1993. Un documento de 67 paginas establece que ese proceso se daria en dos fases, una de limpieza y otra de desarrollo y construcción de las obras.

La única acción gubernamental, por voz y mano de la Policía y del Departamento de Justicia ha sido encausar a ocho manifestantes por cargos de destrucción de la propiedad en relación a los hechos del nueve de julio cuando se allegaron a la caseta #48 de los suegros de Jennifer González.


La jueza del TPI de Mayagüez, María del Pilar Vázquez, fijó fianzas de hasta $50k por acusado sumando $490k, lo que ha sido señalado por entendidos en derecho como e censuró y anticonstitucional de acuerdo a los criterios de garantía de comparecencia que tendría que tener ante sí el juez para fijar la misma.



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