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Y LUMA NO CUMPLE CON ANALIZAR LA CAPACIDAD DE LOS ALIMENTADORES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA QUE LLEVAN LA ENERGIA A LOS HOGARES
Por Carmen Enid Acevedo
Bonita Radio
El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés) publicó un informe este mes sobre la implantación de la energía solar en Puerto Rico en el que establece que la privatizadora de la generación de energía en la Isla, Genera PR, tiene un modelo de negocios para transformar el sistema a base de gas "natural" con su subsidiaria New Fortress y los esfuerzos que hace para lograrlo "parecen estar autorizados por el gobierno de la Isla".
En medio de los apagones más recientes y la crisis con un generador en el sur del país que amenaza la estabilidad energética de los pueblos de Santa Isabel, Coamo y Aibonito, el organismo independiente trae un análisis denominado "La encrucijada que enfrenta la implantación de la energía solar en Puerto Rico" de 28 páginas que tiene como base entrevistas a expertos y documentos de la quiebra de la AEE que traen admisiones de parte de las privatizadoras sobre su "desempeño" diario.
El informe, firmado por el director financiero, Tom Sanzillo establece que "una de las más significativas amenazas a largo plazo que enfrenta esta transformación (de la red eléctrica con fuentes renovables) es la presencia de Genera PR, la subsidiaria de New Fortress Energy, en calidad de operador de las plantas de generación de Puerto Rico. New Fortress ha afirmado públicamente que su objetivo es que Puerto Rico tenga un sistema eléctrico a partir de gas natural, “complementado” por energía solar con almacenaje".
Concluye que "este dicho contradice flagrantemente la política pública de la isla de una transición hacia el 100 % de energía renovable. La acción más significativa que el gobierno de Puerto Rico podría tomar como evidencia de su compromiso ante su propia política pública energética sería proceder a la cancelación del contrato con Genera".El análisis de la organización independiente coloca también a Luma Energy, privatizadora de la transmisión y distribución de energía arrastrando los pies para analizar la capacidad de alojamiento de los alimentadores de distribución, los cuales llevan la electricidad de la subestación a los hogares y negocios individuales una ecuación determinante para evitar las fluctuaciones de voltaje.
Explican que la “capacidad de alojamiento” se refiere al nivel de generación distribuida que se puede añadir a un alimentador de distribución antes de causar infracciones de voltaje o corriente.
"Un documento presentado por LUMA ante el Negociado de Energía el 1 de mayo de 2024, muestra que LUMA solamente ha analizado la capacidad de alojamiento de una pequeña fracción de los más de 1,000 alimentadores de distribución en Puerto Rico".
El informe publicado el pasado 12 de junio establece que teóricamente añadir "almacenamiento de energía en baterías por parte de la operador de la red a nivel del sistema de distribución o el uso de "inversores inteligentes" en instalaciones de energía solar en techos con almacenamiento se pueden utilizar para aumentar la capacidad de alojamiento de un alimentador". Pero, ante el "limitado análisis" por parte de LUMA sobre ;a capacidad de alojamiento de los alimentadores individuales, "se desconoce la magnitud del trabajo que pudiera ser necesario para incrementar dicha capacidad".
IEEFA "examina cuestiones relacionadas con los mercados, las tendencias y las políticas energéticas" Su misión es acelerar la transición hacia una economía energética diversificada, sostenible y rentable". En su junta de directores se sienta como vice presidenta, la ingeniera Ingrid Villa Biaggi, quien preside Cambio, una organización sin fines de lucro que "concentra sus esfuerzos en la investigación, el diseño y la implantación de políticas y estrategias sustentables y responsables".
Sobre el regulador Negociado de Energía el informe recomienda que "debería llevar a cabo un proceso de planificación con amplia participación de la comunidad respecto a la ubicación de los proyectos futuros de energía renovable a gran escala. En la adquisición de tierras para todos los tramos en el futuro se deberán excluir aquellas que sean agrícolas o áreas naturales protegidas, teniendo como prioridad vertederos, terrenos contaminados y tierras degradadas.
Además recomienda crear un Inspector General Independiente del Sector Privado "que tendría la autoridad para monitorear, auditar y hacer investigaciones para referir conductas corruptas e ilegales a las autoridades de ley y orden pertinentes y para diseñar e implementar programas para prevenir el malgasto, el fraude y el abuso". Especificamente recomienden que investiguen "los retrasos y los sobrecostos en el calendario de compras del Tramo 1 y para hacer recomendaciones de manera transparente y pública para todos los tramos presentes y futuros".
Entre los hallazgos más relevantes, IEEFA establece que:
Las recomendaciones son:
La FOMB debería permitir la vigencia de la nueva legislación de Puerto Rico, a través de la que se prolonga la medición neta hasta el año 2030.
La FOMB debe tener en cuenta varios pronósticos a futuro para el crecimiento de la instalación de placas solares en los techos en su próximo plan fiscal, a fin de analizar y planificar las implicaciones presupuestarias de las distintas trayectorias de ese incremento.
Los programas futuros financiados con fondos federales deberían dirigirse específicamente a los hogares más vulnerables, como el DOE está intentando hacer actualmente, y deberían apoyar sistemas estandarizados y más pequeños para maximizar el alcance de dichos fondos.
El Negociado de Energía de Puerto Rico debe llevar un registro y publicar las métricas relacionadas con la estabilidad del voltaje a nivel del sistema de distribución de energía eléctrica.
LUMA y el Negociado de Energía deberían publicar información actualizada sobre la capacidad de alojamiento del sistema de distribución y priorizar incrementarla donde sea necesario, idealmente utilizando los fondos federales que estén disponibles. Los clientes no deberían ser responsables de cubrir el costo de las mejoras al sistema de distribución que son necesarias para integrar las placas solares en los techos adicionales.
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